miércoles, 18 de octubre de 2017

León revela a los diseñadores de la mentira en el caso Zapata



El abogado Eduardo León confirmó en el programa ‘Ácido sulfúrico’, de radio Laser, que el caso Zapata, montado para dañar la imagen del presidente Evo Morales, contuvo una mentira basada en la existencia de un niño y que ahora revela a sus autores intelectuales y materiales.

“Evidentemente mi persona ha señalado que en un 90% la señora (Gabriela) Zapata había mentido sobre ese caso y ese 10% que hace al 100% es por el cual aún existe la verdad, más allá de que la señora ha sido calificada por Wálter Zuleta (prófugo) como una mitómana”.

León, con detención domiciliaria, dijo que un sector de la política criolla teme que la opinión pública conozca en detalle el fondo de la trama que se montó para desgastar al Presidente.

“El poder político teme y sabe que existe prueba evidente y es ese 10% que ha dado lugar que ahora aparezca, de la nada, el señor Wálter Zuleta siendo el propiciador, el autor con la señora (Ximena) Fortún, de haber organizado y orquestado todo este proceso del menor”, indicó.

El presidente del Senado, José Alberto Gonzales, aseguró que en esta ‘novela’ se utilizó el nombre del Presidente, de familias y de niños.

“Es una trampa patética que hoy sigue arrojando nuevos capítulos, y sobre la participación de Samuel Doria Medina, es parte de la misma trama porque hubo gente que se quiso aprovechar y puede ser que tuvo éxito, pero no nos dejó bien como sociedad, es una manifestación de algunas miserias”, aseguró.

Al respecto, la presidenta de la Cámara Baja, Gabriela Montaño, aseguró que queda absolutamente claro que hubo un complot en el que incluso se pagaron miles de dólares para que se pueda generar una mentira que confundió a la población de cara al referendo del 21 de febrero de 2016.

“Es un elemento más, no el único, que demuestra que el 21 de febrero fue un día en el que se dañó de la peor manera”.
“Es un elemento más, no el único, que demuestra que el 21 de febrero fue un día en el que se dañó de la peor manera”.

martes, 17 de octubre de 2017

EEUU protege a Goni y a Carlos Sánchez Berzaín



El presidente Evo Morales escribió ayer en su cuenta de Twitter que los crímenes de lesa humanidad, como los cometidos hace 14 años en la masacre de octubre durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, no pueden quedar impunes.

“¡Justicia! es el grito de víctimas de Sánchez de Lozada y colaboradores. Asesinatos y sacrificio de compatriotas no pueden quedar impunes”, dice el tuit del Jefe de Estado.

El canciller Fernando Huanacuni dijo a Cambio que Estados Unidos protege a Goni y a Carlos Sánchez Berzaín al no dar curso al trámite de extradición, y ambos “hoy se presentan como grandes demócratas, cuando no lo son”.

“La Cancillería, en las diferentes etapas, siempre ha cumplido con todos los requerimientos en el marco de la extradición. Sabemos todo lo que ha ocurrido en octubre de 2003, hubo masacre, esa es la palabra correcta”, aseveró.

Hace 14 años, recordó Huanacuni, ciudadanos bolivianos y bolivianas, que defendían un recurso vital e importante para el país (el gas, para que no sea exportado a Chile), fueron masacrados.

“Los que lideraron y ejecutaron toda esa masacre, hoy están siendo protegidos por el imperio. Eso es evidente, sino no estuvieran ahí apoyados por Estados Unidos, gestando vulneraciones a la democracia, no sólo de Bolivia, sino del continente”, subrayó.

Falta de voluntad política
El Gobierno cumplió todos los procedimientos jurídicos para la extradición, los familiares también lo hicieron con los requisitos establecidos por las cortes, pero la falta de voluntad política de Estados Unidos los protege.

Goni y Sánchez Berzaín “vulneraron el derecho a la vida y la democracia, el respeto a la vida profunda. Por lo tanto, lo digo como persona y Cancillería que están siendo protegidos por el imperio”, insistió el Ministro.

Los presidentes George Bush y Barack Obama no dieron curso a la solicitud, y Donald Trump no se pronunció. De esa manera frustran la posibilidad de que Goni y sus colaboradores rindan cuentas ante la justicia boliviana, como demandan las víctimas y los familiares de las cruentas jornadas.

Contexto

La primera rebelión contra el gobierno de Goni se dio en febrero de 2003, en rechazo al ‘impuestazo’ al salario.
La segunda, y que significó su caída, se registró por el intento de vender gas natural a Chile, sin importar la histórica demanda marítima boliviana.

- 14 años se cumplen hoy de la huida de Goni a EEUU, luego de poner su cargo a consideración del Congreso.

- 67 muertos y 420 heridos, especialmente en la ciudad de El Alto, es el saldo que dejó la denominada masacre de octubre.

Sólo falta extraditar a Sánchez de Lozada



En 2004 y 2005 no se hizo nada por extraditar a Goni, pero en 2006, con la llegada al Gobierno del presidente Evo Morales, se efectuaron las primeras gestiones que no se concretan porque EEUU lo protege.

Abel Mamani, exministro de Agua y que en 2003 era dirigente vecinal del Distrito 3 de la ciudad de El Alto, recuerda que, después de que Gonzalo Sánchez de Lozada encontró refugió en EEUU, el 17 de octubre de ese año se aprobó la Agenda de Octubre, y uno de los principales puntos era su extradición.

“El encubrimiento del Gobierno de Estados Unidos no da curso a esta demanda de los bolivianos. Goni cuando estaba en funciones ordenó a las Fuerzas Armadas masacrar al pueblo alteño, a los movilizados”, explicó.

Mamani, que participó en esas jornadas, refiere que el único punto pendiente de la agenda de Octubre es la extradición del expresidente. Los demás puntos, como la nacionalización de los hidrocarburos, se dieron el 1 de mayo de 2006. También está en marcha el proceso de industrialización, como la Planta de Urea, que incluye la creación de empresas públicas.

Además se recuperaron las empresas estratégicas como Entel y otras.

“Ojalá el Gobierno de Estados Unidos reflexione y dé curso a la extradición para que Goni pague sus culpas por el genocidio que desató en el país hace 14 años”, añadió.

La Central Obrera Regional (COR) y la Federación de Juntas Vecinales de El Alto realizarán hoy una concentración para rendir homenaje a las víctimas. En tanto que la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) protagonizará una marcha desde la Ceja de El Alto hacia la plaza San Francisco, de la ciudad de La Paz, donde se desarrollará un programa especial.

jueves, 12 de octubre de 2017

A 14 años de Octubre, en EEUU avanza un juicio civil y se estanca extradición de Goni

El expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada (Goni) cumple 14 años en Estados Unidos, similar tiempo de la revuelta social que acabó con su dimisión y más de 60 muertos. El trámite de extradición no avanza y permanece en el Departamento de Estado, en Washington.

No ocurre lo mismo con otra alternativa encauzada en busca de justicia en la vía civil. La etapa final podría culminar en el primer semestre de 2018 con un juicio oral que acabará con un sentencia y la fijación de una resarcimiento.

"Por la información que tenemos los procesos (de extradición) siguen entrabados en el ámbito de la esfera diplomática. No hay una respuesta ni afirmativa ni negativa. Es algo que de alguna manera habíamos augurado hace bastante tiempo: Estados Unidos estaban protegiendo y seguirán protegiendo a Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín. El tiempo nos ha dado la razón", indicó el abogado de las víctimas de octubre, Rogelio Mayta.

Sánchez de Lozada, Sánchez Berzaín y Jorge Berinduague huyeron al país del norte tras los hechos de violencia de octubre de 2003, cuando el Gobierno sacó a las Fuerzas Armadas a las calles para aplacar una movilización social que tuvo como epicentro El Alto.


Sánchez de Lozada, que había ganado las elecciones de 2002 y asumido la presidencia con una de las últimas alianzas políticas, ya en febrero enfrentó un motín policial, que acabó con la muerte de militares y policías en un enfrentamiento en el mismo centro del poder político, plaza Murillo.

La ciudad de La Paz estaba bloqueada y huyó junto a su familia en helicóptero desde La Paz a el aeropuerto de El Alto, desde donde, con una escala en Santa Cruz, se dirigió al país del norte. Envió su carta de renuncia y ese 17 de octubre fue aceptada en el Legislativo tras ser leída.

En una semana de choques entre ciudadanos y militares en la ciudad de El Alto más de 60 personas perdieron la vida por impacto de bala y otras 400 resultaron con heridas de distinta gravedad.

Carlos Mesa asumió la presidencia de Bolivia en sucesión constitucional.

Un juicio de responsabilidades fue instaurado en 2004 y en 2011 fue emitida la primera sentencia condenando a siete responsables de la masacre, entre ellos cinco exjefes militares. El expresidente fue declarado rebelde y se inició los trámites de extradición, que hasta el momento no dieron resultado.

El trámite reiniciado luego de subsanar observaciones de Washington permanece en el Departamento de Estado de EEUU sin mayores avances. Una situación contraria ocurre con un proceso civil instaurado por un grupo de víctimas.

Quien fuera jefe del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) reapareció en octubre de 2014 en un aeropuerto de Estados Unidos. Una fotografía del hecho fue publicada en redes sociales.

Mientras que el también conocido como Zorro en la política es una persona activa en la red social Twitter, desde donde cuestiona a la administración de Evo Morales y recientemente publicó una foto de una reunión con el secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagero. No hace referencia, por lo menos últimamente a lo ocurrido en 2003.

La Acción Civil, admitida en 2013, concluyó con la Etapa de Descubrimiento. Según Mayta esa etapa concluyó en agosto pasado e incluyó la presentación de los últimos alegatos por las partes y la declaración de testigos.



"Este proceso avanzó significativamente. Todo este año fue un año de trabajo intenso del equipo jurídico que ayuda a llevar adelante esta demanda. Antes de ingresar a juicio hay una etapa que se denomina Etapa de Descubrimiento que finalizó en agosto pasado con la presentación de las pruebas de uno y otro lado; se tomó declaraciones de testigos. Adicionalmente se tomó las declaraciones de Sánchez Berzaín y Sánchez de Lozada; esto nos hace ver que el proceso está encaminado y esperamos que en el primer semestre del 2018 podamos tener un juicio oral en Estados Unidos", expresó el abogado.

No obstante, Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín aún tienen opción de presentar un alegato más donde -según Mayta- podrían requerir no considerar la causa debido a deficiencias en las pruebras.



"Es un último obstáculo", remarcó el abogado, quien precisó que de ser desahuciado este recurso las exautoridades irían a un juicio oral que sería resuelto en un tiempo breve, incluso en unas "cuantas semanas".

La naturaleza de la acción civil presentada contra las exautoridades de Estado busca también el resarcimiento a las víctimas de la masacre, pero -según Mayta- lo que se busca también es sentar precedente que permita a futuro lograr su extradición.

En memoria de las víctimas, este jueves habrá una misa en la Alcaldía quemada de El Alto, epicentro de un conflicto que derivó en la dimisión de Goni y el inicio de un proceso que acabó con lo que se denominó la democracia pactada al asumir el poder Evo Morales con más del 50% del apoyo ciudadano.

Mucho de los heridos en esas violentas jornadas ya perdieron la vida.

Sánchez Berzaín va al banquillo de acusados por la masacre de octubre de 2003

El exministro de Defensa y Gobierno Carlos Sánchez Berzaín fue al banquillo de acusados por primera vez en el juicio que se le sigue en Estados Unidos, por la masacre de octubre de 2003. El expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada volvió a declarar por el caso.

Sánchez Berzaín, también conocido como el Zorro, escapó a Estados Unidos el 17 de octubre de 2003. Huyó junto con el gobernante de entonces Sánchez de Lozada (Goni), tras una rebelión contra las medidas estatales. En estas protestas murieron 58 personas y centenares quedaron heridas.

Desde entonces han pasado casi 14 años y la exautoridad nunca fue sentada en el banquillo de los acusados... hasta el miércoles 16 y el jueves 17 de agosto de este año.

Entonces —durante siete horas en dos días seguidos, en el bufete de Akin Gump Strauss Hauer & Feld, de Miami— tuvo que responder al proceso civil que se le sigue. Él está acusado de asesinato y ejecuciones extrajudiciales.


El abogado Thomas Becker fue testigo de este interrogatorio. Cuenta que el Zorro respondió tranquilamente a las preguntas. “Estaba confiado, muy confiado”, añade. Por su parte, el abogado de las víctimas de octubre, Rogelio Mayta, añade: “Sánchez Berzaín estaba arrogante, como siempre”.

Sánchez Berzaín pidió que se le hagan las preguntas en inglés, pues adujo que no entendía español, cuenta Mayta. Así ganó tiempo en la traducción y evitó que se le hagan más preguntas.

Durante la interpelación, el Zorro mantuvo su tesis de inocencia. “Dice que no es culpable y que en 2003 había un foco guerrillero. Añade que había un foco guerrillero en Bolivia y había protestas y marchas ilegales”, cuenta el abogado de Harvard, Becker.

SER desconocía que Roca sea dueño de Torres Suant


Ante las declaraciones del empresario cruceño Humberto Roca, radicado en EEUU, de que el edificio Torres Suant, del barrio Urbarí, es de su propiedad, en el mismo donde han sido embargados 34 departamentos por deudas tributarias, el secretario de Recaudaciones de la comuna, Joaquín Crapuzzi, indicó que desconocía la identidad del propietario del inmueble, añadiendo que más bien figura otra persona con apellidos diferentes.

“He leído el periódico y me he visto sorprendido por las declaraciones de Roca, mandé revisar la documentación y ninguno de los 34 apartamentos embargados en esta primera fase está a su nombre, la deuda global de una de las torres es de Bs 200.000, por una gestión, pero la deuda total es de Bs 600.000, por lo que habrá nuevas intervenciones en ese edificio”, explicó.

Indicó que el lunes, cuando se hizo la incautación, se apersonaron dos propietarios de departamentos y cancelaron sus deudas, una por Bs 7.000 y la otra por 9.000; así como también acudieron otros dos dueños para gestionar el pago de los tributos en cuotas.

Dijo que hay otros departamentos con deudas menores, pero los propietarios dejaron de pagar sus impuestos. “En 2009 se hizo la inscripción del edificio, ahora, que el que los mandó construir no haya hecho las transferencias, ese es un problema de él y de los compradores”, agregó.

Por su parte, Roca recordó que el bien está con anotación preventiva dentro de los procesos que le sigue el Estado. “He pedido a mis abogados que negocien con la comuna un plan de pagos; solo espero que den buen uso a ese dinero porque la corrupción en la Alcaldía es terrible”, anotó vía Skype. /Igor Ruiz

miércoles, 11 de octubre de 2017

Roca: “Pediremos a la Alcaldía un plan de pago; ojalá den buen uso al dinero”


La Secretaría de Recaudaciones (SER) de la Alcaldía embargó 34 apartamentos de Torres Suant, ubicadas en el segundo anillo y barrio Urbarí, por una deuda de Bs 200.000 por concepto de impuesto a la propiedad de inmuebles de 2011. Estas torres son de propiedad de la familia del empresario Humberto Roca, expresidente de Aerosur, que radica en Estados Unidos desde 2012. EL DEBER conversó con él vía Skype.

¿Qué opinión tiene sobre el embargo de los 34 apartamentos?
Esos apartamentos son parte del patrimonio de mi familia, que fue perjudicada por acciones del Gobierno. El Gobierno, de forma irregular, arbitraria y fuera de norma, realizó las anotaciones preventivas de esos bienes. En realidad esos apartamentos no están terminados, están es construcción. Entonces, el embargo es a la construcción, no a los apartamentos. Esa construcción quedó en una situación jurídica rara. Nosotros hemos enviado personas a la comuna para que negocien un plan de pago. Me parece muy bien que la Alcaldía cobre los tributos, pero lo que hay que cobrarle a la Alcaldía es que haga un buen uso de esas recursos, porque la corrupción en la Alcaldía es terrible.

¿A cuánto asciende la deuda?
No sé, pero hay que ver que el precio sea justo, porque no se olvide que son apartamentos sin terminar, aunque hay algunos que sí están habitados. Hay que verificar cuánto es el valor catastral para proceder a un plan de pago.

Hemos pedido a los abogados que vayan y hagan una negociación para un plan de pago. Reitero, me parece bien que cobren, además hemos visto que han hecho un buen show mediático para que todos los contribuyentes paguen sus impuestos. Ojalá que esos montos no se vayan al bolsillo de algunos.


¿En manos de quién están las torres?

Ese inmueble formaba parte del patrimonio de mi familia, así como muchos más que acabaron en manos de otras personas como una quinta que pertenecía a mi mamá, que murió hace poco. Aparecieron unos tipos, se entraron a la quinta aduciendo que era de ellos, falsificaron todos los papeles, incluso la Alcaldía les aprobó los planos. Esa quinta perteneció a mi tatarabuelo.

Somos la única familia de Bolivia que ha recibido la furia y la rabia de este Gobierno por haberle dicho que no sean corruptos, que respeten las normas.

¿Hay gente que ha pagado por esos apartamentos pero no están a su nombre?
Sí, por el accionar abusivo e ilegal del Gobierno. Hay propietarios que han comprado, han pagado, se les dio la transferencia pero al momento de ponerlos a su nombre se vieron imposibilitados de hacerlo, porque esos bienes fueron anotados preventivamente.

¿Cuántos apartamentos se estaban construyendo en las cuatro torres?
En total eran 200 y tantos. La torre amarilla no fue terminada por la anotación preventiva.

¿Qué gestiones está haciendo para recuperar sus bienes?
Hemos intentado de todo, inclusive un tiempo en la Alcaldía no nos dejaron pagar impuestos. A ninguna persona de mi familia ni a mí nos permiten dar poderes en los consulados. Está prohibido. En otras palabras, a nosotros nos han quitado hasta la nacionalidad. Es una situación increíble. Ya no soy boliviano, no sé de dónde soy, no tengo pasaporte, no tengo carné de identidad, no tengo nada.

¿No teme perder sus bienes?
Ya he perdido tanto, pero felizmente fueron bienes materiales, no perdí a mi familia, con excepción de mi mamá, que murió amargada por su quinta. (...) Hay mucha gente en Santa Cruz que se aprovechó de todos mis bienes, yo básicamente lo tengo por perdido porque no existe una acción legal posible para recuperarlos. Pero eso sí, yo no he quedado debiendo ni un peso a ningún banco ni a ninguna institución boliviana y esos impuestos serán pagados. ¿Qué pasará después con esos bienes? Vaya uno a saber. Independientemente de esto tengo una demanda contra Bolivia por las irregularidades que se han cometido contra mi persona y mi familia, la demanda será procedente.

¿Si dice que antes no pudo pagar su impuesto, cree que ahora podrá hacerlo?
Mire, yo siempre he tenido intenciones de pagar todo lo que en justicia y en sentimiento me corresponden. Lo que me he negado a pagar es todo aquello que me achacan. En este caso de los inmuebles, vamos a ajustarnos a un plan de pago. Felicito a la Alcaldía por exigir el pago de los impuestos, pero hay que fiscalizar para que ese dinero no vaya a la corrupción. Hemos recibido algunas llamadas de amigos de funcionarios que dicen: Nosotros lo arreglamos.

Pero yo ya escarmenté, no voy a ser permisivo con nada. Todo lo de Bolivia lo tengo ya por perdido, para mí no existen, hemos perdido el 95% de todos nuestros bienes y activos. Todo el patrimonio por el que trabajé durante más de 30 años está en manos de gente inescrupulosa, mentirosa y cínica. Destruyeron Aerosur, una empresa hermosa, encima me achacaron a mí. Acá me enteré de que yo había sido un palo blanco, imagínese. Qué vamos a hacer, c'est la vie.