lunes, 11 de diciembre de 2017

Caso desfalco Banco Unión Conceden acción de libertad a socio de Pari

La sala Penal Cuarta del Tribunal de Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, a cargo de los vocales Yvan Córdoba y Margoth Pérez, concedió, en su favor, la tutela de acción de libertad presentada por Rommel Paredes, uno de los socios y amigo de Juan Franz Pari, dentro del caso por el millonario desfalco al Banco Unión, como lo informó a EL DIARIO, el abogado Andrés Zúñiga.

La audiencia se desarrolló el pasado viernes y el resultado favorable, también beneficia a otros cinco socios y la familia de Pari.

Zúñiga detalló que la acción de libertad fue presentada ante la injustificada retardación de justicia en la que incurrió la Sala Penal Segunda del mismo TDJ, conformada por Williams Alave y Willi Arias.

Ambos vocales, según la explicación Zúñiga, debían realizar la audiencia de apelación a la detención preventiva que pesa en contra de Paredes y los otros imputados por más de 29 días cuando el plazo legal era de tres días.

Pese a existir notificaciones legales, Alave y Arias suspendieron en cuatro oportunidades la audiencia de apelación y en la última ocasión lo hicieron sabiendo que estaban a tres días de la vacación judicial.

En este sentido, como resultado de la resolución favorable al socio de Pari, se fijó para el próximo martes a las 14.00 la audiencia de apelación, donde Zuñiga espera desvirtuar los riesgos procesales de fuga y posible obstaculización a la investigación y lograr, al menos, a una detención domiciliaria.

ANTECEDENTES

La Fiscalía imputó a Paredes, por los delitos de favorecimiento al enriquecimiento ilícito, receptación proveniente de delitos de corrupción y legitimación de ganancias.

Los cargos son en relación al desfalco perpetrado por Juan Pari el exjefe de operaciones en la agencia de Batallas y Achacachi de donde se afirma sustrajo cerca de 37,6 millones de bolivianos en algo más de un año en los que evadió todos los controles de seguridad.

Entre los indicios en su contra, la Fiscalía señala que como socio en la empresa Contable Cosalt, que Pari creo para lavar el dinero sustraído, Paredes cumplía las funciones de tramitador.

Así mismo se verifico que con el dinero entregado por Pari, tomo a su nombre el traspaso de la discoteca Center Club por la suma de 23.000 dólares.

DESTITUCIÓN

Por otro lado, Zúñiga adelantó que ante la resolución de la Sala Penal Cuarta, que evidencia una vulneración al debido proceso, su cliente se reserva el derecho a una denuncia ante el Consejo de la Magistratura por faltas graves que pueden derivar en la destitución de los vocales Alave y Arias.

Asimismo, Paredes podría iniciar una denuncia penal contra los vocales por el delito de incumplimiento de deberes.

Suspenden otra vez declaración de exdirectora de Migraciones

La declaración informativa que la exdirectora de Migraciones, Cosset Estenssoro, debía prestar hoy a horas 09.00 en la Fiscalía, por una supuesta irregularidad en la emisión de pasaporte para su hijo, fue suspendida sin fecha hasta que le practiquen una pericia psicológica, en relación a la persecución de la que se declaró ser víctima el pasado viernes, por parte del Ministerio.

El viernes, Estenssoro se presentó a declarar pero a su ingreso a la Fiscalía, denunció ser víctima de persecución de parte de un motociclista quien, al ser increpado por Estenssoro, se identificó como miembro del Ministerio de Gobierno.

El incidente se produjo horas antes de la declaración y Estenssoro relató que ante la evidente persecución, cuando ella conducía su vehículo, fue su madre de 68 años quien descendió para interrogar al sujeto y fue cuando le responde ser funcionario de esa cartera de Estado.

Ante este hecho, la defensa legal de la exdirectora de Migración anunció acciones y la Fiscalía determinó dar un cuarto intermedio para que a Estenssoro se le practique una valoración psicológica y se dicte las medidas correspondientes, e indicaron como nueva fecha para la declaración para hoy a las 09.00.

En esta línea, de acuerdo con la información oficial, solo unas horas después de que se suspendiera la audiencia, el fiscal Marco Antonio Vargas emitió una resolución de suspensión de la declaración de Estenssoro, misma que fue notificada el pasado sábado.

“Teniendo en cuenta que mediante acta de suspensión de declaración informativa, se requirió la suspensión y cuarto intermedio de la declaración para el día lunes 11 de diciembre de 2017, a horas 09.00, sin tener en cuenta que se expidió orden forense para valoración psicológica, se repone y se deja sin efecto dicho señalamiento (...) mientras se lleve a cabo la valoración psicológica ordenada a favor de la sindicada”, señala el documento.

ANTECEDENTES

De acuerdo con la denuncia del senador de oposición, Arturo Murillo, Nicolás Ortiz de 23, hijo de Estenssoro, es buscado por la justicia de Estados Unidos, en relación a proceso de violación por el cual está siendo investigado desde diciembre de 2013.

Producto de este caso, el pasaporte de Ortiz está retenido en ese país y ante la inasistencia de Ortiz a las audiencias, Interpol emitió la notificación roja.

Murillo cuestiona del cómo se renovó el pasaporte de Ortiz y cómo en 2014 este abandona Estado Unidos e ingresa al país sin este documento.

Por su lado, Estenssoro negó alguna irregularidad y afirma que su hijo retornó al país antes de que la Interpol emitiera la notificación de búsqueda contra su hijo.

Ahora, la Fiscalía investiga a Estenssoro por uso indebido de influencias, y se indaga una presunta manipulación informática, como detalla la denuncia presentada por el Ministerio de Gobierno.

Asamblea debate informe de Papeles de Panamá

La Asamblea Legislativa en sesión ordinaria trata hoy el informe de las conclusiones de la Comisión Mixta de Investigación de los Papeles de Panamá y se considerará la resolución de Investigación del Proceso de Privatización y Capitalización.

El presidente nato de la Asamblea Legislativa, Álvaro García, convocó a los legisladores para este lunes,11 de diciembre, para conocer los informes finales de ambos casos, tomando en cuenta que las comisiones mixtas de investigación concluyeron con las investigaciones.

La Comisión Mixta de Investigación del Proceso de Capitalización y Privatización de Empresas Estatales presentó un informe final el pasado octubre donde se identificó a tres grupos de poder y 58 autoridades de alto nivel vinculados al proceso de privatización que se efectuó durante los gobiernos neoliberales.

En el caso de la investigación de los Papeles de Panamá, la comisión mixta de investigación presentó el pasado 30 de septiembre el informe final, donde señala que fueron 360 empresas registradas en Bolivia y 198 personas naturales, haciendo un total de 558 personas y empresas que fueron estudiadas, de estas 558 personas y empresas se organizaron en 76 casos de estudio.

PROYECTO

En este proceso de investigación en particular, la comisión planteó la realización de un proyecto de ley de Lucha Contra el Uso de Paraísos Fiscales, esta norma tendrá 21 artículos, mismos que buscan evitar que las personas pretendan cometer ilícitos que no solo provoquen daños a terceros, sino que también afecten a los intereses del Estado.

El diputado disidente de Unidad Demócrata (UD) y ahora con simpatía hacia el oficialismo, Víctor Gutiérrez, manifestó que esta norma otorgará nuevas atribuciones a la Unidad de Investigación Financiera (UIF), instancia que en representación del estado estará a cargo de las investigaciones de los casos de paraísos fiscales.

INFORME POR MINORÍA

En tanto, el diputado Édgar Rendón (PDC) informó que en rechazo al informe del MAS por su “sesgo político”, elaboró un informe por minoría del trabajo de la Comisión Especial Mixta Investigación de los Papeles de Panamá. Dicho informe lo defenderá hoy en la Asamblea Legislativa.

El parlamentario opositor no está de acuerdo con el trabajo que hicieron sus colegas del MAS en la Comisión, y reprochó también que sus colegas “opositores” Víctor Gutiérrez (UD) y Erick Morón (MNR) hayan avalado el informe de la bancada mayoritaria.

“Siempre he insistido en que hubo un sesgo político. Como diputado de oposición he elaborado mi informe por minoría. Lamentablemente los otros dos diputados de oposición se han acoplado al informe de la comisión por mayoría”, declaró el legislador.

No comparte con la orientación que el MAS dio a la investigación a pesar de que reconoce que se hizo un trabajo exhaustivo para terminar en la identificación de personas y empresas que hubieran incurrido en posibles irregularidades.

jueves, 23 de noviembre de 2017

Contador revela detalles de cómo Pari invertía y gastaba sumas millonarias del Banco Unión

Un auxiliar contable identificado como Jorge Manuel M. P. reveló cómo Juan Pari le ordenó repartir elevadas sumas de dinero del Banco Unión a su novia Luciana Regina Cagnola, a familiares y a socios, según documentos a los que accedió ANF.

Jorge Manuel M. P. fue convocado a declarar en octubre ante una comisión de fiscales y reveló cómo Pari, principal acusado del desfalco millonario a la entidad financiera, le mandó a entregar sumas millonarias a distintas personas.

Contó que Pari es su amigo y compañero de colegio y en este año fue contratado por él para que asuma como auxiliar contable en la empresa Saltcon SRL con un sueldo de Bs 7 mil. Entre sus funciones estaba entregar dinero a diferentes personas.

"La actividad del trabajo era que yo debía hacer lo que me decía y me mandaba los depósitos en cinco oportunidades al Banco Unión al señor Luis P.; era para pagar por los muebles de la oficina Saltcon, los depósitos eran de 32 mil a 35 mil bolivianos", manifestó.

Pari en tres ocasiones me pidió depositar en su cuenta del Banco Unión sumas de entre Bs 10 mil a 15 mil, relató.

Luego, dijo, me ordenaba enviar dinero vía Western Unión para su novia, Luciana Regina Cagnola, y fue en tres ocasiones: "primero 5 mil, después 7 mil y la tercera fue entre 5 a 7 mil bolivianos aproximadamente".

"Me daba dinero para comprar pasajes en avión (BoA) la suma de entre Bs 10 mil a 12 mil, para las primeras fiestas que hacía en Santa Cruz, estos pasajes compraba para 9 a 10 personas", relató.

También Juan Pari compró la discoteca Center Club, ubicada en la avenida Perú, en $us 23 mil, y uno de sus socios en ese negocio fue Romer P.

Mencionó que Pari invirtió $us 120 mil aproximadamente para la construcción de una fábrica de placas de yeso.

Además se entregó Bs 1.750.000 a Juan Carlos Gott (dueño de Rent-A-Car), y Bs 350 mil a William Gott para conformar sociedades para la creación de empresas.

Señaló que también se confirió $us 50 mil a René B. G. para inyectar capital a su empresa Curtiembre Comex Madra.

El contador dijo que Miguel Ángel Antezana era socio de Pari y a él en una oportunidad le dio Bs 100 mil, supuestamente para inversiones en una productora de televisión.

Jorge Manuel M. P. confesó que a él, Pari le dio $us 18 mil para la compra de un vehículo BMW-X1. Dijo, según el documento al que accedió ANF, que chocó el motorizado y por eso actualmente está en un taller mecánico de Obrajes.

El dinero "recogía de la casa (de Pari) en Chijini, Juan Franz me entregaba en persona, él sacaba el dinero de su auto, de su guantera, los dineros entregaba a las personas que me indicaba", mencionó.

sábado, 18 de noviembre de 2017

Video Hechos de Corrupcion en el Gobierno del MAS

miércoles, 15 de noviembre de 2017

Gobierno: No fue solo Pari; piden juicio a exautoridades


El ministro de Economía, Mario Guillén, fue interpelado y aseguró que un grupo de personas es responsable del desfalco del Banco Unión de al menos Bs 37,6 millones y que Juan Franz Pari, el principal acusado hasta ahora de perpetrar el fraude financiero, no actuó solo en la entidad. La senadora Carmen Eva Gonzales pidió que se enjuicie a exautoridades y ejecutivos de entidades.

El acto interpelatorio, que se realizó en la 16.ª sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa, fue comparecido por la senadora Gonzales. “Nosotros, como Estado, queremos identificar hasta el último responsable de este problema que nos duele, porque son 11 años de gestión que se han manchado por el robo de un grupo de personas. En eso estoy de acuerdo con la senadora (Gonzales), de que no es solo él, es un grupo de personas y lo que nos queda ahora es meterlos presos a ellos, y empezar a generar mayores controles internos”, manifestó la autoridad de Estado, aunque no especificó quiénes.

La senadora Gonzales había recalcado que sospechaba que Pari no había actuado solo en el fraude que realizó en las agencias de Batallas y Achacachi en el departamento de La Paz.

“Hubo gente que operó en estas actuaciones. ¿Cómo es que estos señores responsables del sistema informático, a pesar de que Pari sustrae esa cantidad millonaria de dinero, hacen cuadrar las cuentas, demostrando que no falta nada?”, se preguntó.

Pero la asambleísta pandina fue más allá y exigió que se enjuicie penalmente a los altos ejecutivos y autoridades responsables del control y fiscalización del Banco Unión, “desde el exministro Luis Arce Catacora, a la ASFI (Autoridad de Fiscalización del Sistema Financiero), a la UIF (Unidad de Investigaciones Financieras), al procurador general, al contralor general y otros”.

La sesión concluyó con la prosecución del orden del día puro y simple, por lo que el interpelado no fue censurado por el plenario. El senador cruceño Óscar Ortiz lamentó que el ministro no identifique quiénes más estaban implicados en el desfalco millonario al Banco Unión.

Reunión de directorio

Entre tanto, hoy a las 17:00, se realiza la junta de accionistas que fue convocada tras conocerse la renuncia colectiva de los directores y del síndico de la entidad financiera estatal, el 27 de octubre.

El gerente general del banco, Rolando Marín, informó que “la junta de accionistas de la entidad financiera del Estado tiene previsto designar al nuevo directorio y síndico”.

En relación a la compra de una póliza para asegurar el dinero de la entidad, Guillén dijo que se espera recuperar los Bs 37,6 millones, “pero significa que no se va a encarcelar a todos los involucrados”.

Fiscal ve que la revelación de Farfán y fallo sobre Melgar no afectan juicio


El fiscal Marco Antonio Rodríguez, que es la parte acusadora en el juicio por supuesto terrorismo y alzamiento armado, señaló que las revelaciones del general retirado de la Policía Ciro Farfán, sobre una supuesta orden de ejecución en el hotel Las Américas, y el rechazo de extradición de Alejandro Melgar por parte de la justicia uruguaya no afectan en el juicio que se desarrolla en Santa Cruz.
“Esas aseveraciones no desvirtúan la presencia de un grupo irregular armado ni la participación de los actuales encausados en el proceso”, afirmó.

Por su parte, el abogado de los acusados, Gary Prado, señaló que la semana pasada estuvo en La Paz tratando de ubicar a Farfán, pero no lo consiguió. “Si bien ya acabó la presentación de testigos, cuando hay un elemento nuevo, que se denomina prueba de reciente obtención, podríamos llamarlo”, explicó.

Rodríguez atribuyó las declaraciones de Farfán, que endilgaban al excomandante de la Policía Jorge Renato Santisteban la orden de ejecutar a Rózsa y a su grupo, a “una confrontación entre dos uniformados” y a un “resentimiento institucional y hacia sus camaradas de parte de Farfán por haber sido dado de baja de la Policía por actos de corrupción”.

Agregó también que la tesis del Ministerio Público es que hubo un cruce de fuego en el hotel Las Américas y que lo respalda una prueba pericial.

Sobre la no extradición de Melgar, señala que “no ha cambiado su condición de acusado; sigue en Bolivia con una causa penal y esperemos que en Uruguay se prosiga la causa como lo han establecido los fallos anteriores”.

Consultado sobre el argumento del fallo que apuntaba a que en Bolivia no se respetó la jurisdicción del proceso, Rodríguez aseveró que cada país es soberano para decidir su tipo de leyes.

Sin embargo, Juan Carlos Guedes, uno de los tres detenidos por este caso, junto con Alcides Mendoza y Zvonko Matkovic, dijo que la no extradición de Melgar es una muestra de que ese país respeta el debido proceso y que “nos va a ayudar mucho a nosotros en una corte penal internacional”.

Mendoza señaló que la declaración de Farfán confirma la tesis de los acusados de que el caso “fue armado por gente del Gobierno”.