OMAR ALARCÓN SAIGUA nuevo presidente de YLB

OMAR ALARCÓN SAIGUA

"Trabaja", al mismo tiempo, como:

1) Gerente Gral. de YPFB Refinacion, Bolivia

2] Representante de Botrading S.A., Paraguay.

YPFB LE COMPRA COMBUSTIBLE A BOTRADING = ALARCON LE COMPRA A ALARCÓN !!!

𝐋𝐎𝐓𝐄𝐑Í𝐀 𝐍𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋 𝐄𝐍𝐓𝐑𝐄𝐆Ó "𝐀𝐘𝐔𝐃𝐀 𝐒𝐎𝐂𝐈𝐀𝐋" 𝐀 𝐃𝐈𝐑𝐈𝐆𝐄𝐍𝐓𝐄 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐂𝐒𝐔𝐓𝐂𝐁

Estas son las tres actas de entrega que alcanzarían un monto de Bs 59,489 mil.

Tiembla la Corrupción: Exministro Echazú Aprehendido por Presunto Desfalco en Yacimientos del Litio Boliviano (YLB)

El exministro de Minería y exdirector ejecutivo de Yacimientos del Litio Boliviano (YLB), Luis Alberto Echazú, fue aprehendido este lunes por la tarde por la Policía y trasladado a la fiscalía de La Paz, en respuesta a una denuncia presentada por las actuales autoridades nacionales. Los representantes legales del MAS también estuvieron presentes durante el proceso en el ministerio público.

La orden de aprehensión fue emitida por la comisión de fiscales integrada por Ingrid Feraudi Guerra, Remberto Roca Galvis y José Yujra Paucara, quienes interrogarán a la exautoridad.

Hace apenas cuatro días, la presidenta actual de YLB, Carla Calderón, reveló los hallazgos de una auditoría que señalaba irregularidades en la construcción de las piscinas de evaporación de la planta de litio en el salar de Uyuni, calculando un daño económico de $us 425 millones. En consecuencia, 11 personas están bajo investigación y se presentó una denuncia ante la Fiscalía.

Según el informe preliminar, Echazú Alvarado fue arrestado en su domicilio y trasladado a la fiscalía de La Paz, cumpliendo con la orden fundamentada de aprehensión emitida por el fiscal responsable el 19 de abril de 2024.

Los delitos denunciados incluyen contratos perjudiciales para el Estado, negligencia en el cumplimiento de deberes, conducta antieconómica y violación contractual. La familia de Echazú ha confirmado su detención y la ha calificado como una represalia por parte del Gobierno.

Sin embargo, esta denuncia parece ser la continuación de un proceso iniciado por el presidente ejecutivo de Yacimientos del Litio Boliviano (YLB), Carlos Humberto Ramos Mamani, en julio de 2023, quien ya había acusado a Echazú de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

Revelación de la Compra de una Casa de $300,000 por el Hijo de Choquehuanca Durante su Tiempo Universitario

Durante el año 2014, el hijo del vicepresidente David Choquehuanca, Diego Choquehuanca Gutiérrez, adquirió una propiedad valuada en $300,000 en la zona sur de La Paz, mientras aún cursaba sus estudios universitarios en la Universidad Católica de Bolivia – San Pablo, según lo denunciado por el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Renán Cabezas.

La compra de esta propiedad y su posterior hipoteca por un préstamo de aproximadamente $153,000 al Banco Mercantil Santa Cruz seis meses después ha generado controversia, con Cabezas solicitando penas de prisión de 10 años para David Choquehuanca, Lidia Gutiérrez, y su hijo Diego Choquehuanca Gutiérrez por el delito de legitimación de ganancias ilícitas, y 8 años para César Adalid Siles Bazán por favorecimiento al enriquecimiento ilícito.

Además, se reveló que en 2021, la propiedad fue transferida al actual procurador general del Estado, César Siles, lo que también será objeto de investigación según las declaraciones de Cabezas.

De acuerdo con la información disponible, Diego Choquehuanca Gutiérrez estaba estudiando Ingeniería en Telecomunicaciones en la Universidad Católica de Bolivia durante ese tiempo. Posteriormente, se unió al aparato estatal como funcionario público de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas (AEMP).

Los registros muestran que Choquehuanca Gutiérrez declaró activos por un valor de Bs 83,502 y ninguna deuda para junio de 2023, lo que sugiere un cambio significativo en su situación financiera desde su etapa universitaria hasta su ingreso al servicio público.

El artículo también hace referencia a la situación matrimonial y los viajes internacionales de Choquehuanca Gutiérrez, así como a su rol como Responsable de Elaboración de Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia en la Autoridad de Fiscalización de Empresas.

Este caso se suma a otros escándalos que han afectado a familiares de figuras políticas prominentes en Bolivia, como las acusaciones previas contra el hijo del presidente Luis Arce, implicado en supuestas negociaciones con empresarios extranjeros.

A pesar de la denuncia, hasta el momento no se ha obtenido ninguna respuesta oficial por parte de Diego Choquehuanca Gutiérrez sobre las acusaciones en su contra."

Diputado formaliza denuncia contra el hijo del presidente por legitimación de ganancias ilícitas y tráfico de influencias

En Sucre, el diputado “evista” Héctor Arce ha presentado denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado, contra Rafael Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce, por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas y tráfico de influencias.

Según el diputado, el hijo del mandatario compró a sus 25 años de edad el predio “Adán y Eva” de 2.187 hectáreas en el departamento de Santa Cruz, cuyo valor es de más de 5 millones de dólares. Además, se habría favorecido de la influencia de su padre para conseguir de manera exprés una resolución de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT).

“No es posible un joven de 25 años haya comprado un terreno de 5,5 millones de dólares. Con los equipos, la maquinaria que ha comprado, hoy esa propiedad supera los 7 millones de dólares. Va a tener que demostrar Rafael Arce Mosqueira de dónde tuvo esa plata, si es crédito, con qué garantías”, dijo el parlamentario.

Respecto al tráfico de influencias, el diputado denunció el propio presidente Luis Arce llamaba a funcionarios de la ABT de manera personal para decirles que atiendan el requerimiento de su hijo.

Agregó que Rafael Arce se ha convertido en un “feudal” que intimida a la gente y cuya producción de maíz es adquirida en su integridad por Emapa, cuando otros productores no encuentran mercado.

Denunció, además, que el hijo de Luis Arce recibió despachos de miles de litros de diésel desde 2022, cuando otras personas hacen fila para conseguir el combustible.

"Aprovechando el nombre de su padre se ha hecho millonario", acotó el parlamentario sobre Rafael Arce.

Ironizó sobre la política de industrialización del Gobierno y dijo que Luis Arce ha industrializado el bolsillo de sus hijos.

Héctor Arce también acusó al mandatario de ser una vergüenza para todos los que portan ese apellido.

Mensaje a la fiscalía

El parlamentario “evista” reconoció que probablemente este caso no prosperará y que el fiscal general Juan Lanchipa ordenará cerrarlo, como hizo antes con otro caso de corrupción que implicaba al Gobierno.

De todas maneras, advirtió a los fiscales que la corrupción es imprescriptible y que cuando se vayan y “vuelva un gobierno patriota”, se reabrirán todos estos casos para su investigación.

Noticia publicada el 17 de abril de 2024 en Erbol

Policía Federal desmantela organización criminal responsable del tráfico internacional de cocaína

En la acción se ejecutan 195 medidas judiciales dictadas por el 1º Juzgado Federal de Araguaína/TO

La Policía Federal lanzó, el miércoles (26/4), la Operación Ruta Caipira, con el objetivo de reprimir el tráfico internacional de cocaína proveniente de los países andinos: Bolivia, Perú y Colombia, con destino a los estados del norte y noreste de Brasil.

En esta acción, se están llevando a cabo 195 medidas judiciales, incluyendo 28 órdenes de detención preventiva, 95 órdenes de registro e incautación en 14 estados brasileños, la incautación de 16 aeronaves, la incautación de tres propiedades rurales y el bloqueo de valores, que pueden ascender a 300 millones de reales, entre otras medidas judiciales emitidas por el 1er Juzgado Federal de Araguaína/TO.

Para poner en marcha la operación, se movilizaron 400 policías federales, empleados de la Agencia Nacional del Petróleo (ANP), de la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC), así como equipos de la Policía Militar de los estados de Tocantins, Maranhão y Piauí y la fuerza aérea de la Policía Militar de Tocantins.

Las investigaciones comenzaron en noviembre de 2020 con la incautación de 815 kg de cocaína en la ciudad de Tucumã/PA por la Policía Militar del Estado de Pará, después de intercambiar información con la Comisaría de la Policía Federal en Araguaína/TO.

De acuerdo con el trabajo investigativo, se indica que la organización criminal investigada adquiría cocaína de proveedores localizados en Bolivia y Perú y la transportaba a través de una compleja estructura aérea hasta puntos estratégicos localizados en los estados de Pará, Tocantins y Maranhão, siendo las capitales nordestinas como: São Luís/MA, Teresina/PI y Fortaleza/CE, en principio, el destino. Sin embargo, la investigación no descarta que la droga también tenía como países de destino en Europa.

Dada la situación, los acusados pueden responder, en la medida de sus responsabilidades, los delitos de asociación, financiación y tráfico internacional de drogas, organización criminal internacional, lavado de dinero cometido por la organización criminal, entre otros delitos

Juez que envió a la cárcel a Camacho no podía ocupar ese cargo porque fue destituido en 2016

El juez Sergio Sebastián Pacheco Diamantino, quien dictó cuatro meses de prisión preventiva en Chonchocoro para el gobernador Luis Fernando Camacho, fue destituido del cargo de secretario del Juzgado Disciplinario de La Paz, mediante una resolución del Consejo de la Magistratura ejecutoriada en abril de 2016. Este antecedente lo inhabilitaba para ocupar el cargo de juez.

"PRIMERO.- Declarar PROBADA la denuncia presentada por la Dra. Nelly Jannette Segales Jarro y por el Dr. Luis Gualberto Fernández Ramos; y PROBADA EN PARTE la adhesión a la denuncia presentada por la Dra. Nataly Emma Vargas Vargas; en contra del Dr. Sergio Pacheco Diamantino, Secretario Abogado del Juzgado Disciplinario Primero de La Paz, por haber incurrido en la FALTA GRAVÍSIMA prevista en el Art. 16.1 inc. c) núm. 8 del Reglamento de Régimen Disciplinario Para Servidores Judiciales Administrativos del Órgano Judicial, y por haber vulnerado lo previsto por los Arts. 85.1 inc. a), b) y c), así como lo previsto por el Art. 86.1 inc. a), ambos del Reglamento de Administración y Control de Personal del Órgano Judicial; en consecuencia, se le impone la sanción DESTITUCIÓN DE SU CARGO", indica la resolución de 2016.

De acuerdo con el documento al que tuvo acceso el periodista John Arandia, las partes fueron legalmente notificadas con la resolución final sin que ninguno de ellos objete la decisión con algún recurso.

"En consecuencia, de conformidad a lo previsto por el Art. 51 inc. a) del Reglamento de Régimen Disciplinario para Servidores Judiciales Administrativos del Órgano Judicial, aprobado mediante Acuerdo N° 36/2012, se declara expresamente la EJECUTORIA de la Resolución Final N° 005/2016 de 30 de marzo; en consecuencia, cúmplase con las determinaciones contenidas en la misma, sea con las formalidades de ley", dicta la parte de Vistos.

Según los requisitos para ser juez público de sentencia, de ejecución penal, partido e instrucción, el candidato no debe haber sido destituido por proceso disciplinario en el Órgano Judicial y/o en el Ministerio Público. Para ello, el postulante debe presentar un certificado de antecedentes disciplinarios emitido por el Consejo de la Magistratura y/o el Ministerio Público.

El presidente del Colegio de Abogado de La Paz, Erick Foronda, aseguró que ningún funcionario judicial con antecedentes disciplinarios puede ocupar el cargo de juez y pidió al Consejo de la Magistratura a aclarar la situación de Pacheco.

El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) envió una carta al Relator Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de las Naciones Unidas, Diego García-Sayán, para denunciar el ejercicio y nombramiento ilegal de Pacheco como juez.

"El año 2016, el señor Sergio Sebastián Pacheco Diamantino fue procesado y la resolución final de 30 de marzo de 2016, por autoridad sumariante del Consejo de la Magistratura, estableció irregularidades en su desempeño, omisiones, ineficiencia, demora en actas de audiencias, incumplimiento de plazos procesales, pérdida de expediente y faltas gravísimas con sanción de destitución del cargo. Resolución ejecutoriada", indica la carta del Conade que exige al relator pronunciarse sobre la independencia judicial en Bolivia.