miércoles, 28 de marzo de 2018
lunes, 26 de marzo de 2018
Gobierno procesa a jueces que liberaron a Svonko
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó ayer que iniciaron un proceso penal por prevaricato contra los jueces que liberaron con medidas sustitutivas a Zvonko Matkovic, implicado en el caso terrorismo. Su defensa denuncia persecución política.
El abogado de Matkovic, Gary Prado, denunció que el Gobierno usa la justicia para perseguir políticamente a los opositores, pero no hace nada cuando los implicados en casos de corrupción son miembros del Gobierno y son beneficiados con similares medidas sustitutivas como el caso de la exministra Nemesia Achacollo.
Tras ocho años detenido, al pasado 19 de marzo Matkovic salió del penal de Palmasola, luego de que la Sala Penal Tercera de La Paz dispusiera medidas sustitutivas como la detención domiciliaria debido a su delicado estado de salud.
El Ministerio de Gobierno cuestionó la resolución jurisdiccional, por lo que inició un proceso contra los vocales de la Sala Tercera, Ángel Arias y Margoth Pérez. (ANF)
El abogado de Matkovic, Gary Prado, denunció que el Gobierno usa la justicia para perseguir políticamente a los opositores, pero no hace nada cuando los implicados en casos de corrupción son miembros del Gobierno y son beneficiados con similares medidas sustitutivas como el caso de la exministra Nemesia Achacollo.
Tras ocho años detenido, al pasado 19 de marzo Matkovic salió del penal de Palmasola, luego de que la Sala Penal Tercera de La Paz dispusiera medidas sustitutivas como la detención domiciliaria debido a su delicado estado de salud.
El Ministerio de Gobierno cuestionó la resolución jurisdiccional, por lo que inició un proceso contra los vocales de la Sala Tercera, Ángel Arias y Margoth Pérez. (ANF)
sábado, 24 de marzo de 2018
Mario Cossío, sentenciado a seis años de cárcel
El exgobernador de Tarija Mario Cossío Cortez fue sentenciado a seis años de cárcel, que deberá cumplir en el penal de Morros Blancos, por la comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y favorecimiento al enriquecimiento ilícito.
“La audiencia se desarrolló en el Tribunal de Sentencia Nº 1, donde el Ministerio Público demostró con prueba la comisión de los delitos acusados, que dio lugar a que la autoridad jurisdiccional dicte sentencia condenatoria”, señaló el fiscal departamental de Tarija, Carlos Andrés Oblitas.
Según la relación circunstancial de los hechos, de 1996 a 2010, Mario Cossío, durante el tiempo que desempeñó funciones públicas, percibió ingresos por un monto que asciende a 2.151.598 bolivianos, de los cuales destinó el 75% a manutención familiar (vestimenta, servicios básicos, educación, salud, entre otros), quedando un monto disponible de 537.899 bolivianos.
Sin embargo, Mario Adel Cossío adquirió 24 bienes inmuebles y cinco vehículos durante los años en los que desempeño cargos públicos, detalla un boletín de prensa institucional.
Siete de esos bienes inmuebles fueron transferidos a sus hijas Fabiana Anette Cossío y Silvana Cossío Torri, a su yerno Gino Iván Calabi y a su madre, Gloria Daysi Cortez, con el objetivo de ocultar, disimular y legitimar su incremento patrimonial.
miércoles, 21 de marzo de 2018
Eduardo León: Exabogado de Zapata trabaja en Perú
William Sánchez, exabogado de Gabriela Zapata, trabaja litigando en el Perú sin ningún problema, denunció ayer Eduardo León, también exdefensa de Zapata, haciendo alusión a que su colega no sufre ningún tipo de persecución por parte del Gobierno, como es su caso, en relación a la suplantación del supuesto hijo que Zapata tuvo con el presidente Evo Morales.
“Willy Sánchez Peña, quien junto a Walter Zuleta (tercer exabogado de Zapata) y Juan Ramon Quintana (exministro de la Presidencia y actual embajador en Cuba) organizaron toda la trama del caso Zapata, ahora protegido por sus patrones, jura como abogado y trabaja en Perú como si nada, mientras el Gobierno y el fiscal general (Ramiro Guerrero) afirmaron que era buscado y que el sello azul de la Interpol fue activado para su búsqueda, ubicación y captura; sin embargo, Interpol Perú señala oficialmente que el Estado boliviano nunca requirió su captura por lo que su estadía es legal. Esta es la justicia masista”, señaló León en una publicación hecha en su muro de Facebook.
León compartió un video en el cual se observa a un sonriente Sánchez en el acto de acreditación de abogado en el Perú.
Sánchez fugó del país luego que la Fiscalía aprehendiera a León, el 17 de mayo de 2016.
Se presume que Sánchez comparte su autoexilio junto a Walter Zuleta quien también fue pareja sentimental de Zapata, como ella lo confirmó durante el juicio oral donde fue sentencida a 10 años de presidio por legitimación de ganancias.
Sánchez y Zuleta están acusados por los delitos de trata y tráfico de personas al intentar hacer pasar a un menor como hijo del presidente Morales.
“Willy Sánchez Peña, quien junto a Walter Zuleta (tercer exabogado de Zapata) y Juan Ramon Quintana (exministro de la Presidencia y actual embajador en Cuba) organizaron toda la trama del caso Zapata, ahora protegido por sus patrones, jura como abogado y trabaja en Perú como si nada, mientras el Gobierno y el fiscal general (Ramiro Guerrero) afirmaron que era buscado y que el sello azul de la Interpol fue activado para su búsqueda, ubicación y captura; sin embargo, Interpol Perú señala oficialmente que el Estado boliviano nunca requirió su captura por lo que su estadía es legal. Esta es la justicia masista”, señaló León en una publicación hecha en su muro de Facebook.
León compartió un video en el cual se observa a un sonriente Sánchez en el acto de acreditación de abogado en el Perú.
Sánchez fugó del país luego que la Fiscalía aprehendiera a León, el 17 de mayo de 2016.
Se presume que Sánchez comparte su autoexilio junto a Walter Zuleta quien también fue pareja sentimental de Zapata, como ella lo confirmó durante el juicio oral donde fue sentencida a 10 años de presidio por legitimación de ganancias.
Sánchez y Zuleta están acusados por los delitos de trata y tráfico de personas al intentar hacer pasar a un menor como hijo del presidente Morales.
martes, 20 de marzo de 2018
Tras ocho años y sin sentencia Zvonko Matkovic sale de prisión
El cívico cruceño Zvonko Matkovic Ribera salió ayer 19 de marzo de la cárcel, a exactamente ocho años de haber sido enviado a un centro penitenciario por el caso Rózsa. Durante todo este tiempo, permaneció encerrado pero sin sentencia.
“Por fin en casa”, dijo Matkovic después de salir de la cárcel de Palmasola, y dirigirse a su domicilio con su familia e hijos, con quienes pudo festejar el Día del Padre. Ahora está con detención domiciliaria que debe cumplir en su domicilio.
El 28 de febrero de esta gestión, la Sala Penal Tercera del Tribunal de Justicia de La Paz dispuso la detención domiciliaria de Matkovic, quien luego de cumplir con algunos trámites jurídicos logró salir del penal de máxima seguridad de Santa Cruz.
“Se cumplió con todos los requisitos que nos ha exigido la Sala Penal Tercera de La Paz, estamos con escolta policial, se ha presentado dos garantes solventes, se ha cumplido con el arraigo y la verificación del domicilio (que se) va a hacer en este momento”, señaló Prado, abogado de Matkovic.
Explicó que su defendido tiene problemas de salud, específicamente en la columna vertebral, por eso le concedieron la detención domiciliaria que debe cumplir con la vigilancia de dos escoltas policiales.
El abogado dijo que por el momento Matkovic debe recibir atención médica adecuada y asistir a las audiencias de juicio por el caso Terrorismo.
Matkovic estaba detenido en la cárcel de San Pedro, y luego fue derivado al penal de Palmasola. Desde el encierro, logró obtener la segunda vicepresidencia del Comité Cívico cruceño.
El abogado explicó que se fundamentó la solicitud de libertad, en el hecho de que sufre problemas de salud, como una hernia de disco y aún tiene una operación pendiente en la rodilla.
Acotó que en el momento en que su cliente esté totalmente reestablecido de su salud, entonces solicitarán permiso para que Matkovic pueda salir a trabajar, entre tanto cumplirá con la medida dispuesta por la justicia.
Dijo que su defendido no está satisfecho, pero sí complacido con la revocación de su detención preventiva, puesto que aún debe enfrentar el proceso judicial y seguirá detenido en su casa.
Zvonko fue encarcelado en marzo de 2010 tras ser vinculado al caso Terrorismo, referido a un operativo policial desplegado en el hotel Las Américas que dejó un saldo de tres muertos, entre los fallecidos figuran Eduardo Rózsa, Árpád Magyarosi y Michael Dwyer mientras que salieron con vida Mario Tadic y Elod Tóásó. (EL DIARIO – Agencias)
“Por fin en casa”, dijo Matkovic después de salir de la cárcel de Palmasola, y dirigirse a su domicilio con su familia e hijos, con quienes pudo festejar el Día del Padre. Ahora está con detención domiciliaria que debe cumplir en su domicilio.
El 28 de febrero de esta gestión, la Sala Penal Tercera del Tribunal de Justicia de La Paz dispuso la detención domiciliaria de Matkovic, quien luego de cumplir con algunos trámites jurídicos logró salir del penal de máxima seguridad de Santa Cruz.
“Se cumplió con todos los requisitos que nos ha exigido la Sala Penal Tercera de La Paz, estamos con escolta policial, se ha presentado dos garantes solventes, se ha cumplido con el arraigo y la verificación del domicilio (que se) va a hacer en este momento”, señaló Prado, abogado de Matkovic.
Explicó que su defendido tiene problemas de salud, específicamente en la columna vertebral, por eso le concedieron la detención domiciliaria que debe cumplir con la vigilancia de dos escoltas policiales.
El abogado dijo que por el momento Matkovic debe recibir atención médica adecuada y asistir a las audiencias de juicio por el caso Terrorismo.
Matkovic estaba detenido en la cárcel de San Pedro, y luego fue derivado al penal de Palmasola. Desde el encierro, logró obtener la segunda vicepresidencia del Comité Cívico cruceño.
El abogado explicó que se fundamentó la solicitud de libertad, en el hecho de que sufre problemas de salud, como una hernia de disco y aún tiene una operación pendiente en la rodilla.
Acotó que en el momento en que su cliente esté totalmente reestablecido de su salud, entonces solicitarán permiso para que Matkovic pueda salir a trabajar, entre tanto cumplirá con la medida dispuesta por la justicia.
Dijo que su defendido no está satisfecho, pero sí complacido con la revocación de su detención preventiva, puesto que aún debe enfrentar el proceso judicial y seguirá detenido en su casa.
Zvonko fue encarcelado en marzo de 2010 tras ser vinculado al caso Terrorismo, referido a un operativo policial desplegado en el hotel Las Américas que dejó un saldo de tres muertos, entre los fallecidos figuran Eduardo Rózsa, Árpád Magyarosi y Michael Dwyer mientras que salieron con vida Mario Tadic y Elod Tóásó. (EL DIARIO – Agencias)
Desfalco al Banco Unión deriva en cinco casos
La investigación por el desfalco de 37,6 millones de bolivianos al Banco Unión derivó en cinco casos, relacionados con extorsión a los implicados y el robo de los ocho celulares de oficinas de la Fiscalía Departamental, pero ninguno plantea la búsqueda de los ocho celulares robados.
Según antecedentes, el primer caso es donde ya se tiene identificado a Juan Pari Mamani como principal autor, en complicidad de su amante, la argentina Regina Cagnola, cuatro amigos de colegio, dos choferes, los empresarios Juan Carlos y William Gott, funcionarios del mismo Banco Unión y la familia de Pari.
En ese caso, se han detectado al menos 50 bienes adquiridos con el dinero sustraído por Pari que cumplía el rol de Jefe de Operaciones en la agencia de Batallas y se tiene cerca de 40 personas investigadas.
El segundo caso es donde los hermanos Gott afirman ser víctimas de extorsión por parte de un exempleado, Amilcar Heredia, quien les aseguró que tenía contacto con el juez y fiscales para no ser implicados.
El tercer caso, está referido a los ochos celulares robados de oficinas de la Fiscalía departamental, donde se imputó por los delitos de incumplimiento de deberes, peculado y hurto al investigador, teniente Brayan Aguilera.
En el cuarto caso, se investiga la denuncia de extorción que presentó Alexis Calderon (amigo y socio de Pari) contra el fiscal suspendido, Erlan Almanza, a quien asegura haber entregado 5.000 dólares y era presionado para pagar otros 15.000.
El quinto caso, también es contra Almaza, por el delito de estafa, presentado por Pari, quien asegura que el fiscal le pidió otra suma de dinero y un auto de lujo.
Ramiro Jarandilla, es el fiscal asignado en los cuatro primeros casos y aún se desconoce el último caso radicado en la unidad Económico Financieros de la Fiscalía.
Recordemos que junto a Almanza, el desfalco al Banco Unión era investigado por Daniel Ayala, quien renunció hace tres semanas y ambos conocieron el inicio de la investigación contra Heredia (segundo caso) que fue remitido al penal de San Pedro.
En tercer caso, ambos fiscales conocieron y anularon el informe emitido por el investigador Aguilera, el 23 de octubre cuando se conoció el robo de los ocho celulares, que pertenecían a los dos choferes y los cuatro amigos de colegio de Pari.
Según informó el fiscal Jarandilla, en los otros dos casos abiertos contra Almanza, este aún no prestó declaración informativa pero ya se tienen colectados dos audios.
En el primer audio, Pari afirma que Almanza recibió el dinero, pedía un vehículo y había cumplido con hacer desaparecer los celulares de los ocho implicados.
En el segundo, se escucha la conversación entre la pareja de Calderón y Almanza, donde esta le recuerda que se le entregó 5.000 dólares y le asegura que ya tenía otros 15.000 para ser entregados en persona con el fin de que favorezca a Calderón en el pedido de cesación a la detención preventiva.
Almanza reconoció que se trataba de su voz pero si bien asegura que el audio ha sido tergiversado y tiene pruebas de su inocencia, hasta la fecha no se conoce descargo alguno.
Según antecedentes, el primer caso es donde ya se tiene identificado a Juan Pari Mamani como principal autor, en complicidad de su amante, la argentina Regina Cagnola, cuatro amigos de colegio, dos choferes, los empresarios Juan Carlos y William Gott, funcionarios del mismo Banco Unión y la familia de Pari.
En ese caso, se han detectado al menos 50 bienes adquiridos con el dinero sustraído por Pari que cumplía el rol de Jefe de Operaciones en la agencia de Batallas y se tiene cerca de 40 personas investigadas.
El segundo caso es donde los hermanos Gott afirman ser víctimas de extorsión por parte de un exempleado, Amilcar Heredia, quien les aseguró que tenía contacto con el juez y fiscales para no ser implicados.
El tercer caso, está referido a los ochos celulares robados de oficinas de la Fiscalía departamental, donde se imputó por los delitos de incumplimiento de deberes, peculado y hurto al investigador, teniente Brayan Aguilera.
En el cuarto caso, se investiga la denuncia de extorción que presentó Alexis Calderon (amigo y socio de Pari) contra el fiscal suspendido, Erlan Almanza, a quien asegura haber entregado 5.000 dólares y era presionado para pagar otros 15.000.
El quinto caso, también es contra Almaza, por el delito de estafa, presentado por Pari, quien asegura que el fiscal le pidió otra suma de dinero y un auto de lujo.
Ramiro Jarandilla, es el fiscal asignado en los cuatro primeros casos y aún se desconoce el último caso radicado en la unidad Económico Financieros de la Fiscalía.
Recordemos que junto a Almanza, el desfalco al Banco Unión era investigado por Daniel Ayala, quien renunció hace tres semanas y ambos conocieron el inicio de la investigación contra Heredia (segundo caso) que fue remitido al penal de San Pedro.
En tercer caso, ambos fiscales conocieron y anularon el informe emitido por el investigador Aguilera, el 23 de octubre cuando se conoció el robo de los ocho celulares, que pertenecían a los dos choferes y los cuatro amigos de colegio de Pari.
Según informó el fiscal Jarandilla, en los otros dos casos abiertos contra Almanza, este aún no prestó declaración informativa pero ya se tienen colectados dos audios.
En el primer audio, Pari afirma que Almanza recibió el dinero, pedía un vehículo y había cumplido con hacer desaparecer los celulares de los ocho implicados.
En el segundo, se escucha la conversación entre la pareja de Calderón y Almanza, donde esta le recuerda que se le entregó 5.000 dólares y le asegura que ya tenía otros 15.000 para ser entregados en persona con el fin de que favorezca a Calderón en el pedido de cesación a la detención preventiva.
Almanza reconoció que se trataba de su voz pero si bien asegura que el audio ha sido tergiversado y tiene pruebas de su inocencia, hasta la fecha no se conoce descargo alguno.
jueves, 15 de marzo de 2018
miércoles, 14 de marzo de 2018
sábado, 10 de marzo de 2018
Guedes: “Desde hace nueve años imagino que puedo ir a mi casa”
Al plantearle si con el antecedente de la detención domiciliaria concedida a Zvonko Matkovic, se imagina que él también podrá ir a su casa pronto, Juan Carlos Guedes responde a quemarropa: “Hace nueve años que imagino que puedo ir a mi casa”.
Sin embargo, también teme por su vida, puesto que en Palmasola no hay condiciones para controlar su diabetes e hipertensión, pues en las últimas dos semanas su glucosa ha llegado a 475, cuando lo normal es 120 y los médicos no han podido hacerla bajar de 308. “Temo caer en un coma diabético o sufrir un paro cardiaco. Si eso pasara, tardaría entre tres y cuatro horas poder salir de Palmasola, con los permisos y la movilización de gente y recursos que se requiere. Temo morir en el camino, como he visto a otros compañeros de la cárcel”, dice.
Desde el miércoles, Guedes está en la sala 11 de la Caja Petrolera de Guaracachi y su glucosa no ha podido ser controlada ni con insulina, por lo que requiere un medicamente más fuerte que también es más caro.
Por su estado de salud, la próxima semana solicitará que le den arresto domiciliario. Ante la posibilidad de que se lo nieguen lanza una frase mártir y poética: “Las muertes injustas son las que hacen los cambios”. Abre una página de su último libro con unos versos titulados Tribunal maligno. Su poemario En carne propia puede adquirirse en Bs 70. (Ref: 60022709).
Consejo Nacional Extraordinario Fiscales acuerdan ‘mano dura’ con corruptos
El Consejo Nacional Extraordinario del Ministerio Público determinó procesar penalmente y por la vía disciplinaria a los fiscales y demás servidores públicos que incurran en hechos de falta de proactividad, falta de debida diligencia y otros actos que den lugar a hechos de corrupción.
Asimismo, se trabajará en un mejor reordenamiento en cuanto a Recursos Humanos se refiere, con mejor atención en las plataformas y en los análisis de casos, además de un constante y permanente seguimiento por parte de los fiscales departamentales y directores nacionales a las fiscalías corporativas en los casos de relevancia.
“Estamos encarando una nueva etapa de trabajo desde el Ministerio Público a nivel nacional, siempre con nuestro compromiso de luchar contra la delincuencia y el crimen organizado, en defensa de la sociedad y la legalidad en nuestro país”, dijo que el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero.
Otro de los aspectos acordados es la implementación en un plazo de 20 días de un plan de descongestionamiento para dar solución jurídica a los detenidos preventivos, involucrando a otros operadores del sistema de justicia penal tanto en capitales como en las provincias.
“Hemos visto por conveniente mejorar la implementación de nuestro Modelo de Gestión Fiscal, la prioridad debe tener la gente, el mundo litigante y víctimas de un delito. No se puede decir vuelva mañana, sino la atención debe ser inmediata”, agregó Guerrero.
El Consejo Nacional Extraordinario del Ministerio Público fue presidido por el fiscal general del Estado, Ramiro José Guerrero Peñaranda, los fiscales departamentales de La Paz, Edwin Blanco Soria; de Tarija, Carlos Andrés Oblitas; de Chuquisaca, Roberto Ramírez; de Cochabamba, Óscar Vera; de Oruro, Mario Rocha; de Pando, Patricia Romero; del Beni, Jhasmani Cortez; de Potosí, Fidel Alejandro Castro, Santa Cruz, Freddy Larrea; además del Fiscal Superior, Gilbert Muñoz y el fiscal de Materia, Javier Flores. (Erbol)
Asimismo, se trabajará en un mejor reordenamiento en cuanto a Recursos Humanos se refiere, con mejor atención en las plataformas y en los análisis de casos, además de un constante y permanente seguimiento por parte de los fiscales departamentales y directores nacionales a las fiscalías corporativas en los casos de relevancia.
“Estamos encarando una nueva etapa de trabajo desde el Ministerio Público a nivel nacional, siempre con nuestro compromiso de luchar contra la delincuencia y el crimen organizado, en defensa de la sociedad y la legalidad en nuestro país”, dijo que el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero.
Otro de los aspectos acordados es la implementación en un plazo de 20 días de un plan de descongestionamiento para dar solución jurídica a los detenidos preventivos, involucrando a otros operadores del sistema de justicia penal tanto en capitales como en las provincias.
“Hemos visto por conveniente mejorar la implementación de nuestro Modelo de Gestión Fiscal, la prioridad debe tener la gente, el mundo litigante y víctimas de un delito. No se puede decir vuelva mañana, sino la atención debe ser inmediata”, agregó Guerrero.
El Consejo Nacional Extraordinario del Ministerio Público fue presidido por el fiscal general del Estado, Ramiro José Guerrero Peñaranda, los fiscales departamentales de La Paz, Edwin Blanco Soria; de Tarija, Carlos Andrés Oblitas; de Chuquisaca, Roberto Ramírez; de Cochabamba, Óscar Vera; de Oruro, Mario Rocha; de Pando, Patricia Romero; del Beni, Jhasmani Cortez; de Potosí, Fidel Alejandro Castro, Santa Cruz, Freddy Larrea; además del Fiscal Superior, Gilbert Muñoz y el fiscal de Materia, Javier Flores. (Erbol)
jueves, 8 de marzo de 2018
miércoles, 7 de marzo de 2018
Gobierno pide subir condena a implicados pero no a Zapata
Al menos dos ministerios quieren que se duplique la condena a Cristina Choque, exjefa de la Unidad de Apoyo a la Gestión Social (UAGS) del Ministerio de la Presidencia; al chofer de esta repartición, Jimmy Morales; a Ricardo Alegría, supuesto socio; y al empresario Carlo Marvin Ramírez. El pedido no incluye a Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales y principal acusada del proceso.
Estos dos ministerios solicitarán esa ampliación en la audiencia de apelación.
“Estamos pidiendo ocho años de pena máxima para Cristina Choque porque no se han valorado las pruebas de manera correcta, ya que se le ha impuesto una condena de cuatro. Este Ministerio no está conforme y para Jimmy (que se lo sentencie a) cuatro años”, declaró el asesor jurídico del Ministerio de Justicia, Noel García. Además, dijo que no pedirán que se amplíe el tiempo de condena a Zapata. “Ya no se puede dar más para ella porque tiene 10 años”, sostuvo.
En 2016, los ministerios de Justicia y de la Presidencia, y en ese entonces el Ministerio de Transparencia, iniciaron un proceso contra Zapata y otros por supuestamente reunirse en la segunda entidad mencionada para firmar contratos a su favor.
En mayo de 2017, el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción resolvió una condena de cuatro años en la cárcel de Obrajes para Choque y fue hallada culpable por los delitos de asociación delictuosa, incumplimiento de deberes y uso indebido de bienes. Asimismo, Jimmy Morales fue sentenciado a tres años por asociación delictuosa, incumplimiento de deberes y uso indebido de bienes.
El supuesto socio de Zapata, Ricardo Alegría, fue condenado a dos años en San Pedro por uso indebido de bienes y complicidad; y el empresario Carlo Marvin Ramírez recibió igual número de años de presidio por los delitos de uso indebido de bienes y servicios públicos en grado de complicidad.
Según el asesor del Ministerio de Justicia, la participación de estas personas dentro de este caso es que actuaron intencionalmente. “Es para todos los acusados: Marvin, Alegría, Morales, Choque y Zuleta, porque el actuar de estas personas ha sido intencional, no ha sido de manera culposa porque sí hubo una intención de cometer un ilícito penal”. Wálter Zuleta, quien patrocinó a Zapata, también fue condenado a tres años de reclusión, pero él se encuentra prófugo de la justicia. En contacto con otros medios de comunicación, confirmó que está en Perú en condición de asilado.
El proceso contra Gabriela Zapata
Delitos Gabriela Zapata fue condenada a 10 años de prisión por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, asociación delictuosa, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, contribuciones y ventajas ilegítimas y uso de bienes y servicios públicos. Por tales acusaciones, la expareja del Presidente fue recluida en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores.
Pedido Zapata pidió la reducción de su condena. La solicitud la presentó la anterior semana en la Sala Penal Segunda de la ciudad de La Paz. Sin embargo, la audiencia fue postergada para el 13 de marzo. En mayo de 2017, el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción resolvió una condena de 10 años contra Zapata. Los otros implicados también solicitaron reducción de condena.
Estos dos ministerios solicitarán esa ampliación en la audiencia de apelación.
“Estamos pidiendo ocho años de pena máxima para Cristina Choque porque no se han valorado las pruebas de manera correcta, ya que se le ha impuesto una condena de cuatro. Este Ministerio no está conforme y para Jimmy (que se lo sentencie a) cuatro años”, declaró el asesor jurídico del Ministerio de Justicia, Noel García. Además, dijo que no pedirán que se amplíe el tiempo de condena a Zapata. “Ya no se puede dar más para ella porque tiene 10 años”, sostuvo.
En 2016, los ministerios de Justicia y de la Presidencia, y en ese entonces el Ministerio de Transparencia, iniciaron un proceso contra Zapata y otros por supuestamente reunirse en la segunda entidad mencionada para firmar contratos a su favor.
En mayo de 2017, el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción resolvió una condena de cuatro años en la cárcel de Obrajes para Choque y fue hallada culpable por los delitos de asociación delictuosa, incumplimiento de deberes y uso indebido de bienes. Asimismo, Jimmy Morales fue sentenciado a tres años por asociación delictuosa, incumplimiento de deberes y uso indebido de bienes.
El supuesto socio de Zapata, Ricardo Alegría, fue condenado a dos años en San Pedro por uso indebido de bienes y complicidad; y el empresario Carlo Marvin Ramírez recibió igual número de años de presidio por los delitos de uso indebido de bienes y servicios públicos en grado de complicidad.
Según el asesor del Ministerio de Justicia, la participación de estas personas dentro de este caso es que actuaron intencionalmente. “Es para todos los acusados: Marvin, Alegría, Morales, Choque y Zuleta, porque el actuar de estas personas ha sido intencional, no ha sido de manera culposa porque sí hubo una intención de cometer un ilícito penal”. Wálter Zuleta, quien patrocinó a Zapata, también fue condenado a tres años de reclusión, pero él se encuentra prófugo de la justicia. En contacto con otros medios de comunicación, confirmó que está en Perú en condición de asilado.
El proceso contra Gabriela Zapata
Delitos Gabriela Zapata fue condenada a 10 años de prisión por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, asociación delictuosa, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, contribuciones y ventajas ilegítimas y uso de bienes y servicios públicos. Por tales acusaciones, la expareja del Presidente fue recluida en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores.
Pedido Zapata pidió la reducción de su condena. La solicitud la presentó la anterior semana en la Sala Penal Segunda de la ciudad de La Paz. Sin embargo, la audiencia fue postergada para el 13 de marzo. En mayo de 2017, el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción resolvió una condena de 10 años contra Zapata. Los otros implicados también solicitaron reducción de condena.
Hermano de López trabaja en la firma que tiene acuerdo con BTV
Luis Enrique López Rivas, hermano de la ministra de Comunicación, Gisela López Rivas, trabaja en The Games, empresa que suscribió convenios con Bolivia Tv (BTV) para la transmisión de partidos de fútbol.
Por los acuerdos, Bolivia Tv le provee a The Games personal y equipos de alta definición HD para la transmisión, en señal abierta, de cotejos de la Liga.
“Yo soy trabajador de la empresa The Games, no soy ni fui representante legal ni apoderado, soy un funcionario, un trabajador; antes de que mi hermana (Gisela López) fuera ministra, yo ya trabajaba en esto”, confirmó López en contacto telefónico con Página Siete.
De acuerdo a notas de la prensa deportiva, Enrique López realizó antes declaraciones como representante o miembro de The Games, firma dueña de los derechos de transmisión.
“...Está todo el equipo de relatores que tenemos, van a estar con los otros partidos haciéndolo desde nuestras oficinas en Santa Cruz, toda la calidad en HD para todo el país”, declaró López, según un video difundido por un medio que lo identifica como representante de The Games.
La senadora opositora Jeanine Áñez sospecha de un presunto tráfico de influencias, debido a que los funcionarios, por ley, están prohibidos de suscribir convenios con entidades que están vinculadas a sus familiares.
La Ley de Lucha Contra la corrupción “Marcelo Quiroga Santa Cruz” establece, en su artículo 146, que “la servidora o el servidor público o autoridad que directamente o por interpuesta persona y aprovechando de las funciones que ejerce o usando indebidamente de las influencias derivadas de las mismas obtuviere ventajas o beneficios, para sí o para un tercero, será sancionado con privación de libertad de tres a ocho años y multa de 100 a 100 días”.
De acuerdo a documentos a los que accedió Página Siete, el convenio para la transmisión de partidos generó pérdidas económicas al canal estatal por el traslado de al menos una veintena de técnicos y equipos de alta definición, que fueron puestos a disposición de The Games.
El daño, afirman exfuncionarios de Bolivia Tv, que pidieron reserva de su nombre para evitar represalias de autoridades del Gobierno, se debe a que López, en su condición de gerente general de BTV, firmó el convenio 001-17, en el que se incrementó el personal técnico y equipos HD.
Desde 2006, Bolivia Tv y The Games firmaron varios contratos para la transmisión de partidos de la Liga en señal abierta. El personal y equipos era reducido. El canal estatal puso a disposición de la firma cinco cámaras, entre otros aparatos televisivos.
Esa situación cambió. El 17 de enero de 2017, cuando López, según el convenio 001-17, firmó el acuerdo en el que se incrementa la cantidad de equipos.
Entonces, resolvió poner a disposición de The Games ocho cámaras HD, ocho unidades de control de cámaras HD, 10 cascos de intercomunicación, entre otros equipos, se observa en el convenio que suscribió López, cuando era gerente de BTV.
La Ministra de Comunicación, consultada sobre el tema, manifestó: “Si usted tiene toda la documentación de eso que está afirmando haga la denuncia, yo voy a ir a todas las instancias, no tengo nada que ocultar, si hay algo transparente en mí, es mi actitud en el servicio público, no tengo nada. Si usted dice y afirma lo que me dice vaya al Ministerio Público y denúncieme, yo me voy a defender”.
La ministra Gisela López expresó aquella declaración luego de presentar un informe oral, en febrero pasado, ante el pleno de la Cámara de Senadores sobre recursos del Programa Nacional de Telecomunicaciones de Inclusión Social, que administró Bolivia Tv. En esa fecha, Página Siete ya investigaba este caso y buscó su versión.
El convenio de BTV
Denuncia La estatal Bolivia Tv (BTV) tuvo pérdidas de dinero por el desplazamiento de personal y equipos de alta definición HD, que son puestos a disposición de la firma The Games, para la transmisión en señal abierta de partidos de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano.
Gastos De acuerdo a documentos que accedió Página Siete, BTV, para la producción en HD por seis partidos, desde puntos cercanos, gasta un promedio de 285.277 bolivianos. Para la transmisión desde puntos lejanos el monto sube, para 44 partidos, un total 3,6 millones de bolivianos, sumando 3,9 millones de bolivianos.
Por los acuerdos, Bolivia Tv le provee a The Games personal y equipos de alta definición HD para la transmisión, en señal abierta, de cotejos de la Liga.
“Yo soy trabajador de la empresa The Games, no soy ni fui representante legal ni apoderado, soy un funcionario, un trabajador; antes de que mi hermana (Gisela López) fuera ministra, yo ya trabajaba en esto”, confirmó López en contacto telefónico con Página Siete.
De acuerdo a notas de la prensa deportiva, Enrique López realizó antes declaraciones como representante o miembro de The Games, firma dueña de los derechos de transmisión.
“...Está todo el equipo de relatores que tenemos, van a estar con los otros partidos haciéndolo desde nuestras oficinas en Santa Cruz, toda la calidad en HD para todo el país”, declaró López, según un video difundido por un medio que lo identifica como representante de The Games.
La senadora opositora Jeanine Áñez sospecha de un presunto tráfico de influencias, debido a que los funcionarios, por ley, están prohibidos de suscribir convenios con entidades que están vinculadas a sus familiares.
La Ley de Lucha Contra la corrupción “Marcelo Quiroga Santa Cruz” establece, en su artículo 146, que “la servidora o el servidor público o autoridad que directamente o por interpuesta persona y aprovechando de las funciones que ejerce o usando indebidamente de las influencias derivadas de las mismas obtuviere ventajas o beneficios, para sí o para un tercero, será sancionado con privación de libertad de tres a ocho años y multa de 100 a 100 días”.
De acuerdo a documentos a los que accedió Página Siete, el convenio para la transmisión de partidos generó pérdidas económicas al canal estatal por el traslado de al menos una veintena de técnicos y equipos de alta definición, que fueron puestos a disposición de The Games.
El daño, afirman exfuncionarios de Bolivia Tv, que pidieron reserva de su nombre para evitar represalias de autoridades del Gobierno, se debe a que López, en su condición de gerente general de BTV, firmó el convenio 001-17, en el que se incrementó el personal técnico y equipos HD.
Desde 2006, Bolivia Tv y The Games firmaron varios contratos para la transmisión de partidos de la Liga en señal abierta. El personal y equipos era reducido. El canal estatal puso a disposición de la firma cinco cámaras, entre otros aparatos televisivos.
Esa situación cambió. El 17 de enero de 2017, cuando López, según el convenio 001-17, firmó el acuerdo en el que se incrementa la cantidad de equipos.
Entonces, resolvió poner a disposición de The Games ocho cámaras HD, ocho unidades de control de cámaras HD, 10 cascos de intercomunicación, entre otros equipos, se observa en el convenio que suscribió López, cuando era gerente de BTV.
La Ministra de Comunicación, consultada sobre el tema, manifestó: “Si usted tiene toda la documentación de eso que está afirmando haga la denuncia, yo voy a ir a todas las instancias, no tengo nada que ocultar, si hay algo transparente en mí, es mi actitud en el servicio público, no tengo nada. Si usted dice y afirma lo que me dice vaya al Ministerio Público y denúncieme, yo me voy a defender”.
La ministra Gisela López expresó aquella declaración luego de presentar un informe oral, en febrero pasado, ante el pleno de la Cámara de Senadores sobre recursos del Programa Nacional de Telecomunicaciones de Inclusión Social, que administró Bolivia Tv. En esa fecha, Página Siete ya investigaba este caso y buscó su versión.
El convenio de BTV
Denuncia La estatal Bolivia Tv (BTV) tuvo pérdidas de dinero por el desplazamiento de personal y equipos de alta definición HD, que son puestos a disposición de la firma The Games, para la transmisión en señal abierta de partidos de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano.
Gastos De acuerdo a documentos que accedió Página Siete, BTV, para la producción en HD por seis partidos, desde puntos cercanos, gasta un promedio de 285.277 bolivianos. Para la transmisión desde puntos lejanos el monto sube, para 44 partidos, un total 3,6 millones de bolivianos, sumando 3,9 millones de bolivianos.
lunes, 5 de marzo de 2018
Por denuncia de presuntos “cobros” Alejan a asesora del canciller
La Cancillería del Estado informó que la abogada Fabiola Meneses, asesora legal del ministro Fernando Huanacuni, dejó las funciones de servidora pública y que la denuncia sobre cobros por cargos en la Unidad de Gestión Jurídica fue derivada al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.
“Ante las recientes denuncias de supuestos cobros irregulares, se informa que la persona mencionada en esas versiones, la abogada Fabiola Meneses dejó de ser servidora de la Cancillería la semana pasada”, dice un comunicado enviado este fin de semana a Erbol, donde no se precisa si fue despedida o la funcionaria renunció.
Añade que “en fiel cumplimiento al principio institucional de lucha contra la corrupción, la Unidad de Transparencia del Ministerio de Relaciones Exteriores remitió un informe sobre este caso al Ministerio de Justicia para que por las instancias que correspondan se realice una investigación rápida y esclarecedora”.
El comunicado salió seis días después de conocerse la versión escrita y firmada por una de las víctimas, que fue requerida por la Unidad de Transparencia de la Cancillería que abrió investigación sobre el caso, pero que no pudo obtener la versión de la exasesora al haberse acogido al derecho del silencio.
La exasesora fue denunciada el 23 de noviembre de 2017 ante la Presidencia del Estado, por una abogada que asegura haber sido víctima de un cobro de 30.000 bolivianos en partidas de 10.000 y 20.000 bolivianos, entre julio y agosto de 2017, cuando fue contratada para la Unidad de Gestión Jurídica.
Tras ser acosada laboralmente y desarrollar su trabajo en un ambiente tenso y sensible a los rumores de pasillo, el 22 de noviembre de ese año presentó renuncia al cargo. Ese día exigió la devolución del dinero que había juntado con préstamos y favores, para atender la exigencia de la exasesora, quien argumentó la necesidad de cumplir a los “dirigentes” por el cargo concedido.
La denunciada se presentó al día siguiente en el domicilio de la víctima, a quien le devolvió la totalidad de la suma cobrada, a condición de que firmara un recibo y borrara los mensajes electrónicos de su celular, de acuerdo con el relato escrito.
El pasado viernes apareció otra víctima, también abogada, que identificó a la ahora exservidora, como la persona que con su esposo, Jefe Médico en la Caja de Caminos en Oruro, le cobró un monto de dinero –que no precisó– para compensar por el cargo de asesora legal en esa entidad.
La segunda víctima anunció que este lunes junto a otras personas se presentarían ante la Cancillería a fin de formalizar denuncia y buscar una entrevista con el canciller Huanucuni (Erbol).
“Ante las recientes denuncias de supuestos cobros irregulares, se informa que la persona mencionada en esas versiones, la abogada Fabiola Meneses dejó de ser servidora de la Cancillería la semana pasada”, dice un comunicado enviado este fin de semana a Erbol, donde no se precisa si fue despedida o la funcionaria renunció.
Añade que “en fiel cumplimiento al principio institucional de lucha contra la corrupción, la Unidad de Transparencia del Ministerio de Relaciones Exteriores remitió un informe sobre este caso al Ministerio de Justicia para que por las instancias que correspondan se realice una investigación rápida y esclarecedora”.
El comunicado salió seis días después de conocerse la versión escrita y firmada por una de las víctimas, que fue requerida por la Unidad de Transparencia de la Cancillería que abrió investigación sobre el caso, pero que no pudo obtener la versión de la exasesora al haberse acogido al derecho del silencio.
La exasesora fue denunciada el 23 de noviembre de 2017 ante la Presidencia del Estado, por una abogada que asegura haber sido víctima de un cobro de 30.000 bolivianos en partidas de 10.000 y 20.000 bolivianos, entre julio y agosto de 2017, cuando fue contratada para la Unidad de Gestión Jurídica.
Tras ser acosada laboralmente y desarrollar su trabajo en un ambiente tenso y sensible a los rumores de pasillo, el 22 de noviembre de ese año presentó renuncia al cargo. Ese día exigió la devolución del dinero que había juntado con préstamos y favores, para atender la exigencia de la exasesora, quien argumentó la necesidad de cumplir a los “dirigentes” por el cargo concedido.
La denunciada se presentó al día siguiente en el domicilio de la víctima, a quien le devolvió la totalidad de la suma cobrada, a condición de que firmara un recibo y borrara los mensajes electrónicos de su celular, de acuerdo con el relato escrito.
El pasado viernes apareció otra víctima, también abogada, que identificó a la ahora exservidora, como la persona que con su esposo, Jefe Médico en la Caja de Caminos en Oruro, le cobró un monto de dinero –que no precisó– para compensar por el cargo de asesora legal en esa entidad.
La segunda víctima anunció que este lunes junto a otras personas se presentarían ante la Cancillería a fin de formalizar denuncia y buscar una entrevista con el canciller Huanucuni (Erbol).
domingo, 4 de marzo de 2018
Fiscal rechaza denuncia contra de Archondo y Solón
La Fiscal de Materia en La Paz rechazó la denuncia que interpuso el Viceministerio de Lucha contra la Corrupción dependiente del Ministerio de Justicia contra Rafael Archondo y Pablo Solón por los delitos de incumplimiento de deberes, anticipación o prolongación de funciones”.
“La Fiscal de Materia (…) rechaza la denuncia a favor de Rafael Archondo y Pablo Solón por el supuesto delito de incumplimiento de deberes, anticipación o prolongación de funciones”, se lee en la resolución de la autoridad del Ministerio Público.
En el mismo documento establece “que la parte denunciante no propuso actuados investigativos útiles y pertinentes para esclarecer los hechos denunciados y de esta manera probar la denuncia realizada…”, en relación a la actuación del Viceministerio de Lucha contra la Corrupción.
El Gobierno, a través del mencionado viceministerio, presentó el 2016 ante el Ministerio Público una denuncia para que se investigue y enjuicie por la vía penal a Solón, exembajador de Bolivia ante la ONU, y a Archondo, periodista.
Según la denuncia, que fue reactivada el 2017 por el Ministerio de Justicia y el nuevo viceministro Gonzalo Trigoso, hace seis años, Solón habría designado a Archondo como embajador ante la ONU cuando el dejó el cargo, acto que es privativo del Presidente.
Como prueba de la denuncia, el viceministerio adjunta la carta en la que Solón presenta a Archondo ante las instancias oficiales de Naciones Unidas, en la que califica su función como la de “representante permanente alterno”.
Por otro lado, la denuncia contra Archondo es que habría figurado como embajador de Bolivia a pesar de no tener un nombramiento para ello. Ambos manifestaron que presentaron superabundante prueba para demostrar que las acusaciones no eran sostenibles.
Solón tras conocer la decisión de la Fiscalía afirmó que la “acusación era totalmente tirada de los pelos y que la prueba más contundente de que no hubo ningún delito es que ni el Canciller, ni el Vicecanciller, ni el Presidente que lo visitaron a Rafael Archondo durante sus 14 meses de gestión al frente de la Misión Permanente de Bolivia ante la ONU denunciaron los supuestos delitos de nombramiento ilegal y anticipación o prolongación de funciones”.
El Ministerio de Justicia tiene cinco días para objetar esta resolución ante el Fiscal Departamental y este tiene diez días para revocar o ratificar el rechazo.
“La Fiscal de Materia (…) rechaza la denuncia a favor de Rafael Archondo y Pablo Solón por el supuesto delito de incumplimiento de deberes, anticipación o prolongación de funciones”, se lee en la resolución de la autoridad del Ministerio Público.
En el mismo documento establece “que la parte denunciante no propuso actuados investigativos útiles y pertinentes para esclarecer los hechos denunciados y de esta manera probar la denuncia realizada…”, en relación a la actuación del Viceministerio de Lucha contra la Corrupción.
El Gobierno, a través del mencionado viceministerio, presentó el 2016 ante el Ministerio Público una denuncia para que se investigue y enjuicie por la vía penal a Solón, exembajador de Bolivia ante la ONU, y a Archondo, periodista.
Según la denuncia, que fue reactivada el 2017 por el Ministerio de Justicia y el nuevo viceministro Gonzalo Trigoso, hace seis años, Solón habría designado a Archondo como embajador ante la ONU cuando el dejó el cargo, acto que es privativo del Presidente.
Como prueba de la denuncia, el viceministerio adjunta la carta en la que Solón presenta a Archondo ante las instancias oficiales de Naciones Unidas, en la que califica su función como la de “representante permanente alterno”.
Por otro lado, la denuncia contra Archondo es que habría figurado como embajador de Bolivia a pesar de no tener un nombramiento para ello. Ambos manifestaron que presentaron superabundante prueba para demostrar que las acusaciones no eran sostenibles.
Solón tras conocer la decisión de la Fiscalía afirmó que la “acusación era totalmente tirada de los pelos y que la prueba más contundente de que no hubo ningún delito es que ni el Canciller, ni el Vicecanciller, ni el Presidente que lo visitaron a Rafael Archondo durante sus 14 meses de gestión al frente de la Misión Permanente de Bolivia ante la ONU denunciaron los supuestos delitos de nombramiento ilegal y anticipación o prolongación de funciones”.
El Ministerio de Justicia tiene cinco días para objetar esta resolución ante el Fiscal Departamental y este tiene diez días para revocar o ratificar el rechazo.
Pari amenza "hundir" a hermanos Gott sino le devuelven dinero
El fiscal suspendido Erlán Almanza volvió a negar las denuncias de extorsión en su contra, sosteniendo que no está imputado por caso Banco Unión, en el que planificaron su alejamiento del caso. Entre tanto, el principal implicado en el robo de los Bs 37,6 millones advierte con hundir y revelar negocios y nombres de personas relacionadas a los hermanos Juan Carlos y William Gott, si éstos no le devuelven el dinero que les hubiera entregado.
Un audio presentado por el diputado Rafael Quispe reveló una conversación telefónica del principal implicado en el caso de desfalco al Banco Unión, Juan Pari, quien, de su parte, advierte con hundir y revelar negocios y nombres de personas relacionadas a los hermanos Juan Carlos y William Gott.
En la grabación, una voz atribuida a Pari, hace la relación de miles de dólares que asegura fueron entregados a los hermanos Gott.
Pari, que entre 2016 y 2017 logró burlar todos los niveles de seguridad y control del efectivo en la agencia de Batallas el La Paz del Banco Unión, exige que los hermanos Gott le devuelvan miles de dólares que les entregó sin firmar documentos.
“MI DINERO”
Pari, que se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, exige “yo solo estoy pidiendo mi dinero, el dinero que yo he dado, que ha sido utilizado, voy a hablar de eso en mi declaración ampliatoria y saliendo, de hecho que va haber prensa ahí, me voy a tomar el tiempo de declarar todo. Voy a hablar de Luis Paz, porque a William (Gott), cuanto se le ha entregado, son 250 mil dólares que ha costado el terreno y hay 50 mil dólares más de saldo que se ha entregado para el terreno, pero esa gente “mañuda” lo ha utilizado (para la instalación de un restaurante)”, dijo Pari, asegurando que el dinero robado de bóvedas del Banco Unión "es de su propiedad”.
CONTRADICCIONES
El exjefe de operaciones de esa agencia bancaria que sustrajo el dinero con ayuda de su amante, la argentina Luciana Cagnola (dama de compañía), en una primera solicitud de declaración ampliatoria a la Fiscalía Departamental, aseguró que los hermanos Gott eran inocentes y pidió que sean absueltos.
Casi tres meses después de esa solicitud, en febrero pasado, se reveló que Pari dio detalle de importantes montos de dinero entregados a los hermanos Gott, inclusive aseguró que el abogado de los mismos se contactó con reclusos de Chonchocoro para que éstos lo asesinen.
“No estoy pidiendo que me regale un solo centavo el Juan Carlos (Gott), le estoy pidiendo el dinero que yo le he dado”, aseveró Pari en el audio, señalando que no admite que los hermanos Gott le pongan condiciones para que se le devuelva el dinero que les entregó.
En tono desesperado, Pari afirma que de no tener el dinero de regreso, involucrará a la esposa de Gott, una supuesta amante, solicitará la investigación de Luis Paz y otras personas que afirma dispusieron del dinero que él robó.
Nombrando propiedades y negocios que les pertenece a allegados de los hermanos Gott, Pari amenaza con hacer allanar esos lugares en represalia porque éstos hicieron que la Fiscalía le incaute la casa ubicada en Sopocachi, que estaba registrada a nombre de su padre, Segundino Pari.
“O devuelven (el dinero), o simplemente los voy a entregar a la Fiscalía, tengo la ubicación de los dos terrenos (…) Así les voy a hundir, pero los voy a hundir, hundir, hundir, así como han hecho jalar a mi gente”, amenaza Pari en tono desesperado.
INTERPELACIÓN
El diputado Quispe señaló que el audio aún no es de conocimiento de la Fiscalía y que su labor como diputado es interpelar al Ministerio Público en cumplimiento de su labor investigativa.
Para el legislador, el audio videncia que Pari extorsionó a sus socios, porque se olvidaron de él después de que fue detenido.
ALMANZA
En otro aspecto del mismo caso, el fiscal Almanza reapareció y el jueves en la tarde declaró a los medios de comunicación: "hay una planificación en contra de mi persona. Eso ya lo vamos a aclarar, conozco también, estoy realizando mi trabajo de investigación. Sé qué personas están detrás de esto, hay otras personas que sí quieren perjudicarme", manifestó.
El fiscal asegura que estas terceras personas armaron estas denuncias, frente a ellas asumirá defensa y demostrará que todas las acusaciones son falsas.
Señaló sospechar que estas personas buscan perjudicarlo y aquellos que efectivizaron las denuncias por extorsión, Juan Pari y Alexis Calderón (detenido en San Pedro) buscan alejarlo, porque saben que no se les favorecerá con ninguna medida judicial.
FORTALECEN CONTROL
Sobre el mismo caso, el gerente del Banco Unión, Rolando Marín Ibáñez, presentó ayer viernes la nueva unidad de Control de Administración de Efectivo (CAE), cuyo objetivo es fortalecer y optimizar los controles internos y mitigar cualquier riesgo inherente al manejo de material monetario en la financiera estatal.
Un audio presentado por el diputado Rafael Quispe reveló una conversación telefónica del principal implicado en el caso de desfalco al Banco Unión, Juan Pari, quien, de su parte, advierte con hundir y revelar negocios y nombres de personas relacionadas a los hermanos Juan Carlos y William Gott.
En la grabación, una voz atribuida a Pari, hace la relación de miles de dólares que asegura fueron entregados a los hermanos Gott.
Pari, que entre 2016 y 2017 logró burlar todos los niveles de seguridad y control del efectivo en la agencia de Batallas el La Paz del Banco Unión, exige que los hermanos Gott le devuelvan miles de dólares que les entregó sin firmar documentos.
“MI DINERO”
Pari, que se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, exige “yo solo estoy pidiendo mi dinero, el dinero que yo he dado, que ha sido utilizado, voy a hablar de eso en mi declaración ampliatoria y saliendo, de hecho que va haber prensa ahí, me voy a tomar el tiempo de declarar todo. Voy a hablar de Luis Paz, porque a William (Gott), cuanto se le ha entregado, son 250 mil dólares que ha costado el terreno y hay 50 mil dólares más de saldo que se ha entregado para el terreno, pero esa gente “mañuda” lo ha utilizado (para la instalación de un restaurante)”, dijo Pari, asegurando que el dinero robado de bóvedas del Banco Unión "es de su propiedad”.
CONTRADICCIONES
El exjefe de operaciones de esa agencia bancaria que sustrajo el dinero con ayuda de su amante, la argentina Luciana Cagnola (dama de compañía), en una primera solicitud de declaración ampliatoria a la Fiscalía Departamental, aseguró que los hermanos Gott eran inocentes y pidió que sean absueltos.
Casi tres meses después de esa solicitud, en febrero pasado, se reveló que Pari dio detalle de importantes montos de dinero entregados a los hermanos Gott, inclusive aseguró que el abogado de los mismos se contactó con reclusos de Chonchocoro para que éstos lo asesinen.
“No estoy pidiendo que me regale un solo centavo el Juan Carlos (Gott), le estoy pidiendo el dinero que yo le he dado”, aseveró Pari en el audio, señalando que no admite que los hermanos Gott le pongan condiciones para que se le devuelva el dinero que les entregó.
En tono desesperado, Pari afirma que de no tener el dinero de regreso, involucrará a la esposa de Gott, una supuesta amante, solicitará la investigación de Luis Paz y otras personas que afirma dispusieron del dinero que él robó.
Nombrando propiedades y negocios que les pertenece a allegados de los hermanos Gott, Pari amenaza con hacer allanar esos lugares en represalia porque éstos hicieron que la Fiscalía le incaute la casa ubicada en Sopocachi, que estaba registrada a nombre de su padre, Segundino Pari.
“O devuelven (el dinero), o simplemente los voy a entregar a la Fiscalía, tengo la ubicación de los dos terrenos (…) Así les voy a hundir, pero los voy a hundir, hundir, hundir, así como han hecho jalar a mi gente”, amenaza Pari en tono desesperado.
INTERPELACIÓN
El diputado Quispe señaló que el audio aún no es de conocimiento de la Fiscalía y que su labor como diputado es interpelar al Ministerio Público en cumplimiento de su labor investigativa.
Para el legislador, el audio videncia que Pari extorsionó a sus socios, porque se olvidaron de él después de que fue detenido.
ALMANZA
En otro aspecto del mismo caso, el fiscal Almanza reapareció y el jueves en la tarde declaró a los medios de comunicación: "hay una planificación en contra de mi persona. Eso ya lo vamos a aclarar, conozco también, estoy realizando mi trabajo de investigación. Sé qué personas están detrás de esto, hay otras personas que sí quieren perjudicarme", manifestó.
El fiscal asegura que estas terceras personas armaron estas denuncias, frente a ellas asumirá defensa y demostrará que todas las acusaciones son falsas.
Señaló sospechar que estas personas buscan perjudicarlo y aquellos que efectivizaron las denuncias por extorsión, Juan Pari y Alexis Calderón (detenido en San Pedro) buscan alejarlo, porque saben que no se les favorecerá con ninguna medida judicial.
FORTALECEN CONTROL
Sobre el mismo caso, el gerente del Banco Unión, Rolando Marín Ibáñez, presentó ayer viernes la nueva unidad de Control de Administración de Efectivo (CAE), cuyo objetivo es fortalecer y optimizar los controles internos y mitigar cualquier riesgo inherente al manejo de material monetario en la financiera estatal.
sábado, 3 de marzo de 2018
viernes, 2 de marzo de 2018
jueves, 1 de marzo de 2018
Caso terrorismo Detención domiciliaria para Zvonko Matkovic
La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz determinó ayer otorgar detención domiciliaría al cívico cruceño Zvonko Matkovic Ribera, tras ocho años de detención en el penal de Palamasola por el caso Rózsa, informó a Erbol su abogado Álvaro Melgarejo.
Según el jurista, Matkovic fue encerrado desde el 19 de marzo de 2010 y ahora recibió las medidas sustitutivas en una audiencia apelación, en el marco de una solicitud de cesación a la detención.
Melgarejo indicó que su defendido, además de la detención domiciliaria, recibió arraigo y la obligación de tener dos custodios, dos garantes y el deber de firmar un libro de registro cada viernes.
Matkovic estaba detenido en la cárcel de San Pedro y luego fue derivado al penal de Palmasola. Desde el encierro, logró obtener la segunda vicepresidencia del Comité Cívico cruceño.
El abogado explicó que la solicitud de libertad se fundamentó en el hecho de que sufre problemas de salud, una hernia de disco y aún tiene una operación pendiente en la rodilla.
Dijo que su defendido no está satisfecho, pero sí complacido con la revocación de su detención preventiva, puesto que aún debe enfrentar el proceso judicial y seguirá detenido en su casa y agregó que Zvonko no tuvo participación en los delitos de terrorismo y alzamiento armado, que se le imputa.
ANTECEDENTES
El caso surgió el 14 de abril de 2009 cuando un atentado fue perpetrado en la casa del entonces cardenal Julio Terrazas. La policía un día después, sorprendió en el hotel Las Américas al supuesto grupo irregular, liderado por un ciudadano boliviano-húngaro identificado como Eduardo Rózsa Flores.
En el operativo, además de Rózsa murieron dos extranjeros: un ciudadano rumano Arpád Magyarosi y el irlandés Michael Dwyer. El húngaro Elod Toaso y el boliviano Mario Tadic fueron los que lograron salvar sus vidas.
En octubre de 2012, empezó el juicio oral con una lista de 39 implicados. Sólo 22 iniciaron el proceso. Los otros 17 fueron declarados en rebeldía al huir del país. El juicio comenzó en Tarija, pero se trasladó a Santa Cruz.
Las pesquisas previas al juicio fueron realizadas por el exfiscal Marcelo Soza, quien determinó huir a Brasil, donde recientemente obtuvo la condición de residente. Desde el vecino país envió una reveladora “Carta a Bolivia” la cual originó que los acusados presentaran un recurso de incidente de actividad procesal defectuosa para tratar de tumbar la acusación.
El Tribunal Primero de Sentencia declaró improcedente el recurso, pero en los nueve meses que tardó en resolverlo se ventilaron detalles del accionar de Soza y la participación real del grupo del Ministerio de Gobierno que lo secundó para armar la imputación; en varios casos, a través de redes tendidas, habría imperado la extorsión, sobornos, compra de testigos y presiones para incluir en el proceso, sin pruebas, a líderes cruceños, entre ellos Zvonko Matkovic.
Según el jurista, Matkovic fue encerrado desde el 19 de marzo de 2010 y ahora recibió las medidas sustitutivas en una audiencia apelación, en el marco de una solicitud de cesación a la detención.
Melgarejo indicó que su defendido, además de la detención domiciliaria, recibió arraigo y la obligación de tener dos custodios, dos garantes y el deber de firmar un libro de registro cada viernes.
Matkovic estaba detenido en la cárcel de San Pedro y luego fue derivado al penal de Palmasola. Desde el encierro, logró obtener la segunda vicepresidencia del Comité Cívico cruceño.
El abogado explicó que la solicitud de libertad se fundamentó en el hecho de que sufre problemas de salud, una hernia de disco y aún tiene una operación pendiente en la rodilla.
Dijo que su defendido no está satisfecho, pero sí complacido con la revocación de su detención preventiva, puesto que aún debe enfrentar el proceso judicial y seguirá detenido en su casa y agregó que Zvonko no tuvo participación en los delitos de terrorismo y alzamiento armado, que se le imputa.
ANTECEDENTES
El caso surgió el 14 de abril de 2009 cuando un atentado fue perpetrado en la casa del entonces cardenal Julio Terrazas. La policía un día después, sorprendió en el hotel Las Américas al supuesto grupo irregular, liderado por un ciudadano boliviano-húngaro identificado como Eduardo Rózsa Flores.
En el operativo, además de Rózsa murieron dos extranjeros: un ciudadano rumano Arpád Magyarosi y el irlandés Michael Dwyer. El húngaro Elod Toaso y el boliviano Mario Tadic fueron los que lograron salvar sus vidas.
En octubre de 2012, empezó el juicio oral con una lista de 39 implicados. Sólo 22 iniciaron el proceso. Los otros 17 fueron declarados en rebeldía al huir del país. El juicio comenzó en Tarija, pero se trasladó a Santa Cruz.
Las pesquisas previas al juicio fueron realizadas por el exfiscal Marcelo Soza, quien determinó huir a Brasil, donde recientemente obtuvo la condición de residente. Desde el vecino país envió una reveladora “Carta a Bolivia” la cual originó que los acusados presentaran un recurso de incidente de actividad procesal defectuosa para tratar de tumbar la acusación.
El Tribunal Primero de Sentencia declaró improcedente el recurso, pero en los nueve meses que tardó en resolverlo se ventilaron detalles del accionar de Soza y la participación real del grupo del Ministerio de Gobierno que lo secundó para armar la imputación; en varios casos, a través de redes tendidas, habría imperado la extorsión, sobornos, compra de testigos y presiones para incluir en el proceso, sin pruebas, a líderes cruceños, entre ellos Zvonko Matkovic.
Fiscal Erlan Almanza es procesado Reemplazan la comisión de fiscales en caso Banco Unión
Ante la falta de explicación acerca de las denuncias contra el fiscal Erlan Almanza, por supuesta extorsión a los imputados del caso del millonario desfalco al Banco Unión, será sometido a proceso penal y disciplinario, además de sustituir a toda la comisión que investigaba el caso, informó ayer el fiscal general, Ramiro Guerrero.
“Luego de recibir informe del Fiscal Departamental de La Paz, he tomado la determinación de suspender y procesar al fiscal Erlan Almanza por las últimas denuncias. Hoy en la mañana (ayer) se ha procedido ya a la apertura de un proceso disciplinario de este fiscal. Se le ha suspendido sin goce de haber, para que asuma su defensa desde el llano y se abran los procesos penales correspondientes sobre la base de las denuncias que han llegado”, aseveró Guerrero.
Juan Pari, principal sindicado del robo de 37,6 millones de bolivianos a la agencia del Banco Unión en la localidad de Batallas, y Alexis Calderón, amigo y socio de Pari, presentaron denuncias, por separado, acusando de extorsión a Almanza, quien encabezaba la comisión de fiscales que investigaba el desfalco al Banco Unión.
Entre los observados, también está el polémico fiscal Daniel Ayala, quien al ser consultado por diferentes casos, acostumbra señalar: “No tengo idea, desconozco”.
Ayer se hizo pública la grabación de una conversación telefónica entre el fiscal Almanza y quien se identifica como pareja del imputado Calderón, donde primero se maneja un monto de $us 5.000 entregado como “un adelanto” y otros $us 15.000, cifra procedente del empeño de un terreno de la madre de Calderón y destinada al pago para que el fiscal Almanza emita una resolución, que admita la cesación de la detención preventiva en favor del imputado, que se encuentra recluido en el penal de San Pedro.
REVELADOR AUDIO
En el audio difundido por ANF, una voz que es atribuida al fiscal Almanza admite conocer los detalles de la entrega de dinero, pregunta “cuánto” dinero más se le va a entregar, la mujer le recuerda que sostuvo una conversación previa con Calderón y le pide que admita el pedido del “papá de su hija”, porque no puede trabajar ni atender las necesidades de su niña debido a este proceso.
Ante estas graves denuncias, en pasados días, Almanza salió a negar los cargos y aseguró que presentaría pruebas para demostrar su inocencia. Sin embargo, a la fecha no presentó descargo alguno.
“Cuando a alguien se le acusa de un hecho, se le acusa de un delito, lo primero que hace una persona inocente es salir al paso inmediatamente (responder) negar y decir. Si alguien viene a mí a decir que usted ha recibido dinero y eso es falso, yo salgo inmediatamente a desmentir e iniciar un proceso a la persona que me acusa, pero si alguien se esconde, pide una semana, dos semanas, ahí genera dudas”, aseguró Guerrero.
ASFI
Por su lado, Lenny Valdivia, directora ejecutiva la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), señaló que espera que el Ministerio Público asuma acciones y aclare la veracidad de las sindicaciones del exjefe de la agencia de Batallas del Banco Unión, Juan Pari.
Al igual que el Fiscal General, Valdivia pidió cautela con estas denuncias, “porque nunca hay que olvidar que las sindicaciones también vienen de personas que han incurrido en la comisión de delitos y eso es importante tener presente”, señaló.
La directora de ASFI confirmó que es tarea del Ministerio Público recuperar el dinero desfalcado y cuantificar el monto, luego que la aseguradora La Boliviana Ciacruz oficializó la decisión de cubrir los 37,6 millones de bolivianos desfalcados.
AMENAZAS DE MUERTE
Por otra parte, se conoció también ayer que en su declaración ampliatoria, Pari denunció al abogado de su exsocio, Juan Carlos Gott, y aseguró que ese jurista tomó contacto con internos del penal de Chonchocoro para ofrecer dinero a cambio de su asesinato.
“He recibido la visita del abogado del señor Juan Carlos Gott, apellida Soria Galvarro, este señor había tomado contacto con presos de un sector de Chonchocoro, ofreciéndoles dinero para que me maten", manifestó Pari en su declaración ampliatoria, según el documento al que tuvo acceso Erbol.
Aseveró que en varias oportunidades entregó dinero a Gott para realizar inversiones, entre estas en un casino en la zona de Tigre, en la provincia de Buenos Aires, Argentina.
Agregó que Gott intercedió para su regreso al Banco Unión, después que había renunciado y esa es una evidencia de que el empresario conocía sobre el origen del dinero usado en las inversiones.
“Luego de recibir informe del Fiscal Departamental de La Paz, he tomado la determinación de suspender y procesar al fiscal Erlan Almanza por las últimas denuncias. Hoy en la mañana (ayer) se ha procedido ya a la apertura de un proceso disciplinario de este fiscal. Se le ha suspendido sin goce de haber, para que asuma su defensa desde el llano y se abran los procesos penales correspondientes sobre la base de las denuncias que han llegado”, aseveró Guerrero.
Juan Pari, principal sindicado del robo de 37,6 millones de bolivianos a la agencia del Banco Unión en la localidad de Batallas, y Alexis Calderón, amigo y socio de Pari, presentaron denuncias, por separado, acusando de extorsión a Almanza, quien encabezaba la comisión de fiscales que investigaba el desfalco al Banco Unión.
Entre los observados, también está el polémico fiscal Daniel Ayala, quien al ser consultado por diferentes casos, acostumbra señalar: “No tengo idea, desconozco”.
Ayer se hizo pública la grabación de una conversación telefónica entre el fiscal Almanza y quien se identifica como pareja del imputado Calderón, donde primero se maneja un monto de $us 5.000 entregado como “un adelanto” y otros $us 15.000, cifra procedente del empeño de un terreno de la madre de Calderón y destinada al pago para que el fiscal Almanza emita una resolución, que admita la cesación de la detención preventiva en favor del imputado, que se encuentra recluido en el penal de San Pedro.
REVELADOR AUDIO
En el audio difundido por ANF, una voz que es atribuida al fiscal Almanza admite conocer los detalles de la entrega de dinero, pregunta “cuánto” dinero más se le va a entregar, la mujer le recuerda que sostuvo una conversación previa con Calderón y le pide que admita el pedido del “papá de su hija”, porque no puede trabajar ni atender las necesidades de su niña debido a este proceso.
Ante estas graves denuncias, en pasados días, Almanza salió a negar los cargos y aseguró que presentaría pruebas para demostrar su inocencia. Sin embargo, a la fecha no presentó descargo alguno.
“Cuando a alguien se le acusa de un hecho, se le acusa de un delito, lo primero que hace una persona inocente es salir al paso inmediatamente (responder) negar y decir. Si alguien viene a mí a decir que usted ha recibido dinero y eso es falso, yo salgo inmediatamente a desmentir e iniciar un proceso a la persona que me acusa, pero si alguien se esconde, pide una semana, dos semanas, ahí genera dudas”, aseguró Guerrero.
ASFI
Por su lado, Lenny Valdivia, directora ejecutiva la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), señaló que espera que el Ministerio Público asuma acciones y aclare la veracidad de las sindicaciones del exjefe de la agencia de Batallas del Banco Unión, Juan Pari.
Al igual que el Fiscal General, Valdivia pidió cautela con estas denuncias, “porque nunca hay que olvidar que las sindicaciones también vienen de personas que han incurrido en la comisión de delitos y eso es importante tener presente”, señaló.
La directora de ASFI confirmó que es tarea del Ministerio Público recuperar el dinero desfalcado y cuantificar el monto, luego que la aseguradora La Boliviana Ciacruz oficializó la decisión de cubrir los 37,6 millones de bolivianos desfalcados.
AMENAZAS DE MUERTE
Por otra parte, se conoció también ayer que en su declaración ampliatoria, Pari denunció al abogado de su exsocio, Juan Carlos Gott, y aseguró que ese jurista tomó contacto con internos del penal de Chonchocoro para ofrecer dinero a cambio de su asesinato.
“He recibido la visita del abogado del señor Juan Carlos Gott, apellida Soria Galvarro, este señor había tomado contacto con presos de un sector de Chonchocoro, ofreciéndoles dinero para que me maten", manifestó Pari en su declaración ampliatoria, según el documento al que tuvo acceso Erbol.
Aseveró que en varias oportunidades entregó dinero a Gott para realizar inversiones, entre estas en un casino en la zona de Tigre, en la provincia de Buenos Aires, Argentina.
Agregó que Gott intercedió para su regreso al Banco Unión, después que había renunciado y esa es una evidencia de que el empresario conocía sobre el origen del dinero usado en las inversiones.
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