Alan Lisperguer es el quinto ministro de Luis Arce que sale del gabinete por denuncias de corrupción. Hasta ayer, estuvo al mando del despacho de Medio Ambiente y Agua, una de las carteras de Estado que está bajo el control de los Interculturales.
Pero, además, el destituido fue acusado de enriquecimiento ilícito, un delito que pudo cometer durante el ejercicio de sus funciones. De acuerdo con el resultado de las primeras investigaciones, existen registro de depósitos de altas sumas de dinero en sus cuentas bancarias, además de la adquisición de bienes inmuebles.
Los reportes elaborados por Viceministerio de Transparencia llegaron el 3 de enero hasta el despacho de Arce, quien ayer optó por destituir a la autoridad, pero ya en el contexto de una denuncia penal. De hecho, las denuncias contra esta autoridad se gestionaron por dirigentes interculturales que cuentan con un peso “orgánico” en el Gobierno.
La viceministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Susana Ríos, informó que la investigación contra Lisperguer surgió por una denuncia presentada en la oficina que dirige con el detalle de “algunos cobros irregulares y movimientos inusuales en el patrimonio”. La denuncia también implicó a su asesor.
La autoridad dijo que ambos movilizaron estas sumas entre 2021 y 2024. Lisperguer juró al cargo en marzo del año pasado.
“En 2021 se han observado, en el caso del exministro, un registro de ocho bienes inmuebles en el mismo periodo. En el caso del señor Delgado (asesor del exministro) se ha identificado que en el periodo 2024 también ha habido un movimiento inusual de sus cuentas, de más de 600.000 bolivianos”, detalló Ríos.
En el caso de Lisperguer, la viceministra aseveró también que existen unos movimientos de más de un millón de bolivianos que involucran depósitos y movimientos entre Delgado y Lisperguer, como otros depósitos con terceras personas, entre ellos, “algunos servidores públicos”. Ríos indicó que “incluso” se verificaron consumos y compras de los cuales se determinó que son “desproporcionales” respecto a su nivel de ingresos formales.
El fiscal Miguel Cardozo, que investiga este caso, dijo que el exministro tuvo un “incremento de un millón de bolivianos que no (coincide) con la actividad económica de funcionario público”.
“No tenía otra actividad económica, no tiene registrada (alguna) empresa, entonces los montos económicos son superiores a lo que generaba. (Además) él habría manifestado que solamente tendría un bien inmueble y una deuda, posteriormente se ha evidenciado que tiene nueve bienes inmuebles registrados”, afirmó.
Lisperguer se suma a la lista de ministros de Arce que fueron echados por casos de corrupción. El primero fue diciembre de 2020, cuando el entonces ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Wilson Cáceres, contrató a su pareja extramarital como jefa de gabinete. Cáceres fue dirigente de los interculturales y llegó a ese cargo como cuota de ese sector social.
En abril de 2021, fue detenido en flagrancia el entonces ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Edwin Characayo, cuando recibía $us 20.000 de una coima, motivo por el que fue enviado a prisión y luego sentenciado a ocho años de cárcel. Según la indagación del propio Gobierno, los $us 20.000 eran de un “anticipo” que debía llegar a $us 380.000 por la titulación de una propiedad agraria en Santa Cruz. Characayo también fue dirigente de los interculturales y fue ministro por esa cuota.
En noviembre de 2021, renunció al cargo el entonces ministro de Educación Adrián Quelca, acusado de haber manipulado la elección de cargos directivos del sistema educativo para favorecer a unos y perjudicar a otros. Quelca fue dirigente de la Confederación de maestros urbanos de Bolivia y asesor de la Central Obrera Boliviana (COB) en temas culturales.
En mayo de 2023, el entonces ministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos Cruz, perdió el cargo y fue enviado a la cárcel de San Pedro en La Paz porque, según la acusación, recibió Bs 19 millones de soborno de diversas empresas, un dinero que usó para adquirir inmuebles. Cruz fue presidente de la Federación de Ganaderos Campesinos de Pando (Fedgacam) y también fue dirigente campesino.
Ahora, Lisperguer fue destituido por acusaciones de enriquecimiento ilícito. Esta exautoridad llegó al cargo el 5 de marzo de 2024 también como cuota de los interculturales e incluso el diputado Héctor Arce denunció que Lisperguer pagó $us 100.000 al ejecutivo de este sector, Esteban Alavi, para ser ministro de Estado. En la investigación se ven movimientos de personas con el apellido Alavi. El fiscal Cardozo dijo que se convocará a todas las personas que hicieron los depósitos a Lisperguer y Delgado, por ahora los dos acusados.
Lisperguer negó ayer la denuncia en su contra y aseguró que los movimientos bancarios que hizo fue antes de ser ministro. “Los movimientos económicos mencionados pertenecen a gestiones pasadas. No tenía ninguna función pública en ese entonces, por lo que todo tiene su explicación y presentaré los descargos en el momento oportuno”, dijo a Red Uno. Sin embargo, Lisperguer antes de ser ministro fue funcionario con un alto cargo en la Gobernación de Cochabamba.
