miércoles, 30 de septiembre de 2015

Gobierno quiere "atenuar" daño económico por el caso de barcazas chinas

El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, dijo el miércoles que el Gobierno quiere "atenuar" el daño económico que se causó al Estado en el caso de las barcazas chinas, a cuyo objetivo se dirige su trabajo, asunto por el que el sábado será interpelado en la Asamblea Legislativa.

"Se ha perdido 30 millones de dólares, hay gente procesada, queremos atenuar el daño, la perdida está hecha, algo por lo menos es atenuar el daño terrible que se hizo a la economía por gente irresponsable que dispuso de recursos públicos", indicó.

Ferreira fue convocado a la Asamblea Legislativa a raíz de la solicitud de interpelación que hizo la diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Norma Piérola.

Al respecto, el Ministro de Defensa manifestó que asistirá a la cita en la que deberá responder 24 preguntas, que están en la misma línea de un informe anterior que se le solicitó.

Sin embargo, señaló que es derecho de un legislador cuestionar y pedir información como de un funcionario público responder.

Según datos oficiales, hace seis años se inició la compra de las barcazas con el trámite de Enabol con dos empresas chinas para la adquisición de 16 navíos y dos empujadores.

El costo de la construcción y traslado de esas embarcaciones fue de 30 millones de dólares, monto que se pagó, pero las barcazas no llegaron al país y fueron almacenadas en China, donde aún permanecen.

Fondo Indígena Evo defiende a exministra Nemesia Achacollo

El presidente Evo Morales sostuvo que es "imposible" que la exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo (f), esté involucrada en actos de corrupción del Fondo Indígena, y atribuyó esa denuncia a sectores de la oposición. "Quiero decirle a la compañera Nemesia que siempre los opositores nos atacan y cuando están de ministros lo hacen cada día. A nuestra exministra la conozco muy bien, (y es) imposible que pueda estar metida en actos de corrupción (en el Fondo Indígena)", manifestó. Morales dijo que la corrupción en el Fondo Indígena surgió porque "lamentablemente ahí la mayoría (de los dirigentes) decidía". No obstante, según el Decreto Supremo 28571 recientemente abrogado, el directorio del Fondioc fue presidido por la ministra, en ese entonces Nemesia Achacollo.

Caso Fondo Indígena Presidente de la ALD paceña recibió Bs1,6 millones para proyectos productivos

Marín Eugenio Sandoval Vega, presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de La Paz, recibió la suma de 1.629.240,90 bolivianos para obras, según lista de los 713 proyectos observados del exFondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc), señala la Red Erbol.

Sandoval encaró los proyectos en calidad de representante de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB).

Uno de los primeros proyectos fue para la Colonia Río Mercedes, que consistía en el “Mejoramiento de Producción de Café con Sistemas Agroforestales”, hicieron un desembolso de Bs493.893,60 de un total de Bs866.480,00. Entre los responsables del proyecto se encontraba Marín.

En segundo proyecto en las colonias de Primera Llusta y Libertador Llusta. Se desembolsó para el mismo Bs664.219,50 de un total de 948.885,00.

Un tercer proyecto para el que Sandoval del Movimiento Al Socialismo (MAS) firmó como presentante legal para la Colonia Nueva LLusta. Entregarón la suma de Bs471.127,80 de un total de Bs856.084,00.

Tras denuncias de corrupción y proyectos “fantasmas”, la interventora constató que 30 de los más de 1.000 proyectos son inexistentes, mientras que 713 están con irregularidades.

Aplican control cruzado para evitar corrupción en los viajes

La Asamblea Legislativa Departamental informó que aplica un control cruzado en los informes de viajes para evitar hechos de corrupción.

Las autoridades del Concejo Municipal y de la Asamblea conforman comisiones para representar al departamento y a la ciudad en actos oficiales en otros departamentos, como, por ejemplo, en las efemérides.

En la Asamblea, explicaron que el pago de los viáticos se realiza luego de los viajes, con los descargos respectivos, que consisten incluso en fotografías de los actos en los que participaron las autoridades.

El actual Legislativo departamental realizó tres viajes al interior del país, a La Paz, a Santa Cruz y a Pando, en los tres casos por aniversarios.

DESIGNACIÓN Se conoció que la designación de asambleístas en las delegaciones no se considera en el pleno, sino que solo aprueba la asistencia a alguna actvidad en el interior.

El jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Jennrry Vásquez, explicó que cada comisión, designa a una persona, ya sea de oficialismo u oposición, en un orden rotativo o por sorteo, para que sea democrático el nombramiento del representante.

El jefe de bancada del Movimiento Demócrata Social (Demócratas), Freddy Gonzales, manifestó que las invitaciones se leen en reuniones de directiva y jefes de bancadas.

La directiva tiene tuición para asistir a las invitaciones y los presidentes de bancada u otros miembros de las comisiones.

Se toma en cuenta que viajen la bancada mayoritaria y la minoritaria.

Argumentó que este tipo de viajes permiten, además, aprovechar encuentros interinstitucionales con asambleístas de otros lugares, para recabar información en temas de autonomía, reglamentos y fiscalización.

El asambleísta del MAS aclaró que no perciben viáticos por las visitas que realizan a los municipios.

El asambleísta de Demócratas dijo que se trasladó en vehículos oficiales.

LOS COSTOS En los tres viajes de los asambleístas y funcionarios de Protocolo se gastaron 25 viáticos, que suman 7.250 bolivianos.

Vásquez informó que el viático diario es de 290 bolivianos, que cubre el alojamiento y un plato de comida.

Los asambleístas manifestaron que para participar en las efemerides de los departamentos de Santa Cruz, Pando y La Paz, recibieron un día de viático para cada lugar.

A Pando, fueron ocho personas, es decir que el gasto fue de 2.320. A Santa Cruz asistieron siete personas y el costo de viáticos fue de 2.030 y a La Paz fueron 10, con una inversión de 2.900 bolivianos.

Los gastos de viáticos son menores en la Asamblea que en el Concejo Municipal. Durante los viajes a los mismos lugares, los concejales recibieron viáticos por más de un día.

martes, 29 de septiembre de 2015

La mayor obra fantasma está en una comunidad ayorea

El proyecto Fortalecimiento a la Capacidad Socio Productiva de las Comuniddes de la Nación Ayorea cuyo supuesto daño económico asciende a Bs 990.571 es la obra más grande de entre los 30 procesos inexistentes que descubrió la interventora del exFondo Indígena, Lariza Fuentes, actual liquidadora de la entidad.

Según la documentación, los denunciados por supuesto contrato lesivo al Estado, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, son siete personas.

De ese total, tres están detenidas por otros proyectos.
Los denunciados son Elvira Parra, Marco Antonio Aramayo, Daniel Zapata, Arturo Chiqueno, Moisés Posiño Chiqueno, Rubén Picanerai y Félix Mamani.

Parra y Aramayo se encuentran detenidos en La Paz, por responsabilidades como exdirectores del Fondo.

Entre tanto, Félix Mamani, exdirector administrativo y financiero, guarda detención preventiva por haber desembolsado Bs 197.748, de fondos en avance, sin haber presentado los descargos.

El segundo proyecto más grande, dentro de las obras denunciadas como inexistentes, es el proyecto de Apoyo a la Producción de Ganado Bovino de Doble Propósito en la comunidad El Manantial, en el municipio El Carmen Rivero Tórrez, de la provincia Germán Busch (Santa Cruz).

La suma del posible daño económico identificada, asciende a Bs 855.918,80 y los delitos son contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica e incumplimiento de contratos.
Los involucrados son Marco A. Aramayo, Filomena Itacore; Berner Dosapei y Alberto Dosapei.

Los 30 proyectos fantasma identificados por la interventora, Lariza Fuentes, ascienden a un daño económico de al menos Bs 14,5 millones.
El Ejecutivo prometió transparentar el proceso de todos los desembolsos y ejecución de recursos en el país.

Condenan a 15 alcaldes por corrupción



La ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Lenny Valdivia, informó ayer que hasta la fecha se consiguió al menos 15 sentencias en contra de alcaldes por acciones de corrupción.

La autoridad gubernamental dio el dato tras participar del Seminario de Gestión Transparente y Responsable, donde participaron al menos 300 autoridades municipales y departamentales. También se capacitó a estas personas para prevenir la corrupción, en presencia del contralor general del Estado, Gabriel Herbas.

“De acuerdo con la información que cursa actualmente, tenemos 15 alcaldes de gobiernos municipales con sentencia ejecutoriada, la mayoría de los casos ya están cumpliendo con la sanción que se les impuso en los juzgados del país”, informó Valdivia.

Agregó que para evitar ilegalidades se debe trabajar en la prevención, como se lo hizo a través del seminario citado. No obstante, adelantó que se trabaja en una normativa que permitirá recibir denuncias de corrupción que se puedan dar en todo el sector público. “En esta gestión ya hemos tenido reuniones con el presidente de la Cámara de Senadores (José Alberto Gonzales). Sin embargo, todo (el trámite) estará en el marco de la agenda que tenga la Asamblea Legislativa en este tema”, enfatizó.

Esta ley fue solicitada por el presidente Evo Morales en junio, por diferentes actos de corrupción que se revelaron en la Policía, las Fuerzas Armadas (FFAA) y en el sector público.

Detectan ocho irregularidades en compra de software del Archivo

Según documentos públicos e internos a los que accedió Página Siete, se detectaron al menos ocho irregularidades en la compra de un software para el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (ABNB) de Sucre, dependiente de la Fundación Cultural del Banco Central (FCBCB).
Se trata de la adquisición de un "software para gestión documental del archivo patrimonial y archivos de oficina del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia”. Este proceso se realizó entre el 26 de noviembre y el 26 de diciembre de 2014. La compra tuvo un costo de 556.800 bolivianos.
El caso fue investigado por gente que conoce de cerca el trabajo del Archivo y que prevé entregarlo al Ministerio de Transparencia. Al respecto, el director del Archivo de Sucre, Juan Carlos Fernández, explicó que el proceso de adquisición del software ha sido público.
En primer lugar, en la web del Sistema de Contrataciones Estatales de Bolivia (Sicoes) se puede ver que ninguno de los documentos de adjudicación y recepción -es decir, la Convocatoria, la Nota de resolución de Adjudicación y el Documento Base de Contratación- indican el nombre y versión del programa de software adquirido.
En la segunda observación, se ve que la empresa que se adjudicó el contrato del ABNB sería también la que proporcionó, en octubre de 2014, la oferta económica para definir el precio referencial de un sistema denominado Alfresco Estándar, un "software Open Source, por lo que no es necesario pagar licencias por su uso”. Dicha oferta cotiza la suscripción, soporte y mantenimiento por un año (por 25.000 dólares); la capacitación oficial del sistema de forma integral (por 8.000 dólares) y los servicios de implementación (por 47.000 dólares). El importe total es de 80.000 dólares (que equivale a 556.800 bolivianos). De acuerdo al documento, la oferta tenía una validez de 90 días y un tiempo de entrega de 25.
La tercera observación es que la suscripción, soporte y mantenimiento tendrían que estar proporcionados por el fabricante y deberían respaldarse con un contrato de licencia, documento que no está registrado en el proceso de contratación.
En cuarto lugar, la cotización de la capacitación oficial del sistema y los servicios de implementación tienen montos que ascienden a más doble del definido para el sistema y no estarían respaldados por ningún documento que los describa.
La quinta observación es que, de acuerdo al documento de contratación, "el proponente debe contar con autorización para comercializar el producto ofertado en territorio boliviano”. Se verificó en la página web de la empresa que en el directorio Partners Alfresco no existe ningún representante acreditado en Bolivia. Sin embargo, en la página web de la empresa que se adjudicó el contrato, Alfresco figura como un "aliado”. Este aspecto fue resuelto con una nota, de noviembre de 2014, del representante de Alfresco para América Latina a la FCBCB. No obstante, se verificó que en 2012 una empresa ofertó la distribución de este software en Bolivia, pero dejó de hacerlo.
En sexto lugar, en la contratación se aprobaron varios términos de referencia del Documento Base de Contratación (DBC) que contradicen aspectos legales del contrato marco de Alfresco, documento que no está presente entre los documentos del proceso de contratación y que puede ser leído a través de la página web de la empresa (www.alfresco.com). Entre los términos de contratación se dice que el sistema debería tener acceso para un número ilimitado de usuarios. Sin embargo, en la descripción del producto se lee que puede ser usado hasta por 1.000 conexiones.
Otro elemento es que, según los requerimientos, "las licencias ofertadas e incluidas en la propuesta deben corresponder a la última versión estable del producto ofertado, estar a nombre del ABNB y tener carácter de perpetuidad”. Pero, la oferta se realizó para la versión 4. En la página web de Alfresco la última versión es la 5. Además, no existe documento que especifique el tipo y volumen de bases de datos y archivos electrónicos que se integrarán al sistema; los requerimientos sobre revisión y reparación de datos e información de origen; las características técnicas específicas de configuración; el número y función del personal requeridos, número de horas y tipo de capacitación.

La séptima observación es que hasta hoy no se puede acceder a Alfresco para verificar la migración de los 84.500 registros del sistema antiguo y las versiones digitales de los documentos. Finalmente, el software comprado en 2014 aún no está en uso. El 31 de marzo de 2015 Fernández dijo al personal: "A la fecha aún nos encontramos en desarrollo del software Alfresco”.

Fernández: "El proceso de adquisición ha sido público”

Sobre las observaciones, el director del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (ABNB), Juan Carlos Fernández, explicó que el proceso de adquisición ha sido transparente.
Existen documentos que muestran irregularidades en la adquisición del software Alfresco para el Archivo. Además, tras casi un año aún no funciona en un 100%. ¿Qué dice al respecto?
Lo que le puedo decir es que, por procedimiento, en la Fundación del Banco Central de Bolivia se hace una auditoría anual de las actividades del año anterior. En este sentido, esa adquisición es objeto de esa auditoría, y me parece que esa información ha sida públicamente divulgada porque tampoco es confidencial o secreta. Como usted sabe, la gestión pública está totalmente expuesta a la transparencia, es una obligación. Entonces, el proceso de adquisición ha sido absolutamente público y la evaluación de esta compra se ha hecho por las instancias correspondientes de la fundación.
¿Para qué se usa ahora Alfresco?
El software tiene componentes de colaboración, que es uno de los ámbitos muy importantes de gestión de recursos web, de gestión documental y un otro que ahora no tengo presente. Sí lo estamos utilizando, por ejemplo, para automatizar el proceso de gestión administrativa, institucional del ABNB. Estamos automatizando los procesos administrativos y eso acompañado de cambios en la organización. Por ejemplo, creamos una ventanilla única de trámites que no tenía el ABNB, entonces, es el único punto de ingreso y salida de documentos, y este es un hecho organizacional que hace evidente que se está procurando gestionar los documentos de la vida cotidiana de la institución en una forma controlada y a la vez con recursos informáticos, con aplicaciones de software. Lo estamos utilizando, en principio, con ese propósito, ese es el horizonte, pero también estamos automatizando procesos técnicos del archivo patrimonial en el Alfresco.

Las observaciones
Especificación En el registro del Sicoes del proceso de compra del "software para gestión documental del archivo patrimonial y archivos de oficina del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (ABNB)”, que se realizó entre noviembre y diciembre de 2014, ninguno de los documentos de adjudicación y recepción indican el nombre y la versión del programa de software adquirido.
Oferta La empresa que se adjudicó el contrato del ABNB sería también la empresa que proporcionó, en octubre de 2014, la oferta económica para definir el precio referencial de un programa denominado Alfresco Estándar.
Licencia La oferta económica de la empresa que se adjudicó el contrato supuestamente señala que la suscripción, soporte y mantenimiento por un año tienen un costo de 25.000 dólares. Estos aspectos tendría que estar proporcionados por el fabricante y deberían respaldarse con un contrato de licencia, que no está en el proceso de contratación.
Capacitación La oferta económica también señala que la capacitación oficial del sistema de forma integral tendría un costo de 8.000 dólares, y los servicios de implementación ascenderían a 47.000 dólares. Estos montos son más del doble del definido para el sistema y no estarían respaldados por ningún documento que los describa.
Presencia en Bolivia En el directorio de Partners Alfresco no existe ningún representante legal acreditado de Alfresco en Bolivia, el cual debería existir para ser contratado por una empresa pública nacional. Durante el proceso de contratación este requisito fue resuelto con una nota enviada por el representante de Alfresco para América Latina a la Fundación Cultural del Banco Central (FCBCB).
Contradicción En la adquisición de este programa se aprobaron varios términos de referencia del Documento Base de Contratación (DBC) que contradicen aspectos legales del contrato marco de Alfresco, contrato que no está entre los documentos del proceso de contratación.
Migración Hasta el momento no existe ningún punto de acceso al sistema Alfresco en el que se pueda verificar la migración de 84.500 registros del sistema antiguo DIGIARCH y las correspondientes versiones digitales de los documentos registrado.
Uso El 31 de marzo de 2015, el director del ABNB, Juan Carlos Fernández, comunicó al personal a través de una nota interna que "a la fecha aún nos encontramos en desarrollo del software Alfresco”. Sin embargo, el sistema debería estar listo desde diciembre de 2014.

Gobiernos municipales 60% de corrupción por no conocer las normas

El contralor general del Estado, Gabriel Herbas, dio a conocer este lunes que el 60% de los actos de corrupción que se cometen en la administración de los municipios del país se da por desconocimiento e incumplimiento de las normas, en tanto que el otro 40% son casos fehacientes de corrupción.

"Lo que hemos ido viendo, aunque no son cifras exactas, pero en porcentajes aproximadamente un 60%, cuando ocurren irregularidades, normalmente son problemas de no cumplimiento de las normas, o sea son problemas que se generan en desconocimiento y no cumplimiento", manifestó.

Uno de los departamentos que más denuncias tenía al respecto era La Paz y sus 87 municipios, pero, precisó Herbas, en los últimos tres años redujo las cifras en estos casos.

Los municipios pequeños también llaman la atención porque también se presenta un número considerable de denuncias.

Ante ausencia de abogado Juicio contra Soza se posterga

Ayer, el juicio contra el exfiscal del caso terrorismo, Marcelo Soza, debió comenzar en Sucre. Sin embargo, su abogado de oficio no apareció y el juez decidió postergar la audiencia hasta el 11 de noviembre, reportó radio Aclo de la Red Erbol.

El juez Primero de Sentencia en lo Penal de la capital, Eduardo Gonzales, explicó que el argumento del abogado de Soza para su ausencia no justifica la misma.

“Él ha presentado unos pasajes dentro de una empresa de la ciudad de Potosí, sin embargo, eso no justifica el motivo de su ausencia, únicamente demuestra que él ha estado ausente de esta ciudad”, explicó.

El juez Gonzales agregó que decidió multar con 400 bolivianos al defensor de Soza y que le otorgó 48 horas para justificar su inasistencia y que, en caso de no hacerlo, decidirá si su abandono fue malicioso, lo cual implica otra sanción pecuniaria.

El Ministerio Público acusó a Soza de incumplimiento de deberes y abandono del cargo, debido a que el exfiscal renunció a su cargo y viajó a Brasil sin rendir el informe de sus actos.

Soza salió a Brasil declarándose perseguido político. La justicia lo declaró rebelde y ahora será enjuiciado en esa calidad.

Potosi Virginia Vela tiene una orden de aprehensión

Una autoridad jurisdiccional libró un mandamiento de aprehensión contra la expresidenta del Concejo Municipal, Virginia Vela Cuba, quien presuntamente cometió una múltiple estafa.
Así lo confirmó a el Potosí, el fiscal departamental de Potosí, Antonio Leniz, quien dijo que ahora será la Policía la que ejecute esa disposición judicial.
“Se ha aplicado lo expuesto en el artículo 87, inciso primero, concordante con el artículo 89 del Código de Procedimiento Penal. En otras palabras está declarada rebelde en el referido proceso”, informó.
La exconcejal no compareció a la audiencia cautelar que debió efectuarse ante un juez instructor penal este fin de semana. La parte civil pretendía solicitar la detención preventiva en la cárcel de Cantumarca. Es más, Vela Cuba fue declarada rebelde y contumaz a la ley.
El fiscal dijo que la exfuncionaria edil fue imputada por la presunta comisión del delito estafa con víctimas múltiples. La denuncia la presentó la Asociación de Mecánicos a cuyos afiliados presuntamente pretendía vender terrenos en la localidad de Agua Dulce, distante a 20 kilómetros de la Villa Imperial.
Para concretar la transferencia habrían depositado un millón de Bolivianos a la cuenta de la exconcejal, pero nunca se realizó la entrega de terrenos en la población referida.
No obstante, en el momento que se conoció la acusación contra la exconcejal, Vela desmintió sobre la múltiple estafa e incluso presentó a los medios de comunicación al propietario de los terrenos en Agua Dulce.
Empero, la investigación por ese delito prosiguió de manera normal y se halló probables indicios de responsabilidad contra Virginia Vela.
Es por eso que el Ministerio Público decidió imputarla formalmente por una presunta múltiple estafa.
Y, a la vez, solicitó la audiencia cautelar que el juez resuelva su situación procesal tal como está previsto en la normativa legal vigente en el país.
Ayer el Potosí no pudo lograr una entrevista con la exconcejal debido a que su celular estaba apagado.

jueves, 24 de septiembre de 2015

Por caso Belaunde Exviceministro Pérez declarará ante la Fiscalía

La fiscala Jenny Quispe informó que el Ministerio Publico convocará al exviceministro Jorge Pérez a declarar en calidad de testigo para informar sobre las conversaciones que sostuvo con el empresario Martin Belaunde en diciembre de 2014.

"Si se va a llamar al Ministerio Publico a declarar al exviceministro (Jorge Pérez)", indicó la fiscal a los medios de comunicación.

Quispe señaló que la medida es para que Pérez explique a la comisión de fiscales las razones por las que entabló conversaciones con Belaunde.

La fiscal mencionó que Pérez comparecerá este viernes ante la Fiscalía con el fin de coadyuvar con las investigaciones.

Esta convocatoria se debe a que el exviceministro fue reconocido en un audio, difundido por un medio televisivo del Perú, conversando con el empresario peruano; la prensa peruana dijo que la voz correspondía al exministro Hugo Moldiz, pero éste desmintió la acusación y señaló a Pérez.

Pérez reconoció que la voz del audio era suya y que realizó la conversación con el único fin de conocer el paradero del exasesor del presidente de Perú, Ollanta Humala.

El exviceministro afirmó que en tres ocasiones sostuvo conversaciones con el empresario peruano e incluso lo vio personalmente en al menos dos oportunidades.

Ayer, el Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, anunció que se debe convocar a Pérez para que explique sobre las conversaciones que tuvo con Belaunde.

Caso Rózsa Suspenden audiencia hasta el 5 de octubre

Esta semana no pudo arrancar la audiencia del juicio oral del caso Rózsa porque el juez se vio obligado a suspenderla para el lunes 5 de octubre a las 15:30.

Ayer, a pesar de que el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) tenía horario continuo hasta las 14:00, en esa torre de cemento solamente se encontraba a las 15:30, los actores del juicio del caso Rózsa.

Juez suspende por tres motivos. El presidente del Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, Sixto Fernández, decidió suspender la audiencia por tres motivos.

El primero, al igual que el lunes y martes, por problemas de conexión del Skype en el domicilio del Gral Gary Prado Salmón. El segundo impedimento, es que el acusado Hugo Paz, tiene una enfermedad infecto-contagiosa y el tercero, que continúa internado en la clínica Foianini, Ronald Castedo, por su afección cardiaca.

miércoles, 23 de septiembre de 2015

Caso Rózsa Suspenden juicio por tercera vez

Por tercera vez consecutiva, el Tribunal Primero de Sentencia suspende la audiencia del caso Rózsa esta semana. Ayer fueron tres causales, el primero ante la caída del sistema de videoconferencia no se pudo hacer contacto con el general Gary Prado Salmón desde su domicilio vía Skype. El segundo motivo es por la internación en la clínica Foianini del coacusado Ronald "Chichi" Castedo a causa de una dolencia cardiaca. La tercera causal fue el pedido de Hugo Paz, de hacerse una revisión forense, ya que al parecer le ha salido una especie de herpes en su cuerpo.

Audiencia hoy en la tarde. Ante estos inconvenientes, Sixto Fernández, presidente del Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, dispuso que la Fiscalía a través de lDIF disponga de un profesional forense para evaluar el estado de salud de los procesados y continuar la audiencia hoy a las 15:30.

Denuncia de daño económico en TAM por Bs 1 millón

En 2007 Transporte Aéreo Militar (TAM) desembolsó la suma de 1.313.444,01 bolivianos para la compra de repuestos de aeronaves (BAe-146-200). Desde ese año hasta 2014 se identificó descargos irregulares, y se desconoce el destino de los mencionados repuestos, por lo que un informe de auditoría concluyó “que existe evidencia suficiente para establecer un posible daño económico”.

Si bien el hecho sucedió el 2007, la querella se presentó en 2014 y los principales señalados ocupan actualmente altos cargos en la institución castrense.

En primera instancia se atribuyó la responsabilidad de realizar descargos de estos recursos al coronel Marco Antonio Benavides, que en esa época fungía como responsable de adquisiciones el departamento IV de la FAB, sin embargo, el informe de auditoría reveló que no existen firmas ni cheques girados a esta persona, por lo que se descartó la culpabilidad del oficial de los recursos desembolsados.

Asimismo, en 2014 Benavides inició una querella penal en contra de los supuestos responsables de este ilícito, por el delito de enriquecimiento ilícito, incumplimiento de deberes y encubrimiento.

“La cuestión es que desde el 2007, momento en que se realiza esta supuesta transacción hasta el año pasado, mi cliente ha sido intimado constantemente, a presentar descargos y ni siquiera querían extenderle una copia legalizada del cargo de cuentas que se le atribuía, razón por la cual hemos tenido que recurrir al Ministerio Publico querellándonos en contra de estas personas”, indicó el abogado del oficial, Ramiro Cabrera a ANF.

El abogado dijo que en primera instancia la querella fue realizada en contra de Julio Cesar Villarroel (gerente del TAM), Jaime Flores (director financiero del TAM en 2007), Emeterio Diaz Jachu (jefe de auditoria) y Elizabeth Lema, de los cuales solo se imputó a Flores.

Sin embargo, Cabrera indicó que se amplió la querella en contra de José Ramiro Callapa Cano (tesorero del TAM), a raíz de que los cheques fueron girados a su nombre.

Este medio intentó comunicarse con el coronel Julio Cesar Villarroel (director general del TAM), uno de los denunciados, pero el personal administrativo de la entidad respondió que el citado oficial no brinda conferencias de prensa, ni trata temas vía telefónica. Una secretaria del TAM pidió un solitud formal para considerar el tema, por lo que se le hará llegar el oficio solicitado.

Según el abogado, los supuestos requerimientos de recursos para la compra de los supuestos repuestos habrían sido realizados a nombre de su cliente, sin embargo, Benavides jamás recibió ningún cheque, y mucho menos firmó un cargo de cuentas.

Además, en este proceso administrativo se violó el conducto regular ya que se habría girado cheques directamente a nombre de una persona sin pasar por la autorización de oficiales de otras áreas superiores; en este caso el procedimiento correcto es que los cheques tendrían que haber salido a nombre de la empresa de la cual se adquiría los repuestos, previa cotización, para luego realizar la facturación y descargos correspondientes, cosa que no se hizo.

“Hay un informe de auditoría interna sobre esto, donde dice, en la parte final, que no se ha podido verificar la existencia de los repuestos y no se explican por qué ha salido a nombre de José Ramiro Callapa Cano, entonces la auditoría especial determina que no existe responsabilidad penal con relación a ellos (coronel Benavides y otros oficiales)”, argumentó el abogado.

Según Cabrera hay una estructura de corrupción al interior de la institución castrense que encubre el esclarecimiento de este tipo de delitos.

martes, 22 de septiembre de 2015

Caso Rózsa Suspenden juicio por falta de una juez

El titular del Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, Sixto Fernández, se vio obligado ayer a suspender la audiencia del caso Rózsa en Santa Cruz, ante la ausencia de la juez ciudadana Sonia Mamani.

El juzgador determinó para hoy la audiencia a las 15:30 en el segundo piso del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) cruceño.

Además, el juzgador conminó a la juez Mamani para que se presente hoy a las 15:30 en audiencia, caso contrario, amenazó con librar un comparendo contra su colega del Trubunal de Sentencia.

Continúan con el primer testigo Por otro lado, mañana se cumplen 180 días o 6 meses de que viene declarando el primer testigo del Ministerio Público, My. Miguel Rolando Ocampo. Este oficial de Policía es uno de los 43 testigos de la Comisión de fiscales, por lo que ya están analizando reducir el listado de testigos para poder avanzar en el proceso.

Procuraduría coadyuva en recuperación de barcazas

El procurador general del Estado, Héctor Arce, dijo ayer que su despacho coadyuva con el Ministerio de Defensa en la parte jurídica. Se logró ya evitar el remate de las 16 barcazas, que a la fecha se encuentran en astilleros de China. Se espera un acuerdo final para su recuperación total.

“Nosotros somos abogados del Estado y como tal, participamos brindando seguridad jurídica, pero las peculiaridades de un acuerdo, como anunció el ministro Ferreira, corresponde a otras instancias”, sostuvo.

Expuso que su despachó coadyuvó en la paralización del remate y las futuras negociaciones que se encaren son responsabilidad de Enabol. “El ministro Ferreira ha efectuado algunos adelantos y eso le corresponde”, sostuvo.

El pasado sábado, el ministro Reymi Ferreira debía brindar un informe sobre la Empresa Naviera Boliviana (Enabol) en la Cámara de Diputados a petición de la diputada Norma Piérola, petición de informe que fue suspendido sin fecha.

PLAZO

En el último contacto con los medios de comunicación, el ministro Ferreira indicó que se tenía dos meses (hasta octubre) para que el Gobierno boliviano resuelva el cómo recuperar las barcazas construidas en astilleros chinos, que actualmente se encuentra en puertos del país asiático. Espera que en ese lapso de tiempo se consolide el acuerdo con empresas estratégicas que sean socias para la recuperación.

Una de las empresas que podría disponer de una parte del capital requerido sería la Corporación de las Fuerzas Armadas Para el Desarrollo Nacional (Cofadena).

En cuanto a los remolcadores existe la propuesta para que se pague el bodegaje y la terminación de los dos empujadores. En la oportunidad dijo Ferreira que la condición es que sea socia minoritaria, pues el Estado aportará el 51 por ciento, reconociendo los 30 millones de dólares invertidos.

Para concluir la negociación se tienen 30 días, en lo referido a los empujadores. A ellos se suman los dos meses en los que debe terminar la negociación sobre la titularidad de las barcazas, requisito previo, dijo, para recuperarlas.

En total, se precisa de al menos diez millones de dólares para cubrir en la demanda del Tribunal Marítimo de China, otro tanto para culminar la construcción de los remolcadores y su almacenaje, además del transporte.

domingo, 20 de septiembre de 2015

Felipe Pigna, historiador argentino y consultor de The History Channel “La plana mayor de la revolución argentina pasó por Chuquisaca”

Desde que publicó su primer libro, la popularidad del historiador argentino Felipe Pigna no paró de crecer. Pasó de divulgar la historia de formato en formato, llegó a la radio y hasta a la televisión internacional. Aún escribe libros y hoy también utiliza las redes sociales.
"La gente me para por la calle, lo cual no es nada común para un historiador; pero a mí me pasa y lo digo sin ninguna soberbia, sino como un dato ilustrativo”, comenta.
Es consultor para América Latina de The History Channel, donde realizó la serie de documentales sobre los bicentenarios latinoamericanos Unidos por la Historia. La semana pasada visitó el país y conversó con Página Siete.
Salvando las diferencias, en la región ocurrieron episodios muy similares casi al mismo tiempo, desde las guerras de independencias hasta el denominado giro a la izquierda que aún vivimos en América Latina.
"Tenemos un pasado común, en el que hay ciertas matrices comunes con las particularidades que nos diferencian”, asegura Pigna.
En esa línea –enumera el historiador- están los procesos de emancipación, de guerras civiles, la aparición de los movimientos nacionales, las crisis, los golpes de Estado, hasta la presencia supranacional en la región, en principio de Gran Bretaña y luego de Estados Unidos.
En esa trayectoria común, el vínculo entre Bolivia y Argentina merece una mención aparte, sobre todo respecto a las guerras de independencia. Cuando estallaron los gritos libertarios, en lo que ahora es el país funcionaba la Universidad San Francisco Xavier, entonces la más prestigiosa del Cono Sur, que es donde se formaron la mayoría de los próceres argentinos, expresa Pigna.
"Sin esta universidad gran parte de la vanguardia de la revolución argentina no hubiera tenido formación. Tenía que haberse ido a formar a Europa, cosa que la mayoría no podía por cuestiones económicas”, manifiesta, antes de agregar que "la deuda argentina” para con lo que hoy es Bolivia es enorme. "La plana mayor de nuestra revolución, con excepción de San Martín y Belgrano, que se formaron en Europa, pasó por Chuquisaca”, asegura.
En 1809, estallaron los gritos libertarios de Chuquisaca y de La Paz. En 1810 se da el inicio de la revolución independentista de Argentina. "La conexión en ese momento era muy fuerte”, sostiene Pigna.
Incluso, afirma este historiador, la letra original del himno argentino hacía referencia a las masacres ocurridas en La Paz y Chuquisaca durante ese proceso, elementos que luego fueron omitidos "para quitarle su contenido indigenista”.
Al respecto, este investigador comenta: "Se quita a los incas, se quita a Chuquisaca y La Paz. Se pasteuriza el himno. Pero en la literatura revolucionaria de la primera década del 10 al 20 hay una presencia muy fuerte de todo esto, del Alto Perú”.
Si en el pasado fueron los líderes de la independencia, en el siglo XX descollaron los liderazgos como los de Víctor Paz Estenssoro y Juan Domingo Perón. En este siglo son los de Evo Morales, y en su momento Néstor Kirchner y otros, los que expresan el giro a la izquierda de la región. ¿A partir de qué elemento se explica el surgimiento de este tipo de dirigentes políticos en América Latina?
"Nuevamente hablamos de elementos comunes. El liderazgo de Perón y Paz Estenssoro no se entendería sin la crisis del 30, donde hay un reacomodamiento ideológico, cuando las izquierdas tradicionales entran en crisis por lo que está pasando en la Unión Soviética, donde ese gobierno se está tornando algo espantoso… los procesos de Moscú, el estalinismo”, asegura Pigna.
Entonces, explica, surge el nacionalismo revolucionario o el nacionalismo popular, fenómeno latinoamericano que genera movimientos en Argentina, Bolivia, Perú, México, Brasil... y el cual es difícil encasillar en las dos grandes corrientes: marxismo o capitalismo; los movilizados no tenían una tradición marxista o socialista, encontraron en la ideología nacionalista su expresión.
El historiador sugiere que a partir de esa experiencia se reflexione en torno al surgimiento de los líderes de la izquierda actual. "Hay que leer la crisis del 30 para entender lo que hoy se llama los populismos latinoamericanos. Y creo que de alguna manera lo que hoy estamos viendo tiene una raíz en eso”.
De la época de la emancipación a los movimientos nacionalistas, este historiador investigó sobre José de San Martín y Evita, respectivamente. Su más reciente publicación sobre el primero es La voz del gran jefe. Ya antes escribió el libro sobre la líder argentina Evita, jirones de su vida.
"Evita siempre me pareció un personaje altamente interesante y me gustaba esa división que generaba tan tajante, de los que la amaban y de los que la odiaban, que eso lo generan únicamente personas que han marcado un hito en la historia”, expresa Pigna.
A continuación el historiador detalla algunos rasgos de esta personalidad: Evita cursó la primaria, se formó al calor de la lucha al lado de Perón, tenía una inteligencia muy particular, aunque se diferenció de él en ciertos elementos. "Uno podría decir en términos europeos que Evita está más a la izquierda que Perón, pero nunca se corrió de ahí, que siempre estuvo con Perón”, afirma.
El autor manifiesta que esta líder siempre fue "ninguneada”, valoración que se puede ver incluso -dice- en la película de Madonna, en la que se cuenta que "lo único que hizo Evita fue trepar y actuar”; algo que este historiador califica de "canallada”, por no ser cierto.
Pigna comenta que con su libro quería "dejar en claro este tipo de distorsiones” y profundizar en el aspecto ideológico, elemento que hizo de ella una mujer que sobresalió en el momento que no había líderes mundiales de su género.

Una pregunta de rigor; ¿Por qué Evita sobresalió más que Perón? "El contacto de ella con la gente era mucho más directo. Hay una frase que lo expresa bastante: ‘A Perón lo respetaban, a Evita la amaban’”.

HOJA DE VIDA


Origen Felipe Pigna nació en Buenos Aires el 29 de mayo de 1959.
Formador Este investigador es profesor de Historia.
Trayectoria Es director del Centro de Difusión de la Historia Argentina de la Universidad Nacional de San Martín.

Exdirigente del Fondioc Culpan a cinco dirigentes como los responsables del desfalco

El exdirector Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc), en liquidación, Marco Antonio Aramayo, identificó a cinco dirigentes, miembros del Directorio de la entidad estatal, como los responsables del “desastres” en esa instancia. Responsabilizó a Rodolfo Machaca (Csutcb), Ever Choquehuanca (Interculturales), Hilarión Mamani (Conamaq afín al MAS), Juanita Ancieta (Bartolina Sisa) y Melva Hurtado (Cidob afín al MAS).

Le mintieron a Evo. Aramayo comentó que los sindicados le mintieron al presidente Evo Morales sobre su responsabilidad en el manejo de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), que anualmente percibía el Fondo Indígena desde 2005. Señaló que durante el tiempo que llevó como Director del Fondo, entre 2013 a 2014, solo acató las determinaciones que adoptó el Directorio, que estuvo presidido por la exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo.

Cuestionó a Interventora. Asimismo protestó contra la interventora del ex Fondioc, Lariza Fuentes, porque lo responsabilizó de los cinco años de financiamiento de los proyectos productivos./Erbol

Senador del MAS inventó un pueblo para beneficiarse de Bs 950 mil

El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Jorge Choque Salomé, es acusado de inventar el nombre de un pueblo para beneficiarse con Bs 950 mil en proyectos del Fondo Indígena, según el portal de Eju Tv.

La querella fue presentada en el Ministerio Público de La Paz, por Eduardo León, abogado del diputado de Unidad Demócrata (UD), Rafael Quispe.

La demanda sostiene que el legislador oficialista recibió supuestamente en su cuenta personal los recursos, para el financiamiento del proyecto de Apoyo a la Producción Ganadera, mediante dotación de ovinos caras negras en beneficio de los comunarios de Coroxa, provincia Aroma de La Paz. Sin embargo, León sostiene que Coroxa no existe, por lo tanto el senador Choque, junto con los dirigentes Camilo Fernández, Gualberto Lima y Eraclo Nina, como representantes de la Federación Sindical Única de Trabajadores Agrarios de la provincia Aroma, Tupaj Katari, mintieron. Los delitos por los que el representante legal del diputado Quispe pide aprehensión inmediata son enriquecimiento ilícito, falsedad ideológica y uso de instrumentos falsificados.

Ratificó otras cuatro denuncias. Aparte del senador Choque, la representación legal del diputado Quispe ratificó sus denuncias ante la Fiscalía paceña y pidió orden de aprehensión contra Melva Hurtado, Juanita Ancieta, Gustavo Aliaga y Julia Ramos.

Contra la titular de la Confederación Indígena de Bolivia (Cidob) afín al MAS, Quispe la sindica de haber recibido en ocho depósitos a sus cuentas privadas de Bs 22.383.159,3.

Mientras que Ancieta, como titular de la Federación de Mujeres Campesinas de Bolivia "Bartolina Sisa", es acusada de beneficiarse con Bs 8.530.814,50.

Gustavo Aliaga, de los interculturales, es acusado de haber sido beneficiado con Bs 131.428.

Finalmente, la querella contra Julia Ramos, acusada de haber recibido a su cuenta la suma de Bs 98.875.

sábado, 19 de septiembre de 2015

Video Edwin Castellanos y 7 exfuncionarios ediles son acusados de daños económicos a la Alcaldía

Dirigentes recibieron autos del Fondioc para cierre de proyectos

El Fondo Indígena entregó en 2014 camionetas y transfirió más de cuatro millones de bolivianos a líderes de las organizaciones sociales y a miembros del directorio de la entidad indígena, para la "verificación” y "cierre” de los proyectos.
Marco Antonio Aramayo, exdirector ejecutivo del Fondo Indígena con detención preventiva en el penal de San Pedro, informó ayer que hasta antes de la intervención los dirigentes no realizaron ningún descargo.
El 17 de febrero de 2014, mediante resolución de directorio del Fondo Indígena presidido por Nemesia Achacollo, exministra de Desarrollo Rural y Tierras, entregaron cinco camionetas Toyota Hilux "cero kilómetros 2014” de color rojo, cuyo valor es de aproximadamente 1,5 millones de bolivianos.
Los vehículos fueron entregados a los ejecutivos de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), de la Confederación de Mujeres Campesinas de Bolivia Bartolina Sisa, del Consejo Nacional de Markas y Ayllus del Qullasuyu (Conamaq), de la CIDOB y de la Confederación de Interculturales.
"Estoy seguro de que si ellos no me quitaban estos vehículos, yo hubiera podido cerrar esos proyectos, y hoy no estuviera preso injustamente”, dijo ayer Aramayo, que advirtió que si los dirigentes no declaran, los convocará como testigos de descargo del proceso en su contra.
Un mes después, el 25 de marzo de 2014, el directorio resolvió que las organizaciones "grandes”, como la CIDOB, la CSUTCB, las Bartolinas, los Interculturales y el Conamaq, reciban 600 mil bolivianos cada una, mientras que sectores "pequeños” reciban 300 mil bolivianos cada uno para el cierre de los proyectos.

Los dirigentes debían presentar sus descargos en noviembre de 2014. Según Aramayo, no lo hicieron hasta antes de la intervención del Fondo Indígena.

Presentan querella contra 5 dirigentes
El diputado de Unidad Demócrata (UD) Rafael Quispe presentó ayer demandas contra cinco dirigentes por presunta malversación de recursos del Fondo Indígena.
Entre las denunciadas están las dirigentes Melva Hurtado, ejecutiva de la CIDOB, Julia Ramos, exministra de Desarrollo Rural, y Juanita Ancieta, de la Confederación de Mujeres Campesinas de Bolivia Bartolina Sisa.
"Hurtado recibió 22 millones de bolivianos, Ancienta más de 8 millones de bolivianos, Ramos 98.000 bolivianos, todas en sus cuentas personales. Existen pruebas y las entregamos a la Fiscalía”, afirmó Eduardo León, abogado del diputado Quispe.
León pidió a la Fiscalía acelerar la investigación y dar con el dinero del Fondo Indígena. "Este caso es de la misma dimensión de los casos Huanchaca, narcovínculos, y por eso no vamos a dejar que pase”.

Senado espera informes para definir la suerte de Jorge Choque


La Cámara de Senadores espera los informes de la Fiscalía General del Estado y de la Interventora para definir cuál será la suerte del senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Jorge Choque Salomé, quien recibió 6 millones de bolivianos del Fondo Indígena.
"Estamos esperando que nos den información de la Fiscalía General del Estado y de la intervención al Fondo Indígena, en función a la información que nos llegue de estas dos instancias vamos hacer una valoración, ver la pertinencia de tomar alguna medida”, informó el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gringo Gonzales.
Hace 18 días, el diputado de Unidad Demócrata (UD) y exdirigente del Conamaq, Rafael Quispe, pidió al pleno de Senado otorgue "licencia” al legislador acusado para que conduzca su defensa sin ningún fuero.
El presidente del Senado considera que los informes llegarán la próxima semana.
De acuerdo a la Contraloría, el Fondo Indígena transfirió 2,2 millones de bolivianos a Choque para tres proyectos de producción de forraje con semilla certificada en los municipios de Sisa Sica, Ayo Ayo y Collana. Estos tres están dentro de los proyectos "inconclusos” y "fantasma” que causaron un daño económico de 71 millones de bolivianos que reveló la Contraloría en febrero.
La Interventora informó que el Fondo también desembolsó a Choque 3,8 millones de bolivianos para cuatro proyectos de producción de forraje en Patacamaya, Umala, Calamarca y Colquencha. Todos fueron observados.

Abogado pide aprehensión de Jorge Choque 'Senador inventó pueblo para recibir Bs 950 mil'

El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Jorge Choque Salomé, es acusado de inventar el nombre de un pueblo para beneficiarse con Bs 950 mil en proyectos del Fondo Indígena.

La querella fue presentada en el Ministerio Público de La Paz, por Eduardo León, abogado del diputado de Unidad Demócrata (UD), Rafael Quispe.

La demanda sostiene que el legislador oficialista recibió supuestamente en su cuenta personal los recursos, para el financiamiento del proyecto de Apoyo a la Producción Ganadera mediante dotación de ovinos caras negras en beneficio de los comunarios de Coroxa, provincia Aroma de La Paz. Sin embargo, León sostiene que Coroxa no existe, por lo tanto el senador Choque, junto con los dirigentes Camilo Fernández, Gualberto Lima y Eraclo Nina, como representantes de la Federación Sindical Única de Trabajadores Agrarios de la provincia Aroma, "Tupaj Katari", mintieron .

Los delitos por los que el representante legal del diputado Quispe pide aprehensión inmediata, son enriquecimiento ilícito, falsedad ideológica y uso de instrumentos falsificados.

Se trató de ubicar al sindicado para conocer su versión, pero no fue encontrado.

Ratificó otras cuatro denuncias. Aparte del senador Choque, la representación legal del diputado Quispe, ratificó sus denuncias ante la Fiscalía paceña y pidió orden de aprehensión contra Melva Hurtado, Juanita Ancieta, Gustavo Aliaga y Julia Ramos.

Contra la titular de la Confederación Indígena de Bolivia (Cidob) afín al MAS, Quispe la sindica de haber recibido en ocho depósitos a sus cuentas privadas de Bs 22.383.159,3.

Mientras que Ancieta, como titular de la Federación de Mujeres Campesinas de Bolivia "Bartolina Sisa", es acusada de beneficiarse con Bs 8.530.814,50.

Gustavo Aliaga, de los Interculturales, es acusado de haber sido beneficiado con Bs 131.428.

Finalmente, la querella contra Julia Ramos, acusada de haber recibido a su cuenta la suma de Bs 98.875.

Las denuncias fueron hechas por la representación legal de Rafael Quispe a las 10:25 de ayer en las oficinas del Ministerio Público de la sede de Gobierno.

Fondo Indígena
Acusan de entregar tres camionetas a los afines al masismo

Corrupción. El ex Fondo de Desarrollo Indígena (Fondioc) entregó en 2014 cinco vehículos a organizaciones del Pacto de Unidad, que actualmente apoyan otra reelección del presidente Evo Morales.

Un video y una revista mensual (febrero-marzo) que la entidad estatal publicó ese año certifican este hecho.

La entrega de los vehículos se produjo gracias a una determinación del Directorio bajo Resolución 001/2014.

Según la Resolución, el Directorio autorizó al exdirector Ejecutivo, Marco Aramayo, la entrega de las cinco camionetas Toyota Hilux 201” rojas, cuyo valor suma en Bs 1,5 millones./Erbol

¿Camionetas del ex Fondioc en campañas oficialistas?

El ex Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc) entregó en 2014 cinco vehículos a organizaciones del Pacto de Unidad, que actualmente apoyan otra reelección del presidente Evo Morales, según lo que se pudo ver en un video y una revista mensual que la entidad estatal publicó en ese año, informó la red Erbol.

Los vehículos. La agencia de noticias agregó que la entrega de los vehículos se produjo gracias a una determinación del directorio, que se hizo bajo la resolución 001/2014.

La misma indicó que el directorio del fondo, entonces presidido por la exministra Nemesia Achacollo, autorizó al exdirector ejecutivo, Marco Antonio Aramayo, la entrega de las cinco camionetas Toyota Hilux cero kilómetros 2014 de color rojo, cuyo valor suma Bs 1,5 millones.

Las organizaciones beneficiadas del Pacto de Unidad, un frente de defensa del gobierno del MAS, fueron: la Cidob de Melva Hurtado, las Bartolina Sisa y la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia, entre otras.

¿En campaña?. Fuentes vinculadas a la entidad estatal señalaron a Erbol que los vehículos que se adquirieron, a finales de 2013, debían ser para el monitoreo y cierre de proyectos productivos, sin embargo, el directorio supuestamente resolvió que pasen a los ejecutivos de las cinco organizaciones nacionales para cumplir con otras tareas. Según tres exdirigentes que prefirieron guardar en reserva sus nombres, por temor a represalias, las vagonetas supuestamente no cumplieron su objetivo y fueron empleadas todo el 2014 para la campaña del MAS: "Evo Presidente", con miras a las elecciones generales de octubre de ese año.

Caso Fondioc Aramayo; dirigentes de organizaciones sociales imponían las resoluciones

Indignado por el trato que recibe y las constantes suspensiones de sus audiencias, ayer el exdirectivo del exFondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc), Marco Antonio Aramayo, denunció que los representantes de las organizaciones sociales que tenían participación en el directorio eran quienes presionaban, resolvían e imponían las resoluciones.

“Me llevan, me traen, estoy siendo sometido a violencia psicológica”, sostuvo en puertas del Juzgado Segundo de Instrucción en lo Penal Cautelar, donde debía realizarse su audiencia, además de mostrar las esposas que le pusieron. “Se me está vulnerando todos mis derechos y me considero un preso político”.

Ayer el Juzgado del Distrito de La Paz debía tratar la audiencia de objeción a la querella del diputado Rafael Quispe, que solicitó la defensa de Aramayo, sin embargo, fue postergada para nueva fecha por faltad de notificación.

Con el ceño tembloroso, se plantó en la puerta del Juzgado y empezó a develar lo que habría, en su criterio, ocurrido en el Fondo Indígena. “Los responsables durante mi gestión (estuvo el 2014) y me están acusando como si hubiera sido de los cinco años y el Ministerio Público no quiere esclarecer lo que ocurrió en el Fondo Indígena”, afirmó.

Con voz elevada de impotencia, Aramayo, sostuvo que fue el Directorio del Fondioc “no obedecía, no a su presidenta (Nemecia Achacollo). La Ministra no podía hacer nada peor podía hacer yo”, afirmó.

Indicó que Rodolfo Machaca de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Ever Choquehuanca, exdirigente de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (Cscib), Hilarión Mamani del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) y Juanita Ancieta de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia - “Bartolina Sisa” (Cnmciob-“BS”).

De acuerdo con la revelación de Aramayo este grupo de dirigentes de las organizaciones sociales era conocido como “las trillizas”, quienes mediante resoluciones disponían el destino de los recursos y cómo se los iba a gastar.

Asimismo, les pidió a estos dirigentes hacerse responsables de lo que firmaron “que no sean cobardes” porque en caso contrario solicitará a través de su defensa que las personas nombradas, serán convocadas en calidad de sus testigos. “Ellos daban órdenes, si la presidenta no hacía nada peor iba a ser yo”.

CAMIONETAS

En cuanto a las camiones cero kilómetros que se adquirió para el Fondo Indígena por un millón y medio de bolivianos. Según Aramayo, Damián Condori, Hilarión Mamani, Rodolfo Machaca y Juanita Ancieta, “me las quitaron y hoy estoy acusado por Incumplimiento de Deberes”.

La entrega se realizó por resolución de Directorio 001/2014, en la localidad de Copacabana. Estos motorizados, dijo Aramayo debían servir para constatar el cierre de proyectos, pero ni un proyecto fue concluido.

“Todo lo que hice fue para cumplir objetivos institucionales. Ellos saben dónde fueron esos recursos (…) Estuve seis meses callado para no entorpecer las investigaciones y me están aperturando 60 juicios, quieren que me pudra en la cárcel y no es justo”, sostuvo al mencionar que cuenta con cientos de documentos para demostrar lo ocurrido el 2014 en el Fondioc.

El dirigente de la CSUTCB, Rodolfo Machaca, no quiso pronunciarse al respecto, brevemente indicó que “se estaba inculpando a gente inocente y que la conciencia de Aramayo fue comprada por la oposición”.

DEFENSA

Por su parte, su abogado, Héctor Castellón, dijo a EL DIARIO que no sólo son documentos, sino extraña que el Ministerio Público no haya investigado “nada” en seis meses.

“Queremos que esos documentos aparezcan para determinar cuál es la verdad del Fondo Indígena, no es lo que nos ha dicho la Contraloría que son 71 millones de bolivianos de 153 proyectos. Repito, la Contraloría (General del Estado) no conoce uno de todos estos 153 proyectos”, afirmó.

Asimismo, calificó de “un trabajo muy mal hecho” la auditoría realizado al Fondo Indígena, porque los que realizaron esta actividad “nunca dejaron su escritorio y menos preguntado a uno de los beneficiarios, qué han hecho y realizaron un informe mal elaborado para que actúe el Ministerio Público”.

viernes, 18 de septiembre de 2015

FONDIOC Reciben Bs 690 mil y devuelven Bs 400

Tres comunarios de la localidad Pichari, de la provincia Sud Yungas, fueron aprehendidos después de comprobarse que están implicados en un proyecto “fantasma” del ex Fondo de Desarrollo Indígena, Originario, Campesino (Fondioc). Ellos recibieron 690 mil bolivianos, no ejecutaron las obras y solo devolvieron 400 bolivianos, informó el fiscal Róger Velásquez. Los responsables del proyecto "Apoyo a la Producción de Pollos Parrillero e Implementación de una Granja Avícola" en la Federación Especial Única de Trabajadores Campesinos (Feutca), recibieron Bs 690.184.

Sin ejecución. Según el fiscal Velásquez, los mismos habitantes de Pichari denunciaron que el proyecto no se ejecutó. Entonces, se envió un investigador que comprobó que no solo el proyecto es “fantasma”, sino que desviaron recursos para construir granjas de pollos en propiedad privada./Erbol

Implican a Castellanos en daño económico de Bs 56 millones

Las autoridades municipales de la Alcaldía de Cochabamba detectaron un daño económico de más de 56 millones de bolivianos en la comuna Adela Zamudio por la ejecución de 16 trámites irregulares de construcciones sin planos aprobados en la anterior gestión. Están implicados seis exfuncionarios municipales, entre ellos el exalcalde Edwin Castellanos.

La nueva gestión municipal intervino las oficinas de esa subalcaldía el 8 de julio e identificó inicialmente la desaparición de boletas.

El director jurídico de la Alcaldía de Cochabamba, Sergio Coca, mostró documentos y especificó que los casos corresponden a la gestión 2012.

Informó que solo en un caso de una construcción, el daño económico asciende a 41.837.533 de bolivianos.

Manifestó que la subalcaldesa de la comuna Adela Zamudio, Roxana Neri, certificó que hay documentación sustraída, que faltan informes técnicos, legales, boletas de paralización, planos, boletas de liquidación y que no existe ningún pago de la multa impuesta en la gestión 2012.

Detalló que los encargados le dijeron al Alcalde de ese entonces que era imposible aprobar el plano de construcción, según los reportes municipales.

“En un informe legal contradictorio revocan esa determinación, dejan sin efecto la multa y aprueban el plano”, dijo. Acotó que fue el mismo personal que observó su aprobación y luego la aceptó.

Informó que en un talonario de boletas de liquidación se detectó que del numeral 26152 directamente pasan al 26155.

“Aquí han sido sustraídas las boletas 153 y 154 que eran de la liquidación de la deuda que señalaba el técnico de la comuna Adela Zamudio”, precisó el director jurídico.

EXSERVIDORES El informe de intervención a la subalcaldía Adela Zamudio involucra al exalcalde Edwin Castellanos, al exsecretario general Javier Rodríguez, al exsubalcalde, al jefe de Atención al Ciudadano, a un encargado de área técnica y al oficial mayor de Planificación, entre otros.

Castellanos indicó que no conoce del tema. “Y, bueno, es responsabilidad de las comunas esas cosas”, dijo y expresó tranquilidad.

Rodríguez aseguró que cada trabajador tiene sus atribuciones, donde se establecen quiénes deben aprobar y elaborar informes, según el manual de funciones. Añadió que no tiene idea de estos casos. “Seguramente tendrán documentación para probarlo. Es fácil acusar”.

Según Coca, el documento que aprueba el plano de forma irregular tuvo el visto bueno de Rodríguez y Castellanos.

Informó que una vez que se identifique responsabilidad, grado de participación e individualización de actores de los delitos, el informe será remitido al Alcalde y que él dispondrá el inicio de acciones penales.

OTROS MÁS Coca añadió que hay 15 casos más en los que el modus operandi fue el mismo y que se estima que en cada uno de esos hechos el daño sería de un millón de bolivianos.

Explicó que se trata de 15 edificaciones que estaban construidas, concluidas a tiempo de ser entregadas y recién pidieron regularización de sus planos.

“Se les paralizaba, se les multaba y no fueron canceladas en el municipio”, sostuvo.

Investigarán a exautoridades de Alcaldía por presunta corrupción

El director jurídico de la Alcaldía de Cercado, Sergio Coca, anunció ayer una investigación contra exautoridades por presuntos hechos de corrupción y un daño económico de 41 millones de bolivianos.

“Estamos hablando de siete a ocho personas preliminarmente ya identificadas (...). Estamos hablando de un caso que causó un daño económico de 41 millones de bolivianos al municipio”, dijo en una conferencia de prensa.

Según Coca, entre los investigados estarán el exalcalde Edwin Castellanos, el exsecretario general Javier Rodríguez, el exoficial mayor de Planificación, Sergio Vega; y el exsubalcalde Fernando Vía, entre otros de menor jerarquía. “El caso está siendo derivado a la Dirección de Transparencia para la investigación respectiva”, aseveró.

La supuesta irregularidad se registró en la subalcaldía Adela Zamudio, una omisión del cobro de una multa por una construcción de un local comercial que no tenía planos aprobados.

Los dueños del edificio fueron sancionados, porque existía un informe de imposibilidad técnica, legal y normativa para atender su pedido de edificación, pero no se concretó el cobro”, sostuvo.

Coca agregó que los planos para la edificación del predio fueron aprobados después de que estaba concluido.

“Bajo el pretexto de una regularización se ha cometido este acto que es contrario a la norma”, complementó.

El funcionario estableció que la indagación preliminar determinó que la documentación e información del caso, especialmente una boleta de liquidación, desapareció y tuvo que ser buscada y, finalmente, encontrada “como destrozada” en una bolsa de yute.

miércoles, 16 de septiembre de 2015

Acusan a indígenas de corrupción

Mañana, cuatro nuevas demandas serán presentadas ente la Fiscalía por supuestos desvíos de recursos económicos del ex Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas y Comunidades Campesinas por un presunto daño al Estado de más de Bs 31,7 millones.

“Los casos serán individualizados contra Melva Hurtado, presidenta de la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (Cidob) (Bs 22 millones), Julia Ramos (Bs 600.000) y Juanita Ancieta (Bs 8,5 millones), ex dirigentes de la Confederación Sindical de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa y Edgar Foronda Mejía, exdirector de Transferencia de Recursos del Fondo Indígena (Bs 666.000). Aquí hubo desvío de recursos y la Fiscalía lo tiene que investigar”, manifestó Eduardo León, abogado del diputado Rafael Quispe.

Manifestó que los recursos se desembolsaron a cuentas personales. Por su parte Melva Hurtado aseguró que las obras siguen en ejecución y dijo estar tranquila aunque haya denuncias en su contra.

Ancieta y Ramos no contestaron sus teléfonos. Foronda está preso en la cárcel de San Pedro por lo que no se pudo conocer su versión. /MAM

La acusan de pedir dinero para condecorar a Evo Morales Más sindicaciones contra Melva Hurtado en Fondioc

Surgen nuevas sindicaciones contra la dirigente Melva Hurtado por el desembolso económico del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc) para condecorar al presidente Evo Morales y vicepresidente Álvaro García Linera.

El dinero utilizado supuestamente para elaborar las plaquetas de distinción a las autoridades sería de 3.500 bolivianos y no se habrá realizado el descargo ni la entrega oficial de las reconocimientos en el 2013.

El exjefe administrativo del Fondioc, Edgar Foronda Mejía, fue quien dio a conocer el supuesto desembolso desde la cárcel de San Pedro en La Paz, a la red Erbol.

Nueva sindicación. Según Foronda, además del presidente y vicepresidente, una plaqueta también habría sido preparada para la exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, para festejar el aniversario de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB).

El dinero para las plaquetas fue erogado de un fondo de avance de Bs 1,2 millones, que la Cidob solicitó a la MAE (Máxima Autoridad Ejecutiva) del fondo, es decir, al exdirector ejecutivo de ese entonces, Marco Antonio Aramayo, explicó Foronda. "Yo he realizado gastos para la elaboración de unas plaquetas que realizó la Cidob para entregarle al presidente Evo Morales y al vicepresidente Álvaro García Linera, y (otra) para Nemesia Achacollo, pero solo se entregó a (García) Linera y las demás se encuentran en almacenes de la Cidob. El dinero fue entregado a la señora Melva Hurtado, pero a la fecha no se descargó", manifestó.

Asegura que él mismo se encargó de que las plaquetas se realizaran como se había determinado.

Explicaciones. Tras las declaraciones, Melva Hurtado indicó a El Día que las acusaciones en su contra son falsas y sin fundamentos legales.

Asegura que tales sindicaciones tienen intenciones de quebrantarla o involucrarla en acciones de corrupción o malversación de fondos.

Confirmó que en el festejo de diciembre del 2013 sí estuvo presente Evo Morales, pero que no se le habría entregado alguna plaqueta o condecoración con recursos del Fondioc.

La dirigente afirmó que de acuerdo a la organización de las regionales que componen la Cidob afín al Gobierno, se preparó el escudo de la institución indígena bordado en una tela común y colocada en un recuadro de madera. "Se le regaló al Presidente un simple regalo que identifique a los indígenas de la Cidob no con un trabajo específico y fue financiado por las mismas regionales y no le entregamos nada más a nadie. Están las pruebas, hay videos de lo que yo estoy diciendo. Que me denuncien con pruebas", precisó.

Mencionó que el denunciante Foronda habría sido avalado en el cargo por el dirigente indígena Adolfo Chávez, presidente de la Cidob paralela, contraria al Gobierno.

Ante esta declaración, intentamos conversar con Adolfo Chávez pero se nos informó que se encontraba en su pueblo, Tacana, en la provincia Iturralde en el Norte amazónico de La Paz. Hurtado fue señalada antes por el diputado Rafael Quispe de recibir 23 millones de bolivianos del Fondioc en sus cuentas personales.

Obsequios. El presidente Evo Morales, en conferencia de prensa ayer en La Paz, fue consultado sobre la distinción, pero dijo desconocer el tema. "No tenía información de ese tema, no quiero pensar que los ponchos que me regalan es también con el Fondo Indígena. Es responsabilidad de los dirigentes explicar de qué se denuncia", añadió el primer mandatario.

Pidió a la justicia boliviana dar lo más antes posible con los responsables de la malversación de fondos económicos.

Observación
Senador reconoce que gastó recursos del Fondo indígena

El senador del gobernante Movimiento Al Socialismo, Jorge Choque Salomé, reconoció que gastó los más de Bs 6 millones que recibió del liquidado Fondo Indígena, pero que los proyectos no fueron cerrados.

El asambleísta dijo que no pedirá licencia de sus funciones porque tiene los descargos de la ejecución de proyectos y rechazó que sean proyectos "fantasma". Reconoció que los planes a su cargo no tienen el informe de cierre, es decir, de conclusión.

Choque aparece en la lista de los proyectos "irregulares" e "inconclusos" de la Interventora y de la Contraloría General del Estado. El Fondo Indígena le transfirió a su cuenta personal 6.017.003 bolivianos para la ejecución de siete proyectos que tenían un costo de ejecución de 6.756.005 bolivianos.

Choque aparece como representante legal de tres proyectos: producción de forraje con semilla certificada en Sica Sica, Ayo Ayo y Collana. /ANF.
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Suspenden juicio de corrupción en El Abra

Esta mañana se suspendió el juicio por corrución que involucraba a seis exautoridadades del penal El Abra. El malestar de un abogado y un incidente no resuelto por Dennis Mejía, exdirector del Régimen Penitenciario fueron los motivos presentados para la postergación de la audiencia.
El día de hoy era la fecha prevista para enjuiciar a las exautoridades en el Tribunal de Sacaba. Las denuncias que pesan en su contra son por delitos y abusos hacia los reclusos del penal El Abra.

La fecha que se estableció para el juicio suspendido es el 30 de septiembre, la hora fijada 9:00 am

Los abogados de los acusados piden que la nueva fecha sea postergada y argumentan que la Sala Penal Segunda no resolverá el incidente planteado por Dennis Mejía hasta el 30 de septiembre. Por su parte, el fiscal pide que se mantenga la decisión de la fecha. Los jueces deliberan al respecto.

Lotería perdió patrimonio a manos de funcionarios

La Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad (LONABOL) perdió unos 13 millones de bolivianos de su patrimonio, porque ex funcionarios se apropiaron de sus bienes.

“Estamos hablando de unos 13 millones aproximadamente (de pérdida) en tanto a infraestructura, equipos y otros. Entonces es una cantidad preocupante, pero data de muchos años atrás”, indicó la directora de esa institución, Rossió Pimentel.

Actualmente, LONABOL lleva adelante casi 100 procesos, la mayoría contra ex funcionarios.

“Tenemos una cantidad importante de procesos en el afán de recuperar algunos equipos que algunos ex funcionarios se han apropiado o, en algunos casos, porque al Lotería entrega billetes y los vendedores no han devuelto los recursos”, señaló.

Incluso, existe un caso que se inició en 1950, cuyo acusado ya falleció, pero LONABOL aún intenta recuperar el patrimonio perdido.

La Lotería lleva adelante 45 procesos civiles, 32 coactivos, 21 penales, ocho sumarios y nueve laborales. Agregó que este año cinco casos llegaron tener sentencia.

Por otro lado, Pimentel negó la denuncia de despidos y señaló que tras haber sido posesionada como directora en agosto pasado, algunos funcionarios presentaron su carta de renuncia. En otros casos confirmó que sí hubo remociones, pero en cargos considerados “de confianza”.

Caso Fondioc Édgar Foronda: “Mi cargo era elaborar comprobantes de egreso”

Édgar Foronda dijo que en su calidad de encargado de presupuestos del ex Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc), su labor era elaborar los comprobantes de egreso, de los gastos de avance del directorio y de la propia institución.

Como funcionario subalterno, sostuvo que nunca tuvo a su cargo el dinero de la institución, porque lo que hacía era pagar los fondos de avance, es decir, los gastos que realizaba el directorio en comida, alojamiento o pasajes.

“He pagado en las reuniones de directorio”, dijo que esos pagos los realizaba con comprobantes de egreso, que eran emitidos por el mismo directorio. Sin embargo a la fecha le falta descargar un 90 por ciento del total de comprobantes, porque el resto ya lo descargó.

“Tengo que descargar de 100.027 bolivianos y no es de un millón como refiere en una nota de prensa. Eso es la sumatoria de todos los funcionarios que han sacado los fondos de avance”, declaró a EL DIARIO.

PROCESO

El caso del Fondioc se conoció a raíz de un informe que realizó el contralor general del Estado, Gabriel Herbas, en el mes de febrero, tras una primera fase de la auditoría al Fondo Indígena, se detectó un daño económico de al menos 71 millones de bolivianos en 153 proyectos que nunca fueron ejecutados, pero que sí recibieron recursos públicos como parte de pagos anticipados.

A raíz de ello se procedió con la investigación y posterior captura de los supuestamente principales sospechosos y que eran parte del directorio de esa institución. Como resultado de ese trabajo a la fecha se encuentran en calidad de detenidos preventivos en la cárcel de Mujeres, Elvira Parra; en el penal de San Pedro Édgar Foronda, Marco Antonio Aramayo y Félix Mamani; mientras que Daniel Zapata se encuentra prófugo.

Al respecto Foronda dijo que se considera “un chivo expiatorio del Gobierno”: “Llegan como en una cacería de brujas a todos los proyectos que se han podido desarrollar en las comunidades. Pero en mi caso, soy administrativo, jamás he sido Director Administrativo Financiero y menos aprobar gastos, porque dependía de Willy Zabala”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que las reuniones de directorio eran a puerta cerrada y nadie más que no sean los directivos participaban. “Nos hacían desalojar a todos, era entre ellos”.

martes, 15 de septiembre de 2015

Junta oficial autorizó pago anticipado de las barcazas

La contratación de la empresa coreana General Marines Business (GMB), para la fabricación de 16 barcazas y dos remolcadores, fue autorizada por la junta directiva de la Empresa Naviera Boliviana (Enabol), la cual integraban representantes de los ministerios de Defensa, Economía y Finanzas, Aguas y Medio Ambiente, entre otros.

Este extremo fue consultado al Ministerio de Economía y Finanzas, hace más de dos semanas, sin que hasta la fecha haya respondido. También le fue consultado al ministro de Defensa, Reymi Ferreira, después de un informe que prestó sobre el tema en la Cámara de Senadores. Aseguró que nadie conocía sobre los trámites que había realizado el vicealmirante Freddy Ballesteros sobre el contrato para la fabricación de barcazas y remolcadores.

“No hay eso, está mal (…) puede que Enabol sí, han hecho tantas barbaridades, la Gerencia Administrativo no, pero el Directorio sin duda. Se les pidió informes (al Directorio de Enabol) pero fue el proyecto que se les presentó y estuvieron de acuerdo y cuando no había resultados se pidió otro informe (…) No consultaban nada y casi se agarran a puñetes cuando fueron a China, no es como se pinta. Tenemos las actas”, sostuvo la autoridad de Estado.

La documentación, en cuestión, se encuentra en el cuaderno de investigaciones al que tuvo acceso EL DIARIO y, actualmente, es parte de la indagación legal que realiza el Ministerio Público, por presuntos actos de corrupción en el contrato.

Según la documentación, Enabol canceló la suma de 28.9 millones de dólares, al contado, a dicha empresa coreana, para la fabricación de las referidas embarcaciones que debían entregarse en el puerto de Rosario, Argentina, a fines de 2010.

PROCESO PENAL

Sin embargo, por irregularidades cometidas en la firma del contrato, se denunció posible daño económico al Estado y, como consecuencia, se inició un proceso penal contra los responsables. A la fecha, hay personas con detención preventiva en el penal de San Pedro.

La Junta Directiva que autorizó dicho pago al contado, según los documentos de la investigación, estaba compuesta por representantes del Ministerio de Defensa (de acuerdo con el estatuto correspondiente, debe ser el titular de ese despacho), de la Armada Boliviana, de la Dirección General de Capitanía de Puertos, del Ministerio de Obras Públicas, de la Dirección II de la Marina Mercante y Lacustre, del Ministerio de Finanzas Públicas y del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas.

Las naves que se estaban adquiriendo debían ser utilizadas para el transporte de materias primas y otros productos provenientes de Santa Cruz, en particular, a través de la Hidrovía Paraguay-Paraná y así tener acceso directo al océano Atlántico.

APLICACIÓN DE UN REGLAMENTO

La elaboración del contrato con la empresa GMB tuvo como base el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios de la Empresa Pública Nacional Estratégica (Decreto Supremo Nº0181) Enabol (RE-SABS-EPNE-Enabol).

El órgano rector de dicho reglamento es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. En efecto, tiene que revisar y compatibilizar todos los reglamentos de contratación de las empresas públicas; es decir, que ningún contrato fiscal puede estar al margen del citado DS 0181.

Por tanto, es el que tenía que autorizar la entrega del anticipo del 100 por ciento del costo de la fabricación de las 16 barcazas y dos remolcadores, mediante el artículo 12 inciso c) del RE-SABS-EPNE-Enabol. Textualmente, dice:

“Garantía de correcta inversión de Anticipo.- Tiene por objeto garantizar la devolución del monto entregado al proponente por concepto de anticipo inicial. Será por un monto equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado y deberá tener una vigencia mínima de 90 (noventa) días calendario, computable a partir de la entrega del anticipo, debiendo ser renovada mientras no se deduzca el monto total. Conforme el Contratista reponga el monto del anticipo otorgado, se podrá reajustar la garantía en la misma proporción”.

ELABORACIÓN DEL CONTRATO

En cuanto a la elaboración de contratos, fue la Unidad Jurídica de Enabol, conforme al artículo 22 del Reglamento, la encargada de elaborar los contrato, en aplicación del mandato que le confiere: “Elaborar los contratos para los procesos de contratación”.

Otra disposición, pertinente a las condiciones de prefinanciación, inciso f, del artículo arriba mencionado expresa: “Garantía de Prefinanciación.- Si las condiciones particulares así lo dispusieren, se concederá prefinanciación al contratista, a petición de éste, por el monto que solicitare para operaciones relacionadas al objeto del contrato, debiendo entregar una Boleta de Garantía Bancaria igual o mayor al 100% de la prefinanciación otorgada, con una vigencia posterior no mayor a 90 días a la recepción definitiva”.

EXPLICACIÓN OFICIAL

El ministro Ferreira, en una conferencia de prensa, al referirse a las observaciones efectuadas al proceso y a la no inclusión de exautoridades de ese Ministerio en el proceso, declaró que, “en la desgraciada historia de contratación de las barcazas se ve error tras error y delito tras delito. Desde antes que se haga la contratación el gerente de esa época (de la Naviera) se fue a Corea, junto con el ejecutivo de la empresa con la que se contrató, y uno lo ‘ve ahora’, hay cosas incorrectas. Contratar sin boletas, firmar documentos de aceptación o pagar tres millones por transporte, sin boletas de garantía o permitir 14 subrogaciones, es una fila de errores”.

Según la autoridad, a la fecha las barcazas chinas están involucradas en al menos tres juicios en el Tribunal Marítimo de China, donde se logró que no sean rematadas. Ahora, el Gobierno de Bolivia tiene que demostrar derecho propietario, además de cancelar 4.2 millones de dólares; a ellos se deberán sumar al menos un millón de dólares, para liberar del almacenamiento en un astillero chino a los dos remolcadores y unos cuatro millones de dólares para terminar en estos la instalación de algunos equipos e insumos.

PROCESO

El juez décimo de Instrucción del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz dispuso el martes 25 la hipoteca legal de los bienes de los imputados en el proceso penal.

La hipoteca se hizo sobre 10 bienes inmuebles y ocho vehículos de los sindicados, con el objetivo de precautelar el presunto daño económico de casi 30 millones de dólares ocasionados al Estado, por la irregular compra de bienes navales.

“A solicitud del Ministerio de Transparencia, las autoridades jurisdiccionales procedieron a efectuar la hipoteca legal de los bienes de los imputados, con el propósito de precautelar el presunto daño económico provocado a las arcas del Estado Boliviano”, según la ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Lenny Valdivia.

lunes, 14 de septiembre de 2015

La Fiscalía aprehende al exdirector del FIC del 2012 en Villazón

Elvis López Bravo, exdirector del Festival Internacional de Cultura (FIC-2012), fue aprehendido por el Ministerio Público de la ciudad fronteriza de Villazón por el presunto irregular manejo administrativo financiero del evento cultural.
Así lo confirmó a el Potosí, el fiscal departamental Antonio Leniz, quien dijo que el exdirector fue trasladado a la Villa Imperial en un vehículo de la Gobernación con el objetivo de que comparezca ante un juez.
“El ciudadano es acusado de un mal manejo financiero e incumplimiento de contrato de lo que fue el Festival Internacional de la Cultura 2012”, afirmó.
López Bravo fue ingresado a una celda de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y se prevé que hoy, lunes 14 de septiembre, sea puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional. Se prevé que la instalación de la audiencia cautelar sea hoy por la mañana en el juzgado cuarto en lo penal. El juez de ese juzgado fue quién libró el mandamiento de aprehensión contra el exdirector del FIC, luego de haberlo declarado rebelde contumaz.
López Bravo manejó casi un millón de Bolivianos destinados exclusivamente para el festival de la cultura de esa gestión. De acuerdo con los datos investigados, el personal con el que trabajó el exdirector del FIC habría contratado hostales, restaurantes, artistas y otros, a quienes presuntamente no remuneró por los servicios.
En ese entonces, incluso, los coordinadores de área del festival también se quejaron porque no habían recibido sus sueldos por la labor cumplida. Además, se contrató al grupo La Noche por un monto superior a los 20.000 dólares. El grupo chileno jamás se presentó al público y no se habría hecho gestión para recuperar el dinero que se había supuestamente cancelado para la actuación.
La denuncia dice que habría incumplido un contrato que firmó con la Gobernación en la gestión de Félix Gonzáles.

El juicio

EL CASO de Elvis López Bravo y tres exfuncionarios del FIC-2012 está a puertas de la celebración del juicio oral público contradictorio.

domingo, 13 de septiembre de 2015

Caso FONDIOC salpica a exministra

La exministra de Justicia y exdirigente de la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, Julia Ramos, recibió del liquidado Fondo Indígena 4,2 millones de bolivianos para proyectos que cumplieron los plazos de ejecución de acuerdo al informe de la interventora Larisa Fuentes. También un proyecto de 5,4 millones de bolivianos fue presupuestado para la “construcción de estanques y reservorios de riego en la comunidad de Colón Sud” .

viernes, 11 de septiembre de 2015

Testigo del Caso Rózsa 'Nunca hubo ningún alzamiento armado'

El testigo del Ministerio Público, My. Miguel Rolando Ocampo, aclaró que nunca hubo alzamiento armado en Santa Cruz.

Declaraciones que fueron respondidas cuando el abogado Otto Ritter a través de la red Skype, le preguntó al policía si existieron enfrentamientos entre las fuerzas regulares y las supuestas milicias subversiva según Marcelo Soza.

"Con esas puntualizaciones se cae por su propio peso el supuesto delito de alzamiento armado, que se encuentra en la acusación formal del exfiscal del caso Rózsa", afirmó el jurista Gary Prado Araúz.

Nunca precisó supuestas milicias. Hace un tiempo atrás, el testigo dijo frente al Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, que desconocía la cantidad de personas que conformaban las supuestas milicias formadas por Eduardo Rózsa en Santa Cruz.

Fondioc hizo 4 depósitos en un día a cuenta privada de senador

El senador del MAS Jorge Choque Salomé, cuando era dirigente campesino, recibió en su cuenta personal 2,9 millones de bolivianos del Fondo Indígena en cuatro desembolsos hechos en un solo día (14 de septiembre de 2010), según el registro de ejecución de gastos SIGMA del Ministerio de Economía y Finanzas, dado a conocer por Eduardo León, abogado del diputado Rafael Quispe.
Choque Salomé, miembro de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, recibió dinero para la ejecución de cuatro proyectos de producción de forraje con semilla certificada en los municipios de Sisa Sica, Calamarca, Colquencha y Collana.
El Fondo Indígena transfirió para el proyecto de producción de forraje en Collana 739 mil bolivianos, similar monto desembolsó para el proyecto en Sica Sica. Ambos figuran en la lista de proyectos irregulares y "fantasma” que reveló la Contraloría General, en febrero pasado.
Asimismo, la entidad indígena desembolsó para la producción de forraje en Colquencha 712,500 bolivianos, igual monto erogó para el proyecto en Calamarca. Estos dos proyectos fueron observados por la Interventora.
Respaldado en el reporte SIGMA, el diputado de UD Rafael Quispe presentó una denuncia contra Choque por presunto enriquecimiento ilícito.
También solicita a la Fiscalía emita un mandamiento de aprehensión contra el asambleísta del MAS para evitar su fuga.
Eduardo León, abogado de Quispe, dijo que piden la aprehensión pues existe el riesgo de que Choque Salomé, aprovechando su condición de senador, obstruya las investigaciones.

"Por moral, ya debería haber renunciado al cargo”, sostuvo, y lamentó que el pleno de senadores no le dé licencia.

Choque dice que presentó descargos
El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Jorge Choque Salomé afirmó -en una anterior declaración al diario Página Siete- que presentó al Fondo Indígena los descargos de todos proyectos en los que figura como representante legal.
"Ya presenté todas las pruebas al Fondo Indígena, por tanto, no hablaré más”, indicó el asambleísta del oficialismo en esa ocasión.
Ante la denuncia presentada por el diputado Rafael Quispe contra el senador masista, Página Siete llamó en reiteradas oportunidades al celular del senador Choque, pero no respondió. Su asistente informó que se encontraba en una reunión y que no podía responder llamadas.
El nombre del legislador figura en la lista de proyectos fantasma e inconclusos que presentó en febrero la Contraloria General del Estado. También aparece en la lista de 713 proyectos observados por la Interventora del Fondo Indígena, ahora en liquidación.
La interventora Lariza Fuentes anunció que iniciará un proceso administrativo y penal contra los representantes legales de los proyectos observados.

Condenan vulneración de derechos del Gral. Prado

Derechos Humanos y el Comité pro Santa Cruz condenan la imposición del Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, de instalar un equipo de videoconferencia en la habitación del Gral. Gary Prado Salmón, para que este pueda participar de las audiencias desde su lecho.

Representantes de ambas instituciones coinciden de que son actitudes que violan la dignidad y el derecho a la intimidad de una persona enferma.

a defensa del Gral. Prado Salmón, patrocinado por su hijo y por Otto Ritter, presentarán en el transcurso de la jornada de hoy, el recurso de Acción de Libertad contra el pleno del Tribunal de Sentencia.

Tarjeta roja al acoso judicial. La presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) regional Santa Cruz, Marinés Galvis, dijo que se debe sacar una tarjeta roja al acoso del juez Sixto Fernández.

Agregó que con la violación a los derechos fundamentales del acusado, la autoridad judicial podría ser sancionada, ya que como agravante, atentó contra una persona de la tercera edad y que tiene discapacidad.

Cívicos reprochan la humillación. Las autoridades del Comité pro Santa Cruz, criticaron la humillación al Gral. Prado Salmón por la imposición del juez Fernández en la instalación del equipo de Skype en su domicilio. "Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”, dijo el titular cívico, Róger Montenegro. Mientras que Luis Fernando Camacho, segundo vicepresidente del ente cívico, señaló que es una vil humillación a un personaje de reconocida trayectoria, como es el Gral. Gary Prado Salmón.

Camacho se comprometió a realizar gestiones con el Defensor del Pueblo, Rolando Villena, para evitar que estos abusos del poder se queden en la impunidad.

Dictaron su detención Anciano denunció irregularidades en el Fondioc

Julian Flores fue apartado por los representantes de su comunidad y afirma que falsificaron su firma para removerlo del cargo, por lo que no tuvo participación en los desembolsos que los responsables del Fondo Indígena hicieron a una organización que no contaba con personería jurídica y junto a su abogada, Escarly Ticona, denunció las irregularidades desde el año 2013 pero sus reclamos no fueron atendidos.

Sin embargo, al figurar el nombre de Flores dentro de la nómina de los responsables del proyecto de mejoramiento de café en el municipio de Tipuani, Flores fue imputado por el Ministerio Público y ayer, la juez primero Anticorrupción, Cintia Delgadillo, ordenó su detención domiciliaria, para que se investigue los verdaderos antecedentes del presunto daño económico, de medio millón de bolivianos.

Flores fue beneficiado con esta medida sustitutiva, debido a sus 68 años y deberá cumplirla misma en su domicilio, previo depósito de Bs 20 mil de fianza.

jueves, 10 de septiembre de 2015

Video Denuncian al senador Jorge Choque por el manejo de Bs 3 millones del Fondo Indígena

Video Melva Hurtado, presidente de Cidob, niega haber recibido Bs 22 millones del Fondo Indígena

Fallas técnicas complican juicio del caso Rózsa vía Skype

La polémica decisión del Tribunal del Caso Rózsa de hacer participar vía Skype desde su domicilio al convaleciente general Gary Prado Salmón sumó ayer contratiempos técnicos que complicaron el desarrollo del juicio oral.

A primeras horas de la tarde de ayer y a través de una orden judicial de Sixto Justo Fernández, presidente del Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, los técnicos de Entel lograron instalar el punto B del sistema Skype en el domicilio del general Prado Salmón. Sin embargo, a las 16:10, cuando el titular del Tribunal reinició la audiencia en el segundo piso del Palacio de Justicia, cedió la palabra al abogado Otto Ritter, quien se encontraba en la casa de su cliente en la videoconferencia, pero no se escuchaba su voz. Esta falla técnica obligó al juzgador a suspender la audiencia por una hora y veinte minutos.

Una vez reinstalada la misma, Ritter comenzó con el interrogatorio al testigo del Ministerio Público, My. Miguel Rolando Ocampo, y se percibía el audio entrecortado.

Después de las objeciones del Ministerio Público, el jurista defensor de Prado Salmón, volvió a insistir que tampoco podía escuchar lo que se decía en el tribunal.

La situación obligó al juez Fernández a suspender para hoy a las 15:30 el juicio.

Violación a sus derechos constitucionales. Por su parte, el abogado Gary Prado Araúz lamentó que el presidente del Tribunal haya violentado los derechos constitucionales de su padre.

Esto en el sentido de que el general Gary Prado Salmón estaba siendo visto por los presentes en el salón de audiencias vía Skype echado de bruces en la intimidad de su habitación. Por tal motivo, el jurista hijo del acusado, dijo que junto con su colega Ritter, tomarán las medidas legales que correspondan contra el pleno del Tribunal Primero de Sentencia de La Paz.

Además comentó que se percibió una improvisación en la instalación del Skype que incluso afectó la recuperación de su padre.

El fiscal Marco Rodríguez insistió de que no se le violentó los derechos al general Prado y que fue necesario utilizar la vía Skype para dar celeridad a la audiencia.

Piden a las autoridades que se pronuncien. Para los acusados Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza, el allanar el domicilio del Gral. Prado Salmón para instalar el dispositivo digital, es un abuso de poder. Por ello, ambos pidieron el pronunciamiento contra el Tribunal, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, el Defensor del Pueblo y el Comité pro Santa Cruz, por atentar contra la salud, la vida y la dignidad del general Prado Salmón.

Guedes recordó que el militar es reconocido como un héroe nacional al combatir la guerrilla se arresto del subversivo argentino-cubano, Ernesto (Che) Guevara en 1968.

Según Mendoza, los abusos y atentados a la dignidad de las personas han sido comunes en el caso Rózsa. Indicó que cuando fue arrestado y después de ser torturado física y psicológicamente y cuando había pasado más de 120 días de su encierro, recién fue cautelado junto con Guedes.

Soza ratifica que hubo extorsión de 'alto nivel'

El exfiscal Marcelo Soza ratificó al periódico digital Erbol, que durante la fase preliminar de investigación en el caso Rózsa, operó una "red de extorsión del más alto nivel que recaudaba dinero a través de Claudia Arruda", quien la semana pasada fue sentenciada a dos años de prisión en un juicio abreviado.

Según Erbol, la investigación fue abierta en febrero de 2014 a demanda de la senadora Carmen Eva Gonzales, quien denunció actos de extorsión a dirigentes y líderes cívicos cruceños involucrados en el caso que estalló en abril de 2009 en Santa Cruz de la Sierra, en el que la Policía intervino en el hotel Las Américas con el resultado de tres extranjeros abatidos.

Erbol informó que Arruda admitió haber propiciado contactos en su domicilio entre el empresario Zvonko Matkovic y supuestos emisarios de Soza para actos de extorsión.

¿Para quién cobraba Arruda?. Erbol informó que Soza, desde Brasil en un comunicado enviado a los medios de prensa bolivianos, señaló que "Ana Claudia Arruda cobraba dinero para el vicepresidente, el ministro de Gobierno y Juan Ramón Quintana".

Además sostiene que la sindicada es tía de Jéssica Jordan, excandidata a gobernadora del MAS en Beni. Este medio digital agrega que Soza dijo que Arruda se contactó para un viaje al Beni, cuando él desconocía que la presunta tía pertenecía a "una banda de estafadores con varios procesos por estafa".

"Yo no me enteré que había hablado con Zvonko a nombre mío hasta que la prima de Zvonko me dijo: a mi primo lo han extorsionado. Y le contesté, dígale a su primo que denuncie este hecho, yo no le he pedido dinero a nadie. Esto fue en el año 2009 o 2010", manifestó el exfiscal que durante tres años investigó el caso Rózsa. Erbol publica que Soza comentó que pasada esa fecha, llegó a su despacho un mandamiento de aprehensión contra Arruda.

"Lo hablé con Juan Ramón Quintana y me dijo que no me preocupara, que ya estaba jodida por varios procesos, así que me olvidé del tema. Y después de tres años me veo con esta denuncia. Yo no he sacado ni un solo centavo. No puedo negar que no haya estado en la casa de Arruda con el teniente (José Juan) Laguna porque no desconfiaba de ella. No sospeché de las intenciones que tenía contra mi persona", añadió en su declaración a Erbol.

Juicio abreviado. Según el exfiscal, a Claudia Arruda le propusieron un juicio abreviado para implicarlo en un caso de extorsión. Según Erbol, Soza admitió haber visto una lista que manejaba el Ministerio de Gobierno a través de Carlos Subirana, Luis Clavijo y el ahora fallecido Carlos Núñez del Prado.

Erbol agrega que Soza señaló como verdaderos autores de la extorsión al vicepresidente, su hermano Raúl, Sacha Llorenti, Quintana y Jéssica Jordán.

"Todos ellos siguieron el juego de Evo Morales con la finalidad de desprestigiarme, condenarme y matarme para que no hable sobre las pruebas que el gobierno implantó en el hotel Las Américas", sostiene el exfiscal, de acuerdo a la versión de Erbol.

Desafió a Evo y Álvaro. El exrepresentante del Ministerio Público y principal investigador del caso Rózsa, desafió a los mandatarios del país.

"Yo desafié a Evo y a Linera a someternos al polígrafo, pero no quisieron porque sabían lo que habían hecho" manifestó Soza.

Advirtió que "algún día volveré al país y me sentaré ante estas personas. No confío en la justicia boliviana. ¿Con qué garantías voy a someterme a un proceso? Si todo está comprado y organizado".

Como se recordará, hace unos días la senadora de Unidad Demócrata (UD), Carmen Eva Gonzales, dijo en Santa Cruz que solicitará al Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, a la cabeza de Sixto Fernández, anular el proceso del caso Rózsa. Argumentó que es un proceso basado en la extorsión y el chantaje.

Fondo: 3 dirigentes observados siguen al mando de proyectos

Juanita Ancieta, Melva Hurtado y Ever Choquehuanca, dirigentes de organizaciones sociales afines al MAS, continúan como responsables de la ejecución de proyectos con recursos del nuevo Fondo de Desarrollo Indígena (FDI), a pesar de haber sido observados anteriormente por recibir dinero en sus cuentas personales.
Después del escándalo y luego de la intervención, los tres dirigentes continúan al mando de esos proyectos, para los que han sido asignados Bs 18,4 millones.
Los nombres de estos tres dirigentes se encuentran en la lista de 204 proyectos que el exFondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc) traspasó a la nueva entidad, según el informe entregado por la interventora Lariza Fuentes.
Juanita Ancieta, recientemente reelegida como secretaria ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia "Bartolina Sisa”, recibió en su cuenta personal dinero del liquidado Fondioc, que finalmente devolvió en el proceso de intervención de la entidad.
Ahora figura como representante legal de dos proyectos por un valor de 9,1 millones de bolivianos. El primero es para impulsar ferias entre productores y consumidores en el país. Para esta tarea fueron presupuestados 8,5 millones de bolivianos.
El segundo proyecto es para el "fortalecimiento de la gestión de proyectos” de las Bartolinas, con un presupuesto de 600 mil bolivianos.
La dirigente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) paralela, Melva Hurtado, fue acusada de haber recibido del exFondo la suma de 22.383.159 bolivianos en su cuenta particular para la ejecución de proyectos de las organizaciones indígenas de tierras bajas.
No obstante, Hurtado no es investigada ni fue llamada a declarar por la Fiscalía.
Según el informe de la interventora, a Hurtado se le transfirieron nueve millones de bolivianos, de los que 457.000 son para la "revalorización, rescate y producción de artesanías típicas de mujeres indígenas de tierras bajas” en Santa Cruz, y 543.000 para la "implementación de sistemas agroforestales en las subcentrales More y Joaquiniano” en Beni.
Un tercer desembolso, de ocho millones de bolivianos, es para el "apoyo” a la cadena de producción y comercialización de emprendimientos agrícolas en las 12 regionales de la organización campesina.
En un cuarto proyecto, Hurtado figura como responsable de la comisión administrativa en la implementación de sistemas agroforestales para enfrentar los efectos del cambio climático en comunidades de la TCO Takana Cavineño en Beni. Para este fin se le transfirió 323.264 bolivianos y el representante legal es Rafael Álvarez.
El dirigente de los interculturales, Ever Choquehuanca, está a cargo del proyecto de "fortalecimiento de la gestión de proyectos” de su organización, con 600.000 bolivianos.

Aprehenden a otro dirigente en el caso Fondo Indígena

El Ministerio Público ordenó la aprehensión del dirigente indígena Julián Flores Guayhua, representante legal del proyecto de implementación y mejoramiento de café en la comunidad San Miguel 4 de Octubre de Tipuani en La Paz. Se espera que el jueves se realice la audiencia en el Juzgado Primero de Instrucción Cautelar.
Según la fiscalía, la obra, financiada con recursos del ex Fondo Indígena no existe en el lugar y el Ministerio Público lo imputará por contratos lesivos al Estado e incumplimiento de contrato.
Flores es el segundo responsable del proyecto retenido por el fiscal Gregorio Blanco ya que el primero fue Modesto Chura quien está en detención preventiva en el penal de San Pedro hace una semana. Otros siete beneficiarios de proyectos del Fondo Indígena están también detenidos a la espera de su juicio.
El Fondo Indígena desembolsó a Flores Guayhua alrededor de Bs. 900.000; otros tres dirigentes también son responsables del proyecto.
El Deber informó que la Unidad de Liquidación del ex Fondo Indígena dejó en manos de la Contraloría General del Estado y de los ministerios de Desarrollo Rural y de Transparencia la decisión de procesar por incumplimiento de deberes a la exministra de Desarrollo Rural, Nemesio Achacarlo, que fue la cabeza del sector.
"Es una instancia que no corresponde a la liquidación. Se ha remitido el informe de intervención, a las tres instancias. Ellos ya tienen que establecer las responsabilidades que corresponden", precisó la liquidadora del Fondo, Larisa Fuentes.