jueves, 31 de julio de 2014

Tras 2 años del caso barcazas, aún no hay acusación formal

El Ministerio de Defensa ha expresado su preocupación porque después de dos años de que se presentaron las denuncias de "estafa” en la adquisición de 16 barcazas y dos empujadores, el Ministerio Público aún no ha formulado la "acusación formal” en el caso.
"Estamos preocupados por el tiempo que ha transcurrido. Hemos insistido al Ministerio Público para que pueda concluir la etapa preparatoria y, terminada esta etapa, a través del juez de la causa, se solicite el control jurisdiccional para que se vaya a la acusación formal”, declaró el titular de Defensa, Rubén Saavedra.
En julio de 2012, Página Siete denunció que la Empresa Naviera Bolivia (Enabol), contraviniendo las normas del país, pagó 30 millones de dólares por adelantado y al contado a la empresa General Marine Business (GMB) por la construcción de 16 barcazas y dos empujadores.
Los contratos fueron firmados a fines de 2009 y los bienes navieros debían ser entregados hasta 2010; sin embargo, se hicieron más de cinco adendas y hasta la fecha ninguno de los productos llegó a Bolivia, pese a que también se pagó por el transporte de esos bienes desde China.
El Ministerio de Defensa, tras la publicación de esta información, denunció el caso ante la Fiscalía a base de los resultados de dos auditorías en las que identificó responsabilidades administrativas y penales.
Producto de las investigaciones, están detenidos en la cárcel de San Pedro el exgerente general de Enabol, Fredy Ballesteros, y el abogado de la empresa china, Carlos Jang Hur. Además, están con detención domiciliaria otros tres funcionarios de la Enabol.
Un tribunal de justicia chino ha dictado el año pasado una orden "irrevocable” de remate de las 16 barcazas, y tomó esa determinación porque a la empresa subcontratada para la construcción de las barcazas no se le pagó por el almacenaje de los bienes.
La resolución del tribunal chino fue emitida el 3 de marzo de 2012, que disponía el remate de las barcazas por falta de pago de almacenamiento del equipo naval.
Sin embargo, el Gobierno boliviano evitó el remate de las barcazas, luego de que Enabol planteara un recurso de objeción ante el tribunal de justicia del país asiático. "El recurso fue admitido y se tramita esa objeción”, explicó Rubén Saavedra.

En el caso de los dos empujadores, el ministro informó que "están en un astillero. Todavía no han sido concluidos”, pese a que se pagó por adelantado.
Si bien el Gobierno dice que los empujadores están en un astillero, Página Siete conoció que esos medios de transporte fueron trasladados a otro lugar sin la autorización de Enabol.

Al respecto, la Embajada de Bolivia en China dijo que no tenía información.

El Estado no dará más recursos
El Estado boliviano no destinará más recursos económicos de los que ya dio para la adquisición de las 16 barcazas y dos empujadores, que desde 2010 no llegan al país, anunció el ministro de Defensa.
"Lo que pasa es que Enabol ya pagó el 100% del valor de las barcazas y de los empujadores. Lo que resta es que la empresa a la que se le pagó termine el 20% que falta en la construcción de los aparatos”, manifestó el ministro Rubén Saavedra.
No obstante, la Enabol no renovó las boletas de garantía, por lo que no existe ningún documento que obligue a concluir los dos empujadores. Según un informe de Enabol, tanto las barcazas como los empujadores sufren deterioros por los factores climatológicos y por el tiempo que se encuentran a la intemperie.
La Enabol tiene como objetivo principal participar en toda la cadena del transporte naviero, así como de servicios portuarios, en el marco del desarrollo de los intereses marítimos, fluviales y lacustres y de la marina mercante.
En ese contexto, las barcazas y empujadores tenían un fin para el transporte de los minerales del Mutún.

sábado, 26 de julio de 2014

Exfiscal dice que acusados por caso Rózsa fueron golpeados

El exfiscal Edward Mollinedo se sentó ayer frente al tribunal que lleva adelante el juicio por terrorismo 1, dirigido por Sixto Fernández y declaró como testigo ofrecido por procesados.
En medio de interferencias, objeciones y revocatorias presentadas por la Fiscalía, Mollinedo dijo que integró la comisión nacional de fiscales para atender el caso de los detenidos por terrorismo, actuaciones que las realizó el 16 y 17 de abril de 2009 y que los actos posteriores fueron de directa responsabilidad del exfiscal Marcelo Soza.
Según el exfiscal, en La Paz recibió a los acusados Mario Tadic y Elöd Tóásó para tomar sus declaraciones, pero antes gente del Ministerio de Gobierno le entregó un flash memory, aunque dijo que no recordaba qué contenía.
Comentó que ese día los detenidos estaban con una ropa rara, que parecía no ser de ellos, y que estaban mal de salud, por lo que ordenó su traslado a la clínica Copacabana. Tadic tenía muy malograda la dentadura, por los golpes que había recibido, manifestó.

La declaración en inglés
Mollinedo también informó al tribunal de que la declaración que prestó el húngaro Elöd Tóásó fue en inglés a pedido de él y en representación de su consulado. No se le recibió en su idioma materno, como indica la ley

Juristas esperan auditoría transparente del caso Rózsa

Ante la decisión del Consejo de la Magistratura de realizar una auditoría al caso Rózsa, tres abogados de la defensa esperan que sea un trabajo transparente y se logre descubrir las irregularidades del proceso. La información fue proporcionada por el decano del mencionado Órgano Judicial, Róger Triveño. La autoridad dijo que la auditoría revisará principalmente el desarrollo del procedimiento y el accionar de los jueces integrantes del Tribunal a cargo y en caso de encontrar faltas disciplinarias se los procesará.

Se cometieron muchos vicios El abogado Gary Prado Arauz, defensor de su padre Gary Prado Salmón, del coronel Zoilo Salces y de Marco Monasterio, dijo que se adhiere a la auditoría del proceso porque se cometieron muchos vicios de nulidad. "Las irregularidades son de responsabilidad de los jueces cautelares que conocieron la etapa de investigación y la audiencia conclusiva, donde convalidaron pruebas ilícitas, violaciones a los derechos humanos, torturas, etc", expresó Prado. Además en la etapa del juicio oral se cometió otros abusos, explicó, como la instalación de la audiencia en Tarija sin la presencia de Ignacio Villa Vargas, estando en calidad de detenido preventivo. Comentó que otro vicio grave fue declarar rebelde a su padre, cuando estaba justificada su ausencia.

Proceso con demoras. El defensor del general Prado, Otto Ritter, dijo que ojalá sea una auditoría seria, ya que en el proceso del caso Rózsa hubo demasiadas demoras. La primera atribuible al Ministerio Público, porque desde la denuncia hasta la acusación pasaron 20 meses por culpa de Marcelo Soza, quien dirigía la investigación. La segunda demora es que después de la acusación del exfiscal y la audiencia conclusiva, se llevó luego de 6 meses, atribuida al Órgano Judicial. Dijo que reformulada la acusación de Soza, pasaron otros 6 meses para instalar la audiencia conclusiva, es decir, que hasta que empezó el juicio transcurrió más de 3 años.

Conducta de jueces. Por su parte, el abogado defensor de Zvonko Matkovic, Álvaro Melgarejo, dijo que la fiscalización deberá estar centrada en la conducta de los jueces que vieron el caso.

"Por ello, se harán auditorías jurídicas de la participación de los distintos administradores de justicia que conocieron el caso en el transcurso del proceso", afirmó. Los tres juristas aclararon que esta solicitud fue realizada por la defensa del coimputado Alberto Melgar ante el Consejo de La Magistratura.

Tortura evidente. Por otro lado, en la declaración como testigo de descargo el exfiscal Edward Mollinedo reveló ayer que cuando recibió en abril de 2009 a Mario Tadic para tomarle su declaración, este presentaba señales de haber sido golpeado. Tadic dijo hace unos meses ante el Tribunal que funcionarios del Ministerio de Gobierno y agentes policiales le rompieron los dientes.

Ausencia
Defensor sospecha de la supuesta enfermedad de jueza

Proceso. El abogado Gary Prado ve sospechosa la enfermedad de la jueza ciudadana Sonia Mamani, que motivó la suspensión de la tarde de ayer. El defensor del coronel Zoilo Salces teme que la verdadera intención sea que los acusadores impidan a toda costa que se presenten a declarar Fernando Rivera, Denis Rodas y Boris Villegas en calidad de testigo de descargo. "Son capaces de mandarlos al penal de Cantumarca en Potosí o de algún recinto penitenciario lejano, con el fin de que no se conozca la verdad", explicó Prado quien también es defensor de su padre. La jueza ciudadana Mamani no se presentó la tarde de ayer a la audiencia del caso Rózsa y a través de su colega Anastacia Calisaya, envió una receta médica y un diagnóstico de la clínica Pro Salud, de que se encontraba enferma. El abogado Otto Ritter lamentó que no se valoró de la misma manera la solicitud hace un par de semanas del coronel Adalberto Tórrez.

jueves, 24 de julio de 2014

en juicio por terrorismo 1 Exasesores dirán lo que saben del caso Rózsa

Los ex hombres fuertes del Ministerio de Gobierno procesados en el caso de la red de extorsión se enfrentarán hoy a sus colegas y a fiscales del Ministerio Público en una audiencia, dentro del juicio por el caso terrorismo.

Fernando Rivera, Denis Rodas, Boris Villegas, así como los exfiscales Edward Mollinedo e Isabelino Gómez fueron notificados ayer por funcionarios del tribunal de sentencia, que dirige el juez Sixto Fernández, para que comparezcan en el juicio.

Ellos fueron ofrecidos como testigos de descargo por varios procesados por terrorismo. Para los abogados defensores, el testimonio de los exasesores es importante, pues ellos tuvieron en sus manos el caso desde su inicio y conocieron en detalle los fundamentos y estrategias. Hace dos semanas tenían que declarar en el juzgado, pero no los sacaron de la cárcel.

Los exasesores ganaron dos recursos de acción de libertad contra el gobernador de Palmasola por no haberlos dejado salir del penal.

Senadora tiene documentos

La senadora Carmen Eva Gonzales estuvo presente ayer en la audiencia. Expresó que este caso prácticamente se está cayendo después de la fuga de su principal actor, el exfiscal Marcelo Soza. “Si este caso se cae, también caerán los casos Chaparina, Caranavi, La Calancha y el asalto a Pando y si todo estos se vienen abajo es obvio que el Gobierno también caerá, por eso hacen todo por mantener el juicio por terrorismo”, expresó. La senadora dijo que divulgará más datos reveladores hoy

miércoles, 23 de julio de 2014

Suxo entrega denuncias de corrupción contra fiscales



La ministra de Transparencia y lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, denunció a un grupo de fiscales por delitos de corrupción e incumplimiento de deberes y entregó los documentos al fiscal general, Ramiro Guerrero, para que “tome las acciones necesarias”.

“Le hemos preparado aquí una carpeta, departamento por departamento, (con) todas las denuncias que tenemos en contra de fiscales, con nombres, casos y temas muy puntuales. Quiero dejar esta carpeta para que usted tome las acciones necesarias”, manifestó Suxo cuando le entregó una carpeta con las denuncias.

Según Suxo, “hay fiscales que no cumplen con su deber”, no realizan la anotación preventiva de bienes de los acusados por hechos de corrupción y, cuando está avanzado el proceso, no es posible recuperar nada porque los bienes ya tienen otro propietario. También denunció que hay retardación de justicia, ya que tiene denuncias que datan de 2007.

Guerrero comprometió indagar a los denunciados, afirmó que para ello existe la Dirección de Régimen Disciplinario que “a denuncia se abre proceso” y el fiscal puede ser sancionado, ya sea con suspensión de actividades, descuentos salariales y hasta destitución.

“Somos conscientes de que hay fiscales que no han asumido que esta tarea es de servicio a la sociedad y no para servirse del Ministerio Publico”, sostuvo y entregó a Suxo el nuevo Código de Ética, que entrará en vigencia desde mañana, un documento que establece una serie de principios y valores éticos que deben regir el actuar de los fiscales.

“Nos hemos encontrado con una gran carga procesal de más de 160.000 juicios en el país, de los casos de corrupción tenemos más de 6.500 casos”, acotó Guerrero cuando reconoció que hay dilación de procesos. Explicó que para agilizar éstos se implementó la rotación de fiscales, “hemos hecho cambios, estamos trabajando en la construcción del modelo del nuevo fiscal, de lo que significa un modelo de despacho fiscal”.

Acotó que a pesar de las debilidades, el Ministerio Público es la única institución que tiene fiscales anticorrupción, no pasa lo mismo con el Órgano Judicial que no cuenta con jueces anticorrupción que debían ser implementados hace cuatro años.

martes, 22 de julio de 2014

Defensa de Humberto Roca demandará inconstitucionalidad de Ley Marcelo Quiroga

Jorge Valda, abogado de Humberto Roca, dijo ayer que demandará la inconstitucionalidad de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, por considerar que el proceso por enriquecimiento ilícito no vincula a su cliente tomando en cuenta que dicha norma procesa a empleados públicos y no así a privados.

Ayer debía dictarse la sentencia contra el empresario cruceño y principal accionista de la extinta línea aérea Aerosur. Sin embargo por la inasistencia del fiscal asignado a las investigaciones, el de Sentencia dispuso aplazar la decisión hasta el 30 de julio.

“Se ha pedido un aplazamiento por la dilación del Ministerio Público esto se va a retrasar. Sin embargo hemos presentado toda la documentación necesaria para que el Tribunal considere y valore que la prueba obtenida por el Ministerio Público no es idóneo. Es prueba ilegal. Todo el enjuiciamiento contra Humberto Roca es un enjuiciamiento ilegal”, dijo Valda.

También hizo referencia a que para el 30 de julio la defensa de Roca presentará “un último recurso” referida a la “demanda de inconstitucionalidad de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz” porque el delito de enriquecimiento ilícito a particulares, como señala la Constitución Política del Estado, únicamente puede ser aplicado a servidores públicos, funcionarios públicos o exfuncionarios públicos, no a particulares.

“Humberto Roca, nunca ha sido servidor público, sin embargo, va a ser enjuiciado y sentenciado por un delito inconstitucional”, afirmó.

Sin embargo, dijo Valda que tiene la esperanza de que este último recurso a ser presentado permita al Tribunal actuar objetivamente. “Confiamos en que existen ciudadanos que tienen un criterio independiente, que esperemos que su criterio no esté contaminado y tampoco influyan las declaraciones del mayor Fabricio Ormachea, por eso esperamos que obtengamos una determinación ecuánime razonable y adecuada a los datos de un proceso ilegal”, manifestó.

De acuerdo con los antecedentes, el juicio contra Roca se inicia hace cinco años, a partir de la denuncia del Ministerio de Transparencia con una denuncia en sentido de que el empresario cruceño tendría más de 60 vehículos y que al desconocer el origen de esos vehículos es acusado de enriquecimiento ilícito.

Luego el Ministerio Público inicia la investigación a Roca, su familia y Aerosur determinando que todos sus bienes no estarían justificados a pesar de que se demostró en varias oportunidades que era una persona con suficientes recursos, a partir de los negocios que tenía.

Asimismo, se anotaron preventivamente 538 bienes e inmuebles a favor del Estado boliviano.

Caso terrorismo Jueces faltan y se suspende por segunda vez audiencia

Por las ausencias del presidente del Tribunal Primero de Sentencia, Sixto Fernández, y de las juezas ciudadanas Anastasia Callisaya y Sonia Mamani se suspendió ayer la reanudación de la audiencia del juicio oral por el caso terrorismo.
A la audiencia sólo se presentó la jueza Elena Gemio.
Los jueces del Tribunal Primero de Sentencia no pudieron llegar a Santa Cruz desde la ciudad de La Paz debido a problemas con la línea aérea, según informaron funcionarios judiciales.
Ésta es la segunda vez que se suspende la audiencia por el caso terrorismo por ausencia de los jueces técnicos y ciudadanos.
La sesión debía comenzar a las 15:30, pero funcionarios del Tribunal informaron que los juzgadores no llegaron debido a inconvenientes con su vuelo. Los acusados, acompañados por sus abogados, estuvieron temprano en la sala y luego de esperar 30 minutos se retiraron.
Cuando dejaban el lugar, los abogados de los acusados expresaron su molestia por lo ocurrido, ya que recordaron que anteriormente se suspendió la audiencia por razones similares.
El abogado de los acusados de terrorismo y alzamiento armado, Gary Prado, informó que la audiencia se debe reanudar hoy a las 9:00.
En la audiencia está prevista la declaración de Zvonko Matkovic, quien fue involucrado por el presunto grupo terrorista debido a una llamada que duró 20 segundos.

lunes, 21 de julio de 2014

CASO AEROSUR Suspenden la audiencia condenatoria de Humberto Roca


El juzgado Quinto de Sentencia ha suspendido la audiencia condenatoria contra el expresidente de la quebrada aerolínea AeroSur, Humberto Roca. El fiscal asignado al caso no se presentó en la sala y decidieron reprogramar el dictamen para el 30 de julio.

Roca es acusado por el Ministerio Público por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado. En junio de 2012 se inició el juicio oral contra el expresidente de AeroSur, procesado en rebeldía debido a que se encuentra en EEUU.

Dictan sentencia en caso Humberto Roca

El Tribunal Quinto de Sentencia de La Paz dictaría hoy sentencia contra el expresidente de la quebrada aerolínea AeroSur, Humberto Roca Leigue, por el delito de enriquecimiento de ganancias ilícitas de particulares presentada por el Ministerio de Transparencia, informó el abogado del empresario, Jorge Valda.

El jurista calificó como "amañada" las investigaciones realizadas por el Ministerio Público y la actuación de la justicia, que asumió dar continuidad al juicio contra su cliente sin que este se encuentre presente en las audiencias públicas.

Cuestionan al Tribunal. "El día lunes un Tribunal de Sentencia aquí en La Paz en acusación del Ministerio de Transparencia pretende lograr una sentencia condenatoria contra Humberto Roca cuando toda la investigación ha sido amañada", sostuvo el abogado de Roca. / ANF

domingo, 20 de julio de 2014

El caso Rózsa se mete en la campaña

Un ‘Pitbull’ contra ‘Batman’. Carlos Subirana contra Otto Ritter. Ese será un clásico de la política local de acá hasta el 12 de octubre por más que no compitan para ser diputados por la misma circunscripción. Ritter es abogado del general Gary Prado en el caso Terrorismo y apunta a Subirana como un extorsionador del caso. Subirana es cercano al poder, niega cualquier implicación y desafía que le demuestren que se quedó con un peso. Revela, además, que el Gobierno lo investigó más de 10 veces a través de Unidad de Investigaciones Financieras y no descubrió nada.

Los contrincantes también tienen su cuota de histrionismo. Como candidato a concejal, Ritter, falangista de toda la vida, se disfrazó de Batman para ‘luchar contra la corrupción’. Subirana, por su parte, es conocido como ‘el pitbull’ en las internas del MAS. Él explica por qué: “Hace mucho tiempo le pedí a la cúpula de La Paz, que me ayude con los derechos civiles de algunas personas. Les dije que si me ayudaban iría a Achacachi a jurar con mi poncho rojo al MAS. Y les dije: “Ustedes van a comprar, a adquirir, un buen pitbull”. Entonces empecé a hacer mi trabajo de mejor manera y me di cuenta de que uno puede ayudar a la gente mucho más cuando está adentro”.

Ahora Subirana ha comenzado a citar más nombres de empresarios supuestamente involucrados en la financiación del presunto grupo terrorista de Eduardo Rózsa, al mismo tiempo que Ritter asegura que este caso es clave en la política local, porque convenció a los empresarios de no involucrarse, ni financiar a políticos por miedo al Gobierno

viernes, 18 de julio de 2014

Acusan de violencia a cuatro funcionarios de la Alcaldía de Quillacollo en 12 días

Entre el 3 y el 14 de julio, cuatro funcionarios de la Alcaldía de Quillacollo fueron acusados de violencia por sus parejas ante la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), según datos de esa institución.

La primera denuncia fue sentada contra el encargado de Sistemas de la institución identificado con las iniciales M.A.Q.G. Según el informe policial, la esposa declaró que es víctima de violencia psicológica y que el 3 de julio su esposo la golpeó. Su hija y su nieta intentaron intervenir, pero el hombre las habría amenazado de muerte a las tres. Cuando la Policía intentó detenerlo, intervinieron otros funcionarios municipales, a favor de su compañero, usando bienes y vehículos del Estado. El funcionario aseguró ser el coordinador del ahora Ministro de Gobierno Jorge Pérez. El 8 de julio, un funcionario del Despacho del Alcalde, N.O.E.M. fue denunciado por su pareja quien relató que el hombre, en estado de ebriedad, la tomó de los cabellos y le dio violentos cabezazos en el rostro hasta lesionarle la nariz. El 12 de julio, el asesor político del alcalde Charles Becerra, César R. fue sorprendió por su esposa con dos funcionarias municipales en una habitación alquilada. El hombre reaccionó golpeando a su esposa con un palo de escoba mientras, supuestamente, se ufanaba de su poder político. La cuarta funcionaria municipal denunciada por violencia es V.C., una gendarme que en medio de una pelea con su esposo lo atacó con una tijera y lo hirió en la pierna. También le causó heridas en el cuello con un cuchillo y le arañó el rostro.

La violencia es un delito que ya figura en el Código Penal y que se sanciona con penas de cárcel. Según la abogada Julieta Montaño, la violencia es el ejercicio de poder de una persona que se cree superior sobre otra y que desafía “el orden establecido” por una sociedad machista.

ELECCIONES 2014 Caso Rózsa enfrenta a masistas y opositores durante la campaña

“El MAS sí se ha metido fuerte en el caso terrorismo en estas elecciones. No nos olvidemos que lleva a Betty Yañíquez y a Carlos Subirana de candidatos en estas elecciones”, aseguró el abogado del caso Rózsa y candidato a diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Otto Ritter, y eso ha provocado la reacción de diferentes sectores del oficialismo. Subirana, que es el postulante del MAS en la C-44 y que patrocinó a Zvonko Matkovic Ribera en esa causa judicial, dijo ayer que “no contestará a Ritter, y si quiere, que vaya a disfrazarse de Batman”.

Sobre la designación de Yañíquez como candidata oficialista, la dirigente nacional del MAS, Concepción Ortiz, no atinó a ofrecer ninguna explicación y pidió tiempo para contactar a la abogada que figura como candidata uninominal por la C-7 y que actuó como jueza en la primera etapa del caso terrorismo.



Niega vinculos

“El problema es: ¿le creemos o no le creemos a Marcelo Soza? Si creemos lo que Soza dijo sobre mí (desde Brasil), entonces debemos creerle lo que dijo en sus imputaciones”, respondió Subirana, después de que Ritter dijera que el candidato del MAS “debe aclarar los negocios que tuvo” con el exfiscal del caso Rózsa, refugiado en Brasil.

El 16 de abril de 2009 murieron Eduardo Rózsa, Árpád Magyarosi y Michael Dwyer, a manos de la Policía boliviana, acusados de terrorismo por el Gobierno de Evo Morales. Se inició un juicio encabezado por el entonces fiscal Soza, que cuatro años después fue acusado de extorsión por el padre de Matkovic Ribera. Enjuiciado por una senadora, huyó del país. Desde Brasilia, Soza remite una carta donde, entre otros, apunta a Subirana por extorsión.

El aspirante a diputado por el PDC insiste en señalar que algunos nombres de la lista del MAS revelan una campaña electoral intimidatoria para los cruceños y, en contrapartida, anunció que presentará su candidatura desde el hotel Las Américas, lugar en que fueron abatidos Rózsa, Magyarosi y Dwyer

En la jornada

FUNDACIÓN PIDE TRANSPARENCIA

Con ocasión de presentar su Reporte cronológico de violaciones a los derechos humanos sucedidas en Bolivia, Rubén Darío Cuéllar, coordinador de la Fundación Nueva Democracia y exconstituyente de Podemos, pidió a los cinco partidos que participan en las elecciones que presenten los antecedentes de sus candidatos.

Defienden a Ortiz

“Hay extremistas de los dos lados. Seguramente van a venir los ataques de uno y otro lado. En estos cuatro años, Óscar Ortiz ha hecho un trabajo consciente al lado del gobernador”, dijo Vladimir Peña, vocero demócrata, en defensa de su candidato a senador cuestionado por Ritter.

Subirana se queja



“Hay una élite que se vio reducida y que vive en su propia ‘matrix’, pregonan libertad, pero cuando alguien se inscribe en un partido lo llaman traidor”, aseguró.

martes, 15 de julio de 2014

Tres acusados de extorsión inician huelga de hambre

Los exasesores del Ministerio de Gobierno Fernando Rivera, Boris Villegas y el exfiscal Edward Mollinedo se declararon en huelga de hambre extrema en el pabellón de máxima seguridad de la cárcel de Palmasola denominado PC-7, como una medida de protesta a las reiteradas suspensiones de sus audiencias y la vulneración a sus derechos constitucionales.
La medida fue asumida desde las 9:00 de ayer por Fernando Rivera, después se plegó Boris Villegas y, finalmente, el exfiscal Edward Mollinedo.
Los tres tenían fijadas audiencias de apelaciones y cesación a la detención en el juzgado de la jueza Ximana Flores, sin embargo, denunciaron que desde la Gobernación del penal no los trasladan ignorando incluso las órdenes judiciales.
Con pancartas en las puertas del PC-7 emitieron un comunicado que se hizo público justificando la acción al considerar que ya llevan más de 20 meses detenidos sin que se les respeten sus derechos.

Se sumarán todos
Los abogados de los procesados por el caso de la red de extorsión, desbaratada por la denuncia del estadounidense Jacob Ostreicher, aseguraron que la huelga de hambre se masificará con la incorporación de todos los detenidos.
Otto Ritter, abogado de Boris Villegas, manifestó que hay otros procesados que corren la misma suerte. Por ejemplo los exfuncionarios de Bienes Incautados, también presos, y otro ex alto ejecutivo del Ministerio de la Presidencia tampoco son llevados a las audiencias.
La semana pasada, Boris Villegas, Denis Rodas y el exfiscal Isabelino Gómez tenían que testificar en el tribunal que conoce el caso terrorismo pero no estuvieron presentes. Fueron ofrecidos como testigos por varios procesados por terrorismo

viernes, 11 de julio de 2014

Sentenciado por caso Ostreicher fue trasladado a Felcc

El detenido Miguel Gutiérrez Soliz, exdirector de Bienes Incautados de Montero y procesado por la red de corrupción relacionado al caso del estadounidense Jacob Ostreicher, fue trasladado de la cárcel de Palmasola a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) por razones de seguridad y en cumplimiento a instructivas superiores.

Gutiérrez fue sentenciado a 3 años y 6 meses en un juicio abreviado tras declararse culpable del delito de extorsión.

Permanecía detenido desde diciembre de 2012 en el PC-6 de la cárcel de Palmasola.
Luego de ser declarado culpable y de escuchar la sentencia emitida por la jueza Ximena Flores, regresó a su celda del PC-6. Deberá cumplir la pena en al menos dos meses más y después se irá libre.

Sin embargo, recientemente, de forma sorpresiva, fue retirado del penal bajo estrictas medidas de seguridad policial y trasladado a la Felcc.
Los fiscales que integran la comisión que investiga el caso de la red de extorsión, Ángel Álvarez y Mabel Andrade, argumentaron que su traslado es por razones de seguridad.

Primero la familia
Miguel Gutiérrez en su declaración expresó que prefirió declararse culpable para salir y encontrarse con su familia a la que tiene abandonada hace más de un año. Tras la desarticulación de la red de extorsión, también integrada por exaseores del Ministerio de Gobierno, Gutiérrez, en su calidad de exdirector de Bienes Incautados de Montero desapareció y estuvo casi un año en la cladestinidad, pero después se entregó.
También se declaró culpable Gustavo Céspedes pero ya salió del penal y regresó a su casa. Fue hallado culpable y condenado a tres años pero le favoreció no ser funcionario público

Caso Rózsa. Hoy el Tribunal de Sentencia tendrá que resolver el recurso de acción defectuosa presentado por el abogado Ritter.

Ante la ausencia de algunos detenidos del caso Extorsión, presentados por la defensa del Gral. Gary Prado como testigos y el estado de salud de Ignacio Villa Vargas, el juez Sixto Fernández suspendió la audiencia.

El abogado Otto Ritter, patrocinante de Prado, lamentó que no se les haya permitido su salida a Boris Villegas, Denis Rodas, Fernando Ribera y Edward Mollinedo, a pesar de las notificaciones hechas al Gobernador del penal de Palmasola, para que se puedan trasladar al Palacio de Justicia.

Sin embargo, los fiscales Marco Rodríguez y Sergio Céspedes, instruyeron al presidente del Tribunal Primero de Sentencia, de resolver el recurso de acción defectuosa presentado por Prado, aunque sea sin la presencia de los mencionados testigos.

Céspedes argumentó que incluso se había solicitado la presencia de la senadora de oposición Carmen Eva Gonzales, el periodista Carlos Valverde, Juan José Laguna, Luis Nolberto Clavijo y Claudia D'Arruda, pero ninguno estuvo presente.

Cuando el administrador de Justicia se disponía a dictar su resolución en horas de la tarde, a Villa Vargas le subió la presión y la glucemia, por lo que se vio obligado de suspender la audiencia para hoy, a las 9:00.

El jurista Guido Colque, defensor de “El Viejo”, lamentó la audiencia del médico de apellido Acho, ya que su cliente fue atendido con una medida de presión arterial por un paramédico del departamento de Bomberos.

Gelafio imploró atención. Por otro lado, el coimputado Alejandro Gelafio Santistevan imploró atención médica de emergencia por la fractura que tiene en una de sus muñecas.

Cuestionó que a pesar de que hace cuatro días, llevó ante el Tribunal las placas radiográficas que muestra la quebradura de la mano, Régimen Penitenciario no lo ha hecho enyesar.

Dijo que si estuviera en libertad,no los molestaría, pero como sigue detenido es obligación del Ministerio de Gobierno correr con los gastos de su curación.

Asimismo, el coronel de Policía e imputado, Adalberto Tórrez, también hizo llegar los diagnósticos del médico especialista en que le sugiere reposo de 48 horas, porque padece de arritmia cardíaca.

martes, 8 de julio de 2014

El caso audio no avanza pese a que Soza admitió que es su voz

A pesar de que el exfiscal Marcelo Soza admitió que la voz que se escucha en un polémico audio -el que contiene datos reveladores sobre el llamado caso terrorismo- corresponde a su voz, el Ministerio Público no avanza en las investigaciones de este caso.
El fiscal José Villarroel, asignado al denominado caso audio extorsión del exfiscal Soza, no avanza en la investigación porque espera que "primero” se defina qué Fiscalía (de Santa Cruz o La Paz) se hará cargo del caso.
Soza presentó en 2013 un "memorial de acumulación de obrados” y solicitó que la Fiscalía de Santa Cruz, que investiga la presunta extorsión de Soza a implicados en el caso terrorismo I, remita el cuaderno de investigaciones al fiscal de La Paz José Villarroel, para que sea el único representante del Ministerio Público que indague ambas denuncias en la sede del Gobierno.
En marzo de 2013, la senadora opositora Carmen Eva Gonzales presentó un audio en el que Soza cita datos reveladores del caso terrorismo y en el que involucra a autoridades del Ejecutivo.
Después de un año de la denuncia, en su declaración ante el Consejo Nacional para Refugiados (Conare) de Brasil, Soza admitió textualmente: "Las grabaciones que presentó la senadora Carmen Eva Gonzales a medios de comunicación corresponden a mi voz, que fue grabada por Julkar Gabriel Zeballos, un investigador del Ministerio de Gobierno, que trabajó conmigo en el caso terrorismo I”.
En esa línea, Berckley Vilar, abogado de la senadora G onzales, afirmó que el fiscal Villarroel debería convocar a Julkar Zeballos "para que preste su declaración informativa”.
"El paso que corresponde es que la Fiscalía convoque a Zeballos y a otros que fueron nombrados por Soza para que digan su verdad. Pasó más de un año de la denuncia y hasta la fecha no hay ni acusación ni imputación”, se quejó el abogado Vilar.
Por su parte, Álvaro Melgarejo, abogado de Zvonko Matkovic, quien denunció haber sido extorsionado por allegados de Soza, lamentó que la Fiscalía utilice todo tipo de pretextos para congelar la investigación.
"Inicialmente se negaron a enviar el audio a peritos internacionales. Ahora que Soza admitió que es su voz usan otros argumentos. El fiscal Villarroel no hace nada, no dictó ni una resolución de acusación, de rechazo”, afirmó Melgarejo.
Asimismo, informó que el juez sexto de Instrucción en lo Penal, Fernando Rivadeneira, fijó una audiencia para después de las vacaciones judiciales con el fin de resolver la acumulación de obrados que planteó Soza.



Tribunal rechaza cesación de libertad

La Sala Penal Tercera del Tribunal Supremo de Justicia de La Paz, que se encuentra de turno por la vacación judicial, rechazó la apelación de cesación a la detención preventiva interpuesta por Zvonko Matkovic Ribera, uno de los detenidos y procesados por el caso terrorismo I.
"No verificaron el fondo de la petición de cesación y anularon la resolución del juez cautelar del Tribunal Primero de Sentencia, señalando que se dicte nueva resolución en contra de lo que establece la Sentencia Constitucional 815/2014”, informó Álvaro Melgarejo, abogado de Matkovic.
Matkovic Ribera se encuentra detenido por más de cinco años en el penal de San Pedro de La Paz, sin que haya aún un fallo o sentencia en su contra.
El jurista informó que es la sexta vez que las autoridades judiciales rechazan la cesación de detención de su cliente, acusado por el caso terrorismo I.
Por otra parte, el abogado de los acusados de terrorismo, Gary Prado, informó que hoy a las 15:30 está previsto que se reanude el juicio oral por el caso terrorismo I en un juzgado de la ciudad de Santa Cruz.

domingo, 6 de julio de 2014

Ponce de León pide investigar las fortunas de Soza



De pantalón corto y chinelas, en la pieza cinco del pabellón seis de la cárcel de Palmasola, encontramos a Moisés Ponce de León el abogado de cabecera durante algún tiempo del cuestionado exfiscal Marcelo Soza, refugiado en Brasil.

Su ambiente de detención a un lado de la puerta principal de régimen abierto, el denominado PC-4, es reducido pues allí solo están recluidos unos 30 internos. Detenido por orden judicial desde el 15 de marzo, Ponce de León calificó de traidor a Marcelo Soza y pidió a las autoridades de la Fiscalía que inicien investigaciones a sus familiares en La Paz para conocer la fortuna que acumuló, fruto de las extorsiones a procesados por el caso terrorismo.

Moisés Ponce de León expresó en su celda que se tendrá que investigar a los familiares de Soza por legitimación de ganancias ilícitas. “Conozco que tiene bastante dinero y bienes. Sé que su esposa también se fue a Brasil, pero sus familiares administran bienes y se debe investigar su fortuna y buscar su extradición para que vuelva y responda por las denuncias de extorsión de numerosas personas procesadas en el caso terrorismo. ¿Cómo es posible que a mí que solo fui su abogado, me allanen mi casa, saquen a toda mi familia a la calle, hostiguen a mis hijos, a mi esposa y me hagan la vida imposible mientras que Soza está en Brasil mirando el mundial?”, dijo, justo cuando recibía la visita de esposa, que llegó de La Paz.

Lo que Soza le dijo antes de huir
Ponce de León expresó que “lo curioso del caso es que Marcelo Soza está prófugo, camina libremente en Brasil, inclusive envió a Bolivia una carta hecha pública y señala derechos vulnerados en el caso terrorismo hechos que jamás a mí me había comentado. Al contrario, cuando yo lo defendía señalaba que todas las actuaciones como fiscal en el caso terrorismo, eran legales. Me dijo antes de fugarse que gracias a sus actuaciones se había evitado el separatismo en Bolivia, lo cual contradice todo lo manifestado desde Brasil en su carta al pueblo de Bolivia.

Que citen a más extorsionados Moisés Ponce de León dijo que los fiscales anticorrupción deben emitir citaciones a varios empresarios de Santa Cruz que fueron extorsionados por Soza.
Desde su celda se declaró inocente y una víctima de la injusticia. Reveló que a Soza lo conoció en el ejercicio de la profesión y que después, cuando era fiscal, lo llamó para que lo defienda, puesto que la senadora Carmen Eva Gonzales lo denunció ante la Fiscalía General y presentó audios en un cd en el que hacía conocer que estaba actuando de manera ilegal en el caso terrorismo.

El segundo caso señala que la senadora y otros denunciantes pidieron otra investigación, pero que se amplíe a Moisés Ponce de León, tras la denuncia del excívico Alberto Melgar de haberle entregado $us 40.000. Afirmó que esa denuncia fue desmentida por el abogado Miguel Limpias, que afirmó que ese dinero fue recibido por Ponce de León como honorarios.

Después Ponce de León es denunciado por Zvonko Matkovic Fleig de haberle entregado más de $us 40.000 a través de su abogado Rafael Amador Morales para liberar a su hijo preso en La Paz. Ponce de León dijo que Rafael Amador Paz era su amigo, estuvo preso en La Paz por un caso de lotería nacional y lo sacó libre con un proceso abreviado. “Soy inocente, hay una persecución en mi contra, mi familia sufre y Marcelo Soza está disfrutando su plata en Brasil y nadie ordena investigar las fortunas que tiene en Bolivia”, dijo

La fiscalía avanza en la investigación

El secretario de soza, detenido
Al margen del abogado Moisés Ponce de León está detenido desde abril en La Paz Richard Efre Cerda Maydana, secretario del exfiscal Soza. El secretario dice que lo abandonaron hasta sus abogados.

La comisión de fiscales
Una comisión de fiscales a la cabeza de Rosmery Barrientos y dos fiscales más de Sucre y La Paz siguen indagando hechos de extorsión denunciados contra Marcelo Soza a procesados por el caso terrorismo.

Preparan más citaciones
Según los fiscales, hay listas citaciones emitidas a algunas personas que fueron víctimas de extorsión por parte de Marcelo Soza para sacarlos del proceso por terrorismo.

La imputación contra Soza
La Fiscalía de Santa Cruz ya presentó la imputación contra Marcelo Soza y sus colaboradores como el capitán José Laguna, que era su jefe de seguridad y Claudia Arruda, que está presa en la cárcel

Explican cómo denunciar hechos de corrupción

A través de actividades didácticas, cerca de una treintena de instituciones y empresas estatales explicaron cómo se debe denunciar hechos de corrupción y otras irregularidades de los servidores públicos, en la feria organizada por la Gobernación de Chuquisaca con el auspicio del Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.

viernes, 4 de julio de 2014

CASO TERRORISMO Procesados se uniforman y dicen ser presos políticos



Las personas que son procesadas en el caso de supuesto terrorismo y que guardan detención preventiva en los penales de San Pedro (La Paz), Palmasola (Santa Cruz) y Mocoví (Beni) llegaron ayer a la audiencia del juicio, que se postergó por tres días consecutivos, vistiendo poleras escritas en alusión a los cinco años que llevan encarcelados.

En sus espaldas se podía leer la leyenda “presos políticos” y en la parte de adelante “carajo, cinco años y no me pueden sentenciar”. Para el abogado Gary Prado, esta ya es una protesta de impotencia de las personas que están detenidas más de cinco años sin ningún dictamen, cumpliendo una sentencia anticipada, pese a que la norma establece que si no hay un fallo en tres años, el procesado debe ser liberado.

Un acusado se abstuvo

Roberto Justiniano culminó ayer de declarar y le tocó a Mario Herrera, que goza de medidas sustitutivas. Sin embargo se acogió al silencio.

La audiencia del juicio continuará hoy con la declaración de Hugo Paz

CONCEJALES DENUNCIAN CORRUPCIÓN EN MUNICIPIO

El concejal suspendido de la ciudad de Santa Cruz, Leonardo Roca, presentó ayer en La Paz varias denuncias al presidente Evo Morales, sobre presunta irregularidades en el Gobierno Municipal cruceño.

"Son denuncias de casos comprobados de corrupción. Hemos entregado parte de la documentación en Palacio de Gobierno, vamos a visitar también la Asamblea Legislativa y el Ministerio de Gobierno".

El concejal, que llegó acompañado de su colega, Óscar Vargas, entregó esa documentación en una "carretilla", que según la autoridad, contenía más de 50 kilos en los que se detallan las denuncias por supuestas irregularidades en la Alcaldía de Santa Cruz.

Roca indicó que entre las denuncias que se presentaron se cuenta al denominado caso SIO, sobre una empresa que se adjudicó el cobro de los impuestos de la ciudad de Santa Cruz y estaba en la obligación de hacer un catastro en 24 meses, se le pagó más de casi 15 millones de dólares, pero "nunca entregó el trabajo".

Sin embargo, el alcalde de Santa Cruz, Percy Fernández, prorrogó el contrato que el Concejo Municipal había rechazado en su momento.

Video. Los concejales cruceños también presentaron un video, que recibieron anónimamente, sobre el caso de loteo que hay en Santa Cruz, en el que se involucra a la presidenta del concejo Municipal, Desireé Bravo.

"Una red de loteamientos millonaria, que hay en Santa Cruz, y aquí sindican directamente a la señora Desireé Bravo, presidenta del Concejo Municipal, la denuncia es que cuando las personas querían urbanizar predios, que el plan regulador, ella pasaba la documentación a los loteadores para que entren a lotear", dijo Roca. ABI

miércoles, 2 de julio de 2014

Suspenden a dos jefes policiales por supuesta corrupción

El comandante regional de la Policía en el trópico de Cochabamba, coronel Julio Mendoza, y el teniente Diego Céspedes, son investigados por presuntos actos de corrupción vinculados a la supuesta protección de vehículos "chutos". De acuerdo con las denuncias, estos jefes policiales recibían sobornos o “vacunas” para permitir la libre circulación de estos motorizados en la región del Chapare.

Alberto Suarez, comandante departamental de la Policía de Cochabamba, informó que se ha pedido un informe pormenorizado del proceder de los acusados y se los ha suspendidos temporalmente de sus funciones y trasladados hasta el Comando General de la Policía en La Paz. “Vamos a proceder de acuerdo a lo que establece la Ley 101 (del Régimen Disciplinario de la Policía)", aseveró.

El director departamental de investigación interna de la Policía, coronel Orlando La Fuente, informó que existe una segunda denuncia en contra del teniente Céspedes. Una mujer lo ha acusado de haberle cobrado Bs 2.000 por la "colaboración" en la recuperación una motocicleta robada el 15 de junio.

martes, 1 de julio de 2014

El caso terrorismo se suspende por la ausencia de jueces

El reinicio de las audiencias en el caso de presunto terrorismo se paralizó por la ausencia de los jueces del Tribunal Primero de Sentencia, que no pudieron llegar desde La Paz debido a problemas con la línea aérea.
La sesión debía comenzar a las 15:30, pero el fiscal Óscar Vera informó de que los juzgadores no pudieron llegar debido a inconvenientes con su vuelo. Los acusados, acompañados de sus abogados, estuvieron temprano en la sala y luego de esperar 30 minutos se retiraron.
Sin embargo, al momento de dejar el lugar expresaron su molestia por lo ocurrido, ya que recordaron que cuando se trata de los procesados no se les perdona nada.
Gary Prado, abogado de algunos de los procesados, dijo que espera para hoy por la mañana el reinicio de las audiencias.
Villa denuncia abandono
Ignacio Villa Vargas, ‘El Viejo’ denunció que está abandonado a su suerte por las autoridades y su salud se deteriora cada vez. Dijo que estuvo internado desde el viernes y que nadie le proporcionó un medicamento.
Aseguró que tiene una orden judicial del tribunal que le autoriza ingresar a la cárcel con una pequeña heladera para sus remedios, pero que le cobran $us 400 y no le permiten si no paga.
Por otra parte, el fiscal Óscar Vera reconoció a Marcelo Soza como el principal puntal de las investigaciones, aunque no quiso opinar sobre su decisión de escribir una carta desde Brasilia, donde pidió refugio político.
“Todos sabemos que el fiscal Soza encaminó la investigación, fue director funcional desde su inicio hasta la acusación y la instalación del juicio”, dijo Vera y no quizo emitir criterio sobre la carta escrita por el exfiscal, que se espera sea leída hoy en el juicio