viernes, 29 de mayo de 2015

Fiscal General Informa sobre los actos de corrupción

El fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, aseguró que su despacho trabaja en la lucha contra la corrupción de los funcionarios del Ministerio Público, aunque consideró que dos años y medio no son suficientes para terminar con ese trabajo, en el informe oral que presentó ante el pleno de la Cámara de Senadores. "Somos conscientes de que hay muchas quejas, somos conscientes de que estos dos años y medio no han sido suficientes para cambiar el Ministerio Público, pero hemos tenido avances y hemos tenido cambios", argumentó. El Senado citó a Guerrero a una petición de Carmen Eva Gonzales, para que brinde informe oral sobre varias denuncias de supuesta corrupción e irregularidades que vinculan a fiscales bajo su dependencia.

Obstáculo, vieja carrera fiscal. Ramiro Guerrero explicó que uno de los obstáculos que enfrenta en la lucha contra la corrupción en la Fiscalía está la "mantención de la vieja carrera fiscal", que está contemplada en la Ley Orgánica del Ministerio Público. "Podemos equivocarnos, pero jamás vamos a ser corruptos, jamás utilizaremos una institución del Estado para favorecimiento, ni familiares, ni personales", concluyó./ABI

Municipios aprueban políticas anticorrupción

Veinte municipios del país aprobaron políticas de transparencia institucional y lucha contra la corrupción.

Se trata de los municipios de 1) Colcapirhua, 2) Vinto, 3) Colomi, 4) Toco, 5) Quillacollo y 6) Sacaba en Cochabamba; 7) San Lucas y 8) Yacuiba en Tarija, 9) Mineros, 10) El Torno, 11) Pailón y 12) Ascención de Guarayos en Santa Cruz; 13) Patacamaya en La Paz; 14) Reyes y 15) Rurrenabaque en Beni; 16) Villazón y 17) Potosí en Potosí; 18) Cobija, 19) Porvenir en Pando y 20) Camargo en Chuquisaca.

“Se hicieron diferentes tipos y acciones en 30 municipios y de ellos 20 tienen una política municipal, dejaron institucionalizado el tema de transparencia y lucha contra la corrupción, que tiene como base la política nacional”, explicó la viceministra de Transparencia, Gabriela Veizaga.

La autoridad señaló que junto con la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), se trabajó en estos municipios en identificar “posibles áreas de riesgo”, lo que permitió elaborar estas políticas que tienen que ver con acciones concretas como la rendición pública de cuentas, el acceso a la información, el control social, la prevención institucional, la ética pública y una gestión transparente.

Veizaga dijo que los demás municipios del país puedan seguir este ejemplo y en la próxima gestión se pueda implementar políticas similares, con la finalidad de erradicar la corrupción y tomar acciones preventivas.

jueves, 28 de mayo de 2015

Interventora revisó 320 obras del Fondioc



La responsable de la Interventora del Fondo Indígena, Larissa Fuentes, informó que a la fecha 320 proyectos de 1.100 ya fueron supervisados en el lugar y los responsables de las obras recibieron su conminatoria para el descargo de documentos. Dentro de este proceso de intervención también son 36 los proyectos que ya se revisaron de los 153 que fueron observados en febrero por la Contraloría General del Estado (CGE).

Fuentes señaló que por ahora se procesa la información que dan los responsables de cada proyecto del Fondioc. Para este objetivo se conmina a entregar los descargos en un plazo de diez días luego de visitar el lugar de ejecución.

Según el Decreto Supremo 2247, la interventora tiene plazo hasta agosto para entregar un informe final. Fuentes aseguró que se cumplirá con ese tiempo. El lunes, técnicos de la interventora visitaron el proyecto de desarrollo agrícola en la comunidad de Ypaca, en el municipio de Achocalla de La Paz.

Recursos. En ese lugar se constató la existencia de áreas de cosecha de avena, haba, papa, arveja, cebada y otros productos que están incluidos en el proyecto. Sin embargo, Fuentes explicó que la Contraloría observó este proyecto porque no se realizaron descargos a tiempo sobre los gastos para la ejecución de la obra.

El mencionado proyecto apunta a beneficiar a 118 familias de esa comunidad. Recibió un primer desembolso de Bs 500.000 firmado el 5 de diciembre de 2011, pero la obra se debía ejecutar en solo ocho meses. Luego, el 9 de diciembre de 2014 recibió otro desembolso de Bs 408.190; aún faltan sus descargos.

Caso Rózsa Juez suspende audiencia por enfermedad de Gral. Prado

Por una contracción muscular que después le abrió una herida en la pierna del Gral. Gary Prado Salmón, el juez decidió suspender nuevamente la audiencia del caso Rózsa.

La solicitud fue hecha por los abogados Gary Prado Araúz y Otto Ritter, ya que el acusado debía ser internado en el Seguro Social Militar para su tratamiento. Ante esas argumentaciones, el presidente del Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, Sixto Fernández, decidió suspender la audiencia en primera instancia para hoy a las 9:30. Sin embargo, tuvo que revocar su resolución con el cambio a las 15:30, debido a que los juristas Prado y Ritter, deben estar presente en un amparo constitucional de otro caso. Por lo que la ronda de preguntas al testigo de cargo Miguel Ocampo tendrán que esperar

miércoles, 27 de mayo de 2015

Fondo indígena Proyecto de 8 meses se realizó en 3 años

El Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc) ejecutó en tres años un proyecto agrícola que debió concretarse en solo ocho meses, en la comunidad Uypaca del municipio Achocalla, de la provincia Murillo, del departamento de La Paz, de acuerdo con el convenio entre la entidad estatal y los beneficiarios.

El responsable legal del proyecto, Samuel Carrillo, dijo que el Fondo Indígena no viabilizó su proyecto consistente en la dotación de semilla mejorada de haba, papa, alverja, avena y equipamiento de maquinarias, entre otros. "En el Fondo Indígena nos pusieron trabas, ahí no se han hecho rápido las cosas, han demorado y por eso ahora nos han observado", protestó el campesino en contacto con Erbol.

El proyecto productivo demandó un presupuesto total de 908.000 bolivianos. /Erbol.

lunes, 25 de mayo de 2015

Melgar se declara preso político

El preso boliviano Alejandro Melgar, detenido en 2012 en Uruguay, acusado en Bolivia de complicidad al financiar en 2009 a supuestos terroristas en un plan subversivo, se definió como "secuestrado" y "perseguido político", según publicó un medio de ese país.

En una entrevista concedida al diario El País, que refleja la agencia EFE, en el interior de la Cárcel Central de Montevideo, Melgar dijo sentirse "secuestrado" por el sistema judicial uruguayo y ser un "perseguido político" de Bolivia.

sábado, 23 de mayo de 2015

Caso YPFB Condenan a dos años de cárcel a Érika Rojas

La justicia dictó ayer la primera sentencia en el caso de corrupción en el área de comunicación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) contra Érika Rojas, dueña de la empresa Colibrí, a quien condenó a dos años de cárcel.

El fiscal Róger Velásquez informó que el Juzgado Primero Anticorrupción de La Paz llevó el juicio abreviado al que se acogió Rojas, tras haberse declarado culpable y dictó la sentencia.

"Se declaró probada y procedente el procedimiento abreviado, condenándola a una pena de dos años de privación de libertad", dijo.

Según el cuaderno de investigación, Rojas como propietaria de la empresa Colibrí tuvo contacto "irregular" con la encargada de comunicación de transportes, Alba Chirinos.

Suman los procesos abreviados Primera sentencia del caso YPFB

Dentro el caso de la supuesta red de corrupción, al interior de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se dictó ayer la primera sentencia, mediante utilización del proceso abreviado, por el cual Erika Rojas, propietaria de la empresa Colibrí, recibió dos años de prisión. Abogados de otros dos implicados critican la manipulación que el Ministerio Público hace de este tipo alternativas jurídicas.

El Tribunal Especial Anticorrupción de La Paz, presidido por Cithia Delgadillo, emitió la primera sentencia en el presunto caso de corrupción en YPFB, dentro del cual, Erika Rojas, aceptó una supuesta relación de hechos en la que admitió la entrega de 22 mil dólares a la funcionaria estatal, Alba Chirinos, para beneficiarse de contratos publicitarios.

Rojas tendría que cumplir su sentencia al interior del Centro de Orientación Femenina de Obrajes, sin embargo, su defensa ya presentó el pedido de perdón judicial por el cual, en los próximos días recobraría su libertad.

Según el investigador, el dinero fue depositado a la cuenta de Marco Arguedas, quien efectuó el movimiento de dinero, por medio de intermediarios; para que el pago llegue a manos de Chirinos y en base a esta sentencia, la Fiscalía analiza ampliar las investigaciones a otros funcionarios de YPFB.

El fiscal explicó que, dentro el proceso judicial, se investiga a los representantes de las empresas Omnimedia, Structura, Colibrí Agencia Publicitaria, Bravo y Bell Comunicaciones, que presuntamente formaron parte del clan familiar que se benefició de contratos sin licitación.

La relación de conjeturas manejada por el Ministerio Público señala que un grupo de funcionarios creó cuatro empresas con el propósito de adjudicarse contratos con la estatal petrolera para organizar eventos, en uno de los últimos se firmó un contrato por más de medio millón de dólares.

Rojas, en sus declaraciones del 15 de diciembre, del año pasado, dentro de una audiencia de medidas cautelares, reveló que “siempre” debía pagar coimas para adjudicarse contratos con la estatal petrolera. Relató que la jefe de comunicación de YPFB Transporte, Alba Chirinos, excompañera de colegio, le invitó a trabajar con la estatal petrolera.

“Ella me dijo que trabajemos, que las cosas se hacían así, que tenía que dar un adelanto por el trabajo que me concedan, me dijo que tenía que depositar a una cuenta registrada de Marco Arguedas. Esos pagos me lo pedían por adelantado antes que el trabajo salga y no solamente me lo exigía ella, me lo exigían otras personas más”, sostuvo en esa oportunidad.

Por su lado, los abogados de otros implicados pidieron aún no brindar declaraciones sobre la sentencia. Sin embargo, recordaron que la forma de manejar el concepto de los procesos abreviados, por parte de los fiscales, dejan serias dudas y al momento estarían siendo usados para inculpar a personas inocentes, contra los cuales no se tiene prueba.

viernes, 22 de mayo de 2015

Investigación de 150 proyectos del Fondo pasa a la interventora

El contralor general del Estado, Gabriel Herbas, derivó la investigación de 150 proyectos del Fondo Indígena a la interventora Larisa Fuentes, para que verifique si éstos se ejecutaron o se trata de proyectos "fantasmas”.
"Los 150 proyectos que debían evaluarse se pasaron a la interventora del Fondo Indígena para que pueda hacer una valoración e informe sobre los proyectos a la Contraloría en un determinado tiempo”, informó Herbas, quien aclaró que la interventora, una vez concluya su trabajo, debe enviar a la Contraloría toda la documentación de los proyectos para su valoración final.
Antes de la intervención del Fondo Indígena, la Contraloría aún investigaba el estado de 269 proyectos del Fondo Indígena.
El 12 de febrero y tras una primera fase de auditoría, Herbas detectó un daño económico de 71 millones de bolivianos por 153 proyectos inconclusos o no ejecutados que fueron financiados por el Fondo Indígena.
El caso fue derivado al Ministerio Público para la investigación de estas irregularidades.
En esa oportunidad, Herbas informó que parte de la auditoría también reveló que hay otros 100 proyectos que recibieron 74,6 millones de bolivianos del Fondo y que no cerraron de manera formal, por lo que no se tiene constancia de su ejecución.
Además, la auditoría estableció que unos 169 proyectos no cuentan con el "cierre” correspondiente, pero recibieron el 100% del financiamiento de más de 132 millones de bolivianos.

El presidente de la comisión de Naciones y Pueblos Indígenas de Senado, Óscar Ortiz, calificó de irresponsable la acción del Contralor de remitir a la interventora los proyectos del Fondo para que determine si se ejecutaron o no.
"No entiendo por qué el Contralor, habiendo tomado conocimiento público, no está auditando los proyectos. El Contralor debiera estar ampliando la investigación en vez de entregar toda la información a la interventora”, dijo Ortiz, quien opina que el Gobierno pretende liberar de culpa a las autoridades superiores, entre ellas a la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo.

El dirigente de la Asamblea del Pueblo Guaraní, Celso Padilla, dijo que los resultados que presente la interventora del Fondo "no serán confiables” y que la meta es mostrar a los dirigentes como los principales corruptos. "Los culpables tienen que ir a la cárcel, empezando por la ministra Achacollo, porque ella es la presidenta del Fondo”.

El Fondo Indígena

Recursos El Fondo Indígena recibe el 5% de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos para la ejecución de proyectos en el área rural.
Dirección La presidenta del directorio del Fondo Indígena es la ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo. Además, está conformado por la CIDOB, "Bartolinas”, CSUTCB, APG, Interculturales, Conamaq, CEP ES y CPEMB.

En Fiscalía tramitan seis procesos contra Patana

El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, informó ayer que de acuerdo con un informe obtenido confirmó que el exalcalde de El Alto, Édgar Patana, tiene seis proceso que están siendo tramitados y que en uno de ellos, caso Terra Forte, el fiscal asignado al caso le solicitó 10 días para dar a conocer el requerimiento que corresponda.

De esa manera aclaró la información que diera a conocer la ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Lenny Valdivia, en sentido de que la exautoridad edil tenía una treintena de denuncias en su contra por el presunto delito de corrupción.

“Hay seis casos, no son el número que indican. Se han realizado varios actos investigativos”, dijo además de informar que no se descarta la posibilidad de que todos los casos se acumulen en un solo proceso, dependiendo la relación que tengan y que el Ministerio Público investiga.

En los últimos días se conoció otra denuncia contra la exautoridad edil, además del caso Terra Forte (incumplimiento de contrato), el caso denunciado por el Centro de Investigaciones Americana (relacionado a presunta extorsión) se suma la denuncia por la presunta desaparición de 33 vehículos pertenecientes a ese municipio. En todos los casos la denuncia fue realizada por el abogado Eduardo León.

Por su parte, Édgar Patana salió al frente de las acusaciones y arremetió contra León señalando que este profesional no tiene moral para hablar de su gestión, debido a que fue parte de procesos irregulares con gente que escapó del país, haciendo referencia al exalcalde José Luis Paredes.

Asimismo, desmintió que sea parte de la desaparición de 33 movilidades del municipio alteño, más bien informó que su gestión fue la encargada de revalorizar esos vehículos, desde la creación del municipio alteño hasta la gestión 2013.

“Tengo conocimiento de tres (denuncias), las tres voy a asumir y estoy seguro que en la instancia correspondiente estoy demostrando que cada uno de ellos son infundados”, afirmó.

jueves, 21 de mayo de 2015

Patana admite desaparición de vehículos en su gestión edil

El exalcalde de El Alto Édgar Patana admitió que hay vehículos del gobierno municipal que están desaparecidos, pero aclaró que los responsables son los funcionarios encargados de los mismos y que ordenó hacer los procesos.
"Como señala el informe que nos han dado, hay vehículos de todo tipo: desde motos, maquinaria pesada, vagonetas, vehículos livianos, que no se sabe dónde están”, dijo.
Patana aclaró que ordenó realizar un proceso de revalorización del parque automotor de la Alcaldía desde que su creación hasta 2013. Recibió el informe en agosto de 2014 en el que se daba cuenta de las desapariciones.
La exautoridad incluso dijo que también coches hay sobrantes que no están registrados.

miércoles, 20 de mayo de 2015

Video Fanor Nava declaró por el caso del video en el que le entrega un sobre a Edgar Patana

Acusan a Édgar Patana por desaparición de 33 vehículos

El exalcalde de El Alto, Édgar Patana, ahora es acusado de ser responsable por la desaparición de 33 vehículos pertenecientes al municipio que dirigió en los últimos cinco años. La denuncia corresponde al abogado Eduardo León, asesor legal de la empresa Terra Forte, que fue afectada por un ilegal resarcimiento de contrato de una obra adjudicada.

León aseguró que cuenta con información necesaria para inculpar a la exautoridad por el presunto delito de Incumplimiento de Deberes, al no haber hecho conocer la desaparición de estos motorizados. Entre los que se encontrarían dos motoniveladoras, cuyos paraderos son inexistentes y no habría hecho nada, afirmó el abogado.

Explicó que un informe de auditoría, realizada por la propia Alcaldía, estableció la pérdida de 33 vehículos del parque automotor edil y que nadie sabe “dónde fueron a parar, quién los tiene o por qué se entregaron irregularmente”.

Por su parte, la aludida exautoridad afirmó: “Desconozco honestamente”. El exalcalde aseveró que en lo que corresponde a su gestión todo lo que son bienes del Estado están en el municipio y si falta algo, “activos fijos debería saber”.

León añadió que los vehículos desparecidos son modelos desde 2006 hasta 2012 que estaban en circulación y tenían vida útil.

Plácida Aruquipa, abogada del exalcalde de El Alto, Édgar Patana, aseguró, en contacto telefónico con EL DIARIO, que no existen delitos de extorsión y resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado (CPE), por el que se acusa a la exautoridad, además de negar que hubieran reuniones con representantes de las empresas adjudicatarias de las licitaciones a convocatoria del municipio para la ejecución de obras en esa ciudad.

Por otra parte, por intermedio del fiscal interventor Paul Franco, se sabe que el fiscal asignado a la investigación Edwin Blanco solicitó unos 20 días para presentar un informe en el que dispondrá si corrresponde emitir el mandamiento de apremio contra la exautoridad edil por supuestas denuncias de corrupción.

CASO FONDO INDÍGENA La Fiscalía cita a Felipa Huanca

El fiscal departamental de La Paz, Paul Franco, informó que la próxima semana el Ministerio Público tomará la declaración a Felipe Huanca, ejecutiva de la Federación Departamental de Mujeres “Bartolina Sisa” y excandidata por la Gobernación de La Paz en el caso del Fondo Indígena. “La comisión me ha informado que se está convocando para la próxima semana a la señora Felipa Huanca, así como a otras personas que hayan tenido participación en la suscripción de los 153 convenios no concretados”.

Señalan al "clan Patana" por pérdida de $us 500 mil

Dicen que los cinco hermanos del ex alcalde están involucrados en casos de corrupción y existe un informe de auditoria.

El abogado Eduardo León afirmó que durante la gestión 2010 -2015, Édgar Patana y su familia se apropiaron de al menos 500.000 dólares de la Alcaldía en obras y la licitación de equipos e insumos.

El jurista, que inició un proceso en contra del ex alcalde del Movimiento al Socialismo (MAS), afirmó que su denuncia está sustentada en un informe de auditoría que se llevó a cabo dentro de la misma Alcaldía.

León recordó que Edgar Patana y dos de sus hermanos, están involucrados en la pérdida de al menos 33 vehículos del Gobierno Municipal de El Alto y sostuvo que el ex alcalde tiene responsabilidad penal porque fue informado sobre esta irregularidad y no dispuso una medida al respecto.

Entre los vehículos desaparecidos, según León, está la perdida de dos equipos pesados —motoniveladoras—, de los que la dirección de Activos Fijos y Ejecutora no dio razón de su ubicación a La Prensa.

El abogado León preguntó "cómo se puede perder una motoniveladora. Un equipo de tonelaje que cuesta miles de dólares".



BUSES. Además, denunció que de los 60 buses adquiridos por la Alcaldía de El Alto, sólo 50 fueron entregados a las autoridades municipales pasa su uso, lo que también implicaría otro delito, según el abogado, aunque admitió que no pudo acceder a informes oficiales.

Sobre los buses Sariri, Lorenzo Quispe, actual director de transporte y movilidad urbana, declaró que su oficina administra los 60 motorizados, de los cuales 45 están en funcionamiento. Mientras que los otros 15 presentan fallas mecánicas y tienen desperfectos técnicos.

De acuerdo con la denuncia del jurista y el ex dirigente del MAS de El Alto, Pascual Arellano, también se desconoce el destino que le dio la unidad Ejecutora de Bienes, de la Alcaldía de El Alto, a los jeep, motocicletas e incluso camionetas que fueron adquiridas con recursos ediles en la gestión 2014.

Además, Arellano afirmó que Patana, quien perdió las elecciones subnacionales en 2014, incurrió en nepotismo, influido por sus hermanos y los ex asesores del desaparecido Plan Progreso.

Arellano recordó que "el ex alcalde Patana amplió de cinco a nueve las secretarias o direcciones, las cuales estaban dominadas por su hermana y dos de sus hermanos, quienes pusieron a hombres de su confianza en las direcciones de Salud, Asesoría Técnica, Asesoría Financiera, Educación Productiva, Unidad de Mercados y Asentamiento Público. También en la dirección Agropecuaria, Medio Ambiente y Deportes”.

Sobre las denuncias, el alcalde Edgar Patana afirmó que desconoce las mismas, al igual que el informe de auditoría interna que se realizó a su gestión. Afirmó que "cuándo me citen responderé sobre estas falsas denuncias que dañan mi imagen y la de mi familia". En tanto, los hermanos cuestionados de formar parte del clan, no fueron habidos pese a la insistencia de La Prensa.


2 motoniveladoras de la Alcaldía, están entre los 33 vehículos reportados como desaprecidos .

martes, 19 de mayo de 2015

Interculturales, los más beneficiados con proyectos del Fondo Indígena

Los interculturales son los que más se beneficiaron con proyectos del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas e interculturales (Fondioc).

La Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (Cscib) recibió más de 212,1 millones de bolivianos como financiamiento para 357 obras, según un listado de 1.100 proyectos difundido ayer.

El Directorio del Fondo Indígena está compuesto por representantes del Órgano Ejecutivo y organizaciones sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS). La entidad está observada por múltiples denuncias de corrupción, obras “fantasma” y malversación.

La Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (Cscib) es una de las organizaciones afines al MAS con representación en el Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas e Interculturales (Fondioc).

En segundo lugar entre las organizaciones beneficiadas está la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), que recibió más de 208,6 millones para 289 proyectos.

Mientras que la Confederación Nacional de Marcas y Ayllus del Qullasuyu (Conamaq) es la que menos recibió con más de 90,1 millones de bolivianos para 117 proyectos.

El Fondioc financió 1.100 proyectos con recursos públicos que provienen del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

Esta entidad nació en 2005, mediante decreto supremo, sin embargo, recién entregó su primer desembolso en 2010.

Desde entonces, transfirió más de 729,7 millones de bolivianos para 1.100 proyectos, a los cuales aún debe unos 363,1 millones de bolivianos en otros desembolsos.

Es decir, que el Fondo Indígena aprobó financiar proyectos por más de1.000 millones de bolivianos.

En febrero pasado, la Contraloría reveló que 153 proyectos no cerraron o ni siquiera comenzaron a pesar de recibir desembolsos. El daño económico al Estado se calculó entonces en 71 millones de bolivianos.

El Fondioc está intervenido desde fines de febrero pasado.

Directorio

El Directorio de Fondioc tiene miembros de los ministerios de Desarrollo Rural, Planificación, Desarrollo Productivo, Economía y Presidencia.

También de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (Cscib) y la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas Originarias Campesinas de Bolivia-Bartolina Sisa. Por las tierras bajas hay cuatro organizaciones con representación.

Analizan incluir más gente en caso terrorismo 2

El Ministerio Público anunció ayer en Santa Cruz que analiza la posibilidad de incluir a más implicados en el caso terrorismo 2, pero antes tiene que resolverse la competencia en el distrito de La Paz sobre qué juzgado llevará el proceso.

El anunció corresponde al vocal de la comisión de fiscales que sostiene el caso terrorismo 1, Marco Antonio Rodríguez, quien ayer fue uno de los principales interrogadores del testigo Miguel Ocampo, mayor de policía que siguió las pesquisas desde 2010 de las supuestas acciones separatistas lideradas por Eduardo Rozsa Flores.

En varias audiencias en la que le correspondió declarar al testigo presentado por el Ministerio Público –de hecho lleva más de dos meses sentado en el banquillo- identificó a una serie de personas que habrían colaborado con el financiamiento del grupo de Rozsa desde la organización denominada como el grupo La Torre, brazo operativo de la logia “Caballeros del Oriente”.

Según recordó el fiscal Rodríguez, en noviembre de 2014 el Ministerio Público presentó la acusación en contra de 14 personas que estarían implicadas en el presunto financiamiento al grupo de Rózsa; sin embargo, todavía esperan que se cumplan los procedimientos para determinar a qué Tribunal de Sentencia se remitirá el caso, según sorteo.

De acuerdo con la primera lista presentada por los fiscales, en la nómina de acusados están Mario Herrera, Fernando Paz Serrano, Zvonko Matkovic Fleig, Luis Núñez Rivera, Ruth Lozada, Jeimmy Delboy Callaú, Adoldo Gandarilla Claure, Gladis Argirakis Blacut, Carlos Alberto Guillén, Hernán Zankiz Salvatierra, Juan Carlos Velarde, Pedro Yovhío Ferreira, Fernando Hevia y Juan Kudelka.

De los 14 que están en la lista inicial, Mario Herrera (gerente de Fexpocruz), Fernando Paz y Juan Carlos Velarde (exejecutivos de Cotas), además de Juan Kudelka, son parte del caso terrorismo 1, aunque este último se declaró culpable, fue sentenciado y ahora goza de libertad.

En la nómina también está la actual gobernadora de Santa Cruz, Ruth Lozada, quien en menos de dos semanas deberá dejar su cargo a Rubén Costas, ganador de los elecciones del pasado 29 de marzo. Sobre Costas, nadie ha confirmado ni negado las acciones a seguir en el caso terrorismo 2, empero, cada vez se habla más sobre la posibilidad de que lo incluyan como acusado.

Caso Rózsa La Fiscalía espera nuevos abreviados

El fiscal Marco Rodríguez, en contacto con los medios y en el ínterin de la audiencia del caso Rózsa, dijo que el Ministerio Público está a la espera de nuevos juicios abreviados de algunos acusados.

Sin embargo, aclaró que la Fiscalía no tiene ninguna propuesta formal de salidas alternativas.

"Hay rumores de posibles interesados, pero desconozco de quienes (se trata)", respondió Rodríguez. Cómo se recordará, ya se sometieron a procesos abreviados los ahora sentenciados Ignacio Villa Vargas "El Viejo", Mario Tadic, Elöd Tóásó, Juan Kudelka y el coronel de Ejército Zoilo Salces. La oposición cuestionó estos procesos al considerarlos que son "extorsiones abrevidas".

Sigue el primer testigo. Ayer continuó declarando el primer testigo del Ministerio Público, el teniente de Policía Miguel Rolando Ocampo. En una de sus intervenciones dijo que tomó declaración en San Pedro al acusado Hugo Melquiades Vásquez; sin embargo, se conoce que el aludido, quien ahora tiene medidas sustitutivas, no estuvo en dicha cárcel de La Paz, porque su breve detención preventiva en este caso fue en el penal cruceño de Palmasola.

lunes, 18 de mayo de 2015

Video El exfiscal Héctor Llave fue sentenciado a 6 años de prisión por realizar cobros irregulares

Video Un vocal involucra a Wilfredo Chávez en el cobro de $us 30 mil para archivar un juicio por estafa

Caso Rózsa Hoy se reinicia la audiencia en santa cruz

Desde las 15:30 horas de hoy está previsto el reinicio de la audiencia del juicio oral del caso Rózsa en el segundo piso del Palacio de Justicia de Santa Cruz.

Es así que el teniente de Policía Miguel Rolando Ocampo continuará con su declaración en su calidad de testigo de cargo del Ministerio Público.

Ocampo está siendo duramente cuestionado por los abogados de la defensa y los acusados porque al parecer supone lo que podría haber sucedido con la célula de Eduardo Rózsa en Santa Cruz.

Por otro lado, la semana del 4 al 8 de mayo fue irregular por la enfermedad de Ronald (Chichi) Castedo, ya que de los cinco días solo hubo audiencia el pasado viernes 8.

Ambas partes esperan avanzar esta semana, sin embargo no se descarta alguna suspensión de audiencia.

sábado, 16 de mayo de 2015

Cuatro implicados en el caso rózsa van a juicio abreviado

El fiscal Marco Antonio Rodríguez informó que al menos cuatro implicados en el caso Rózsa han manifestado su intención de acogerse a juicio abreviado.

Rodríguez explicó que este pedido no ha sido enviado formalmente al Ministerio Público, empero que existe la intención de parte de los acusados en viabilizar el proceso iniciado en 2009.

Afirmó que a la fecha son más de cinco personas, entre ellos Elod Tóásó y Mario Tadic, quienes se sometieron a un juicio abreviado y se declararon culpables de haber participado en el grupo de Eduardo Rózsa Flores, intevenido en abril de 2009 en el asalto policial al Hotel Las Américas.

Junto Rózsa murieron también, el rumano Árpad Magyarosi y el irlandés Michael Dwyer.

“Oficialmente no tenemos el pedido de juicio abreviado de las cuatro personas, pero sí sabemos de forma extraoficial que pretenden buscar la salida judicial que será analizada por la comisión en su momento”.



REINICIO. Marco Rodríguez declaró que el proceso será reinstalado el lunes en Santa Cruz con las 14 personas que actualmente asisten al juicio.

“El proceso se reinicia el lunes con la declaración de los testigos que ha presentado la Fiscalía. Esperamos llegar a la etapa de sentencia con los catorce, pero si hay solicitud de procesos abreviado sólo 10 ó 12 estarían en la etapa final del proceso”.





"El proceso abreviado es una determinación que asumen los inculpados para acelerar el proceso"

Marco A. Rodríguez

viernes, 15 de mayo de 2015

Acusan a Patana de robar 33 vehículos

El abogado Eduardo León señaló que un informe de auditoría reveló la desaparición de 33 motorizados durante la gestión de Patana, exalcalde de la ciudad de El Alto.

“Según los resultados de un informe de auditoría realizado por el gobierno municipal de la ciudad de El Alto, se establece la pérdida de 33 vehículos del parque automotor del municipio y (todavía) no se sabe a dónde fueron a parar”, explicó León. Los 33 motorizados de-saparecidos eran prácticamente nuevos, informó el abogado.

Édgar Patana desmintió la denuncia y manifestó que está dispuesto a someterse a cualquier investigación. /Erbol

Interventora del Fondo verificó in situ 250 de 1.100 proyectos

Después de dos meses de la intervención al Fondo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (FDPPIOYCC), técnicos de la interventora de esa institución verificaron in situ 250 de los 1.100 proyectos que fueron financiados por esa entidad.
El Fondo fue intervenido a raíz del escándalo de corrupción develado por la Contraloría y denuncias de algunos beneficiarios y que salpicaron a figuras del MAS y dirigentes de organizaciones sociales como Felipa Huanca, excandidata a la Gobernación de La Paz por el MAS.

Ante ese hecho, el Gobierno designó -el 25 de febrero- a Lariza Fuentes como interventora, para que investigue los hechos de corrupción denunciados.
En el primer mes, Fuentes se dedicó a ordenar la documentación en las oficinas del Fondo Indígena y desde el pasado mes comenzó a verificar in situ los proyectos y que según el cronograma de actividades de la intervención concluirá en el mes de julio.
"Estamos visitando los 1.100 proyectos, que existen a nivel nacional, para verificar si evidentemente los recursos fueron destinados al objetivo para el cual fue firmado el convenio”, informó Fuentes y explicó que tras visitar los proyectos se notifica a los beneficiarios para que en un plazo de 10 entreguen todos sus documentos de descargo, en original y con el fin de contrastar la información.
Una vez que concluya la inspección "por zonas”: altiplano, valle y oriente realizarán informes individuales por proyectos con detalles como modalidad de compra, formas de pagos, cantidad de técnicos contratados y otros.
Nuevas verificaciones
La próxima semana -según la interventora- inspeccionarán los proyectos en los departamentos de Potosí y Oruro. "La pasada semana verificamos los proyectos que existen en los departamentos de Tarija y Santa Cruz” informó sin dar mayores detalles aunque dijo que las irregularidades detectadas ya fueron remitidas a la Fiscalía.
Página Siete y otros tres medios de comunicación acompañaron ayer en la inspección de dos proyectos en el altiplano de La Paz: uno de mejoramiento de ganado y otro de dotación de semilla para nueve comunidades en el municipio de Ancoraimes de la provincia Omasuyos.
En el primer caso, el representante legal Alfredo Poma informó que recibieron un primer desembolso de 1.115.000 bolivianos del Fondo Indígena con los que compraron 145 vacas de la raza holstein y nueve toros.

El segundo proyecto de dotación de semilla de alfa alfa recibió solamente el primer desembolso en 2012. Ahora, los beneficiarios están esperando el segundo desembolso que está congelado.

Daño económico
Denuncia La Contraloría detectó un daño económico de 71 millones de bolivianos en 153 proyectos de desarrollo productivo y social que no se ejecutaron. Otros 100 proyectos que recibieron 74,6 millones de bolivianos no cerraron de manera formal su labor, por lo que no se tiene constancia de su ejecución y 169 proyectos no tienen el "cierre” correspondiente, pese a que recibieron el 100% de los recursos.

Fondo Indígena Intervención a proyectos evidencia falta de control en desembolsos


LA INTERVENTORA LARIZA FUENTES VERIFICA CON LOS COMUNARIOS LOS ANIMALES QUE FUERON ENTREGADOS.

La falta de seguimiento y control sobre la ejecución de los proyectos financiados por el Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fondioc), es uno de los elementos reiterados que se verificó durante la inspección “ínsito” a los cerca de 250 proyectos fomentados por la entidad, de los 1.100 registrados, según datos preliminares de la comisión interventora, encabezada por Lariza Fuentes.

Desde su nombramiento, el 25 de febrero, Fuentes inició un trabajo con el que se intenta transparentar el supuesto manejo discrecional que se tubo de los fondos desde la gestión 2010 y encarar procesos judiciales, realizando ajustes administrativos para la fiscalización y seguimiento de los proyectos aprobados y financiados.

Según el cronograma de inspecciones elaborados a partir de un criterio de zonificación, la comisión interventora, conformada por siete equipos internos (integrado por cuatro técnicos) y otros 20 de consultores externos, pretende culminar con el trabajo de campo hasta el 15 de julio, para luego evaluar los datos finales y emitir hasta agosto un informe y recomendaciones sobre el proceso de intervención.

INSPECCIÓN

La jornada de ayer, Fuentes encabezó uno de los equipos y procedió a inspeccionar dos proyectos en la provincia Omasuyos, uno de ellos localizado a orillas del lago Titicaca, en el cantón Chejepampa, del municipio Ancoraimes.

En el lugar, los beneficiarios y representantes del proyecto brindaron un informe donde se tenía programado invertir 2.200.000 bolivianos destinado a la dotación de semillas para forraje, ganado y su mejoramiento del ganado para la producción lechera, de ese total sólo se desembolsó 1.115.000; que benefician a 145 familias de nueve comunidades.

Javier Tejada, encargado de proyecto y parte de la comisión interventora, explicó que durante las inspecciones los técnicos ejecutan un protocolo de indagación que permite verificar cómo se inició y se gestionó el proyecto, cuál es el seguimiento que efectuaron desde el Fondioc, el estado actual de proyecto y por último, corroborar la documentación de descargo sobre el dinero desembolsado, que además debe contar el visto bueno de los beneficiarios.

Recordemos que el Ministerio Público ha anunciado la inspección de proyectos en 30 localidades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, según el fiscal departamental de La Paz, Paul Franco.

Esto, a raíz de la denuncia que planteó la Contraloría General del Estado contra la entidad dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, sobre un daño económico al Estado por 71 millones de bolivianos por 153 obras “fantasma” financiadas por el Fondo Indígena.

El Fondioc creado en 2005 y desde en 2006 recibió del Estado 3,1 mil millones de bolivianos, de los cuales se han gastado 1,3 mil millones. Entre las autoridades denunciadas por el mal manejo de este fondo, está Felipa Huanca como dirigente campesina de las “Bartolinas”, quienes percibieron 99.000 bolivianos para ejecutar uno de esos proyectos.

jueves, 14 de mayo de 2015

Comisión viajará a China Intentarán evitar remate de barcazas

Noticia publicada elEl embajador boliviano en la República Popular de China, Guillermo Chalup, buscará conciliar con las empresas demandantes de ese país para evitar que las 16 barcazas y los dos remolcadores sean rematados en junio, informó el ministro de Defensa, Reymi Ferreira.

En conferencia de prensa, la autoridad gubernamental anunció que se solicitará permiso al presidente Evo Morales para que una comisión gubernamental viaje hasta antes de fin de mes a ese país en busca de posibles soluciones a la demanda y de ese modo evitar un posible remate de las barcazas.

El tema de las barcazas significan la erogación de 30 millones de dólares que se incrementan a cada día por temas de alquileres de almacenes. / ANF

martes, 12 de mayo de 2015

Video Acusan a Álvaro García de maniobrar una campaña contra Rubén Costas

Video Concejal de Cochabamba enfrenta dos procesos: estafa y cobros irregulares

Fondioc en Tarija es observado por las autoridades



Las reacciones sobre las irregularidades presentadas en un proyecto del Fondo Indígena que fue implementado en la casa de la dirigente de las Bartolinas Sisa y ex Ministra de Desarrollo Rural y Tierras,

Julia Ramos, no se dejaron esperar. Autoridades departamentales y municipales electas, así como dirigentes del agro, cuestionaron la posición asumida por Ramos y pidieron que se investigue estos hechos.
El primero en salir a la palestra fue el asambleísta departamental electo por Unidad Departamental Autonomista (UDA), Mauricio Lea Plaza, quien manifestó que el Fondo Indígena se habría constituido en “un mecanismo de financiación de recursos del Estado en favor de dirigentes del MAS, en favor de funcionarios y personeros políticos que hoy han recibido un beneficio importante”.
Lamentó que no se haya tenido control ni fiscalización en este tipo de proyectos y aseguró que el caso de Julia Ramos “es uno más de los que se han venido denunciando desde hace mucho tiempo”.
Según la autoridad electa, los recursos distribuidos en Tarija son importantes y pidió a las instancias pertinentes hacer seguimiento a la denuncia, pues según él, los principales dirigentes del MAS que están en las organizaciones sociales habrían hecho de este fondo un medio de vida para sacar ventaja económica de los recursos públicos.
Un poco más duro y crítico a lo sucedido con el programa nacional, fue el ex dirigente campesino y ex diputado nacional, Luis Alfaro, quien dijo que de unos 100 proyectos que presentaron los campesinos, no más de cinco se beneficiaron. Denunció además que para esto, era necesario que los proyectos tengan “madrina o padrino”.
“Muy preocupante que una ex ministra este envuelta en estas denuncias. Yo puedo disponer de mi casa si sería gratis, un aporte; pero si yo soy la que gestiona el proyecto, soy una ex autoridad y soy la que me beneficio del proyecto y además alquilo, cobro del fondo y de los beneficiarios, sería algo gravísimo”, sostuvo.
Ante esta situación, declaró que pedirá a la Confederación de campesinos en Bolivia, a la ministra Nemesia Achacollo y a la gerente nacional del Fondo Indígena un informe. Recordó que en uno de los proyectos implementados en Tarija, los campesinos aportaron su contraparte para estos proyectos y dijo que se perdió la plata. “Ojalá que esa plata no se haya gastado en la campaña”, dijo.
Con una postura un poco más mesurada, se pronunció también el alcalde electo de la ciudad de Cercado, Rodrigo Paz, quien pidió a instancias fiscales y legales iniciar la investigación correspondiente. “Más allá de las denuncias, prefiero que se haga la investigación y a raíz de las conclusiones tomar una posición, pero es muy dado en Bolivia para con el oficialismo u oposición, el hecho de la distorsión muchas veces. Yo prefiero una reserva en cuanto a esta situación”, dijo.
Las reacciones de las autoridades y ex dirigentes campesinos se dan tras la revelación de que la dirigente bartolina Julia Ramos habría levantado un proyecto de confección textil del Fondioc en su domicilio, por lo que recibe alquileres de dos centros.

lunes, 11 de mayo de 2015

Julia Ramos monta proyecto del Fondo Indígena en su casa



La ejecutiva de la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Tarija “Bartolina Sisa”, Julia Ramos, alquila dos dependencias de su casa en donde funcionan dos centros de capacitación para confección textil financiados a través del polémico Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc).

El País eN conoció la existencia de estos centros textiles en la ciudad de Tarija y fue a corroborar, sobre el terreno, cómo están funcionando y si se están cumpliendo los objetivos trazados en el proyecto. Al llegar al centro, María Eugenia Cruz, la técnico que administra el proyecto, accedió a mostrar las instalaciones.
Los dos centros están ubicados en un edificio dentro de la casa propiedad de Julia Ramos, una sala en la planta baja y otra en la planta primera. Ambos espacios están acondicionados con distintas máquinas de coser y utensilios para la confección de ropa típica; sin embargo, de las beneficiarias que deben capacitarse y elaborar su ropa para luego venderla, ni rastro. El estado de las máquinas, cuidadosamente tapadas, denota que el uso que se les ha dado no ha sido mucho.
Cruz explica que, por enfermedad de la técnico que capacita a las mujeres, y debido a las fiestas de Navidad y el periodo electoral, el centro lleva parado desde octubre. La cantidad de producción textil, como reconoce la misma administradora, es escasa, aunque asegura que están trabajando para llegar a elaborar la cantidad suficiente y poder colocarla en distintos mercados.
“Nosotros exponemos las confecciones en las diferentes ferias y como técnico administradora a mí me corresponde, una vez que haya cierta cantidad de producción en cuanto a la vestimenta típica, crear los nichos de comercialización, pero eso lo voy a hacer recién porque la capacitación tiene que estar al 100 por cien. Ha sido un poco lenta porque vienen de las comunidades y no saben manejar las máquinas y el aprendizaje ha sido mucho más lento de acuerdo a lo que se había previsto en el proyecto”, indica.
El proyecto está dirigido a 50 beneficiarias de distintas comunidades del departamento y el objetivo es que las mujeres se formen en el uso de máquinas de coser modernas para que elaboren su propia ropa y luego la vendan, apunta la administradora. El Fondo Indígena financia todo el proyecto, 958.415 bolivianos, a excepción de una contraparte que han de pagar las beneficiarias por concepto de alquiler.
“Este es un proyecto que está financiado por el Fondo Indígena y está gestionado por las bartolinas a la cabeza (sic) de la señora Julia que es la que en realidad ha aportado bastante con el tema de gestionar. Nos han hecho un primer desembolso que alcanza el 70 por ciento. De que sí se ha comprado toda la maquinaria y el material necesario y falta complementar alguna maquinaria, pero con eso será el segundo desembolso”, dice.
En cuanto a la propiedad del inmueble donde está alojado, la administradora reconoce que es propiedad de una dirigente de las bartolinas - aunque no revela el nombre - y que se le tiene que pagar un alquiler.
“Las beneficiarias van pagando el alquiler como contraparte. Hemos hecho un convenio, tenemos que seguir pagando el alquiler, pero nos están esperando a cuando tengamos la producción y cerremos el mercado. Se va seguir pagando. El edificio es particular y los ambientes son alquilados. En realidad es de una persona que forma parte de la federación de la Bartolina Sisa, pero no tiene nada que ver, igual podíamos alquilar unos ambientes de un señor x”, cuenta.
En efecto, la propietaria de dicho inmueble es la dirigente bartolina Julia Ramos. Para confirmar la situación, El País eN, buscó a la ex ministra de Justicia y le preguntó sobre el alquiler.
“Eso es muy privado. La contraparte la tenemos que poner. Ahora está más de un año y estamos esperando que se termine. Tengo que estar viendo la forma de cómo llevar adelante, faltan muchas cosas”, dijo. Al preguntarle por si recibe alquiler, visiblemente alterada, rehuyó la pregunta. “Tiene información demuéstreme. Estamos apoyando. Ustedes no conocen, por qué hablan. Yo te invito y te voy a explicar, no tengo ningún problema”.
Aceptamos la invitación, y fuimos a la oficina de las bartolinas, para conocer más información sobre el proyecto. Volvimos a la carga, e insistimos sobre el alquiler. “Hay contraparte de la organización (para) ver el tema de servicios y alquileres. Servicios me tienen que pagar y lo que estoy haciendo es ayudar a la organización. Si ahora estuviera en otra casa, ya se habrían confiscado todas las máquinas, estamos más de un año. A veces uno dice: ´pucha, uno más ayuda y la gente lo malinterpreta´. El proyecto no nos paga alquiler”, argumenta.
Sin embargo, Cruz, que acompaña en esta ocasión a Ramos, sí señala que se debe pagar un alquiler. En la entrevista, Ramos afirma que, aunque ha estado paralizado el proyecto, los sábados y domingos ya están yendo de nuevo las beneficiarias a trabajar. El pasado sábado El País eN volvió a visitar las instalaciones y esta vez sí había mujeres capacitándose, aunque no en un número elevado ya que, según explican, muchas se habían marchado porque van al centro temprano.
La conversación empieza a desviarse por otros derroteros y, ante la falta de aclaración sobre algunos puntos del proyecto, pedimos que se nos facilite en papel. Tras varias excusas y un par de semanas más tarde, Julia Ramos presenta el documento en las oficinas del periódico.

Proyecto
El proyecto denominado “Capacitación y equipamiento para confección de prendas de vestir artesanías en el departamento de Tarija”, data de diciembre de 2011 y tiene un costo de 958.415 bolivianos.
Las beneficiarias de dicho proyecto, según consta en la documentación, son 50 mujeres originarias de las comunidades Campo de Vasco y La Cabaña (en el municipio de Uriondo) y Santa Ana, Monte Sud y El Portillo de Cercado (en el municipio de Cercado).
En cuanto a la ubicación, aparece la primera irregularidad. Según el proyecto, se deben establecer un centro en el municipio de Uriondo y otro en Cercado. Nadie sabe nada del centro de Uriondo y, a tenor de las explicaciones de la técnico, los dos centros se han establecido en Cercado, concretamente en la propiedad de Julia Ramos.
El proyecto está conformado por tres componentes: Equipamiento de los centros con maquinaria y equipos; capacitación, producción y formación de promotoras; comercialización y capacitación en la comercialización. El primero se ha cumplido en casi su totalidad, a falta de alguna maquinaria que resta comprar; el segundo a mitad, y el tercer componente no se ha cumplido nada, puesto que todavía se están buscando los mercados de comercialización de los productos debido a que la producción es escasa.
En cuanto a la estructura de la inversión del proyecto, en el documento aparece detallada de la siguiente forma: Obras físicas materiales y suministros, 157.751 bolivianos (la obra física no se entiende qué es, ya que, según Ramos, “ningún proyecto contempla la infraestructura”); Maquinaria y equipo, 585.384 bolivianos; mano de obra calificada, es decir la técnico que capacita a la beneficiarias, 126.000 bolivianos, por impartir, según el documento, nueve talleres; capital de trabajo, 40.618 bolivianos, del Fondo Indígena, y 48.662 bolivianos como aporte propio de las beneficiarias.
Ya en el presupuesto desglosado aparece el detalle del alquiler. En concepto de alquiler de edificios, por un total de 12 meses, las beneficiarias han de pagar 24.331 bolivianos por cada centro, al estar los dos centros en la propiedad de la dirigente bartolina, Ramos ha de recibir 48.662 bolivianos, es decir 4.055 bolivianos mensuales.
Pero además del aspecto del alquiler y de su ubicación en propiedad de una dirigente, se han identificado otras falencias o incoherencias del proyecto. En primer lugar, según señala el proyecto en el apartado de resultados, 50 beneficiarios habrían logrado “consolidar capacidades de producción diseño administración y negociación de prendas artesanales y trabajan en dos centros”.

Las beneficiaras deben trabajar por su cuenta

Sin embargo, en las entrevistas mantenidas con Julia Ramos y Cruz, estás aseguraron que el proyecto es sólo de capacitación y que una vez que las beneficiarias hayan logrado formarse habrán de trabajar autónomamente desde sus casas.
Una situación que obligaría a las beneficiarias a comprar sus propias maquinas de coser con el desembolso económico que ello supone y que en la mayoría de los casos será difícil que puedan afrontar por ellas mismas. El segundo aspecto es que, si solo contempla la capacitación de las 50 beneficiarias, ¿qué pasará después con las máquinas de coser adquiridas con el dinero del Fondo?
Según Ramos, la idea es que más mujeres se capaciten en ese centro y que sean las primeras beneficiarias quienes enseñen su manejo, circunstancia que no aparece detallada en el proyecto.
Otra de las curiosidades es el monto destinado a la técnico capacitadora. Por la enseñanza de 9 talleres, la persona encargada de la formación recibe 126.000 bolivianos, es decir, 14.000 bolivianos por taller, el sueldo mensual de un asambleísta.
El manejo irregular de los recursos del Fondo Indígena y la falta de eficacia y planificación de algunos proyectos a lo largo de todo el país han provocado que el pasado sábado, la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, tras una reunión con la dirigencia campesina, de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (Fsucct), decidiera paralizar la transferencia de recursos económicos a los proyectos del Fondo Indígena que se ejecutan, hasta que se concluya el proceso de investigación, sobre posible malversación de recursos.
Además, determinaron reorientar la inversión de los demás proyectos productivos que ejecutan a través de los ministerios.



Ramos recibirá Bs 48.662 en concepto de alquiler

En concepto de alquiler de edificios, por un total de 12 meses, las beneficiarias han de pagar 24.331 bolivianos por cada centro, al estar los dos centros en la propiedad de la dirigente bartolina, Ramos ha de recibir 48.662 bolivianos, es decir 4.055 bolivianos mensuales.

sábado, 9 de mayo de 2015

Cuestiona el silencio de Villena en caso Rózsa

La senadora de Unidad Demócrata (UD), Carmen Eva Gonzales, cuestionó el silencio del defensor del Pueblo, Rolando Villena, sobre las persecuciones y los presos políticos en varios procesos, entre ellos el caso Rózsa.

Además de lo sucedido con el exprefecto Leopoldo Fernández y del exsenador Róger Pinto.

"En estos casos se aplazó Villena y por lo tanto no es digno del premio Libertad otorgado por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP)", afirmó la legisladora.

Indicó que hay personas detenidas y otras que se vieron obligadas a abandonar el país en busca de resguardo y seguridad y no se vio la defensa de Villena.

Dijo que hubo indiferencia de la autoridad en el caso Rózsa a sabiendas de "que fue un montaje del Gobierno".

Recordó que Villena nunca recibió en su oficina a la comisión de senadores de la oposición que exigían justicia para los perseguidos y detenidos políticos del régimen de Evo Morales. Comentó que incluso las hijas de Leopoldo Fernández tuvieron que invadir los ambientes de la Defensoría del Pueblo para instalar un piquete de huelga de hambre, "pero el defensor no movió un solo dedo".

Debió tomar acciones. La senadora opositora mencionó que era obligación de Villena tomar acciones de oficio ante las permanentes denuncias de violaciones a los derechos humanos de los presos y perseguidos políticos. Agregó que la autoridad debió denunciar al régimen gubernamental y hacer seguimiento a las investigaciones. Cuestionó la premiación a una autoridad que representa a los derechos humanos y hace selección de los ciudadanos a quienes debe defender, cuando todos deben ser iguales ante la ley.

viernes, 8 de mayo de 2015

Caso Rózsa Juicio oral se paralizó toda la semana

El juicio del caso Rózsa quedó paralizado toda la semana. El lunes fue por ausencia de los jueces Sixto Fernández y Elena Gemio y el acusado Alberto Melgar. El martes se enfermó el imputado Ronald Castedo, quien se descompensó y casi pierde el conocimiento por síntomas de chikungunya. Situación que obligó a Fernández, titular del Tribunal Primero de Sentencia, suspender la audiencia, ordenar su internación y pedir informe del Instituto de Investigación Forense (IDIF) de Sucre. El miércoles ante la ausencia de Castedo por su cuadro clínico, se volvió a suspender la audiencia, aunque sin certificado forense.

Forense cuestionada. Ayer se presentó un informe del IDIF en que daban tres días de baja a Castedo. Sin embargo, el certificado de la forense Sheila Gutiérrez es cuestionado por el abogado Hermán Fries, ya que fue el tercer examen, porque los 2 anteriores no fueron tomados en cuenta.

jueves, 7 de mayo de 2015

Diputado Rafael Quispe Señala a Arce por el Fondo Indígena

El diputado opositor Rafael Quispe señaló a la Agencia de Noticias Fides (ANF) que el ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce Catacora, supuestamente era partícipe del directorio del Fondo Indígena a través de sus representantes designados por Resolución Ministerial. El legislador considera que por esta razón Arce también sería "culpable" del supuesto mal manejo de recursos en esa entidad. ANF agrega que Quispe entregó como prueba una copia de dos resoluciones ministeriales Nro 429 y 613. En la primera se designa como representante de su ministerio ante el Fondo Indígena a Rubén Gonzalo Ticona Chique, director general de Programación y Operaciones del Tesoro del Viceministerio del Tesoro y Crédito Público.

Pide explicación. Quispe dijo que el titular de Economía y Finanzas debe explicar las razones por las que no se alertó sobre los manejos irregulares en el Fondioc, que administra recursos económicos generados del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, para el financiamiento de proyectos productivos para las naciones y pueblos indígena originario campesinos. El Directorio del Fondo Indígena está presidido por el Ministro de Desarrollo Rural./ANF

Caso terrorismo Los cuatro detenidos descartan abreviado

Los cuatro acusados del caso Rózsa, que se encuentran detenidos, mantienen su posición firme de no someterse a un juicio abreviado, como ya lo hicieron cinco de sus compañeros de infortunio.

Alcides Mendoza, Juan Carlos Guedes, Gelafio Satistevan y Zvonko Matkovic Ribera, coinciden que, a pesar de estar presos 6 años, acogerse a una salida alternativa a estas alturas es como avalar el montaje del Gobierno.
Los cuatro detenidos del caso Rózsa vuelven a ratificar su inocencia del juicio del siglo, como lo denomina la población.

Como se recordará, ya se acogieron al juicio abreviado Elöd Tóásó, Mario Tadic, Juan Kudelka, Ignacio Villa Vargas 'El Viejo' y Zoilo Bernardo Salces.

Se vuelve a postergar la audiencia. Por tercera vez consecutiva, ayer se volvió a postergar la reinstalación de la audiencia del juicio oral en Santa Cruz. Nuevamente, por la enfermedad del expresidente de Cotas, Ronald (Chichi) Castedo, quien al parecer padece de chikungunya, acompañado de fiebre y taquicardia. Lo que no se presentó ayer fue el informe de los forenses del IDIF, a pesar de haber examinado al paciente el martes en la tarde.

martes, 5 de mayo de 2015

Fondo Indígena costeó obras no productivas

De este grupo, un total de 46 proyectos fueron establecidos para el fortalecimiento institucional, por un monto de al menos Bs 22,5 millones.

La información se desglosa de un informe enviado por el Fondo Indígena a la Asamblea Legislativa. Se especifica también que el Fondo desembolsó Bs 149,3 millones de transferencias concluidas a 194 proyectos, de los cuales 36 fueron a parar a estas labores de fortalecimiento, por una suma de aproximadamente Bs 19 millones.

En otra lista hay 906 proyectos aún en ejecución, cuya suma solicitada asciende a Bs 942.9 millones; el importe total transferido es de Bs 579.7 millones.

En este grupo aparecen los otros 10 proyectos por Bs 3.515.541 para fortalecimiento institucional, capacitación de recursos humanos para fortalecer organizaciones, control social de las mujeres, acompañamiento del proceso agrario, seguimiento a procesos de saneamiento de tierras, fortalecimiento a gobiernos originarios o capacitación en saberes ancestrales.

Según el decreto 28571 del 2005, el objetivo del Fondo es financiar proyectos de desarrollo productivo y social que beneficien de manera directa a los pueblos indígenas, originarios y comunidades campesinas. /MAM

Caso Rózsa Suspenden audiencia por falta de jueces

La audiencia del juicio oral del caso Rózsa se suspendió ayer ante la ausencia de los jueces técnicos Sixto Justo Fernández y Elena Gemio que no pudieron llegar desde la sede de Gobierno.

De la misma manera, tampoco alcanzó a llegar el acusado Alberto Melgar desde Trinidad.

Por tal motivo, se tiene previsto la reanudación para hoy a las 9:30 en el segundo piso del Palacio de Justicia de Santa Cruz.

Continúa declarando el primer testigo. Asimismo, continuará declarando el teniente de Policía, Miguel Rolando Ocampo, en calidad de testigo de cargo del Ministerio Público. El testigo fue cuestionado por varios de los abogados de la defensa, en el sentido de que emitió muchos juicios de valor en contra de los acusados.

Incluso su investigación se basó al informe de sus antecesores, ya que asumió el caso un año después del operativo del hotel Las Américas.

lunes, 4 de mayo de 2015

Hoy reanudan juicio caso Terrorismo I

El juez primero de Sentencia Sixto Fernández informó que hoy se reanudará la audiencia del juicio oral en el caso Terrorismo I, en la ciudad de Santa Cruz cumpliendo con la etapa probatoria. Según el juez Fernández esta etapa es importante porque las partes deben presentar todas las pruebas necesarias que deberán ser valoradas por el tribunal a fin de tener todos los elementos necesarios que sirvan para dictar una sentencia al final del juicio.

“Dentro de todo el proceso, una de las últimas partes es la etapa probatoria, donde el Tribunal tiene que ver todas las pruebas que se han presentado con la acusación fiscal, ahí están todo tipo de pruebas, documentales, periciales, materiales. Todas esas pruebas el tribunal tiene que valorar para en su momento dictar la sentencia que corresponde”, dijo.

viernes, 1 de mayo de 2015

sentenciado en el caso de presunto terrorismo Ignacio Villa Vargas: “El problema de este caso es que fue politizado”

¿Qué más falta por decir en este caso?
No se ha dicho casi nada sobre el caso, todo ha sido maquillaje nomás, sobre las cosas de fondo aún no se ha llegado. El pueblo tiene que saber la verdad, debe saber quiénes participaron y si hubo o no terrorismo.

¿Hubo terrorismo?
Sí hubo terrorismo de ambos lados. Pero no precisamente el tipo de terrorismo que provoca violencia o muerte, como lo que estamos acostumbrados. El problema fue que este caso fue politizado, su intervención hizo que no se conozca la verdad.

Elöd Tóásó dijo que vino al país para participar de la defensa a Santa Cruz, ¿eso es verdad?

A mí me invitó David Sejas para participar de una reunión en la Feria Exposición y ahí tuve contacto con Eduardo Rózsa Flores, pero en ese momento no sabía quién era él.

En esas reuniones se hablaba de defender Santa Cruz porque estábamos avasallados por todos los frentes, pero ‘malos cruceños’ metieron sus manos en este movimiento para cuidar sus bolsillos. Ellos cambiaron el rumbo de estas acciones y buscaron la confrontación.

Tóásó dijo que Rózsa se reunió con Rubén Costas, ¿qué sabe de esto?
Eso es cierto y se puede comprabar esta relación, porque pese a las sindicaciones contra Costas él nunca fue procesado o destituido, siempre hubo una mano salvadora.

¿Qué más conoce de este proceso?
Muchas cosas me he guardado, por ejemplo hay un empresario dueño de una importadora de fierros y de una línea aérea y nadie le ha tocado un solo pelo, siendo que también financió este movimiento.

¿Conoce más nombres de gente que participó en estos hechos?
Por ahora no se pueden dar nombres.

¿Cuándo entonces?
Cuando se tenga una sentencia, cuando existan personas condenadas. Esas mismas personas cuestionarán por qué solo a ellos se los está declarando culpables y por qué otros no están. Cuando se imponga una pena recién reaccionarán.

¿Tiene temor por su vida?
Creo que soy de fierro, he sufrido atentados dentro de todas las cárceles donde estuve y siempre he salido airoso, por qué no hacerlo una vez más.

¿Qué hará ahora?
Voy a escribir un libro que se publicará un día después de que se dicte condena. Además, quiere pedir perdón a mi familia por todo su sufrimiento y al cardenal Julio Terrazas por haber participado del atentado que pudo haberlo matado