miércoles, 30 de septiembre de 2009

Guillermo Dalence es detenido por presunto acto de corrupción


Noticia publicada en La Prensa el 30 de Septiembre de 2009


El ex presidente de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) Guillermo Dalence fue detenido ayer preventivamente e imputado por la supuesta compra con sobreprecio de 18 predios. Es el segundo responsable de una institución pública que es detenido. El primero fue Santos Ramírez, ex interino de la estatal petrolera.

Dalence fue aprehendido después de declarar, por casi tres horas, ante el fiscal paceño Prudencio Flores, quien explicó a los medios que tomó esa decisión porque existe el riesgo de fuga y la posibilidad de que el sospechoso obstaculice las investigaciones.

La audiencia de medidas cautelares podría efectuarse hoy en el Juzgado Décimo de la Corte de Distrito de La Paz.

El Ministerio de Transparencia presentó el 10 de septiembre de este año una denuncia en la Fiscalía de La Paz contra Dalence por presuntas irregularidades en la adquisición de 18 predios, en la provincia Germán Busch, entregados en abril reciente a la empresa Jindal para que comience a explotar el yacimiento de hierro del Mutún.

Esa cartera de Estado acompañó su pedido de investigación con documentos proporcionados por la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), el Ministerio de Minería y la ex Superintendencia Agraria.

El ex presidente interino de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y ex dirigente jerárquico del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) Santos Ramírez fue enviado a la cárcel de San Pedro, con medidas preventivas, el 11 de febrero de este año.

Está acusado de al menos seis delitos, entre ellos peculado, conducta antieconómica y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.

Este supuesto caso de corrupción se descubrió después del asesinato violento, el 27 de enero de 2009, del representante de la empresa Catler-Uniservice Jorge O’Connor D’Arlach durante el robo de 450.000 dólares.

Ese monto, presuntamente, estaba dirigido a pagar una coima a Ramírez por la adjudicación a Catler de un contrato para la construcción de una planta hidrocarburífera en la provincia Cordillera, del departamento de Santa Cruz.

Los cargos contra Dalence

Los delitos que pesan en contra de Dalence son, según el fiscal Flores, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.

Estas acusaciones implicaron el pago en esta gestión de 2.160.000 de dólares por 18 terrenos aledaños al Mutún. Pero, según la ex Superintendencia Agraria, esos predios sólo cuestan 46.311 dólares, de acuerdo con la versión proporcionada ayer por el fiscal Flores.

Dalence declaró la mañana de este martes a los medios que el ministro de Minería, Luis Alberto Echazú, “ha manifestado su acuerdo con todas las gestiones que he realizado varias veces”.

Recordó que el Gobierno promulgó el 18 de abril de 2009 el Decreto Supremo 085, que autorizó a la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) el desembolso de poco más de 15,27 millones de bolivianos para adquirir 2.537.247 hectáreas de tierra.

El 26 de abril, en un acto público en Puerto Suárez, el presidente Evo Morales entregó a Jindal 5.537 hectáreas de tierra saneada para que inicie la explotación del yacimiento.

Sin embargo, el 21 de julio, el gerente de la firma india en Bolivia, Jaime Santa Cruz, denunció que la compañía no recibió la totalidad de las tierras para comenzar las operaciones.

Al día siguiente, el director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Juan Carlos Rojas, ratificó que la empresa Jindal sólo recibió 5.400 hectáreas de las 6.000 que le iba a entregar el Estado boliviano. Añadió que 600 hectáreas aún estaban en conflicto. Dalence comentó en septiembre de este año que el conflicto de tierras se produjo luego de la modificación, en julio de 2008, del área de concesión, ya que los predios estaban en la parte norte.

Pero aseguró que ya no hay conflicto porque el Ejecutivo expropió 243 hectáreas de las 806 que el INRA determinó que son propiedad de la empresa Ongole, que dice poseer más terrenos, tema que está en manos del Tribunal Agrario.

Pese a las explicaciones de Dalence, el presidente del Comité Cívico de Puerto Suárez, José Luis Santander, exigió desde julio de 2009 la renuncia del presidente de la ESM.

Con ese objetivo se movilizaron ese mes con protestas que incluyeron un paro de actividades provinciales por 24 horas y el cierre de las vías de comunicación terrestres a Brasil y Argentina por varios días.

Debido a esa presión regional, Dalence renunció al cargo a principios de agosto, mientras que el presidente Morales optó por destituirlo el día 21 del mismo mes.

A pesar de ello, no pudo dejar la Presidencia de la ESM, porque, de acuerdo con las normas vigentes, el Jefe de Estado debe nombrar primero un nuevo responsable de esa siderúrgica de entre los miembros de su directorio ejecutivo.

Sergio Alandia, nuevo interino

Sergio Alandia es el nuevo presidente interino de la Empresa Siderúrgica Mutún (ESM) y sustituirá en el cargo a Guillermo Dalence. La posesión será en los próximos días, informó el director General de Desarrollo Productivo del Ministerio de Minería, Freddy Beltrán.

Además, en octubre, el Directorio del Riesgo Compartido ESM-JSB volverá a tratar el plan de trabajo y el presupuesto que Jindal debe presentar para la explotación del hierro y la industria siderúrgica del cerro Mutún.

El acto de posesión depende del arribo del ejecutivo designado, quien se encuentra en el extranjero, indicó la autoridad, y recordó que el nombramiento es por resolución suprema.

Respecto del plan de desarrollo y las inversiones para la industria siderúrgica, Beltrán informó que ya se cumplió con el primer plazo y en agosto presentó los documentos, pero se formularon varias observaciones que JSB está corrigiendo.

Los detalles

Guillermo Dalence fue ministro de Minería del Gobierno de Evo Morales entre enero y octubre de 2006. El 6 de abril de 2008 fue posesionado de la Presidencia de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), cargo que estuvo ocupado anteriormente por el ingeniero Wálter Chávez Paz.

Este último fue destituido luego de que el Directorio de la ESM en pleno retirara su confianza por llevar a cabo una administración que fue tildada de “arbitraria” y contraria al propósito del Gobierno de iniciar las operaciones de exploración del Mutún.

Desde el principio, Dalence fue cuestionado por los cívicos de Puerto Suárez, quienes lo acusaron de perjudicar el inicio de las operaciones de la empresa india Jindal para la explotación del hierro del Mutún.

Para comenzar esos trabajos, la firma extranjera debía contar con terrenos adjudicados por el Estado.

Pero las negociaciones, que comenzaron en agosto del año pasado, se prolongaron hasta abril de 2009.

Los cívicos de Puerto Suárez hicieron paros y bloqueos contra Dalence, quien los acusó de asumir una actitud política en este tema.

El yacimiento del Mutún fue descubierto en 1848. Recién a partir de 1956 Comibol y Geobol realizaron estudios para su explotación.

Hasta 1993 la Empresa Metalúrgica del Oriente (Emedo), parte de Comibol, explotó 350.000 toneladas de concentrados para metalúrgicas de Paraguay y Argentina, pero tuvo que suspender sus actividades por la falta de tecnología y energía para la extracción y por dificultades de transporte.

En junio de 2006, a la empresa de capitales indios Jindal Steel and Power se le adjudicó la licitación lanzada por el Gobierno de Evo Morales para el desarrollo del proyecto de hierro El Mutún.

Desde entonces, Jindal controla, y durante 40 años, el 50 por ciento de la reserva (de 40.000 toneladas métricas) e invertirá 2.300 millones de dólares en el proyecto siderúrgico durante ocho años.

martes, 22 de septiembre de 2009

Un juez determina que Chito Valle debe devolver $us 99.149


Noticia publicada el 22 de Septiembre de 2009 en La Prensa


El Juez Cuarto Coactivo Fiscal emitió la sentencia, según la Contraloría, que determina que el ex prefecto de La Paz Luis Alberto “Chito” Valle debe pagar 99.149 dólares como resarcimiento en el caso “Chitoalcoba”.

Además están implicados los ex funcionarios Mario Rivera y Armando Quezada.

El contralor general interino, Gabriel Herbas, recordó a ANF que el fallo fue emitido luego de ocho años de proceso.

El caso se refiere a la compra irregular de muebles para el Palacio Prefectural. La auditoría develó que mediante un contrato entre la Prefectura de La Paz y la empresa Occidental Bolivia S.R.L. se adquirieron muebles por un total de 99.149 dólares.

Sin embargo, la provisión no tenía sustento documental ni justificación para la decisión de compra bajo la modalidad de excepción, además que esa adquisición no estuvo consignada en el Plan Operativo Anual (POA) ni tenía un presupuesto asignado.

La autoridad reconoció que será difícil ejecutar el cobro, pues una de las deficiencias en el proceso judicial fue no haber inscrito los bienes de los implicados, que al momento están prófugos. “El proceso se originó en una auditoría a la gestión 1998 en la Prefectura. Es una apropiación y disposición arbitraria de bienes patrimoniales del Estado”.

El fallo establece que tanto “Chito” Valle; Rivera, ex director de la Unidad de Licitaciones y Contratos, y Quezada, ex Jefe de Sección de Licitaciones y Contratos, deberán pagar cinco días después de su notificación.

sábado, 19 de septiembre de 2009

El MAS aísla a Cirio Quispe y le llueven demandas por corrupto

El diputado suplente del Movimiento Al Socialismo (MAS) Cirio Quispe afrontará al menos cuatro procesos por el presunto cobro de 8.000 dólares a cuatro campesinos, a quienes prometió tramitar licencias para comercializar hoja de coca en Santa Cruz.

Octavio Mollicheca Mamani, Luis Gualberto Condori Quispe, Reina Mollicheca Mamani y Gloria Michua Mamani denunciaron que el parlamentario, suplente de la diputada Elizabeth Salguero, les exigió el pago de 16.000 dólares para extenderles las cuatro licencias.

Ellos poseen cocales en la comunidad de Santa Rosa, en el municipio de La Asunta, provincia Sud Yungas, La Paz.

La diputada Salguero abrió ayer un proceso penal en contra de su suplente por los delitos de estafa, corrupción, cohecho y uso indebido de influencias contra los campesinos.

La legisladora derivó el caso al Ministerio de Transparencia y a la Dirección Nacional del MAS, que abrirán causas contra Quispe.

Alfredo Arnez, abogado patrocinante de los cocaleros supuestamente estafados, presentó el jueves una querella por concusión, uso indebido de influencias y estafa contra Quispe.

El presidente de la bancada oficialista en Diputados, César Navarro, reiteró ayer que el MAS no se opondrá al procesamiento del sindicado.

La coca en Santa Cruz

El 1 de agosto, La Prensa publicó que la Asociación Departamental de Productores de Hoja de Coca de La Paz (Adepcoca) envió al norte cruceño integrado y Santa Cruz de la Sierra 13,4 toneladas de este cultivo, aproximadamente la cuarta parte de la cantidad vendida cada día.

En el curso de este año, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) destruyó cinco megafábricas de cocaína en San Juan de Lomerío, Curuchi, Porongo, El Triguillo y El Pajaral, en Santa Cruz.

El Viceministerio de la Coca y Desarrollo Integral emitió la Resolución 248/08 que prohíbe extender nuevas autorizaciones para la venta al detalle del producto.

Pese a ello, los cuatro cocaleros se prestaron 8.000 dólares del Banco Unión y la Fundación Diakonía para entregarlo a Cirio Quispe, quien firmó recibos en los que se lee claramente “por concepto de trámite de licencia de comercialización de hoja de coca (...) Una vez entregado (sic) la licencia, debe ser cancelado el saldo”, en tanto que en otro dice: “Y el saldo se completará una vez entregados (sic) las licencias”.

El jurista Arnez declaró ayer que hace una semana aproximadamente “estas personas, que son muy pobres y humildes, pese a lo que pagan intereses y el préstamo bancario, encontraron a Cirio Quispe en la plaza Murillo, donde les dijo que mientras otras autoridades no le devuelvan las sumas que les dio con la finalidad de lograr las licencias”, no les devolvería su dinero.

La diputada Salguero, una de las involucradas por Quispe en este caso, informó ayer a La Prensa que se querelló contra su suplente “para que pueda aclarar los supuestos cargos, en los que también ha implicado al viceministro de la Coca, Gerónimo Meneses, a mí y al director general de la Coca e Industrialización, Luis Cutipa”.

Quispe, quien no pudo ser encontrado ayer por la tarde, presentó notas de descargo ante el Comité de Constitución y Ministerio Público de la Cámara Baja y a Transparencia.

Salguero dijo que “ya es tarde, porque ha dejado pasar el tiempo y esta denuncia es pública. No ha actuado en su momento. Pudo haber iniciado una acción en su momento contra las personas que sindican”.

Quispe es representante de los cocaleros asentados en Chicaloma, Sud Yungas, pero dirigentes de Adepcoca aún no recibieron copia de la denuncia.

Arnez se mostró sorprendido por la reacción de las autoridades parlamentarias a partir del momento en que la denuncia tomó carácter público, pues desde fines del mes pasado solicitó la intervención de Edmundo Novillo, presidente de la Cámara Baja, y Jorge Silva, secretario del Comité del Ministerio Público y Policía Judicial de la Cámara de Diputados, sin haber recibido una respuesta.

El vicepresidente del MAS, Sergio Loayza, sostuvo que la Dirección Nacional del partido dijo que el caso será procesado sin consideración ni contemplaciones. Quispe se hace pasible a la expulsión.

La Dirección masista promete severidad

Leonilda Zurita, presidenta de la Comisión de Ética del Movimiento Al Socialismo (MAS), y Sergio

Loayza, vicepresidente del partido en función de Gobierno, coincidieron ayer en que los organismos de conducción masista no recibieron las denuncias que pesan contra el diputado suplente Cirio Quispe.

Zurita dijo que “no tengo conocimiento de este caso, y tampoco nadie me informó de lo que está sucediendo con el diputado suplente. No puedo adelantar criterios, pero lo cierto es que no se aceptarán más hechos de corrupción en el MAS”.

Loayza apuntó que aún “no tenemos información fidedigna de este caso, no hemos recibido aún los documentos del tema del que me habla”.

El dirigente político explicó que, de acuerdo con la normativa interna, corresponderá al Tribunal de Honor investigar los hechos con base en los documentos que presenten las partes en conflicto, labor que “puede durar días o semanas, dependiendo de las pruebas que se tengan. Si hay pruebas y son contundentes, el proceso puede concluir en una semana, aunque para ello el tribunal valorará los documentos y escuchará la versión del acusado”.

Loayza se responsabilizó por la firmeza con la que actuará el organismo rector de la disciplina interna y que el procesado se arriesga a ser expulsado con ignominia del MAS.

“No tenemos por qué tapar los hechos de corrupción, los corruptos deben estar fuera del partido. En estos casos somos implacables”.

Durante el actual periodo de gobierno, el caso emblemático de corrupción fue protagonizado por el destituido presidente interino de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, y su aún esposa, la diputada suplente Jiovana Cristina Navia Doria Medina.

El primero fue expulsado con ignominia del MAS y la segunda perdió su curul parlamentario.

Adepcoca no conoce el caso

Ángel Miranda, vicepresidente de la Asociación Departamental de Productores de Hoja de Coca (Adepcoca) de La Paz, afirmó que la organización desconoce el caso de Cirio Quispe, diputado plurinominal del Movimiento Al Socialismo (MAS), acusado de estafar a cuatro cocaleros de La Asunta.

Por ese motivo, Miranda no quiso adelantar criterio alguno sobre la querella que presentaron en contra del diputado masista, por recibir una supuesta coima de 8.000 dólares, tanto el abogado de los presuntos estafados como la parlamentaria masista Elizabeth Salguero.

“La verdad es que no tenemos conocimiento alguno sobre este tema. No puedo dar a conocer mi criterio sin contar con los antecedentes de esta situación”.

Sobre la concesión de licencias de comercialización de hoja de coca, el dirigente explicó que los documentos no pueden ser gestionados por segundas o terceras personas, pues el trámite es personal y debe hacerse ante autoridades competentes locales y nacionales.

“Sólo la Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización o el Viceministerio de Coca puede autorizar el inicio de trámite de una licencia. No lo puede hacer un dirigente, un parlamentario o una autoridad”.

Denuncia

Ante la presión de los acreedores, el diputado se comprometió a devolver el dinero.

En fechas 5, 6 y 22 de julio debió devolver 500 y 1.250 dólares, pero no cumplió el acuerdo.

Estos compromisos de pago fueron firmados por el parlamentario oficialista.


Noticia publicada el 19 de Sptiembre de 2009 en La Prensa

martes, 15 de septiembre de 2009

Fiscal Jorge Gutiérrez afronta 23 denuncias por corrupción

Noticia publicada el 15 de Septiembre de 2009 en La Prensa


Sobre el fiscal de La Paz Jorge Gutiérrez pesan 23 denuncias por hechos de corrupción, presiones y venta de cargos en el ejercicio de sus funciones, informó ayer el coordinador del Ministerio Público paceño, Fernando Ganam.

Aunque Gutiérrez no ha dejado por completo el ejercicio de sus competencias, Ganam informó que a las 16 denuncias formuladas por los fiscales de La Paz, desde el momento en que asumió sus funciones, se sumaron otras siete presentadas por personas particulares.

La Fiscalía General del Estado intervino el jueves 10 el Ministerio Público paceño debido a las denuncias de irregularidades cometidas por Jorge Gutiérrez, aunque no lo suspendió de sus funciones.

“Desde el viernes hasta hoy (ayer) se han presentado no sólo fiscales, sino ciudadanos comunes con denuncias en contra de esta autoridad”.

El coordinador designado el jueves 10 por el fiscal general del Estado, Mario Uribe, no quiso dar a conocer la naturaleza de las demandas ni quiénes las plantearon a su consideración.

Se limitó a asegurar que todos los casos serán procesados con el fin de que, de ser necesario, sean parte de una acusación.

Ganam dijo no haber mantenido contacto con Gutiérrez y esperaba que la Fiscalía General lo convoque a declarar a Sucre, como hizo con Carlos Fiorilo, uno de los denunciantes.

El fiscal de materia Félix Peralta afirmó que sobre Gutiérrez pesan acusaciones de uso indebido de influencias, coacción, resoluciones contrarias a la ley y otros actos ilícitos.

“Éstas y otras denuncias fueron la base para imputar a esta autoridad. Posteriormente se presentó la acusación a la Fiscalía General del Estado; sin embargo, los demandantes fueron removidos de sus cargos por influencia de Gutiérrez”.

Peralta mencionó a los fiscales Vidal Chaya y Rime Choquehuanca, de quien aseguró que pese a haberse informado oficialmente de que presentó su renuncia, denunció que fue destituido de sus funciones.

El fiscal Peralta denunció que durante los recientes días recibió varias amenazas a través de su teléfono celular e incluso su automóvil fue ensuciado con pintura.

Ganam informó que no sufrió represalias por su designación y que lo único que hace es cumplir las determinaciones de sus superiores.

Entretanto, la comisión que investiga la desaparición forzada de personas durante la dictadura de Luis García Meza estudia la posibilidad de convocar a Gutiérrez para que preste declaraciones, pues fue sindicado de haber formado parte de los organismos represivos de 1980.

Los activistas Aldo Michel y Freddy Loza denunciaron a Gutiérrez como paramilitar.

Intervención

El fiscal general Mario Uribe decidió el jueves 10 intervenir el Ministerio Público paceño.

Es la segunda medida de esa naturaleza adoptada por la Fiscalía contra Jorge Gutiérrez.

Pedro Gareca ordenó en 2006 la primera intervención a la gestión de Jorge Gutiérrez.