La intervención administrativa a la Alcaldía de Riberalta por la Comisión Interinstitucional de Acción Inmediata (CIAI) detectó tres hechos de corrupción que involucra a autoridades del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) del Beni, funcionarios de Derechos Reales y municipales, además de personas particulares que serán denunciadas ante el Ministerio Público, sindicados de enriquecimiento ilícito.
“Son tres denuncias de corrupción muy graves y tienen que ser investigadas inmediatamente, tienen diferentes tiempos en su ejecución”, informó el viceministro de Transparencia Institucional Diego Jiménez, concluido el proceso de intervención.
Según la autoridad, el vocal Echalar fungía entre 2015-2016 como asesor general de despacho del alcalde de Riberalta. En ese período se licitó la obra de mantenimiento para una avenida por un monto de casi dos millones de bolivianos.
La irregularidad está en que Echalar, siendo funcionario municipal, financió las boletas de garantía para que la empresa Dianita gane el contrato, lo que –según el Viceministro– implica también que se direccionó la licitación.
Llamó también la atención la declaración jurada de bienes del vocal . Según el Ministerio de Justicia, Echalar tuvo ingresos de un millón de bolivianos en promedio durante los últimos tres años, cuando ganaba un sueldo de 10 mil bolivianos.
lunes, 25 de febrero de 2019
miércoles, 20 de febrero de 2019
Rechazan apelación de medidas cautelares en caso consorcio
La Fiscalía Departamental de Cochabamba refutó ayer la apelación de medidas cautelares interpuesta por los siete implicados en el caso “Consorcio” y La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia determinó mantener la detención preventiva y detención domiciliaria para los sospechosos.
La apelación fue presentada por los cuatro efectivos policiales, una vocal, una persona particular y un fiscal de materia, quienes son investigados por la comisión del presunto delito de Consorcio de Jueces, Policías y Fiscales.
“Los vocales del Tribunal señalaron que concurren los riesgos procesales de fuga y obstaculización y resolvieron mantener las medidas cautelares para los imputados, vale decir que se mantienen las detenciones preventivas y detención domiciliaria que han sido señaladas en primera instancia por el juez cautelar, para los imputados”, dijo el fiscal de materia, Gonzalo Aparicio.
Asimismo, aclaró que en esta audiencia se hizo un análisis de la resolución que fue emitida por el juez de primera instancia y se encontró que las determinaciones asumidas por el mismo fueron las correctas mientras se desarrollan las investigaciones.
La vocal Anawella T. P. mantiene detención preventiva en el penal de San Sebastián mujeres, su esposo Clever T. Q. en la cárcel de San Sebastián varones. Los policías Carlos P. en el penal de San Antonio, Jorge T. T. en el penal de San Pablo de Quillacollo, Hugo M. D. permanecerá en la cárcel de San Pedro de Sacaba y por último, Adolfo. S. en el penal de Arani, mientras que el fiscal Mauricio O. G. continúa con detención domiciliaria.
La apelación fue presentada por los cuatro efectivos policiales, una vocal, una persona particular y un fiscal de materia, quienes son investigados por la comisión del presunto delito de Consorcio de Jueces, Policías y Fiscales.
“Los vocales del Tribunal señalaron que concurren los riesgos procesales de fuga y obstaculización y resolvieron mantener las medidas cautelares para los imputados, vale decir que se mantienen las detenciones preventivas y detención domiciliaria que han sido señaladas en primera instancia por el juez cautelar, para los imputados”, dijo el fiscal de materia, Gonzalo Aparicio.
Asimismo, aclaró que en esta audiencia se hizo un análisis de la resolución que fue emitida por el juez de primera instancia y se encontró que las determinaciones asumidas por el mismo fueron las correctas mientras se desarrollan las investigaciones.
La vocal Anawella T. P. mantiene detención preventiva en el penal de San Sebastián mujeres, su esposo Clever T. Q. en la cárcel de San Sebastián varones. Los policías Carlos P. en el penal de San Antonio, Jorge T. T. en el penal de San Pablo de Quillacollo, Hugo M. D. permanecerá en la cárcel de San Pedro de Sacaba y por último, Adolfo. S. en el penal de Arani, mientras que el fiscal Mauricio O. G. continúa con detención domiciliaria.
Pacajes “No tengo dinero, mi hija de 14 años me mantiene”
La exjueza Patricia Pacajes manifestó ayer, antes de ingresar a su audiencia de acción de libertad, que no tiene dinero debido a que fue estafada por varios abogados y porque aún no le pagan su sueldo de septiembre. Acotó que a causa de ello, su hija de 14 años debe trabajar para mantenerla en la prisión.
“Lamentablemente (en la cárcel) estoy comiendo rancho, en el penal hay por lo menos dos panes diarios de alimentación de la población. Y mi hija está trabajando, tiene 14 años y está trabajando y ella me sustenta los domingos con 20 bolivianos”, indicó.
En octubre de la gestión pasada, Pacajes fue enviada al recinto carcelario de Obrajes con detención preventiva, porque se le acusa por el delito de incumplimiento de deberes al revelar detalles del caso Alexander.
La exmagistrada, en un audio publicado en medios de comunicación, confesó que sentenció al médico Jhiery Fernández, por la muerte del bebé Alexander, sin pruebas que demuestran la culpabilidad del galeno y por presión de los fiscales Edwin Blanco y Susana Boyán.
“Lamentablemente (en la cárcel) estoy comiendo rancho, en el penal hay por lo menos dos panes diarios de alimentación de la población. Y mi hija está trabajando, tiene 14 años y está trabajando y ella me sustenta los domingos con 20 bolivianos”, indicó.
En octubre de la gestión pasada, Pacajes fue enviada al recinto carcelario de Obrajes con detención preventiva, porque se le acusa por el delito de incumplimiento de deberes al revelar detalles del caso Alexander.
La exmagistrada, en un audio publicado en medios de comunicación, confesó que sentenció al médico Jhiery Fernández, por la muerte del bebé Alexander, sin pruebas que demuestran la culpabilidad del galeno y por presión de los fiscales Edwin Blanco y Susana Boyán.
Técnico aduanero aprehendido por extorsión
Un funcionario de la Aduana Nacional fue aprehendido por los policías del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) en flagrancia, el técnico de la administración en la localidad de Patacamaya pretendía realizar cobros irregulares a un importador de camiones chinos.
“Este sujeto fue aprehendido en flagrancia cuando el denunciante entregó 600 dólares a esta persona antes del operativo. Este procedimiento fue planificado con la intensión de generar en la victima el pago de estos recursos y de esa forma poder sorprender a este mal funcionario”, informó el Director Departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz.
El técnico aduanero fue identificado como Raúl Erick H. G. y estaba encargado de revisar la calidad y el estado de los motorizados que eran importados desde China. El sindicado es investigado por los delitos de concusión, extorsión y contribuciones y ventajas ilícitas, fue remitido al Ministerio Público para que tome sus declaraciones.
EL HECHO
La autoridad departamental anticrimen explicó que el sindicado había observado el ingreso de estos motorizados porque no cumplían las exigencias que establece el Decreto Supremo para la importación de motorizados al país. Los camiones solo presentaban algunos rasguños que no eran de consideración y por las que no puedan ingresar al país.
El importador denunció estas irregularidades a la Unidad de Transparencia de la Aduana Nacional, quienes se contactaron con la Policía para armar el operativo y aprehender al mal funcionario. Tras esta coordinación, se otorgó a la víctima la suma de 600 dólares, cuyos billetes fueron previamente fotocopiados, la víctima, ahora denunciante, se dirigió hasta Patacamaya para entregar el dinero al funcionario.
Después de la entrega del dinero la Policía se presentó en la oficina de administración de la Aduana y verificó que el sujeto recibió el monto de dinero señalado anteriormente. De acuerdo con el informe policial este importador sería la primera víctima de este funcionario.
CONTROLES
La directora nacional de la Unidad de Transparencia de la Aduana, Silvia Mendizabal, aseguró que continuarán realizando la verificación del trabajo que realizan los servidores públicos de esa entidad, con la finalidad de evitar hechos de corrupción.
“La Aduana está trabajando en reforzar el control para identificar a funcionarios corruptos, sea una señal contra los malos funcionarios que están implicados en estos hechos. Además se debe tomar en cuenta que este caso se descubrió gracias a la intervención de la Aduana”, destacó la autoridad.
“Este sujeto fue aprehendido en flagrancia cuando el denunciante entregó 600 dólares a esta persona antes del operativo. Este procedimiento fue planificado con la intensión de generar en la victima el pago de estos recursos y de esa forma poder sorprender a este mal funcionario”, informó el Director Departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz.
El técnico aduanero fue identificado como Raúl Erick H. G. y estaba encargado de revisar la calidad y el estado de los motorizados que eran importados desde China. El sindicado es investigado por los delitos de concusión, extorsión y contribuciones y ventajas ilícitas, fue remitido al Ministerio Público para que tome sus declaraciones.
EL HECHO
La autoridad departamental anticrimen explicó que el sindicado había observado el ingreso de estos motorizados porque no cumplían las exigencias que establece el Decreto Supremo para la importación de motorizados al país. Los camiones solo presentaban algunos rasguños que no eran de consideración y por las que no puedan ingresar al país.
El importador denunció estas irregularidades a la Unidad de Transparencia de la Aduana Nacional, quienes se contactaron con la Policía para armar el operativo y aprehender al mal funcionario. Tras esta coordinación, se otorgó a la víctima la suma de 600 dólares, cuyos billetes fueron previamente fotocopiados, la víctima, ahora denunciante, se dirigió hasta Patacamaya para entregar el dinero al funcionario.
Después de la entrega del dinero la Policía se presentó en la oficina de administración de la Aduana y verificó que el sujeto recibió el monto de dinero señalado anteriormente. De acuerdo con el informe policial este importador sería la primera víctima de este funcionario.
CONTROLES
La directora nacional de la Unidad de Transparencia de la Aduana, Silvia Mendizabal, aseguró que continuarán realizando la verificación del trabajo que realizan los servidores públicos de esa entidad, con la finalidad de evitar hechos de corrupción.
“La Aduana está trabajando en reforzar el control para identificar a funcionarios corruptos, sea una señal contra los malos funcionarios que están implicados en estos hechos. Además se debe tomar en cuenta que este caso se descubrió gracias a la intervención de la Aduana”, destacó la autoridad.
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