jueves, 31 de enero de 2013

Abogados del gobierno investigados en La Paz La red sube al Illimani

La Fiscalía de La Paz abrió una investigación contra una segunda presunta red de extorsión en la que también están involucrados los abogados del Gobierno, Fernando Rivera y Manuel Antezana, además de 13 vocales del Tribunal de Justicia, vinculados con la muerte del ciudadano peruano Junco Cáceres en Chonchocoro,

El fiscal Marco Antonio Rodríguez aseguró que por razones de seguridad no dará a conocer los nombres de los involucrados en la red de extorsión y corrupción; sin embargo, informó que en los siguientes días los denunciados serán convocados a declarar.

“Hay un proceso penal que el suscrito conoce porque el señor Fiscal General, Mario Guerrero, ha remitido una denuncia que a su vez ha sido remitida por el viceministro Jorge Pérez al Ministerio Público por la cual presuntamente existiría una red de corrupción al interior del Poder Judicial en el Distrito de La Paz así como de fiscales y de exfuncionarios públicos”, dijo.

Hay cuatro detenidos. En La Paz, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó que se desarrollan dos investigaciones que pueden tener relación con la red de funcionarios públicos presuntos extorsionadores.

El lunes pasado, en un operativo dirigido por el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, se aprehendió a cuatro personas en la ciudades de La Paz y Santa Cruz bajo sospecha de ser parte de esa organización delictiva que obtuvo, presuntamente, beneficios económicos.

Junco Cáceres, alias "El Junco", estaba preso tras ser vinculado con la banda que atracó el peaje de la autopista La Paz-El Alto en julio de 2010. El reo murió el 24 de noviembre de 2010 tras recibir nueve disparos de un arma 9 milímetros, de uso policial.

La prensa paceña cita a los exjueces Róger Valverde, Jenny Prado y Rolando Sarmiento, entre otros, además de Luis Alberto Antezana Pinaya, hermano de Manuel, exfuncionario de un juzgado que supuestamente sirvió como puente para cobrar coimas y apropiarse de bienes en el caso del reo.

Incautados
Inspeccionan bienes de Ostreicher

Arroz. La comisión de fiscales llegó ayer a la hacienda Los Tucanes, en Guarayos, donde verificó que gran parte del arroz incautado al norteamericano está en mal estado. Según el reporte de la Red UNO también estarán en el ingenio la Asunta, en Mineros y en otras propiedades cuyos bienes están deteriorados.

martes, 29 de enero de 2013

Imputan otra vez a exsocia de Ostreicher

La colombiana Claudia Liliana Rodríguez fue imputada de nuevo por el delito de estafa de $us 1.300.000 al estadounidense Jacob Ostreicher.

La audiencia cautelar prevista para las 16:00 de ayer ante la jueza Eneas Gentili no se llevó a cabo debido a que la imputada no fue notificada y su defensa argumentó que está delicada de salud en Palmasola.

La fiscal encargada del caso, Carla Barrón, en su imputación fundamenta que, según las denuncias respaldadas con documentación, la colombiana tenía que ejecutar un proyecto ganadero con la compra de servicios, entre ellos dos haciendas denominadas Río Negro y Fuji, en el cantón Santa Martha y Nueva Esperanza, en Guarayos. Para ello recibió $us 1.300.000 mediante giros bancarios desde julio de 2009 hasta junio de 2010. Sin embargo, no las compró. Dos dueños de las haciendas declararon que Claudia Liliana acudió para preguntar por los precios de las haciendas pero no las adquirió.

La fiscal Barrón aseguró que hay evidencias y certificaciones de los bancos que la colombiana recibió el dinero de Ostreicher por lo que considera que incurrió en estafa y pidió la detención preventiva en la cárcel.

Debe resolverse apelación

Por su parte, el abogado Fabio Jofré, que defiende a Claudia Liliana, manifestó que ella está delicada de salud y que no fue notificada, pues debe resolverse una apelación en una sala Penal del Tribunal de Justicia. Señaló que la imputación contra su cliente ya data de hace tiempo y que causa extrañeza que recién ahora se reactive.

La extranjera es tambien procesada por legitimación de ganancias ilícitas que le sigue la Fiscalía de Sustancias Controladas. Por este caso, la semana pasada, la jueza Gentili le otorgó libertad con medidas sustitutivas bajo arresto domiciliario y fianza de Bs 50.000, así como arraigo

Informes del expediente





Matrimonios de Claudia Liliana
La Fiscalía recibió un informe de la Policía de Suiza que señala que Claudia Liliana se casó en Ginebra con André Gillieron.

En santa cruz, con un abogado
La semana pasada Claudia Liniana presentó a la jueza un certificado de matrimonio con otra persona (un abogado). Esto la favoreció para salir en libertad.

Inspección de los bienes
Mañana, la Dirección de Bienes Incautados realizará un inspección a los bienes de Jacob Ostreicher en Guarayos.

Careo con exfuncionarios
Dircabi pidió un careo entre exfuncionarios para esclarecer el supuesto despilfarro de los bienes del estadounidense Ostreicher.

sábado, 26 de enero de 2013

Anulan proceso contra 3 generales

La juez Margot Pérez resolvió ayer dejar sin efecto la imputación presentada por el Ministerio Público en contra de los generales retirados de la Policía Miguel Vásquez, Miguel Gemio y Juan Carlos Saa, por hallar fallas en la resolución. Los tres oficiales jubilados fueron imputados de la irregular adquisición de departamentos en el edificio Los Reyes, de La Paz. El Ministerio Público volverá a tomarles declaraciones por este caso, por el que ya hay dos personas detenidas.

viernes, 25 de enero de 2013

Desaparecen bienes de Diodato

Mirtha Jiménez, directora nacional de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados, informó en Cochabamba que algunos bienes que pertenecieron al italiano Marco Marino Diodato desaparecieron. La autoridad dijo que los hechos de corrupción persisten en esa entidad.

Jueza conocerá el proceso en contra de exjefes policiales.

La jueza Margot Pérez conocerá el proceso abierto en contra de las exautoridades de la Policía, Miguel Vásquez, Miguel Gemio y Juan Carlos Saa por la irregular adquisición de departamentos en el edificio Los Reyes, afirmó el fiscal Marco Rodríguez. La audiencia se cumplirá hoy a las 09.00.

jueves, 24 de enero de 2013

Caso extorsión Abogado de Ostreicher cambia a 'investigado'

El abogado Yimmy Montaño, defensor del estadounidense Jacob Ostreicher, ha sido citado por la Fiscalía de Distrito para que declare este 30 de enero en calidad de investigado a raíz de una denuncia que interpuso Freddy Fernández, representante legal de Boris Villegas, uno de los 12 detenidos por el caso de la presunta red de extorsión.

Fernández afirmó que Montaño debería ser juzgado por el delito de cohecho pasivo porque comete delito tanto el que da como el que recibe y en su criterio, Montaño se reunió con el vocal Zenón Rodríguez para negociar el pago de un monto de dinero.

Sorteo. Ayer se realizó el sorteo de los dos jueces ciudadanos que acompañarán a la juez Ingrid Melgar para ver el proceso disciplinario del 30 de enero para destituir a Ariel Rocha, presidente del Tribunal Departamental. /RM.

Aprehenden a tres generales de la Policía



El Ministerio Público ordenó la aprehensión de tres generales de la Policía, entre ellos dos excomandantes de la institución del orden y un exviceministro, quienes son investigados en el caso Covipol-Los Reyes, referido a la adquisición, presuntamente irregular, de departamentos en el citado edificio en La Paz.

Se trata de los generales Juan Carlos Saa, Miguel Gemio y Miguel Vásquez, quienes pasaron a dependencias de la FELCC mientras se define su situación procesal en una audiencia cautelar. Antes cayó el general Víctor Hugo Escóbar, quien tiene medidas sustitutivas.

“Se determinó aplicar el artículo 226 del Código de Procedimiento Penal respecto a los querellados Miguel Gemio, Juan Carlos Saa y Miguel Vásquez, en razón de que se encontró los suficientes elementos de convicción como para sostener su responsabilidad penal y elementos de convicción que pueden sostener riesgos de obstaculización”, señaló el fiscal Marco Antonio Rodríguez, director funcional de la investigación.

Respecto a los indicios, indicó que estas autoridades, presuntamente, utilizando sus cargos optaron por adjudicarse departamentos en el edificio Los Reyes sin el cumplimiento de los requisitos establecidos por la institución.

Para Saa, la querella hace referencia a los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y beneficios en razón del cargo; Gemio y Vásquez son acusados de uso indebido de influencias y beneficios en razón del cargo, pero hasta anoche no se había presentado imputación.

Aduana procesa a tres de sus funcionarios por estar vinculados en actos de corrupción



La presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia, Marlene Ardaya, informó el jueves que se destituyó e inició una querella penal en contra de tres de sus funcionarios, por estar vinculados en actos de corrupción.

En conferencia de prensa, Ardaya explicó que los funcionarios querellados fueron identificados, gracias al sistema de cámaras de seguridad, instalado en los puestos de control de esa entidad recaudadora.

'La Aduana ha identificado a tres funcionarios que estarían comprometidos en este tipo de tránsitos para traer esta mercancía, obviamente se ha procedido inmediatamente a la destitución de los mismos y más que todo, nos estamos yendo por la vía penal, vamos a iniciar las acciones, esta vez querellándonos como Aduana', indicó.

Ardaya agregó, apoyada en videos de seguridad, que los tres funcionarios procesados, fueron sorprendidos ayudando a ingresar celulares y tablets de contrabando, por los parajes de control emplazados en la ciudad de El Alto.

'El mensaje es claro, nosotros no vamos a permitir ninguna práctica que tenga que ver con temas de corrupción, menos en la Aduana Nacional', complementó.

martes, 22 de enero de 2013

Gobierno se atribuye méritos en lucha contra la corrupción

Para el vicepresidente, Álvaro García Linera, el Gobierno nacional tiene todo el mérito del descubrimiento y las denuncias de los diferentes casos de corrupción que saltaron a la opinión pública durante las pasadas gestiones.

“Después del alboroto y de los shows que se han armado en temas de corrupción, lo que se ha demostrado es que somos nosotros, los del Gobierno, los primeros en dar el ajuste de cuentas contra los corruptos”, afirmó.

Varios fueron los casos bullados de corrupción que estallaron en los anteriores años, y aunque algunos fueron denunciados por las autoridades, otros se conocieron por los medios de comunicación o por accidente.

Por ejemplo, la irregular compra de barcazas y empujadores fue denunciada por Página Siete. Esa información fue publicada el 3 de julio del 2012 y el Ministerio de Defensa interpuso una denuncia por este caso ante la Fiscalía recién el 6 y 11 de julio.

El caso de 54 cadetes que ingresaron de manera irregular a la Unipol también fue destapada por denuncias de Página Siete.

Otro caso de corrupción en YPFB se destapó por un accidente de tránsito que protagonizó el ejecutivo de esa empresa estatal Gerson Rojas. Los documentos que se encontraron en el auto siniestrado y la publicación de medios cruceños dieron origen a la investigación de ese hecho y recién las autoridades tuvieron que asumir acciones legales.

En el reciente escándalo sobre extorsión, según se conoce, el presidente Evo Morales habría recibido mensajes de texto en su celular de una embajada, que podría ser la de Estados Unidos, según deslizó el ministro de Gobierno, dando pistas para iniciar las investigaciones.

En el caso de Papelbol, si bien este hecho fue denunciado por el Gobierno, nunca se conoció los alcances de los hechos sino solamente a través de los medios.

García Linera, en el séptimo año de gestión gubernamental, calificó al Gobierno de “valiente” e “implacable” por no esconder, ni guardar los casos de corrupción, pese al “daño político” que éstos pueden causar.

Sólo en el caso de Catler Uniservice cayó un hombre fuerte del partido oficialista, se trata de Santos Ramírez. Hasta ahora se conoce que los hechos de corrupción en el Gobierno sólo alcanza a mandos medios.

El vicepresidente dio por hecho que no existen pruebas o indicios de que ministros estén vinculados con hechos de corrupción, pese a las denuncias.

“Está claro por toda la información que se tiene que no existen indicios que afecten en temas de corrupción a los ministros”, sostuvo García Linera.

domingo, 20 de enero de 2013

Gestión y corrupción Oscar Siles Chávez,Consultor PMP

Muchos lectores se preguntarán cuáles son las causas raíces para el germen de la corrupción principalmente en las instituciones públicas. Un elemento que se ha venido debatiendo el último tiempo y que cada vez cobra mayor vigencia en la agenda estatal, es la gestión en las entidades públicas y empresas estratégicas del Estado Plurinacional. La definición de gestión hace alusión a la administración eficiente y eficaz de recursos asignados para concretar los objetivos planificados, por lo que su aplicación se da en sus diferentes niveles como la gestión de proyectos, administrativa, financiera, institucional, gestión publica, entre otros.

Las organizaciones que tienen procesos de gestión incipientes son más vulnerables a entrar al circuito de la corrupción, puesto que, su débil estructura para administrar eficientemente los recursos asignados abre el camino expedito para trabajar de manera desorganizada en una primera instancia, seguido por un confuso manejo en los procesos de contratación especialmente, derivando así, en una mala administración.

Para el caso de los proyectos de capitales intensivos, como los que viene desarrollando la actual administración gubernamental, es fundamental que las empresas estratégicas nacionales se apoyen en estándares internacionales para gestionar sus proyectos. El PMI (Project Management Institute), como organismo referente en todo el mundo para la gestión de proyectos, ha desarrollado metodologías de gestión aplicadas en todas sus etapas o fases, de tal suerte, que el proyecto se podrá gestionar a nivel de costos, tiempo, alcance, adquisiciones, calidad, recursos humanos, riesgos, comunicaciones, integrando estas áreas de conocimiento de manera sistemática y ordenada, reportando el avance del proyecto de manera oportuna y precisa. Bajo estas condiciones, seguramente será más difícil vulnerar la administración del proyecto, mitigando de gran manera los riesgos de corrupción en el mismo.

No aplicar estándares para la gestión de proyectos, sea esta situación por desconocimiento o por omisión intencional para no ejercer mejor control de los mismos, téngalo por seguro señor lector que se están propiciando las condiciones ideales para caer en hechos de corrupción susceptibles de pensar desde la alta gerencia, pasando por los mandos medios, hasta llegar a los niveles inferiores de la organización.

Indudablemente, implantar metodologías de gestión de proyectos principalmente, implica cambios y madurez en las organizaciones, desafíos que debe afrontar el Estado propiamente para lograr instituciones públicas sólidas y eficientes, alejadas de la mediocridad y corrupción.


sábado, 19 de enero de 2013

Para el Gobierno, el caso de extorsión está aclarado





Guider Arancibia Guillen
garancibia@eldeber.com.bo
La ministra de Comunicación, Amanda Dávila, dijo ayer que el caso de la red de extorsión prácticamente está aclarado porque todas las personas involucradas están detenidas y dentro del Gobierno no hay más autoridades involucradas.

Dávila dijo que el ministro de Gobierno, Carlos Romero, a solicitud del presidente Evo Morales, tomó la decisión de erradicar de raíz al grupo de extorsión. “(La red) Es apenas un grupo de no más de personas. Lo que hemos visto después es una relación que había de estas personas con fiscales y jueces, algunos se han escapado del país”, manifestó.

La ministra afirmó que el presidente Morales, tras ser informado de la existencia de esta red, pidió al ministro Romero resultados concretos, que se desbarate el grupo de corrupción y que se los ponga en manos de la justicia. “Eso es lo que pasó, pero no llegan a seis los funcionarios del Gobierno involucrados en esto. La justicia y el Ministerio Público determinarán el grado de responsabilidad de cada uno”, acotó.

Villegas ataca a Romero
Por otro lado, ayer el exdirector de Régimen Interior Boris Villegas, que asistió al Palacio de Justicia para una audiencia de acción de libertad, atacó duramente al ministro de Gobierno, Carlos Romero.

Villegas dijo: “Romero es un mentiroso y que el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, es un abogado defensor de narcotraficantes que compartió el consorcio de abogados UPS junto al jurista Jerjes Justiniano (abogado defensor de Jacob Ostreicher) y al actual fiscal de Distrito de Santa Cruz, Henry Herrera”.

Según Villegas, Romero dice una cosa por la prensa y en su declaración ante la comisión investigadora, otra. “¿Cómo es posible que un ministro se base en informes de la televisión para acusar?, ¿qué clase de ministro es ese que le hace mal al proceso de cambio?”, expresó.

Para el exdirector de Régimen Interior, Romero armó un teatro y una patraña política. “Soy inocente de esta tramoya política, Romero va a tener que pagar cuentas ante la justicia algún día”, dijo.

Villegas, que está en la cárcel de Palmasola acusado de ser parte de la red de extorsión, se presentó ayer ante los vocales Willan Tórrez, Édgar Carrasco y Sigfrido Soleto. Se declaró inocente y expresó que el juez José Subieta, que lo mandó a la cárcel de Palmasola, actuó bajo un criterio político y no jurídico.

Por su parte, el juez Subieta rechazó las acusaciones y afirmó que la decisión que tomó estuvo enmarcada en la norma y que no se violaron los derechos del imputado Villegas.

Al final, los vocales del Tribunal Departamental de Justicia valoraron los fundamentos de ambas partes y declararon improcedente el recurso de acción de libertad presentado por Villegas. Hace dos días también los exasesores del Ministerio de Gobierno Fernado Rivera y Dennis Rodas interpusieron una acción de libertad, pero fue declarada improcedente.

Declaró un exunionista
La mañana de ayer, el exunionista Ángelo Céspedes se presentó a declarar en calidad de testigo ante la comisión de fiscales por el caso de extorsión. Pasado el mediodía, Céspedes salió de la Fiscalía y aseguró que jamás tuvo que ver en la red de corrupción.

Explicó que recibió un memorándum donde lo nombraban director de Bienes Incautados, pero que nunca asumió el cargo. Por esa razón aseguró que jamás dispuso de los bienes incautados al estadounidense Jacob Ostreicher. Dijo que acudirá a la Fiscalía las veces que sea convocado para colaborar con las investigaciones.



La comisión de fiscales guarda silencio, pero sigue indagando

Para no entorpecer el caso
Esa es la respuesta de los fiscales a la prensa en las últimas dos semanas para evitar referirse a la red de extorsión. Los fiscales que integran la comisión son Fernando Cabrera, Olvis Égüez, Ángel Álvarez, Mario Mercado y Mabel Andrade.

Esperan los peritajes
La comisión de fiscales también espera el resultado del peritaje realizado a todas las actuaciones por gente del laboratorio del Instituto Forense de Sucre. Las pericias fueron realizadas a cerebros de computadoras secustradas y a documentación.

Mejoró el trato a los detenidos
Los detenidos Fernando Riverea, Dennis Rodas y Boris Villegas reconocieron que gracias a la prensa el trato en la cárcel mejoró. Es gracias a la labor de los periodistas y no a las autoridades, y por eso les agredecemos, coincidieron los detenidos.

Boris Villegas daba cursos de ética en el Gobierno

Uno de los presuntos cabecillas de la red de extorsión trabajaba en el Viceministerio de Transparencia en la preparación de talleres de promoción ética, según dice la ministra de Transparencia, Nardi Suxo, en su declaración del 26 de diciembre del 2012 ante la comisión de fiscales.

"Sí, lo conozco, fue servidor público en el mes de septiembre de este año, tenía a su cargo un trabajo de escritorio para preparar talleres de capacitación dentro del Viceministerio de Prevención, promoción ética y Transparencia", dijo.

Villegas ha sido señalado junto a Fernando Rivera y Denis Rodas como los abogados que estaban a cargo de los "casos de Estado" del gobierno y que cometían extorsiones, entre ellos la que supuestamente pretendían cometer cobrando 50 mil dólares al judío norteamericano Jacob Ostreicher para concederle su libertad.

¿Agente de la CIA? Villegas en su declaración negó haber acudido a la clínica Incor, así como haberse reunido con el abogado de Ostreicher para exigirle el pago. Ayer planteó una Acción de Libertadpero en el tribunal de jsuticia se la negaron, luego de haber escrito dos cartas, una al vicepresidente Álvaro García Linera y otra a la Asamblea Legislativa en las que niega ser agente de la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos, (CIA) como supuestamente lo identificó el Gobierno.

Asesor de Evo no declaró. Durante la jornada de ayer la comisión de fiscales no recibió la declaración de Eusebio Gironda, supuestamente asesor del presidente Evo Morales, como había anunciado la comisión de fiscales.

Sin embargo, en la mañana compareció Ángelo Céspedes, expresidente de la Unión Juvenil Cruceñista que apareció aliado al Movimiento al Socialismo y que según dijo, lo nombraron funcionario de la Dirección de Bienes Incautados, pero solo por un día, pero no supo nada del caso Ostreicher.

También declaró el abogado Abel Montaño, exdefensor de Jacob Ostreicher, quien supuestamente abandonó el patrocinio porque fue presionado por los abogados del Ministerio de Gobierno.

Tribunal de Justicia
Colocarán precinto en oficinas de juez y vocal

El Consejo de la Magistratura dispuso ayer la inventariación y la anotación preventiva de todos los bienes y expedientes que se encuentran en la sala del vocal Zenón Rodríguez y en las del juez Wilson Arévalo, quienes ayer fueron suspendidos sin goce de haberes.

Representación. Tanto Rodríguez como Arévalo calificaron de arbitraria su suspensión tomando en cuenta que el Consejo de la Magistratura no esperó el pronunciamiento del Tribunal Constitucional a un incidente de nulidad de la Ley 004 que dispone la suspensión con la simple imputación y no con sentencia ejecutoriada, como señala la Constitución.

Incierto el destino de bienes de Ostreicher

La Directora de la Dirección de Control y Administración de Bienes Incautados (DIRCABI) Santa Cruz, Ninet Álvarez, informó ayer que el destino de los bienes incautados al empresario norteamericano, Jacob Ostreicher, aún es incierto.

La autoridad manifestó que se aguarda el pronunciamiento de la justicia con relación a este tema, toda vez que debe ser dicha instancia quien defina la situación legal de los bienes, toda vez que los mismos fueron retenidos de forma preventiva mientras concluye el proceso por supuesta legitimación de ganancias ilícitas. Según el empresario, cerca de 20 mil toneladas de arroz le fueron secuestradas de sus propiedades, mismas que tendrían un valor aproximado de 15 millones de dólares y que ahora se han desaparecido.

Por ese tema están detenidos el jefe de Bienes Incautados Moisés Aguilera y el inspector Miguel Gutiérrez y José Manuel Antezana, funcionario del Ministerio de la Presidencia, a quien le giraron un cheque por 10 mil dólares por la venta del arroz /

Saavedra denunciará corrupción en Enabol

l ministro de Defensa, Rubén Saavedra, anunció que su despacho continuará denunciando los actos de corrupción en la Empresa Naviera Boliviana (Enabol), un día después de que la defensa del almirante Freddy Ballesteros, principal acusado de las irregularidades, presentara una querella contra la autoridad.

Mediante un comunicado de esa carteta de Estado, Saavedra aclara que “el Ministerio de Defensa no administró los recursos, no giró ninguna carta de crédito ni boleta de garantía en Enabol”. Y asegura que esa es una responsabilidad exclusiva de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la empresa el entonces gerente general Freddy Ballesteros, porque fue quien suscribió los contratos y todas sus adendas, fue quien recibió los recursos del Tesoro y quien pagó por los bienes.

La agencia ANF reporta que Ballesteros es acusado de haber pagado por adelantado casi $us 28 millones por la adquisición y transporte de las barcazas y los remolcadores, antes de que se construyan.

El Ministerio Público investiga las irregularidades en la compra de 16 barcazas y dos remolcadores de empresas chinas, por la cual el Estado boliviano pagó 30 millones de dólares a través de Enabol a una empresa china para construir y transportar las barcazas y los remolcadores al puerto de Rosario, en Argentina, y luego a Puerto Busch, en Bolivia.

Aruquipa: Me pidieron $us 60 mil para 4 fiscales

El exsuperintendente de Hidrocarburos, Guillermo Aruquipa, reveló hoy que antes de ir a prestar sus declaraciones informativas ante la comisión de fiscales que ordenó su aprehensión en abril de 2009, su entonces abogado le pidió 60 mil dólares para pagar a cada uno de los miembros de este grupo investigadora de su caso.

“Antes de ir a una declaración, mi primer abogado, porque ahora tengo otro abogado, me dijo que tendría que conseguir 15 mil dólares por fiscal, para que no tenga problemas. Entonces eran como 60 mil dólares, porque la comisión de fiscales era integraba por cuatro personas”, afirmó Aruquipa, en declaraciones a la Red ERBOL.

Una de las personas que integraba la comisión de cuatro fiscales era Isabelino Gómez, quien ahora precisamente se encuentra detenido en el penal de Palmasola por presunta extorsión en otros dos casos registrados en Santa Cruz.

Sin embargo, Aruquipa afirmó no estar seguro si ese dinero fue solicitado directamente por los cuatro fiscales a su entonces abogado o es que este jurista quiso “ayudarle” de alguna manera en su proceso para que no le metan preso previo pago de 15 mil dólares a cada uno de los representantes del Ministerio Público.

“No estoy seguro si lo han pedido o es que mi abogado es quien quería negociar para ayudarme. Pero me dijo 15 mil dólares por fiscal para que no tengas más problemas, eso fue antes de que vaya a declarar. Eso fue en abril de 2009, antes de mi detención”, insistió.

Cuando se lo consultó quién era su abogado, dijo que “prefería dejarlo ahí no más”. “Tal vez no fue un tema extorsión sino más un tema racial, quiero pensar de buena fe”, apuntó.

Aruquipa estuvo detenido 45 meses en su domicilio por el caso de presunta corrupción pública en la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).


viernes, 18 de enero de 2013

Aruquipa logra libertad tras 45 meses de prisión



Guillermo Aruquipa, expresidente de YPFB y exsuperintendente de Hidrocarburos, logró ayer su libertad, pura y simple, después de 45 meses de estar bajo prisión domiciliaria, por un proceso penal en su contra por la supuesta aprobación de una resolución administrativa para elevar el precio de la recalifación de garrafas.

Aruquipa manifestó su felicidad tras obtener la libertad y ratificó que es inocente de lo que se le sindica y reveló que fue acusado y sometido a prisión domiciliaria sin pruebas, pero bajo una determinación expresada por el juez en los siguientes términos: “es que hay otras decisiones”. El ahora libre dijo que en 2010 estuvo a punto de perder la vida por falta de recursos económicos.

Policía asume compromiso de luchar contra la corrupción y restablecer la disciplina en la entidad

La Policía Boliviana, a través de su comandante coronel Alberto Aracena, asumió el viernes el compromiso de luchar contra la corrupción y restablecer la disciplina en la institución del orden.

Después de una reunión que sostuvo con el presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera y los ministros de Gobierno, Carlos Romero y de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, Aracena dijo que "el compromiso es cambiar, hacer las cosas de buena manera", según un reporte de Bolivia TV.

El Jefe Policial manifestó que definitivamente hay que acabar con la indisciplina en la institución verde olivo, pues recordó que se trata de una entidad "vertical".

Es necesario, agregó, darle un nuevo norte a la Policía como también un nuevo perfil al policía, quien debe ser sencillo, transparente y honesto, y así generar nuevos valores para infundir respeto en la sociedad.

"La sociedad debe ser aliada estratégica para que Policía tenga nueva visión", mencionó.

Juez libra de la cárcel a dos magistrados de Santa Cruz

Después de una maratónica audiencia, el vocal Zenón Rodríguez y el juez Wilson Arévalo, involucrados en el caso de la red de extorsión, fueron favorecidos con medidas sustitutivas, pues el juez José Subieta ordenó arresto domiciliario, el pago de Bs 30.000 de fianza y su presentación cada semana en la Fiscalía para ambos imputados.

La comisión de fiscales, integrada por Fernando Cabrera, Olvis Égüez, Mabel Andrade, Mario Mercado y Ángel Álvarez, pidió la detención preventiva en la cárcel de Palmasola de ambos magistrados, al imputarlos por incumplimiento de deberes.

Los fiscales insistieron en que los magistrados dictaron fallos bajo presión en el caso de Jacob Ostreicher y no denunciaron la injerencia.

Los procesados, a través de sus abogados, dieron dura batalla en la audiencia al fundamentar que no había pruebas en su contra por lo que pidieron libertad irrestricta.

El Consejo de la Judicatura, a través de la asesora legal Yandira Jiménez, confirmó la suspensión del cargo de ambos magistrados, que ya no podrán asistir a sus despachos.

Ostreicher recibe visita

Ayer, el encargado de negocios de la embajada de EEUU, Larry Memmott, visitó a Ostreicher en su domicilio.

Ostreicher dijo que lleva 590 días sin libertad y que quiere limpiar su nombre. Denunció que en Palmasola el recluso Johnny Ruiz alquiló su habitación en 400 dólares, tras sacar sus pertenencias.

jueves, 17 de enero de 2013

Medidas sustitutivas a magistrados implicados en el caso Ostreicher



La audiencia que había sido suspendida ayer, hoy se llevó a cabo por más de seis horas, en este tiempo los abogados defensores y la Fiscalía presentaron sus argumentos ante el juez Zubieta para que se determine la situación jurídicia de los magistrados acusados.

Pasadas las 17:00 y tras escuchar los alegatos, el juez Zubieta emitió su fallo en el que se indicaba una fianza de Bs 30.000 y arresto domiciliario para ambos. En el caso de Rodríguez la Fiscalía lo imputó por haber revertido el fallo de libertad a favor de Ostreicher.

Las investigaciones dieron cuenta de que el profesional recibió presiones por parte del exfiscal de distrito Isabelino Gómez; del expresidente del Tribunal de Justicia Ariel Rocha (prófugo) y de los exfiscales Janeth Velarde y Roberto Achá.

Mientras que en el caso de Arévalo, fue por haber suspendido en varias oportunidades las audiencias de cesación de detención de Ostreicher.

La persecución judicial se agrava en Bolivia



La persecución judicial por motivaciones políticas muestra una tendencia creciente en Bolivia. Un informe del Observatorio de Derechos Humanos de la fundación Nueva Democracia, realizado entre septiembre de 2011 y agosto de 2012, revela que de nueve casos registrados al inicio del estudio se pasó a 51 en el lapso de un año.
Según el coordinador del Observatorio, Rubén Darío Cuéllar, el aumento obedece, en gran medida, a que subsisten casos como el del juicio a los miembros del Comité Interinstitucional de Chuquisaca (alzamiento armado), el caso del senador Róger Pinto y del exprefecto Leopoldo Fernández, pero también porque la persecución judicial involucra a muchas autoridades electas “que son perseguidas por el Estado por expresar opiniones o posiciones diferentes a las asumidas por las autoridades de Gobierno”.

Detenidos y heridos
El Reporte cronológico de violaciones a los derechos humanos sucedidas en Bolivia también da cuenta de que en el mes de septiembre de 2011 es cuando se produce la mayor cantidad de privaciones de libertad, con un total de 540 indígenas marchistas detenidos en Beni, en el caso conocido como la represión policial de Chaparina.
En el informe también se señala que en el lapso del estudio se registraron al menos 682 heridos como consecuencia de la conflictividad política, aunque no todos como resultado de enfrentamientos con los organismos de seguridad, sino también por pugnas entre grupos afines al Gobierno. De ese número, 540 se produjeron durante la marcha indígena por el Tipnis.
Entre otros datos, también se señala que en el espacio de tiempo mencionado se generaron 14 muertes atribuibles a la represión de los organismos de seguridad del Estado

Cifra

540
Indígenas marchistas
Es el mayor número de víctimas de privaciones de libertad reportados en el estudio durante la represión policial en Chaparina.

Corrupción salpica a tres ejecutivos de Yacimientos

La sombra de la corrupción no deja en paz a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Gerson Rojas, el exgerente de la Planta Nacional de Separación de Líquidos, preso en el penal de Palmasola, por supuesta corrupción en el proceso de licitación de la Planta de Separación de Líquidos de Río Grande, adjudicada a la empresa argentina AESA, involucró a tres altos ejecutivos de la petrolera estatal en este caso.

Los investigados son Edwin Aldunate, gerente nacional de Administración y Finanzas, el director jurídico de YPFB Corporación, Marcelo Canseco, y el actual responsable de la Gerencia Nacional de Planta de Separación Líquidos, Mario Salazar. Los dos primeros, prestaron declaración el día de ayer en la Fiscalía de Distrito de Santa Cruz, y el tercero deberá de presentarse en este mismo recinto el próximo lunes.

Proceso. Según la Fiscalía, Rojas señaló a estas personas como los principales responsables de las Comisiones de negociación y calificación de la petrolera, que realizó el proceso de licitación de la Planta de Río Grande y Gran Chaco, ambos proyectos se encuentran en construcción.

Este exjecutivo es acusado de haber recibido coimas para favorecer a AESA en la adjudicación de la obra. Este escándalo estalló el 30 junio de 2012 a raíz de un accidente protagonizado por Rojas, a bordo un vehículo oficial.

La investigación interna sobre este hecho derivó a la detención de otras cuatro personas más. Dos empleados de YPFB, un abogado y una funcionaria de AESA, todos guardan detención tras las rejas.

Declaración.- Los ejecutivos, declararon por más de tres horas, en las instalaciones del Ministerio Publico de Santa Cruz, Yolanda Aguilera, fiscal anticorrupción que lleva adelante este caso, dijo estas personas están siendo tratados en calidad de investigados, dado que durante el proceso de investigación del caso, han surgidos elementos que los han involucrado en este proceso.

Declarará gerente de empresa fiscalizadora. Aguilera anunció además que para este lunes se ha citado a declarar, al gerente de la empresa encargada de fiscalizar los trabajos en la Planta de Río Grande, Bolpegas, en donde también trabajaba un familiar de Rojas, y que aparentemente favoreció para que esta empresa obtenga este trabajo. Sin embargo, esta persona fue descartada de la investigación inicial.

"Se lo está citando (al gerente de Bolpegas) porque ha habido una serie de contradicciones en sus primeras declaraciones", señaló la autoridad judicial.

Yacimientos invirtió $us 159 millones en la construcción de la Planta de Separación de Río Grande, cuya construcción ha seguido pese a este escándalo que manchó a la estatal.

Obras
Separadora de Líquidos de Río Grande será inaugurada en mayo

Cronograma. Según las previsiones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) la Planta de Separación de Líquidos Río Grande que se construye en el departamento de Santa Cruz será inaugurada en mayo, emprendimiento en el que la estatal petrolera invierte 159 millones.

Investigan a asesora legal Por instrucciones directas del fiscal general Ramiro Guerrero se abrió una investigación contra la asesora legal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Mónica Clemencia Ramírez Márquez, para que responda por supuestos delitos penales.

miércoles, 16 de enero de 2013

Asambleístas cuestionan otra aparente “extorsión” de un grupo de abogados


Politización de la justicia persiste en el Estado plurinacional, aunque para el oficialismo este es un mal heredado.

Luego de que el fiscal de Materia de la ciudad de El Alto, Carlos Marica, denunciará que un grupo denominado “Agrupación Cambio Total”, estaría estafando a litigantes en la ciudad de El Alto, además de falsificar documentación, asambleístas de la oposición, manifestaron que por tal motivo no se puede confiar en el trabajo que realizan los fiscales. Entre tanto, el oficialismo manifestó que esa acusación se la debe presentar a las instancias correspondientes y aseguraron no conocer a los componentes de ese grupo de abogados.

Carlos Mariaca, luego de aclarar que él está a cargo del caso del abogado Ricardo Mamani Zabala, a quien se le habría encontrado en poder de documentos “falsos” de la Alcaldía así como 35 formularios con firmas de notarios y abogados, dijo que recibió una llamada telefónica, donde le exigieron que libere al sindicado, porque este pertenecería a la “Agrupación Cambio Total”. Igualmente, aclaró que en la ciudad de El Alto existiría una red de algunos abogados y notarios que están en plan de “falsificar documentos públicos con datos falsos”.

“Me llama por teléfono, que si yo disponía la libertad de Ricardo Mamani, mi puesto estaría asegurado en la Fiscalía, porque me decía que este abogado pertenece a la Agrupación Cambio Total, eso me dijo textual vía telefónica”, manifestó.

En tanto, la diputada de Convergencia Nacional (CN), Norma Piérola, señaló que Mariaca es otra víctima del manejo politizado de la justicia, por lo que aseguró que se perdió toda credibilidad en el Ministerio Público, porque este sería manejado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), así como el Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, que “le debería muchos favores” al Órgano Ejecutivo, según manifestó.

Piérola dijo que los fiscales y jueces que están presos por el caso de la red de extorsión, estarían siendo incomunicados, porque se estaría “encubriendo” a altas autoridades de Estado.

Por su parte, el diputado del MAS, Juan Carlos Cejas, señaló que las denuncias que están involucradas con el caso de la red de extorsión, tienen que ser presentadas ante el Ministerio Público y que el hecho de hacer una acusación por un medio de comunicación, no es “nada formal”, para que la Asamblea Legislativa, como ente fiscalizador, haga seguimiento del caso.

Al ser consultado Cejas, si conocía del trabajo que realizaba el grupo denominado Agrupación Cambio Total o los denominados Abogados para el Cambio, aseguró que él no da cuenta de ellos y mucho menos de la labor que desempeñan.

Con el caso de la red de extorsión las denuncias de supuestas extorsiones han rebasado a los medios de comunicación y las entidades estatales como la Unidad de Transparencia del Ministerio Público. La mayor parte de los casos sin embargo, son intentos de la defensa para lograr algún tipo de rédito para ellos y sus clientes.

Ejecutivos de YPFB declaran por indicios de corrupción

- La fiscal anticorrupción, Yolanda Aguilera, corroboró el martes la receptación de las declaraciones informativas de 4 altos ejecutivos, funcionarios del área administrativa, de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), por indicios de una corrupción.

"Son 4 ejecutivos, funcionarios de YPFB, que están prestando sus declaraciones tenemos denuncias sobre estas personas, que recibieron dinero para presionar a la comisión calificadora sobre los proyectos de la empresa en Río Grande y Gran Chaco", dijo.La Fiscal resignó el nombre de los citados.

Las investigaciones emprendían su curso después de que el exdirector de la empresa Río Grande, Jerson Rojas, chocara un vehículo de YPFB en estado de ebriedad en Yapacaní, en tercer trimestre de 2012,donde se encontró documentación sospechosa que es investigada por la Fiscalía sobre la planta de separación de líquidos de Río Grande.

lunes, 14 de enero de 2013

El Caso Ostreicher pone en aprietos al Gobierno pero no demuestra flaqueza. Así lo hizo en otros escándalos y salió airoso

El gobierno del presidente Evo Morales ha perdido algunas batallas en su afán de mantener su hegemonía de poder frente a los opositores y se ha visto envuelto en varios escándalos de corrupción, siendo el más grave el del caso Ostreicher, pero eso no afectará al final en su pretensión de volver al poder por tercera vez o segunda como dice el oficialismo, aunque le llevará cuesta arriba recomponer el aparato represivo con el que había mantenido a raya a los que piensan diferente, según opinan analistas políticos.

El sociólogo Fernando Untoja explicó que en una primera etapa el gobierno de Morales elaboró un plan para "judicializar y delincuencializar" a los opositores de todas las regiones. De esa manera logró que algunos sean suspendidos del cargo como los alcaldes de Potosí y Sucre y los gobernadores de Tarija y Beni y consiguió que otros salgan del país por la falta de garantías porque fueron sindicados de terroristas, separatistas y corruptos.

En la segunda etapa tomaron el poder total en la Asamblea Legislativa Plurinacional y entonces elaboraron normas que al final concluyeron con el control en los otros poderes, entre ellos el electoral y principalmente el judicial, al que utilizaron como brazo persecutor hasta que los abogados que trabajaban con las "causas del Estado" se malearon y aprovecharon para extorsionar destapándose así la corrupción y la injerencia que ejercía el Ejecutivo sobre jueces y fiscales.

Los casos se desploman. En este periodo, el Tribunal Constitucional anula el delito de desacato y deja sin efecto la retroactividad de la Ley Marcelo Quiroga, ambas usadas para enjuiciar a una treintena de opositores. Luego el Tribunal Supremo de Justicia anula una sentencia contra el suspendido alcalde de Potosí, René Joaquino. "Se le van cayendo los casos como galletas porque fueron fabricados", dice Untoja.

A reflexionar. El presidente del Colegio Nacional de Abogados, Marcelo Arrázola, dice que la injerencia política a jueces y fiscales se hizo tan evidente de parte de los abogados que tenían amplios poderes otorgados por los ministerios de Gobierno y Presidencia que estos hacían lo que a estos se les antojaba y así se fueron formando las redes de corrupción.
¿Qué queda ahora?, que jueces y fiscales aprendan la lección y piensen dos veces antes de aceptar cualquier presión, por eso cree que ahora será más difícil para el Gobierno querer imponer algún fallo contra sus adversarios políticos.
Por este caso, están detenidos el entonces fiscal de distrito de Santa Cruz, Isabelino Gómez, la fiscal Janeth Velarde y Roberto Carlos Achá y se abrió causa contra el vocal Zenón Rodríguez y el juez Wilson Arévalo, además de procesar al presidente del Tribunal Departamental de Justicia, mario Ariel Rocha, prófugo.

Momento político difícil. Con los cuatro abogados presos Fernando Rivera, Denis Rodas, Boris Villegas y José Manuel Antezana presos que se encargaban de manejar los casos contra los opositores la investigación amenaza con salpicar a tres ministros, Carlos Romero, Nardi Suxo y Juan Ramón Quintana.
El diputado del Movimiento Sin Miedo, Fabián Yasik anuncia que iniciarán juicio contra los tres ministros por incumplimiento de deberes, pero son pocas las esperanzas que el caso prospere porque de todas maneras los jueces y fiscales han sido nombrados por este gobierno.
Indicó que ahora, como siempre buscan enemigos, culpan a Estados Unidos de usar el caso Ostreicher para desprestigiar a Evo Morales.

El núcleo está intacto. La politóloga Jimena Costa dice que a pesar de las batallas perdidas o el retroceso con la Ley de Extinción de Dominio de Bienes del Estado, el aparato represor del Gobierno, desde donde se desbordó la presunta red de extorsión, se mantiene intacto en torno a los ministerios políticos de Gobierno y la Presidencia y no dudarán en activarlo si alguien se interpone al fin: Evo presidente 2014.

No afectará. El diputado masista Franklin Garvizú minimizó las observaciones e indicó que por encima de todo, Evo Morales se mantiene con una aprobación del 55% y que ni analistas ni opositores conocen la realidad, por eso no tiene opositores.
"Es el vecino o el campesino que ve que las obras o los cambios, el que sabe", dijo.

Punto
de vista

"Después de Ostreicher reasumirá su hostilidad"

Víctor Hugo Cárdenas
Exvicepresidente de Bolivia

"Yo creo que después del caso Ostreicher el gobierno del presidente Evo Morales recompondrá su maquinaria represora y aunque ha defendido a muerte a sus ministros puede, que si mucho le aprieta el zapato, termine sacrificando a alguno de ellos como lo hizo con el caso Catler que le implicó la salida de Santos Ramírez, uno de los hombres fuertes del masismo o puede hacerse el de la vista gorda como pasó con el otro escándalo de YPFB que amenazó al presidente de esa estatal petrolera y que solo caigan los mandos medios. El gobierno de Morales no tiene mentalidad democrática y lo ha demostrado en estos siete años que todos los que se han opuesto a su pensamiento o determinadas políticas han terminado presos, enjuiciados, autoexiliados u obligados a transar. Posteriormente aprovechando el aparato mediático que tiene se dedica a ocultar o minimizar los escándalos y a resaltar la supuesta gestión que hace.

Lo cierto es que con el caso de extorsión de la red de corrupción el gobierno de Morales ha perdido la cuarta máscara: la ética, porque la primera fue la popular con el gasolinazo, la segunda la indígena con la represión en Chaparina y la tercera fue la democrática o la independencia de poderes con la manipulación en la elección de jueces que junto a los fiscales se convirtieron en su principal brazo político represor de opositores.

domingo, 13 de enero de 2013

SUXO presentó ante la Fiscalía 26 denuncias contra policías

La Ministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción remarcó que toda denuncia presentada al Ministerio Público se la hace tras un exhaustivo análisis de las evidencias.

799,5 millones de bolivianos se recuperaron para el Estado boliviano como producto de la lucha anticorrupción.

LA PAZ

Cambio

El Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción presentó el año pasado 26 denuncias en el Ministerio Público contra efectivos de la Policía Boliviana, entre las cuales se destacan casos por enriquecimiento ilícito de cuatro ex comandantes.

La información fue proporcionada por la ministra de esa cartera de Estado, Nardi Suxo, durante su informe de rendición de cuentas 2012, que se realizó en el Palacio de Comunicaciones de La Paz, donde participaron representantes de organizaciones sociales, instituciones del Estado, entre otros.

“Se han presentado 26 denuncias en el Ministerio Público contra efectivos de la Policía Boliviana, y por ello ya existen generales, coroneles y oficiales de bajo rango con imputaciones formales por denuncias de enriquecimiento ilícito”, señaló la autoridad.

Casos relevantes

Dentro de estos procesos, resaltó el caso Unipol, referido a 54 cadetes que ingresaron de manera irregular a la Academia Nacional de Policías, además del caso Covipol. Pese al tiempo transcurrido, ninguno de éstos cuenta con sentencia contra los responsables.

En ese sentido, explicó que las denuncias que presenta el Ministerio a su cargo se hacen tras un profundo análisis, de recabar pruebas, de documentarse, por lo que no sólo se tratan de recortes de publicaciones de prensa.

También remarcó que tienen denuncias clasificadas como delicadas, de las que no reciben documentación institucional pública en los plazos que señala la norma vigente. Pese a esto, Suxo remarcó que las evidencias penales se trabajan con seriedad y responsabilidad.

Añadió que en muchas ocasiones tuvo que solicitar incluso a los representantes de organismos internacionales que realicen las auditorías a las denuncias presentadas, hecho que quedó hasta hoy sin respuesta.

“Todos los casos presentados cuentan con las pruebas necesarias”, agregó la autoridad.

Remarcó que fue por el caso Covipol que su persona fue amenazada, hecho que incluso llevó a que pusieran un precio para callar las denuncias de los casos irregulares descubiertos en la entidad de la Policía.

Sin embargo, señaló que seguirá cumpliendo con sus funciones en la lucha contra la corrupción, que por mandato del presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales, lleva el lema de ‘Cero tolerancia a la corrupción’.

En se sentido, la autoridad anticorrupción calificó como positivas las acciones realizadas desde el Ministerio, porque esas tareas permitieron cumplir a cabalidad los propósitos de la entidad al denunciar acciones irregulares que afectan los bienes inmuebles del Estado boliviano.


DATOS

• Producto de la lucha contra la corrupción, entre los años 2006 y 2012 se recuperaron Bs 799.548.571.

• Las declaraciones juradas de bienes y rentas de servidores públicos se implementaron como una política de protección al patrimonio del Estado.

• Transparencia también impulsó la rendición pública de cuentas para las instituciones gubernamentales.

• Se capacitó a 6.453 personas en la aplicación de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz.

Fiscal General presentará informe sobre red de extorsión

El fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, debe presentarse mañana ante la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados para presentar un informe oral por el caso de la red de extorsión.

El presidente de esta Comisión, Juan Carlos Cejas (MAS), precisó que el informe está fijado para horas de la tarde de mañana y fue solicitado por los diputados del Movimiento Sin Miedo (MSM), Fabián Yaksic y Marcela Revollo.

"El tema que debe informar se refiere a la red de extorsión que actualmente está en investigación, el fiscal General del Estado debe presentarse para responder una serie de preguntas en torno a ese tema", informó el Cejas a la ANF.

Al respecto, Revollo indicó que el informe está destinado a conocer los perfiles de los fiscales, las características de la investigación, la capacidad de los investigadores, las situaciones y hechos que circundan a este conflicto y otros puntos.

"Esperemos que el fiscal se presente y que no eluda esta convocatoria", expresó.

El caso de la red de extorsión está siendo investigado por una comisión de fiscales provenientes de diferentes departamentos, juntamente el fiscal General quien ha tomado de manera directa las pesquisas del caso.

Los imputados en el caso son Boris Villegas, exdirector de Régimen Interior del Ministerio de Gobierno, y los exabogados de esta cartera de Estado: Fernando Rivera y Denis Rodas, juntamente varios funcionarios de la Dirección de Bienes Incautados al Narcotráfico y José Antezana, del Ministerio de la Presidencia.

¿La fortuna de Ostreicher generó la red de extorsión?

La fortuna del estadounidense Jacob Ostreicher, por la cual el empresario fue detenido en junio de 2011 por presunto lavado de dinero, ahora se ha convertido en la principal preocupación y de interés del presidente Evo Morales y de otras autoridades del Gobierno.

Todos, en actos recientes, pidieron que se investigue el origen de la fortuna del norteamericano detenido desde hace 18 meses para desentrañar el accionar de la red de extorsionadores, pero ni la Justicia ni el Gobierno establecieron aún nada.

Esa preocupación, sin embargo, no sería nueva y que en los 18 meses, desde la detención del estadounidense, poco o nada se habría hecho para esclarecer la procedencia de la fortuna de Ostreicher y la millonaria inversión que realizó en Bolivia, de acuerdo a los propios cuadernos de investigación de la fiscalía.

Según el investigador Stephen Moore, un agente retirado del FBI, el interés del Gobierno en las inversiones de Ostreicher se dan a partir de su éxito en la producción del arroz, porque “mostró un potencial agrícola capaz de avergonzar al presidente Evo Morales y fue detenido por conveniencia política”.

Sostiene que por esta razón, pese a que se acusa de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, no existe un solo registro financiero en el expediente de más de 1.800 páginas que pruebe la ilegalidad de la inversión y no se inició ninguna acción para averiguar sobre André Zolty, a quien Ostreicher confió su dinero debido a que éste había empezado a invertir en el cultivo de arroz en Bolivia en 2008.

Moore realizó una investigación sobre la detención de Ostreicher en Bolivia a petición del propio empresario y del congresista estadounidense Chris Smith, de la Cámara de Derechos Humanos, el reporte que elaboró del caso fue presentado en el Congreso Norteamericano para pedir que su Gobierno interceda ante su par boliviano por las vulneraciones a los derechos que estaba sufriendo el empresario en más de un año y medio de tención sin que se le pruebe cargo alguno en este tiempo.

“Ésta es una omisión crucial, inexplicable y catastrófica. Ostreicher ha sido acusado (aunque no se le probó) de ‘lavado de dinero’ y ‘enriquecimiento ilícito’. Ambos son delitos financieros. Sin embargo, hay una falta total de examen forense de las finanzas de los diversos individuos, excepto para las acusaciones anecdóticas”, señala en una parte del reporte.

Agrega que no hay un solo registro de bancos, ni un solo diagrama de flujo, ni comprobante del enlace de dónde el dinero entraba y salía. No se puede diagnosticar un delito financiero sin los registros financieros, así como un médico no puede diagnosticar leucemia sin un análisis de sangre”, continua el informe.

La única documentación financiera en el expediente es la presentada por el propio empresario. Según aseguró su abogado defensor, Jimmy Montaño, todos los registros financieros que prueban el origen lícito de la fortuna de Ostreicher así como de las inversiones que realizó en Bolivia, están en el expediente y pueden ser revisadas para establecer su veracidad.

Ostreicher, de 53 años, judío oxtodoxo, desde hace años dirige una compañía en su ciudad natal de Nueva York, EEUU. Durante la Segunda Guerra Mundial, su familia huyó de los nazis, su madre es una sobreviviente del Holocausto. Su familia en un intento de evitar la pérdida de sus ahorros, trasladó a Suiza sus activos durante la guerra. La mayor parte de la familia emigró a América, donde Jacob nació, pero dejaron sus inversiones en Suiza.

En 2008, cuando la economía de Estados Unidos sufría una profunda recesión y los negocios de Ostreicher empezaron a bajar, se enteró a través de André Zolty, que dirigía las inversiones de la familia en Suiza, de la inversión de una empresa de cultivo de arroz en Bolivia y fue parte de ese negocio.

Rodríguez, la colombiana

El presidente Evo Morales en declaraciones la pasada semana, mencionó la relación del empresario Jacob Ostreicher con la colombina Claudia Liliana Rodríguez Espitia (actualmente recluida) y los vínculos con el narcotraficante brasileño Maximiliano Dorado, que fue entregado por las autoridades bolivianas a Brasil donde tenía cargos de asesinato y narcotráfico.

Zolty, que reside en Suiza, según el reporte del agente del FBI, contrató a Rodríguez Espitia, estudiante de derecho para que haga una investigación. “Rodríguez dijo ser una ciudadana rica colombiana cuya madre, era una de los jueces más prestigiosos de Colombia. Ella había viajado a Suiza para obtener el título de abogado, y cada día llegaba a la escuela en un vehículo con chófer”, señala el informe.

Precisa que no está claro si la idea del cultivo de arroz en Bolivia fue de Zolty o Rodríguez, pero que sí Zolty reunió a un grupo de inversionistas y contrató a Rodríguez para ir a Bolivia y gestionar la inversión debido a su competencia, su familiaridad con la cultura y la capacidad de hablar el idioma.

“Se le dio poder y comenzaron a comprar tierras, la contratación de los trabajadores y se inició con el proceso de deforestación de las tierras de cultivo en el futuro…la construcción de instalaciones…Todos los dineros enviados a Rodríguez estaban conectados a través del Banco UBS de Suiza y se procesaron a través del Banco Central de Bolivia a fin de que el dinero, la documentación y los procedimientos sean legítimas y fuera de toda sospecha....Más de $us 20 millones se adelantó a Rodríguez en los años iniciales de la empresa. En este tiempo, Jacob era el inversor de menor importancia en el proyecto”, señala.

Los inversionista, aguardaban documentación sobre las acciones de Rodríguez y después de más de un año, que la información era más escasa, los inversores se preocuparon y Zolty pidió que Ostreicher viajar a Bolivia e investigar la situación, a la que accedió. A su llegada a Santa Cruz, Ostreicher encontró que Rodríguez había desaparecido con millones de dólares y no se habian ejecutado las inversiones comprometidas.

CORTINA DE HUMO O SHOW MEDIÁTICO

* Para la ministra de Transparencia Nardi Suxo las investigaciones que realiza la comisión de fiscales sobre la red de extorsión y corrupción compuesta por exasesores jurídicos del Ministerio de Gobierno no es más que un “show mediático”, porque no se ha indagado la procedencia de la fortuna del estadounidense Jacob Ostreicher, acusado de lavado de dinero.

* En esa misma línea, la semana pasada el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera, ante los pedidos de que las investigaciones alcancen a los ministros de las carteras de las que formaban parte los funcionarios implicados en la red de extorsionadores, descalificaron a Ostreicher, poniendo en duda su fortuna y las inversiones que asegura haber realizado en Bolivia.

* Líderes políticos de la oposición salieron a rebatir esas declaraciones y criticar a las autoridades de Gobierno por intentar, una vez más, por poner una cortina de humo acusando a la embajada de Estados Unidos y a Ostreicher de ser ahora el causante de la existencia de la red, todo para encubrir la corrupción dentro el Ejecutivo y proteger a los ministros que tienen responsabilidad, directa e indirecta, sobre la actuación de esa red de funcionarios que actuaron desde sus ministerios y aprovechando el poder que les dieron.

* El jefe nacional del Movimiento Sin Miedo (MSM) Juan del Granado, dijo que estas declaraciones, muestran que las investigaciones tienen que ampliarse y profundizarse, porque hay una intención de encubrimiento del Gobierno, dirigida por el presidente Evo Morales, de la red de extorsión. Señaló que el 22 de diciembre, en la interpelación a los tres ministros: Nardi Suxo, Juan Ramón Quintana y Carlos Romero, se desplegó una primera fase de encubrimiento, cuando se minimizó la existencia de la red. “Romero dijo que era un grupito de quinta, Quintana que eran presuntos inocentes y para Suxo, eran unos desconocidos. Para el exministro Sacha Llorenti, eran abogados responsables y competentes. “Ahora estamos viviendo otra fase, la más peligrosa de encubrimiento, de negar todo vínculo y buscar otros culpables, enemigos externos”.



CRONOLOGIA

Juez revoca libertad a un estadounidense detenido

05 octubre 2011 Un juez adujo que no valoró debidamente las pruebas y procedió a revocar de manera imprevista la libertad que había concedido al empresario estadounidense Jacob Ostreicher, investigado junto a su socia por presunto lavado de dinero y detenido preventivamente hace más de tres meses en el penal de Palmasola de Santa Cruz.

Estadounidense lleva 10 meses preso sin cargos

05 abril 2012. Luego de más de dos docenas de audiencias judiciales, los fiscales no han presentado evidencia que respalde sus sospechas de que el estadounidense haya lavado dinero proveniente del narcotráfico.

Ha bajado más de 13 kilos, en la cárcel, ante la impotencia de no poder hacer nada mientras, observa cómo lo despojan de un negocio de producción de arroz en el que invirtió millones de dólares.

El caso de Ostreicher llama la atención

11 abril 2012 Según la Associated Press, el ciudadano norteamericano y su socio suizo Andre Zolty, hace cuatro años, convencidos por una abogada colombiana de nombre Claudia Liliana Rodríguez, decidieron invertir en el negocio arrocero –en Santa Cruz– 25 millones de dólares en la compra de tierras para cultivar, sin percatarse de que dichas tierras estaban siendo vendidas por Ozzie y Maximiliano Dorado (implicados en narcotráfico).

EEUU pide un juicio “justo”

18 mayo 2012 Estados Unidos expresó ayer preocupación por el bienestar del estadounidense Jacob Ostreicher, quien se encuentra en huelga de hambre desde abril para protestar por su arresto en Bolivia, a la vez que pidió al Gobierno boliviano un juicio “justo” y “transparente”.

Acusan a Bolivia

07 junio 2012 Defensores y familiares de Ostreicher, preso en Palmasola de Santa Cruz sin sentencia hace un año, acusaron al Gobierno de “secuestro de Estado” y condenaron la pasividad de Estados Unidos en el caso.

Llega congresista de EEUU

11 junio 2012 El vicecanciller Juan Carlos Alurralde informó ayer que el congresista republicano estadounidense Chris Smith, llegará al país para presenciar la audiencia de su compatriota que lleva detenido más de un año sin cargos formales.

Bolivia “viola derechos”

12 junio 2012 La justicia boliviana viola derechos de un estadounidense, al no haberle formulado cargos, denuncia Smith.

viernes, 11 de enero de 2013

Suspenden de sus funciones a dos jueces de Santa Cruz

Los suspendidos son el juez Wilson Arévalo y el vocal Zenón Rodríguez, sobre quienes pesa una investigación de la Fiscalía que trata de establecer su responsabilidad en el escándalo desatado a raíz de las denuncias de extorsión al empresario estadounidense Jacob Ostreicher.

Ambos funcionarios judiciales habrían negado, aparentemente sin justificativo procesal, la libertad del detenido lo que desembocó en una investigación iniciada por el Ministerio Público.

Cristina Mamani confirmó la suspensión del juez Arévalo y dijo que éste había presentado un recurso dentro de sus facultades que la ley le otorga. En cuanto al vocal Rodríguez, la funcionaria judicial dijo que el mismo "aún está en proceso".

"Si es que hubiera imputación en contra de este vocal, nosotros vamos a proceder con lo que manda la ley, la suspensión de sus actos sin goce de haberes", manifestó Mamani.

En horas pasadas, una copia de la imputación formal de la Fiscalía contra ambos administradores de justicia fue remitida al Consejo de la Judicatura, a partir de la cual esa instancia disciplinaria del Órgano Judicial comenzó a tomar las acciones que establecen los reglamentos.

Suxo asegura que todo es un “show mediático”

La ministra de Transparencia , Nardi Suxo, aseguró ayer que las denuncias en su contra relacionadas a la red de extorsionadores de ex funcionarios gubernamentales y judiciales son un “show mediático”.

“Pueden inventar todo lo que quieran, pero no me van a hacer arrodillar, poniéndome como si yo fuera una delincuente ('). No he hecho nada, ni ningún miembro de los que me acompañan hemos hecho nada de lo que podamos estar asustados”.

“Quiero decirles, sobre todo al Ministerio Público, que todo este show mediático que se ha hecho por un hecho, que posiblemente sí tenga hechos de corrupción, eso está todavía en procesamiento”.

La ministra anticorrupción Suxo fue relacionada con la presunta red por uno de los detenidos y por declaraciones del ministro Wilfredo Chávez. Además por el ex presidente de YPFB, Santos Ramírez, quien está en prisión.

jueves, 10 de enero de 2013

Evo llama lacayos a diputados que vinculen ministros con red

El presidente Evo Morales tildó ayer de “lacayos de la Embajada de Estados Unidos” a los diputados que piden investigar a altas autoridades que han sido cuestionadas por el caso de la presunta red de extorsión.

“Hay algunos diputados y diputadas infiltrados (que están) en la misma línea de la Embajada de EEUU. (Son unos) resentidos, instrumentos, lacayos del imperio. Ahora, si nos demuestran en esta investigación con cheques (emitidos) por bancos que ha llegado al Ministerio de la Presidencia, de Transparencia o de Gobierno, (ahí sí) adentro, a la cárcel”.

El Presidente aseveró ayer que detrás del caso de extorsión está Estados Unidos. Las declaraciones las hizo en La Paz durante la clausura del segundo encuentro de ex dirigentes campesinos, originarios y trabajadores de Bolivia.

En el acto se quejó del manejo que hace la embajada del país del norte de algunas situaciones nacionales con la finalidad -dijo- de perjudicar el proceso de cambio.

Aseguró que EEUU utiliza la situación legal del estadounidense Jacob Ostreicher para arremeter contra el Gobierno boliviano.

El caso se destapó por la situación del empresario norteamericano Ostreicher, quien estuvo detenido 18 meses en Palmasola acusado de ganancias ilícitas y que denunció haber sido víctima de este grupo compuesto por ex funcionarios de los ministerios de la Presidencia, de Gobierno, de la Dirección de Bienes Incautados, fiscales y jueces.



Morales aconsejó a los legisladores que si querían investigar algo que averigüen “de dónde recibió ese gringo (Ostreicher) tanta plata para entregarla a una colombiana (Claudia Liliana Rodríguez, socia de Ostreicher en Bolivia, acusada de narcotráfico) tanta plata. ¿De dónde tiene tanta plata?, ¿por qué no investigan eso?”, manifestó.

En los recientes días, algunos asambleístas opositores y la presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, comentaron que el Ministerio Público debería investigar profundamente la vinculación de importantes autoridades con la red de extorsión.

Además, legisladores de la oposición y del oficialismo y algunos sectores sociales pidieron la renuncia de los ministros de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; de Transparencia, Nardi Suxo, y de Gobierno, Carlos Romero, además del embajador de Bolivia en las Naciones Unidas, Sacha Llorenti, para que se sometan a las investigaciones sin privilegios.

Agregó que Jimmy Montaño, abogado de Ostreicher, es “asesor de la Embajada”. “Ya no somos tontos, ya estamos casi siete años como Presidente y sabemos cómo controlar a los enemigos externos que están metidos acá, a la cabeza de EEUU. Vamos a pelear, es nuestra lucha permanente”, afirmó.

El líder del Movimiento Sin Miedo, Juan Del Granado, dijo ayer en Cochabamba que las declaraciones de Morales buscan encubrir a sus ministros. Añadió que las acusaciones contra EEUU pretenden además desviar la atención sobre el caso, informó ERBOL.

miércoles, 9 de enero de 2013

Cabecillas de red de extorsión atacan a Romero y piden comisión investigadora

Boris Villegas, Fernando Rivera, Dennis Rodas, tres presuntos miembros de la red de extorsión, rompieron el silencio, enviando cartas a las máximas autoridades de la Asamblea Legislativa Plurinacional, acusaron al ministro de Gobierno, Carlos Romero, de prestarse a los intereses de Estados Unidos y demandaron la conformación de una comisión multipartidaria que investigue el caso.

Los tres abogados se encuentran detenidos de manera preventiva en el penal de Palmasola desde Santa Cruz. El periodista Johnn Arandia, director de Noticas de Cadena A, leyó la noche de este martes cartas enviadas por los presuntos integrantes de una red de extorsión que fue montada desde esferas del gobierno, según denunció el ministro Carlos Romero. Los acusados señalan precisamente a esta autoridad de manipular la información y presionar a fiscales y jueces a su favor.

En su entrega informativa de la noche, Cadena A dio a conocer manuscritos enviados por los principales acusados de la red organizada de corrupción a las presidencias de las cámaras de Diputados y de Senadores como también al presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional y vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera.
Carta a García Linera
Una de las misivas de denuncias contundentes corresponde a la suscrita por el ex director de Régimen Penitenciario, Boris Villegas al vicepresidente del Estado y presidente de la Asamblea Legislativa, Álvaro García Linera. Cuenta con el sello de recepción de la Vicepresidencia con la fecha de este martes 8 de enero en la que se plantean denuncias contra Romero y el viceministro de Regimen Interior, Jorge Pérez. Las partes más importantes de la nota son las siguientes.

“No existe ni un indicio en nuestra contra, lo que existe en realidad es una burda tramoya de parte de estos oscuros personajes con el fin de debilitar el proceso de cambio, todos los actos de la comisión de fiscales están siendo digitados por ellos y sus cómplices”.

“Vicepresidente, por qué nos mantienen en un régimen cerrado totalmente incomunicados sin acceso siquiera a una radio a pilas, sin derecho a entrevistas con ningún medio de comunicación y, por otra parte, nuestros acusadores a través de la Dirección de Régimen Penitenciario poco menos que auspician entrevistas en penales de máxima seguridad por ejemplo, la entrevista al teniente Navia en el penal de Chonchocoro”.

“Por qué si el señor Romero y Pérez se desgañitan de los medios hablando de su supuesta lucha contra la corrupción y que no se debe ejercitar ningún tipo de presión a fiscales ¿Por qué manda a su jefa de gabinete Gisela Pérez cuando se dio el conflicto con personas discapacitadas en el mes de marzo de 2012 un sábado en horas de la noche ante David Espinal, Juez Quinto de Instrucción en lo Penal de la ciudad de El Alto, con la misión expresa de que este revoque su decisión al haber otorgado la libertad a sus dirigentes y la modifique y expida órdenes de aprehensión en contra de los mismos, cometido este que se consiguió en menos de dos horas?”, pregunta.

“¿Por qué Pérez instruye a Fernando Rivera y Dennis Rodas que se dé una mano a los señores Fernando Paz Serrano y Pedro Yovio, imputados en el tema Terrorismo II?”.

“¿Por qué Pérez se reúne de manera reservada con funcionarios de la Embajada Americana en la ciudad de Trinidad en el mes de marzo de 2012 ¿Por qué Pérez se reúne con el ex presidente del Comité Cívico del Beni, Alberto Melgar, a quien visita en el penal de Mocovi en el marzo?”.

La misiva que contiene estas citas es firmada por Boris Villegas al pie del documento con el título de “detenido político”. Asimismo, demandó al Gobierno demostrar pruebas sobre las denuncias hechas en su contra que lo sindican como un agente infiltrado de la CIA de los EEUU.

Al respecto, Villegas acusó a Romero y a Pérez de ser colaboradores de la Embajada de los EEUU, casa diplomática que en los últimos días fue cuestionada por el presidente Evo Morales por presunta conspiración a la seguridad del Estado al usar el caso de la red de extorsión como mecanismo para desprestigiar el denominado proceso de cambio.

¿Por qué Romero y Pérez demuestran servilismo y están genuflexos ante la Embajada Americana sirviendo, incluso Pérez, como guía a funcionarios norteamericanos que llegaron a presenciar la audiencia del señor (Jacob) Ostreicher”, aseguró.

Además, Villegas pidió investigación de la cercada relación que tiene el Viceministro de Régimen Interior con uno de los abogados del estadounidense Ostreicher, Jerjes Justiniano y otros miembros del estudio jurídico UPS: cuyos nombres aparecen recurrentemente en el proceso judicial.

“Vicepresidente, al encontrar una comisión de fiscales y juez completamente sumisa a los mandatos de Romero y Pérez, nos vemos en la obligación y necesidad de solicitar la conformación inmediata de una comisión de la Asamblea Legislativa que Ud. dirige, que de manera imparcial investigue hechos objetivos y no elucubraciones de mentes enfermizas e interesadas”, demanda Villegas a García Linera .
Otras cartas
Otra de las cartas corresponde a Dennis Rodas, ex jefe de Gestión Jurídica del Ministerio de Gobierno y actual acusado por la red de extorsión, quien solicitó a la presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, determinar fecha y hora para dar a conocer su propia versión de los hechos ante la comisión legislativa que sea definida por la titular.

De acuerdo a la lectura hecha por el periodista John Arandia, Rodas denuncia que el caso extorsión ha sido montado por el actual ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien encabeza la lista de acusadores a este grupo organizado de corrupción. “Se nos ha violado de forma flagrante nuestros derechos y garantías, denuncia de incomunicación a las que fuimos sometidos ilegalmente a nuestros parientes abogados y medios de prensa que sucedieron paulatinamente desde el momento que me presente al amparo”, asegura Rodas en su carta.

Otra misiva fue enviada a la presidenta de la Cámara de Senadores, Gabriela Montaño, y está firmada por el ex director de Régimen Interior, Boris Villegas; el ex director de Asuntos Jurídicos, Fernando Rivera y Dennis Rodas, todos ex funcionarios del Ministerio de Gobierno.

En la carta enviada a Montaño, los tres implicados en la presunta red de extorsión y que se encuentran presos en el penal de Palmasola mediante régimen cerrado, pidieron la conformación de una instancia legislativa que inicie las investigaciones cortrespondientes al caso.

“Solicitamos la conformación de una comisión multipartidaria que tenga como finalidad investigar los hechos de extorsión y corrupción. Esta solicitada la realizamos en aplicación a la Constitución buscamos que la investigación sea objetiva y transparente confiable e imparcial”, asegura parte de la carta a la que tuvo acceso Cadena A.

Ante todas estas demandas, la carta de Villegas resalta en su posdata a García que “a partir del conocimiento público de esta nota, si ocurriera alguna represalia en nuestra contra o la de nuestros familiares, será exclusiva responsabilidad de Romero, Pérez y sus lacayos operativos serviles a la Embajada Americana”.

Evo pidió mantener equipos de abogados pero dice no por eso soy corrupto

El presidente Evo Morales admitió este miércoles que los equipos técnicos y jurídicos de los ministerios no son removidos por recomendación suya, para no perjudicar la labor institucional. Pero acalaró que si algún funcionario fue descubierto en corrupción o extorsión esto no debe implicar a los superiores del gobierno.

Las declaraciones del mandatario se dieron en el hotel Torino de la ciudad de La Paz, en el evento de clausura del segundo encuentro de ex dirigentes campesinos originarios y trabajadores, donde reiteró sus acusaciones de conspiración a la Embajada de los EEUU por usar el descubrimiento de una red de extorsión usando avales emitidos desde el Órgano Ejecutivo en el caso del estadounidense Jacob Ostreicher.

“Mi recomendación es que está bien cambiar a gente de confianza como jefe o jefa de gabinete y algunas autoridades importantes, pero equipo técnico y jurídico no, para no paralizar el trabajo de ese Ministerio. Recomiendo eso a todos los ministros y a los nuevos”, aseguró Morales.

Recordó que la gestión anterior un Ministerio cambió a todo el equipo técnico y jurídico y no logró un ritmo de trabajo hasta después de seis meses lo que perjudicó la labor institucional.

“Y si alguien de ellos (funcionarios) por recomendación de Evo Morales no ha sido cambiado y ese funcionario o servidor aparece corrupto, no por eso yo soy corrupto”, sostuvo Morales ante los ex dirigentes sindicales en referencia a la red de extorsión descubierta en 2012.

El Jefe de Estado también hizo alusión algunas declaraciones de legisladores que solicitaron que las investigaciones sobre la red de extorsión no solamente lleguen a presuntos mandos medios sino a altas autoridades de gobierno.

“Hay algunos diputados y diputadas infiltrados en la misma línea de la Embajada de EEUU, son resentidos e instrumentos de los lacayos del imperio porque quieren investigar quién ha designado (a los funcionarios implicados en extorsión)”, explicó Morales.

La gestión anterior, la presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, opinó ante los medios de comunicación que aún no fueron descubiertos los verdaderos cabecillas de la red de extorsión y que sólo se detuvieron a “mandos medios”, declaraciones que fueron duramente criticadas por el Presidente y sus colegas.

Este martes, Boris Villegas, Dennis Rodas y Fernando Rivera, ex abogados del Ministerio de Gobierno y principales acusados de la red de extorsión, enviaron misivas desde el penal de Palmasola de Santa Cruz a las presidencias de la cámara de Senadores, de Diputados y al vicepresidente del Estado y Presidente nato del Legislativo, Álvaro García Linera demandando la conformación de una comisión multipartidaria de investigación del caso porque el ministro carlos Romero y el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, habrían cometido presuntos hechos ilícitos en algunos casos de seguridad del Estado como en la administración de conflictos sociales durante el año anterior.

Evo sugiere a legisladores investigar fortuna del norteamericano Ostreicher

Ostreicher, de 53 años, fue detenido en junio de 2011, acusado por un grupo de abogados del gobierno y fiscales de lavar dinero del narcotráfico.

El empresario, que permanece bajo libertad condicional en la ciudad de Santa Cruz, denunció que fue extorsionado por sus acusadores, lo que provocó un escándalo mayúsculo en el país, que desembocó en la detención de una docena de abogados del gobierno, jueces y fiscales involucrados en una red de extorsión y corrupción.

La disminuida oposición política sugirió investigar en el Parlamento el tema, pues considera que la red alcanza incluso a ministros.

"¿Qué quieren hacer (los parlamentarios)? ¿investigar quién ha designado (a asesores y fiscales)?, ¿eso quieren investigar, en vez de investigar de dónde ha recibido ese gringo (Ostreicher) tanta plata, entregando a una colombiana tanta plata? ¿De dónde tiene tanta plata? ¿por qué no investigan eso?", dijo Morales este miércoles en un acto público.

Ostreicher y su socio suizo André Solty invirtieron unos 25 millones de dólares, y el empresario arguye que todos los movimientos económicos se hicieron vía bancaria. Parte del dinero fue entregada a la colombiana Claudia Liliana Rodríguez, también detenida bajo la acusación de adquirir bienes de un narcotráficante brasileño.

El presidente dijo que "ahora la embajada está usando a su compatriota (Ostreicher) para salpicar a Evo Morales y hay evidentemente algunos diputados infiltrados en la línea de la embajada de Estados Unidos". "Son resentidos, instrumentos de los lacayos del imperio", agregó.

El gobernante acusó el viernes pasado a Estados Unidos de utilizar el caso de extorsión para dañarlo y el domingo, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, dijo que La Paz acumula pruebas sobre las acciones de la embajada estadounidense en La Paz orientadas a desestabilizar a la administración de Morales, para dárselas a conocer al presidente Barack Obama.

Schmidt afirma que alertó de la red en 2006

De acuerdo a la últimas declaraciones del alemán Dirk Schmidt, en el 2006, cuando él empezó a colaborar con el Ministerio de Gobierno, advirtió a las autoridades sobre indicios de corrupción que se cernían sobre todos los niveles del Ejecutivo. Por este motivo, dijo, propuso realizar "un seguimiento y limpieza interna".

Informó sobre actos de corrupción. El ciudadano alemán, que fue asesor del Ministerio de Gobierno al menos cuatro años y luego acusado de extorsión y alzamiento armado tras frustrar un intento de fraude y extorsión a la comunidad menonita, dijo que él había advertido sobre esta situación. "Cuando vi que habían autoridades que no tenían la capacidad necesaria para manejar ciertos cargos dentro del sistema estatal y vi que había una tendencia de algunos funcionarios que no cumplían las reglas, ya alerté al Gobierno que tendríamos que tener mucho cuidado y tendríamos que planificar una limpieza interna para evitar que pueda desarrollarse la corrupción", afirmó.

Acusaciones le costo su libertad. Subrayó que esta situación molestó a funcionarios del Ministerio de Gobierno, que ahora guardan detención preventiva por estar implicados en la red de extorsión gubernamental, descubierta en los ministerios de la Presidencia y de Gobierno. Schmidt, que fue liberado en diciembre de 2012, luego de dos años de detención y ante la falta de pruebas en su contra, calificó de alarmante la situación de corrupción que vive ahora el país.

Exige investigación. "Yo diría que es especialmente alarmante la corrupción en el Gobierno porque causa un daño tremendo al propio Ejecutivo, por eso es muy importante que se llegue hasta las últimas consecuencias en esta investigación y que se elimine estos elementos nocivos del Gobierno", apuntó el exfuncionario. Al obtener su libertad, Schmidt pidió a la comisión de fiscales se investigue al exministro de Gobierno Sacha Llorentty y al ex asesor jurídico del Ministerio de Gobierno Fernando Rivera, a quienes acusa de haberles iniciado un proceso en julio de 2010.

Abogado pedirá la extinción de cargos contra Ostreicher

Jimmy Montaño, abogado defensor del empresario estadounidense Jacob Ostreicher, anunció ayer que solicitará al Ministerio Público la extinción de cargos en contra de su cliente, debido a la retardación de justicia.

Ostreicher se encuentra con detención domiciliaria bajo acusaciones de lavado de dinero provenientes de ganancias ilícitas y narcotráfico.

Montaño apuntó tres argumentos para solicitar la extinción: el Estado no pudo probar las acusaciones de narcotráfico, el estadounidense está detenido desde hace 18 meses y sin proceso instaurado en su contra y “se demostró” que el empresario fue víctima “de una banda de extorsionadores”.

“Si el Estado boliviano tiene pruebas contra Ostreicher tendría que acusarlo, pero como no existen pruebas nosotros necesitamos que se pronuncie un requerimiento conclusivo de sobreseimiento, porque Ostreicher no puede estar eternamente procesado”, dijo Montaño a la red televisiva ATB.

El abogado del estadounidense afirmó que en el caso de su defendido “sí hay una retardación de justicia” y “un incumplimiento de plazos procesales”.

“Ninguna investigación puede durar más de 18 meses y en este caso estamos llegando a 25 meses”, recordó.

“El caso de extorsión existió, producto de ello es que hay personas detenidas”, y agregó que su defendido fue “víctima” de una red de extorsionadores.

El 27 de noviembre de 2012, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, reveló la existencia de una supuesta red de extorsión formada por los ahora ex funcionarios de los ministerios de Gobierno y de la Presidencia, de la Dirección de Bienes Incautados, jueces y fiscales.

Los presuntos cabecillas son los ex asesores legales del despacho de Gobierno Fernando Rivera y Denis Rodas Limachi; el ex abogado de la cartera de la Presidencia José Antezana y el ex director de Régimen Interior Boris Villegas. Todos están detenidos en Palmasola junto a otras ocho personas.

Jacob Ostreicher, quien durante 18 meses permaneció encarcelado en Palmasola, denunció que la red le habría pedido un pago de 50.000 dólares para dejar que un juez cautelar determine su salida de la cárcel, lo que ocurrió tras la desarticulación de la banda.

viernes, 4 de enero de 2013

Chávez ratifica sus declaraciones sobre la ministra de Transparencia Nardi Suxo


El exministro de Gobierno, Wilfredo Chávez, se ratificó en sus anteriores declaraciones, donde afirma que la ministra de Transparencia, Nardi Suxo, abogó por mantener en sus cargos a los funcionarios Fernando Rivera, Dennis Rodas y Boris Villegas.

El exministro de Gobierno, Wilfredo Chávez, ayer se presentó ante la comisión de fiscales que indaga el caso de la red de extorsión, donde reiteró sus declaraciones del pasado 20 de diciembre, pero afirmó que no hizo ninguna denuncia en contra de la ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardy Suxo.

La exautoridad llegó a las 15.00 a la Fiscalía, donde estuvo aproximadamente una hora y media frente a los fiscales del caso extorsión, a su salida pidió a los medios de comunicación no “politizar” las investigaciones de este proceso, donde se encuentran involucrados exfuncionarios gubernamentales y administradores de justicia.

Chávez volvió a afirmar que no tuvo ninguna participación y menos responsabilidad sobre los hechos de la red de extorsión y corrupción, y ratificó que entregó un poder limitado a los exasesores jurídicos del Ministerio de Gobierno, Fernando Rivera y Dennis Rodas, con la única finalidad de que puedan representar en asesoramientos legales a dicha repartición ministerial.

En la oportunidad, el exministro de Gobierno, Wilfredo Chávez, dio a conocer que la comisión de fiscales se abocó a preguntarle sólo temas de orden administrativo a los cuales, al igual que en su primera intervención, respondió.

Al finalizar la audiencia, Chávez tuvo un breve contacto con los medios de comunicación donde aclaró varios puntos sobre este tema. “En primera instancia he ratificado toda mi declaración tal como lo hice en la primera oportunidad, no puedo decir más o menos de lo que sé, con la diferencia que se han aclarado algunos detalles, pero no me hagan otras preguntas”, señaló.

Otro de los cuestionamientos a las que no quiso referirse fue a la situación de la ministra de Transparencia Nardi Suxo y al respaldo hacia su persona por parte del presidente Evo Morales.

Por su parte, el fiscal Olvis Egüez, miembro de la Comisión de Fiscales en Santa Cruz, señaló que ahora la comisión de fiscales evaluará las declaraciones de Chávez para tomar una determinación al respecto. Señaló que en relación a nuevos nombres de posibles indicados, Chávez no aportó nada. “Más se ha ratificado en su anterior declaración”, reiteró.

“La doctora (Suxo) fue clara cuando me dijo que si yo lo echaba o si prescindía de él (Boris Villegas); ella se lo iba a llevar a trabajar al Ministerio de Transparencia. Tendría sus motivos, no sé, eso ya es otra cosa”, refirió el exministro en ese entonces.

Ostreicher cuestiona a diputado Bonifaz que pidió investigarlo



El estadounidense Jacob Ostreicher acudió ayer a la Fiscalía de Sustancias Controladas para firmar el libro, como lo dispuso la jueza Eneas Gentile. Acompañado de su abogado, Yimmy Montaño, tras firmar manifestó que el acto significa una humillación siendo que es una víctima y que todo mundo sabe que es inocente.

Afirmó que escuchó en los medios de comunicación las declaraciones del diputado Galo Bonifaz, que pidió que lo investiguen al considerar que tenía relación con el narcotráfico. Ostreicher afirmó que el parlamentario o no sabe nada de su caso o es que está protegiendo a alguien. Señaló que el congresista todavía tiene el coraje de salir en los medios sugiriendo que debe ser investigado cuando él ya probó su inocencia. Dijo que Galo Bonifaz, con su declaraciones, demuestra que está en contra del presidente Evo Morales. “Yo probé mi inocencia y fui tratado como un criminal. Tengo 54 años y en mi vida me pusieron esposas, ni en Estados Unidos ni en ninguna parte del mundo, solo en Bolivia. Es la primera vez que me ponen esposas en mis manos, no hice nada malo y me tratan como a un criminal”, dijo.

El proceso contra Ostreicher sigue adelante y cada 15 días acudirá a firmar el libro de la Fiscalía



Hoy declara el titular de Transparencia Núñez del Prado
La Unidad Anticorrupción de la Fiscalía fijó para hoy la declaración del exfiscal y actual director del Ministerio de Transparencia de Santa Cruz, Francisco Núñez del Prado. Esta autoridad fue acusada por el recluso Gustavo Céspedes de ser la mano derecha de Isabelino Gómez. También declarará hoy el abogado Yimmy Montaño que defiendo a Jacob Ostreicher

Schmidt dice que tiene pruebas de vínculos de ministros y viceministros con intento de extorsión a menonitas



El alemán Dirk Schmidt, quien consiguió su libertad condicional en diciembre, tras su detención en julio de 2010 por denuncias de alzamiento armado y extorsión a menonitas, reveló hoy que presentó a la Fiscalía pruebas que vinculan a ministros y viceministros con un plan de extorsión a menonitas por al menos 50 millones de dólares.

En contacto con radio Erbol, Schmidt dijo que trabajó para el gobierno desde el año 2006 y que en 2010, antes de su detención, fue informado de que tramitadores intentaban cobrar a cada menonita 1.000 dólares por una cédula de identidad y que cuando informó del hecho al entonces viceministro Gustavo Torrico, este le dijo que ya se había firmado una resolución para la renovación de esos documentos, por lo que el cobro era completamente irregular.

“Propuse que había que socializar la resolución para evitar que los tramitadores los extorsionen. De esa manera organizamos una reunión en el Viceministerio en La Paz, invitando a todas las cabezas de las colonias menonitas y sus cónsules, donde socializamos la resolución y evitamos esa extorsión”, recordó el alemán.

Tomando en cuenta que existen al menos 50 mil menonitas- insistió- estaban en juego 50 millones de dólares. “Lo que no sabíamos en ese momento era que no solo eran tramitadores, sino también funcionarios del Gobierno que estaban involucrados en ese plan gigantesco de extorsión”, reveló.

El ciudadano alemán fue detenido en julio de 2010 debido a una acusación de alzamiento armado, pero poco después también fue vinculado con una supuesta extorsión. Negó las acusaciones y, por el contrario, insistió en que evitó el plan de extorsión.

“Eso (freno del plan) ha sido el factor que causó y, eso lo tengo con documentos, que a partir de la fecha 6 de julio (2010) el entonces ministro (de Gobierno) Sacha Llorenti pida informes a todas las autoridades con quienes yo había coordinado y él recibe informe el 6,7 y 8 de julio, o sea, antes de mi detención. Entonces él sabía perfectamente que yo estaba colaborando con el Ministerio de Gobierno y aún así permite que se lleve adelante el operativo en mi contra. Todos esos hechos se tienen que investigar en la comisión de fiscales que investiga a la red de extorsión y corrupción”, sostuvo.

Recordó que en ese entonces Fernando Rivera, hoy detenido por su supuesta participación en la desarticulada red de extorsión y corrupción, participó de la redacción de una resolución para facilitar documentación a los menonitas.

Schmidt prestó declaraciones ante la comisión de fiscales que investiga el caso de la red de extorsión que operaba desde los ministerios de Gobierno y de la Presidencia. “Yo he aportado pruebas, las pruebas documentales a la comisión de fiscales que está investigando los hechos de corrupción y extorsión”, informó.

Evitó dar nombres de los funcionarios de Gobierno vinculados con al caso menonitas, aunque respondió que sí, cuando se le consultó si figuran entre ellos ministros y viceministros.

“Voy a seguir aportando con datos y pruebas hasta que se pueda llegar a establecer responsabilidades de todos los autores materiales e intelectuales. Este es un proceso investigativo que seguramente va a durar unos meses todavía, por eso no puedo adelantarme y dar nombres de posibles autoridades para no entorpece la investigación”, insistió.

También señaló que los jueces y fiscales que lo acusaron podrían haber estado presionados por la red de corrupción y extorsión desarticulada en noviembre como consecuencia de la investigación sobre irregularidades en el proceso contra el estadounidense Jacob Ostreicher, acusado de legitimación de ganancias ilícitas.

jueves, 3 de enero de 2013

SUXO apela la sentencia en contra de Reyes Villa

La ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, anunció ayer que su despacho apelará la sentencia dictada contra el ex prefecto de Cochabamba Manfred Reyes Villa, porque “no condice con la prueba presentada”.

El objetivo de la apelación es que la sentencia sea más dura.

“El Ministerio Público, la Gobernación de Cochabamba y nosotros (el Ministerio de Transparencia), por supuesto, estamos elaborando ya la apelación a esta sentencia, que no condice con los datos ni con la prueba presentada”, mencionó.

El lunes, la jueza del Tribunal de Sentencia Segundo, Heidi Zapata, sentenció a Reyes Villa, quien radica en Estados Unidos, a un año de privación de libertad por el delito de incumplimiento de deberes, en el caso denominado puente Vinto-Sacambaya.

Suxo, en entrevista con la Red Informativa del Estado Plurinacional (RIEP), manifestó que este caso es una prueba de cómo las personas denunciadas por corrupción por el Ministerio a su cargo aprovechan para dejar en la indefensión a las víctimas de sus delitos.

Por su parte, el director jurídico de la Gobernación de Cochabamba, Víctor Coca, mencionó que el viernes se leerá la sentencia completa y será la oportunidad para ver sus partes débiles y plantear una apelación, porque “no nos satisface la sentencia al ser muy benevolente”.

Anticipó que en la lectura de la fundamentación de la sentencia se determinará por qué no se calificó otros delitos, como uso indebido de influencias y conducta antieconómica; recordó que se estableció un daño económico al Estado de al menos dos millones y medio de bolivianos.

Denuncias

La ministra Nardi Suxo informó que durante la pasada gestión su despacho recibió más de 10.000 denuncias de irregularidades y corrupción, de las cuales casi 400 fueron elevadas al Ministerio Público luego de verificar su pertinencia.

La autoridad estatal agregó que se cuenta en forma global con 66 sentencias, 11 de ellas dictadas en 2012.

EL ABOGADO de Jacob Ostreicher declara por el caso extorsión

En Santa Cruz, el ex ministro de Gobierno Wilfredo Chávez también prestará su declaración, por segunda vez, ante la comisión de fiscales que investiga el caso del grupo de extorsión y corrupción.

SANTA CRUZ

Cambio

La comisión de fiscales que investiga el caso extorsión citó a declarar en calidad de testigo a Jimmy Montaño, abogado del empresario estadounidense Jacob Ostreicher. El jurista deberá presentarse el jueves a las 17.00 ante el Ministerio Público, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

“He sido citado a declarar en calidad de testigo, y vamos a presentar documentación donde se demuestra que todos los hechos que nosotros denunciamos existieron, no tengo ningún problema en prestar mis declaraciones, vamos a aportar con mayores pruebas, y, de ser necesario, vamos llegar al careo con el imputado que me acusa de que yo le habría ofrecido dinero”, explicó Jimmy Montaño.

El abogado fue citado luego de que el imputado Gustavo Céspedes, detenido en Palmasola, señalara que Montaño le ofreció dinero a cambio de favores en la investigación del caso.

El defensor de Ostreicher además anunció que alista más documentación para que el Ministerio Público amplíe la investigación a funcionarios de los ministerios de Relaciones Exteriores y Culto, y de Desarrollo Rural y Tierras.

Otro de los citados por la comisión de fiscales es el ex ministro de Gobierno Wilfredo Chávez Serrano, quien también deberá prestar sus declaraciones ampliatorias este jueves.

Asimismo, se aguarda que el Ministerio Público fije fecha y hora para que el ex fiscal general Mario Uribe se presente a dar su testimonio ya no como testigo en el caso de extorsión, sino como investigado.

Además, se informó que la Fiscalía tramita la declaratoria de rebeldía para el presidente del Tribunal de Justicia Departamental de Santa Cruz, Ariel Rocha, actualmente prófugo.

Reyes Villa califica de instrucción política fallo judicial en su contra

El exprefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, denunció desde Estados Unidos que el reciente fallo judicial en su contra, el cual establece un año de reclusión, es una instrucción "netamente política" lo que demuestra que la administración del presidente Evo Morales "montó una red" dentro del Ministerio Público para perseguir judicialmente a los opositores.

El excandidato presidencial dijo que pese a que existen miles de casos esperando ser atendidos por las autoridades judiciales, en el último día del año 2012 la jueza Segunda de Instrucción en lo Penal, Heidi Zapata, determina la detención preventiva sin haber convocado a otras autoridades responsables por la construcción del puente Vinto-Sacambaya en el departamento de Cochabamba.

"El tema para mi es netamente político, la instrucción ha sido muy clara, de decir a fin de año no importa el ultimo día pero se lo sentencia a Manfred, no importa con un año, con dos, con diez, con veinte, no importa, pero esa era la instrucción política cuando ya todo el país sabe que lo que hace tiempo se ha denunciado y aquí fue demostrado, ya que el Gobierno de Evo Morales ha montado una red que ha instrumentalizado al Ministerio Público y a la justicia para perseguir a los opositores", manifestó Reyes Villa en entrevista con cadena A.

Explicó que el conflicto por la construcción de ese puente fue "licitado, adjudicado y pagado el 2004, Manfred Reyes fue prefecto el 2006 no el 2004, es un proyecto que estaba desde el 2004, y obviamente el delito de que se me acusa es por falta de cumplimiento de deberes, no por contratos lesivos al Estado ni conducta antieconómica, sino disque porque no tenía diseño un proyecto y como puede tener un puente un precio sin tener diseño, entonces son contradicciones que se dan", señaló.

La juez del tribunal de sentencia número dos, Heidi Zapata, informó que a partir de la fecha se establece el dictamen de un año de reclusión para el exprefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, acusado por incumplimiento de deberes, en la construcción de obras realizadas en el departamento. La jurista explicó que la sentencia fue muy benevolente puesto que existen muchas denuncias en contra de Reyes villa, entre ellas uso indebido de influencias, y esperaban una sentencia mínima de seis años de cárcel.

Gobierno apelará fallo judicial

La ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, informó que su despacho apelará la sentencia dictada contra el exprefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, porque "no condice con la prueba presentada. Nosotros esperamos que el Ministerio Público la Gobernación de Cochabamba y nosotros mismos (el Ministerio de Transparencia) por supuesto estamos elaborando ya la apelación a esta sentencia que no condice con los datos ni con la prueba presentada", manifestó a los medios estatales.