Los viajes a Bolivia de dos empresarios del Lava Jato

Fueron los estrategas de los sobornos para adjudicarse obras públicas. Jorge Enrique Simoes Barata, de la empresa Odebrecht, y Marcos de Moura Wanderley, de la constructora Camargo Correa, arribaron a Bolivia en varias ocasiones para hacer negocios y lograr adjudicarse obras públicas. El primero llegó al país en 52 ocasiones entre 2000 y 2006 y, el segundo, aterrizó en suelo nacional 31 veces entre 2002 y 2008. Algunos de estos viajes coinciden con fechas de cambios de pliegos del contrato y la firma y adjudicación de las obras camineras. EL DEBER accedió al flujo migratorio de los dos empresarios brasileños que radicaban en Lima, Perú.

Ambos tenían viajes a varias partes del mundo y pocas veces se quedaban en la capital peruana, donde representaban a las constructoras. A Bolivia llegan varias veces, según el informe que diseñó la comisión legislativa del vecino país que investiga el caso Lava Jato. Este medio, en su edición anterior, publicó correos electrónicos de los empresarios brasileños que mencionan a Bolivia en cuatro mensajes y en ellos se determina el pago de coimas (capilés) a funcionarios bolivianos de los gobiernos de Eduardo Rodríguez Veltzé y de Evo Morales.

La comisión legislativa dejó a un lado la gestión de Morales y, según la diputada Susana Rivero, no se halló indicios para indagar a exfuncionarios a partir del 22 de enero de 2006. Sin embargo, se investiga a un exministro de Rodríguez Veltzé por los viajes que realizó a Perú y Brasil mientras cumplía funciones públicas. El procedimiento de Marcos de Moura Wanderley era para adjudicarse la carretera Roboré-El Carmen. Este empresario llegó a Bolivia en 31 oportunidades y priorizó sus arribos en las gestiones de los expresidentes de Bolivia Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa.

Aunque también llega con menos intensidad durante los gobiernos de Eduardo Rodrí- guez Veltzé y Evo Morales. Durante la administración de Mesa arribó al país en siete oportunidades y en fechas importantes para sellar la adjudicación de la obra. Todas las salidas son desde el aeropuerto internacional Jorge Chávez, de la capital peruana, y utilizó la extinta aerolínea nacional Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) y otra empresa internacional.

El 12 de octubre de 2005, en el mandato de Rodríguez Veltzé, ingresó a Bolivia vía terrestre por la frontera de Desaguadero. Según un informe de la comisión legislativa peruana, existen tres fechas decisivas en las que Marcos de Moura Wanderley arribó a Bolivia. El 8 de noviembre de 2004, cuando se modifican los pliegos del contrato de adjudicación de la vía Roboré-El Carmen; el 7 de enero de 2005, cuando se adjudica la obra y el 27 de enero de 2005, cuando se firma el contrato. En la primera fecha, el empresario brasileño se queda en el país durante tres días. Llega de Lima y regresa a esa ciudad. En la segunda data llega, se va la misma jornada y utiliza dos aerolíneas comerciales. Y en la última fecha se queda en el país durante dos días. Marcos de Moura Wanderley fue el CEO de la empresa Camargo Correa en Perú. Fue quien mandó correos electrónicos a ejecutivos de la compañía en San Pablo (Brasil) y quien estaba al frente de las negociaciones y pago de sobornos a funcionarios para la construcción de la carretera en el oriente boliviano.

Juicio en Perú
En la actualidad enfrenta un proceso en Perú por lavado de dinero, pero radica en Brasil, donde también aporta con datos a la justicia de ese país. Su abogado en Lima, Fernando Silva, negó culpabilidad de su cliente y señaló que los correos enviados no hablan de coimas, según medios peruanos. Las negociaciones para la construcción de la carretera comenzaron el 20 de agosto de 2004, cuando Mesa promulgó el Decreto Supremo 27693, en el que instruye al extinto Servicio Nacional de Caminos (SNC) licitar las obras. Dos meses después, a través de otros decretos, vuelve a insistir a esa instancia a licitar y suscribir el contrato.

Es el 27 de enero de 2005, en presencia de Mesa, que se firmó el contrato entre el SNC y la empresa Camargo Correa, gestor del financiamiento del 80% de 118, 93 millones de dólares, cubiertos por el Programa de Apoyo a las Exportaciones (Proex) del Banco do Brasil. La contraparte del 20% debía ser cubierta por el Estado boliviano, pero no se logra captar ese monto y el convenio quedó sin efecto por una cláusula de desestimación. El abogado de Mesa, Carlos Alarcón, minimizó la llegada de los empresarios brasileños durante la gestión del ahora candidato presidencial por el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) y apuntó a la comisión legislativa boliviana, que preside la diputada Susana Rivero, de “manipular” datos del caso.

“Nosotros consideramos que todas estas son informaciones manipuladas y tergiversadas por parte de esta comisión (legislativa boliviana) que no tienen una relación directa con las pruebas más relevantes. Las pruebas más concluyentes son los correos electró- nicos que hacen referencia a los sobornos y esas pruebas no fueron tomadas en cuenta por la diputada Rivero”, remarca Alarcón. Susana Rivero es presidenta de la comisión mixta que investiga el pago de estos sobornos.

La diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) informa que esta instancia terminó su informe sobre los casos Odebrecht y Lava Jato y lo entregó a la Asamblea Legislativa para su aprobación. Además, la legisladora explica que esa instancia detectó “movimientos inusuales y sospechosos” de dinero de al menos ocho personas, todos exfuncionarios de los gobiernos de Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez Veltzé, a quienes debe investigarse. Patricia Ballivián, actual gerente del Servicio de Empresas Públicas, que también fue gerente del Servicio Nacional de Caminos y que firmó los contratos con Odebrecht y con Camargo Correa, no es investigada por la comisión de diputados.

Rivero detalla que el primer indicio es la forma en que operaron los enviados de la empresa Camargo Correa en otros países y que realizaron la misma estrategia en Bolivia. Luego compararon las coincidencias de los viajes y reuniones entre ex funcionarios bolivianos y los gestores brasileños, principalmente en Perú. El tercer eje de la investigación es el movimiento inusual y sospechoso de las cuentas y depósitos bancarios de las personas investigadas.

Los viajes de Barata
Marcos de Moura Wanderley realizó también viajes a Bolivia en 12 ocasiones en la última gestión de Sánchez de Lozada, cinco en el Gobierno de Rodríguez Veltzé y, llegó al país días antes de entregar la carretera Roboré-El Carmen, en el mandato de Evo Morales. Sobre los periplos a Bolivia de Jorge Barata, de la empresa Odebrecht, el empresario brasileño realizó viajes al país desde mucho más antes que Mesa asuma el poder, el 17 de octubre de 2003. Llegó 16 veces en la última gestión de Hugo Banzer y en 20 ocasiones en el Gobierno de Jorge Quiroga. Además, arribó al país en siete oportunidades en el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, cinco veces en el de Mesa y dos veces en los mandatos de Rodríguez Veltzé y de Evo Morales.

Odebrecht estuvo a cargo de la construcción de la carretera El Carmen-Arroyo Concepción, que es la continuación de la vía que llega desde Roboré y que fue adjudicada a la constructora Camargo Correa.

Estos tramos, que son parte del corredor bioceánico, fueron entregados el 15 de enero de 2009 en presencia de los presidentes de Bolivia, Evo Morales, y de Brasil, Lula Da Silva. Barata trabajó durante más de 20 años en Perú y entre 2011 y 2016 fue el director ejecutivo de esa constructora en el país vecino. A finales de la gestión pasada, la justicia peruana lo excluyó del caso de la carretera Interoceánica, a cambio de que se convierta en colaborador eficaz. Esto significa que brindará toda la información que tiene sobre los funcionarios que aceptaron sobornos de la firma brasileña. La mayoría de los viajes a Bolivia que realizó Barata provinieron de Perú, pero existen algunos desde Brasil.

En dos ocasiones utilizó vuelos particulares. Rivero explica que la comisión legislativa solamente halló indicios de corrupción y que tras la aprobación del informe en la Asamblea Legislativa Plurinacional el documento pasará al Ministerio Público para que inicie una investigación cruzando datos con sus pares en Perú y Brasil. Por ejemplo, la Fiscalía peruana ya tomó declaraciones a De Moura Wanderley y Barata en territorio brasileño. Alarcón considera que esta investigación tiene fines políticos y que la intención es inhabilitar al candidato del FRI. Las encuestas ponen a Mesa como el principal rival de Morales.

Los casos mochilas afectan el discurso ‘anticorrupción’ de la oposición en la Llajta

Asumieron con la promesa del cambio. La recuperación de Cochabamba de la corrupción y del atraso a la que la llevó la política tradicional fue una de las consignas con la que Demócratas postuló a José María Leyes, el alcalde suspendido de Cochabamba que guarda detención preventiva en la cárcel de San Antonio, por el caso Mochilas II, asediado además por otros cinco procesos penales. Esta situación es utilizada por el MAS a modo de respuesta al dedo acusatorio de la oposición, frente a las denuncias contra el Gobierno nacional.

“Sean verdad o no las denuncias contra el alcalde de Cochabamba, la oposición se ha visto perjudicada porque ese hecho repercutió de manera general. Cuando hablas de la corrupción que ha hecho el MAS con el Fondo Indígena, o la sede del Parlamento de la Unasur, que costó Bs 504 millones y se convirtió en sede cocalera, los masistas responden: ¿Y ustedes?”, explica el concejal del Frente Único, Edwin Jiménez.

Menciona como ejemplo la efeméride cochabambina, del 14 de septiembre, cuando a los concejales y a otras autoridades de la oposición les gritaban “¡mochileros! ¡mochileros!”, mientras otros les preguntaban lo que ocultaban en sus mochilas.

El asambleísta departamental Eduardo Sarmiento, de Demócratas, reconoce que las denuncias son un fuerte golpe a la imagen de la oposición en Cochabamba, y a escala nacional; sin embargo, advierte la celeridad con que la justicia realiza las denuncias contra Leyes, mientras que cuando se trata de oficialistas, demoran meses.

Sobre los insultos en la pasada fecha cívica, el concejal Carlos Coca, de Demócratas, relativiza estas expresiones y se las atribuye a gente pagada por el MAS. Sin embargo, admite que la agrupación se encuentra en crisis y remando a contracorriente, por eso dice que se dedica a hacer política a nivel individual, porque no quiere hundirse en un barco que nadie quiere remar.

La concejal Celima Torrico (MAS), pone el dedo en la llaga cuando asegura que ‘nunca se vio’ este tipo de irregularidades. “Manfred (Reyes Villa) robaba pero hacía; Gonzalo ‘Charly’ Terceros sabía robar; Edwin Castellanos (Cholango) robaba poco. Pero Demócratas, entraron a saquear”, asegura, atribuyendo las frases a los vecinos.

Para el alcalde suplente de Cochabamba, Iván Marcelo Tellería Arévalo, de Demócratas, se quiere mostrar a Leyes como culpable, sin que hayan finalizado los procesos, por lo que recordó que una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Añadió que no perdió las esperanzas, de que Leyes pueda retornar nuevamente a la Alcaldía el próximo año.

División en Demócratas

El concejal Carlos Coca identifica al menos tres fracciones de Demócratas en Cochabamba. Por un lado está el Comité Transitorio Departamental, instaurado por el Comité Ejecutivo Nacional, integrado por asambleístas departamentales; otra fracción ‘aliada’ al MAS, en la que se ubica a la presidenta del Concejo, Karen Suárez, de Demócratas, que ocupó el cargo de alcaldesa hasta el retorno de dos días que tuvo Leyes entre el 28 y 29 de diciembre, cuando se levantó la detención domiciliaria que cumplía por el caso Mochilas I, y que intentó retomar este cargo mediante votación, apoyada por las concejalas Celima Torrico y Rocío Molina, del MAS; en la última fracción se identifica a Coca, y el concejal Édgar Gainza, que apoyaron la designación de Iván Tellería.

El asambleísta Sarmiento, parte del Comité Transitorio, reconoce esta división, y explica que la conformación se debió a la crisis que atravesaron a mediados de año, pero dijo que se resolverá en 2019.

EL DEBER intentó comunicarse con la concejal Suárez, pero no atendió las llamadas. La concejal Torrico explicó que los masistas se abstuvieron inicialmente de votar, pero ante un empantanamiento en la sesión del 5 de diciembre, decidieron participar y apoyar a una mujer por equidad de género.

En noviembre, en medio de las negociaciones de alianzas para las primarias, el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, contó que Leyes exhortó a que no duden en pedir su renuncia “para no dañar al Movimiento Demócrata”; sin embargo, Costas le ratificó su apoyo.

Los procesos penales

Son al menos seis los procesos penales que asedian a Leyes, aunque desde el Concejo advierten que se analizan otros. Los casos por los que se investiga son Mochilas I, II y III; por la compra de material escolar con supuesto sobreprecio, cuyas indagaciones en la actualidad abarcan los periodos entre 2015 y 2018; otro caso es la compra de motos y camionetas para la Policía con supuestas anomalías en la adjudicación, que costaron Bs 980.000; la compra de cámaras de seguridad con supuesto sobreprecio, que costaron Bs 29 millones; y un supuesto sobreprecio de Bs 246.000 en la compra de seguros.

De estos procesos, se desprende una lista de 11 funcionarios, cuyos nombres son reiterativos, tal es el caso del exsecretario Diego Moreno, que se encuentra fuera del país, e incluso la hermana del alcalde, Claudia Leyes, de la que el viceministro de Transparencia, Diego Jiménez, dijo que intervino en la compra de las mochilas chinas.

El caso Mochilas III, presentado por la Contraloría el 18 de diciembre, indaga en la compra de mochilas escolares por Bs 9,6 millones en la gestión 2015-2016, y acusa a Leyes de cinco delitos, tales como uso indebido de influencias o negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; e identifica al menos 10 anomalías ‘graves’, como establecer un precio referencial sin sustento técnico.

De acuerdo a los ediles, la información de los contratos no llegaba al Concejo, debido a una norma municipal que daba vía libre de contratación en montos menores a Bs 70 millones, que fue modificado en esta gestión y se redujo a Bs 10 millones. Cuestionaron también que el alcalde suspendido intentó traspasar sus funciones a gente ‘de confianza’ a través de cuatro decretos municipales que calificó de ‘irregulares’, debido a que el alcalde puede delegar, pero no traspasar sus competencias, que recibió a través del voto.

Pese a la crisis de Demócratas, la concejal Torrico, del MAS, cree que esta situación no garantiza una votación favorable en las elecciones generales de 2019, lo que se deberá lograr con campaña política. Lo mismo opina el concejal Jiménez, que dijo que si la población percibe que se quiere dar un uso político a los casos, lo castigará en las urnas.

Contraloría observa que en Mochilas III sólo se pidió 3 meses de garantía

Un nuevo informe de la Contraloría General del Estado observa que el periodo mínimo de garantía de las mochilas entregadas por la Alcaldía en 2016, caso Mochilas III, era “sólo tres meses de uso normal”.

Señala que ese plazo no contribuía a apoyar a los padres como señalaba el Programa 21 “Servicios de Educación” .

“En el acápite de garantía del proveedor se determina: Deberá brindar una garantía por el lapso de tres meses como mínimo sobre la calidad del producto entregado”, detalla el documento al cual accedió Los Tiempos.

En el Documento Base de Contratación (DBC), en las especificaciones técnicas, se estableció que la lona impermeabilizante tenía que ser de primera calidad y de material duradero en cuanto a calidad y con un tiempo garantizado de uso mínimo de tres meses.

El informe indica que uno de los objetivos del Programa 21 consistía en “apoyar a los padres con la compra de materiales educativos y otros”. Sin embargo, el tiempo de garantía de la mochila “no contribuiría a apoyarlos, toda vez que el calendario escolar comprende 200 días hábiles de trabajo, por lo que el producto sólo iba a cubrir el 30% del periodo escolar”.

Más observaciones

La segunda observación apuntada por la Contraloría General del Estado, según el documento, fueron las deficiencias en la formulación del Programa 21, que tiene como fin dotar de material escolar a los estudiantes, porque fue incorporada en el cuarto reformulado del POA 2015 y el primer reformulado de 2016.

La Contraloría detectó también la falta de sustento en la determinación del precio referencial de las mochilas y útiles escolares, porque la cotización no contempló precios unitarios, sino sólo por la cantidad requerida de 92 mil piezas.

Además, cinco días antes que dos librerías presentaran sus cotizaciones (14 de octubre de 2015), la Unidad Solicitante contaba con el pliego de especificaciones técnicas y el precio referencial de las mochilas escolares por 1,3 millones de bolivianos para el nivel inicial y 9,6 millones de bolivianos para el nivel primario.

La cuarta y última observación se centra en que las enmiendas aprobadas en el DBC no emergieron de la reunión de aclaración de las empresas.

El informe remarca que se identificaron deficiencias de control interno y acciones y omisiones que configuran indicios de delitos.

Otro detalle, remarca el informe de la Contraloría, es que la cantidad de alumnos que se iban a beneficiar con las mochilas escolares no se determinó en base a una estadística de la Dirección Distrital de Educación.

Defensa

El abogado del alcalde José María Leyes, Humberto Trigo, calificó los informes de la Contraloría General como “inconstitucionales”, porque no dan lugar a la defensa y presentación de pruebas de descargo.

ANTECEDENTES: UN PROCESO POR COMPRA EN 2016

El pasado 11 de diciembre, la Contraloría General del Estado presentó una nueva denuncia penal en contra del alcalde electo José María Leyes conocida como Mochilas III.

Esta vez por presuntas irregularidades durante el proceso de contratación “Compra de Mochilas Escolares gestión 2015-2016”.

Los presuntos delitos son: uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica. Además de otros previstos en la Ley 004 de Lucha contra la Corrupción como presunto enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas.

Denuncian a funcionaria por uso indebido de vehículo

Una funcionaria del Gobierno Municipal Autónomo de Santa Cruz de la Sierra ha sido acusada de los presuntos delitos de uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo y uso indebido de bienes y servicios públicos, por el capitán grande de Alto y Bajo Isoso, Gualberto Manuel Gamarra, y por el vicepresidente de la APG Bolivia Nación Guaraní, Pedro Lizárraga Sánchez. Según la denuncia presentada el 15 de noviembre ante la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Departamental, el 15 de octubre la funcionaria municipal, cuyo nombre responde a las siglas M.G.T.F. y que se desempeña en la Unidad de Transparencia y Anticorrupción de la Alcaldía cruceña, se presentó en la propiedad de uno de los denunciantes, ubicada en el cantón Isoso, sección segunda de la provincia Cordillera, a bordo de una camioneta Hilux, marca Toyota, con placa de circulación 4730EKH, que es de uso oficial.

De acuerdo con el denunciante, la acusada insultó a sus trabajadores y a vecinos que se encontraban en el lugar. “Llevar un vehículo oficial a querer tomar por la fuerza unos terrenos que no le pertenecen es un delito y peor aún utilizando bienes del Estado”, expresa el denunciante. EL DEBER intentó conocer la versión de las autoridades del gobierno municipal para saber a quién está asignado este motorizado y qué responde la aludida sobre estas acusaciones, pero no fue posible. La Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, en el artículo 26, indica que la servidora o servidor público que en beneficio propio o de terceros otorgue un fin distinto al cual se hallaren destinados bienes, derechos y acciones pertenecientes al Estado, será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años.

Desfalco Banco Unión Justicia calificó de irregular detención de Rommel Paredes

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió la Sentencia Constitucional 244/2018, publicada en su portal digital la pasada semana, en la que identificó vulneraciones al debido proceso en la detención de Rommel Paredes, uno de los sindicados por el desfalco al Banco Unión. El pronunciamiento judicial permitió que el juez de turno disponga el cese de la detención preventiva en favor de Paredes.

Andrés Zúñiga, abogado de Paredes manifestó que los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional identificaron la existencia de irregularidades por parte de los vocales de la Sala Penal Tercera y Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Iván Córdova y Margot Pérez.

“…Esta Sala advierte que el Auto de Vista 212/2017, es una Resolución lesiva del derecho a un debido proceso en su elemento de fundamentación, motivación y valoración de la prueba. No observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad ni de congruencia; conforme el entendimiento desarrollado de la presente Sentencia Constitucional”, destaca el documento que esta suscrito por los magistrados Julia Cornejo, Carlos Calderón

Tras conocer esta resolución, la parte demandada presentó un recurso legal para la cesación a la detención preventiva de Rommel Paredes. El juez de turno concedió la solicitud, definiendo la detención domiciliaria con custodios, la presentación de cuatro garantes personales, arraigo y una fianza económica de Bs 30 mil.

Zúñiga manifestó que solicitarán la modificación de las condiciones de la determinación judicial, ya que al existir la Sentencia Constitucional se debió otorgar la libertad pura y simple de su cliente, porque no se encontraron indicios de responsabilidad en su contra.

OBSERVACIONES

Según la resolución de la Sala Segunda del TCP, los vocales demandados confirmaron la detención preventiva de Paredes y con relación a la probabilidad de autoría concluyeron éste prestó su nombre para actos ilícitos de lavado de dinero, participó en la adquisición y venta de distintos bienes, que habría hecho depósitos bancarios en China y que hubiese manejado dineros sustraídos del Banco Unión S.A.

Sin embargo, ninguna de estas conclusiones a las que llegaron los vocales fueron respaldadas mediante elementos de convicción suficientes, objetivos y materiales, por lo que se llegó a la conclusión que la decisión fue arbitraria, ya que no logró establecer suficientes razones de hecho o derecho.

Paredes fue imputado el 11 de octubre del 2017 por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, favorecimiento al enriquecimiento ilícito y receptación proveniente de delitos de corrupción. La juez primero anticorrupción Cinthia Delgadillo determinó la detención preventiva en la cárcel de san pedro.

Zúñiga recordó que anteriormente el Tribunal de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Primero, dispuso la anulación parcial del proceso ya que también se encontraron irregularidades en la detención de su cliente.

DESPRECINTADO

Ayer la fiscalía desprecintó el local que Juan Pari alquiló para el funcionamiento de una discoteca, negocio para cuya administración contrató los servicios de Rommel Paredes.

El ambiente estaba cerrado desde hace un año, la fiscal a cargo del caso determinó que ese inmueble quede bajo la tutela del Banco Unión. El propietario del lugar, Javier Albarracín manifestó que resultó afectado por un hecho que no conocía y espera que se le cancelen los alquileres retrasados y se le repongas los daños ocasionados.

Exjefa de cultura municipal giraba cheques sin fondo a víctimas de estafa

Según las investigaciones, junto con un español y con su hija ofrecían planes de viviendas y captaban recursos. También tiene una academia de ballet y, según los padres de los alumnos, le prestaban dinero para compra de vestuario



Por lo menos 20 cheques sin fondo que fueron girados por Iris Grisel Berlioz Abadie a sus prestamistas fueron presentados por la Fiscalía como prueba de una estafa agravada con víctimas múltiples, que se estima en más de $us 700.000. La denunciada, quien fungía como directora de Cultura de la Alcaldía Municipal de Santa Cruz (fue destituida tras conocerse la denuncia, el lunes) y a la vez como cónsul honoraria de Honduras, fue enviada a Palmasola junto con su hija Paola Barrios Berlioz, por orden del juez Roberto Arias.

De acuerdo a las pesquisas, la cónsul aseguraba que manejaba un proyecto de construcción de viviendas de interés social y que los dineros recibidos iban a una cuenta bancaria que permitiría dar solvencia y fluidez al plan habitacional; sin embargo, no existía tal proyecto, señaló el fiscal departamental Mirael Salguero.

“Valiéndose de su influencia ofrecía el plan de vivienda en diversos lugares, especialmente en la zona norte, pero nunca mostraba en físico los terrenos”, explicó la autoridad.

Dentro de las investigaciones que llevan adelante la Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), también se conoció que Berlioz Abadie es propietaria de una escuela de ballet, frente al consulado de Honduras en la zona de Equipetrol, y que estafó a varias personas prestándose dinero con el argumento de la compra de vestuarios, a las cuales al principio pagaba interés, luego devolvía parte del capital y después ya no pagaba, hasta el punto de cancelar con cheques sin fondo.

Testimonios de afectadas

Al menos 10 personas acudieron a la audiencia de Berlioz y al mismo tiempo, en la Felcc, ayer acudieron tres personas más a denunciar.

En el juzgado, Milena Vaca Montero estuvo presente en la audiencia y cargaba un fólder con cinco cheques sin fondo firmados por Iris Grisel Berlioz Abadie y denunció que desde hace más de cuatro años conoce a la cónsul, pues lleva a sus hijas a la academia de ballet.

“Ella se jactaba de hacerle los discursos a autoridades del Concejo y de tener influencias. Así era que empezó pidiendo dinero prestado, primero de $us 3.000 y después otros montos altos. En estos años me llegó a deber $us 290.000. Nunca me pagó. Me decía que incluso se iba a España o a Estados Unidos y que se defendería contratando buenos abogados”, dijo Vaca.

Otra víctima, Vivian Naciff, acudió a la audiencia en silla de ruedas y con equipo de oxígeno. Dijo haber entregado a Iris Grisel Berlioz más de $us 60.000 y nunca le devolvió. “Esa plata era de la venta de mi casa; he quedado sin nada”, dijo entre lágrimas. Su hija también denunció que le entregó otros $us 60.000.

Durante la audiencia, el abogado de Berlioz, Jerjes Justiniano, pidió la libertad irrestricta de su cliente señalando que evidentemente asumió compromisos con contratos de pagos de diversos préstamos que hizo; sin embargo, aseguró que como iba pasando el tiempo la deuda “creció como bola de nieve”, pero manifestó que la Fiscalía vulneró su derecho al incurrir en fallas procedimentales en su detención.

A su vez, Jorge Landívar, secretario de gestión y coordinación de la comuna cruceña, sobre la contratación de una extranjera en la comuna, aseguró que las normas permiten contratar a funcionarios diplomáticos que prestan servicios ad honorem para su país. “La ciudadana hondureña Iris Grisel Berlioz Abadie radica en el país más de 25 años, tiene hijos y ciudadanía boliviana”, aseguró Landívar.

Felcc

El director de la Felcc, Gonzalo Medina, detalló que la ex funcionaria municipal operaba con un ciudadano español y con su hija. Señaló que las denuncias datan de más de tres meses y que se realizaron allanamientos a su domicilio y a la oficina municipal de Cultura, donde se colectó documentación a ser analizada.

Esposa de Juan Pari pide juicio abreviado

Carolina Jerez, esposa de Juan Pari, pidió ser sometida a juicio abreviado por el caso del millonario desfalco al Banco Unión.

Andrés Zuñiga, abogado del amigo y socio de Pari, Romel Paredes, dijo que “el abogado de la señora Carolina Jerez, el doctor José Luis Cayoja, nos informó de manera verbal que su cliente ha pedido un proceso abreviado”.

Jerez no se habría presentado a una audiencia de careo programada con Paredes quien se encuentra detenido en el penal de San Pedro y habría presentado un memorial negándose a participar de esta medida para someterse al proceso abreviado.

Zúñiga detalló que la audiencia de careo entre el socio y la esposa de Pari, fue solicitada ya que en una de sus declaraciones, Jerez afirmó que Paredes fue quien retiró las cámaras de seguridad de la casa donde vivían. Paredes negó que esta acusación fuera cierta y pidió hacer el careo.

Mañana, Paredes se presentará ante el juez del caso para volver a pedir la cesación a su detención preventiva y lograr la detención domiciliaria.

Video Concejal Rocio Molina sobre el caso de las Mochilas Chinas y el Alcalde Jose Maria Leyes

Mochilas II: Un familiar de Leyes en Estados Unidos recibió el dinero de la corrupción

Un familiar del alcalde de Cochabamba, José María Leyes, en Estados Unidos recibió alrededor de 49.000 dólares producto de la venta de las mochilas chinas en 2017, hecho considerado por el viceministro de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Diego Jiménez, como la prueba contundente de como operaba la corrupción en la Alcaldía de Cochabamba.

“Nosotros tenemos una información reveladora, obtuvimos un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF). Aquí está la declaración de divisas que hace el señor Juan de Dios Morales, el empresario de las mochilas, por un viaje a los Estados Unidos (Miami) el 6 de abril con el señor José Miguel Padilla, declaran que llevan 49.000 dólares a ese país”, dijo Jiménez en conferencia de prensa.

Explicó que Morales registró en su declaración jurada que esos recursos son producto de “la venta de mochilas escolares”, por lo que el pago a favor de Leyes se hizo en Estados Unidos y no en Bolivia.

“Tenemos los indicios que se le entregó ese dinero a un familiar del señor Leyes en los Estados Unidos, esa era la forma en la que operaba la corrupción, esas son las prueba contundentes que se analizaron en el caso Mochilas II”, manifestó el viceministro de Transparencia.

Por este caso, Leyes fue enviado al penal de San Antonio de la ciudad de Cochabamba con detención preventiva, calificado como una persecución política por parte de los opositores a la administración del presidente Evo Morales.

“Por eso debemos rechazar de forma contundente las diferentes versiones y aseveraciones del partido Demócratas, que los anteriores días señalaron que este tema sería una persecución y señalan al ministro de Justicia, cuando es nuestro ministro el que pidió la mayor transparencia”, manifestó Jiménez.

A esa transferencia, el Ministerio Público investiga de oficio al alcalde Leyes por legitimación de ganancias ilícitas, en la que se identificó además de movimientos económicos injustificados, la compra de seis vagonetas, carritos de golf y otros, “que en los siguientes días saldrán a la luz”.

Para Jiménez, el alcalde de Cochabamba tiene un “impedimento material” para ejercer sus funciones desde el penal, además señaló que a pesar de la prohibición que emitieron los vocales por el caso Mochilas I, en el único día que ejerció como burgomaestre despidió a varios funcionarios y secuestro información de la comuna.

Video Caso Mochilas II, habla la Concejal del MAS Celima Torrico

Rivero pide a Mesa y Pedraza explicar nexos en caso Lava Jato

El binomio Mesa-Pedraza, del FRI, debe responder al país sobre sus nexos con el caso Lava Jato “antes de iniciar su carrera electoral”, dijo ayer la diputada Susana Rivero, presidenta de la Comisión Mixta Especial Odebrecht.

“Aquí hay asuntos pendientes que deben ser explicados, muchas preguntas que el binomio Lava Jato debe responder al país”, expresó Rivero, quien luego recordó que Gustavo Pedraza fue ministro de Desarrollo Sostenible en el gobierno de Carlos Mesa, cuando el contrato de la carretera Roboré-El Carmen se concretó con la empresa brasileña Camargo Correa.

En conferencia de prensa, Rivero explicó que el gobierno de Mesa emitió decretos supremos para adjudicar obras, y Pedraza, siendo abogado, igual los firmó sabiendo que son irregulares. Además coinciden en los viajes “antecito o despuecito de las decisiones, de las anotaciones de las coimas”.

Dijo que al margen del sobreprecio que tenía, que el gobierno de Rodríguez Veltzé lo rebajó, que era de 42,5 millones de dólares, están las coimas.

“Ahora hablan de dictadura y en ese corto gobierno se actuaba con dictadura, no había institucionalidad, no valían las leyes, todo lo hacían por decreto para favorecer a las brasileñas”, aseveró. Aguardamos —dijo la diputada del Movimiento Al Socialismo— las explicaciones que tiene que darle el “binomio Lava Jato” a Bolivia sobre este escandaloso caso de corrupción con las empresas brasileñas.

Video Alcalde Jose Maria Leyes retorna a su despacho y estas son sus palabras

Video Diputado Ademar Valda habal sobre la situación de José Maria Leyes

Video Habla el abogado de Jose Maria Leyes, el Gobierno esta presionando a los jueces

Caso Odebrecht: Implicado con orden de captura fugó a Bolivia

El empresario Giancarlo Bertini, contra quien está vigente una orden de captura nacional e internacional por el caso Odebrecht, viajó a Bolivia el pasado 21 de octubre, informó el juez peruano Richard Concepción Carhuancho.

Bertini es investigado por lavado de activos en el caso de los aportes irregulares que la constructora brasileña Odebrecht habría entregado a Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular) para la campaña electoral del 2011.

A Bertini se le impuso 36 meses de prisión preventiva el pasado 20 de noviembre. Ese día, Concepción Carhuancho solicitó su captura por encontrarse en condición de no habido.

Bertini es sindicado por la Fiscalía como uno de los encargados de camuflar los presuntos aportes ilícitos en la campaña presidencial de Keiko Fujimori del 2011.

Concepción Carhuancho dijo que pondrá la información proporcionada por la Policía Nacional en conocimiento de la fiscalía para que tome las medidas respectivas.

“El dato que me ha alcanzado la Policía es que Bertini viajó por vía aérea a Bolivia por Cusco”, señaló el magistrado en la audiencia de hoy, en la que debe pronunciarse sobre el pedido de prisión preventiva para Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya.

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Video Senador Medinacelli sobre el informe del Caso Lava Jato en Bolivia que implica a Mesa

Video Susana Rivero da el Informe final a la AL sobre el CAso Odebrecht-Lava Jato en Bolivia

Informe Comision de Investigación de sobornos mencionados en Procesos Judiciales Internacionales Caso Odebrecht y Lava Jato

MAS perfila remitir informe del caso Lava Jato a Fiscalía

Los asambleístas del Movimiento al Socialismo (MAS) perfilan que los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público para que continúe con las indagaciones. El pleno de la Asamblea Legislativa evaluará mañana el informe final de la Comisión Mixta de Investigación del caso Lava Jato, donde uno de los primeros implicados es el expresidente Carlos Mesa.

“Estamos hablando de un caso que involucra a exautoridades y seguramente la Asamblea, tratándose de temas que tiene que ver con el Estado boliviano, corresponde profundizar la investigación y es necesario enviar el informe al ministerio público para que sea esta instancia que investigue este proceso”, dijo el diputado del MAS, David Ramos.

Por su parte, el senador del MAS Rubén Medinaceli concordó con esta postura, debido a que la comisión estableció graves indicios de responsabilidad en contra de los implicados

La pasada semana, la presidenta de la Comisión Mixta de investigación, Susana Rivero develó que existen ocho personas implicadas, entre ellos el expresidente Carlos Mesa, en los sobornos que había entregado la empresa Camargo Correa para adjudicarse el proyecto de construcción de la carretera Roboré-El Carmen, hecho que está dentro del caso Lava Jato.

INVESTIGACIÓN

Según el informe que presentó Rivero, determinó que se encontraron movimientos extraños en las cuentas bancarias de Carlos Mesa, además que en el 2005 se trasladó hasta Perú y Brasil para sostener reuniones con el director ejecutivo de la firma brasileña, Marcos de Moura Wanderley.

Al respecto, el candidato presidencial por el FRI señaló que estas acusaciones pretenden desprestigiar y anular su carrera política, además que se quiere ocultar la responsabilidad de los verdaderos implicados que son parte del gobierno de Evo Morales. Tomando en cuenta que en esa etapa se construyó y se erogó los recursos para la construcción del tramo en cuestión.

Por otra parte, Rivero indicó que se investigó a 179 funcionarios públicos de tres gobiernos, entre ellos la exgerenta administrativa financiera del desaparecido Servicio Nacional de Caminos (SNC) y actual directora del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem), Patricia Ballivián.

Sin embargo, no especificó qué funcionarios fueron investigados y ratificó la cifra que de los 179 investigados solo ocho tienen indicios de irregularidades que deben ser derivados a la fiscalía.

Asimismo, reveló que esta comisión nunca viajó a Brasil donde están los principales implicados y dijo que la comisión parlamentaria del Perú tampoco pudo acceder a los datos que tiene la policía de Brasil y que por esa razón, una de las recomendaciones que realiza la comisión es que la Fiscalía pida cooperación a su par brasileña para saber los detalles porque en ese país está la principal investigación.

El senador de Unidad Demócrata (UD), Arturo Murillo y presidente de la Comisión de investigación paralela indicó que este informe es sesgado y que solo apunta los gobiernos anteriores a Evo Morales y a un solo contrato, dejando de lado a que existen mas empresas brasileñas que se beneficiaron con proyectos en el país durante el gobierno oficialista.

Sin embargo, hoy se reunirán para definir los pasos que seguirán en torno a la investigación y establecer si se extiende el plazo para continuar con las pesquisas o presentar el informe paralelo a la de la comisión oficialista.

Caso Banco Unión Familiares de detenido reclaman atención médica

La familia del exgerente de la sucursal de Achacachi del Banco Unión, Víctor Hugo Tavera, detenido en el penal de San Pedro de La Paz, desde el 1 de noviembre de 2017, denunció que no existe un juzgado habilitado para recibir una solicitud de atención médica para el exfuncionario.

Mientras se deteriora la salud de Tavera, la familia afligida explicó que padece de una enfermedad congénita del corazón, por lo que demanda atención inmediata pero están impedidos de obtener la aprobación judicial debido a que la juez tercera Anticorrupción, Claudia Castro, se excusó del caso.

Castro dejó sin respuesta a una solicitud de análisis de 92 observaciones que hizo el juez Segundo Anticorrupción, Alan Zárate.

Tavera de 39 años, requiere la atención de un cardiólogo y una dieta estricta, debido a que su salud demanda cuidado especializado porque padece de gota. La hermana del exejecutivo, Julieta Tavera, explicó que, además de la enfermedad del corazón, el detenido soporta otras dolencias como la ciática en la espalda.

Tavera aseveró que en el marco de la presunción de inocencia que está estipulado en la Constitución Política del Estado, solicitaron la cesación de la detención preventiva, sin embargo, varias de las audiencias fueron suspendidas y sus esperanzas se extinguen ante la proximidad de la vacación judicial que comenzará el próximo 4 de diciembre.

Tavera guarda detención por resolución de un juez, acusado de asociación delictuosa y delitos financieros, pero la familia asegura que no se presentó ninguna prueba que lo responsabilice del millonario desfalco de la entidad bancaria.

Durante su permanencia en el Banco Unión, al menos cinco encargados de funciones operativas fueron cambiados, entre ellos el principal acusado, Juan Pari, con quien trabajó algo más de dos meses.

“La única relación que tenía mi hermano con el señor Pari era laboral, tenía que coordinar con él los desembolsos diarios y los arqueos sorpresa. Mi hermano realizó dos arqueos al mes, uno sorpresivo y otro de fin de mes como está estipulado en su manual de funciones. Este antecedente cursa en el cuaderno de investigaciones. Él era del área comercial del Banco y no contaba con claves ni llaves de ingreso a bóveda ni a la agencia”, explicó Julieta Tavera.

Caso Lava Jato Investigan a 8 exautoridades de 179 personas convocadas

La Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa que investigó los presuntos sobornos del caso Lava Jato convocó a 179 personas, entre ellos incluida la expresidenta del extinto Servicio Nacional de Caminos (SNC), Patricia Ballivián. Sin embargo, solo derivó en la investigación contra 8 personas, entre los que figura Carlos Mesa, quien analizará la situación y definirá una postura en las próximas horas.

“La señora (Patricia Ballivián) está totalmente investigada y esa es otra de las distorsiones, se han investigado a 179 servidores públicos de distintos gobiernos. A la señora se la investigado, incluso vino a la Comisión”, dijo la diputada Susana Rivero, presidenta de la Comisión de investigación.

Sin embargo, de este número de personas convocadas el informe de la Comisión señala a solo ocho personas, el expresidente Carlos Mesa, Carlos Alarcón, Luis Carlos Jemio, Carlos Morales Landívar, Silvestre Romero Mallea, Jorge Peredo, Luis Landívar y Mario Moreno. No se menciona a Eduardo Rodríguez Veltzé ni a sus exfuncionarios.

PARTICIPACIÓN

Ballivián firmó dos contratos, el primero es a construcción para la construcción del tramo carretero roboré el Carmen, que se adjudicó a la empresa Camargo Correa, la minuta de contrato fue sellada el 27 de enero de 2005.

El segundo contrato en el que figura su rúbrica, es para la construcción de la vía el Carmen Arroyo Concepción que se firmó el 20 de diciembre del 2005 que fue adjudicada a la empresa accidental Odebrecht-IASA.

Al respecto, Rivero indicó que la autoridad se presentó a la comisión para ser investigada pero no se encentraron movimientos irregulares en sus cuentas bancarias, ni viajes a Perú o Brasil por lo que no era necesario que este en la lista de presuntos implicados en los sobornos.

DEFENSA

Por su parte, el abogado Carlos Alarcón y exviceministro de Justicia de Mesa, indicó que hoy en reunión definirán una postura con relación a estas acusaciones que hizo el oficialismo, que solo tiene la finalidad de sepultar la carrera política del expresidente.

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Camargo Correa Patricia Ballivián debe ser investigada

Los legisladores de oposición y el oficialismo coincidieron que las investigaciones por el caso Lava Jato deben ampliarse contra Patricia Ballivián, expresidente del otrora Servicio Nacional de Caminos (SNC) y actual gerente general del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem).

“Las investigaciones que hizo la comisión deben ser ampliadas contra Patricia Ballivián, porque era la presidenta del Servicio Nacional de Caminos y luego de la Administradora Boliviana de carreteras, ella debió conocer estas irregularidades. Además rechazó la invitación que le hizo la oposición”, señaló la senadora de Unidad Demócrata (UD), Jeanine Añez.

Por su parte el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lino Cárdenas dijo también que se debe investigar a las exautoridades que hayan sido parte del Servicio Nacional de Caminos. Aunque indicó que esta tarea debe ser encarada por el ministerio público. Anunció que cabe la posibilidad que la Asamblea Legislativa apruebe el informe de la Comisión Mixta de investigación.

Patricia Ballivián fue gerente general de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) creada el 25 de noviembre del 2006 hasta el 2010, incluso ya estaba al frente de esta institución antes de la primera gestión de Evo Morales, que asumió la dirección del SNC en el 2005.

Este medio intentó comunicarse con la funcionaria de Estado para conocer su versión sobre el caso; sin embargo, en el Sedem indicaron que estaba fuera de La Paz atendiendo otras actividades.

La Comisión de oposición citó a Patricia Ballivián para que pueda brindar mayores detalles sobre la construcción del tramo Roboré-El Carmen, El Carmen-Arroyo Concepción, que son parte de la construcción de la vía Santa Cruz- Puerto Suarez.

El diputado de UD, Norman Lazarte que es parte de la comisión del oficialismo, señaló que Ballivián también fue convocada para que explique sobre los procedimientos de contratación de la empresa Camargo Correa , el proceso de licitación y los informes de la Corporación Andina de Fomento (CAF).

El candidato presidencial del Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), Carlos Mesa, advirtió que legisladores de seis partidos políticos de la gestión 2005 son los responsables de presionar para a la aprobación de la Ley para que la firma se adjudique el contrato.

Además exigió que se revelen sus flujos migratorios para identificar quiénes sostuvieron reuniones con ejecutivos de Camargo Correa en Brasil

“¿Qué le dice el señor Marcos Wanderley a uno de sus funcionarios? ‘Ahora necesitamos que se apruebe la ley, para que la empresa tenga el contrato’ y para ello instruye arreglos con parlamentarios que estaban en el congreso de 2005 de partidos como el MAS, MNR, la UCS, la NFR, el MIR y la ADN; y se establece en ese correo que se iba a dar un fondo de 60.000 dólares para convencer a esos parlamentarios de que aceptaran aprobar ese contrato, y así ocurrió”, puntualizó mesa en un video difundido por sus redes sociales.

Entre las conclusiones de la Comisión recomendó que los antecedentes sean remitidos al ministerio público para su posterior investigación y establecer responsabilidades en contra de los implicados.

Al respecto Cárdenas indicó que hasta el momento la presidencia de la Asamblea Legislativa no definió la fecha para al tratamiento del informe final del caso Camargo Correa, aunque advirtió que sería después de la designación de los vocales al Tribunal Supremo Electoral (TSE), que está previsto para el 4 de diciembre. Sin embargo, días después se definirá el receso parlamentario hasta mediados de enero del próximo año.

Por último, Mesa señaló que la finalidad de estas denuncias es para anular su carrera política, tomando en cuenta que es candidato a la presidencia por el FRI. Advirtió que este es un mecanismo de persecución política similar al que aplicó con el caso Misiles Chinos y Quiborax.

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Ejecutivos de la Camargo Correa tenían ‘amigos’ en el Congreso boliviano

El 29 de noviembre de 2005, Marcos de Moura Wanderley, CEO de la empresa Camargo Correa en Perú, comunica en un correo electrónico a Carlos Fernando Namur, exdirector de esta firma en San Pablo (Brasil), la aprobación del crédito de la CAF para la construcción de la vía El Carmen Rivero Tórrez-Arroyo Concepción; a la vez informaba de una reunión programada para el siguiente viernes (2 de diciembre) en el hotel Maksoud, de la capital paulista. En el e-mail señalan también el pago de un anticipo por $us 60.000 para la aprobación de una ley que viabilice el inicio de las obras.

“Estamos tramitando la ley en el Congreso (son nuestros amigos)”, así decía parte del correo al que tuvo acceso EL DEBER, registrado en el cuaderno de investigación de la Policía Federal de Brasil.

Consultado sobre el tema, el abogado Carlos Alarcón, vocero del expresidente Carlos Mesa, dijo que estos documentos deben servir como el principal elemento para la Comisión Especial Mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional que investiga el caso Odebrecht-Lava Jato.

“Según el artículo publicado (el domingo) por EL DEBER, hubo tres depósitos en bancos de Nueva York a una entidad bancaria en Bolivia por un monto total de $us 460.000; por esto creemos que el Gobierno debe pedir el registro de viajes de los parlamentarios de entonces e indagar sus registros bancarios”, afirmó Alarcón.

Contratista medió en pagos

Según los correos electrónicos, el 29 de noviembre de 2005 se involucra en los mensajes a Firmino Robson Oliveira Sodré, como representante de Camargo Correa en Bolivia. Firmino menciona lo que sería el “último acuerdo con los gardelones”, en alusión a los parlamentarios o miembros del Gobierno. En consecuencia, Moura Wanderley transmite a su compañero Carlos Fernando Namur la información sobre los “aciertos firmados” referentes a la obra de Roboré-El Carmen Rivero.

Firmino figura como representante legal de la Camargo Correa en el contrato que se firma con el Servicio Nacional de Caminos el 27 de enero de 2005, en La Paz.

El 8 de mayo de 2006, Moura Wanderley pide a Carlos Fernando Namur “pagar en Brasil y en moneda local (real)”, también anuncia “futuras instrucciones”.

EL DEBER intentó comunicarse con la presidenta de la comisión mixta de la Asamblea Legislativa, diputada Susana Rivero, pero desde su despacho informaron de que tenía un ajustado cronograma de entrevistas.

Mientras, Rivero, en entrevista en radio Patria Nueva, afirmó que la adjudicación a empresas brasileñas para la construcción de la carretera Roboré-Arroyo Concepción tuvo un sobreprecio de $us 42,5 millones en el Gobierno de Mesa, además de irregularidades en el proceso de licitación.

“Fue adjudicada en el Gobierno de Mesa; se firma el contrato principal para el tramo Roboré-El Carmen por $us 118,9 millones para Camargo Correa y la otra para el tramo El Carmen-Arroyo Concepción por $us 93,6 millones para Odebrecht. La CAF negó el aval al financiador por evidente sobreprecio”, afirmó.

Para el MAS, el Gobierno de Eduardo Rodríguez Veltzé cambió algunas irregularidades y se decidieron renegociar los contratos, que se firman por $us 23,9 millones menos en el tramo Roboré-El Carmen, y $us 18,6 millones para el tramo El Carmen- Arroyo Concepción.

Por su parte, el senador Arturo Murillo (UD), que preside la comisión paralela de oposición que investiga este hecho, manifestó que desconocían sobre la reunión que sostuvieron parlamentarios bolivianos en Brasil con directivos de Camargo Correa y que pedirá la respectiva documentación a la Asamblea; así también, observó que el oficialismo politizó el caso y solo investiga la gestión de la presidencia de Mesa.

Previamente, el expresidente Rodríguez Veltzé, consultado por EL DEBER, negó haber tratado estos asuntos con funcionarios de las empresas mencionadas y dijo que no tenía conocimiento de la realización de pagos irregulares a ninguna persona.

Podrían ser juzgados

Para el abogado constitucionalista Jorge Santistevan, de corroborarse el viaje de exparlamentarios a un hotel de Brasil para negociar leyes para hacer viable una obra, se debe abrir un proceso de investigación que sea sujeto de evaluación en el comité de ética y, a partir de ahí, se evalúa si deben pasar a la justicia ordinaria, en la que cualquier ciudadano puede declararse denunciante.

“Es incomprensible que estos parlamentarios, extralimitándose de sus funciones, negocien leyes de carreteras; es arbitrario e inconstitucional”, sustentó el constitucionalista.

Según Santistevan, ningún mandatario puede eludir su responsabilidad; al ser la máxima autoridad del Estado debe rendir cuentas a la sociedad. “Rodríguez Veltzé, por ejemplo, no puede decir que no sabía o no firmó nada”, observó.

Son cuatro correos en total a los que accedió EL DEBER, el último data del 23 de mayo de 2006, a cuatro meses del ascenso en el Gobierno del presidente Morales, tal como se evidenció en el cuardo de investigación de la Policía Federal de Brasil.

Sobre el proyecto

Los tramos Roboré-El Carmen y El Carmen-Arroyo Concepción forman parte de la carretera Santa Cruz-Puerto Suárez, una ruta declarada prioridad nacional mediante ley 1105, en septiembre de 1989. Mesa reseña en su blog que las obras se hicieron posible a través de dos decretos en 2004, que instruían al SNC licitar y suscribir los contratos.

Entre el 18 de enero y el 1 de febrero de 2004, en la gestión de Mesa, se aceptan las condiciones de financiamiento; el 27 de enero y el 14 de marzo de 2005, el SNC firma los contratos para la construcción de los tramos Roboré-El Carmen, con el consorcio ARG-Camargo Correa, y el contrato para la construcción del tramo El Carmen-Arroyo Concepción, con IASA-Odebrecht.

Mesa sostuvo que debido a la grave situación económica del Estado, durante sus cuatro meses de gestión no pudo conseguir el financiamiento para cumplir con la parte de los recursos, razón por la que los citados contratos no entraron en vigencia.

En cuanto a los firmantes de la vía El Carmen Rivero-Arroyo Concepción, figuran del lado brasileño Fernando Fernandes Meias Bessa, preso actualmente en Brasil. Por la parte boliviana aparecen como contratantes los entonces ejecutivos del Servicio Nacional de Caminos, el fallecido José María Bakovic, en esa época presidente de la institución; Patricia Ballivián, entonces gerenta administrativa del SNC, y Humberto Landívar, gerente de construcción. Se firmó el contrato por $us 75 millones.

Caso Banco Unión está 'paralizado' por 92 observaciones legales

El proceso judicial abierto por el millonario desfalco al Banco Unión está paralizado, de acuerdo a la versión proporcionada a Página Siete por Yenny Prado, abogada del exjefe de Control de Tarjetas de esa entidad financiera, Roger Medina, uno de los procesados.

La jurista explicó que el caso está estancado porque se detectaron 92 observaciones en los 38 cuerpos del expediente que fue devuelto a la jueza tercera Anticorrupción, Claudia Castro.


“Desde febrero el señor Roger Medina (detenido en Palmasola desde octubre de 2017) sigue a la espera de una audiencia para solicitar detención domiciliaria, porque sufre de insuficiencia renal, presión arterial y diabetes en tercer grado”, señaló Prado.

Agregó que las 92 observaciones fueron realizadas por el juez segundo Anticorrupción, Alan Zárate y están relacionadas con “la foliación (enumeración de páginas) no es correcta, las actas no fueron introducidas en forma cronológica, faltan sellos y firmas de jueces como de secretarios, junto con otra serie de errores que ya son delitos, porque por estas cosas se viola el derecho de los procesados”, denunció.


Según el informe, la mayoría de los “errores” se cometieron mientras el caso estaba a cargo de la exjueza Cinthya Delgadillo, quien en mayo fue detenida por un caso de consorcio ilegal de abogados, jueces y fiscales.

Ahora, los “errores” deben ser subsanados por el secretario suplente, Esteban García, quien ayer se negó a explicar a ese medio dónde se encuentran los expedientes del caso.

Lava Jato: Mesa afirma que Evo quiere demolerlo para protegerse

El expresidente y candidato, Carlos Mesa, consideró este jueves que la investigación que desarrolló la comisión mixta de la Asamblea Legislativa sobre el caso Lava Jato, busca proteger la gestión de Evo Morales en la que existe "corrupción".

"Por tercera vez el Gobierno de Evo Morales intenta demolerme y proteger su propia gestión, proteger una gestión donde hubo corrupción. Es obviamente una persecución política, mucho más ahora que de manera formal soy candidato", señala el político en un video difundido en su canal de Youtube.



Califica el trabajo de diputados y senadores como una "cortina de humo", enfatizando que demostró "cronológicamente no hay ningún elemento que vincule la investigación con nuestro periodo de Gobierno", razón por la que dice estar "tranquilo".

El expresidente recuerda que la administración del MAS ya intentó dañar su imagen con el caso misiles chinos, la acusación por Quiborax y ahora con por los supuestos sobornos pagados por la empresa brasileña Camargo-Correa.



Mesa resaltó la investigación realizada por autoridades de la vecina nación, denominada Castillo de Arena, estableció que "la empresa Camargo-Correa pagó sobornos para facilitar su actividad en la construcción del tramo carretera Roboré-El Cármen, pagados entre septiembre de 2005 y agosto de 2008, es decir, meses después de que yo dejé la Presidencia".

"Quieren quitar las responsabilidades a quien verdaderamente las tienen, los gobiernos de Eduardo Rodríguez Veltzé y Evo Morales (...) Intentan cargarme otra vez más el bulto de una responsabilidad que no tengo", explicó el ahora candidato a la Presidencia.

Caso Banco Unión Suspendieron sanciones a ejecutivos

Las sanciones judiciales impuestas a los exejecutivos del Banco Unión, Marcia Villarroel, y el expresidente del directorio Diego A. Pérez, por implicaciones con el caso Juan Pari, fueron suspendidas, denunció ayer el diputado Amilcar Barral de Unidad Nacional (UD).

Barral señaló que entre “gallos y medianoche” se emitieran resoluciones en favor de algunos exejecutivos del Banco Unión, que fueron castigados en una primera instancia con la inhabilitación temporal o definitiva para prestar servicios en entidades financieras.

El legislador mostró también una resolución de mayo de este año, firmada por el entonces viceministro de Servicios Financieros, Óscar Ferrufino, mediante el cual se suspende la sanción impuesta al expresidente del Directorio del Banco Unión, Diego Pérez Cueto.

Parte del informe emitido por Ferrufino, exviceministro de Pensiones y Servicios Financieros señala que “… en el ejercicio de los derechos nadie será obligado a hacer lo que la Constitución y las leyes no manden, ni a privarse de lo que estas no prohíban…y definitivamente no es intención del señor Diego Alejandro Pérez Cueto Eulert, en su condición de expresidente del directorio del Banco Unión S.A. renunciar, así sea temporal o transitoriamente a su derecho de desempeñar funciones en el ámbito de las entidades financieras y al interior de las mismas..”.

La Resolución ASFI/1410/2017 de 4 de diciembre de 2017señala: “Resuelve.- Suspender la sanción impuesta al señor Diego Alejandro Pérez Cueto Eulert, en su condición de expresidente del Directorio del Banco Unión S.A., por el artículo único de la Resolución Administrativa ASFI/1410/2017 de 4 de diciembre de 2017, en tanto se agote la vía administrativa”.

Otra parte del informe menciona que Pérez Cueto pidió suspender su sanción, dado que su proceso está en impugnación. El exejecutivo argumentó que con el castigo se vulneraba su derecho a la presunción de inocencia y se afectaba a su familia, puesto que tiene dos hijos menores de edad.

Asimismo, en esa documentación se señala que fueron suspendidas las sanciones a los exgerentes de Operaciones, Gestión de Riegos y Auditoría, quienes estaban castigados con 10 años sin poder trabajar en el sistema financiero.

Barral criticó la suspensión de las sanciones a ejecutivos que no supieron el desfalco de más de Bs 37 millones perpetrado por Juan F. Pari.

En diciembre de 2017, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) informó que había sancionado con inhabilitación definitiva para trabajar en el sistema financiero a la exgerente general Marcia Villarroel, al expresidente del directorio Diego Pérez Cueto y al exsíndico Javier Fernández, y que además estaban pendientes otras resoluciones.

En la oportunidad, explicaron que las sanciones se emitieron debido al millonario desfalco que sufrió Banco Unión por uno de sus funcionarios, en el denominado caso Juan Pari, y para dar una señal al sistema financiero de “drástica” sanción por tales hechos y que debe fortalecer sus sistemas de gestión de riesgos, internos y externos.

Rivero vulneró reserva de informe del caso Lava Jato

La presidenta de la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa que investigó los presuntos sobornos del caso Lava Jato, Susana Rivero, vulneró la reserva del proceso que fue declarado el pasado 2 de octubre. Al respecto, el legislador de Unidad Demócrata (UD), Norman Lazarte, aseguró que denunciará el incumplimiento del reglamento de esa instancia.

“Lo que se ha hecho es vulnerar el reglamento al generar esta clase de información, con las excusas de que uno de los mencionados (Carlos Mesa) había levantado su secreto bancario, no tiene ningún tipo de relación con la declaratoria de reserva. Hay un hecho que se ha vulnerado y por lo tanto se deben tomar acciones”, afirmó el opositor.

Rivero presentó de forma pública el informe final de la Comisión Mixta de Investigación, la misma que concluyó que existen responsabilidades contra el expresidente Carlos Mesa y otros siete exfuncionarios de los gobiernos de Gonzalo Sánchez de Lozada y Eduardo Rodríguez Veltzé.

Recomendó que el informe sea aprobado por el pleno del Legislativo y que los antecedentes sean remitidos al Ministerio Público para el inicio de investigaciones y procesos judiciales.

NORMA

El artículo 8 del Reglamento de Ética de la Cámara de Diputados considera como falta grave el incumplimiento de la reserva decretada en un determinado informe que se haya establecido por el Pleno de la Cámara de Diputados o cualquiera de sus Comisiones.

La sanción para estas irregularidades, según el reglamento determina que los diputados que hayan incurrido en las faltas graves establecidas en los numerales del 5 al 20 del Artículo 8 de esa norma serán sancionados con la separación temporal de la Cámara de Diputados y de la Asamblea Legislativa Plurinacional por un tiempo de 2 a 5 meses, sin derecho a percibir remuneración alguna.

En ese marco, Lazarte indicó que hará conocer a la Presidencia de la Cámara de Diputados, sobre las irregularidades en las que incurrió Susana Rivero, para que esa instancia instruya a la comisión de ética el inicio de una investigación.

Tras conocer la postura del legislador de oposición, se buscó a la presidenta de la Comisión Mixta para conocer los motivos que tuvo para que se haya vulnerado la reserva del caso. Sin embargo, vanos fueron los intentos, porque no se la encontró en su oficina que está ubicada en las instalaciones del ex Banco Minero

POCA SERIEDAD

El diputado de UD, Wilson Santamaría, señaló que las acciones de Rivero develan que la investigación del caso es poco seria, sesgada y con tintes políticos, ya que se revelan los nombres de algunas personas que están implicadas en este caso, tal es el caso del expresidente Carlos Mesa y de sus exministros. Pero no se actúa de la misma forma con los exfuncionarios del gobierno de Eduardo Rodríguez Veltzé.

“Si la reserva ha sido rota por su presidenta, y decir que uno de los principales acusados es Carlos Mesa, guarda los nombres de quienes les conviene y revela otros nombres. En conclusión eso muestra que es un trabajo poco serio, sesgado, dirigido políticamente para intentar perjudicar a unos y blindar los primeros cuatro meses de la gestión de Evo Morales”, destacó el legislador.

ESTANCAMIENTO

La senadora de Unidad Demócrata Jeanine Añez indicó que la comisión de investigación paralela, que conformó la oposición está paralizada, debido a que no cuentan con los recursos económicos para trasladarse a otros países y solicitar información a las autoridades que investigan este caso.

La comisión convocó a Carlos Mesa, la exautoridad se presentó en julio pasado y explicó sobre las acciones que se hicieron en su gestión para la adjudicación de la construcción de la carretera Roboré-El Carmen por la firma brasileña Camargo Correa, proyecto que no se ejecutó en su gobierno.

También enviaron un cuestionario a Rodríguez Veltzé, Añez señaló que la exautoridad no aportó con ningún indicio en este proceso, es más, no respondió la totalidad de las interrogantes que se le hicieron. A la vez se anunció enviar un interrogante al presidente Evo Morales, pero esto no se llevó a cabo hasta el momento.

DESACREDITACIÓN

Entre tanto, Mesa rechazó la acusación de la comisión legislativa, que encontró indicios en su contra por el caso Camargo Correa, consideró que simplemente se trata de una estrategia para afectar su carrera política.

“En lo personal (no me afecta) en nada más allá de la indignación que me produce (…), pero esta es una estrategia de demolición política de Carlos Mesa ¿Cuál es el objetivo del Gobierno? Destruirme políticamente porque soy el candidato con mayores posibilidades de ganarle la elección al presidente Evo Morales”, dijo Mesa, en una entrevista a Unitel.

El también expresidente calificó de “vergonzosa” la investigación de la comisión legislativa, que dirigida por la diputada oficialista Susana Rivero, llevó adelante indagaciones sobre los supuestos sobornos que funcionarios públicos habrían recibido de la empresa Camargo Correa para la construcción del tramo carretero Roboré-El Carmen.

Caso Lava Jato Veltzé: “No intervine en negociación”

El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé aclaró que no intervino en la contratación ni negociación con la constructora brasileña Camargo Correa que, según correos electrónicos obtenidos por la Policía Federal de Brasil y que forman parte del caso Lava Jato en Bolivia, habría pagado coimas a funcionarios del ex mandatario, según declaraciones a El Correo del Sur.

“Yo, en lo personal, no he intervenido en la contratación ni en las negociaciones de esta empresa. Esa era una atribución del Servicio Nacional de Caminos y el ministerio correspondiente”, señaló Rodríguez durante su visita a Sucre para exponer en un conversatorio organizado por la Universidad Andina Simón Bolívar.

Caso Lava Jato Morales y Mesa se acusan por sobornos

El gobierno del presidente Evo Morales y el expresidente y candidato por el Frente de Izquierda Revolucionario (FRI) se acusan de estar involucrados por los presuntos sobornos en el caso Lava Jato.

Por un lado, la Comisión de investigación de la Asamblea Legislativa encontró indicios de responsabilidad contra Mesa y otras exautoridades y sugirió enviar un informe a la Fiscalía, mientras que, la defensa del exmandatario aseguró que pretenden encubrir a los verdaderos responsables.

La Comisión Mixta de investigación del caso Lava Jato concluyó su trabajo el pasado 2 de octubre, donde establecieron indicios de responsabilidad en tres gobiernos. Se menciona a un exministro de Gonzalo Sánchez de Lozada; dos exministros y un exviceministro y el propio Carlos Mesa, y un exministro de Eduardo Rodríguez Veltzé, informó la diputada del MAS Susana Rivero, presidenta de esa delegación.

Mientras que Carlos Mesa, a través de una carta que fue enviada ayer, pidió a la presidenta de esa Comisión que se incluya al presidente Evo Morales en la investigación, por los supuestos pagos que realizó la empresa Camargo Correa en el país para la adjudicación de la construcción de la empresa Roboré-El Carmen.

Esta solicitud se hace después que se desveló la existencia de al menos cuatro correo, tres de ellos en el gobierno de Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006) y una comunicación en la primera gestión de Evo Morales (2006-2009), que fue publicado en el periódico El Deber de Santa Cruz.

INVESTIGACIÓN

La Comisión del Legislativo comenzó con el trabajo de investigación desde el pasado 16 de abril y concluyó el 2 de octubre de este año. Estas indagaciones sobre la base del informe de la Policía Federal del Brasil denominado Castillo de Arena, como parte del escándalo internacional conocido como Lava Jato. La investigación de este caso involucró a varios presidentes de la región, entre ellos Luiz Inacio Lula Da Silva,

El informe presentado por la legisladora establece que el proceso de adjudicación de la construcción de la carretera se dio a partir del 2003, en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y se viabilizó durante la gestión de Carlos Mesa.

Según el informe, en la investigación se tomó en cuenta a los exfuncionarios de los tres gobiernos anteriormente señalados, que participaron en decisiones en cinco proyectos carreteros. En un comienzo se indagó a 179 personas, que preliminarmente quedaron 21 y en 8 de ellos se encontraron indicios de responsabilidad. Carlos Mesa encabeza la lista, Carlos Eduardo Morales Landívar, Luis Gemio Mollinedo, Carlos Romero Mallea, Carlos Alarcón, Jorge Peredo, Luis Landívar y Mario Avelino Moreno.

Por último, en la gestión de Rodríguez Veltzé, se “hizo el contrato modificatorio, rebajó $us 42,5 millones a las dos carreteras, cambio el financiamiento” y “en el Gobierno de Evo Morales no se tocó ni un centavo el monto contratado y más bien se renegociaron las tasas de interés”, añadió.

Rivero afirmó que en las investigaciones identificaron al menos tres elementos que permiten incluir en el caso a otros exfuncionarios: el primero tiene que ver con el modus operandi, el segundo, las coincidencias de los viajes y reuniones y el tercero tiene que ver con el movimiento inusual y sospechoso de recursos económicos.

“Hemos encontrado estos movimientos inusuales y sospechosos en las cuentas de Carlos Mesa, en exministros y exviceministros. La Comisión ha enviado a la ALP su informe y tenemos suficiente información para que se incluya en la investigación a exministros, exviceministros y al propio Carlos Mesa”, indicó Rivero.

ENCUBRIMIENTO

Alarcón, uno de los mencionados en la lista de la Comisión Legislativa, indicó que este informe pretende encubrir a los legisladores y jefes de bancada en el 2005, que son mencionados en el informe del medio cruceño. Este grupo presionó para aprobar una norma para que la firma brasileña, Camargo Correa continúe en el proceso de licitación y se adjudique la construcción del tramo carretero.

“La sanción de esa ley se gestionó con el pago de 60 mil dólares, quiénes conformaban la bancada de los legisladores en el 2005 cuando le hacían la guerra al presidente Carlos Mesa. Estaba conformada por los del MAS, que tenía bancada mayoritaria además de los miembros del MIR, MNR, NFR y UCS”, resaltó Alarcón.

Carlos Mesa envió una nueva carta a la diputada del oficialismo Susana Rivero, en la misiva precisó que en su gestión no se podía ejecutar la licitación porque existía una clausula, donde el gobierno debía cumplir con el 20 por ciento del financiamiento, que no se pudo viabilizar debido a la difícil situación que se encontraba el país.

“El contrato 04/2004 firmado entre el Servicio Nacional de Caminos (SNC) y CC nunca entró en vigencia, pues tenía una cláusula suspensiva que, de no cumplirse, anulaba su aplicación. Nuestro gobierno no pudo cubrir el 20 % de contraparte ni la garantía exigida por Brasil, razón por la que el contrato no entró en vigencia”, detalló.

Mesa resaltó que el contrato que activó la construcción del tramo carretero fue firmado en el gobierno de Rodríguez. La Ley 3187 de 30 de septiembre de 2005, instruyó al Ejecutivo una nueva licitación y un nuevo contrato con un financiamiento distinto. Dicho financiamiento fue otorgado por la CAF en la modalidad de un contrato convencional.

Tras estas aclaraciones, el expresidente reiteró su pedido de investigar a los funcionarios del gobierno de Evo Morales y al mismo presidente. Mientras que la Comisión remitió su informe al pleno de la Asamblea Legislativa para su aprobación y sea enviado al Ministerio Público para que inicie con las investigaciones.

Video Analista Carlos Cordero opina sobre el Caso Odebrecht en Bolivia

Gobernador de Beni denuncia al ex prefecto Ernesto Suárez por obra “fantasma”

El gobernador de Beni, Alex Ferrier, presentó hoy, miércoles, una denuncia penal en la Fiscalía General en contra del ex gobernador Ernesto Suárez por supuestamente haber pagado un adelanto de más de medio millón de bolivianos a una empresa que no terminó con la construcción de una piscina semi-olímpica en Trinidad, en 2006.

Ferrier llegó a la Fiscalía General con su memorial de denuncia y pidió al titular del Ministerio Público, Juan Lanchipa, designar una comisión de fiscales para investigar la construcción de una piscina "fantasma" en la gestión de Suárez.

"La piscina no se hizo nunca, se cobró y nunca se devolvió la plata a la Gobernación, es uno de los muchos robos que se hizo durante la administración de los Demócratas", aseguró Ferrier que tras presentar la denuncia, ingresó a la Fiscalía para reunirse con el Fiscal General del Estado.

Desvinculan al alcalde de la imputación por las máquinas de tejer

La comisión de fiscales anticorrupción del Ministerio Público no incluyó al alcalde Williams Cervantes en la imputación formal por la adquisición de las máquinas de tejer supuestamente usadas y entregadas a los centros de capacitación de la ciudad de Potosí.

El exsecretario de Desarrollo Económico, Ricardo Gonzales y Néstor Moya, funcionario del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí, son los imputados por la comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias.

La imputación está redactada en once carillas de los ocho cuerpos del proceso de investigación que iniciaron los fiscales anticorrupción Henry Espíndola, Daniel Ticona y Gonzalo Plaza.

La investigación sobre la supuesta adquisición de máquinas de tejer a medio uso se inició a raíz de que la junta vecinal de Alto Bracamonte, el 22 de febrero de 2018, se percató de esta presunta irregularidad.

El fiscal Gonzalo Plaza afirmó que la imputación contra los dos exfuncionarios es preliminar por los indicios que se recolectaron en el proceso investigativo.

“Los indicios que se han colectado nos dan a entender que se ha encontrado cierta responsabilidad en contra de funcionarios del Gobierno Municipal de Potosí”, afirmó.

La presunta responsabilidad recae en contra del responsable del proceso de contratación menor y de la unidad de solicitante del mismo contrato de las ocho máquinas de tejer.

Actualmente, el Ministerio Público espera que la autoridad jurisdiccional fije día y hora de la aplicación de medidas cautelares en contra de los imputados.

“Vamos a solicitar la extrema medida”. Así anunció el fiscal anticorrupción sin dar mayores detalles de la investigación. “Se solicita a su autoridad (juez) aplicar medidas cautelares de carácter personal de la detención preventiva en el centro de Rehabilitación Santo Domingo de Cantumarca”, dice el requerimiento de las medidas de carácter personal.

Sin embargo, Plaza dijo que actualmente la investigación se amplió contra cuatro funcionarios de la Alcaldía, de los cuales no dio nombres ni apellidos, por el momento.

Resolución preliminar

El fiscal Gonzalo Plaza informó que la imputación emitida por el Ministerio Público es preliminar porque aún el proceso de investigación no concluyó.

"La investigación aún se encuentra abierta y los elementos de juicio y el proceso ampliado nos van a dar mayores elementos para establecer responsabilidad", dijo en referencia a que el alcalde Williams Cervantes no fue incluido en la imputación formal, pero sí dos funcionarios de la Alcaldía.

Comisión identifica a ocho personas vinculadas a sobornos de Odebrecht

La presidenta de la Comisión Especial Mixta de Investigación del Caso Odebrecht-Lava Jato, Susana Rivero, afirmó que identificaron a ocho personas involucradas en el pago de presuntos sobornos para la construcción del tramo carretero Roboré-El Carmen.

Esa conclusión surge de tres indicios que demuestran que la operación Lava Jato llegó a Bolivia. Ellos son: uso de la misma metodología en acciones gubernamentales como la firma de disposiciones legales que facilitaba la realización de contratos que fue aplicada en otros países.

Se revelaron las coincidencias de viaje en lugares y fechas de altos funcionarios públicos bolivianos con los máximos representantes de las empresas brasileñas Marcos de Moura Wanderley (Camargo Correa) y con Jorge Barata (Odebrecht) .

Por último, los movimientos bancarios inusuales relacionados a transacciones que no tienen justificación económica ni legal.

“Hemos decodificado los movimientos sospechosos del señor Carlos Mesa, porque levantó su secreto bancario; se registraron movimientos inusuales o sospechosos de dinero que la instancia competente deberá investigar a qué corresponden y de dónde vienen”, mencionó la legisladora.

Las personas mencionadas en el informe son: Carlos Mesa Gisbert, Carlos Eduardo Mario Morales Landívar, Luis Carlos Jemio Mollinedo, Carlos Silvestre Romero Mallea, Jorge Nicolás Peredo Flores, Luis Humberto Landívar Pereira y Mario Avelino Moreno Viruez.

“Esta investigación debe continuar a través de las instancias respectivas para que el Ministerio Público prosiga en el ámbito jurisdiccional y pueda desplazarse al Brasil para entrevistarse con los pagadores, y éstos digan en qué circunstancias han operado y qué personas en Bolivia están involucradas”, afirmó.

En cuanto al flujo migratorio, se conoció que Mesa realizó 16 viajes al Perú y dos al Brasil que coincidieron con Moura Wanderley; con el empresario Barata coincidió 16 veces en el Perú y cuatro en Brasil.

En abril, el presidente Evo Morales solicitó a la Asamblea Legislativa Plurinacional que conforme una comisión de investigación especial para que indague sobre el posible pago de sobornos por la construcción de la carretera Roboré-El Carmen, departamento de Santa Cruz.
La pesquisa realizada por la Policía Federal del Brasil incluye el caso denominado Castillo de Arena, en el que se menciona que funcionarios bolivianos con las iniciales C. Morales, C.M. y GG- SNC fueron quienes habrían recibido pagos en cuotas por un valor total de $us 450 mil.

Rivero indicó que el trabajo que realizó la comisión se prolongó por cinco meses y 16 días, tiempo en el que revisaron entre procesos de contratación, contratos, decisiones, decretos y cables de la embajada brasileña.

Abogado del expresidente cuestiona informe

El abogado de Carlos Mesa, Carlos Alarcón, cuestionó ayer el informe que brindó la diputada Susana Rivero como parte de la investigación del caso Odebrecht-Lava Jato.

“Es un tema de difamaciones y estamos dispuestos a que se nos investigue, por eso levantamos nuestro secreto bancario”, dijo Alarcón en conferencia de prensa.

Respaldado en un artículo periodístico, afirmó que la indagación realizada no toma en cuenta que en la gestión de gobierno de Mesa no se desembolsó ni un centavo para la construcción del tramo carretero Roboré-El Carmen, debido a que no se contaba con la contraparte que exigía la CAF (Corporación Andina de Fomento).

El expresidente Mesa, por su parte, envió una carta a la diputada Rivero en la que pide que se tomen en cuenta los correos electrónicos que vinculan las gestiones de los presidentes Eduardo Rodríguez Veltzé y Evo Morales.

También cuestionó que la pesquisa de la comisión legislativa sólo haya comprendido a un exministro de Rodríguez de “refilón” y no haya tocado al gobierno del MAS-IPSP. Aseveró que la intención de la investigación realizada por la comisión es encubrir a los verdaderos responsables de las irregularidades cometidas por las empresas brasileñas.

Al respecto, la legisladora sostuvo que en la documentación revisada por la comisión aparecen 16 cuentas bancarias que tiene el exmandatario en cinco diferentes entidades financieras del país y que presentan movimientos irregulares.