viernes, 20 de junio de 2008

La Policía pacta luchar contra la corrupción en dos reparticiones

Noticia publicada el 20 de Junio de 2008 en La Prensa


Tránsito e Identificaciones son dos de las reparticiones policiales donde mayor número de quejas de corrupción se registran, según el viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, entidad que ayer firmó un acuerdo con la Policía para luchar contra esa lacra.

Con ese objetivo, el comandante general de la Policía Nacional, general Miguel Gemio, suscribió ayer un acta de entendimiento con la viceministra Nardy Suxo Iturry para la aplicación del plan de transparencia en la institución del orden.

“Volcaré todos mis esfuerzos para que se llegue a término y haya corrupción cero”, dijo Gemio al comprometerse a identificar a los malos policías, a fin de que sean sancionados por faltas y, en caso de delitos, pasen al Ministerio Público.

El Comandante General negó que sea la institución la involucrada en este tipo de hechos y acusó a algunos miembros, “porque no hay que olvidar que la mayoría está dispuesta a ofrendar su vida en el cumplimiento del deber”.

La viceministra Suxo, además de destacar la firma del acta, dijo que las quejas por cobros no establecidos son frecuentes contra Tránsito e Identificaciones, y entregó pancartas donde se describen los pasos que se deben dar para obtener la licencia de conducir y la cédula de identidad, en tres idiomas (aymara, quechua y español), las que deben ser exhibidas en esas unidades.

La Policía, al igual que las reparticiones del sector público, se compromete a implementar cuatro componentes: acceso a la información, rendición pública de cuentas, control social y ética pública.

“De acuerdo con el mandato presidencial, la lucha contra la corrupción y la transparencia es la gestión pública es indispensable en el actual proceso de cambio que vive el país”, dice el punto cuatro del acta suscrita, que regirá dos años, con opción de prórroga.

jueves, 19 de junio de 2008

Sorprenden a un policía con dinero de coimas

Noticia publicada el 19 de Junio de 2008 en El Deber


Otra denuncia de corrupción afecta a la deteriorada imagen de la Policía. Un uniformado dependiente de la división Registro de Vehículos del Organismo Operativo de Tránsito fue sorprendido con Bs 560 en el cajón del escritorio donde atiende al público, producto de las supuestas coimas que recibe para los trámites en las oficinas de Servicio & Operadores (SIO), que es la recaudadora de los impuestos municipales.
El hecho fue denunciado por el diputado Wilfredo Áñez, al que le sonsacaron Bs 70 cuando realizaba un trámite de registro de vehículos. El parlamentario cuestionó el cobro del policía y éste dijo que sólo cumplía órdenes superiores. Áñez avisó del caso de corrupción al Ministerio Público y el fiscal Raúl Roca abrió el cajón del escritorio donde halló la plata, como prueba del delito de cohecho.
Roca dijo que el policía Wálter Pérez Mamani deberá presentarse hoy a las 16:00 para dar su versión en torno a la denuncia del diputado. Por su parte, el subdirector de Tránsito, Carlos Gutiérrez, aseguró que el sargento aludido vendía valores policiales y dijo que no es cierto que cobraba dinero sin dar algún documento de respaldo. Contrariamente a esa explicación, el director de Recaudaciones de la Policía, Víctor Maldonado, afirmó que la suboficial Norberta Luna es la única autorizada para realizar solamente el canje de los comprobantes de pago en el banco por un valorado de esa repartición, de acuerdo con el trámite que realiza el interesado. “La suboficial no debe hacer ningún cobro en efectivo, sólo el cambio de la boleta bancaria por el valorado”, remarcó.
El director de Tránsito, Humberto Echalar, que estuvo presente cuando el diputado denunció el hecho, dijo que no sabía que el policía realizaba cobros ‘por órdenes superiores’, pero refirió que la jefa de Registro de Vehículos es la Tcnl. Margoth Cardozo de Heredia y que el caso es investigado por el Ministerio Público. EL DEBER intentó conocer la versión de Cardozo, pero no fue encontrada.
Vivian Calderón, representante de SIO, sostuvo que cedieron un espacio para Tránsito, pero no sabía que realizaba cobros.

Soborno: fiscal recibió apoyo de Diputados
Según el fiscal de Distrito, Jaime Soliz, la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados, presidida por Gonzalo Lazcano, le ha brindado su apoyo para procesar a los implicados en la repartija de $us 300.000 de un presunto narco.
La Fiscalía imputó varios delitos, entre ellos cohecho, a los teniente coroneles Ramiro Soliz, Freddy Meneses; al capitán Orlando Araujo, al teniente Fidel Garnica, a los policías Vidolfo Chávez, Juan Calisaya y Eugenio Mamani; al fiscal José Luis Molina y al dueño de la plata, Luis Alberto Suárez Gil (evadido).
El diputado Lazcano, el martes 17, recibió un informe del fiscal del caso, Álvaro La Torre, tras el cual dijo que no convocará a los procesados por la Fiscalía, pero sí a Enrique Urquidi (ex comandante de la Policía), Edwin Foronda (subcomandante) y al fiscal Jaime Soliz, que dijo estar dispuesto a colaborar con las inquietudes de Lazcano.
Por otra parte, ayer se supo que el juez Roque Leaños fijo la audiencia cautelar para el 26 de este mes.

martes, 10 de junio de 2008

El fiscal revive el caso Enron y enjuicia a Goni



Noticia publicada el 10 de junio de 2008 en La Prensa

El Ministerio Público presentó ayer ante la Corte Suprema una acusación formal para el inicio de un juicio de responsabilidades en contra del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, el ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, ex ministros y ex ejecutivos de YPFB, por el contrato firmado con la empresa estadounidense Enron para la construcción del gasoducto Bolivia-Brasil.
El fiscal de Recursos, Orlando Riveros, informó que la Fiscalía General inició la investigación luego de que el entonces ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada, planteara el proceso contra los ex mandatarios, sus ex ministros, funcionarios de la estatal petrolera YPFB y los representantes legales de la compañía estadounidense en Bolivia.

En junio del 2006, Soliz Rada anunció el inicio de un juicio de responsabilidades en contra del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y otras 40 personas, incluidos varios estadounidenses, por una supuesta “brutal estafa” de la quebrada firma petrolera Enron Corp.

En aquella oportunidad, Soliz indicó que el juicio podría afectar a la firma con sede en Londres, Ashmore Energy International Limited, que compró en enero de ese año los negocios de Prisma en Bolivia. También implicó a la anglo-holandesa Shell, su socia en la transportadora de hidrocarburos Transredes.

El 9 de diciembre de 1994, en el primer gobierno de Sánchez de Lozada, se firmó el contrato entre la empresa estadounidense Enron y la estatal petrolera YPFB, con el objetivo de construir el gasoducto Brasil-Bolivia.

El fiscal Orlando Riveros explicó que, fruto de ese contrato, se suscribieron otros documentos modificatorios que abrieron paso para que la Enron inclusive sea parte de Transredes.

“El origen reside en el contrato original que tenía cláusulas muy lesivas y contrarias al interés nacional. Basta mencionar que este contrato ha posibilitado el ingreso de la Enron al gasoducto de Brasil-Bolivia, con el compromiso sólo de que haga sus mejores esfuerzos para conseguir financiamiento”, explicó Riveros a

La Razón y recordó que el financiamiento para este proyecto provino de Petrobras; y al tener financiamiento brasileño ya no era necesaria la presencia de Enron, pero se mantuvo en contra de los intereses nacionales.

De acuerdo al procedimiento, una vez presentada la proposición acusatoria por el Ministerio Público, será la Corte Suprema la que remita el caso al Congreso y esta instancia legislativa autorice el juicio. Este medio se contactó ayer con el ex vicepresidente Cárdenas, quien se excusó de hacer declaraciones. Dijo que hoy atenderá cualquier requerimiento. Redacción Central y Redacción Sucre