viernes, 28 de septiembre de 2018
lunes, 17 de septiembre de 2018
Caso Porvenir Leopoldo Fernández cumplió una década de su condena
El exprefecto de Pando, Leopoldo Fernández, cumplió ayer 10 años de detención por el caso de la “masacre” de Porvenir y le restan cinco años para cumplir su condena de 15 años de prisión, que le fue impuesta por el Tribunal Sexto de Sentencia de La Paz.
“Hoy se cumplen 10 años de mi encarcelamiento. Le pido a Dios fuerzas para enfrentar lo que venga hacia delante. Gracias querida familia”, señaló Fernández, este domingo, a través de su cuenta de Twitter.
El abogado de Fernández, Karlo Brito, confirmó la información a ANF y acotó que recientemente interpusieron el recurso de casación con el objetivo de revertir la situación de su defendido, porque se incurrió en varios defectos jurídicos al momento de tratar la apelación a la condena del exprefecto. Están a la espera que el Tribunal Supremo de Justicia resuelva esta solicitud.
El 11 de septiembre de 2008 se registraron hechos de violencia en el municipio de el Porvenir, Pando, donde murieron 11 personas por impacto de bala, además de otros dos muertos, por esos hechos se acusó a Fernández como el responsable directo.
Brito recordó que el 16 de septiembre de ese año su defendido había sido convocado a una supuesta reunión, en el aeropuerto de Cobija con autoridades de Gobierno, entre ellos el entonces ministro Juan Ramón Quintana, sin embargo, fue aprehendido y trasladado a la ciudad de La Paz; mientras que la Fiscalía lo imputó por los delitos de asesinato, lesiones y terrorismo.
“Ahí es donde empieza la detención ilegal, indebida y arbitraria de Leopoldo Fernández, ahora está cumpliendo 10 años de detención, cinco años ha estado entre la cárcel de San Pedro y Chonchocoro, y los últimos cinco años ha estado con detención domiciliaria en su casa”, manifestó el abogado.
En marzo de 2017, el Tribunal Sexto de Sentencia condenó a 15 años de reclusión al exprefecto de Pando y resolvió que sus años de detención domiciliaria no se sumarán a la condena.
Esa decisión fue apelada y este año la Sala Penal Cuarta resolvió ratificar la sentencia, sin embargo, dispuso que los años de detención domiciliaria que cumplió Fernández sean contabilizadas a los años de su sentencia.
“Hoy se cumplen 10 años de mi encarcelamiento. Le pido a Dios fuerzas para enfrentar lo que venga hacia delante. Gracias querida familia”, señaló Fernández, este domingo, a través de su cuenta de Twitter.
El abogado de Fernández, Karlo Brito, confirmó la información a ANF y acotó que recientemente interpusieron el recurso de casación con el objetivo de revertir la situación de su defendido, porque se incurrió en varios defectos jurídicos al momento de tratar la apelación a la condena del exprefecto. Están a la espera que el Tribunal Supremo de Justicia resuelva esta solicitud.
El 11 de septiembre de 2008 se registraron hechos de violencia en el municipio de el Porvenir, Pando, donde murieron 11 personas por impacto de bala, además de otros dos muertos, por esos hechos se acusó a Fernández como el responsable directo.
Brito recordó que el 16 de septiembre de ese año su defendido había sido convocado a una supuesta reunión, en el aeropuerto de Cobija con autoridades de Gobierno, entre ellos el entonces ministro Juan Ramón Quintana, sin embargo, fue aprehendido y trasladado a la ciudad de La Paz; mientras que la Fiscalía lo imputó por los delitos de asesinato, lesiones y terrorismo.
“Ahí es donde empieza la detención ilegal, indebida y arbitraria de Leopoldo Fernández, ahora está cumpliendo 10 años de detención, cinco años ha estado entre la cárcel de San Pedro y Chonchocoro, y los últimos cinco años ha estado con detención domiciliaria en su casa”, manifestó el abogado.
En marzo de 2017, el Tribunal Sexto de Sentencia condenó a 15 años de reclusión al exprefecto de Pando y resolvió que sus años de detención domiciliaria no se sumarán a la condena.
Esa decisión fue apelada y este año la Sala Penal Cuarta resolvió ratificar la sentencia, sin embargo, dispuso que los años de detención domiciliaria que cumplió Fernández sean contabilizadas a los años de su sentencia.
jueves, 13 de septiembre de 2018
Fiscalía admite demanda contra alcalde Leyes por cámaras de videovigilancia
El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, informó hoy que el Ministerio Público admitió la demanda penal instaurada por el Viceministerio de Transparencia institucional y Lucha Contra la Corrupción contra el alcalde de Cochabamba, José María Leyes, y 14 de sus colaboradores por un nuevo caso de corrupción.
La Fiscalía acusa a Leyes de un presunto sobreprecio de más de 29 millones de bolivianos en la compra de equipos, cámaras y la construcción de torres de comunicación, para el proyecto denominado "Ciudad Segura".
"Esta denuncia ya ha sido admitida, están trabajando los fiscales. Se han emitido ya algunos requerimientos para tener mayor información", explicó a los periodistas.
Ese nuevo caso de corrupción fue revelado hace una semana por el viceministro de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Diego Jiménez, y establece que la Alcaldía de Cochabamba compró cámaras de la empresa Huawei Technologies y las torres de comunicaciones de la empresa Hansa LTD, con presunto sobreprecio de 22.443.470,92 y 6.578.047,60 bolivianos, respectivamente.
Según Guerrero, el caso comenzó a ser investigado desde el lunes pasado con la solicitud de acceso a los documentos de las compras municipales.
Dijo que el Ministerio Público se prepara para citar en los próximos días a las personas que fueron parte del proceso de la adquisición de esos equipos de video vigilancia.
"Seguramente, los fiscales una vez que hagan la valoración de la documentación, la valoración de las declaraciones que se tomen van a emitir las resoluciones que correspondan. Entonces, está investigación está en curso", refrendó.
La Fiscalía acusa a Leyes de un presunto sobreprecio de más de 29 millones de bolivianos en la compra de equipos, cámaras y la construcción de torres de comunicación, para el proyecto denominado "Ciudad Segura".
"Esta denuncia ya ha sido admitida, están trabajando los fiscales. Se han emitido ya algunos requerimientos para tener mayor información", explicó a los periodistas.
Ese nuevo caso de corrupción fue revelado hace una semana por el viceministro de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Diego Jiménez, y establece que la Alcaldía de Cochabamba compró cámaras de la empresa Huawei Technologies y las torres de comunicaciones de la empresa Hansa LTD, con presunto sobreprecio de 22.443.470,92 y 6.578.047,60 bolivianos, respectivamente.
Según Guerrero, el caso comenzó a ser investigado desde el lunes pasado con la solicitud de acceso a los documentos de las compras municipales.
Dijo que el Ministerio Público se prepara para citar en los próximos días a las personas que fueron parte del proceso de la adquisición de esos equipos de video vigilancia.
"Seguramente, los fiscales una vez que hagan la valoración de la documentación, la valoración de las declaraciones que se tomen van a emitir las resoluciones que correspondan. Entonces, está investigación está en curso", refrendó.
Suspenden audiencia de Arte Bolivia contra Codesur por contrato de Llama Suramericana
El Juzgado Público de Familia número 2 de Cochabamba, en su calidad de juez de garantías, suspendió la Audiencia de Amparo Constitucional que Interpuso la empresa Arte Bolivia que hizo el recorrido de Llama Suramericana en contra del Comité Organizador de los Juegos (Codesur), por incumplimiento de contrato y daño económico.
Arte Bolivia fue la empresa que se encargó de gestionar los detalles de todo el recorrido de la “Llama Suramericana” para la inauguración de los XI Juegos Suramericanos Cocha 2018, que se desarrolló en Cochabamba en mayo.
El motivo de la suspensión fue que “no se hizo el procedimiento correcto para la citación a la audiencia”, por lo tanto, se reinstalará la misma el martes 18 del mes en curso.
Juan Carlos Caba llegó junto a su abogado, en representación de Arte Bolivia, quien señaló que, lo único que piden es que se dé cumplimiento a la cancelación total del contrato que establecieron ambas entidades para la inauguración de los Juegos.
En representación de Codesur llegó una funcionaria del comité y su abogado, quienes evitaron contacto con la prensa.
Arte Bolivia fue la empresa que se encargó de gestionar los detalles de todo el recorrido de la “Llama Suramericana” para la inauguración de los XI Juegos Suramericanos Cocha 2018, que se desarrolló en Cochabamba en mayo.
El motivo de la suspensión fue que “no se hizo el procedimiento correcto para la citación a la audiencia”, por lo tanto, se reinstalará la misma el martes 18 del mes en curso.
Juan Carlos Caba llegó junto a su abogado, en representación de Arte Bolivia, quien señaló que, lo único que piden es que se dé cumplimiento a la cancelación total del contrato que establecieron ambas entidades para la inauguración de los Juegos.
En representación de Codesur llegó una funcionaria del comité y su abogado, quienes evitaron contacto con la prensa.
“El alcalde Ruíz quiere que los asambleístas caigan en su trampa del 8%” advierte Peralta
El secretario de Coordinación de la Gobernación de Tarija, Waldemar Peralta, advirtió que el alcalde de Uriondo, encabezando el lobby de alcaldes que presionan para acomodar el Plan Operativo Anual de 2019 a su conveniencia, está manejando a su gusto cifras y verbos para exigir una partida para proyectos concurrentes de más de 110 millones, lo que significaría casi una sexta parte del presupuesto departamental. Ruíz señala que la Ley 206, en la que se blinda destinar el 8% de los recursos a los proyectos municipales, hace referencia al total de regalías departamentales, incluyendo el 45 por ciento del Chaco, que como es conocido, llega directamente a cuentas de la Autonomía Regional.
“La ley es clarísima, dice recursos percibidos, lo que demandan los alcaldes es que se presupueste un monto de regalías que no corresponde a lo que percibe la gobernación, el 45% no lo percibe la Gobernación, se va directo al Chaco, este pedido no tiene ni pies ni cabeza y es indefendible” manifestó el secretario, quien dijo que la única manera que se imponga “es violando la ley”. La gobernación percibirá 774 Millones en 2019, por lo que el 8% son 61 millones, “discutir otra cosa no tiene respaldo legal, simplemente es político” afirmó.
También celebró que la mayoría de los asambleístas de las distintas comisiones hayan apostado por el proyecto global departamental y no hayan cedido a las presiones incluso nacionales que se pusieron en marcha.
Por su parte, el alcalde Álvaro Ruíz defiende su posición al respecto de lo recogido en la Ley, referenciado al total de regalías, y recuerda que en el caso de no llegar proyectos para los municipios, la economía se volverá a ralentizar.
La interpretación de la Ley 206 y su impacto en el presupuesto podría derivar en resoluciones contrarias a la Ley, delito tipificado.
“La ley es clarísima, dice recursos percibidos, lo que demandan los alcaldes es que se presupueste un monto de regalías que no corresponde a lo que percibe la gobernación, el 45% no lo percibe la Gobernación, se va directo al Chaco, este pedido no tiene ni pies ni cabeza y es indefendible” manifestó el secretario, quien dijo que la única manera que se imponga “es violando la ley”. La gobernación percibirá 774 Millones en 2019, por lo que el 8% son 61 millones, “discutir otra cosa no tiene respaldo legal, simplemente es político” afirmó.
También celebró que la mayoría de los asambleístas de las distintas comisiones hayan apostado por el proyecto global departamental y no hayan cedido a las presiones incluso nacionales que se pusieron en marcha.
Por su parte, el alcalde Álvaro Ruíz defiende su posición al respecto de lo recogido en la Ley, referenciado al total de regalías, y recuerda que en el caso de no llegar proyectos para los municipios, la economía se volverá a ralentizar.
La interpretación de la Ley 206 y su impacto en el presupuesto podría derivar en resoluciones contrarias a la Ley, delito tipificado.
Chito: Sigo preso porque Evo "odiaba" a Banzer
SENTENCIADO EN 2011
En mayo de 2011, el ex prefecto de La Paz, Luis Alberto Valle, fue condenado por la Corte Suprema, a una pena de ocho años de presidio por delitos cometidos durante su gestión (1997-1999).
El ex prefecto de La Paz Luis Alberto Valle Ureña aseguró que "no hay forma en que salga de preso”, porque sigue encarcelado en San Roque a pesar de haber cumplido en mayo pasado su sentencia condenatoria de ocho años de prisión por la venta del parque automotor de la Prefectura de La Paz en calidad de chatarra (1997-1999).
La jueza de Ejecución Penal de la Capital, Vidalia Morales, entregó a Valle su mandamiento de libertad en junio pasado, pero el Ministerio Público de oficio activó otros 14 procesos en su contra por las mismas causas en las que ya fue investigado como ex prefecto; en dos procesos activos desde 2015, la Fiscalía logró que siga encarcelado y vuelva a ser nuevamente detenido preventivo.
Valle tiene más de 70 años, se encuentra internado en el hospital Santa Bárbara, cumpliendo su control médico especializado de un problema de aceleración de los latidos del corazón.
Con una tos permanente y cierto cansancio cuando habla por largo tiempo, el ex prefecto asegura que la persecución en su contra es por ser yerno del ex presidente Hugo Banzer Suárez (1997-2001), que durante su gobierno no permitió el crecimiento de los cultivos de coca más allá de las 600 hectáreas; ahora cree que son 40.000.
“Su meta (de Banzer) era cero cocales y era rechazado por Evo Morales y su gente y creo que Evo odia sanguíneamente a Banzer pese a que está muerto, y de Banzer el único que queda soy yo”, aseguró.
Postrado en una sala de pensionados del Santa Bárbara, Valle señaló que tiene 14 procesos en su contra por hechos de hace más de 20 años, cuando todos los delitos prescriben en ocho años. “Nada les vale para respetar mis derechos, ni por humanidad”, sostuvo.
Los últimos dos procesos son por supuesta legitimación de ganancias ilícitas y corrupción que ya fueron investigados en el juicio de responsabilidades que terminó con una sentencia en 2011. Asegura que los delitos denunciados ya estarían prescritos después de más de 20 años y tiene una certificación de la Corte Suprema de Justicia de que no está procesado con la ley anticorrupción 004 “Marcelo Quiroga Santa Cruz”.
“Yo en qué les molesto (al gobierno) para que me tengan crucificado y quieran darme cadena perpetua sumándome sentencias. Me cautelan y me voy quedando en la cárcel por las mismas causas de las que ya fui juzgado”, recalcó.
Valle sostiene que desde que cumplió 60 años está con medidas cautelares, ahora superó los 70. Los procesos activos están en los juzgados de La Paz desde donde vienen los fiscales y jueces para las audiencias cautelares que constantemente se suspenden.
Asegura que no hay ningún riesgo procesal que justifique su detención y por su edad debería estar libre al haber cumplido su condena. “Soy una persona que estorba en San Roque porque mi pieza la podría usar otra persona (por el hacinamiento que hay)”.
Valle de profesión médico, tiene un miniconsultorio en su celda, junto a su cama, para atender a los reclusos.
Policía anticorrupción procesa a funcionaria del Concejo por las bandas
Una decena de trabajadores fueron citados a declarar. La indagación policial encontró elementos de juicio en al menos dos delitos de corrupción. Los documentos del kardex no coinciden con los del Sicoes
La investigación sobre la compra con supuesto sobreprecio de bandas municipales en el Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra dio un paso más ayer. Cinco funcionarios del Concejo llegaron hasta la Fiscalía para prestar su declaración informativa ante la Unidad Anticorrupción de la Policía Boliviana, repartición que trabaja con la Fiscalía y que el 29 de agosto de este año requirió que se procese como acusados de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica a la directora administrativa del Concejo, Claudia Paola Durán Gil, y al gerente de Textilander, Ricardo Ignacio Pinto Gutiérrez.
En el documento, al que tuvo acceso EL DEBER, se requirió también que una decena de funcionarios sean citados como testigos, desde el director de Protocolo del Concejo, Freddy Oviedo, hasta los responsables de procesos de contratación, asesores legales y responsables de subir la documentación al Sistema de Contrataciones Estatales. Ayer, cinco personas pasaron por las oficinas de la Unidad Anticorrupción, situadas en el tercer piso de la Fiscalía, a los pies del Cristo. Por la mañana asistieron la responsable del proceso de adjudicación y la encargada de la Secretaría Administrativa de Administración y Finanzas del Concejo. Por la tarde declararon tres personas más, una encargada de los procesos de contratación y personal subalterno del Concejo que se retiraron de la Fiscalía sin hacer declaraciones.
Se enviaron preguntas por tres vías para conocer la versión de Angélica Sosa, presidenta del Concejo, pero no se recibieron sus respuestas hasta el cierre de esta edición. Cuando se le consultó al concejal Jhonny Zeballos (MAS) por qué no se fiscalizó antes este tipo de contratos, él explicó que tanto el Ejecutivo como el Legislativo municipal ya no envían sus contratos al Concejo para que se aprueben antes de las firmas, sino que son suscritos por ambos órganos y son enviados a la entidad deliberante solo para su conocimiento luego de estar firmados.
Por propia gestión
Según el informe al que tuvo acceso EL DEBER, elaborado por el teniente Jesús Villarroel y dirigido al teniente coronel Óscar Gutiérrez Linares, esta causa comenzó el 17 de agosto, con una denuncia formal mediante informe de los investigadores de la Dirección Especial de Lucha Contra el Crimen dirigido al fiscal de turno, por la comisión de delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
La denuncia fue remitida al despacho de la fiscal anticorrupción Jackeline Severich García y se inició la investigación de oficio sobre la adquisición de bandas municipales para el Concejo, en las gestiones 2016 y 2017.
En la indagación se establece que todo comenzó el 14 de septiembre de 2016, cuando Freddy Oviedo, jefe del Departamento de Protocolo del Concejo Municipal, solicita la compra a la secretaria de Administración, Paola Durán. Se señala que el precio referencial es de Bs 3.500 y el origen de los fondos es la partida 33.300, destinada en el POA a prendas de vestir.
También señala que Protocolo del Concejo, para definir el precio referencial de las bandas distintivas, utilizó como referencia la propuesta presentada por la empresa Textilander Import/Export SRL. Esta compra se registró en el Programa Anual de Contrataciones el 14 de septiembre de 2016, es decir, el mismo día que se inició el proceso de adquisición, sin que se encuentre previsto y detallado en el POA de ese año.
Anota también que la propuesta de Textilander se presentó al departamento administrativo el 6 de septiembre, es decir, ocho días antes de que se genere la necesidad presupuestaria de la compra de las bandas. La solicitud de compra fue elaborada el mismo 14 de septiembre de 2016 por Paola Durán Gil y dos días más tarde, el 16 de septiembre, se comunicó la adjudicación de la compra a Textilander. El informe de la Policía advierte que no se verificó ni se observó que en el momento de la compra la matrícula de comercio de la empresa adjudicataria no estaba vigente y no se procedió con la anulación del proceso de contratación.
Ese mismo día, Textilander presentó la documentación en fotocopia simple y esta fue remitida por la responsable del proceso de adjudicación al asesor legal para que los verifique. El mismo día, el abogado indicó que la empresa cumplía con todos los documentos (cédula de identidad, poder, licencia de funcionamiento, certificación electrónica de impuestos, certificación del registro de comercio y certificado RUPE). El informe policial ve fallas en este punto.
Según la carpeta de la compra revisada por la Policía, el 20 de septiembre, cuatro días después de la adjudicación, Textilander entregó 44 bandas por Bs 35.000, a un precio unitario de Bs 795, 45. Ahí surge un problema. Esta documentación –revisada en 2018– no coincide con la subida el 22 de julio de 2016 al Sistema de Contrataciones del Estado (Sicoes). En los formularios 400 y 500 de ese proceso de contratación se indica que las bandas entregadas fueron 25 y que el precio pagado por cada unidad fue de Bs 1.400.
El informe concluye que Textilander solicitó el pago por su trabajo el 22 de septiembre y que fue hecho efectivo mediante cheque el 18 de octubre. Así, pide citar a Durán y Pinto como acusados y a una decena de funcionarios para establecer “la verdad histórica de los hechos”.
DETALLES
INICIATIVA PROPIA
El Departamento Especial de Lucha Contra el Crimen, Unidad Anticorrupción de la Policía Boliviana, inició la investigación por decisión propia, al enterarse de presuntos hechos de corrupción en el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra.
CASO COMPLEJO
Luego de revisar la documentación colectada desde el Concejo Municipal y compararla con la que funcionarias del Concejo subieron a la web del Sistema de Contrataciones del Estado (Sicoes), el teniente que investigó el caso llegó a la conclusión de que no coinciden.
DOS SEMANAS
En 14 días, Textilander presentó una propuesta de fabricación de bandas, se generó una necesidad presupuestaria y se entregó el material.
Para la diputada Sandóval, la habilitación de un exministro de Evo Morales despierta susceptibilidad
La investigación sobre la compra con supuesto sobreprecio de bandas municipales en el Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra dio un paso más ayer. Cinco funcionarios del Concejo llegaron hasta la Fiscalía para prestar su declaración informativa ante la Unidad Anticorrupción de la Policía Boliviana, repartición que trabaja con la Fiscalía y que el 29 de agosto de este año requirió que se procese como acusados de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica a la directora administrativa del Concejo, Claudia Paola Durán Gil, y al gerente de Textilander, Ricardo Ignacio Pinto Gutiérrez.
En el documento, al que tuvo acceso EL DEBER, se requirió también que una decena de funcionarios sean citados como testigos, desde el director de Protocolo del Concejo, Freddy Oviedo, hasta los responsables de procesos de contratación, asesores legales y responsables de subir la documentación al Sistema de Contrataciones Estatales. Ayer, cinco personas pasaron por las oficinas de la Unidad Anticorrupción, situadas en el tercer piso de la Fiscalía, a los pies del Cristo. Por la mañana asistieron la responsable del proceso de adjudicación y la encargada de la Secretaría Administrativa de Administración y Finanzas del Concejo. Por la tarde declararon tres personas más, una encargada de los procesos de contratación y personal subalterno del Concejo que se retiraron de la Fiscalía sin hacer declaraciones.
Se enviaron preguntas por tres vías para conocer la versión de Angélica Sosa, presidenta del Concejo, pero no se recibieron sus respuestas hasta el cierre de esta edición. Cuando se le consultó al concejal Jhonny Zeballos (MAS) por qué no se fiscalizó antes este tipo de contratos, él explicó que tanto el Ejecutivo como el Legislativo municipal ya no envían sus contratos al Concejo para que se aprueben antes de las firmas, sino que son suscritos por ambos órganos y son enviados a la entidad deliberante solo para su conocimiento luego de estar firmados.
Por propia gestión
Según el informe al que tuvo acceso EL DEBER, elaborado por el teniente Jesús Villarroel y dirigido al teniente coronel Óscar Gutiérrez Linares, esta causa comenzó el 17 de agosto, con una denuncia formal mediante informe de los investigadores de la Dirección Especial de Lucha Contra el Crimen dirigido al fiscal de turno, por la comisión de delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
La denuncia fue remitida al despacho de la fiscal anticorrupción Jackeline Severich García y se inició la investigación de oficio sobre la adquisición de bandas municipales para el Concejo, en las gestiones 2016 y 2017.
En la indagación se establece que todo comenzó el 14 de septiembre de 2016, cuando Freddy Oviedo, jefe del Departamento de Protocolo del Concejo Municipal, solicita la compra a la secretaria de Administración, Paola Durán. Se señala que el precio referencial es de Bs 3.500 y el origen de los fondos es la partida 33.300, destinada en el POA a prendas de vestir.
También señala que Protocolo del Concejo, para definir el precio referencial de las bandas distintivas, utilizó como referencia la propuesta presentada por la empresa Textilander Import/Export SRL. Esta compra se registró en el Programa Anual de Contrataciones el 14 de septiembre de 2016, es decir, el mismo día que se inició el proceso de adquisición, sin que se encuentre previsto y detallado en el POA de ese año.
Anota también que la propuesta de Textilander se presentó al departamento administrativo el 6 de septiembre, es decir, ocho días antes de que se genere la necesidad presupuestaria de la compra de las bandas. La solicitud de compra fue elaborada el mismo 14 de septiembre de 2016 por Paola Durán Gil y dos días más tarde, el 16 de septiembre, se comunicó la adjudicación de la compra a Textilander. El informe de la Policía advierte que no se verificó ni se observó que en el momento de la compra la matrícula de comercio de la empresa adjudicataria no estaba vigente y no se procedió con la anulación del proceso de contratación.
Ese mismo día, Textilander presentó la documentación en fotocopia simple y esta fue remitida por la responsable del proceso de adjudicación al asesor legal para que los verifique. El mismo día, el abogado indicó que la empresa cumplía con todos los documentos (cédula de identidad, poder, licencia de funcionamiento, certificación electrónica de impuestos, certificación del registro de comercio y certificado RUPE). El informe policial ve fallas en este punto.
Según la carpeta de la compra revisada por la Policía, el 20 de septiembre, cuatro días después de la adjudicación, Textilander entregó 44 bandas por Bs 35.000, a un precio unitario de Bs 795, 45. Ahí surge un problema. Esta documentación –revisada en 2018– no coincide con la subida el 22 de julio de 2016 al Sistema de Contrataciones del Estado (Sicoes). En los formularios 400 y 500 de ese proceso de contratación se indica que las bandas entregadas fueron 25 y que el precio pagado por cada unidad fue de Bs 1.400.
El informe concluye que Textilander solicitó el pago por su trabajo el 22 de septiembre y que fue hecho efectivo mediante cheque el 18 de octubre. Así, pide citar a Durán y Pinto como acusados y a una decena de funcionarios para establecer “la verdad histórica de los hechos”.
DETALLES
INICIATIVA PROPIA
El Departamento Especial de Lucha Contra el Crimen, Unidad Anticorrupción de la Policía Boliviana, inició la investigación por decisión propia, al enterarse de presuntos hechos de corrupción en el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra.
CASO COMPLEJO
Luego de revisar la documentación colectada desde el Concejo Municipal y compararla con la que funcionarias del Concejo subieron a la web del Sistema de Contrataciones del Estado (Sicoes), el teniente que investigó el caso llegó a la conclusión de que no coinciden.
DOS SEMANAS
En 14 días, Textilander presentó una propuesta de fabricación de bandas, se generó una necesidad presupuestaria y se entregó el material.
Para la diputada Sandóval, la habilitación de un exministro de Evo Morales despierta susceptibilidad
Compras irregulares Comandante de Ejército denunciado por corrupción
El Ministerio Público admitió la denuncia penal por corrupción, enriquecimiento ilícito y otros delitos en contra del comandante de Ejército Williams Carlo Kaliman Romero, y otras autoridades castrenses, según informó el abogado Omar Durán, querellante del hecho.
Los hechos de corrupción tienen que ver con la presunta irregular compra de repuestos para motores y otros insumos, afirmó el abogado tras remarcar que luego de un demorado trámite la denuncia no solamente fue admitida por la Fiscalía, sino también por el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas.
“Es en contra del general Williams Kaliman Romero, que está involucrado en diferentes actos de corrupción como enriquecimiento ilícito, daño económico al Estado, conducta antieconómica, uso de bienes del Estado (…). Hemos tardado en que se acepte porque había algo extraño por ahí”, declaró el abogado, según un informe difundido ayer por radio Fides de La Paz.
Al respecto, consultado el coronel Joel Bleisner, director de Comunicación de las FFAA, señaló a EL DIARIO que aún no se cuenta con información oficial sobre el caso. “No conocemos nada sobre el particular”, refirió. De igual forma dijo no conocer si la notificación hubiera sido remitida al Comando en Jefe.
No obstante, según las declaraciones públicas del abogado Omar Durán, la denuncia con el número de caso e investigador asignado se encuentra en proceso de averiguaciones. El jurista señaló que por aspectos disciplinarios propios de las Fuerzas Armadas, el caso también fue puesto en conocimiento del Comandante en Jefe de las FFAA, almirante Yamil Borda Sosa, quien hubiera sido notificado el pasado 11 de septiembre y siguiendo el curso regular también fue informado el capitán general de las FFAA, el presidente Evo Morales.
Los hechos de corrupción tienen que ver con la presunta irregular compra de repuestos para motores y otros insumos, afirmó el abogado tras remarcar que luego de un demorado trámite la denuncia no solamente fue admitida por la Fiscalía, sino también por el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas.
“Es en contra del general Williams Kaliman Romero, que está involucrado en diferentes actos de corrupción como enriquecimiento ilícito, daño económico al Estado, conducta antieconómica, uso de bienes del Estado (…). Hemos tardado en que se acepte porque había algo extraño por ahí”, declaró el abogado, según un informe difundido ayer por radio Fides de La Paz.
Al respecto, consultado el coronel Joel Bleisner, director de Comunicación de las FFAA, señaló a EL DIARIO que aún no se cuenta con información oficial sobre el caso. “No conocemos nada sobre el particular”, refirió. De igual forma dijo no conocer si la notificación hubiera sido remitida al Comando en Jefe.
No obstante, según las declaraciones públicas del abogado Omar Durán, la denuncia con el número de caso e investigador asignado se encuentra en proceso de averiguaciones. El jurista señaló que por aspectos disciplinarios propios de las Fuerzas Armadas, el caso también fue puesto en conocimiento del Comandante en Jefe de las FFAA, almirante Yamil Borda Sosa, quien hubiera sido notificado el pasado 11 de septiembre y siguiendo el curso regular también fue informado el capitán general de las FFAA, el presidente Evo Morales.
martes, 11 de septiembre de 2018
Caso Odebrecht: Comisión dice que confirmó sobornos
La Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa que investiga la suscripción de contratos entre el Estado y las empresas brasileñas Odebrecht y Camargo Correa, informó que indagó las cuentas bancarias de 179 personas y se confirmó sobornos en el país.
"Se ha terminado de investigar con la ayuda de la Unidad de Investigaciones Financieras a 179 personas, se ha conformado un modus operandi idéntico que los demás países, se ha confirmado que Lava Jato sí llegó a Bolivia en diferentes años, se ha confirmado qué personas son las que han tenido presunta participación en estos sobornos", dijo la presidenta de esta comisión, Susana Rivero, al anunciar ajustes finales a la investigación, para luego llevarla a sesión de Asamblea. ABI
Video Leyes reaparece en video para rechazar nuevas acusaciones de corrupción
José María Leyes, alcalde suspendido de Cochabamba, reapareció tras varios meses en silencio para rechazar las nuevas denuncias que lo implican con otro caso de corrupción, el supuesto sobreprecio en la adquisición de cámaras de seguridad. El burgomaestre, que actualmente guarda detención domiciliaria por el caso mochilas, se declaró inocente.
A través de su cuenta en Facebook, vistiendo un chaleco verde (color que distingue a su partido Demócratas), y con un aspecto mucho mejor que aquel que lució en una de sus últimas audiencias judiciales, Leyes se declaró un "perseguido político" del Movimiento Al Socialismo (MAS) y del gobierno. "Usan a la justicia y se inventan acusaciones", dijo.
Leyes es acusado de un sobreprecio de 29 millones de bolivianos en la compra de cámaras y radiobases para el proyecto 'Ciudad Segura, Ciudad Inteligente'. El Viceministerio de Transparencia asegura que la adquisición se realizó mediante procedimientos irregulares que lograron burlar el control y la fiscalización del Concejo Municipal.
El alcalde suspendido asegura que este proyecto incluso fue elogiado en el pasado por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, y que está diseñado no solo para seguridad ciudadana sino para conectar otros servicios como las emergencias médicas. Descartó cualquier compra fuera de norma.
La Fiscalía Departamental de Cochabamba ya inició el proceso de investigación e iniciará la citación de al menos 15 funcionarios implicados en el proceso de adquisición de la cámara.
A través de su cuenta en Facebook, vistiendo un chaleco verde (color que distingue a su partido Demócratas), y con un aspecto mucho mejor que aquel que lució en una de sus últimas audiencias judiciales, Leyes se declaró un "perseguido político" del Movimiento Al Socialismo (MAS) y del gobierno. "Usan a la justicia y se inventan acusaciones", dijo.
Leyes es acusado de un sobreprecio de 29 millones de bolivianos en la compra de cámaras y radiobases para el proyecto 'Ciudad Segura, Ciudad Inteligente'. El Viceministerio de Transparencia asegura que la adquisición se realizó mediante procedimientos irregulares que lograron burlar el control y la fiscalización del Concejo Municipal.
El alcalde suspendido asegura que este proyecto incluso fue elogiado en el pasado por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, y que está diseñado no solo para seguridad ciudadana sino para conectar otros servicios como las emergencias médicas. Descartó cualquier compra fuera de norma.
La Fiscalía Departamental de Cochabamba ya inició el proceso de investigación e iniciará la citación de al menos 15 funcionarios implicados en el proceso de adquisición de la cámara.
lunes, 10 de septiembre de 2018
Jhonny pide a la Fiscalía y al Gobierno investigar costos de los actos de la Alcaldía
El domingo, una investigación de EL DEBER sobre las contrataciones de la Alcaldía cruceña estableció que la comuna pagó este año entre Bs 27.850 y Bs 95.510 por los actos del alcalde Percy Fernández en los barrios y entre Bs 22.260 y Bs 49.950 por los que organiza del Concejo Municipal para el mismo tipo de actividades. Como reacción a la publicación periodística sustentada por la documentación disponible en el sitio web del Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), ayer el concejal de UCS, Jhonny Fernández, anunció que promoverá investigaciones a la administración municipal de parte del Viceministerio de Transparencia Institucional, dependiente del Ministerio de Justicia y del Ministerio Público.
“Es una vergüenza”, dijo el ex alcalde cruceño en una breve rueda de prensa a la que convocó cerca del mediodía del domingo. Según él, existen medios para demostrar que algunos de los ítems que paga el municipio para la organización de sus actos en los barrios son altos. Por ejemplo, dijo que en el supermercado Hipermaxi se pueden comprar panchitos a Bs 6 y con factura, por lo que no entiende por qué la comuna hubiese pagado Bs 12 o Bs18.
Se buscó la postura de la Alcaldía cruceña frente a las advertencias del jefe de UCS, pero el secretario de Gestión y Coordinación, Jorge Landívar, derivó las cosas a la Dirección de Comunicación (Dircom) de la Alcaldía. Y la Alcaldía respondió con otra consulta y enfocándose en el autor de la investigación. “Consultarles si el periodista de EL DEBER encontró algún délito”, respondió por escrito Dircom.
A su turno, la concejala de Santa Cruz Para Todos (SPT), Loreto Moreno, calificó de “poco serias” las advertencias del concejal Fernández. “Eso nos tiene sin cuidado. Se tiene que investigar, se tienen que presentar pruebas, la Contraloría tiene que presentar su informe. Él (Jhonny Fernández) debe entregar pruebas legales, no solo fotocopias”, dijo, para luego asegurar que solo hace acusaciones mediáticas, pero nada serio.
Para Fernández no alcanza solo con una petición de informe escrito al alcalde, sino que correponde procesar y para ello pretende que la administración de Evo Morales coadyuve, tal como lo hace contra la gestión del alcalde de Cochabamba, José María Leyes.
domingo, 9 de septiembre de 2018
sábado, 8 de septiembre de 2018
Leyes, acusado por corrupción en proyecto de Bs 29 millones
El Viceministerio de Transparencia Institucional denunció ayer al suspendido alcalde José María Leyes por un presunto acto de corrupción de más de 29 millones de bolivianos a través del proyecto denominado “Cochabamba ciudad segura”.
El titular de esa cartera de Estado, Diego Jiménez, explicó las irregularidades que van desde la contratación para la adquisición de cámaras de seguridad, torres de control y software, hasta el sobreprecio en todo este proceso.
Ante la evidencia, dijo que se presentará una denuncia penal ante el Ministerio Público por los delitos de malversación, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.
“Estamos hablando de un hecho de corrupción mucho más grave que el tema de las mochilas, es un megahecho de corrupción en el municipio de Cochabamba. Es una instrucción del ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, que todo hecho de corrupción en Bolivia sea investigado y sancionado en cumplimiento al mandato del presidente Evo Morales de cero tolerancia a la corrupción”, afirmó en conferencia de prensa.
Las personas denunciadas e involucradas son el suspendido alcalde Leyes; la directora de Seguridad Ciudadana, Velka Krelac García; el secretario municipal de Finanzas, Diego Bernardo Moreno; el secretario municipal de Desarrollo Humano, Marcos Cuevas Gutiérrez; el director Administrativo y de Bienes Municipales, Óscar Baptista; el director de Tecnologías de Información y Comunicación, Marko Bascopé Maida; el jefe del Departamento de Activos Fijos Muebles, Ricardo Zelada Aguirre, entre otros.
El Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba en las gestiones 2016 y 2017 realizó el proyecto red digital “Cochabamba ciudad segura”. Dentro de éste se ejecutaron cuatro procesos de contratación por 108 millones de bolivianos para la adquisición de equipamiento y software; implementación de torres de telecomunicaciones de fibra óptica; servicio de supervisión al proyecto Red Digital Municipal Cochabamba; y servicio de armado de exposición del proyecto. El proceso duró 27 días, tiempo récord para contratar una empresa con invitación directa.
“Debemos señalar que, en primera instancia, dentro de las irregularidades procesales se ha incumplido la Ley 264, que es la Ley de Seguridad Ciudadana que les da la facultad a los municipios de hacer proyectos de inversión en seguridad ciudadana e incluso hacer inversiones y contrataciones directas, pero bajo reglamentación específica”, detalló.
Dijo que además del irregular procedimiento de contratación e incumplimiento de leyes, se dio un sobreprecio. De las investigaciones preliminares se estableció a la fecha un daño económico de 29.021.518 bolivianos, respecto a los ítems con sobreprecio de los procesos de contratación, adquisición de equipamiento y software con la empresa Huawei Bolivia SRL, y torres de telecomunicaciones con la empresa Hansa Ltda.
“Estos temas tienen que investigarse, se harán las pericias técnicas necesarias, desconocemos si aparte de los sobreprecios se cumplieron con las especificaciones técnicas de lo que supuestamente han comprado, no existen documentos, no hay un acta de recepción”, aseveró.
El Viceministro lamentó que se denuncie otro caso de corrupción que involucra a militantes del partido de los Demócratas en ese municipio.
miércoles, 5 de septiembre de 2018
Diputada Moye es denunciada por presentar bajas médicas falsificadas
La secretaria del comité de Relaciones Económicas Internacionales diputada Jimena Costa (UD) denunció a su colega Ramona Moye (MAS) ante la Comisión de Ética, por falsificación de bajas médicas que presentó para obtener licencia en la Cámara de Diputados.
La diputada Moye presentó certificados médicos firmados por los supuestos galenos de la Caja Petrolera Regional La Paz: Rodrigo Rico Flores y Carla Sansustegue, quienes otorgaron bajas médicas para que la legisladora obtenga licencia en la Comisión de Relaciones Exteriores.
Sin embargo, la diputada Costa presentó pruebas que ninguno de los médicos trabaja en la Caja Petrolera de La Paz, tampoco están registrados en el Colegio Médico de Bolivia, ni en el Colegio Médico de La Paz, de acuerdo a la documentación que accedió ANF
Costa formalizó su denuncia “en contra de la diputada Ramona Moye Camaconi, denuncia que realizo por presentar solicitudes de licencia con bajas médicas presuntamente falsificadas”, dice el texto de la denuncia de la legisladora.
La diputada denunciante advirtió en los documentos que los números de baja no son correlativos, que el segundo parte de baja presentado 36 días después del primero tiene un número correlativo. "Hemos acumulado todos los documentos para formular la denuncia ante la Comisión de Ética", sostuvo.
Por otra parte, los sellos de los galenos no llevan el número de registro otorgados por los colegios médicos, una vez que la diputada Costa advirtió las “irregularidades” solicitó certificaciones al Colegio Médico de Bolivia, al Colegio Médico de La Paz y a la Caja Petrolera Regional sobre si estos profesionales pertenecen a estas entidades, todas respondieron que no.
El comité de Relaciones Económicas Internacionales convocó a su quinta sesión para el 28 de marzo, el 27 de ese mes la diputada Moye presentó en el comité una solicitud de licencia por baja médica de tres días de impedimento.
Para sustentar su pedido adjuntó el “parte de baja médica N° 005724 emitido por la Caja Petrolera Regional La Paz firmada por la doctora Carla Sansustegue-medicina interna, sin número de registro”, su diagnóstico es “dengue”.
Posteriormente, el 30 de abril de este año se realizó la citación para la décima sesión del mismo comité para el 2 de mayo, Moye presentó una nueva solicitud de licencia por baja médica de tres días de impedimento.
Adjuntó “el parte de baja médica N° 05723 emitido por la Caja Petrolera Regional La Paz y firmada por el doctor Rodrigo Rico Flores-médico cirujano sin número de registro en su respectivo colegio profesional o Ministerio de Salud también con el diagnóstico de dengue”.
Además, de acuerdo a la documentación que presentó Costa, Moye es jefa de la bancada de Beni y en esa calidad firmaba sus solicitudes de licencia.
La diputada Moye presentó certificados médicos firmados por los supuestos galenos de la Caja Petrolera Regional La Paz: Rodrigo Rico Flores y Carla Sansustegue, quienes otorgaron bajas médicas para que la legisladora obtenga licencia en la Comisión de Relaciones Exteriores.
Sin embargo, la diputada Costa presentó pruebas que ninguno de los médicos trabaja en la Caja Petrolera de La Paz, tampoco están registrados en el Colegio Médico de Bolivia, ni en el Colegio Médico de La Paz, de acuerdo a la documentación que accedió ANF
Costa formalizó su denuncia “en contra de la diputada Ramona Moye Camaconi, denuncia que realizo por presentar solicitudes de licencia con bajas médicas presuntamente falsificadas”, dice el texto de la denuncia de la legisladora.
La diputada denunciante advirtió en los documentos que los números de baja no son correlativos, que el segundo parte de baja presentado 36 días después del primero tiene un número correlativo. "Hemos acumulado todos los documentos para formular la denuncia ante la Comisión de Ética", sostuvo.
Por otra parte, los sellos de los galenos no llevan el número de registro otorgados por los colegios médicos, una vez que la diputada Costa advirtió las “irregularidades” solicitó certificaciones al Colegio Médico de Bolivia, al Colegio Médico de La Paz y a la Caja Petrolera Regional sobre si estos profesionales pertenecen a estas entidades, todas respondieron que no.
El comité de Relaciones Económicas Internacionales convocó a su quinta sesión para el 28 de marzo, el 27 de ese mes la diputada Moye presentó en el comité una solicitud de licencia por baja médica de tres días de impedimento.
Para sustentar su pedido adjuntó el “parte de baja médica N° 005724 emitido por la Caja Petrolera Regional La Paz firmada por la doctora Carla Sansustegue-medicina interna, sin número de registro”, su diagnóstico es “dengue”.
Posteriormente, el 30 de abril de este año se realizó la citación para la décima sesión del mismo comité para el 2 de mayo, Moye presentó una nueva solicitud de licencia por baja médica de tres días de impedimento.
Adjuntó “el parte de baja médica N° 05723 emitido por la Caja Petrolera Regional La Paz y firmada por el doctor Rodrigo Rico Flores-médico cirujano sin número de registro en su respectivo colegio profesional o Ministerio de Salud también con el diagnóstico de dengue”.
Además, de acuerdo a la documentación que presentó Costa, Moye es jefa de la bancada de Beni y en esa calidad firmaba sus solicitudes de licencia.
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