martes, 30 de agosto de 2016

Video de supuesto soborno involucra a diputado de UD


El diputado de Unidad Demócrata (UD), Wilson Santa María, podría ser llevado a la Comisión de Ética de la Cámara Baja, luego de difundirse un video en el que se observa al legislador entregar algo a un oficial de policía. Se espera su versión para las siguientes horas.

El video difundido por las redes sociales muestra a Santa María en un evento social y en determinado momento saca de su bolsillo algo que es entregado a un oficial uniformado.

Para el diputado opositor Amilcar Barral el caso no debe causar especulación, porque se podría tratar de cualquier asunto que no tenga que ver con un ilícito.

Sin embargo, dejó la última palabra para su correligionario de bancada para que pueda dar una explicación a la sociedad y así desvirtuar un hecho que podría ser utilizado de forma política.

Por su lado, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Víctor Borda, dijo que el caso debe ser explicado por Santa María, pero adelantó que cualquier irregularidad evidenciada puede generar responsabilidades administrativas, de forma interna en la Cámara de Diputados, y también responsabilidades penales según la tipificación que se pueda advertir respecto a algún ilícito.

La presidenta de Diputados, Gabriela Montaño, fue más dura en sus palabras contra el legislador opositor tratando de descalificarlo como un fiscalizador al régimen del MAS.

“¿Con qué moral el diputado Wilson Santamaría va a fiscalizar, cumplir su labor de fiscalización si está involucrado en un hecho de corrupción, un cohecho?”, declaró Montaño, según boletín de la Cámara Baja.

La diputada dejó entrever que Santa María pasará a la Comisión de Ética.

viernes, 26 de agosto de 2016

León: Zapata recibía el 5 por ciento por contrato adjudicado

El abogado Eduardo León denunció que la exnovia del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata, realizó contratos con los ministerios de Minería y Obras Públicas y obtenía el 5 por ciento por cada contrato que se adjudicaba la empresa china CAMC.

Agregó que Zapata actuaba “en confabulación con los abogados William Sánchez Peña, Walter Zuleta (prófugos de la justicia) y algunos políticos”.

León dijo que "Gabriela Zapata ganaba 7 mil dólares por los contratos que lograban algunas empresas y además el 5 por ciento por contrato que ella conseguía. Tenemos documentado".

Agregó que la joven "tenía contratos con el Ministerio de Minería y con el Ministerio de Obras Públicas, a partir de sus cuatro empresas. Hacía consultorías por 7 mil dólares al mes, y por cada contrato que ella obtenía ganaba el 5 por ciento , en algunos casos, y el 2.5 por ciento , en otros. Imagínese el porcentaje de 100 millones de dólares de un contrato y eso ganaba la señora Gabriela Zapata".

Al abogado aseveró que el Ministerio Público se parcializó con Zapata ya que hasta ahora no la imputó por el delito de trata y tráfico de personas y le va favoreciendo en otros casos, eximiéndola de algunos delitos. León indicó que el Gobierno “protege a Zapata y ha querido, bajo mi libertad, pretender que yo involucre a otros políticos, a otras personas que estarían supuestamente metidas en este caso". Zapata fungía como gerente comercial de la empresa china CAMC y ganaba en promedio sobre los 3 mil o 4 mil dólares, según declaración del abogado Walter Zuleta, y supuestamente llegó a ocupar ese cargo a raíz de la relación sentimental que sostuvo con el presidente Evo Morales.

Recientemente, el Ministerio Público eximió a Zapata de los delitos de uso indebido de influencias en grado de complicidad, falsedad material, ejercicio indebido de la profesión y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado. León lamentó que no se investiguen las influencias que tuvo la exnovia de Morales.

Eduardo León: “Por mi libertad pidieron que involucre a opositores y oficialistas”

Noticia publicada elEl abogado Eduardo León sostuvo el jueves, que tuvo ofertas de personas del Gobierno para conseguir su libertad en corto tiempo, pero debía involucrar en sus declaraciones a militantes opositores y a funcionarios del Movimiento Al Socialismo (MAS).

CONCEDIERON TUTELA

La revelación de León la hizo antes de ingresar a su audiencia se cesación a la detención preventiva que tiene en San Pedro. En este tema, el juez Abrahán Aguirre, del juzgado cuatro de ejecución penal, le otorgó la tutela a un incidente que presentó y remitió el caso al juzgado 13vo, donde se debe conocer la determinación de sí le otorgan libertad.

PROMESA DE LIBERTAD

“Han pretendido bajo la promesa de mi libertad, que en mis declaraciones involucre a políticos de la oposición y también del propio Gobierno, y fue la misma gente del Gobierno. Las propuesta las hicieron inclusive antes de mi detención”, explicó León antes de enfrentar al juez en su pedido de cesación de detención.

“Hubo gente torturada en este proceso para inculparme en más delitos y a mí me presionaron para que diga qué gente de la oposición estaba detrás de todo el caso Zapata”, continuó el exabogado de la madre del hijo de Evo Morales.

Para el jurista, que guarda prisión en el reclusorio de San Pedro, la persona que planeó todo el proceso es Gabriela Zapata.

“Está claro que fue Gabriela Zapata la persona que planeó todo este complot y por eso la Fiscalía le libra de los dos únicos delitos por los que podía ser condenada a más de dos años de prisión”, subrayó León.

“Ella (Zapata) goza de protección y de impunidad, y aunque pidan la cárcel de por vida, el Ministerio Público no va poder sostener su acusación, porque en todos está en calidad de cómplice”, acotó.

La Fiscalía exoneró a Zapata de los delitos de falsedad material, ejercicio indebido de la profesión y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, pero anunció que mantiene la acusación de otros ocho, en su mayoría referido a trata y tráfico de personas.

jueves, 25 de agosto de 2016

Acusan de estafa a funcionario municipal y a dos cómplices

Un hombre vio un anuncio en los diarios en los que se ofertaba en venta un lote en la zona de Mesadilla. Llamó a los teléfonos de referencia y se contactó con dos hombres y una mujer que se presentaron como los apoderados del dueño del terreno.

Estos le pidieron 72.000 dólares y le prestaron una copia de un documento de propiedad para que verifique que “todo estaba en regla”. Incluso le dieron una fotocopia del carnet del supuesto propietario.

El comprador pensó en conseguir una rebaja en el precio del lote y fue a buscar al dueño para pedirle que negocien sin la intermediación de los apoderados. Grande fue su sorpresa cuando el supuesto dueño le dijo que no tenía lotes en Mesadilla. Con él fueron hasta la fuerza anticrimen para sentar una denuncia.

En un operativo ejecutado por policías y una fiscal el martes, los tres “apoderados” fueron aprehendidos en poder del título de propiedad falso.

La fiscal Faridy Arnez dijo que los tres detenidos son investigados por los delitos de uso de instrumento falsificado, falsedad material, tentativa de estelionato y de estafa.

Rolando Ramos, el abogado del hombre que se salvó de ser estafado, acotó que el funcionario de la Comuna Tunari René R.Z. podría ser imputado, además, por el delito de uso indebido de bienes del Estado, pues utilizó un vehículo oficial de la Alcaldía para acudir a la cita con la víctima. “Lo más preocupante es que este funcionario tenía acceso a cédulas de identidad y a documentos de propiedades por los trámites que ingresan a las Comunas y él los usaba para delinquir”, sostuvo.

Los otros dos cómplices, Gustavo P.Ch. y Greta H.M. se acogieron a su derecho al silencio.

Preocupante

El abogado dijo que es grave que funcionarios usen los documentos de trámites para delinquir.

miércoles, 24 de agosto de 2016

CAMC no pagó AFP ni registró a Zapata en Ministerio de Trabajo

La empresa china CAMC contrató a Gabriela Zapata Montaño, expareja del presidente Evo Morales, como su gerente comercial, pero la compañía no pagó AFP ni la registró como empleada ante el Ministerio de Trabajo, como exigen las leyes laborales de Bolivia.

De acuerdo al requerimiento conclusivo de acusación que presentó la Fiscalía, Zapata fue contratada por la firma china CAMC sin la exigencia de mayores requisitos que correspondan al perfil laboral necesario para que cumpla esa función.

El Contrato de Prestación de Servicios suscrito entre la firma estatal china y Gabriela Zapata señala que fue por 144.000 dólares, y la exnovia del Jefe de Estado percibió mensualmente un sueldo de 3.000 dólares.

Ante la pregunta que formuló el senador Óscar Ortiz, en la Petición de Informe Escrito 227/2016-2017 "¿Si la empresa china CAMC efectuó aportes a favor de la expareja de Morales en las gestiones de 2012, 2013, 2014 y 2015?”, el viceministro de Pensiones de Servicios Financieros, Mario Guillén, informó que "la señora Gabriela Geraldine Zapata Montaño no cuenta con registro como Asegurada a la Seguridad Social de Largo Plazo en BBVA Previsión AFP S.A. ni en Futuro de Bolivia S.A. AFP”.

La única excepción para que la china CAMC no pague AFP es que haya contratado a Zapata como consultora, según la normativa.

De acuerdo al procedimiento para consultores al Sistema Integral de Pensiones (SIP), todo consultor de línea, consultor por producto o consultor extranjero cuyo contratante sea una representación internacional acreditado ante el Estado Plurinacional de Bolivia no se encuentra en la obligación de efectuar el pago de contribuciones al SIP, pudiendo realizarlo de manera voluntaria.

Por otro lado, el ministro de Trabajo, Gonzalo Trigoso, aseguró, en mayo pasado mediante un informe escrito, que la CAMC -que firmó contratos con el Estado boliviano por más de 500 millones de dólares- inició actividades el 16 de mayo de 2014, presentando de manera trimestral las planillas correspondientes y otros documentos que exige su cartera de Estado.

En ese sentido, entre otros documentos, menciona que la CAMC presentó el "Formulario de Registro Obligatorio de empleadores, cuya información refleja un total de 377 trabajadores incluyendo los montos que corresponden a los aportes de seguro social de corto y largo plazo declarando información adicional a la sucursal ubicada en la ciudad de Cochabamba”.


Al concluir señala que en los archivos y registros del Ministerio de Trabajo "no se cuenta con ningún contrato a nombre de la señora Gabriela Zapata”, asimismo "no se habría reportado alguna relación laboral con la mencionada señora por parte de la empresa china CAMC enginnering co Ltda Bolivia Branch”.

El jefe de bancada de Unidad Demócrata, Arturo Murillo, solicitó a la Fiscalía la pronta convocatoria de los ejecutivos de CAMC debido a que infringieron varias normas laborales, tomando en cuenta que toda empresa internacional que opera en Bolivia se rige bajo leyes bolivianas.

Indicó que en mayo, mediante memorial, solicitaron a la Fiscalía la comparecencia, pero "hicieron oídos sordos”.



Antelo y Grundy, vinculados a Zapata, no figuran en la acusación

Sigfrido Antelo Suárez y Dennis Grundy, operadores de Gabriela Zapata Montaño (la expareja del presidente Evo Morales), no figuran en la lista de acusados que presentó la Fiscalía por el caso de uso indebido de las oficinas de la Unidad de Gestión Social dependiente del Ministerio de la Presidencia.

La Fiscalía señala en el requerimiento conclusivo de acusación dice que Antelo fue quien abordaba a las presuntas víctimas, "mencionando que tenía contacto con una mujer de bastante influencia y de llegada directa con la primera autoridad del Estado Plurinacional de Bolivia”. Grundy se reunía con Zapata en oficinas de Gestión Social.

En mayo pasado, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, denunció que la exenamorada del presidente Evo Morales y Cristina Choque, exdirectora de Gestión Social, eran líderes de una organización criminal integrada por al menos tres supuestos cómplices: Ricardo Alegría Sequeiros, exfuncionario de la Cámara de Senadores; Carlos Marvin Ramiorez, operador político, ambos detenidos preventivamente, y Antelo (prófugo).

Antelo de sobrenombre Pipo -explicó Quintana- tenía el papel, en la organización criminal, de ser el enlace con empresarios nacionales. Además que tiene antecedentes penales, un proceso por estafa en el año 2000 y otro proceso por estelionato en 2011.

"Existe información que vincula a Antelo con casas de juego ilegales en la ciudad de Santa Cruz, aspecto que debe ser investigado por la Fiscalía”, se indicó en las diapositivas que presentó el ministro Quintana.

En una anterior oportunidad se consultó por el paradero de Antelo al fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, quien dijo que éste era investigado. Posteriormente, se le preguntó al fiscal general, Ramiro Guerrero, sobre Grundy y dijo que había solicitado un juicio abreviado, pero que estaba aún en análisis.

martes, 23 de agosto de 2016

Fiscalía presenta 200 pruebas para procesar a Zapata



La Fiscalía presentó al juzgado 200 pruebas documentadas y testificales como parte de la acusación contra la exnovia del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata. El documento, al que accedió Los Tiempos, menciona movimientos bancarios, compras y el ingreso a oficinas del Ministerio de la Presidencia.

El documento se denomina “Requerimiento Conclusivo de Acusación” y está dirigido a Gabriela Zapata, Pastora Cristina Choque Espinoza, Jimmy Morales y otro, y está en manos del el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción con sede en la ciudad de La Paz.

Según el documento, la comisión de fiscales, integrada por los abogados Daniel Ayala Yupanqui y Juan Carlos Soria Carpio, eleva la proposición acusatoria en contra de las personas mencionadas por la presunta comisión de los delitos de: uso indebido de bienes y servicios públicos, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, legitimación de ganancias ilícitas, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, contribuciones y ventajas ilegítimas y asociación delictuosa.

El Ministerio Público sostiene que las pruebas testificales y documentales están destinadas a demostrar en forma clara y objetiva la conducta de cada uno de los acusados y su relación con los delitos cometidos.

De acuerdo con la documentación, las pruebas documentales —que son 154— hacen una relación estricta de cómo se planteó el caso ante la Fiscalía que va desde la denuncia de la ministra de Transparencia Institucional, Lenny Valdivia, hasta el flujo migratorio del coacusado, el abogado Walter Humberto Antonio Zuleta Buitrago.

Entre las evidencias hace referencia a los movimientos bancarios de Gabriela Zapata Montaño, es decir los depósitos y retiros de cuentas, la compra de departamento, de vehículos, el ingreso constante a la Unidad de Apoyo a la Gestión Social dependiente del Ministerio de la Presidencia y las personas con las que se reunía, todo, presumiblemente, con el consentimiento de la exjefa de esa repartición y ahora también coacusada, Cristina Choque.

Dentro de este conglomerado de pruebas se adjunta una “certificación de la empresa China Camce” sobre los haberes que percibía como empleada de la misma, y que según el Ministerio Público no guarda relación con el perfil económico de las cuentas bancarias que administraba Zapata Montaño.

Las pruebas testificales, en un número de 42, se refiere a las declaraciones que realizarán algunas personas dentro de este proceso. Entre ellos, Hugo Darío Carvajal Ayaviri, esposo de Gabriela Zapata.



LOS COACUSADOS EN EL JUICIO

Además de Gabriela Zapata, los otros coacusados son:

Pastora Cristina Choque Espinoza por los supuestos delitos de “asociación delictuosa, incumplimiento de deberes, uso indebido de bienes y servicios públicos, uso indebido de influencias”.

Jimmy Israel Morales Cuba, “asociación delictuosa, incumplimiento de deberes y uso indebido de bienes y servicios”.

Ricardo Abelardo Alegría Sequeiros, “asociación delictuosa, legitimación de ganancias ilícitas y uso indebido de bienes y servicios”.

Carlos Marvin Ramírez Aramayo, “asociación delictuosa, y uso indebido de bienes y servicios”.

Walter Humberto Antonio Zuleta Buitrago, “asociación delictuosa, contribuciones y ventajas ilegítimas y uso indebido de bienes y servicios”.



ACORRALAN A GABRIELA ZAPATA

Conglomerado de delitos contra exnovia de Evo

En el proceso contra Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales, por el delito de “legitimación de ganancias ilícitas”, la Fiscalía incorpora la efectivización de movimientos bancarios, la compra de vehículos, departamento y el contrato de anticrético y de compra y venta de la casa en que moraba, y el de la sociedad Consilium SRL, utilizada para disfrazar ingresos provenientes de actividades ilícitas, que será testificadas por Antonio Assef Gonzales y Fernando Ramos Ramírez.

Uso indebido de bienes

El otro supuesto de “uso indebido de bienes y servicios públicos”, se sustenta con el uso de las oficinas de la Unidad de Apoyo a la Gestión Social (Salón VIP) sin ser servidora pública para reunirse con terceras personas.

Ventaja ilegítima

Sobre el tipo penal de “contribuciones y ventaja ilegítimas” contempla varios aspectos, pero uno de los que llaman la atención es sobre la reunión que tuvo en Gestión Social con Dennis Grundy y Alberto Soto bajo el objeto de la “presunta aprobación del Proyecto de Adquisición de Equipos de Seguridad para el G-77”. También se contempla la posible consolidación del proyecto de “creación de una Cámara de Juegos”.

Instrumento falsificado

En de “uso de instrumento falsificado”, se hace referencia al certificado de maternidad, certificado de nacimiento del menor EFMZ, que utilizaba para constituirse en ministerios y aparentar de ser una persona influyente y allegada a altas esferas.

Uno de los primeros usos del certificado de nacimiento fue en 2010 cuando ingresó a la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) bajo el argumento de coordinar proyectos.

Falsedad ideológica

Por último “falsedad ideológica”, uso de un título en provisión nacional de Licenciada en Derecho de la UMSA del que dejó una copia en el Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) para el trámite de su cédula de identidad.

Fiscalía: CAMC contrató a Zapata porque simulaba tener influencias

Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales, fue contratada por la empresa china CAMC como Gerente Comercial porque se trataba "de una mujer de bastante influencia” en el Gobierno y "de llegada directa con la primera autoridad del Estado Plurinacional”, señala la acusación formal que presentó la Fiscalía.

La acusación por el delito de contribuciones y ventajas ilegítimas que presentaron los fiscales Juan Carlos Soria y Daniel Ayala indica que Zapata visitó desde el 2011 las instalaciones de la Unidad Gestión Social del Ministerio de la Presidencia y en algunas oportunidades registró su ingreso como servidora de dicha entidad.

"La sindicada ingresaba y utilizaba el Salón VIP de la UGS… con la finalidad de generar una situación de apariencia, simulando que ejercía funciones en esa institución, inclusive al participar de actos oficiales de entrega de donaciones”, señala parte de la acusación.

En el documento también se indica que Sigfrido Antelo Suárez, su colaborador, era quien abordaba a empresarios con el argumento de que él tenía contacto con "una mujer de bastante influencia y de llegada directa con la primera autoridad del Estado Plurinacional de Bolivia”.

"Precisamente aquella simulación habría propiciado que la empresa china CAMC (la) contrate como Gerente Comercial sin la exigencia de mayores requisitos que correspondan al perfil laboral necesario para cumplir aquella función”, indica la acusación.

Asimismo, al ser gerente de la firma china "obtuvo dinero y/o ventajas económicas que se encuentran plasmadas en la retribución monetaria elevada, que se constata del contenido del Contrato de Prestación de Servicios suscrito entre la nombrada firma y Gabriela Zapata, reflejando éste un monto de 144.000 dólares, percibiendo mensualmente un sueldo de 3.000 dólares”.

De acuerdo a declaraciones que recogió la Fiscalía, una vez que la expareja de Morales renunció a su cargo recibió en forma conjunta 80.000 dólares, "es decir obtuvo dineros o ventajas económicas en beneficio propio, emergentes de esa simulación”.

Zapata, simulando tener influencias, en abril de 2014 se reunió con Dennis Grundy y Alberto Soto en la UGS y "tenía por objeto la presunta aprobación del Proyecto de Adquisición de Equipos de Seguridad para el G77”.

Tras 27 días de esa cita, Zapata viajó a Buenos Aires junto a Sigfrido Antelo para supuestamente realizar una valoración de los equipos para la Cumbre.

También obtuvo 50 mil dólares de Hovsep A. A. G., quien fue convencido de que Zapata consolidaría el proyecto de creación de una "Cámara de Juegos”. El mismo "modus operandi” aplicó con otros empresarios con quienes se reunió en la UGS.

La expareja de Morales en una entrevista anterior admitió que trabajó en CAMC desde noviembre de 2013. "Trabajo en la empresa desde noviembre de 2013. Hice consultorías con un grupo internacional y ellos fueron los que me recomendaron, no el Presidente (Evo Morales)”, dijo.

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, también confirmó que Zapata trabajó en esa firma desde 2013 hasta febrero de este año, es decir que ella ejercía funciones de gerente durante los procesos de contratación directa del ingenio azucarero San Buenaventura, represa Misicuni, planta de Sales de Potasio, la ferrovía Bulo Bulo-Montero y la adquisición de taladros para la estatal YPFB.

Comisión de “Papales de Panamá” no desestima investigar a Entel

La Comisión que investiga los “Papales de Panamá” no descarta comenzar a investigar a la Empresa de Telecomunicaciones (Entel), porque figura en las listas de los paraísos fiscales de la nación centroamericana, informó la diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), miembro de la Comisión, Sonia Brito.

La oposición, por su lado, demandó investigar también los recursos de empresas como Toyosa y Gravetal.

Según Brito, la Comisión de los Papeles de Panamá definirá en septiembre el cronograma de trabajo, para ver qué empresas serán investigadas, basándose en las transacciones millonarias en paraísos fiscales, además de analizar la situación de Entel.

Explicó que los parlamentarios pretenden demostrar quiénes evadieron impuestos, porque las transacciones internacionales deben estar debidamente registradas en el Banco Central de Bolivia (BCB), además de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), instituciones que regulan los impuestos del flujo no monetario al exterior.

“En caso de descubrirse a empresas de tener flujo monetario en paraísos fiscales (con presunta) evasión de impuestos, se procederá a pasar los informes al Ministerio Público, porque este elemento se constituye delito penal”, explicó

OTRAS EMPRESAS

Días atrás, la oposición política sugirió incorporar a la lista de empresas investigadas por el caso de “Papeles de Panamá”, a la nacionalizada Entel, la importadora de vehículos Toyosa Ltda y la soyera Gravetal de Santa Cruz, junto a otras que fueron seleccionadas por el MAS, para identificar una posible evasión de impuestos al estar inscritas en paraísos fiscales.

TRABAJO

El diputado Wilson Santamaría (UD) informó que tras una fase de capacitación técnica a los miembros de la comisión mixta de la Asamblea, se ingresaría a una etapa de convocar a las empresas, donde Entel sería la primera en ser investigada para que diga su verdad.

Santamaría sostuvo que de las 95 empresas manejadas por la consultora panameña Mossack Fonseca, el oficialismo priorizó con algún criterio - que dijo desconocer a las empresas de Santa Cruz e hizo votos para que no haya primado una razón política en la selección de las mismas.

Sin embargo, la diputada de UD, Jimena Costa, sostuvo que le pareció interesante la exposición de expertos nacionales e internacionales, aspecto que demuestra la amplitud de la Comisión, porque asistió a la última capacitación, aunque no forma parte del grupo que investiga el caso de los Papales de Panamá.

sábado, 20 de agosto de 2016

Ministerio detecta 22 casos de corrupción por ítemes en el país

El Ministerio de Educación detectó 22 casos de corrupción en la designación de ítemes en Bolivia.

El ministro de Educación, Roberto Aguilar, informó ayer que los hechos se develaron gracias a una auditoría que se realizó al proceso de entrega de los 4 mil ítemes que se dispusieron en la gestión pasada para todo el territorio.

“(...) En algunas regiones lamentablemente aparece la denuncia de que el director distrital o, incluso, un director de una unidad educativa hace que se designe (un ítem) a alguien de manera manipulada”.

Los implicados en la corrupción de cargos dentro del sistema educativo del país “(...) incluso falsificaron compulsas”, señaló.

Indicó que algunos funcionarios otorgaban los ítemes a cambio de montos económicos que oscilaban entre 300 y 3 mil dólares.

viernes, 19 de agosto de 2016

García sobre Papeles de Panamá: Vamos a castigar y obligar a pagar lo robado a Bolivia



El vicepresidente Álvaro García aseguró este viernes, en la ciudad de Cochabamba, que a la conclusión de una investigación legislativa sobre las empresas bolivianas vinculadas al caso Papeles de Panamá se castigará y obligará a las involucradas a pagar lo que "han robado" a Bolivia.

"Los que le han robado la plata al Estado y al pueblo boliviano con estas empresas 'offshore', empresas evasoras de impuestos, las vamos a castigar y obligar a que paguen a Bolivia lo que han robado todos estos años", afirmó el también Presidente Nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), quien en mayo conformó una comisión para identificar a las empresas evasoras de impuestos a través de paraísos fiscales en Panamá.

En algo más de 40 minutos, García explicó a dirigentes de organizaciones sociales del Pacto de Unidad, reunidos en un ampliado en Cochabamba, el caso denominado Papeles de Panamá.

En su exposición detalló caso por caso la supuesta participación de empresarios y políticos en empresas 'offshore' y apuntó sus criticas al extinto Poder Democrático Social (Podemos) del expresidente Jorge Tuto Quiroga; Nueva Fuerza Republicana (NFR) del exgobernador de Cochabamba, Manfred Reyes Villas, y al opositor Samuel Doria Medina.

Según García, existe una "mafía política-empresarial" a la que no le interesa Bolivia. "Solo les pido estemos atentos a la investigación, a fin de año la Asamblea va a emitir un informe, pero las investigaciones a la rápida muestran eso, somos nosotros (en alusión al Movimiento Al Socialismo) gente transparente, ellos (políticos empresarios de oposición) están metidos hasta el cuello".

Un total de 95 compañías bolivianas aparecen mencionadas en las listas de la investigación sobre los Papeles de Panamá, que fue divulgada el 9 de mayo por Periodistas de Investigación (ICIJ).

En la lista referida a Bolivia están firmas como Transturin Inc, Compañía Iberoamericana De Comercio Exterior CICE S.A., INVERSIONES ILLIMANI GLOBAL S.A. y otras.

Hay además 43 oficinas identificadas, 20 intermediarios y 53 direcciones, información a la que es posible ingresar en la página offshoreleaks.icij.org.

"Qué está mostrando Papeles de Panamá: que en Bolivia hay políticos que no les preocupa su país, que prefieren esconder su dinero en el extranjero (...) Nosotros no somos maleantes, mafiosos", afirmó García.

En paralelo a la investigación legislativa, el Ministerio Público también abrió otra investigación sobre el caso. (19/08/2016)

Detectan casos de corrupción en el magisterio

El ministro de Educación, Roberto Aguilar, informó que en los últimos reportes recibidos sobre casos de corrupción, se detectaron denuncias de ventas de cargos por medio de los cuales directores distritales designan puestos a través de pagos ilícitos.

Aguilar señaló que en varias regiones los directores de unidades educativas y de distritos designan los ítems por medio de tarifas que alcanzan los 3000 dólares y no tomando en cuenta las competencias profesionales. Asimismo, en Santa Cruz se evidenció la existencia de bandas de falsificación en torno a funcionarios los cuales fueron retirados. En muchos ocasiones incluso se falsifica la compulsas, señaló la autoridad.

Desde el 2015 se determinó realizar auditorías a los 4000 ítems y durante esa gestión se identificaron 22 casos; tres maestras fueron retiradas.

A nivel regional otro de los problemas que se evidenciaron en la gestión, son las salidas sociales principalmente en el Trópico de Cochabamba, Aguilar advirtió que el maestro tiene salida por situaciones de urgencia y no con la figura de suspender las clases una vez al mes por un tema social por lo que anunción una estricta regulación.

Respecto a la Ley de Educación Abelino Siñani, Aguilar señaló que: "En algunos lugares se está avanzando lentamente y en otros se ha detectado que no estaban aplicando, incluso saliendo de lo que era el uso de documentos oficiales. No hay dos libretas el modelo antiguo y nuevo, solo una que sigue la estructura de la ley ", explicó.

Hoy se llevó a cabo en Cochabamba una reunión con representantes de educación a nivel nacional donde se evaluó la aplicación de la ley Eduardo Perez Abelino Siñani.

Guerrero: Zapata “sacaba” dinero a empresarios y les ofrecía contratos

El Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, adelantó que la Fiscalía no aceptará aplicar un proceso abreviado en el caso Gabriela Zapata y que la comisión de fiscales tiene todos los elementos para probar que la exgerente de la empresa Camce incurrió en los seis delitos de los que se la acusa: legitimación de ganancias ilícitas, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, contribuciones y ventajas ilegítimas y uso indebido de bienes y servicios públicos.

“Tenemos nosotros todas la pruebas como para demostrar la comisión de estos ilícitos en un juicio oral y público y por eso vamos a pedir la pena máxima para esta señora y quienes han sido parte de la comisión de estos delitos”.

Explicó que Zapata Montaño “sacaba” dinero a empresarios y a gente que tenía que supuestamente adjudicarse alguna obra y que este modus operandi lo realizaba con la participación de personas particulares.

“Sacaba dinero a empresarios a nombre de favorecer, hacer lobby e incluso en algunos casos ha tenido que devolver dineros a alguna gente, algunos empresarios (…) ella cobraba 50 mil, 100 mil dólares, y al no poder cumplir eso, devolvía, pero devolvía la mitad, ella devolvía parte, ese era el modus operandi de esta señora (Zapata) y ahí actúo en complicidad con la otra acusada, Cristina Choque, que se prestaba y ella sí hacía uso de bienes del Estado ese era el modus operandi con el trabajaba esta señora”, manifestó al sostener que el Ministerio Público pidió el congelamiento de cuentas bancarias, secuestró vehículos, anotación preventiva de inmuebles, entre otros.

Dejó en claro que la acusación puede ser susceptible y motivo de impugnación, de objeción si una de las partes querellantes no está de acuerdo con la resolución conclusiva.

En este proceso también están incorporados Pastora Cristina Choque Espinoza, Jimmy Israel Morales Cuba, Carlos Marvin Ramírez Aramayo, Ricardo Abelardo Alegría Sequeiros, Walter Zuleta y Dennis Grundy Ríos quien presumiblemente se habría acogido a un proceso abreviado.



Estos coimputados también se beneficiaron con el sobreseimiento de algunos delitos que se les imputaba.

Evo defiende el fondo indígena y culpa de la corrupción a los "técnicos"

El presidente de Bolivia Evo Morales, durante la inauguración del seminario ampliado Nacional Pacto de Unidad, defendió el Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc) y culpó a los profesionales técnicos de las irregularidades.

Morales explicó que con el escándalo de corrupción en el Fondo Indígena se intentó destruir al Pacto de Unidad, conformado por confederaciones de indígenas y campesinos.

La corrupción en el caso Fondioc salpicó a varios dirigentes del Movimiento Al Socialismo (MAS) en al menos 46 proyectos fantasmas y con una ejecución irregular.

"Algunos compañeros pudieron equivocarrse, pero ahí está la justicia y nosotos no vamos a proteger a nadie", dijo.

Además, el Presidente defendió la construcción de la Escuela Antiimperialista para contrarrestar las políticas de “dominación” de EEUU. “Ahora tenemos dignidad y tenemos soberanía”, añadió.

Fiscalía no aceptará procesos abreviados a favor de Zapata

El fiscal general, Ramiro Guerrero, anunció que no se admitirán procesos abreviados, porque cuentan con pruebas de la comisión de los delitos cometidos por Gabriela Zapata y otros involucrados en dos procesos, por lo que pedirá un mínimo de 12 años de cárcel. Aparte, 15 años por el delito de trata de personas.

De acuerdo con la explicación de Guerrero, el Ministerio Público pedirá 12 años de prisión para la exnovia del presidente Evo Morales, por delitos de legitimación de ganancias y otros cinco delitos.

SUPLANTACIÓN

En el segundo caso, referido a la suplantación del hijo que Morales reconoció en 2007, con otro menor de cinco años. En el tercero por 15 años de cárcel, por incurrir en delitos de trata de personas y otros tres más, informó Guerrero.

MINISTERIO PÚBLICO

El miércoles se conoció que el Ministerio Público, en un primer caso, eximió de culpa a Gabriela Zapata en cuatro delitos por los que se la acusaba y que se rechazó la acusación de otros tres delitos, planteados en otra denuncia.

En la resolución, la comisión de fiscales también sobreseyó a de otro número de delitos, a Cristina Choque, Jimmy Morales, Carlos Ramírez y Ricardo Alegría, porque no existen los elementos suficientes para acusarles por esas irregularidades.

GANANCIAS ILÍCITAS

“El delito más grave en este caso es la legitimación de ganancias ilícitas que tiene una pena de cinco a 10 años y es el delito más grave, y previendo un concurso de delitos que puede haber, el Ministerio Público va a pedir una pena de hasta 12 años de cárcel para la señora Zapata y en menor proporción para las demás personas, conforme a la participación que han tenido en estos delitos”, manifestó Guerrero.

Explicó que la comisión de fiscales determinó eximir de algunos delitos a Zapata, y otros acusados, porque habían delitos que excluyen a los procesados de haber cometido los delitos que se les imputa.

APELACIÓN

Guerrero indicó que no se favoreció con ninguna pena a los acusados e informó que las partes demandantes, los Ministerios de Transparencia, Presidencia y Justicia, la Universidad Mayor de San Andrés y el Servicio General de Identificación Personal (Segip) pueden apelar esta decisión de la Fiscalía.

INVESTIGACIÓN

Respecto al segundo proceso contra Zapata, el fiscal dijo: “Por los delitos de trata de personas, engañó a personas incapaces, asociación delictuosa, impedir o estorbar el ejercicio de funciones, en ese caso, que está todavía en etapa de investigación, donde tenemos también personas que se hallan también con detención preventiva y algunos que están prófugos, la pena llega hasta un máximo incluso de 15 años, en caso de ir a una acusación”.

En este caso, Zapata es acusada de utilizar a un menor y hacerlo pasar como hijo suyo y del Primer Mandatario ante una jueza de La Paz, en presunta complicidad con sus allegados y sus tres exabogados.

Fiscalía confirma que “no investigó” contratos con empresa china CAMC

El fiscal general, Ramiro Guerrero, asegura que la expareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata, no incurrió en el delito de “daño económico contra el Estado”, y que se llegó a esta conclusión, porque “no se ha investigado” nada relacionado con la empresa China CAMC, ya que los contratos de esta empresa con el Gobierno fueron investigados en la Asamblea Legislativa.

Ante las dudas y graves críticas que ha generado la revelación de resoluciones emitidas ayer por el Ministerio Público, por las que ha sobreseído a Zapata de cuatro delitos y se ha rechazado denuncia por otros tres, Guerrero ofreció una conferencia de prensa en la que negó que se esté favorecimiento a la expareja del presidente Morales.

NO SE INVESTIGÓ

Al ser consultado sobre cómo se llegó a la conclusión de que Zapata y los otros coimputados no cometieron delitos contra el Estado, Guerrero respondió: “Se ha llegado a esta conclusión por el modus operandi que tenía la señora Zapata. Era una especie de lobbysta (hacia gestiones). Ella sacaba dinero a empresarios, a gente que tenía que adjudicarse alguna obra, (...) algo que queremos dejar claramente establecido y lo hemos dicho desde un primer momento, es que el Ministerio Público no ha investigado los contratos de la empresa CAMC”, enfatizó Guerrero.

La autoridad justificó que la determinación de no investigar los contratos que la CAMC fue tomada debido a que estos fueron parte de un proceso investigativo por parte de una comisión especial del Órgano Legislativo. “No puede hacerse una doble investigación, hay una resolución y conclusiones. Por lo tanto, producto de esa investigación es que se determina la exclusión (de Zapata como autora) en algunos delitos, pero también la participación en otros”, remarcó.

NO RESPONDE

Sin embargo, Guerrero negó explicar cuáles fueron los elementos puntuales que eximen de responsabilidad legal jurídica a los miembros de la CAMC, siendo que la investigación hecha en el ámbito político tampoco citó o pidió informe a esta empresa.

La duda queda de manera clara ante la opinión pública, siendo que los procesos se iniciaron bajo la lógica de que por la relación amorosa de Zapata con el presidente Morales (que derivó en el reconocimiento legal de un hijo) la empresa CAMC se benefició con estos contratos, gracias a este nexo, pero los mismos no han sido esclarecidos.

Ante la insistencia de los periodistas sobre cuál es el fundamento para no investigar las supuestas gestiones que hizo Zapata para favorecer a CAMC con los contratos, Guerrero expresó su molestia y señaló que no se puede seguir explicando algo que para él estaba claro.

Dicha molestia surgió luego de que se le recordara que en la primera imputación, por la cual Zapata fue envida con detención preventiva, figuraba el detalle de que la firma de contratos, entre CAMC y el Gobierno, se había realizado en la Unidad de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia, a instancias de Zapata.

La única explicación, por parte del fiscal, fue que esa primera imputación al igual que las tres posteriores, tenían carácter “provisional” y que ahora se trabajaba con lo que se tiene en la acusación, dejando empero, otra vez en duda, cuáles fueron los fundamentos para descartar estos presuntos delitos.

jueves, 18 de agosto de 2016

Condenan a 4 años de prisión a un exalcalde del MAS



El Tribunal de Sentencia de Uncía condenó a 4 años y 6 meses de prisión al exalcalde de Chuquihuta, Mario Choque Acapana (MAS), en un juicio abreviado por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

Juan Colque miembro del Tribunal, informó a Pío XII de la red Erbol, que exalcalde elegido en 2010, admitió la compra fraccionada de antenas parabólicas, compra irregular de transformadores y manejo irregular de dineros. El proceso concluyó el fin de semana y la exautoridad se comprometió a resarcir daños económicos.

Choque fue devuelto a la cárcel de San Miguel de Uncía, donde ya estuvo en diciembre de 2014, por orden de la juez Ximena Quintana Cors por incumplimiento de deberes y uso de instrumento falsificado.

Según datos de la Fiscalía, el año 2013, Choque utilizó una resolución del Concejo Municipal ilegal para gestionar ante el Ministerio de Economía, el descongelamiento de las cuentas bancarias de ese municipio de Chuquihuta.

En las averiguaciones se pudo conocer que esa resolución no fue emitida por cuanto no hubo sesión del Concejo Municipal, además que dicho documento llevaba la firma de Nicasio Acero, un concejal que había renunciado en abril en ese mismo año, por tanto, impedido de firmar el documento.

Chuquihuta es el cuarto municipio de la provincia Rafael Bustillo del departamento de Potosí, donde Mario Choque acumuló varias imputaciones o responsabilidades por presuntos delitos de corrupción.

El mismo Tribunal sentenció a 12 años de prisión a un exalcalde del municipio de Ocurí, 8 años a un exconcejal y 4 a una exautoridad por conducta antieconómica y daños a la comuna. Según Colque, en aquella oportunidad no se aplicó la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz.

El exalcalde y el exconcejal cumplieron su condena y se acogieron a beneficios para abreviar esa sentencia. En ese tribunal también se encuentra el caso del exalcalde de Pocoata, Teodoro Rueda, acusado por feminicidio contra una enfermera de ese municipio.

El caso ingreso en junio del 2015, pero se estancó porque no pueden notificar a los familiares de la víctima para la audiencia inicial.

Caso Fondo Indígena Quispe se ofrece a pagar el pasaje de traslado de Achacollo a Palmasola

El diputado Rafael Quispe (UD) anunció este miércoles que en una próxima audiencia del caso Fondo Indígena se ofrecerá ante la autoridad jurisdiccional para cubrir los gastos del traslado de la exministra Nemesia Achacollo al penal de Palmasola del departamento de Santa Cruz.
“En la próxima audiencia de apelación vamos a decir, que yo, como diputado, voy a pagar para que la señora sea trasladada de la cárcel de (Miraflores) de La Paz al penal de Palmasola de Santa Cruz”, dijo.
El legislador cree que Achacollo, si permanece en Miraflores, puede influir en las investigaciones que buscan esclarecer el desfalco millonario que se registró en el Fondo Indígena.
“Puede influir porque en el mismo recinto penitenciario de Miraflores, está también la señora Melva Hurtado (exdirigenta indígena), que es otra involucrada en el caso, entonces Achacollo no puede estar ahí mismo”, sostuvo.
El pasado 10 de agosto, Achacollo fue trasladada de las celdas judiciales a la cárcel de Miraflores, después de que una autoridad judicial reemplazó una primera decisión que indicaba que debía cumplir su detención preventiva en la cárcel de Palmasola.
En aquella oportunidad, el juez Enrique Morales señaló que “no hay plata” para trasladar a la exministra a la cárcel de Palmasola.

Fiscalía ahora dice que pedirá 12 años de prisión para Zapata

Después de anunciar que absolverá a la imputada de cuatro delitos, el Ministerio Público pedirá 12 años de prisión para la exnovia del presidente Evo Morales por delitos de legitimación de ganancias y otros cinco delitos, mientras que por el caso de la suplantación de un menor y por hacerlo pasar como hijo del Primer Mandatario, la Fiscalía solicitará 15 años de cárcel para la joven por incurrir en delitos de trata y tráfico de personas y otros tres más, informó el Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero.
El miércoles se conoció que el Ministerio Público, en un primer caso, eximió de culpa a Gabriela Zapata en cuatro delitos por los que se la acusaba: uso indebido de influencias en grado de complicidad, falsedad material, ejercicio indebido de la profesión y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado. Junto con esa decisión, la comisión de fiscales también perdonó varios delitos a otros acusados del caso, como Cristina Choque, Jimmy Morales, Carlos Ramírez y Ricardo Alegría, porque no existen los elementos suficientes para acusar por esas irregularidades.
Sin embargo, en este primer proceso, que ya está en juicio, Zapata debe responder aun por delitos de legitimación de ganancias ilícitas, uso indebido de bienes del Estado, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, contribuciones y ventajas ilegitimas y asociación delictuosa.
"El delito más grave en este caso es la legitimación de ganancias ilícitas que tiene una pena de cinco a 10 años y es el delito más grave, y los otros delitos también y previendo un concurso de delitos que puede haber el Ministerio Público va a pedir una pena de hasta 12 años de cárcel para la señora Zapata y en menor proporción para las demás personas conforme a la participación que han tenido en estos delitos", manifestó Guerrero.
Explicó que la comisión de fiscales determinó eximir de algunos delitos a Zapata, y otros acusados, porque habían delitos que se excluyen el uno del otro, en ese sentido no puede acusarse a una sola persona por delitos de falsedad material y falsedad ideológica, por ello se excluye uno; en otro caso no se puede acusar a una particular por delitos que corresponden a servidores públicos; y finalmente se hizo el sobreseimiento porque no existen elementos probatorios que sustenten la acusación.
Guerrero indicó que no se favoreció con ninguna pena a los acusados, y las partes demandantes, los Ministerios de Transparencia, Presidencia y Justicia, la Universidad Mayor de San Andrés y el Servicio General de Identificación Personal (Segip) pueden apelar esta decisión de la Fiscalía.
Respecto al segundo proceso contra Zapata dijo que "ese caso segundo denominado Zapata es precisamente ya por los delitos de trata de personas, engaño a personas incapaces, asociación delictuosa, impedir o estorbar el ejercicio de funciones, en ese caso que está todavía en etapa de investigación donde tenemos también personas que están con detención preventiva y algunos que están prófugos de la justicia, la pena llega hasta un máximo incluso de 15 años, en caso de ir a una acusación".
En este caso Zapata es acusada de utilizar a un menor y hacerlo pasar como hijo suyo y del Primer Mandatario ante una jueza de La Paz, en presunta complicidad con sus allegados y sus tres exabogados.
El Fiscal General afirmó que no aceptarán procedimientos abreviados en este caso porque existen los elementos necesarios como para demostrar la culpabilidad de Zapata y pedir las sanciones correspondientes para la joven.
/LACH/MVV/

Fiscalía dicta sobreseimiento de Gabriela Zapata en cuatro delitos


ZAPATA FUE SOBRESEÍDA POR LA FISCALÍA EN CUATRO DELITOS PERO SEGUIRÁ PRESA POR OTROS DELITOS.

El Ministerio Público dictó una resolución de sobreseimiento a favor de la expareja del presiente Evo Morales, Gabriela Zapata, en cuatro delitos, entre ellos, el enriquecimiento ilícito. Sin embargo, todavía no saldrá de la cárcel de Miraflores porque aún es acusada por trata de personas, en el caso abierto por la presunta suplantación del hijo que el mandatario reconoció en 2007.

CONTRADICCIONES

La resolución fue dictada dentro del primer caso de “tráfico de influencias” que en un inicio se creyó sometería a investigación a los millonarios contratos que la Empresa China CAMC firmó con el Gobierno.

En la misma, la comisión de fiscales también eximió de varios delitos los coacusados Cristina Choque, Jimmy Morales, Carlos Ramírez y Ricardo Alegría.

Sin embargo, las contradicción en el sobreseimiento se da en la fecha, pues la resolución firmada por los fiscales Daniel Ayala y Juan Carlos Soria está fechada el 15 de julio, siendo que el 26 del mismo mes se presenta la acusación para el inicio del juicio oral, sin informar sobre el tema.

Según una resolución, el Ministerio Público no halló “suficientes elementos de convicción” para sostener la imputación contra Zapata en los delitos de uso indebido de influencias en grado de complicidad, falsedad material, ejercicio indebido de la profesión y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.

Respecto al uso indebido de influencias, la Fiscalía señaló que no se aplica a Zapata porque ese tipo penal solo es para funcionarios públicos.

La joven estaba acusada también porque en su carnet figuraba que es abogada, sin culminar sus estudios universitarios. A este punto, el Ministerio Público reconoció que no halló el título profesional falso por lo cual se la eximió del delito de falsedad material.

En otro punto, Zapata fue imputada por ejercicio indebido de la profesión porque firmó una carta ofreciendo servicios a la Aduana como si fuera abogada representante de una compañía. Al respecto, la Fiscalía descartó el delito porque la única víctima de esta acción sería la empresa que representaba la exnovia de Morales y no existe una denuncia de esa firma.

En cuanto al delito de enriquecimiento ilícito, la resolución dice que no se ha podido establecer el daño económico al Estado que habría causado Zapata.

La resolución fiscal fue revelada por Martha Requena, abogada de la exdirectora de Gestión Social, Cristina Choque, quien también está procesada en este caso.

De acuerdo con el texto, Choque también fue sobreseída por cuatro delitos: enriquecimiento ilícito, falsedad en declaración jurada de bienes y rentas, legitimación de ganancias ilícitas y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.

ACUSACIÓN

El 26 de julio el Ministerio Público informó que se habría presentado imputación formal por este caso contra Zapata, Choque y los otros implicados.

Según esta información se acusó formalmente a Zapata por otros seis delitos: asociación delictuosa, legitimación de ganancias ilícitas, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, contribuciones y ventajas ilegitimas, y uso indebido de bienes y servicios públicos, todos en el grado de autoría.

Además, la Fiscalía acusó a Choque por los tipos penales de asociación delictuosa, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y uso indebido de bienes y servicios públicos.

“CONFIRMA PACTO ENTRE EL GOBIERNO Y ZAPATA”

Respecto del sobreseimiento, el senador opositor (UD) Arturo Murillo aseguró que el sobreseimiento “confirma lo que tanto se ha denunciado, que el Ministerio Público y la Justicia, actúan según el menú que les da el Gobierno, son un apéndice del Poder Ejecutivo”.

Por su lado, Graciela Mendoza, esposa de Eduardo León, exabogado de Zapata, dijo que el sobreseimiento es la prueba de la corrupción del Gobierno. “Sabíamos que ha esta señora la iban a sacar limpia como una blanca paloma. Lo que ellos (Gobierno) querían, era la cabeza de León, de mi esposo, por el caso del Fondo Indígena”, aseguró a EL DIARIO. Afirmando que ahora esperan lo peor, Mendoza señaló que la impresión que tiene del trabajo de los fiscales es la de los funcionarios más corruptos pues estarían encubriendo los delitos del Gobierno. (Erbol - El Diario)

miércoles, 17 de agosto de 2016

Video El Ministerio Público exime de culpa a GabrielaZapata por cuatro delitos

El Ministerio Público eximió a Gabriela Zapata de cuatro delitos, entre ellos, el enriquecimiento ilícito. Sin embargo, la exnovia del presidente Evo Morales todavía no saldrá de la cárcel de Miraflores porque todavía es acusada por otros delitos.

Junto con esta decisión, la comisión de fiscales también eximió de varios delitos a otros acusados como Cristina Choque, Jimmy Morales, Carlos Ramírez y Ricardo Alegría.

En el caso particular de Zapata, los fiscales determinaron sobreseerla de los delitos de uso indebido de influencias en grado de complicidad, falsedad material, ejercicio indebido de la profesión y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.

Pero todavía le quedan otros delitos como el caso de la legitimación de ganancias ilícitas, uso indebido de bienes del Estado, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, ventajas ilegítimas y asociación delictuosa.

Además Zapata está implicada en otro proceso judicial por trata y tráfico de personas por haber usado presuntamente a un menor de terceras personas para hacerlo pasar como hijo del Jefe de Estado en complicidad con sus allegados y abogados.

Caso Fondioc Oficialistas reconocen que dar fondos a dirigentes fue un error

Diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS) reconocen que fue un error entregar recursos económicos al anterior Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc) a dirigentes, porque eso generó actos de corrupción, además de la falta de supervisión de autoridades estatales.

Ante esta situación, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Basilio Velásquez, afirmó que la potestad que tenían los dirigentes era un manejo de dinero sin fiscalización, aspecto que derivó en la corrupción de la entidad estatal.

“Se debería trabajar un norma específica que establezca las funciones de los dirigentes y del director del ahora Fondo de Desarrollo Indígena”, explicó.

SIN CUENTAS CLARAS

El diputado del MAS Lino Cárdenas dijo que la falta de cuentas claras en la administración de recursos públicos fue el principal problema, porque los descargos no contemplan facturas o comprobantes de los gastos de los proyectos del anterior Fondioc. Ese fue justamente uno de los motivos para la corrupción.

Para el diputado del Unidad Demócrata (UD), Wilson Santamaría, la investigación debe acaparar a todos los dirigentes campesinos y no solo a unos cuantos.

“Está claro que hay protección del Gobierno para algunos sectores sociales, porque los exdirigentes de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos no son investigados, no se establece con claridad al situación de los ministros de Economía, Luis Arce, y de la Presidencia, Juan Ramón Quintana”, afirmó.

RESPONSABILIDAD

La diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Norma Piérola, indicó que el ministro Arce tiene responsabilidades en la transferencia de dineros a cuentas particulares, porque formaba parte del directorio del ex Fondioc, junto a la exautoridad Achacollo.

“Cada movimiento del proyecto debe ser registrado en este sistema (Sigma), por lo cual es un elemento más que involucra al Ministro de Economía, Banco Central de Bolivia BCB y a la Contraloría General del Estado”, dijo la legisladora.

De acuerdo con el Decreto Supremo Nº 28571 de creación del anterior Fondo Indígena los recursos asignados a la entidad estatal estarán sujetos al control y fiscalización conforme dispuesto por la ley Nº 1178 de la Administración y Controles Gubernamentales.

martes, 16 de agosto de 2016

La Fiscalía analizará pertinencia de citar a otras autoridades por el caso del ex Fondo Indígena



La comisión de fiscales que investiga el caso de corrupción en el ex Fondo Indígena evaluará la pertinencia o no de convocar a otras autoridades de Gobierno mencionadas por la defensa de la exministra de Desarrollo Rural y Tierras Nemesia Achacollo, afirmó el fiscal Óscar Campero.

“(Achacollo) puede mencionar cualquier cosa. Lo que tenemos que hacer es compulsar si es pertinente o no convocar a estas autoridades”, indicó.

El abogado de Achacollo, Ángel Mercado, señaló que en el directorio del ex Fondo Indígena habían otras autoridades de Gobierno que tenían responsabilidad en el manejo de proyectos productivos para beneficio de los sectores indígena, originario campesino. “Como miembros del Directorio hay 12 responsables e incluso cuatro ministros o cinco, si mal no recuerdo, y todo el mundo tiene responsabilidad compartida”, señaló.

El directorio del exFondioc estaba compuesto por representantes de los ministerios de Desarrollo Rural; de Planificación; de Desarrollo Productivo, de Economía y de la Presidencia, además de organizaciones sociales como la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq).

El 5 de agosto, Achacollo fue enviada con detención preventiva al penal de Palmasola en Santa Cruz, tras cinco días de permanecer en celdas judiciales, un juez decidió trasladarla a la cárcel de mujeres de Miraflores.

Es imputada por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica debido a que se identificaron irregularidades en la ejecución de distintos proyectos durante su gestión como parte del directorio del ex Fondo Indígena.

Dirigentes designaron a 98 de 106 funcionarios del Fondo Indígena

Dirigentes de las organizaciones sociales, que fueron miembros del Directorio del Fondo Indígena, designaron a 98 de los 106 funcionarios de la entidad indígena, según un informe al que accedió Página Siete.


Entre los funcionarios designados está un biólogo que ocupó el cargo de Jefe de la Unidad de Acompañamiento en Ejecución de Proyectos, además de un veterinario que fue asistente técnico.

El informe, que también está en manos de la Fiscalía, señala que la mayor cantidad de funcionarios fue designada por los interculturales, la confederación de campesinos, Conamaq y la confederación de mujeres campesinas Bartolina Sisa.

Las organizaciones pequeñas como la CIDOB, APG, CPEM-B y CEPSC nombraron a al menos 10 funcionarios cada una.

Marco Antonio Aramayo, exdirector ejecutivo del Fondo Indígena, detenido desde abril de 2015 en el penal de San Pedro, denunció que en su gestión (2014), el dirigente Hilarión Mamani designó al director jurídico, y Juanita Ancieta, máxina ejecutiva de las Bartolinas, designó a todo el personal de servicio.

"Desde el portero, el personal de limpieza y chóferes. Incluso el Fondioc le pagó un chófer exclusivo para ella, para que maneje una camioneta que se le asignó a las Bartolinas, incluso ella (Ancieta) escogió al mensajero”, dijo.

Página Siete tomó contacto con la dirigente Ancieta para una contraparte, pero ella se excusó y dijo que estaba en un vehículo.

El jiliri Apu Malku del Conamaq afín al partido de gobierno, Hilarión Mamani, declaró que los dirigentes -miembros del directorio del Fondo ahora en liquidación- "nunca” designaron a funcionarios, porque era una atribución del director ejecutivo como Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE).

"Nosotros nunca hemos designado personal, la contratación lo hacía directamente la MAE. Nosotros, como organización sólo presentábamos proyectos, más allá no podíamos decidir, no teníamos la atribución, lo hacía la MAE, como MAE lo hacía. Nosotros de ninguna manera hemos manejado”, aseguró Mamani a Página Siete.

Sin embargo, la declaración de Mamani se contradice con lo expresado en una anterior oportunidad por el dirigente Rodolfo Machaca, quien admitió que los dirigentes presentaban la lista de sus técnicos al director ejecutivo del Fondioc y luego éste decidía si los contrataba o no.

En ese entonces dijo que la CSUTCB tenía 18 técnicos que fueron retirados después de que el Gobierno intervino el Fondo Indígena por un supuesto daño económico de 71 millones de bolivianos, según la Contraloría.



¡Es nuestra plata!

Responsables Durante su audiencia, la exministra Nemesia Achacollo, denunció ante el juez Enrique Morales que los dirigentes asumieron todas las decisiones en la entidad indígena y que ella no había robado ni un centavo. "Nosotros hemos obtenido con marchas, esos recurso del IDH es para proyectos productivos. ¡Por último, nos lo comeremos es plata nuestra! eso han dicho (los dirigentes)”, denunció Nemesia Achacollo.

Juez Fernández del Caso Rózsa Suspende audiencia hasta el próximo 29

El presidente del Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, Sixto Fernández, decidió suspender la audiencia del juicio del caso Rózsa en el Palacio de Justicia de Santa Cruz, para el lunes 29 de agosto.

El motivo de la suspensión fue por la ausencia de las juezas ciudadanas, Anastacia Calisaya y Sonia Mamani, mismas que también no asistieron el pasado lunes 1.

Además, otro de los argumentos del juzgador fue que todavía no se ha ejecutado la apelación de la resolución que aparta del proceso oral al Gral. Gary Prado Salmón hasta su total rehabilitación de la cirugía a la que fue sometido.

Como se conoce, la apelación interpuesta por el Ministerio Público aún no ha sido admitida por la Sala Penal Tercera de La Paz, mientras tanto el juicio no puede avanzar.

Recurso de los detenidos. A raíz de las suspensiones de audiencias, el pasado 3 de agosto, los detenidos Zvonko Matkovic, Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza, presentaron un recurso de Acción de Libertad contra Sixto Fernández. Sin embargo, fue rechazado por el juez Noveno de Sentencia en lo Penal de Santa Cruz, Juan Coronado.

En audiencia de apelación Achacollo prepara documentos para defenderse en libertad

Un explicación fundada en la ley de creación del Fondo Indígena, los reglamentos internos y la presentación de certificados de organizaciones ganaderas de Santa Cruz son algunas de los documentos y argumentos que Nemesia Achacollo prepara para apelar la detención preventiva, que le fue impuesta hace dos semanas, según informó Ángel Mercado, uno de sus abogados.

“Vamos a solicitar que se revoque la medida cautelar impuesta por el juez, porque ha habido agravios, (…) lo que más queremos es que se defienda en libertad, ¿por qué? Porque la señora Achacollo no se metió ni un solo peso al bolsillo”, declaró a EL DIARIO el abogado de la exministra.

DETENCIÓN

El viernes 5 de agosto, el juez en suplencia del Juzgado Segundo Cautelar de La Paz, Enrique Morales, determinó enviar preventivamente a la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz, a la exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, debido a que no pudo desvirtuar varios riesgos procesales, como el de una actividad laboral lícita.

Los cargos contra Achacollo fueron fundamentados por el fiscal anticorrupción Ánghelo Saravia, por la aprobación irregular de proyectos y la falta de control en la autorización de los desembolsos para proyectos del ahora en liquidación, exFondo Indígena.

La imputación presentada por el Ministerio Público señala que Achacollo incurrió en la probable comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, por la irregular aprobación de 153 proyectos, 30 de ellos catalogados “fantasmas”.

La medida cautelar que fue modificada para que Achacollo sea trasladada a la Cárcel de Mujeres de Miraflores en La Paz, debido a que “no hay plata” para trasladar a Achacollo a Santa Cruz, fue apelada y hasta ayer, no se conocía la Sala en que debe tramitarse.

NO DIO DINERO

Sin embargo, la defensa de la exautoridad adelantó que en dicha audiencia no solo se desvirtuarán los riegos procesales, sino también la probabilidad de autoría.

“Yo me voy a referir a este último punto, porque la opinión pública tiene una idea equivocada en relación a la responsabilidad de la señora en el presente caso”, afirmó Mercado.

El jurista, citando la Ley de creación del Fondo Indígena y los reglamentos internos, afirma que Achacollo no “era el Fondo Indígena”, sino que formaba parte del directorio, y que los miembros eran los responsables de la evaluación, verificación y aprobación de los proyectos así como del control para el desembolso de recursos, que a su vez eran tramitados en el Ministerio de Economía.

Autoridades a la espera Tribunal chino emitirá fallo sobre barcazas y remolcadores en 15 días

La propiedad de las 16 barcazas y dos remolcadores será definida hasta fin de mes, por el Tribunal Marítimo de Qingdao, en China, según informó el viceministro de Defensa, Fernando Aramayo.

“Tenemos información de que hasta fines de mes podamos tener una fallo favorable en el Tribunal Marítimo de Qingdao, estimamos que con esto vamos a solucionar el problema del almacenaje de nuestras barcazas, y se hará el pago correspondiente (de la multa) con nuestra empresa socia estratégica. Una vez resuelta la causa, si es favorable al país, lo que es más probable, procederemos a planificar el traslado. Estimamos que hasta fin de año puedan estar ya llegando a la hidrovía Paraguay- Paraná”, expresó Aramayo.

FALLO JUDICIAL

La llegada de los dos empujadores y las 16 barcazas, de fabricación coreana (fueron ensambladas en puertos chinos), está sujeta a este fallo judicial internacional y la conclusión de su construcción,

Los trámites y el costo –xplicó Aramayo– a los bolivianos “no debe preocuparnos”, pues serán realizados y cancelados por la empresa socia estratégica de Bolivia, “que en este caso es China (Electronics)”.

COSTOS NO PREVISTOS

En este sentido, Aramayo aclaró que en un inicio, el pago por el almacenaje de las barcazas, que fueron ensambladas en puertos chinos, era de 4,2 millones de dólares, pero ahora, por la demora en la fabricación se desconoce el monto a pagar.

Por otro lado, existe otro costo adicional, que se generó cuando la fabricación se detuvo por los problemas judiciales, y el reinicio de los trabajos tiene otro costo de otros 4,5 millones de dólares, para que se complete la fabricación de los dos remolcadores.

“Esto no nos debe interesar, porque Bolivia no va aportar ni un solo boliviano más, el que va a poner los recursos necesarios para que se complete la construcción, la fabricación de los dos empujadores, para el almacenaje de las 16 barcazas y el transporte hacia la hidrovía Paraguay- Paraná será el socio”, concluyó la autoridad.

FALLO

El fallo a emitirse definirá el “derecho propietario” de las denominadas “Barcazas Chinas” a favor de Bolivia o la empresa coreana, con la que firmó el contrato en un inicio, y se pagó cerca de 29 millones de dólares.

El dinero para la construcción de las mismas fue desembolsado en calidad de crédito, a la Empresa Naviera Boliviana (Enabol), de arcas del Banco Central de Bolivia en 2009.

Enabol, a su vez, pagó los 29 millones de dólares a la empresa General Marine Business (GMB) para la construcción de 16 barcazas y dos empujadores, pero esta realizó la subcontratación de otra empresa y en este proceso se reveló irregularidades en los desembolsos y el control que el BCB debía haber hecho en las boletas de garantías.

sábado, 13 de agosto de 2016

Titular de la brigada 'Muchos se endiosaron con el fondo indígena'

El presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña, el diputado masista Benigno Vargas, afirmó que algunos técnicos y administrativos “se endiosaron con el manejo del ex Fondo Indígena”.

“Por eso planteamos en su momento, la descentralización administrativa del ex Fondioc”, comentó el parlamentario del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Vargas aclaró que esa forma de desconcentración de los recursos, no significaba de ninguna forma dividirse los recursos destinados para los proyectos productivos de los pueblos indígenas.

Por ello, ante el replanteamiento del nuevo Fondo de Desarrollo Indígena (FDI), se compromete a socializar la normativa y la modalidad en la aplicación de los proyectos en los distintos municipios de Santa Cruz./MCM

viernes, 12 de agosto de 2016

Exgerente de empresa edil alteña fue encarcelado

Cinco años de privación de libertad en la cárcel de San Pedro es la pena que debe cumplir el exgerente general de la Empresa Municipal de Mantenimiento Urbano (EMMU) de El Alto, Yony Gary Miranda Villarreal, por haber cometido 10 delitos en su gestión.

"La sentencia se dio en procedimiento abreviado y la audiencia se desarrolló en el Juzgado Sexto de Instrucción en lo Penal de La Paz”, informó la directora nacional Anticorrupción de la Fiscalía General del Estado, Willma Blaz Ibáñez, según una nota de prensa de la institución.

Esta persona fue acusada por los delitos de peculado, uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo, negociaciones incompatibles con el ejercicios de funciones públicas, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza del Estado, conducta antieconómica, sociedades y asociaciones ficticias.

El acusado suscribió el 25 de marzo de 2011 un contrato de alquiler de maquinaria con Hernán Genaro Rovira Miranda, representante de la empresa La Boliviana, para realizar trabajos camineros en el norte de La Paz.

De acuerdo con el fiscal anticorrupción, Cristian Édgar Lanza Nolasco, el documento estableció el alquiler de un tractor a oruga (topadora), y dos volquetas (de 8 m3 cada una), por el lapso de tres meses.

Sin embargo, al momento de recuperar los equipos, se hallaron irregularidades en la firma del contrato porque la maquinaria no estaba trabajando en la reparación de caminos, sino en una cooperativa aurífera.
El exgerente generó un perjuicio económico de 5.958.646,64 bolivianos.

Fiscalía confirma que Achacollo avaló entrega de autos y dinero


La Fiscalía confirmó que la exministra Nemesia Achacollo entregó en 2014 recursos económicos y vehículos a los dirigentes de las organizaciones sociales que formaron parte de Directorio del Fondo Indígena (Fondioc).

Según la imputación formal que presentó la comisión de fiscales del caso Fondioc contra la exministra Achacollo, la exautoridad "autorizó y dispuso la entrega de cinco camionetas de la entidad indígena a favor de las organizaciones sociales matrices para que supuestamente realicen control social de supervisión, monitoreo y evaluación a los proyectos”.

Asimismo, señala que Achacollo autorizó la transferencia de recursos económicos, "bajo la nomenclatura de proyectos sociales”, 600 mil bolivianos para cada una de las organizaciones sociales nacionales y 300 mil para las organizaciones regionales para que hagan supuestamente en un plazo de tres meses seguimiento a proyectos.

El Decreto Supremo 28571 de creación del Fondo Indígena, artículo 7, establece que el directorio estará conformado por representantes de ocho organizaciones sociales, de las cuales cinco son nacionales y tres regionales.

Las organizaciones nacionales son: la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyu (Conamaq), de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), de la Confederación de Interculturales de Bolivia y la Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia Bartolina Sisa.

Mientras las tres organizaciones regionales son: la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) de la Federación Nacional, la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC) y por último de la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEM-B).

En 2014, cuando Achacollo autorizó la transferencia de recursos y motorizados, los dirigentes miembros del directorio eran Juanita Ancieta en representación de las Bartolinas, Rodolfo Machaca por la CSUTCB, Hilarión Mamani de Conamaq, Melva Hurtado de CIDOB, detenida en la cárcel de Miraflores, y Ever Choquehuanca en representación de los Interculturales.

El informe circunstanciado de hechos N° EX/EP12/M14-F2 emitido por la Contraloría General del Estado señala que "no se justifican la cantidad de desembolsos realizados en los diferentes proyectos, señalando como responsables a los miembros del directorio”, presidido por Nemesia Achacollo.

En marzo de 2015, durante un acto de interpelación en la Asamblea Legislativa, Achacollo responsabilizó a las organizaciones sociales y dijo que los dirigentes designaban desde el director ejecutivo (del Fondioc) hasta al portero” y que "son ellos los que hacen el tema del seguimiento, ellos se constituyen en entidad fiscalizadora”.

Sin respaldos

Proyectos El directorio, conformado por representantes de organizaciones y de cinco ministerios, aprobó proyectos sin contar con los respaldos que exigía la norma. "En los informes que respaldan la aprobación de proyectos de los convenios de financiamiento no se describe, ni en otros documentos que justifiquen la cantidad de los desembolsos”, dice la imputación.

Cuestionan el traslado de Achacollo a Miraflores

Legisladores de oficialismo y oposición rechazaron el traslado de la exministra Nemesia Achacollo al penal de mujeres de Miraflores con el argumento de que no existe recursos económicos para llevarla hasta la cárcel de Palmasola, Santa Cruz.

El diputado del MAS, Víctor Borda, afirmó que el argumento de las autoridades judiciales "es un absurdo” y esta actitud puede generar responsabilidades por incumplimiento de deberes al no garantizar el derecho a la vida y la salud que señala la Constitución y las leyes.

"Es lamentable, censurable independientemente de que Achacollo haya sido ministra o no; ella es un ser humano, entiendo que existe un informe médico que establece que ella debe ser trasladada a Santa Cruz por su delicado estado de salud. Creo que el argumento es injustificado”, manifestó el legislador.

Su colega de Unidad Demócrata Wilson Santamaria indicó que Achacollo aún goza de algunos privilegios y calificó el argumento del sistema judicial, de que no existe recursos, como una "maniobra ingenua”. "Estos argumentos de que no existen recursos para trasladarla a Santa Cruz revela cómo se aplica la justicia para algunos”, dijo.

Dos exministras de Desarrollo Rural en la cárcel por el Fondo Indígena

Julia Ramos y Nemesia Achacollo fueron exministras de Desarrollo Rural en distintas gestiones del Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), en la actualidad ambas se encuentran en reclusión carcelaria, con detención preventiva por los supuestos actos de corrupción en el anterior Fondo de Desarrollo para Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fondioc).

Junto a ellas se encuentran también detenidas otras dos mujeres: Melva Hurtado y Elvira Parra; ambas con cargos de manejos irregulares en proyectos indígenas.

A ellas se suma otra mujer: Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales, actualmente con detención preventiva, en la cárcel de Miraflores.

Zapata y Achacollo están juntas en el penal de Miraflores, de la ciudad de La Paz.

ESCÁNDALOS Y CORRUPCIÓN

En los últimos años, el actual Gobierno fue sacudido por dos grandes hechos de corrupción: el primero, relativo a malos manejos de recursos estatales en el anterior Fondo Indígena y, el segundo, el escándalo relacionado con los contratos estatales suscritos con la empresa china CAMC, a través de Gabriela Zapata.

COLABORADORAS

Una de las colaboradoras fue la tarijeña Julia Damiana Ramos Sánchez, exdirigente sindical, ex iputada y ministra de Desarrollo Rural y Tierras, designada por Morales desde el 23 de enero de 2009 hasta el 23 de enero de 2010, en la primera gestión del MAS.

A fines de noviembre de 2015, Ramos Sánchez fue detenida de forma preventiva en el centro penitenciario de Obrajes, acusada de suscribir presuntamente varios proyectos “fantasmas” con recursos del anterior Fondo Indigena.

A Sánchez le precedió Nemesia Achacollo Tola, natural de Villa Yapacaní, Santa Cruz. Fue dirigente de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina Sisa y, posteriormente, designada como ministra de Desarrollo Rural, en enero de 2010 hasta el 31 de agosto de 2015.

Ambas, Ramos y Achacollo están con detención preventiva. La primera en Obrajes y la segunda en Miraflores.

OTRAS IMPLICADAS

Asimismo, Melva Hurtado, quien fue presidenta de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), está acusada de no concluir dos proyectos del Fondo Indígena y llevar dinero a su cuenta particular. Se halla detenida desde el 5 de diciembre de 2015, en la cárcel de Miraflores.

Elvira Parra, quien fue directora ejecutiva del Fondo Indígena, se encuentra detenida en el penal de Obrajes, acusada de un daño económico al Estado de 71 millones de bolivianos, por 153 proyectos no ejecutados o inconclusos. Está encarcelada desde el 5 de marzo de 2015 en Obrajes.

Otra mujer que si bien no fue autoridad gubernamental pero sí tuvo relación con el Estado y empresas chinas, según las indagaciones del Ministerio Público, es Gabriela Zapata, quien fue pareja del presidente Evo Morales.

Zapata tiene dos procesos pendientes: en el primer proceso, el Ministerio Público la acusó de supuesta legitimación de ganancias ilícitas y daño económico al Estado. En el segundo caso tiene la imputación formal por cometer el delito de trata de personas.

ESTÁN JUNTAS

Un dato curioso que fue destacado en redes sociales con el traslado de Nemesia Achacollo al penal de Miraflores, es que ella estará en el mismo recinto que Gabriela Zapata, la polémica exnovia del mandatario.

jueves, 11 de agosto de 2016

Juez Morales dispuso que Achacollo sea recluida en La Paz por estar sana

El juez Segundo Cautelar (en suplencia), Enrique Morales, modificó la medida cautelar de detención preventiva, que en primera instancia era en el penal Palmasola, en Santa Cruz, y dispuso que la exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, se quede recluida en el penal de Miraflores de La Paz y asegura que, según la Fiscalía, no presenta problemas de salud.

Luego de cinco días de permanecer en celdas judiciales, ante un vacío legal, el juez Morales determinó ayer modificar el recinto penitenciario al que en primera instancia había destinado a la exautoridad, a Palmasola, y se basó la modificación en la sentencia constitucional Nº 1579/2016, que permite modificar este aspecto ante la imposibilidad de un traslado a otro departamento.

Según el procedimiento, luego de que el juez determinó la detención preventiva (al penal de Palamsola, en Santa Cruz), el personal policial de seguridad de celdas judiciales trasladan al detenido al penal correspondiente, en el caso de Achacollo, una vez ahí, quedaría en custodia del Régimen Penitenciario.

“Pero en este caso, seguridad de celdas judiciales está imposibilitada de cumplir la orden”, afirmó Morales, señalando que en este tipo de casos, cuando el detenido es remitido a otro recinto penitenciario, en otro departamento, existe un vacío legal en la norma, por lo que recurrió a la sentencia constitucional.

MIRAFLORES

Morales también definió a Miraflores como el lugar de destino de Achacollo, por medias de seguridad, debido a que en el Centro de Orientación Femenino de Obrajes, ya se encuentran detenidas por el mismo caso, otras implicadas como Elvira Parra y Julia Ramos.

“NO HAY PLATA”

Morales explicó que el traslado no se debe a que alguna de las instancias, como Régimen Penitenciario, Consejo de la Magistratura o la misma Fiscalía, hayan incumplido el procedimiento, sino a la falta de recursos económicos, como figura en los informes solicitados por la autoridad a estas instancias.

“Han manifestado que ninguno tiene recursos económicos para trasladar a la señora (Achacollo), en otras palabras no hay plata (…) por procedimiento, no se puede obligar a la detenida a que pague los gastos de su traslado, eso es ilógico”, afirmó el juez Morales por la mañana y en la tarde confirmó su postura y dijo que Achacollo quede interna en la cárcel de Mujeres de Miraflores, de forma “definitiva”.

miércoles, 10 de agosto de 2016

Dircabi Bienes incautados al narcotráfico extraviados, desviados y abandonados generan pérdidas millonarias al Estado

Miles de bienes incautados al narcotráfico, muebles e inmuebles, se han perdido, han sido desviados y otros están abandonados, lo que genera una millonaria pérdida económica al Estado. La Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) no estableció los montos exactos de las pérdidas, pero señaló que de cada 1.000 bienes secuestrados, solo 100 (10%) pasan a administración de la institución y, de estos, solo 10 (1%) pasan a la confiscación a favor del Estado.

La entidad informó que no todos los bienes incautados por la autoridad judicial llegan hasta esa institución como manda la ley, manifestó la directora de Dircabi, Mirtha Jiménez.

"El juez no siempre incauta y no siempre confisca, o sea, si secuestra 1.000 bienes, de esos mil ni el 10% son incautados y seguramente ni el 1% son confiscados, habrá que hacer una relación numérica, no lo hemos hecho, pero es muy poca la proporción de lo que se confisca (…) De lo mucho que se secuestra, poco se confisca", manifestó Jiménez.

Agregó que "tampoco todo lo que se ha incautado nos entregan, por si acaso, ni siquiera es una garantía que incauten y nos entreguen, a veces no nos entregan todo lo que incautan".

Jiménez dijo que en un barrido nacional, constaron "que hay algunos bienes que no me han entregado" y no se conoce las causas del por qué los jueces no entregan los bienes incautados.

Además, reconoció que existen bienes perdidos los cuales se están buscando en distintos lugares del país. "Hemos encontrado además 150 inmuebles que estaban perdidos", indicó.

Dircabi administra bienes muebles e inmuebles, entre ellos: vehículos, aviones, lanchas, maquinaria pesada y otros medios de transporte. También mobiliario, joyas, ganado, precursores, sustancias, viviendas, haciendas, propiedades agrícolas, propiedades rusticas, terrenos, entre otros.

La institución recibió 25.950 bienes desde el 1 de enero de 1971 hasta el 6 de julio de 2016. Solo entre el 1 de enero de 2015 al 6 de julio de 2016 recibió 418 bienes.

En 2015, la Dircabi monetizó los bienes en $us 687.342 y en 2016, hasta fines de junio, $us 555.000. Estos recursos son distribuidos por partes entre el Ministerio Público, Conaltid y Dircabi para la lucha contra el narcotráfico.

A decir del diputado de Unidad Demócrata (UD), Tomas Monasterios, "según la Ley (1970) y la norma, la instancia directa, encargada, responsable de la posesión y tenencia de estos bienes es Dircabi" y es a esa instancia donde deben ir todos los bienes incautados.

Los bienes decomisados al narcotráfico tienen el siguiente tránsito procesal: 1) son secuestrados por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) cuando están implicadas en un hecho de narcotráfico, 2) luego pasan a tratamiento judicial para ser incautados o devueltos, 3) una vez incautados son administrados por Dircabi y 4) esa entidad es la encargada de monetizar esos bienes para luego pasar una parte de los recursos a Conaltid y éste destina los recursos al reforzamiento de la lucha contra el narcotráfico.

Al respecto, el director de la FELCN, Santiago Delgadillo, señaló que efectivos antidroga "cuando hacemos el secuestro pasamos a Fiscalía y ésta pasa al juez y el juez determina que pase a Dircabi.

Esta explicación fue sustentada por el viceministro de Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, señalando que Dircabi por Ley es la encargada de administrar los bienes incautados, sin embargo, la mora procesal hace que estos bienes estén guardados en depósitos por varios años.

"Una vez que ya se incauta el bien secuestrado, en este caso al narcotráfico, ya administra estos fondos el Consejo Nacional Contra el Tráfico Ilícito de Drogas (Conaltid) que es también una instancia donde participan cinco Ministerios (…) En algunos casos son devueltos, en algunos casos sí pasa a manos del Estado y es Dircabi Nacional quien monetiza todos estos bienes y estos montos de dinero van en apoyo a la lucha contra el narcotráfico", manifestó.

Sin embargo, resulta difícil fiscalizar los bienes porque las cifras de bienes secuestrados emitidos por la FELCN nunca coincidirán con los bienes recibidos por la Dircabi, porque, según Jiménez, unos son devueltas, otros incautados, pero mientras se dilucidan judicialmente esos bienes "quedan bajo la administración del Ministerio Público y la FELCN (…) Y hemos visto en la realidad que si hay incautados que no nos ha entregado (el juez)", por ello no hay forma de controlar esa situación.

Al respecto, el fiscal de materia adscrito a la FELCN, Julio Saenz, explicó que el Ministerio Público solamente supervisa que los bienes no sean mal utilizados y pide al juez que ese bien sea incautado y disponga que Dircabi lo administre.

"El Ministerio Público no tiene en su poder el bien incautado, se encuentra bajo custodia de la Policía mientras dura el trámite ante el juzgado y una vez que se produzca ese trámite, se resuelva la situación jurídica del bien, entonces Dircabi es el directo responsable", manifestó.

La falta de una normativa y la fiscalización de estos bienes está provocando pérdidas millonarias al Estado.

Exministra Achacollo es trasladada a la cárcel de Miraflores en La Paz

La ex ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, fue trasladada la tarde de este miércoles desde las celdas judiciales a la cárcel de mujeres de Miraflores en La Paz, disposición que reemplaza a la primera decisión judicial que indicaba que debía cumplir su detención preventiva en la cárcel de Palmasola de Santa Cruz.

El juez Enrique Morales explicó que en atención a un informe del jefe de seguridad del recinto judicial y a una sentencia constitucional que establece que no es aconsejable mantener a los detenidos en celdas judiciales durante mucho tiempo, se procedió a su traslado.

"Se ha dispuesto la modificación de la medida, se ha dispuesto la detención preventiva en el penal de Miraflores", señaló.

Achacollo permanecía en celdas judiciales desde hace cinco días. La exministra fue imputada por incurrir presuntamente en delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes al detectarse distintas anormalidades e irregularidades cuando fungía como ministra y como presidenta del directorio del exFondo Indígena.

El juez Morales explicó que se optó por Miraflores "por la seguridad de la señora Achacollo" porque en el penal de Obrajes están detenidas otras acusadas del caso Fondo Indígena, entre ellas, Elvira Parra y Julia Ramos.

Informó, además, que no se trata de una medida transitoria, sino que es definitiva hasta que se cumpla la detención preventiva.

Respecto a los pedidos de la defensa de Achacollo para que sea internada en un hospital, el juez explicó que su situación "no representa ningún riesgo para su salud".

León prepara amparo para defenderse en libertad

Graciela Mendoza, esposa del abogado Eduardo León, informó ayer que la próxima semana se presentará dos amparos constitucionales, con el fin de obtener medidas sustitutivas dentro de dos procesos penales que la Fiscalía sigue en su contra. Uno de ellos, relacionado al hijo del presidente Evo Morales y su expareja Gabriela Zapata.

“Yo creo que va ser en una semana. Nos vamos a ir ya al amparo, porque nos han rechazado ya varias acciones que hemos presentado y esperemos que le puedan dar su libertad. El amparo se presentará en los dos procesos: uno es trata y tráfico y el otro es por la libreta de servicio militar”, declaró Mendoza.

También reiteró que la detención de su marido, en el penal de San Pedro, se logró con fotocopias simples y “pruebas montadas” por autoridades del Gobierno.

León aún se encuentra en etapa de recuperación de los problemas renales por los cuales fue internado en el Hospital de Clínicas, y Mendoza explicó que ahora está preparando su defensa, en los próximos días presentará los mencionados amparos.

León fue aprehendido el 17 de mayo, y pese a que tiene dos procesos en su contra, está recluido en la cárcel de San Pedro por el caso de presunta falsificación de la libreta militar que presento al Ministerio de Educación, para obtener su título en provisión nacional.

Caso Fondo Indígena Plantean que ministro Arce declare por desembolsos registrados en Sigma


Frontis del fondo indígena.

En el marco de la investigación sobre el ex Fondo Indígena, el abogado de Marco Antonio Aramayo, exdirector de este organismo, doctor Héctor Castellón, dijo que, según el procedimiento de aprobación de proyectos y su ejecución, también debe ser citado a declarar el ministro de Economía y Finanzas, Luís Arce, para dar una explicación sobre el control de desembolsos efectuados a cuentas particulares registradas en el Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (Sigma).

“En Bolivia, no existe una sola cuenta Sigma, que no sea autorizada por el Ministerio (de Economía)”, señaló de manera categórica Castellón, al ser consultado sobre la responsabilidad que el ministro Arce tenía respecto de la verificación que debía realizar sobre el desembolso de recursos para la ejecución de proyectos del ex Fondo Indígena.

Castellón argumentó que Aramayo presentó la documentación necesaria, ante la comisión de fiscales, para que estos logren entender cuál era el procedimiento que el ex Fondo Indígena debía cumplir “antes, durante la aprobación del proyecto y la ejecución del mismo”.

Según esos mecanismos, la tarea de control también debía ser efectuada por el Ministerio de Economía, que le correspondía cumplir con ciertas normativas para hacer el desembolso, pero en la práctica el procedimiento se incumplió, pues los recursos públicos fueron a dar a cuentas privadas, como lo reconocieron, por ejemplo, Juanita Ancieta y Felipa Huanca, de la Organización Las Mujeres Bartolinas Sisas, lo cual está prohibido por la ley Financial.

FUNCIONAMIENTO DEL FONDO INDÍGENA

Castellón recalcó que la intención de la defensa de Aramayo no es incrementar el número de imputados, sino de lograr que “todos los que han participado en esto vengan y declaren”, con el fin de que se logre comprender cuál era el funcionamiento del Fondo Indígena.

“Es una institución que ha sido mal creada, eso viene desde 2005, con el decreto de creación y en 2010 que se puso en marcha el Fondo; no se precisaron los alcances que debía tener y que acarrearon todos estos problemas”, explicó Castellón.

“Evidentemente, si hay ministros, viceministros o cualquier otra persona (que tenga responsabilidad), que vengan y declare; y lo que pedimos al Ministerio Público, es que tomen sus declaraciones en la calidad que vean conveniente para las investigaciones”, aseveró.

CONSULTA

Consultado sobre el proceso de investigación, los indicios y las futuras acciones que el Ministerio Público asumirá luego de la detención de la exministro Nemesia Achacollo, el fiscal anticorrupción, Anghelo Saravia, se negó a formular declaraciones, dejando en duda, como lo afirma Castellón, el Ministerio Público logró entender cuál era el modo de funcionamiento del ex Fondo Indígena.

“Yo creo que ya es tiempo de que la Fiscalía analice los documentos que se han entregado, hasta la fecha, de los 86 casos en los que mi cliente está denunciando, no se ha dado ni una sola inspección técnica ocular al Fondo Indígena, a revisar la documentación; obviamente tampoco se lo ha hecho al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, al Ministerio de Planificación ni al Ministerio de Economía”, concluyó Castellón.

Papeles de Panamá Comisión indagará flujo de dinero de empresas mineras

La comisión que investiga el caso de los “Papeles de Panamá” indagará en primera instancia el flujo de transferencias internacionales de empresas mineras que aparecen en la lista de observados, informó el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Víctor Borda.

“Hay información sobre empresas mineras, por eso indagaremos las transacciones de estas empresas en primera instancia, aspecto que tomará su tiempo, porque se tienen que cruzar datos con el Banco Central de Bolivia y la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI)”, informó el legislador.

Meses atrás, se conoció que 95 empresas bolivianas están en los registros de los paraísos fiscales de los Papeles de Panamá, razón por la cual, el presidente Evo Morales instruyó la conformación de la una comisión especial del Legislativo, para ver si existió evasión fiscal.

ENTEL

Sobre la empresa de telecomunicaciones Entel, confirmó que la empresa estatal figura en la lista de los Papeles de Panamá, pero que, extraoficialmente, se conoce que era cuando no se nacionalizó la misma.

martes, 9 de agosto de 2016

Apelación retrasa juicio del caso Terrorismo

La tramitación de la apelación presentada por la Fiscalía, rechazando la decisión tomada por un juez, que aparta del juicio al general Gari Prado, retrasa el juicio del denominado caso Terrorismo, según el fiscal Marco Antonio Rodríguez.

El fiscal Rodríguez explicó que en la práctica, el juicio del caso Terrorismo se encuentra paralizado desde mayo pasado, a consecuencia del cuadro de salud del general jubilado Gary Prado Salmón.

El 18 de julio pasado, el Tribunal Primero de Sentencia determinó por unanimidad apartar temporalmente al general Gary Prado Salmón del caso Terrorismo por su delicado estado de salud.

En esa audiencia, la defensa de Prado presentó los certificados e informes del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), en los que se establece el delicado estado de salud del acusado y que por esto no podía proseguir asistiendo a las audiencias, pese a que desde 2010 cuenta con detención domiciliaria.

El general, en retiro, es acusado de alzamiento armado y terrorismo, por colaborar y haberse reunido con Eduardo Rózsa, quien murió en un operativo policial en el Hotel La Américas de la ciudad de Santa Cruz en 2009 junto a otros dos miembros de la célula terrorista.

A consecuencia del efecto suspensivo de la apelación a esa resolución, las audiencias de juicio oral quedaron suspendidas, mientras un tribunal de alzada en La Paz resuelva la apelación.

Según el fiscal, la resolución del Tribunal de Sentencia carece de valoración y fundamentación y no toma en cuenta todos los elementos producidos y aportados por la Fiscalía y espera que la medida pueda ser revocada.

En caso de ser confirmatoria, se debe esperar que el general se sane de sus dolencias para conformar un nuevo Tribunal y continuar el juzgamiento.

Rodríguez lamentó el retraso en dicho proceso, esto por la salud de Gary Prado que asistía a las sesiones públicas en camilla de hospital.

Achacollo asegura que tiene la “conciencia tranquila”

“Me voy con la conciencia tranquila, porque yo no me he llevado ni un peso”, afirmó ayer a EL DIARIO la exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, estando en celdas judiciales, antes de ser trasladada como detenida preventiva al penal de Palmasola, en Santa Cruz.

En breve contacto, cuando estaba las celdas judiciales del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Achacollo manifestó que asumirá su defensa presentando pruebas ante las autoridades correspondientes.

Desde la pequeña ventanilla de la puerta de metal que separa a las visitas de las detenidas, EL DIARIO encontró ayer a la exautoridad sentada en una de las camas del ambiente, que ocupa desde el 4 de agosto, en celdas judiciales del Tribunal Departamental de Justicia.

Achacollo fue conducida ahí por disposición del juez (en suplencia), segundo cautelar Enrique Morales, luego de que la comisión de fiscales, compuesta por Óscar Campero y Anghelo Saravia, presentara la imputación formal en su contra, por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

CON EL DIARIO

Luego de identificarnos, al aproximarnos a la puerta, donde junto a otras tres personas con las que también entablaba diálogo, Achacollo escucha las primeras consultas de EL DIARIO, pero da a entender que no se siente bien.

Al ser interrogada sobre su trasladado a Santa Cruz y la continuación del proceso en su contra, la exministra afirmó que se encuentra tranquila y junto a sus abogados preparará la documentación de descargo.

“Me voy (a Santa Cruz) con la conciencia tranquila, porque yo no me he llevado ni un peso (…) voy asumir mi defensa, presentando todas las pruebas que tengo”, señaló la mujer de pollera, que corrobora lo que sus abogados sostienen; muestra síntomas de agotamiento y habla en tono calmado, tal como lo hiciera también a lo largo del proceso judicial que tuvo, e inició con la apelación a su detención preventiva, instruida por el juez Morales el viernes pasado.

Al respecto, el abogado Diego García aseguró que dicha apelación sigue el trámite legal y se espera que en los siguientes días se sortee un tribunal de alzada para la audiencia; desvirtuar el riesgo procesal que los fiscales establecieron en contra de su defendida, como se establece con personas que no tienen una actividad laboral ilícita.

De contar con fallo favorable, Achacollo podrá asumir defensa en libertad pura y simple y en el peor de los casos con una detención domiciliaria.

NO FUE AMENAZA

Pero el panorama legal para la exautoridad no parece mejorar, minutos antes de lograr el testimonio de Achacollo, el diputado opositor (UN) Rafael Quispe, en puertas de la Fiscalía Departamental (a escasos 80 metros de celdas judiciales), anunciaba otros dos procesos en su contra, a raíz de la advertencia que esta le hizo el viernes cuando se cruzaron en pasillos de los tribunales, previo al inicio de la audiencia cautelar.

“Espera maleante, vas a pagar tarde o temprano, desgraciado”, fue la advertencia que Achacollo lanzó a Quispe y quedó registrado ante las cámaras de televisión y grabadoras de los medios de comunicación. Ese mismo día, Quispe declaraba “pienso dejar el caso, por qué es gente que cumple sus amenazas”.

CONTINUARÁ QUISPE

Sin embargo, ayer el diputado Quispe, principal denunciante de los malos manejos del Fondo Indígena, se retractó y aseguró: “No, nos vamos a retirar del proceso. Muertos, nos tendrán que sacar del proceso. Tendrán que botarme del país para sacarnos del proceso (…) Hemos decidido con mi familia, con mi abogado, hacer un proceso penal contra la señora Achacollo por amenazas, calumnias e injurias”, adelantó el legislador.

Respecto de estos anuncios, la exministra de Desarrollo Rural (2010 y 2015), sin referirse a los procesos, negó haber vertido una amenaza como tal.

“No ha sido una amenaza. Pero está quienes acusan sin pruebas y yo tengo mis respaldos que no he cometido ningún delito (…) No quiero decir nada más por ahora”, se disculpó Achacollo.

Luego, la mujer de pollera, acostumbrada al cálido clima de Yapacaní, en Santa Cruz, donde residió hasta antes de acudir al llamado de la Fiscalía, se retiró asegurando uno de los botones de la chompa de lana que viste desde que fue aprehendida, y retornó a su lugar en la celda, que comparte con más de 10 mujeres que atraviesan similar situación jurídica.

domingo, 7 de agosto de 2016

Fabricio Ormachea revelará a implicados en reunión con Roca

El exmayor de Policía, Fabricio Ormachea, pedirá la ampliación de su declaración para presentar documentación y revelar los nombres de las personas que lo indujeron a reunirse con el expresidente de Aerosur en Estados Unidos, Humberto Roca, informó su abogado, Rodrigo Delagadillo.

La pasada semana, el juez noveno de Instrucción en lo Penal, Jorge Castillo, determinó la detención preventiva del expolicía en el penal de San Pedro, por la presunta comisión de tres delitos vinculados al caso AeroSur.

En esta audiencia, Ormachea aseguró que él fue a Estados Unidos a recoger a su padre, pero recibió correos electrónicos en los que se le pedía visitar al exdueño de AeroSur, Humberto Roca, en su domicilio.

“Demostraremos qué personas que conocían de mi viaje particular tomaron contacto conmigo, a través de correos electrónicos, para pedirme que yo me reúna con Roca”, afirmó el ahora exmayor de Policía.

En este sentido, dentro del nuevo proceso que se le sigue en Bolivia, el abogado de Ormachea detalló que se ha presentado la solicitud de ampliación de declaración y de requerimientos fiscales para que de forma legal se extraiga copia de los correos electrónicos, a los que hizo referencia su cliente, y estos sean presentados como pruebas.

“El compromiso que tenemos con el representante del Ministerio Público es de poder colaborar en las investigaciones, en la declaración ampliatoria que ha pedido mi cliente vamos a ofrecer todas estas pruebas. En este momento, estamos haciendo la recolección de toda la documentación mediante requerimientos. Una vez que tengamos todo, se dará la ampliación de la declaración”, afirmó Delgadillo.

RETORNO

La pasada semana, Ormachea fue deportado de Estados Unidos a Bolivia y a su arribo al país el martes 2 de agosto fue detenido en el Aeropuerto de El Alto, para ser sometido a declaración informativa en la Fiscalía.

El expolicía cumplió una condena de tres años en Estados Unidos, acusado de extorsionar al expresidente de Aerosur.

PROCESO

El 31 de agosto de 2013, Ormachea fue detenido por efectivos de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus en inglés) en Miami, Estados Unidos, bajo el cargo de que intentaba extorsionar con 30.000 dólares al expresidente de Aerosur, a cambio de revocar cargos en su contra que enfrentaba en la justicia boliviana.

Por este delito, en mayo de 2014 Ormachea fue sentenciado y purgó una condena de tres años de cárcel en Estados Unidos, en los que asegura no pudo recibir ni una sola visita y se controló toda comunicación que lograba tener con su familia. En 2010, se inició una investigación por presunto fraude fiscal contra los ejecutivos de AeroSur. La empresa quebró en 2012 y comenzó a tener dificultades desde 2007

El 6 de mayo de este año, Ormachea cumplió su sentencia en EEUU y pese a tenía la posibilidad de solicitar refugio y permanecer en el país del norte, determinó regresar a Bolivia.

Ahora, enfrenta los cargos de obstrucción a la justicia, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y favorecimiento al enriquecimiento ilícito.