domingo, 29 de septiembre de 2013

Juez acusó de otros delitos a 'El Viejo'

El abogado Guido Colque denunció que el juez Sixto Fernández, del Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, pretendió sumar los delitos de alzamiento armado y organización criminal, al de terrorismo, por el que es encausado su defendido, Ignacio Villa Vargas, conocido como "el Viejo".

'Tuvimos que hacer valer nuestros derechos y apelar al auto de apertura del juicio en el que únicamente hablan de terrorismo", argumentó Colque.

Alzamiento armado tiene una sentencia de 15 a 30 años y terrorismo de 15 a 20 años, y en su criterio la intención es agravar la situación con delitos que no están registrados. "Uno puede tener varios nombres, pero el que vale es con el que lo anotan en Registro Civil", dijo Colque.

Indicó que es una muestra más de la presión que es objeto el Tribunal por parte de la Fiscalía y el Ministerio de Gobierno, situación que provocó el malestar de Villa Vargas al momento de su declaración en el juicio oral, el viernes en la tarde.

Villa es el tercer imputado de 38 que comparece en el juicio oral derivado del asalto al hotel Las Américas donde murieran el supuesto cabecilla de la red subversiva, Eduardo Rózsa y dos acompañantes, el 16 de abril del 2009.

Casas de torturas. "El Viejo" dijo ante el Tribunal de que está dispuesto a mostrar 5 casas de tortura donde agentes del Gobierno que armaron el caso Rózsa, lo torturaron para que firmara una declaración en la que implica a líderes cruceños y benianos, principalmente vinculados con el movimiento autonómico del año 2008.

Las casas están ubicadas en la Villa Primero de Mayo, el Plan Tres Mil, la calle Mercado y el segundo anillo y una quinta o casa de campo. Villa también pidió garantías porque le han dejado un explosivo y han querido secuestrar a sus hijos.

Se pregunta Villa
¿Y dónde están los que tramaron el caso?

Implicados. Ignacio Villa preguntó dónde están el exjefe nacional de Inteligencia, Jorge Santistevan; el jefe de la Utarc, capitán Wálter Andrade, la policía Marilín, los agentes del Ministerio de Gobierno, Luis Clavijo, Carlos Núñez del Prado, Edson Alí y el hermano del Vicepresidente, Raúl García Linera. Solo sabe que quienes ayudaron fueron premiados, como Betty Yañiquez, exjuez y ahora fiscal de distrito de La Paz e Isabelino Gómez, fiscal del distrito cruceño.

sábado, 28 de septiembre de 2013

'El Viejo' dice que hermano del 'Vice' era un infiltrado

Ignacio Villa Vargas, conocido como "el Viejo" y señalado inicialmente como testigo clave en el proceso por terrorismo y alzamiento armado, reveló ayer en el juicio oral, que Raúl García Linera, hermano del vicepresidente Álvaro García Linera, era un infiltrado más en la organización del Gobierno que preparó el montaje del caso.

Dijo que lo conoció en una casa de campo en Villa Tunari, en el Chapare, poco antes que prestara su declaración ante la comisión mixta de diputados que investigaba el caso, cuando le pasaron "un libreto" sobre las cosas que debería decir y a quiénes debería implicar.

"Lo conozco bien, es flaco, parecido al Vicepresidente y estaba junto con Edson Alí, Luis Clavijo, Carlos Núñez del Prado, agentes del Ministerio de Gobierno que prepararon todo", dijo.

Villa Vargas dijo que en base a las directrices que le pasaron en su declaración formulada ante los diputados involucró a muchos cruceños, como se lo exigían porque lo tenían amenazado y también a su familia.

Todo es ilegal. "Nada en este caso es legal, desde la denuncia que se presentó antes de los hechos. Por eso digo que esto es amañado", señaló Villa, quien recién empezó a declarar en la tarde, pues en la mañana tuvieron que sortear algunos incidentes hasta quedar en que solo estaba siendo procesado por el delito de terrorismo, y no así por alzamiento armado, asociación delictuosa, tenencia y uso de explosivos, como pedía el Ministerio de Gobierno.

Villa es acusado de ser el chofer del supuesto grupo subversivo que colocó una bomba en la casa del cardenal Julio Terrazas y que luego planificó un supuesto atentado al presidente Evo Morales y que también intentaba dividir el país, en el 2009, poco antes del asalto al hotel Las Américas, donde murieron el presunto cabecilla Eduardo Rózsa y sus acompañantes Arpad Magyarosi y Michel Dwyer.

Concurre después del testimonio de los dos sobrevivientes, el boliviano croata Mario Tadic y el húngaro Elöd Tóásó.

Su 'vía crucis'. Villa empezó informando que fue contratado por el agente del Ministerio de Gobierno, Luis Clavijo, por la suma de 7 mil bolivianos mensuales.

Ahí conoció al jefe de la Unidad Táctica de Resolución de Crisis (Utarc), (el grupo que asaltó el hotel Las Américas y dio muerte a Rózsa y sus dos amigos) capitán Wálter Andrade, a la cabo Marilín, a los agentes Carlos Núñez del Prado y el jefe nacional de Inteligencia, Jorge Santistevan. Todos lo enviaron para que trabaje con Eduardo Rózsa en la Feria Exposición y le pagaban la suma de 80 bolivianos para que les llevara comida.

Señaló que después del 16 de abril del 2009, después de la balacera en Las Américas, fue secuestrado por agentes del Gobierno que lo esperaron en el cuarto anillo tras salir de su casa de Cotoca y desde entonces lo trasladaron a Cochabamba, La Paz y Santa Cruz donde lo torturaron para que firmara declaraciones implicando a varias personas.

Cerca de las 18:30, luego de las declaraciones parciales, la audiencia fue suspendida hasta el 7 de octubre por el juez Sixto Fernández debido a que Villa Vargas sufrió una baja de su presión.

"Dónde están los del Gobierno, los jueces y policías que se prestaron para el montaje. Acaso yo filmé el video-soborno, acaso yo me robé la plata del Ministerio".

Ignacio Villa
Implicado en el caso

"El juez Fernández se equivocó ayer en la audiencia. Dijo que Ignacio Villa debería probar su inocencia, cuando es al revés. Se presume la inocencia".

Otto Ritter
Abogado Defensor

Imputado
Involucra a los fiscales Soza y Céspedes

A Marcelo Soza. El fiscal director funcional de las investigaciones dijo que le pasó una lista de unas 140 personas para que las involucrara. Luego le preguntaba cuál de esos tenían plata.

A Sergio Céspedes. El actual director funcional de las investigaciones dijo lo conoció en la audiencia conclusiva en Cochabamba y tuvo un altercado con él porque le cambiaron un abogado.

Torturas, Villa reveló que debido a que se les pasó la mano con la corriente eléctrica cuando lo torturaron tuvieron que pagar 1.500 bolivianos en la clínica Kamiya de Santa Cruz para que lo curaran.

Según El Viejo, fue torturado para acusar a 140 personas

El Viejo Ignacio Villa Vargas afirmó ayer que fue bajo tortura y amenazas sobre sus parientes que declaró y acusó a personalidades de Santa Cruz de haber sido parte del supuesto plan separatista, terrorista y de alzamiento armado sustentado por el Gobierno como base para la incursión policial del hotel las Américas hace cuatro años.
"Fíjense en mi brazo (derecho). A causa de los golpes y torturas, está con una fractura consolidada, pero nunca me permitieron un tratamiento…”. Agregó que aún ahora pasa noches en vela por la violencia que dijo que se le había aplicado y que no ha cesado. Sus torturadores, según afirmó, le dieron una lista de 140 personas a las que debía acusar. Teóricamente, tras las declaraciones de El Viejo, quedarían sin sustento las acusaciones sobre quienes están presos o declarados rebeldes a causa de su testimonio. Habló ante los jurados bajo la atención compacta del público y un silencio apenas perturbado por el ruido del aire acondicionado de la sala.
Con diabetes avanzada y en silla de ruedas, lucía muchos más años que los 52 del registro. Morador de Cotoca, a 20 kilómetros de Santa Cruz, fue estrella de la acusación y al poco tiempo uno de los 39 acusados. Es uno de los mayores juicios de la historia boliviana.
Voz débil y de contra-alto que traducía una fuerte presión emocional, El Viejo dijo que en Cochabamba, al abrirse las audiencias el año pasado, un funcionario del entonces fiscal del caso Marcelo Soza, le advirtió que debía callarse ante los medios o su familia sufriría consecuencias. En esa ocasión, dijo, estaba presente uno de los fiscales que ahora encabeza la acusación tras la salida de Soza del caso, en la avalancha de denuncias de extorsión que tiene en la cárcel acusados a otros exmagistrados.
Mencionó a exfuncionarios policiales y del Ministerio de Gobierno, entre ellos al capitán con quien aparece en una de las fotografías más difundidas del caso (una parrillada en la casa de Villa Vargas), al lado de Eduardo Rózsa Flores, a quien el Gobierno atribuye la condición de cabecilla del grupo que supuestamente quería dividir Bolivia. Fue muerto en el episodio del 16 de abril de 2009.
Las amenazas, dijo, no han cesado y por eso había exigido garantías. Afirmó que incluso a su prisión de Palmasola llegan emisarios para decirle que debe cuidarse de lo que diga ante el tribunal.
Al cabo de dos horas de testimonio, en las que repasó algunos de los momentos que han marcado la historia que se le endilga, la sesión fue suspendida hasta el 7 de octubre, debido a la baja presión registrada (60-110). Es el tercero en declarar sobre el pliego acusatorio.
El supuesto caso terrorismo ocurrió el 16 de abril de 2009 cuando murieron a manos de la Policía en el hotel Las Américas, el boliviano húngaro croata Eduardo Rózsa, el irlandés Dwyer Michael Martin y el rumano Arpad Magyarosi, además fueron detenidos el húngaro Elod Toaso y el boliviano-croata Mario Tadic.

viernes, 27 de septiembre de 2013

Exsocia de Ostreicher quiere libertad definitiva

La colombiana Claudia Liliana Rodríguez acudirá hoy ante la jueza Eneas Gentile para participar de una audiencia en la que busca su libertad definitiva. Es la exsocia del estadounidense Jacob Ostreicher, tiene detención domiciliaria y es implicada en un supuesto clan de narcos. Ella pidió que se le cambie la medida, al considerar que su situación mejoró

Policía y Fiscalía investigan supuesta corrupción en SER

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y la Fiscalía investigan a una supuesta red de falsificadores que operaba desde la Secretaría de Recaudaciones y Gestión Catastral del gobierno municipal (SER), ubicada en el segundo anillo.

La investigación se desarrolló desde el miércoles cuando personal de la institución detectó a un exfuncionario en poder de licencias de funcionamiento falsas. De inmediato, el director de SER, Fernando Mustafá, denunció el hecho en la Policía y en la Fiscalía. Un hombre fue aprehendido y se iniciaron las investigaciones para ubicar a otras personas que actuaban en complicidad.

El hecho fue confirmado por Mustafá, que aseguró que luego de detectarse la presencia del exfuncionario, se hizo un seguimiento y se encontró licencias de funcionamiento falsas.

La fiscal de la División Económicos Financieros de la Felcc, Doris Rivero, afirmó que se ha iniciado la investigación al exfuncionario y que existe la posibilidad de que otras personas que trabajan en SER tengan relación con este caso, pero que ese extremo se debe demostrar en el curso de las pesquisas.

Más detenidos

En horas de la tarde de ayer, otro hombre fue detenido en las instalaciones del segundo anillo y luego de ser enmanillado fue conducido a la Felcc para que preste su declaración ante la fiscal encargada del caso.

La Felcc y la Fiscalía tienen conocimiento de que algunas personas, entre ellos tramitadores, se ‘esfumaron’ del lugar, al parecer alertados de las acciones de las autoridades.

La fiscal Rivero aseguró que hay bastante documentación en el expediente que se está analizando y que revela algunos métodos supuestamente utilizados por personas inescrupulosas para ganar dinero fácil incurriendo en delitos.

Aseveró que la investigación está empezando y que se investiga para dar con el paradero de otras personas para aplicarles el peso de la ley.

Más controles

Tras las acciones que se realizan en dicha secretaría municipal se intensificaron los controles tanto internos como externos, para evitar actos irregulares.

José Crapuzzi, otro de los responsables de las oficinas, manifestó que se requirió la presencia policial y de la Fiscalía inmediatamente después de detectarse la irregularidad.

El directivo municipal pidió a la población no dejarse sorprender por estas personas y denunciar cualquier irregularidad

LLENO DE TRAMITADORES

Oficinas concentradas
En las oficinas de SER, situadas en el segundo anillo, el gobierno municipal concentra gran parte de los servicios para la gente.

Licencias e impuestos
Allí se atiende el pago de impuestos y se tramita la otorgación de licencias de funcionamiento para locales en diversos sectores.

Presencia de tramitadores
En las afueras de estas oficinas municipales suele haber gran afluencia de tramitadores, que ofrecen sus servicios y guías a la gente.

En juicio por terrorismo, sale Toaso y entra El Viejo

Después de dos meses frente al tribunal que lo juzga, ayer concluyó la defensa del húngaro Elod Toaso, uno de los dos sobrevivientes del asalto al hotel Las Américas, ocurrido hace más de 53 meses. Acusado junto a otras 38 personas de pretender matar al presidente Evo Morales, al gobernador Rubén Costas y a otras autoridades en un plan para alzarse en armas, escindir Bolivia y crear una nueva nación, el acusado dijo que sentía que se había librado de un gran peso. "Ahora veremos qué dicen ellos”, declaró apuntando con la mirada al tribunal.
Dos de los jurados, la jueza Julia Elena Gemio y el presidente del tribunal, Sixto Fernández, le hicieron las últimas preguntas, tras la serie que habían iniciado esta semana los abogados de la defensa. Las juezas ciudadanas Sonia Mamani y Anastasia Callisaya permanecieron calladas. A las 17:30 era el turno de Ignacio Villa Vargas, El Viejo, el tercero de la lista para dirigirse al tribunal.
El acusado fue durante algunos meses el "testigo estrella” del fiscal que dirigió el caso hasta este año, Marcelo Soza, quien después lo pasó a la condición de "acusado fundamental”. Pero la sesión fue suspendida hasta hoy porque el acusado sentía que su salud estaba quebrantada para iniciar la etapa de su defensa.
Otro de sus colegas de prisión, el exdirigente cívico Alcides Mendoza, con la presión en niveles extremos, los ojos rojos como si le estuviese ocurriendo un derrame, reclamó ser excluido del juicio o que se le permita un tratamiento intensivo antes de la reanudación de sesiones. El médico Juan Carlos Santisteban, otro de los acusados, dijo que "puede ocurrir todo”.

jueves, 26 de septiembre de 2013

Tribunal dice que no hay injerencia política Niegan libertad a 'El Viejo' y temen muerte de imputado

El Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, que cada dos semanas sesiona en Santa Cruz, negó ayer la libertad al procesado por terrorismo y alzamiento armado, Ignacio Villa Vargas, conocido como “El Viejo” y presentado inicialmente por el Ministerio Público como “testigo clave” en el proceso, pero que ahora se encuentra distanciado.

Durante casi cuatro horas, Guido Colque, defensor de Villa, presentó pruebas que este tiene un domicilio conocido y un trabajo en caso de salir en libertad, con la intención de evitar el riesgo procesal de peligro de fuga, causas por las que ordenaron su detención hace tres años.

También presentó certificados médicos y que su salud corre peligro por la diabetes y trombosis que sufre debido a su avanzada edad, de 62 años.

El riesgo sigue. Sin embargo, los fiscales a la cabeza de Sergio Céspedes afirmaron que el riesgo que el imputado pueda irse persiste, como lo han hecho otros procesados, de modo que para la continuidad del juicio, es preferible que continúe privado de su libertad, pues tampoco ha comparecido en el juicio oral.

Ante ese planteamiento, el tribunal dirigido por el juez Sixto Fernández, determinó negar la cesación a la detención.

Esa situación provocó el enojo de Vargas, quien indicó que esto se debe a una represalia del Gobierno que envía a sus emisarios hasta la cárcel de Palmasola para negociar que durante su declaración “hunda” a los procesados, principalmente a los cruceños vinculados al movimiento cívico.

Una vida en riesgo. Por la mañana continuó declarando el húngaro Elöd Tásó, pero la audiencia se concentró en una discusión entre los abogados defensores y los fiscales, si debería responder si conocía cuáles son los puntos de ataque y de defensa.

Los fiscales decían que ya había respondido, pero los defensores que deberían hacerlo.

Estaban en ese dilema cuando el exdirigente unionista, Alcides Mendoza, tuvo un decaimiento y el médico y procesado Juan Santistevan pidió que lo internaran porque su vida corría peligro por su hipertensión.

martes, 24 de septiembre de 2013

Fiscal asegura que desaparecieron $us 46 mil en caso corrupción policial

Fabiana Azero, fiscal asignada al caso de supuesta corrupción policial en la Felcc de El Alto, informó ayer que los 46 mil dólares que fueron presentados como prueba desaparecieron sin explicación.

Además, la fiscal pidió garantías para su seguridad y la de la cabo de la Policía, Wilma Chávez, ante las amenazas proferidas por la familia del suboficial René Alcoba, exjefe de la División de Propiedades de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de El Alto y principal acusado en este caso.

“Se está solicitando ya al Comando Departamental se pueda proporcionar protección no solamente para la cabo, sino también para mi persona, toda vez que de las dos audiencias que se llevaron a cabo, una en que la juez (Margoth Pérez) fue recusada y la segunda audiencia en la que se dispuso la detención preventiva, mi persona ha sido amenazada por los familiares del suboficial”, denunció Azero, a medios de comunicación.

Le ofrecen que 'hunda' a los cruceños

Ignacio Villa Vargas es uno de los 38 imputados por terrorismo y separatismo que se ha convertido en una especie de caja de sorpresas. Ayer, en la víspera de su declaración en el juicio oral, denunció que "todos los días recibe propuestas y emisarios del Ministerio de Gobierno", con la intención de negociar y que "hunda" a los procesados.

Propietario del restaurante "El Viejo terrorista", en la cárcel de Palmasola, Villa relató ayer que hasta su local han ido a ofrecerle su libertad, a propósito de una audiencia que se celebrará este miércoles a las 15:30 y "que pida lo que quiera" a fin de dar un testimonio favorable al Gobierno.

Rechazo. Villa Vargas, quien inicialmente fue presentado por el Gobierno como "testigo estrella", dijo ayer que no ve por qué tengan que necesitar su testimonio para condenar a los implicados, cuando si es que dicen que tienen pruebas, lo que deben hacer es presentarlas.

Explicó que al enterarse que son emisarios del Ministerio de Gobierno lo que hace es rechazarlos últimamente, al extremo que ya no quiere recibirlos.

Vargas era el conductor de un vehículo en el que se desplazaba la presunta célula subversiva, según la Fiscalía.

Tóásó niega tener antecedentes. Durante una accidentada audiencia porque habilitaron horas extraordinarias en el Palacio de Justicia, el húngaro Elöd Tóásó negó tener antecedentes criminales en su país, así como conocimiento o entrenamiento militar, como afirma el Gobierno. Después de su testimonio viene el de Villa Vargas, este miércoles.

lunes, 23 de septiembre de 2013

POR EL CASO BARCAZAS EMPRESARIOS COREANOS DEBEN COMPARECER

El Ministerio de Defensa considera que los cuatro empresarios coreanos implicados en las irregularidades que rodearon a la construcción y entrega frustradas de 16 barcazas y 2 remolcadores, deben comparecer ante la justicia boliviana, dijo ayer, el ministro Rubén Saavedra. "Los coreanos están emplazados por la justicia boliviana a que se presenten y expliquen cuáles fueron la circunstancias por las que incumplieron contratos con la Empresa Naviera Boliviana (Enabol)'" explicó.

Dan plazo de 10 díaS.

Según la autoridad, los extranjeros fueron emplazados mediante edicto emitido por la juez décimo de Instrucción en lo Penal, Marcela Siles, para que declaren ante la fiscal asignada al caso, Magaly Gonzales, en un plazo de 10 días o serán declarados en rebeldía.

Estos ciudadanos, dijo, "eran responsables para la construcción y el transporte de las 16 barcazas y los dos empujadores hasta el puerto de Rosario (Argentina) y sean entregados a la Enabol, en Puerto Busch (Bolivia)".

Saavedra mencionó a Kwak Chong Ho, de la empresa GMB Weihhai Marine and Shipbuilding, que estaba encargado de la entrega de las 16 barcazas.

Lo mismo, Jung Chun Sub, representante de la empresa SeAH ByK Duck Sung Sociedad Accidental, era el encargado para la entrega de dos remolcadores. Además, Park Snog Gi, Lee Jong Soo, Lee Young Sik y Lee Sang Kuyk. El Ministerio instauró un proceso penal en el Ministerio Público, contra varios funcionarios de Enabol, entre ellos, el exgerente general, Freddy Ballesteros, acusado de haber pagado, por adelantado, 28 millones de dólares, por la adquisición de las barcazas y los remolcadores, además del transporte, antes de que se construyan.

viernes, 20 de septiembre de 2013

Pago para traslado de barcazas fue a tres cuentas privadas

Los tres millones de dólares que la Empresa Naviera Boliviana (Enabol) pagó por concepto de transporte de las 16 barcazas y dos empujadores desde China hasta Puerto Rosario (Argentina) fueron a parar a cuentas privadas de dos ciudadanos bolivianos, un ciudadano coreano y una cuenta bancaria de Corea del Sur.
De acuerdo con la documentación de la Fiscalía Anticorrupción que investiga este caso, los tres millones de dólares fueron transferidos a la cuenta del Banco Nacional de Bolivia (BNB) número 140-0604831, que estaba a nombre de la empresa General Marine Business (GMB), que era la oficina de la constructora de los bienes navieros en Bolivia.
De esta cuenta, los recursos públicos fueron enviados a las cuentas privadas. El coreano Jong Soo Le recibió dos cheques con la siguiente numeración: 2678220 y 2678222, y también se registró un traspaso a su cuenta 150-0892591 del BNB.
La ciudadana María René Alvarado Lara recibió un cheque con la numeración 2678221 y el abogado de la GMB en Bolivia, Carlos Hur, habría recibido otro cheque con el número 2678223.
También se detalla que hubo una transferencia al Woori Bank (Ulsan Chungang), una entidad bancaria que funciona en Corea del Sur, que sería beneficiaria de la GMB Inc., con el número de cuenta 1081-980-050411.
La documentación a la que tuvo acceso Página Siete y en la que se encuentra la información detallada arriba no incluye montos, sino solamente la numeración de los cheques.
Jong Soo Lee y Carlos Hur se encuentran entre los ciudadanos convocados mediante edicto por la jueza décimo de Instrucción en lo Penal, para presentarse en la Fiscalía de La Paz y prestar su declaración en la denuncia presentada por el Ministerio de Defensa por la irregular adquisición de barcazas.
El exgerente de la Enabol, ahora detenido por este caso, Freddy Ballesteros pagó al contado 21 millones de bolivianos -equivalentes a tres millones de dólares- por el servicio de transporte a la empresa GMB en Bolivia; no obstante, el contrato para la construcción de las naves fue firmado con la GMB Inc.
Las barcazas y empujadores, según los últimos contratos renovados entre Enabol y la constructora, debían ser entregados al Estado boliviano a finales del año 2010; sin embargo, hasta ahora no llegó ni una sola nave.
Los empujadores, actualmente, se encuentran retenidos en un astillero en la República Popular de China con anotación preventiva por un lío legal de la empresa constructora, y las barcazas también se encuentran en ese lugar.

En junio de 2012, Página Siete reveló que Enabol pagó por anticipado más de 28 millones de dólares a la empresa china GMB para la construcción de 16 barcazas ($us 14,4 millones), dos empujadores ($us 11,5 millones) y por el transporte ($us 3 millones). El caso está en investigación.

Hay tres detenidos por este caso
Hace un año se iniciaron las investigaciones por la irregular adquisición de las 16 barcazas y dos empujadores, denunciada por Página Siete. Hay dos personas detenidas en la cárcel de San Pedro y una tiene detención domiciliaria.
El exgerente de la Enabol Freddy Ballesteros y el exdirector administrativo de esa entidad Fidel Gamboa se encuentran detenidos preventivamente en el penal de San Pedro de La Paz por la supuesta comisión de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado.
El capitán de fragata Evalth Velasco Helguero, otro implicado, tiene detención domiciliaria. Gamboa y Velasco aseguraron a la jueza que sus actos se ejecutaron en cumplimiento de las órdenes superiores y sobre la base de los informes jurídicos que se emitieron para un pago total y por anticipado de más de $us 28 millones a la empresa china GMB.
Este caso se destapó por una denuncia de Página Siete con base en documentos oficiales.

Sentencian a juez y a fiscal que pidieron $us 15.000



Un fiscal, un juez y su personal de apoyo, en Santa Cruz de la Sierra, fueron condenados por el delito de concusión a entre dos y cuatro años de cárcel, tras pedir a una mujer $us 15.000, a cambio de liberar a su esposo que estaba encarcelado.

El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, informó que el Juzgado 9º de Instrucción en lo Penal de la ciudad de Santa Cruz emitió la sentencia con base en la ley anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz.

“Ésta es una clara muestra del trabajo transparente que viene llevando a cabo el Ministerio Público, en el marco de recuperar la confianza de la sociedad, por lo que el fiscal que aparte su conducta de lo legalmente establecido en la ley, va a ser procesado severamente disciplinaria o penalmente, como en este caso”, dijo.

Este proceso fue registrado el 12 de noviembre de 2010, cuando Jovita Ayala Ramos presentó una denuncia contra el juez de la Villa Primero de Mayo José Ernesto Fernández P. y su personal, además del fiscal Ronny Vidal Quevedo. Según la denunciante, los sindicados le pidieron $us 15.000 a cambio de dejar en libertad a su esposo, que estaba detenido preventivamente por agio.

El juez a cargo del caso, en procedimiento abreviado, sentenció a cuatro años de reclusión a Fernández, a tres años de prisión al fiscal Vidal, al igual que al secretario del juzgado, en tanto que el oficial de diligencias fue condenado a dos años de cárcel. La pena máxima para el delito de concusión es de cinco años de presidio.

jueves, 19 de septiembre de 2013

Otro escándalo de extorsión vuelve a salpicar a la Policía

Un nuevo caso de extorsión salpica a la Policía Boliviana, pues en las últimas horas fue detenido el jefe de la División Propiedades de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en la ciudad de El Alto, el suboficial René Alcoba, en un acto de presunta extorsión.

La información fue difundida la mañana de este jueves por la red nacional Cadena A, que mostró videos del operativo desplegado por efectivos de la División de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) de la Policía, en las zonas de Villa Dolores y la Ceja de la ciudad de El Alto.

Alcoba fue detenido en posesión de aproximadamente $us 4.000 que le fueron entregados, a través de una cabo de policía, por dos atracadores: Jhonny Ticona Bautista y José Andrés Mamani Villca, quienes pretendían favorecerse en los procesos legales que enfrentaban. La denuncia la interpuso la cabo de policía, quien, de acuerdo al reporte de Cadena A, fue presionada, supuestamente, por Alcoba y otro superior de la Policía para recibir ese monto de dinero.

Las imágenes televisivas mostraron, la hora de la detención, la bolsa negra que poseía Alcoba en sus manos y que, al interior, contenía billetes por una cantidad de $us 1.000 y Bs 20.800. Del operativo también quedaron detenidos los dos atracadores, más el abogado que los patrocinaba.

Alcoba, entrevistado por el medio, dijo desconocer lo que había al interior de la bolsa negra que poseía en sus manos y atribuyó toda la responsabilidad a la cabo de policía. El jefe policial fue remitido a celdas de la Felcc de El Alto, mientras que el caso sigue siendo investigado por la fiscal Fabiana Azero.

ANF

miércoles, 18 de septiembre de 2013

Ormachea pidió que su caso sea llevado a juicio

El mayor de la Policía, Fabricio Ormachea, pidió que su caso sea llevado a juicio y rechazó las dos acusaciones relacionadas con la presunta extorsión al empresario Humberto Roca en audiencia efectuada en Miami.

En una audiencia realizada ante un tribunal federal de Miami, Ormachea refutó las acusaciones que le formuló el Gobierno estadounidense por la presunta extorsión de 30.000 dólares a Humberto Roca a cambio de quitarle cargos que enfrenta en procesos judiciales de Bolivia.

El oficial de la Policía boliviana se pronunció, a través de Sowmya Bharathi, su abogada defensora, quien estuvo de pie a su lado e hizo conocer esta versión a la jueza Alicia Otazo, quien aceptó la solicitud de la realización de un juicio.

Ormachea, quien no habló, vestía camisola y pantalón beige de preso y llevaba sus manos esposadas y sus pies con grilletes, sujetos con cadenas. Utilizó auriculares para escuchar la traducción del inglés al español.

Otra jueza federal que fue designada esta semana para hacerse cargo del caso, la magistrada Robin Rosembaum, fijó como fecha tentativa para el inicio del juicio el 21 de octubre del año en curso.

Esta declaración tuvo lugar cuatro días después de que otro magistrado federal, el juez Jonathan Goodman, le negara a Ormachea la libertad bajo fianza, por considerar que podría fugarse de Estados Unidos.

En la audiencia del viernes 13, la abogada alegó que su cliente viajó a la Florida para recoger a su padre, de casi 90 años, y que Ormachea tiene familiares en el país del norte. Bharathi, expresó que su defendido no realizó el viaje como funcionario policial sino por motivos personales y que se encontró con Roca para ofrecerle asesoramiento en carácter de abogado.

SENTENCIA

Si es encontrado culpable de las dos acusaciones que enfrenta por viajar en una misión de comercio exterior para cometer extorsión, Ormachea podría enfrentar una condena máxima a 25 años de prisión, según confirmó el abogado defensor de Roca, Jorge Valda.

El jurista manifestó que Ormachea tendrá que preparar “una muy buena defensa” si pretende lograr salir librado de la sentencia ya que la prueba que existe en su contra “es basta y contundente”.

“Esperamos que el Tribunal se conforme el 17 de octubre y que ya en los próximos meses llegue a una sentencia condenatoria ya que el ministerio público de Miami ha pedido 20 años de cárcel por extorsión y 5 años más por el delito de ingreso ilegal a los Estados Unidos con fines delictivos”, refirió.

Señaló que los delitos federales mencionados están plenamente demostrados por el FBI y que los argumentos que sostuvo su abogada, carecen de sostén jurídico y lógico.

Respecto al proceso judicial Att contra Aerosur, en Bolivia, Valda refirió que antes de asumir otras acciones legales, se esperará cautamente las determinaciones de la fiscal del caso, quien antes de declarar el proceso en reserva, amplió las investigaciones en contra de Ormachea, quien antes habría fungido como investigador en este proceso.

Ormachea, de 42 años, permanece detenido en una prisión federal en Miami desde el pasado 31 de agosto, cuando el FBI lo detuvo tras un encuentro en el que Roca le pagó 5.000 dólares como adelanto del dinero que él reclamaba, según la Fiscalía.

DESTITUYERON A 10 FISCALES PROCESADOS

Los ciudadanos pueden presentar denuncias ante las plataformas de todo el país.

Un informe sobre los procesos disciplinarios internos en el Ministerio Público correspondiente al periodo comprendido entre enero y junio de 2013 revela, que en todo el país, se destituyó a 10 fiscales a quines se encontró responsables de acciones que comprenden el mal ejercicio de la profesión, el incumplimiento de deberes, el uso indebido de influencias y, aun, peculado.

El fiscal del departamento de La Paz, José Ángel Ponce, mostró ayer datos publicados en la revista institucional del Ministerio Público.

Según la autoridad, siete de los 10 fiscales destituidos prestaban servicios en Tarija; dos, en La Paz, y uno, en Cochabamba.

Ponce destacó que la destitución de fiscales se incrementó este año en relación con 2012, cuando seis juristas dejaron sus cargos después de afrontar procesos disciplinarios, tres de La Paz, uno de Cochabamba, uno de Tarija y el restante de departamento de Chuquisaca.

PROCESO DE DENUNCIA. Según la autoridad, el 99 por ciento de las denuncias verbales o escritas en contra de jueces, fiscales, policías y funcionarios públicos son derivados a Fiscalía especializada en persecución de delitos de corrupción.

"Hay otros casos que también se abren ante el Ministerio Público, son los llamados procesos disciplinarios, que radican ante los fiscales sumariantes. En La Paz, contamos con tres fiscales: José Luis Rosas, José Quispe Ulo y Mirko Borda. Estas tres autoridades son quienes se encargan de llevar adelante los procesos abiertos correspondientes".

Las sanciones internas previstas ante estas denuncias consisten en multas, suspensiones temporales y las destituciones, "según el grado que corresponda".

El Fiscal de La Paz recordó que la corrupción y los malos tratos son un mal que se debe erradicar, "por eso, si alguna persona es víctima de cobros indebidos o maltrato realizados por funcionarios del Ministerio Publico, debe denunciar estas situaciones ante la Fiscalia. Pedimos a la gente que nos ayude a crear una conducta de respeto mutuo y transparencia. Con el apoyo de todos, lo podremos lograr".

Finalmente, dijo que estos trámites son gratuitos.

LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS EN EL MINISTERIO PÚBLICO BUSCAN EFECTIVIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

LA VERACIDAD DE LA DENUNCIA ES LA PRIMERA CONDICIÓN QUE DEBEN VERIFICAR LOS FISCALES SUMARIENTES, ANTES DE CONTINUAR LA INVESTIGACIÓN. Las denuncias hechas en contra de fiscales pueden realizarse en forma verbal o por escrita ante las plataformas con la que cuenta cada Fiscalía a nivel nacional.

Con la presentación de un plan de fortalecimiento y modernización, el Régimen Disciplinario del Ministerio Pública busca consolidar sus objetivos planteados para esta gestión.

PROCESO Y FINALIZACIÓN DE LA DENUNCIA. Después de que se recibe la denuncia, ésta pasa por una serie de "filtros" investigativos, que pueden derivar, según el sustento que éstas tengan, en denuncias admitidas, lo que implica la apertura de un proceso interno, o que la cuestión sea rechazada por ser insustancial.

martes, 17 de septiembre de 2013

El acusado viajó anteriormente a EEUU por otras extorsiones

El exdirector Nacional de Lucha Contra la Corrupción de la Policía, exmayor de la Policía Fabricio Ormachea habría viajado con anterioridad a Washington (Estados Unidos) antes de ser detenido en Miami el 31 de agosto por agentes del FBI, que lo acusan de extorsionar al exdueño de AeroSur Humberto Roca, a quien pidió 5.000 de 30.000 dólares para favorecerle en un juicio que le siguen en Bolivia. En su anterior viaje, Ormachea habría identificado a determinados ciudadanos bolivianos para denunciarlos con diversos motivos ante las autoridades judiciales estadounidenses, sin embargo, luego contactaba a esas mismas personas para extorsionarlas.

Esa versión fue recogida por el Diputado de Convergencia Nacional (CN), Luis Felipe Dorado durante su estadía en Miami a donde viajó para hacer seguimiento a las audiencias judiciales del caso Ormachea así como a las investigaciones que continúan el FBI y autoridades policiales estadounidenses.

Dorado comunicó estas revelaciones al legislador Alex Orozco quien transmitió a los medios de comunicación esta información y ante la gravedad de estos hechos pidió al Comandante General de la Policía, Jorge Aracena que dé explicaciones a la población sobre un hecho de corrupción que mancha el uniforme verde olivo y estigmatiza a Bolivia.

Otro elemento, que Dorado y Orozco consideran debe esclarecerse es la versión de que Ormachea actuó vinculado a otros funcionarios del gobierno del presidente Evo Morales.

Este martes a las diez de la mañana se realizará otra audiencia de este caso en la Corte Federal de Miami en la cual el acusado tiene la opción de declararse culpable o inocente, en esta audiencia también se expondrían videos y escucharían audios sobre la extorsión del ex policía al empresario Roca, pero además esos documentos mencionarían que existen otros funcionarios del gobierno de Bolivia que son parte de una red de extorsión.

Dorado explicó que las autoridades judiciales estadounidenses le negaron el pedido de libertad a Ormachea debido a que valoraron que existen malas relaciones entre los gobiernos de Estados Unidos y Bolivia y por tanto no hubiera sido posible solicitar la extradición de ese ex policía.

“En Estados Unidos tenemos un zar antidrogas (el ex policía René Sanabria) detenido por narcotraficante, un zar anticorrupción (Ormachea), corresponde que las autoridades de gobierno aclaren esto”, concluyó Orozco.

Romero y Tejada piden informe a la Policía de Mario Ormachea

La presidenta de la Cámara de Diputados, Betty Tejada, y el ministro de Gobierno, Carlos Romero, anunciaron ayer, por separado, que solicitarán informes al comandante de la Policía sobre el mayor Mario Frabicio Ormachea, que se encuentra detenido en Miami acusado de extorsionar con $us 30.000 al boliviano Humberto Roca, propietario de la quebrada empresa AeroSur.

En criterio de Tejada, el caso que involucra a un policía no puede considerarse una acción individual. “Es un tema institucional en el que la Policía debe rendir cuentas.

“Nos pareció demasiado raro el hecho de que una ministra (de Transparencia, Nardi Suxo) haya advertido sobre este señor (Ormachea) y el comandante de la Policía, Alberto Aracena, no hiciera nada”, dijo.

Por su lado, el ministro de Gobierno anunció que el comandante de la Policía, Alberto Aracena, se reincorporará a sus funciones después de participar en un seminario en Corea y tendrá que explicar sobre el caso Ormachea. “Seré el primero en pedir una información completa”, señaló Romero

Además, afirmó que requerirá un informe sobre todos los policías que cumplen tareas en funciones sensibles y estratégicas, donde se desarrollan investigaciones en torno a movimiento de cifras económicas importantes para evitar que se produzcan hechos irregulares.



Más operativos

El Ministerio Público de La Paz allanó otra vivienda del mayor Fabricio Ormachea, que está siendo investigado por presunto incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias, después de que fue apresado en Miami acusado de extorsionar a Humberto Roca, procesado en Bolivia por enriquecimiento ilícito en perjuicio del Estado.

“En días anteriores fue allanado un departamento que presuntamente es de propiedad del mayor Ormachea. Este nuevo allanamiento busca dar con alguna documentación que pueda ser importante en la investigación. La semana pasada hubo dos allanamientos, el primero en una casa de El Alto y en la oficina del ex jefe interino de la Dirección Especial de Lucha Contra la Corrupción (Delcc) que aguarda detención preventiva en una cárcel de Miami, Estados Unidos.

Denuncia

Por la mañana, el expresidente de la casa de juegos Lotex José María Peñaranda denunció ante la Fiscalía de Distrito de La Paz que la ministra Nardi Suxo forma parte de una “corporación de extorsión”, que amedrenta y manipula la justicia.

Declaró también que Ormachea y Mollinedo lo visitaron en la cárcel (detenido por daños económicos al Estado) para tratar de extorsionarlo. Además, involucró a los exfiscales Aldo Ortiz, Isabelino Gómez y Eduard Mollinedo; a los funcionarios Boris Villegas y Fernando Rivera de formar parte de la “corporación”

En el Gobierno no se pronunciaron sobre la denuncia

EL MAYOR DE LA POLICÍA IRÁ HOY AL JUZGADO

Mario Fabricio Ormachea, que guarda reclusión preventiva en el Pre-Trial Detention Center de Miami, acusado de extorsionar al expresidente de la aerolínea AeroSur Humberto Roca, acudirá hoy ante un juez de Miami, a las 10:00, que definirá su situación jurídica.

El diputado opositor Luis Felipe Dorado (CN), que se encuentra en EEUU para seguir el caso, explicó que, según la Fiscalía de ese país, en esta jornada se definirá si el juicio camina por la vía rápida, con una sentencia en un plazo de 30 a 45 días en caso de que se declare culpable, o si opta por la vía lenta, de unos seis meses si es que se declara inocente.

El viernes, el Tribunal Criminal de Miami, Florida, le negó la libertad, después de declararse inocente del cargo y no fue considerado su pedido de fianza.

El exoficial fue detenido el 31 de agosto en Miami, Estados Unidos, en flagrancia por el FBI.

Por los delitos de extorsión, el exfuncionario de la Dirección Especial de Lucha Contra la Corrupción (Delcc) de la Policía espera una pena de hasta 15 años de cárcel y por fraude migratorio, otros 10 años.

Claves

El entorno del caso del mayor Ormachea

1 La Fiscalía no descarta que una comisión viaje a EEUU para recoger la declaración testimonial de Ormachea.

2 La oposición en el Legislativo propuso crear una comisión especial, con mayoría oficialista, para investigar todos los actos de corrupción.

3 El mayor de la Policía enfrenta dos cargos considerados delito federal en Estados Unidos, extorsión y fraude migratorio. Se estima una pena de 25 años de prisión.


lunes, 16 de septiembre de 2013

Informe revela que constructoras de barcazas no tenían respaldo

Según un informe al que tuvo acceso la agencia ANF, las empresas coreanas que Enabol contrató para la construcción de 16 barcazas y dos astilleros no tenían la capacidad y el respaldo financiero para garantizar un contrato de esa magnitud.

La Empresa Naviera Boliviana (Enabol) efectuó esta transacción cuando estaba a cargo del contraalmirante Freddy Ballesteros, en 2009.


De acuerdo con el informe de auditoría especial realizado por el Ministerio de Defensa y documentación que cursa en la Fiscalía anticorrupción, la empresa SeAH B&K Duck Sung Sociedad Accidental, encargada de la construcción de las 16 barcazas, habría sido creada en Bolivia el 4 de noviembre de 2009, según el testimonio 941/2009, por lo que no ameritaba presentar el formulario A-3 de patrimonio neto e índice de liquidez de la empresa, considerando que era suficiente el balance de apertura.
Sin embargo, la comisión de calificación de la Enabol no evaluó la documentación del balance de apertura, toda vez que la empresa demostró un patrimonio que apenas llegaba a 160 mil bolivianos, sin considerar la inversión que realizaría la Empresa Naviera Boliviana de 14,4 millones de dólares.
"Las omisiones descritas ocasionaron que se habilite un proponente que no contaba con respaldo financiero ni patrimonial en relación a la inversión de Enabol para la adquisición de las barcazas y sin tener en cuenta que la empresa tendría que demostrar acreditación financiera para obtener la boleta de garantía, equivalente al 107% del valor del prefinanciamiento, lo cual efectivamente no ocurrió”, señala el informe, según registra la ANF.
A fines de 2010, la Empresa Marine Business (GMB) debía entregar ambos productos navieros; sin embargo, debido a adendas y modificaciones a los contratos, hasta la fecha las 16 barcazas y dos empujadores siguen en la República Popular de China.
Por estos bienes Enabol pagó por adelantado y al contado 30 millones de dólares, incluso por un servicio de transporte que nunca se hizo, con lo que los tres millones de dólares para este fin fueron desviados.
Por este caso está detenido preventivamente el exgerente de Enabol, Freddy Ballesteros; son procesados Fidel Gamboa y Evalth Velasco, aunque muchos otros exfuncionarios fueron denunciados, además de los supuestos empresarios coreanos que no son encontrados por el Ministerio Público y a quienes el Juzgado Décimo de Instrucción en lo Penal conminó a presentarse a prestar su declaración informativa mediante un edicto publicado en la prensa local.
Sobre el caso
Empresarios Los ciudadanos coreanos representantes en Bolivia de las empresas constructoras de los bienes navieros son emplazados por una jueza a presentarse a declarar; se trata de: Kwak Chong Ho, Park Snog Gi, Lee Jong Soo, Jung Chun Sub, Lee Young Sik y Lee Sang Kuyk.
Problemas El astillero donde se encuentran los dos empujadores tuvo problemas judiciales y tiene una anotación preventiva por la autoridad judicial de China; los empujadores tampoco están concluidos. Las 16 barcazas siguen en un astillero, aunque no pueden ser trasladadas hasta que no se pueda transportar todo.

domingo, 15 de septiembre de 2013

Enabol contrató empresas coreanas sin respaldo económico

La Empresa Naviera Boliviana (Enabol), cuando estaba a cargo del contra almirante Freddy Ballesteros, habría realizado la contratación de empresas Coreanas recientemente creadas para que sean las encargadas de la construcción y entrega de las 16 barcazas y dos astilleros para el Estado Boliviano, sin embargo las mismas no contaban con el respaldo financiero para asumir un contrato de esa magnitud.

Según el informe de Auditoría Especial realizada por el Ministerio de Defensa y la documentación que cursa en la Fiscalía Anticorrupción, se demostraría que la empresa SeAH B&K Duck Sung Sociedad Accidental encargada para la construcción de las 16 barcazas habría sido creada en Bolivia el 4 de noviembre de 2009 según el testimonio 941/2009 por lo que no ameritaba presentar el formulario A-3 de patrimonio neto e índice de liquidez de la empresa, considerando que era suficiente el Balance de Apertura.

Sin embargo, la Comisión de Calificación de la Enabol no evalúo la documentación del Balance de Apertura, toda vez que la empresa demostró un patrimonio que apenas llegaba a 160.000 bolivianos, sin considerar la inversión que realizaría la Empresa Naviera Boliviana de 14.4 millones de dólares.

Según Diputado Dorado Ormachea implicó a otros camaradas

El diputado de Convergencia Nacional (CN), Luis Felipe Dorado, quien se encuentra en Miami, Estados Unidos (EEUU), informó que en la audiencia penal contra el My Fabricio Ormachea, el FBI (Buró Federal de Investigaciones) presentó un video en el cual el uniformado supuestamente implica a miembros de la Policía y autoridades del Gobierno con la red de extorsión de la que formaba parte.

El Legislador dijo en contacto con la ANF que estas pruebas se conocerán en la audiencia conclusiva de este caso a realizarse la mañana del próximo martes, en la que podría definirse la culpabilidad de Ormachea por el delito de extorsión cometido contra el expresidente de AeroSur, Humberto Roca.

MAS espera informe de Aracena. Por su parte, el senador del Movimiento Al Socialismo, (MAS), David Sánchez, dijo que la Asamblea Legislativa espera el informe del comandante general de la Policía, Alberto Aracena, para conocer cómo se trató el caso de Ormachea, en el entendido de que no se habría hecho nada a pesar de existir denuncias de corrupción en su contra.

El legislador cree que "la Policía tiene que ser responsable respecto a su gente referente al mayor Ormachea.
"En este caso hay una responsabilidad directa con el comandante Aracena", dijo a tiempo de indicar que una vez se conozca los informes tomarán decisiones.

Suxo lo denunció en enero. Según la ministra Anticorrupción, Nardi Suxo, el 11 de enero de este año envió una carta a Aracena, sobre una lista de oficiales sindicados de conformar una supuesta red de corrupción y extorsión. Listado en la que se incluyó a Ormachea y el motivo era abrir una investigación al respecto. Sin embargo, Aracena respondió recién el 6 de febrero pasado, indicando que la Dirección General de Investigación Policial Interna, a cargo Jorge Arroyo Obleas, se encargaría de tratar el asunto

viernes, 13 de septiembre de 2013

Ponce, abogado de Soza, igual cobró por extorsión

El exdirigente cívico del Beni Alberto Melgar reveló ayer ante la Fiscalía anticorrupción de Santa Cruz que su familia pagó al abogado Moisés Ponce de León, defensor del exfiscal del caso Rózsa, la suma de 4 mil dólares, como producto de una extorsión, a fin de que estos lo favorecieran con dejarlo en libertad en el proceso por terrorismo y alzamiento armado.

Melgar compareció ayer en la mañana en calidad de testigo ante una convocatoria del fiscal Gomer Padilla, en el proceso por extorsión y beneficios en razón del cargo, denunciado por la senadora opositora Carmen Eva Gonzales.

Melgar explicó que en los meses de octubre y noviembre del 2010, cuando se encontraba detenido en la cárcel de Mocoví, Beni, recibió la visita de Moisés Ponce, a nombre del entonces fiscal Marcelo Soza.

Fue así que se comprometió a colaborar para que Melgar salga con detención domiciliaria hasta antes de Navidad de ese año y exigió la suma de 4 mil dólares como aporte inicial y luego debería pagar otros 4 mil cuando se fije la fecha de la audiencia, para terminar pagando otros 15 mil, luego de obtenido el beneficio.

De esa manera, Melgar refiere que su familia pagó el monto inicial a Ponce, pero al ver que nada se concretó, entonces decidieron suspender el resto de las cuotas.

Doblemente extorsionado. Asimismo, el excívico ratificó que su hermana Margoth Melgar entregó otros 6 mil dólares al edecán del fiscal Marcelo Soza, un capitán de policía de apellido Laguna, quien igualmente dijo que iba a nombre del director funcional del caso Rózsa.

Muchas evidencias. La senadora Carmen Eva Gonzales, quien llegó a la Fiscalía, con tantas evidencias, exigió al fiscal General, Ramiro Guerrero, que de una vez ordene la detención del exfiscal Marcelo Soza, antes de que este se fugue del país, si es que ya no lo hizo, y que también disponga la captura de todos los intermediarios en la extorsión a tantos empresarios cruceños para no incluirlos en el proceso o para no hacerse el de la vista gorda.

"Ahora que se ha destapado la olla de corrupción que había las víctimas de esta red de corrupción no deben temer. Deben salir a denunciar los hechos'.

Zvonko Matkovic R.
Imputado

Melgar afirma que dio al exfiscal Soza $us 10.000



Alberto Melgar, expresidente del Comité Cívico del Beni y acusado dentro del caso Terrorismo, ratificó ayer que pagó $us 10.000 a cambio de beneficiarse con la libertad condicional a la detención preventiva dentro del proceso judicial que enfrenta en Santa Cruz.

El excívico beniano declaró ante la Fiscalía cruceña y afirmó que entregó $us 4.000 al abogado de Marcelo Soza, entonces fiscal que atendía el caso Terrorismo, Moisés Ponce de León, mientras que los restantes $us 6.000 le dio al capitán de apellido Laguna, que era el edecán del citado representante del Ministerio Público.

Este diario, en reiteradas oportunidades, intentó obtener una respuesta a esta denuncia del abogado Ponce de León, pero la misma no fue posible porque no respondió su teléfono celular.

Visita. De acuerdo con la declaración de Melgar, entre octubre y noviembre de 2010 recibió la visita, en la cárcel de Mocovi de Trinidad, del asesor de Marcelo Soza, el abogado Ponce de León. “En esa oportunidad me hizo una oferta en la que me garantizaba que obtendría una medida sustitutiva hasta antes de Navidad del mismo año en caso de que yo pagara el monto que me solicitaba”, aseguró el procesado.

“(Moisés) Ponce de León dijo que era muy amigo de Soza, entonces mi familia le entregó inicialmente $us 4.000 de los $us 8.000 que había pedido, dicho monto era para fijar fecha de la audiencia y, una vez que esto ocurriera, el resto se le sería abonado, cosa que nunca se dio y tampoco fue devuelto el dinero (que ya se había entregado)”, agregó el excívico.

A decir de Melgar, en muchas oportunidades su familia reclamó a Ponce por el incumplimiento del acuerdo al que se había llegado. Además, reclamó por la devolución de los recursos económicos entregados, pero esa demanda no tuvo respuesta positiva del jurista y quedó en nada.

Aprehensión. La senadora Carmen Eva Gonzales, de Convergencia Nacional (CN), que abrió el proceso penal por el delito de extorsión en contra de Soza, afirmó que existen suficientes elementos de prueba para que las autoridades correspondientes emitan una orden de aprehensión en contra de la exautoridad judicial.

“Con las declaraciones de Melgar ya es un hecho contundente que Soza, a través de sus operadores, ha extorsionado. Ahora el temor es que esta persona se fugue del país, porque en este momento desconocemos su paradero”, advirtió la legisladora.

A criterio de Gonzales, “pese a existir elementos de prueba, Soza seguiría protegido y la Fiscalía ya debería de actuar de manera objetiva y ordenar la aprehensión (del exfiscal)”, reitero.

Dentro del mismo caso, el 18 de julio de 2013 el empresario cruceño Zvonko Matkovic Fleig denunció haber entregado un total de $us 90.000, en dos cuotas, a los supuestos enviados de Soza, a cambio que su hijo sea excluido del caso Terrorismo. Soza renunció a su cargo el 19 de marzo de este año debido a amenazas contra él y su familia. Su dimisión fue aceptada por el fiscal general, Ramiro Guerrero, recién el 17 de mayo.

Ormachea se enfrenta a una pena de 25 años de cárcel


El mayor Mario Fabricio Ormachea escuchará hoy en una audiencia la acusación que presentará en su contra la Fiscalía de Miami por los delitos de extorsión, que contempla una pena de hasta 15 años de cárcel, y fraude migratorio, que establece 10 años de prisión. El exfuncionario de la Dirección Especial de Lucha Contra la Corrupción de la Policía boliviana (Delcc) puede recibir una sanción de 25 años de presidio, en caso de que resulte culplable.
La legislación estadounidense establece que si una persona es condenada por dos delitos, se suman las penas y no se cumple solo la mayor, como lo prevé el Código Penal de Bolivia.
En la anterior audiencia, de hace una semana, la Fiscalía de Florida confirmó la acusación por los dos delitos, aunque anunció que analiza procesarlo por otros cargos que no identificó, informó Jorge Valda, el abogado del empresario Humberto Roca, a quien Ormachea supuestamente pidió $us 30.000 para liberarlo del caso AeroSur.
El empresario aeronáutico entregó a Omarchea $us 5.000 de adelanto, bajo la vigilancia de agentes del FBI, en una transacción que se realizó en Miami Lake. El mayor de la Policía boliviana fue capturado por los agentes federales a pocos metros del lugar donde se hizo efectivo el pago.
Humberto Roca radica en Miami desde hace dos años. En Bolivia enfrenta dos procesos relacionados con enriquecimiento ilícito con afectación al Estado.

Procedimiento
En la audiencia de hoy, según el procedimiento judicial estadounidense, después de que Ormachea conozca los cargos por los que es acusado, será consultado por el juez si se declara culpable o si nuevamente se declara inocente.
Si el policía admite la culpa en los cargos imputados, se fijará una nueva audiencia para fijar la condena, que puede reducirse hasta en dos tercios, es decir, a 17 años de prisión.
Si es que no acepta la culpabilidad, comenzará un juicio más largo. Solo en ese caso, y según los argumentos de ambas partes, el juez podrá dictar detención preventiva o fijar el monto de una fianza. El abogado Valda confía en que eso no suceda “porque el señor no tiene ni familia ni domicilio en Miami”, aseveró.
El periodista boliviano Grover Yapura informó ayer, a través de las redes sociales, que agentes del FBI adelantaron que Ormachea propuso liberar de cargos a Roca para inculpar a una tercera persona en este caso.
Humberto Roca afirmó la semana pasada desde Miami que el mayor de la Policía forma parte de una red de extorsión con ramificaciones en diferentes estructuras del Estado

PARA SABER

INCULPAR A OTRA PERSONA
Un informe del FBI de Estados Unidos revela que el 31 de agosto, en Miami, el mayor de la Policía Fabricio Ormachea propuso librar de cargos al empresario Humberto Roca en el caso AeroSur a cambio de $us 30.000 y en su lugar culpar a otra persona de la que se desconoce su identidad.


Investigación legislativa
La Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, controlada por el MAS, anunció que solicitará un informe a la Policía, a través del Ministerio de Gobierno, sobre el caso Ormachea.

No se pronuncian
El Alto Mando Policial no se pronuncia sobre la situación del oficial detenido en Miami.

Acusan a policías de amedrentar a roca
El abogado Jorge Valda denunció que el miércoles, a las 17:00, cuatro supuestos agentes policiales intentaron ingresar por la fuerza en el domicilio en el que vivió Humberto Roca hasta 2010, con la excusa de buscar al exejecutivo de AeroSur o a alguno de sus familiares.
Según el jurista, la situación fue impedida por la cuidadora del inmueble, que pidió una autorización judicial.
Valda sentó una denuncia contra los policías por uso indebido de influencias, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes y tentativa de allanamiento. Al mismo tiempo, requirió al Comando de Policía que informe la identidad de los agentes y quién los envió, al considerar que se trata de una represalia por la detención de Ormachea por extorsión, en EEUU. /FLF

jueves, 12 de septiembre de 2013

Nadie en el país investiga la denuncia de red corrupta

A una semana de que la noticia sobre la detención del mayor Fabricio Ormachea llegara a Bolivia, ninguna instancia hasta la fecha ha iniciado una investigación referente al tema.

Ni las autoridades gubernamentales, ni el Ministerio Público, ni ninguna otra instancia judicial, ha aperturado una investigación sobre el delito de Ormachea y los vínculos que tenía.

Críticas y acusaciones, es lo único que se ha escuchado en el país, inclusive una de estas menciona a una "red de extorsión", conformada entre policías y fiscales.

Ormachea fue detenido en Miami Estados Unidos (EEUU), el pasado sábado 31 de agosto por el FBI, cuando este extorsionaba al empresario Humberto Roca. Este hecho, desató polémica en el país norteño como en Bolivia.

Investigación. Para el diputado del Movimiento Sin Miedo (MSM), Fabián Yaksic, esta situación no solo amerita una investigación, sino también una reforma moral a la institución del verde olivo. "Deberían investigar a los tenientes coroneles hacia arriba, saber qué pasa con los comandantes. El Ministro de Gobierno (Carlos Romero) se hace el desentendido, cuando debería ser el primero en tomar acciones, pero se callan porque saben que hay autoridades que están implicadas en la red de extorsión", dijo Yaksic, a tiempo de recordar que con esto, ya suman dos los casos que dañan la imagen de la policial boliviana en el exterior.

Por su parte, el diputado Luis Felipe Dorado, de Convergencia Nacional (CN), considera que la Ministra de Transparencia, Nardi Suxo, debería comparecer ante el Parlamento para decir todo lo que sabe sobre la red de extorsión. Esto después de que ella misma informara este martes, que informó al general Jorge Alberto Aracena, sobre la conducta de Ormachea. "Es lamentable que en su momento la ministra se hubiera limitado a hablar solo con el Comandante de Policía, en vez de hacer conocer la información sobre Ormachea también a otras instancias. Con esa omisión se dejó hacer a la red de extorsión", precisó Dorado.

Gobierno pide antecedentes de altos cargos. Conforme a una propuesta del Ministerio de Gobierno, todos los policías que desempeñen labores estratégicas deberían cometerse a la prueba del polígrafo, así lo manifestó el ministro Carlos Romero, quien además solicitó al Comando General de la Policía, los antecedentes de todos los efectivos que cumplen tareas estratégicas en la institución verde olivo.

A propósito de esta situación, el fiscal Marco Antonio Rodríguez, señalado por el general Víctor Hugo Escóbar, de ser parte de las extorsiones, confirmó que presentará un proceso penal contra Escóbar por las acusaciones.

Una juez sufre cólico en audiencia y paraliza juicio

Las enfermedades parecen seguir a los protagonistas del Caso Rózsa, como su sombra. La juez ciudadana Anastasia Calizaya, de 47 años, sufrió un cólico biliar que obligó a paralizar la audiencia del juicio oral que sigue el Gobierno contra 38 imputados por los presuntos delitos de terrorismo y separatismo, en el Palacio de Justicia de Santa Cruz.

El incidente ocurrió cerca de las 17:00 del martes cuando el húngaro Elöd Tóásó, el segundo de los 21 procesados que han comparecido, era interrogado por los fiscales sobre su participación en una presunta red subversiva liderada por Eduardo Rózsa, quien muriera en circunstancias extrañas en el hotel Las Américas, junto a dos de sus acompañantes.

De pronto, la juez Calizaya empezó a sudar frío y se desvaneció, siendo atendida por uno de los imputados, el médico y dirigente de FSB, Juan Carlos Santistevan.

Ella compartía la testera con la también juez ciudadana Sonia Mamani, ambas elegidas del padrón electoral paceño, y la juez técnica Elena Julio Gemio, quien se recupera de una parálisis facial, y el presidente del tribunal, Sixto Fernández.

Problemas gástricos. Santistevan informó que Calizaya tiene complicaciones en las vías biliares y por eso le aconsejó realizarse una endoscopía para ver si tiene cálculos, comúnmente llamadas piedras que obstruyen el normal flujo digestivo.

Por esa razón, la juez estuvo ayer en la mañana en la clínica Nuclear realizándose los estudios. El abogado defensor, Gary Prado, indicó que exigirán que un médico del Instituto de Medicina Forense certifique sobre su dolencia.

Fiscal Céspedes no asiste. Durante la audiencia de ayer en la que Ignacio Villa Vargas pedía la cesación a la detención, no estuvieron presentes las dos juezas ciudadanas y tampoco el fiscal Sergio Céspedes. Eso provocó que el abogado defensor, Otto Ritter, pidiera "su separación inmediata del caso", por incumplimiento de deberes. Mientras tanto, Villa Vargas se quejó que en dos oportunidades le han privado la oportunidad de reclamar que ya lleva más de 3 años detenido.

Ormachea estará ante el juez mañana en Miami

El exjefe de la Unidad Anticorrupción de la Policía Boliviana, Fabricio Ormachea, tiene programada para mañana su audiencia de fianza en Miami, luego de haber intentado extorsionar al exejecutivo de AeroSur, Humberto Roca. Por su parte, las autoridades bolivianas critican que, a una semana de que la noticia sobre la detención del mayor Fabricio Ormachea llegara a Bolivia, ninguna instancia hasta la fecha ha iniciado una investigación referente al tema.

Ni las autoridades gubernamentales, ni el Ministerio Público, ni ninguna otra instancia judicial, ha aperturado una investigación sobre el delito de Ormachea y los vínculos que tenía.

Cabe recordar que Ormachea fue detenido en Miami Estados Unidos (EEUU), el pasado sábado 31 de agosto por el FBI, cuando este extorsionaba al empresario Humberto Roca. Este hecho, desató polémica en el país norteño como en Bolivia. Incluso, expolicías han hecho graves revelaciones, pero sin repercusiones.

miércoles, 11 de septiembre de 2013

SUPUESTO TERRORISMO Tóásó cree que las fotos del caso han sido manipuladas

El húngaro Elöd Tóásó, que sobrevivió al operativo en el hotel Las Américas donde fueron abatidos Eduardo Rózsa, Árpad Magyarosi y Michael Dwyer, le restó validez a las fotografías que tiene el Ministerio Público como pruebas en su contra e indicó que cree que estos documentos fueron manipulados para incriminarlo.
Tóásó, que aún no termina de ser interrogado por la Fiscalía, recalcó en sus declaraciones al fiscal Sergio Céspedes que las pruebas que tiene el Ministerio Público en este proceso fueron obtenidas de manera ilegal y recordó que para el operativo en Las Américas no hubo autorización judicial ni presencia de un representante del Ministerio Público.

“Han falsificado las pruebas”, indicó en parte de su testimonio Elöd Tóásó y reclamó por la propaganda que ha hecho el Gobierno en contra del presunto grupo terrorista a través de los medios de comunicación, mostrando imágenes y videos sin respetar el derecho constitucional que tienen a la presunción de inocencia.

Céspedes señaló que el húngaro está en su derecho de usar su testimonio como medio de defensa y adelantó que en los siguientes días se abocará a indagar sobre lo ocurrido en el hotel Las Américas. Hasta el momento la Fiscalía buscó hacer ver a los jueces quién es Tóásó y consiguió que él afirmara que estuvo en los predios de Fexpocruz.

Notificaron a Melgar
El ex presidente cívico de Beni Alberto Melgar, que es uno de los 39 acusados en este juicio, debe declarar hoy, a las 8:30, en el caso de presunta extorsión en contra del exfiscal Marcelo Soza.

Lo notificaron ayer durante la audiencia del juicio por supuesto terrorismo.

Melgar confirmó hace dos semanas que su hermana pagó $us 6.000 a un investigador policial por encargo del exfiscal Soza, ya que se posibilitaría que él obtenga la detención domiciliaria, situación que nunca ocurrió.

Dentro de este proceso, que tiene relación con el caso de supuesto terrorismo, ya declararon Zvonko Matkovic y su hijo, que está detenido en una cárcel de La Paz

Otros detalles del juicio

Suspensión de audiencia
Debido a que la jueza ciudadana Anastacia Calizaya fue evacuada de emergencia por un cólico biliar y el acusado Ignacio Villa Vargas tuvo una descompensación, el tribunal determinó ayer suspender la audiencia de juicio, pasadas las 16:00.
pedido de cesación

Hoy, a partir de las 9:30, se llevará adelante la audiencia de cesación a la detención preventiva que ha solicitado Ignacio Villa Vargas. Él argumenta problemas de salud.

Molestia del fiscal
Sergio Céspedes, uno de los representantes del Ministerio Público, dijo a los miembros del Tribunal de Sentencia que no estaban permitiendo que él demuestre la presunta actividad ilícita en la que presuntamente incurría Elöd Tóásó.

Presencia en la villa olímpica
El húngaro negó haber participado de alguna práctica de tiro en la Villa Olímpica, como se ve en un video, y aseveró que él no tiene conocimiento sobre el uso de armas de fuego.

Citan a excívico Melgar en caso extorsión contra Soza

El expresidente del Comité Cívico del Beni, Alberto Melgar, fue citado ayer a declarar para este jueves a las 9:00 ante el fiscal anticorrupción, Gómer Padilla, en el proceso que sigue la senadora opositora Carmen Eva Gonzales, en contra del exfiscal del caso Rózsa, Marcelo Soza, por el presunto delito de extorsión.

Melgar recibió el comparendo ayer durante el juicio oral del caso Rózsa y dijo que asistirá a la convocatoria porque considera que existen autoridades que se han enriquecido con ese caso.

Pagaron 6 mil dólares. "Es cierto lo de la extorsión, sucedió en noviembre de 2010 cuando yo estaba preso. Mi hermana Margoth Melgar, en esos momentos de desesperación, recurrió al capitán Laguna, el hombre de confianza del exfiscal Soza”, recordó Melgar.

Por eso el oficial le pidió 20 mil dólares, en tres pagos, de los cuales solamente le adelantaron 6 mil dólares, pero como no cumplió ninguno de los acuerdos desistieron de entregarle el resto, a pesar de la insistencia del policía.

Suman las acusaciones. Melgar será el quinto testigo en declarar en la investigación contra el exfiscal Soza.

Anteriormente lo hicieron Zvonko Matkovic Fleig, su hijo Zvonko Matkovic Rivera, Ana

Claudia Arruda, el empresario Cristóbal Roda y el supuesto intermediario, Guillermo Aue.

Los Matkovic confesaron haber pagado 90 mil dólares al fiscal Marcelo Soza por medio de un emisario y Arruda indicó haber visto dos sobres que fueron a dejar a su casa por supuestos pagos de soborno.

Pero el empresario Roda negó haber entregado alguna suma de dinero.

Destituirán a 6 jueces y abren juicio contra 9 más

Una tormenta sacude al Palacio de Justicia de Santa Cruz. "Tormenta" es precisamente el nombre de un plan que tiene como lema "corrupción y retardación 0" que aplica el Consejo de la Magistratura, por el cual, este lunes destituirán a seis jueces cautelares en materia penal y han abierto procesos contra otros nueve magistrados de otras áreas.

La delegada distrital de esa institución disciplinaria, Roxana Orellana informó ayer que está acabando el proceso interno contra seis jueces penales y aseguró que estos "se irán a sus casas" mientras que han quedado "en capilla" los otros 9, que igual podrían quedar fuera de sus cargos.

Orellana dijo que el Plan Tormenta tiene un sistema de control interno que establece que con 15 denuncias por retardación o corrupción, un administrador de justicia queda en serios problemas, y peor si no presenta los descargos correspondientes.

Crisis en el Poder Judicial. El hecho provocará una crisis en el Poder Judicial de Santa Cruz, pues los 15 jueces representan un 10% de los 15 magistrados que hay en el departamento cruceño.

Orellana indicó que a fin que los cambios no sean traumáticos habilitarán en sus lugares a nuevos jueces que aprobaron la convocatoria recientemente lanzada y que tienen la capacidad y la idoneidad para administrar justicia.

¿Persecución política?. Orellana negó que la destitución y procesos a los jueces forme parte de un plan para deshacerse de los jueces antiguos que no son afines ideológicos al actual régimen de gobierno.

En ese sentido, indicó que "el plan Tormenta" fue diseñado a nivel nacional y no tiene ninguna carga ideológica que no sea la de exigir el cumplimiento de la ley.

Faltan medidas de fondo. Sobre el tema, el presidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz, Marcelo Arrázola, dijo que evidentemente la destitución o los procesos pueden ser paliativos, pero falta aplicar medidas estructurales al Poder Judicial para acabar con el mal endémico de la retardación de justicia y la corrupción.

Entre las medidas puede ser por ejemplo el aumento del número de jueces y fiscales, pues los que existen no son suficientes para administrar la carga procesal.

Hay inestabilidad. Por su parte, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Gabriel René Moreno, Manfredo Menacho, señaló que la remoción de jueces genera inestabilidad en el Poder Judicial y pidió el funcionamiento de la escuela de jueces y la institucionalización de los cargos a fin de acabar con el manoseo.

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En todo el país son 134 jueces los que enfrentan cargos

A nivel nacional. El decano del Consejo de la Magistratura, Róger Triveño, informó que a través del órgano disciplinario de jueces, abrió al menos 134 causas contra jueces y funcionarios del área jurisdiccional. Esta determinación se puso en marcha tras la inspección y el control realizados a los diferentes juzgados en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba.

Retardación y corrupción. Las causas fueron abiertas tras detectarse faltas graves y gravísimas por retardación de justicia y por presuntos delitos de cohecho y beneficios en razón del cargo.

Escobar ratifica denuncias sobre la 'red de extorsión'

Una vez más, el general Víctor Hugo Escobar, excomandante de la Policía Boliviana, volvió a ratificar sus denuncias sobre la existencia de una "red de extorsión" integrada por policías y fiscales.

En contacto telefónico con El Día, Aracena nombró al teniente Johnny Aguilera, el mayor Juan Carlos Basualdo Torres, el fiscal Marco Rodríguez y el exfiscal Aldo Ortiz de ser parte de la trama corrupta en la que supuestamente participaba el mayor Fabricio Ormachea Aliaga, detenido por el FBI en Estados Unidos.

La detención en Miami, EEUU, de Ormachea, cuando extorsionaba al empresario Humberto Roca generó la actual crisis en el país, que hasta ahora va sumando más denuncias y nombres sobre los integrantes de esta red.

Denuncias. El general Escobar señaló que hace siete meses presentó las denuncias de corrupción al Ministerio Público y al actual comandante de la Policía, general Jorge Alberto Aracena, sobre esta red, pero que no obtuvo respuesta, ni mucho menos se inició una investigación. "Después de que se les escapó el burro del corral, recién quieren actuar", criticó Escobar, a tiempo de informar que existen autoridades que encubrían a esta red y que las hará públicas mediante una serie de documentos que presentará ante el Ministerio Público para que estos también estén involucradas en la investigación.

Referente al anuncio del fiscal Rodríguez de procesos judiciales en contra de quienes lo involucren con Ormachea, Escobar aseguró no tener miedo y que más al contrario presentará pruebas de ello. "Que haga lo que tenga que hacer si tiene pruebas para denunciar, yo voy a demostrar que digo la verdad y no voy a descansar hasta que esta gente cumpla con su condena en la cárcel", precisó.
Para conocer la opinión de Rodríguez sobre las declaraciones de Escobar, intentamos comunicarnos con él, pero no accedió a las llamadas. Rodríguez forma parte de la comisión de fiscales en el caso Rózsa.

Discusiones. Ayer, en La Paz, Escobar y Aguilera fueron invitados a una entrevista en las instalaciones de la red Erbol, lugar donde ambos se enfrentaron verbalmente sobre el nuevo y polémico caso de extorsión y corrupción de funcionarios públicos del Gobierno.

"Estoy cansado de que me siga calumniando", exclamó el teniente Aguilera, mirando frontalmente a Escobar, quien respondió puntualmente: "No voy a hablar con un teniente", palabras que fueron calificadas como discriminatorias para Aguilera. "Este señor es el peor comandante que hemos tenido, miren cómo me habla, así discrimina a la gente y lo ha hecho siempre así, este señor ha sido descubierto en sus delitos, por eso lo metieron preso, yo no tengo nada que ver con Ormachea", añadió Aguilera.

Acciones. Actualmente, Ormachea se encuentra detenido en EEUU, esperando ser cautelado este próximo 13 de septiembre en la ciudad de Miami.

Sobre esto, la diputada Jessica Echeverría, de la opositora Convergencia Nacional (CN), pidió a la presidente de la Cámara de Diputados, Betty Tejada, conformar una comisión multipartidaria que se constituya a EEUU con el objetivo de investigar este ilícito.

La legisladora indicó que tiene en su poder la acusación del detective del FBI contra Ormachea donde se detalla cómo sucedieron los hechos y que en una parte de su declaración Ormachea involucra a algunos políticos.

Informes
Suxo dice que Aracena avaló trabajo del mayor Ormachea

El comandante General de la Policía, Alberto Aracena Martínez, avaló en informe remitido a la ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, el trabajo del mayor Mario Fabricio Ormachea Aliaga, jefe de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción de la Policía hasta el 31 de agosto, fecha en la que fue detenido en Estados Unidos, por extorsionar al empresario Humberto Roca. "Yo tengo un informe que también se nos fue remitido por el general Aracena, firmado por el asesor legal de la FELCC (Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen) José Mayta, que señala que todo el personal que trabaja en el Departamento Nacional de Lucha Contra la Corrupción es personal idóneo, seleccionado y que cuenta con suficiente experiencia en el campo investigativo", dijo la autoridad.

Ante esto, Suxo cuestionó el actuar de Aracena, por no tomar acciones de prevención. /ANF

Suxo señala a general de la Policía por caso Ormachea

El comandante general de la Policía, Alberto Aracena Martínez, avaló en informe remitido a la ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, el trabajo del mayor Mario Fabricio Ormachea Aliaga, jefe de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción de la institución verde olivo, cargo que ostentó hasta el 31 de agosto, fecha en la que fue detenido en Miami, Estados Unidos, por agentes del FBI extorsionando al empresario Humberto Roca.

Versión de la ministra. La ministra, Suxo, dijo ayer que su despacho informó de manera escrita, el 11 de enero al general Aracena, sobre la conducta irregular de algunos oficiales de la unidad anticorrupción de la Policía, debido a que se habrían dado a la tarea de hacer mal uso de la información de los casos de corrupción que investiga el Ministerio de Transparencia y a la cual tenían acceso directo estos cuestionados uniformados. "Yo tengo un informe que también se nos fue remitido por el general Aracena, firmado por el asesor legal de la FELCC (Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen) el señor José Mayta Quispe, que señala que todo el personal que trabaja en el Departamento Nacional de Lucha Contra la Corrupción es personal idóneo, es personal seleccionado y que cuentan con suficiente experiencia en el campo investigativo", afirmó Suxo.

Ormachea fue Zar anticorrupción. "También quiero señalar que este señor Ormachea sí estuvo de jefe de manera interina en la División de Lucha Contra la Corrupción de la Policía Nacional y en ese entendido, por supuesto, ha conocido varios casos que nosotros llevamos, uno de ellos, el tema de Covipol y otros. Pero sobre todo temas que tienen que ver con policías, involucrados en hechos de corrupción, eso también nos llama la atención", sostuvo Suxo.

Entre policías. El excomandante general de la Policía, Víctor Hugo Escobar, acusó al general Alberto Aracena de proteger y premiar a la red de extorsión de policías conformada por los mayores Ormachea y Juan Carlos Bazualdo, además del teniente coronel Johnny Aguilera, quienes fueron formalmente denunciados por Escobar en enero pasado ante el Ministerio Público por la conducta delictiva de extorsión.

martes, 10 de septiembre de 2013

Revelaciones de Tóásó sacuden a magistrados en caso Rózsa

Uno de los sobrevivientes del asalto al hotel Las Américas, el 16 de abril del 2009, el húngaro Elöd Tóásó, quien inicialmente afirmara que al irlandés Michael Dwyer lo mataron en un aeropuerto, ayer, durante el reinicio oral, en el proceso por terrorismo y separatismo que enfrentan, indicó que otro de los que murieron, Arpad Magyarosi, "se ahogó en su sangre" y que en términos generales, "no debieron haber ejecutado a nadie". Tóásó, acompañado de su traductor estuvo a punto de llorar cuando relataba haber observado a Arpad "suspirando su propia sangre", luego de haber sido baleado cuando se encontraba durmiendo y se entregó voluntariamente sin oponer resistencia. "A Rózsa, Arpad, no debieron haberlos ejecutado", dijo Tóásó cuando el fiscal Sergio Rodríguez le preguntó si conocía a Eduardo Rózsa. Tóásó respondió inmediatamente, pero cuando estaba hablando de las presuntas ejecuciones, el representante del Ministerio Público le pidió que se callara, pero el imputado siguió hablando, porque así el presidente del Tribunal, Sixto Fernández se lo autorizó..

Excluyó a los cívicos. El húngaro dijo que no conoció a exdirigentes cívicos de Santa Cruz imputados en el caso y declarados rebeldes como Guido Náyar, Branko Marinkovic, David Cejas, Juan Carlos Saucedo, "Chiqui" Laguna, Luis Orlando Justiniano y por Pablo Humberto Costas Aguilera, hermano del gobernador Rubén Costas. Tampoco dijo que conocía a un tal "Supermán", sobrenombre con el que era conocido otro de los procesados rebeldes, Hugo Achá. Asimismo afirmó haber conocido a Gelafio Santistevan en Cochabamba o en Tarija porque ambos están detenidos e igualmente indicó no haber tenido contacto antes con el excívico beniano, Alberto Melgar.

Hoy vuelven a las 9:30. La audiencia se reinició cerca de las 16:00, con 21 imputados que asisten y que son trasladados de La Paz y Cochabamba. En el inicio, los fiscales pidieron que los abogados defensores que no estuvieron presentes en la anterior audiencia, fundamenten por qué. Eso provocó una reacción airada de éstos. Asimismo, cuando el fiscal Sergio Céspedes preguntó a Tóásó por la situación política de Bolivia cuando llegó al país, el abogado Otto Ritter dijo que ya estaba cansado que vengan a hablar contra Santa Cruz y les pidió "retirarse de esta tierra santa". La audiencia fue suspendida hasta hoy a las 9:30 de la mañana.

lunes, 9 de septiembre de 2013

SANTOS RAMÍREZ “Hablé con Evo tres veces después del problema”

Enfermo, temeroso y resignado, así Santos Ramírez, el que fue considerado el número dos del MAS, pelea por su vida. Habla de un supuesto complot contra él y de cómo fue sentenciado. Recuerda que fue acusado por Quintana

ENTREVISTA

Santos Ramírez Valverde - Expresidente de YPFB y ex hombre fuerte del MAS -

Santos Ramírez Valverde fue el segundo hombre del MAS y considerado el sucesor de Evo Morales; condenado a 12 años de presidio por supuesta corrupción en la estatal YPFB, donde fue presidente, ahora pide su detención domiciliaria por razones humanitarias asediado por tres enfermedades. Está internado en una clínica de La Paz.

¿Cuál es su situación?

Estoy casi cinco años con detención preventiva y el problema que me asustó realmente es la prembolia que sufrí en la cárcel. Gracias a Dios estoy en recuperación, pero hay secuelas tanto en mi cara como en mis miembros inferiores particularmente; pero ahora tengo otro problema, que es más serio: el mal de Chagas, han confirmado que tengo bloqueado el lado izquierdo del corazón, yo pedí que me hicieran el tratamiento, pero no es posible porque me detectaron hepatitis de primer grado, tengo el hígado graso y no soportaría el tratamiento contra el chagas.

¿Esto se agravó con su reclusión?

Sí, por ello he pedido públicamente que en un acto humanitario me cambien a la detención domiciliaria, no me voy a ir.

En el tema legal, ¿cómo queda su detención?

Tengo sentencia en primera instancia de 12 años y en el caso de Sibsa, después de cuatro años de detención preventiva, no existe un juicio, estamos en etapa conclusiva, pero ellos (los fiscales y jueces) saben que no hay nada. El único objetivo es perjudicarme. El miércoles, la misma jueza que me dio detención preventiva hizo un acto de justicia y ha permitido mi detención domiciliaria con requisitos como firmar los viernes el cuaderno fiscal, arraigo y garantes.

Usted denunciaba un complot, ¿cómo se lo armó?

Me alegro que se haya concluido la planta de Río Grande, pero de lo que no me alegro es que había gente de Palacio, de la Vicepresidencia o de YPFB que sabían cuánto costaba inicialmente, pero con cuánto de dinero se ha entregado, esto es grave.

¿Por el precio?

El precio y la forma cómo se manejó el caso para dañar a Santos Ramírez, yo tengo la declaración de James Gulsby, de la empresa que fabricaba por $us 52 millones la planta. Él denuncia que cuando hicieron la auditoría se sentaron con (el presidente de YPFB) Carlos Villegas para seguir el proyecto, pero de la noche a la mañana tomaron la decisión de realizar otra planta con otras empresas. Está bien, podemos ajustar el precio, por ahí han completado una torre o un taller, que suban $us 40 millones más, bueno, pero hoy cuánto cuesta, más de $us 180 millones. Esta es la peor estafa que sufrió el Estado y sigo preguntando: ¿conocía Palacio de esto?

¿Por qué estafa?

Claro, porque cuando hicieron la auditoría querían, seguramente, saber si había sobreprecio en el contrato que yo firmé; quiénes hacen esa auditoría: tres técnicos de YPFB, tres técnicos de Pdvsa y técnicos de Astra Evangelista. Cómo le explicamos al país que una misma empresa hace la auditoría, la cotización, la preinversión y termina adjudicándose el proyecto.

Usted dice que tiene juicios por todo, ¿cuántos juicios le iniciaron?

Había más de 18 procesos, muchos de ellos los han dejado así, en todos el único acusado es Santos Ramírez, no enjuician a los directores o gerentes.

¿Cree que hubo una decisión política para eliminarlo?

Ya lo han hecho, hay que ver el resultado. ¿En qué momento se tomó la decisión y quiénes?, no sé. Yo hablé unas tres o cuatro veces con el hermano presidente (Evo Morales) en San Jorge y en Palacio, yo no sé si él tiene toda la información o solo lo que le contaron. Lo que pasó en Palacio fue que Juan Ramón Quintana vino y me botó con unos papeles indicando: “Mira, la empresa con la que has firmado es fantasma”. Eso me dijo. Me dijo que esta empresa no tenía garantías; bueno, yo fui a una reunión que me convocaron, no estaba con los papeles para demostrar lo contrario. Pero ya en el proceso se demostró que los papeles que mostró Juan Ramón eran papeles fabricados que colocaron en el juicio.

¿Qué le dijo Evo Morales?

Que se iba a hacer una investigación imparcial, yo le pregunté: “¿Qué es esto?”, porque ya habían hecho la intervención seis ministerios, me imagino que querían encontrar algo porque estaban notarios, fiscales, Felcc.

¿Está resentido?

Miré, a veces uno comete el error de decir que no quiere pelear y deja pasar las cosas, pero si no usamos las herramientas que nos asisten, vamos a quedar como culpables.

¿Y cómo ve al Gobierno desde su encierro?

No sé qué habrá pasado con el hermano presidente, qué estamos haciendo, el sueño de la teoría de la filosofía del vivir bien tiene que reponerse, yo creo que el compañero Evo todavía tiene ese sueño




Ex viceministro Torrico Ormachea es parte de logias policiales

Gustavo Torrico, ex Viceministro de Gobierno, afirmó que el caso extorsión del mayor Fabricio Ormachea, detenido por el FBI en Estados Unidos, forma parte de dos grupos organizados en logias que se disputan el poder al interior de la institución policial. "Al interior de la policía existen dos grupos organizados de logias que se van disputando permanentemente el poder interno de la Policía. Ahí se dan todo tipo de extorsiones y obviamente el punto más alto se da con los investigadores que trabajan con el Ministerio Público", apuntó. Aclaró que dentro de esas logias operan malos policías. Admitió haber conocido a Ormachea cuando no era autoridad, incluso durante el tiempo que fungía de abogado. "Yo creo que hay que investigar de manera muy profunda, desde mi punto de vista creo Ormachea que ha caído en una trampa montada por Humberto Roca (expresidente de AeroSur)", apuntó.

Caso Rózsa vuelve hoy a los estrados

El tan sonado caso terrorismo se reinstala hoy después de dos semanas de descanso, a partir de las 15:30, en el Tribunal Primero de Sentencia. Se retomará la etapa de declaraciones, con Elöd Tóásó en la fase interrogatoria al acusado.

Proceso largo y tedioso. "El proceso penal boliviano, a pesar de ser oral es tedioso y largo. Así como va, estamos apenas con el segundo acusado de 21 personas, es lento y tedioso", señaló Gary Prado, abogado de la defensa de su propio padre. Señaló que así como va el desarrollo del proceso, se estima que la sentencia final recién llegaría a fines del 2014, "incluso siendo optimistas", de un juicio instalado el 9 de octubre de 2012. "Hasta el momento así como va el proceso está preñado de corrupción, de manipulación política y con un tribunal itinerante", dijo.

Antecedentes. Recordemos que el inicio se da con el caso Rózsa tras el asalto al hotel Las Américas en Santa Cruz. El caso ha ido alejando a varias personas. Por ejemplo, Fernando Ribera, exabogado del Ministerio de Gobierno, formalizó la denuncia por terrorismo, lo detuvieron en Tarija el 27 de noviembre del 2012. Boris Villegas, exabogado del Ministerio de Gobierno, está preso acusado de extorsión. Marcelo Soza, exdirector funcional de la investigación en su calidad de fiscal, se alejó del caso el 17 de mayo del 2013. Ahora es acusado de extorsión.

domingo, 8 de septiembre de 2013

Ormachea era parte de una élite y tuvo relación con la red de extorsión



El policía ejemplar, el muchas veces condecorado, el experto en contrainteligencia cayó en la trampa más trillada del FBI: utilizar a un testigo para grabar y monitorear la comisión de un delito. Mario Fabricio Ormachea era un coronel de Policía que trabajaba como investigador anticorrupción y, para muchos de los entrevistados, esto demuestra que la red de extorsión denunciada a través del caso Ostreicher sigue intacta y actuando en el Gobierno.

Esto lo han repetido abogados, policías en servicio activo, funcionarios públicos y hasta altas autoridades, pero el único que se atreve a afirmarlo en público es Jimmy Montaño, abogado de Jacob Ostreicher, que asegura que hay un grupo formado por abogados, policías y jueces que tiene “secuestrada” la justicia boliviana.

Pese a que ahora se asegura que Ormachea salió del país sin avisar, al parecer no era la primera vez que tomaba un avión rumbo a Estados Unidos. El 6 de agosto de este año publicó sus fotos en distintos monumentos de Washington.

Del Lincoln Memorial eligió una toma en la que se ve la estatua del mítico presidente de EEUU, pero para mostrarse en Washington eligió posar frente al edificio del FBI (Buró Federal de Investigaciones). Uno de sus camaradas policías, luego de felicitarlo por el viaje, comentó en su estado: “Su pinta se acomoda al FBI, mi Mayor. Que la pase bien donde se encuentre”.

De élite

Un policía de alto rango que aún está en servicio activo contó que Ormachea era una persona que trabajaba directamente con el Comandante Nacional de la Policía, Alberto Aracena, que actualmente se encuentra en Asia. También que el ahora ex policía detenido en Miami siempre estuvo al lado de los jefes policiales, por lo que generalmente se acomodaba en buenos cargos.

Además, explicó que formaba parte de un grupo de élite policial destinado a la investigación de casos de corrupción. Desde la promulgación de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, este grupo creó el Departamento Nacional Anticorrupción, que dependía del director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, pero no reportaban sus investigaciones a esta autoridad.

Según el alto oficial consultado, el director nacional de la Felcc solo hacía control disciplinario de estos investigadores, que coordinaban directamente su trabajo con el Ministerio Anticorrupción y con la Fiscalía General del Estado.

El oficial en servicio activo asegura que Ormachea no estaba dado de baja cuando viajó a Estados Unidos y que los casos de este grupo de investigadores se manejan en secreto. Justamente allí, en el poder que dan las investigaciones reservadas, cree que se escudó la corrupción.

Al igual que René Sanabria, el ex zar antidrogas detenido en Panamá por tráfico de cocaína y condenado a 14 años de cárcel en Estados Unidos, Ormachea puede presumir de un currículo policial intachable. En una declaración judicial de 2011, describió su carrera como ejemplar.

Aseguró que jamás tuvo ningún proceso interno y que, por el contrario, fue designado escolta de estandarte por dos años consecutivos, en 2008 y 2009.

“Esa es una designación de alto privilegio y alto honor. Asimismo, durante mis funciones en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) en Santa Cruz he recibido felicitaciones del presidente de la República, del viceministro de Defensa Social, del director General de la Felcn, además de haber recibido las más altas condecoraciones de la Felcn nacional y de la Policía Boliviana: al valor, tres veces, en grado de oficial y en el grado de caballero, por los operativos que he dirigido en la lucha y en el combate al narcotráfico”.

Así se describía hace un año delante de un fiscal y meses antes ponía en su cuenta de Facebook: “Los errores no se niegan, se asumen; la tristeza no se llora, se supera; y el amor no se grita, se demuestra. Sé fuerte para que nadie te derrote, sé noble para que nadie te humille, sé humilde para que nadie te ofenda, y sigue siendo tú para que nadie te olvide”.

Vínculo con la red

El viernes, uno de los supuestos miembros de la red gubernamental que extorsionó a Jacob Ostreicher declaró que en 2009 había comenzado a investigar a Ormachea; sin embargo, el entonces mayor de policía fue convocado por Fernando Rivera y por Boris Villegas como prueba testifical en el proceso que le siguieron al teniente René Navía por narcotráfico.

Esther Gorena, madre del teniente detenido en La Paz, se pregunta cómo es posible que ahora nieguen que lo conocían o digan que lo estaban investigando, cuando los dos exabogados del Ministerio de Gobierno citaron a Ormachea como testigo contra su hijo. El 4 de marzo de 2011, Fabricio Ormachea se presentó de manera voluntaria ante el fiscal Saúl Rosales y testificó en contra de Navía.

Gorena presentó una denuncia con Villegas y Rivera por supuesta extorsión. Ella asegura que un sujeto con credencial del Ministerio de Gobierno llegó a su casa y le exigió $us 8.500 para ‘olvidar el caso’ contra su hijo y traerlo de vuelta a Santa Cruz.

Ahora Gorena cree que ese hombre fue enviado por Villegas y Rivera, y que Ormachea formaba parte de esa red.

CLAVES

Un expediente muy limpio

Fabricio Ormachea se jactaba de que nunca había tenido un proceso en su contra en la Policía. Además, aseguraba que había sido felicitado por el presidente Evo Morales y por el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres. Eso está en una declaración oficial ante un fiscal.

Miembro de un grupo de élite

Según altas fuentes policiales, en su calidad de investigador de hechos de corrupción, Ormachea pertenecía a una élite que no necesitaba informar a sus superiores sobre sus casos y que coordinaba directamente con el Ministerio de Transparencia y con la Fiscalía.

Relación con el grupo arrestado

Fabricio Ormachea fue testigo de cargo en un juicio seguido por los abogados Boris Villegas y Fernando Rivera contra René Navía. Rivera y Villegas son acusados de integrar la red de extorsión.

Un oficial que viajaba con frecuencia a estados unidos

Según el informe del oficial del FBI que arrestó a Fabricio Ormachea, este abordó un avión comercial en La Paz con destino a Lima e ingresó a suelo estadounidense el 29 de agosto; sin embargo, no era la primera vez en el mes que visitaba Estados Unidos. En ese mismo mes estuvo en Washington.

¿De paseo por la capital de EEUU?

El 6 de agosto de este año, Mario Fabricio Ormachea subió fotos a su cuenta personal de Facebook de paseo por monumentos de Washington DC. Ese ingreso a Estados Unidos no fue registrado en la denuncia en su contra.

El 29 de agosto abordó un avión en La Paz

El jueves de la semana pasada, Fabricio Ormachea abordó un avión en La Paz con destino a Lima y desde allí una conexión hacia Estados Unidos. Ingresó a ese país con una visa de turista, según el reporte presentado ante la corte por el oficial del FBI que lo detuvo en Miami.

Pidió $us 30.000 a Humberto Roca

El 30 de agosto se encuentra con el expresidente de Aerosur, Humberto Roca, y le pide $us 30.000 para liberarlo de la extradición a Bolivia. En dicho encuentro, monitoreado por el FBI, aceptó recibir un adelanto de $us 10.000 en un próximo encuentro.

El ‘anzuelo’ fue de $us 5.000

El 31 de agosto, Humberto Roca entrega a Ormachea $us 5.000 que habían sido previamente grabados por el FBI. Estos eran un adelanto exigido por el Policía para exonerarlo de los cargos en Bolivia. Ormachea es detenido por el FBI cuando se marchaba del lugar y ahora espera su juicio.

Observan que la red de extorsión tiene todo para seguir operando

Para el abogado de Jacob Ostreicher, Jimmy Montaño, la red de extorsión que operó desde Palacio de Gobierno y que supuestamente afectó a su defendido tiene todo para seguir operando. Asegura que en declaraciones hechas por los supuestos miembros hoy detenidos en Palmasola, esta red sigue vigente y lo único que ha cambiado son los nombres de los operadores.

“Hay una red que está aniquilando la administración de justicia, que decide quién va a detención preventiva, quién es culpable y quién es inocente. Tiene en sus niveles operativos a policías, fiscales, jueces y abogados”, señala.

Cuando a Montaño se le consulta quién está al mando, explica que en las investigaciones que se realizaron por allegados a Ostreicher se logró identificar que esta red era articulada desde el Ministerio de Gobierno, pero que fue purgada con la detención de los abogados Villegas, Rivera y Rodas. Sin embargo, aclara, eso no significa que haya otros ministerios que no sigan formando parte de ella.

Un funcionario de Gobierno explicó que para encontrar a los extorsionadores hay que buscar a quienes manejan a los fiscales y jueces desde La Paz. Sin dar nombres, aseguró que ese grupo no fue desarticulado, que la purga no llegó a ese nivel y que tiene todas las condiciones para seguir ‘trabajando’.

Otro funcionario, de mayor rango, aseguró que hay ‘gente de cristal’ que sigue a cargo de este tipo de extorsiones.

Montaño, por su parte, señala que desde diversas esferas del Gobierno se ha utilizado el derecho penal como un arma política. Apunta sus críticas hacia el Ministerio de Transparencia, que no investigó los actos de corrupción estatal es en el caso de Jacob Ostricher, pese a que algunos de los detenidos en Palmasola trabajaban en Palacio Quemado. “Ahí el Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción ha brillado por su ausencia, cuando en realidad debió ser el principal interesado en recolectar pruebas”, reclama.

Montaño señala que el gabinete jurídico que se ocupaba de representar al Estado en los juicios políticos y de gran envergadura, era una forma de controlar la justicia. A través de las declaraciones de Boris Villegas, Denis Rodas, Fernando Rivera y otros detenidos, Montaño asegura que en los casos como La Calancha, Porvenir, los cívicos de Beni o de Tarija, ellos eran ‘operadores de decisiones superiores’.

“Ese Gabinete jurídico estaba conformado por gente de los ministerios de Transparencia y de Gobierno, además de personeros de la Cámara de Diputados, de la Comisión de Constitución. La gente que tiene formación jurídica dentro del Gobierno llegó a definir a quiénes procesar y a quiénes perseguir”, señala Montaño y recuerda que los fiscales y jueces también participaron de esta coordinación.

sábado, 7 de septiembre de 2013

Fiscalía procesa de oficio a Ormachea y allana su casa

Un día después de conocerse en Bolivia la detención del mayor Fabricio Ormachea en Estados Unidos, acusado de extorsión, el Ministerio Público inició de oficio un proceso contra el policía. Horas después, allanó su casa y su oficina en La Paz, en busca de documentación.

“El caso que se investiga es por supuestos delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencia, porque Ormachea abandonó la ciudad de La Paz en cumplimiento aparente de requerimiento y actos de investigación a Santa Cruz, pero abordó un avión a Miami (EEUU) para contactarse con Humberto Roca. Él habría fungido ser investigador de la Dirección Especial de Lucha Contra la Corrupción (Delcc) de la Policía”, explicó el fiscal Fernando Villarroel, que lleva el proceso desde el jueves.

El fiscal de distrito, Ángel Ponce, instruyó la investigación, que en dos días allanó la vivienda del procesado y su oficina en la Felcc, de donde fueron secuestrados documentos aún no clasificados, como requerimientos otorgados, así como memorándums de asignación de funciones, de designación en comisión y declaraciones fiscales.

Citaciones

Villarroel manifestó que en las últimas horas elevó requerimientos al Comando de la Policía, a la Fiscalía de Distrito y a la Delcc para que policías y fiscales con quienes trabajó el mayor puedan exponer las causas y procesos de investigación que le fueron asignados.

La Contraloría deberá revelar la Declaración Jurada de sus bienes. EL DEBER constató ayer que en la página web de esta entidad no existe su declaración pública. Migración deberá informar sobre el flujo migratorio de este ciudadano que el sábado fue detenido en Miami por supuesta extorsión al dueño de la desaparecida aerolínea AeroSur, Humberto Roca.

Solicitud fiscal

Desde Miami, el abogado de Roca, Michael Díaz, reveló que las grabaciones del FBI que realizó cuando arrestaron a Ormachea tras recibir $us 5.000, como adelanto de los $us 30.000 que solicitó para liberarlo de un proceso judicial en Bolivia, develan que el policía confesó que su viaje a Estados Unidos fue a solicitud del fiscal Marco Antonio Rodríguez.

“Es lo que él dice en el video y audio que tomaron de forma encubierta (el FBI), además de apuntar los nombres del presidente (Evo Morales) y del vicepresidente (Álvaro García Linera)”, señaló el juez.

En La Paz, Rodríguez negó esa situación. “Nunca emití requerimiento para que Ormachea viaje. Había la decisión de enviar una comisión en febrero, pero no se consolidó por falta de recursos”, dijo el fiscal que dejó el caso en marzo.

La fiscal reasignada al caso, Fabiana Azero, señaló que nadie tenía conocimiento del viaje de Ormachea a EEUU y que “él fue por cuenta propia”. Sospecha que aprovechó el interinato de la jefatura de la Delcc para atribuirse el proceso de investigación

Claves


1 El mayor Fabricio Ormachea aprovechó una investigación que debía realizar en la terminal Bimodal de Santa Cruz para viajar al exterior, según la Fiscalía.

2 El fiscal Marco Antonio Rodríguez aclaró que aunque existía la probabilidad de viajar a cuatro países para investigar el caso AeroSur, nunca se planteó una reunión directa con Humberto Roca.



3 La fiscal Fabiana Azero negó que trabajara con el mayor Ormachea y que este fue sustituido por otros investigadores, en el caso de AeroSur. Tenía una investigación con la fiscal Lilian Villalta.
SEGUIRÁ DETENIDO Y SIN FIANZA EN EEUU

El mayor Fabricio Ormachea Aliaga permanecerá detenido y sin fianza en Estados Unidos hasta el viernes 13, cuando se efectúe una nueva audiencia, luego de que un juez federal de Miami determinara la suspensión de la de ayer.

“La nueva audiencia será el viernes, a las 14:00”, informó el abogado de Humberto Roca en Estados Unidos, Michael Díaz, por vía telefónica.

Según constató una periodista de AFP en Miami, Ormachea compareció a su audiencia con el uniforme beis de los prisioneros, y esposado.

Señala que el juez federal Barry L. Garber aceptó el pedido de la Fiscalía para un aplazamiento de la audiencia de fianza.

La abogada pública designada para defender a Ormachea, Sowmya Bharathi, dijo en una breve declaración tras la audiencia que el aplazamiento permitirá reunir mayores pruebas.

El policía fue detenido el sábado en Miami por agentes encubiertos del FBI que grabaron la conversación con Roca, quien radica en Miami, cuando le pedía $us 30.000 a cambio de revocar cargos en su contra, por enriquecimiento ilícito.