sábado, 28 de julio de 2018
viernes, 27 de julio de 2018
Gobierno anunció tercera denuncia contra alcalde Leyes y su hermana
El Gobierno determinó presentar una tercera denuncia en contra del alcalde de Cochabamba, José María Leyes, actualmente suspendido, por supuestas irregularidades en la asignación de contratos, que esta vez involucra de forma directa a su hermana, Claudia, y otras dos personas según anunció el viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Diego Jiménez. “No solo eran las mochilas, sino eran otros procesos de contratación en los cuales intervenían, daban línea de forma deliberada, y por estos otros casos, el Viceministerio también va a presentar una tercera demanda penal por uso indebido de influencias contra el alcalde José María Leyes, su hermana Claudia Leyes y los funcionarios José Miguel Padilla y Diego Moreno”, anunció Jiménez.
Recordó que están en curso los procesos de los casos Mochilas I y II sobre la supuesta compra irregular de material escolar en las gestiones 2017 y 2018 que tiene como principal procesado al alcalde Leyes.
Según Jiménez, en el primer caso, se tiene un avance del 90% y al margen de la detención domiciliaria que tiene en este momento el alcalde suspendido, de quien se conoce que está hospitalizado con un cuadro de hipertensión arterial.
DECLARACIONES COMPROMETEDORAS
Según el viceministro, las declaraciones de José Padilla son comprometedoras para la situación de Leyes y su entorno, debido a que se tiene indicios de que los procesos de licitación se realizaron adecuándolos a las características de mochilas que ya estaban hechas.
En relación a Claudia Leyes, el viceministro indicó que ella tenía una oficina en el piso 10 del edificio Business Center y que, sin ser funcionaria, dirigía los procesos de contratación. Agregó que, de acuerdo a los testimonios de servidores públicos, Claudia Leyes era conocida como la “Number One”, (Número Uno en inglés).
Afirmó que la misma instruía qué empresas contratar y cuáles no. La autoridad gubernamental señaló el grupo formado por el Alcalde, su hermana y secretarios es el responsable de otras irregularidades, como entregar a sus subalternos las mochilas escolares ya elaboradas para que adecuen el proceso de contratación a sus características.
Recordó que están en curso los procesos de los casos Mochilas I y II sobre la supuesta compra irregular de material escolar en las gestiones 2017 y 2018 que tiene como principal procesado al alcalde Leyes.
Según Jiménez, en el primer caso, se tiene un avance del 90% y al margen de la detención domiciliaria que tiene en este momento el alcalde suspendido, de quien se conoce que está hospitalizado con un cuadro de hipertensión arterial.
DECLARACIONES COMPROMETEDORAS
Según el viceministro, las declaraciones de José Padilla son comprometedoras para la situación de Leyes y su entorno, debido a que se tiene indicios de que los procesos de licitación se realizaron adecuándolos a las características de mochilas que ya estaban hechas.
En relación a Claudia Leyes, el viceministro indicó que ella tenía una oficina en el piso 10 del edificio Business Center y que, sin ser funcionaria, dirigía los procesos de contratación. Agregó que, de acuerdo a los testimonios de servidores públicos, Claudia Leyes era conocida como la “Number One”, (Número Uno en inglés).
Afirmó que la misma instruía qué empresas contratar y cuáles no. La autoridad gubernamental señaló el grupo formado por el Alcalde, su hermana y secretarios es el responsable de otras irregularidades, como entregar a sus subalternos las mochilas escolares ya elaboradas para que adecuen el proceso de contratación a sus características.
Morales nombró a Ruddy Flores en Ginebra y Huanacuni a su esposa en Bruselas
El presidente Evo Morales fue quien designó al exmagistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Ruddy Flores como ministro consejero de la representación diplomática boliviana ante Organismos Internacionales en Ginebra, Suiza, mientras que el canciller Fernando Huanacuni designó a la esposa de Flores, Roxana Rojas Lozano, como cónsul en Bruselas. Flores fue uno de los exmagistrados que avaló la polémica repostulación de Morales a la Presidencia.
El dato fue proporcionado ayer por el propio canciller Huanacuni durante un informe oral que presentó ante la Comisión de Política Internacional de la Asamblea, informó el diputado por Unidad Demócrata (UD), Amílcar Barral, quien interpretó este hecho como la confirmación de que su decisión sobre la repostulación estuvo vinculada a su designación en el cargo diplomático.
“Se reconoce que el exmagistrado Ruddy Flores ha sido nombrado por el Presidente y la esposa de Ruddy Flores ha sido nombrada por el canciller (…) El canciller no nos ha dado información real, pero confirmó que el presidente Morales está pagando la facturita de su repostulación inconstitucional”, afirmó el diputado opositor.
Huanacuni, al salir del informe, dijo que demostró que su acciones estuvieron enmarcadas en las normativa vigente y consideró que hay declaraciones “políticamente direccionadas” del diputado Barral para “manipular la información”.
Ante los legisladores, explicó que Ruddy Flores "es ministro consejero en la representación permanente del Estado Plurinacional de Bolivia ante organismos internacionales de Ginebra, Suiza, y su designación se dispuso en el marco del artículo 172 numeral V de la Constitución , que establece que es atribución del presidente dirigir la política exterior, suscribir, nombrar servidores diplomáticos y consulares de acuerdo con la ley”.
Luego explicó a los periodistas: “Hemos respondido ampliamente bajo la normativa en la Constitución Política del Estado (CPE), la ley Especial de Servicios Exteriores, en las partes de control gubernamental (…) Hemos demostrado ampliamente, no solamente en un criterio personal, sino basado en el marco estructural jurídico”.
Tras dejar el TCP Flores asumió el cargo de asesor jurídico en la Cancillería y luego fue designado como ministro consejero en Ginebra. Su designación desató polémica y la oposición lo atribuyó el hecho a un “pago” por su decisión de haber aceptado el pedido de repostulación. (26/07/2018)
El dato fue proporcionado ayer por el propio canciller Huanacuni durante un informe oral que presentó ante la Comisión de Política Internacional de la Asamblea, informó el diputado por Unidad Demócrata (UD), Amílcar Barral, quien interpretó este hecho como la confirmación de que su decisión sobre la repostulación estuvo vinculada a su designación en el cargo diplomático.
“Se reconoce que el exmagistrado Ruddy Flores ha sido nombrado por el Presidente y la esposa de Ruddy Flores ha sido nombrada por el canciller (…) El canciller no nos ha dado información real, pero confirmó que el presidente Morales está pagando la facturita de su repostulación inconstitucional”, afirmó el diputado opositor.
Huanacuni, al salir del informe, dijo que demostró que su acciones estuvieron enmarcadas en las normativa vigente y consideró que hay declaraciones “políticamente direccionadas” del diputado Barral para “manipular la información”.
Ante los legisladores, explicó que Ruddy Flores "es ministro consejero en la representación permanente del Estado Plurinacional de Bolivia ante organismos internacionales de Ginebra, Suiza, y su designación se dispuso en el marco del artículo 172 numeral V de la Constitución , que establece que es atribución del presidente dirigir la política exterior, suscribir, nombrar servidores diplomáticos y consulares de acuerdo con la ley”.
Luego explicó a los periodistas: “Hemos respondido ampliamente bajo la normativa en la Constitución Política del Estado (CPE), la ley Especial de Servicios Exteriores, en las partes de control gubernamental (…) Hemos demostrado ampliamente, no solamente en un criterio personal, sino basado en el marco estructural jurídico”.
Tras dejar el TCP Flores asumió el cargo de asesor jurídico en la Cancillería y luego fue designado como ministro consejero en Ginebra. Su designación desató polémica y la oposición lo atribuyó el hecho a un “pago” por su decisión de haber aceptado el pedido de repostulación. (26/07/2018)
jueves, 26 de julio de 2018
miércoles, 25 de julio de 2018
martes, 24 de julio de 2018
lunes, 23 de julio de 2018
domingo, 22 de julio de 2018
Uno de ocho accionistas fue sentenciado por falsificación
El Estado boliviano presentó una denuncia penal contra los accionistas de la empresa Non Metalic Mineral Quiborax, por la falsificación del acta de conformación de accionistas. Los mayores accionistas son David Moscoso de nacionalidad boliviana y el ciudadano chileno Allan Fosck, el primero fue sentenciado a dos años de cárcel y el otro fue sobreseído.
El 14 de agosto de 2009, el principal socio de la empresa Non Metallic Minerals, David Moscoso, se acogió a un juicio abreviado por el que fue condenado a dos años de cárcel y obtuvo el perdón judicial.
Moscoso fue enjuiciado por dos delitos, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado; porque admitió que se alteró el acta de conformación de accionistas de la firma, el 13 de septiembre se realizó una reunión de los empresarios, en el que decidieron la creación de la sociedad Non Metallic Minerals SA, esa acta fue cambiada de fecha, al 11 de septiembre, donde supuestamente participó Quiborax. Sin embargo, la empresa recién figuró en el acta del 13 de septiembre.
Nueve años después, el 5 de junio de 2018, dos días antes que el ministro de Minería, César Navarro, y el procurador, Pablo Menacho, paguen 42,6 millones de dólares a la empresa Quiborax, la Fiscalía retiró la acusación penal por cuatro delitos que se ventilaba en la justicia boliviana contra ocho acusados de esa firma y entre los que se encontraba el súbdito chileno fugado Allan Henry Isaac Fosck Kaplun.
El documento de retiro de acusación que presentó el Ministerio Público señala que el laudo arbitral emitido por el Ciadi rechazó las acusaciones que pesan contra el socio chileno de Non Metallic Minerals SA y que la prueba aportada por los demandantes supera la denuncia de falsificación de documentos que presentó el Estado boliviano ante esos tribunales.
Tras conocer que el Fiscal Departamental autorizó el retiro de acusación contra 8 accionistas de la empresa chilena, por la falsificación del acta de accionistas, los diputados Wilson Santamaría, Grover Huanca y Rafael Quispe presentaron una denuncia en la Fiscalía General del Estado contra los ministros Héctor Arce y César Navarro, el procurador Pablo Menacho, además de los fiscales Favio Maldonado y Edwin Blanco, este último autorizó la resolución.
Por su parte, el fiscal Ramiro Guerrero pidió un informe al Fiscal departamental, Ewdin Blanco, para que explique cuáles fueron las razones para el retiro de la acusación, aunque dijo que este se basó en un procedimiento legal que establecía el laudo arbitral del Ciadi.
El 14 de agosto de 2009, el principal socio de la empresa Non Metallic Minerals, David Moscoso, se acogió a un juicio abreviado por el que fue condenado a dos años de cárcel y obtuvo el perdón judicial.
Moscoso fue enjuiciado por dos delitos, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado; porque admitió que se alteró el acta de conformación de accionistas de la firma, el 13 de septiembre se realizó una reunión de los empresarios, en el que decidieron la creación de la sociedad Non Metallic Minerals SA, esa acta fue cambiada de fecha, al 11 de septiembre, donde supuestamente participó Quiborax. Sin embargo, la empresa recién figuró en el acta del 13 de septiembre.
Nueve años después, el 5 de junio de 2018, dos días antes que el ministro de Minería, César Navarro, y el procurador, Pablo Menacho, paguen 42,6 millones de dólares a la empresa Quiborax, la Fiscalía retiró la acusación penal por cuatro delitos que se ventilaba en la justicia boliviana contra ocho acusados de esa firma y entre los que se encontraba el súbdito chileno fugado Allan Henry Isaac Fosck Kaplun.
El documento de retiro de acusación que presentó el Ministerio Público señala que el laudo arbitral emitido por el Ciadi rechazó las acusaciones que pesan contra el socio chileno de Non Metallic Minerals SA y que la prueba aportada por los demandantes supera la denuncia de falsificación de documentos que presentó el Estado boliviano ante esos tribunales.
Tras conocer que el Fiscal Departamental autorizó el retiro de acusación contra 8 accionistas de la empresa chilena, por la falsificación del acta de accionistas, los diputados Wilson Santamaría, Grover Huanca y Rafael Quispe presentaron una denuncia en la Fiscalía General del Estado contra los ministros Héctor Arce y César Navarro, el procurador Pablo Menacho, además de los fiscales Favio Maldonado y Edwin Blanco, este último autorizó la resolución.
Por su parte, el fiscal Ramiro Guerrero pidió un informe al Fiscal departamental, Ewdin Blanco, para que explique cuáles fueron las razones para el retiro de la acusación, aunque dijo que este se basó en un procedimiento legal que establecía el laudo arbitral del Ciadi.
Controversia con empresa Quiborax es de hace 30 años
El 7 de junio de la presente gestión, el Estado boliviano cumplió con el laudo arbitral que dictaminó el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) y pagó $us 42.6 millones a la empresa Non Metallic Minerals Quiborax. Este episodio fue el cierre de una controversia que data desde hace 30 años, con la promulgación de la Ley 1854 del 8 de abril de 1998.
ELDIARIO presenta un recuento de todo el proceso que pretende llevar a juicio de responsabilidades a dos expresidentes.
RESERVA FISCAL
La Ley “Valda” Nº 1854 de 1998, denominada así porque fue planteada por el senador del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), Gonzalo Valda, durante el gobierno de Hugo Banzer Suárez, redujo la reserva fiscal del Salar de Uyuni a 1.344.000 hectáreas, de un total de 2.362.000 hectáreas que estableció proteger anteriormente 13 puntos de la costra salina mediante el Decreto Supremo Nº 21260 del 16 de mayo de 1986, en el gobierno de Víctor Paz Estenssoro.
Posterior a esta ley, se aprobó el Decreto Supremo 26574, el 9 de diciembre de 2002, durante la gestión de Jorge Quiroga, donde se ratificó la reducción de la reserva fiscal y el área de concesiones. Esto fue aprovechado por las empresas mineras para la adjudicación de concesiones para explotar ulexita, entre ellas se encontraba la empresa Non Metallic Minerals.
GOBIERNO DE MESA
El 9 de diciembre del 2003, durante el gobierno de Carlos Mesa se aprobó la Ley 2564 que abrogó La Ley “Valda” Nº 1854 y el Decreto Supremo 26574 el 9 de diciembre de 2002, con el que se restituye la reserva fiscal de toda la costra salina del salar de Uyuni, es decir la reserva fiscal abarca a 2,190.500 hectáreas.
Para efectivizar la ley mencionada, el 27 de enero del 2004 se aprobó el Decreto Supremo número 27326, que “establece la realización de auditorías técnica, jurídico legal, económico financiera, regalitario tributaria, sociolaboral y, preservación ecológica y medioambiental”, con el fin de declarar la nulidad de los derechos concesionarios mineros, en un plazo de 60 días a partir de la promulgación de la Ley Nº 2564.
Sin embargo, se establece como fecha límite para la entrega las auditorías hasta el 9 de febrero del 2004, hecho que fue observado por el Gobierno ya que no se cumplía el plazo de 60 días.
El 23 de junio de 2004, Carlos Mesa aprobó el Decreto Supremo 27589, que dispone la revocatoria de las concesiones mineras Cancha I, Doña Juanita, Tete, Borateras de Cuevitas, Basilea, Inglaterra, Don David, Sur, Pococho, La Negra, Cancha II, que pertenecían a Non Metallic Minerals, 11 en total y se le da un plazo de 30 días para la entrega de estos yacimientos.
Tras este acontecimiento es que la firma chilena presenta una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), del cual Bolivia formaba parte por el Tratado Bilateral entre Chile y Bolivia que fue suscrita el 22 de septiembre de 1994, en el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.
CONFORMACIÓN DE NMM QUIBORAX
Según antecedentes de radio Pio XII, David Moscoso se adjudicó de forma ilegal un área importante de yacimientos de boro en la región Delta de Río Grande, que anteriormente pertenecía a la empresa Borax Consolidate de Inglaterra, que perdió la titularidad de esas concesiones por la falta de pago de las patentes anuales.
La promulgación de la Ley Nº 1854 no protegió la cuenca evaporítica del Salar, donde se encontraba las concesiones de Moscoso que fueron abandonadas, esta norma le ayudó para recuperar las áreas de explotación, esta vez lo hace a nombre de la Empresa Minera Río Grande Sur, de la cual es accionista mayoritario.
La empresa Chilena Quiborax, donde Allan Fosck es su accionista mayoritario, se especializa en la explotación en Boratos y uno de los mayores productores de ácido bórico, con plantas productoras en Arica y Antofagasta. Se interesó por las reservas de boro de la cuenca evaporítica del Salar de Uyuni, trata de adquirir las concesiones que son explotadas por Moscoso.
Para tal efecto, la Empresa Minera Río Grande del Sur se transforma en Non Metalic Minerals S.A., y las concesiones de Moscoso son transferidas a nombre de esta empresa, la firma chilena se asocia con la empresa de Moscoso que mantenía la mayoría de las acciones, aunque la empresa siempre fue manejada por Quiborax.
A inicios del 2004, una Comisión de la Cámara de Diputados realizó una inspección sorpresiva cerca de la cuenca evaporítica del Delta de Río Grande del Salar de Uyuni, descubriendo un escándalo medio ambiental realizado a Non Metallic y la empresa minera Copla, donde se observaron varias irregularidades en sus operaciones.
DEMANDA INTERNACIONAL
El 2006 –en la primera gestión de Evo Morales– el Ciadi notificó al Estado boliviano sobre la demanda internacional y a partir de esa fecha es que se inició la controversia entre ambas partes, por la reversión de las concesiones mineras.
El Estado trató de llegar a un primer acuerdo con la firma chilena en el 2008, el resarcimiento alcanzaba a $us 3 millones, pero este proyecto quedó suspendido debido a que se encontró que el acta de conformación de accionistas de Quiborax fue fraguada, ilegalidad que fue admitida por David Moscoso por lo cual fue procesado y sentenciado con dos años de privación de libertad.
El 26 de febrero de 2010 el Ciadi emitió una decisión sobre medidas provisionales para suspender el proceso penal iniciado por el Estado boliviano contra Allan Fosk, David Moscoso y otros siete accionistas de la firma, además piden evitar cualquier otro proceso penal directamente relacionado con este arbitraje, hasta que haya concluido el arbitraje o hasta que se reconsidere esta decisión.
PRIMER FALLO
En septiembre de 2015, el tribunal internacional emitió el laudo arbitral en contra de Bolivia y lo obligaba a cumplir con el resarcimiento de daños que alcanzaba a los $us 48,6 millones, tras conocer este dictamen la defensa legal del país solicitó la anulación del laudo que ganó la firma chilena, con el argumento de que “contiene gravísimas violaciones al procedimiento mismo de las normas del Ciadi”.
El Estado boliviano apeló la decisión del tribunal internacional, pero aun así el dictamen fue contrario al interés nacional.
Hubo una segunda intención de que Bolivia y la firma lleguen a un acuerdo en agosto del 2016, en esa fecha se realizó una reunión en las oficinas de la entonces subprocuradora Carmiña Llorenti. A esas instalaciones llegaron los representantes legales de Quiborax con el objetivo de acordar el retiro de acusaciones del querellante y del Ministerio Público, así como el proyecto de resolución judicial.
En esta reunión, Rodrigo Gil, abogado de la firma chilena, se prestó la computadora de Llorenti para enviar documentos, pero la funcionaria boliviana dejó abierto su correo electrónico, descuido que aprovechó el jurista chileno enviar a sus socios y colegas desde la bandeja de Llorenti tres tipos de documentos: el de retiro de la acusación particular, el retiro de acusación de la Fiscalía y la sentencia descargada.
Este hecho derivó en que la Procuraduría General del Estado inicie un proceso administrativo disciplinario contra Carmiña Llorenti. Esta investigación interna fue instruida por el entonces titular de esa división, Héctor Arce, ahora Ministro de Justicia.
En ese escenario, el 7 de junio de la presente gestión, el estado boliviano cumplió con el laudo arbitral que dictaminó el Ciadi y pagó $us 42.6 millones a la empresa Non Metallic Minerals Quiborax.
“Lo que nosotros hemos hecho es cumplir con una sentencia internacional, no es un tema que podamos decidir si cumplimos o no, es una sentencia que tiene la calidad de cosa juzgada. Caso contrario, los chilenos pueden agarrar la sentencia y puede ejecutarla en 152 países que son miembros del Ciadi y puede congelar cuentas del Estado”, dijo el Procurador General del Estado, Pablo Menacho, después de que Bolivia pagó la millonaria suma.
JUICIO DE RESPONSABILIDADES
En mayo pasado, el procurador, Pablo Menacho, presentó una proposición acusatoria ante la Fiscalía General del Estado contra el expresidente Carlos Mesa y tres de sus exministros por el procedimiento ilegal que hizo para la reversión de las concesiones de Quiborax.
Tras una investigación y toma de declaraciones de los involucrados por parte de la Fiscalía, se determinó que había materia justiciable en contra de los acusados, por lo que determinó presentar un requerimiento acusatorio al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el cual da luz verde para el juicio de responsabilidades contra el expresidente.
Se tiene previsto que la Sala Plena del TSEJ de este miércoles 25 analice el requerimiento acusatorio aunque su presidente, Antonio Revilla, dijo que el tratamiento de la acusación contra Mesa no es prioritario ya que se debe concluir con los casos pendientes de la anterior magistratura.
Por otro lado, el Movimiento al Socialismo (MAS), Víctor Borda, anunció el viernes 13 de julio que iniciará un juicio de responsabilidades contra el expresidente Jorge Tuto Quiroga por la aprobación del Decreto Supremo 26574 y exparlamentarios que aprobaron una norma para “dividir” el Salar de Uyuni y validaron la concesión a la empresa minera Quiborax-Non Metallic Mineral.
DATOS
- En 1998 se promulgó la Ley “Valda” Nº 1854 en el gobierno de Hugo Banzer. Esta norma redujo la Reserva Fiscal del Salar de Uyuni de 2.362.000 hectáreas a 1.344.000 hectáreas.
- El 9 de diciembre de 2002 el gobierno de Jorge Quiroga se aprobó el DS 26574 que ratificó la reducción de la Reserva Fiscal y el área de concesiones.
- El 9 de diciembre del 2003 en el gobierno de Carlos Mesa se aprobó la Ley 2564 que abrogó la Ley “Valda” Nº 1854 de Banzer y el DS 26574 de Quiroga. La norma restituye la Reserva Fiscal de toda la costra salina del Salar de Uyuni.
ELDIARIO presenta un recuento de todo el proceso que pretende llevar a juicio de responsabilidades a dos expresidentes.
RESERVA FISCAL
La Ley “Valda” Nº 1854 de 1998, denominada así porque fue planteada por el senador del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), Gonzalo Valda, durante el gobierno de Hugo Banzer Suárez, redujo la reserva fiscal del Salar de Uyuni a 1.344.000 hectáreas, de un total de 2.362.000 hectáreas que estableció proteger anteriormente 13 puntos de la costra salina mediante el Decreto Supremo Nº 21260 del 16 de mayo de 1986, en el gobierno de Víctor Paz Estenssoro.
Posterior a esta ley, se aprobó el Decreto Supremo 26574, el 9 de diciembre de 2002, durante la gestión de Jorge Quiroga, donde se ratificó la reducción de la reserva fiscal y el área de concesiones. Esto fue aprovechado por las empresas mineras para la adjudicación de concesiones para explotar ulexita, entre ellas se encontraba la empresa Non Metallic Minerals.
GOBIERNO DE MESA
El 9 de diciembre del 2003, durante el gobierno de Carlos Mesa se aprobó la Ley 2564 que abrogó La Ley “Valda” Nº 1854 y el Decreto Supremo 26574 el 9 de diciembre de 2002, con el que se restituye la reserva fiscal de toda la costra salina del salar de Uyuni, es decir la reserva fiscal abarca a 2,190.500 hectáreas.
Para efectivizar la ley mencionada, el 27 de enero del 2004 se aprobó el Decreto Supremo número 27326, que “establece la realización de auditorías técnica, jurídico legal, económico financiera, regalitario tributaria, sociolaboral y, preservación ecológica y medioambiental”, con el fin de declarar la nulidad de los derechos concesionarios mineros, en un plazo de 60 días a partir de la promulgación de la Ley Nº 2564.
Sin embargo, se establece como fecha límite para la entrega las auditorías hasta el 9 de febrero del 2004, hecho que fue observado por el Gobierno ya que no se cumplía el plazo de 60 días.
El 23 de junio de 2004, Carlos Mesa aprobó el Decreto Supremo 27589, que dispone la revocatoria de las concesiones mineras Cancha I, Doña Juanita, Tete, Borateras de Cuevitas, Basilea, Inglaterra, Don David, Sur, Pococho, La Negra, Cancha II, que pertenecían a Non Metallic Minerals, 11 en total y se le da un plazo de 30 días para la entrega de estos yacimientos.
Tras este acontecimiento es que la firma chilena presenta una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), del cual Bolivia formaba parte por el Tratado Bilateral entre Chile y Bolivia que fue suscrita el 22 de septiembre de 1994, en el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.
CONFORMACIÓN DE NMM QUIBORAX
Según antecedentes de radio Pio XII, David Moscoso se adjudicó de forma ilegal un área importante de yacimientos de boro en la región Delta de Río Grande, que anteriormente pertenecía a la empresa Borax Consolidate de Inglaterra, que perdió la titularidad de esas concesiones por la falta de pago de las patentes anuales.
La promulgación de la Ley Nº 1854 no protegió la cuenca evaporítica del Salar, donde se encontraba las concesiones de Moscoso que fueron abandonadas, esta norma le ayudó para recuperar las áreas de explotación, esta vez lo hace a nombre de la Empresa Minera Río Grande Sur, de la cual es accionista mayoritario.
La empresa Chilena Quiborax, donde Allan Fosck es su accionista mayoritario, se especializa en la explotación en Boratos y uno de los mayores productores de ácido bórico, con plantas productoras en Arica y Antofagasta. Se interesó por las reservas de boro de la cuenca evaporítica del Salar de Uyuni, trata de adquirir las concesiones que son explotadas por Moscoso.
Para tal efecto, la Empresa Minera Río Grande del Sur se transforma en Non Metalic Minerals S.A., y las concesiones de Moscoso son transferidas a nombre de esta empresa, la firma chilena se asocia con la empresa de Moscoso que mantenía la mayoría de las acciones, aunque la empresa siempre fue manejada por Quiborax.
A inicios del 2004, una Comisión de la Cámara de Diputados realizó una inspección sorpresiva cerca de la cuenca evaporítica del Delta de Río Grande del Salar de Uyuni, descubriendo un escándalo medio ambiental realizado a Non Metallic y la empresa minera Copla, donde se observaron varias irregularidades en sus operaciones.
DEMANDA INTERNACIONAL
El 2006 –en la primera gestión de Evo Morales– el Ciadi notificó al Estado boliviano sobre la demanda internacional y a partir de esa fecha es que se inició la controversia entre ambas partes, por la reversión de las concesiones mineras.
El Estado trató de llegar a un primer acuerdo con la firma chilena en el 2008, el resarcimiento alcanzaba a $us 3 millones, pero este proyecto quedó suspendido debido a que se encontró que el acta de conformación de accionistas de Quiborax fue fraguada, ilegalidad que fue admitida por David Moscoso por lo cual fue procesado y sentenciado con dos años de privación de libertad.
El 26 de febrero de 2010 el Ciadi emitió una decisión sobre medidas provisionales para suspender el proceso penal iniciado por el Estado boliviano contra Allan Fosk, David Moscoso y otros siete accionistas de la firma, además piden evitar cualquier otro proceso penal directamente relacionado con este arbitraje, hasta que haya concluido el arbitraje o hasta que se reconsidere esta decisión.
PRIMER FALLO
En septiembre de 2015, el tribunal internacional emitió el laudo arbitral en contra de Bolivia y lo obligaba a cumplir con el resarcimiento de daños que alcanzaba a los $us 48,6 millones, tras conocer este dictamen la defensa legal del país solicitó la anulación del laudo que ganó la firma chilena, con el argumento de que “contiene gravísimas violaciones al procedimiento mismo de las normas del Ciadi”.
El Estado boliviano apeló la decisión del tribunal internacional, pero aun así el dictamen fue contrario al interés nacional.
Hubo una segunda intención de que Bolivia y la firma lleguen a un acuerdo en agosto del 2016, en esa fecha se realizó una reunión en las oficinas de la entonces subprocuradora Carmiña Llorenti. A esas instalaciones llegaron los representantes legales de Quiborax con el objetivo de acordar el retiro de acusaciones del querellante y del Ministerio Público, así como el proyecto de resolución judicial.
En esta reunión, Rodrigo Gil, abogado de la firma chilena, se prestó la computadora de Llorenti para enviar documentos, pero la funcionaria boliviana dejó abierto su correo electrónico, descuido que aprovechó el jurista chileno enviar a sus socios y colegas desde la bandeja de Llorenti tres tipos de documentos: el de retiro de la acusación particular, el retiro de acusación de la Fiscalía y la sentencia descargada.
Este hecho derivó en que la Procuraduría General del Estado inicie un proceso administrativo disciplinario contra Carmiña Llorenti. Esta investigación interna fue instruida por el entonces titular de esa división, Héctor Arce, ahora Ministro de Justicia.
En ese escenario, el 7 de junio de la presente gestión, el estado boliviano cumplió con el laudo arbitral que dictaminó el Ciadi y pagó $us 42.6 millones a la empresa Non Metallic Minerals Quiborax.
“Lo que nosotros hemos hecho es cumplir con una sentencia internacional, no es un tema que podamos decidir si cumplimos o no, es una sentencia que tiene la calidad de cosa juzgada. Caso contrario, los chilenos pueden agarrar la sentencia y puede ejecutarla en 152 países que son miembros del Ciadi y puede congelar cuentas del Estado”, dijo el Procurador General del Estado, Pablo Menacho, después de que Bolivia pagó la millonaria suma.
JUICIO DE RESPONSABILIDADES
En mayo pasado, el procurador, Pablo Menacho, presentó una proposición acusatoria ante la Fiscalía General del Estado contra el expresidente Carlos Mesa y tres de sus exministros por el procedimiento ilegal que hizo para la reversión de las concesiones de Quiborax.
Tras una investigación y toma de declaraciones de los involucrados por parte de la Fiscalía, se determinó que había materia justiciable en contra de los acusados, por lo que determinó presentar un requerimiento acusatorio al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el cual da luz verde para el juicio de responsabilidades contra el expresidente.
Se tiene previsto que la Sala Plena del TSEJ de este miércoles 25 analice el requerimiento acusatorio aunque su presidente, Antonio Revilla, dijo que el tratamiento de la acusación contra Mesa no es prioritario ya que se debe concluir con los casos pendientes de la anterior magistratura.
Por otro lado, el Movimiento al Socialismo (MAS), Víctor Borda, anunció el viernes 13 de julio que iniciará un juicio de responsabilidades contra el expresidente Jorge Tuto Quiroga por la aprobación del Decreto Supremo 26574 y exparlamentarios que aprobaron una norma para “dividir” el Salar de Uyuni y validaron la concesión a la empresa minera Quiborax-Non Metallic Mineral.
DATOS
- En 1998 se promulgó la Ley “Valda” Nº 1854 en el gobierno de Hugo Banzer. Esta norma redujo la Reserva Fiscal del Salar de Uyuni de 2.362.000 hectáreas a 1.344.000 hectáreas.
- El 9 de diciembre de 2002 el gobierno de Jorge Quiroga se aprobó el DS 26574 que ratificó la reducción de la Reserva Fiscal y el área de concesiones.
- El 9 de diciembre del 2003 en el gobierno de Carlos Mesa se aprobó la Ley 2564 que abrogó la Ley “Valda” Nº 1854 de Banzer y el DS 26574 de Quiroga. La norma restituye la Reserva Fiscal de toda la costra salina del Salar de Uyuni.
viernes, 20 de julio de 2018
Mesa presentó tercer memorial al TSJ
El expresidente Carlos Mesa informó ayer que el pasado 17 de julio presentó un tercer memorial ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para hacer “conocer la falsedad ideológica en la que incurrió el procurador general del Estado, Pablo Menacho”, en el marco del caso Quiborax.
“La falsedad ideológica en la que incurrió el Procurador (está) en su proposición acusatoria (presentada en mi contra) al pedir que se me juzgue por el Decreto Supremo 27589, que dicté en 2004 (para expulsar del Salar a la empresa) Non Metallic Minerals (Quiborax), cuando en su defensa ante el Tribunal Arbitral del CIADI la misma Procuraduría defendió la total legalidad de dicho DS”, explicó.
Mesa, mediante una publicación en su blog, agregó que la autoridad de la Procuraduría “incurrió en una flagrante contradicción y cuya tipificación no es otra que falsedad ideológica”.
Por tanto, quiero hacer “conocer estos elementos determinantes para el rechazo del requerimiento acusatorio (presentado luego en mi contra) por el Fiscal General del Estado (Ramiro Guerrero), en la investigación preliminar del caso Quiborax”, sostuvo Mesa, en su memorial.
El Procurador presentó inicialmente una proposición acusatoria en contra de Mesa después de que el Estado boliviano perdió un juicio con Quiborax dentro de un proceso llevado adelante en el Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y por lo que tuvo que pagar 42,6 millones de dólares a la empresa.
El Gobierno aseguró que este juicio perdido en el ámbito internacional fue por culpa del cuestionado DS 27589 de Carlos Mesa, que revocó las concesiones mineras de la empresa sin respetar lo que establecía la Ley 2564.
Ese “revocatoria de concesiones mineras (…) se llevó a cabo vulnerando las disposiciones de la Ley Nº 2564, que establecía la elaboración de seis auditorías, previas a la ‘declaratoria de nulidad’ de dichas concesiones. (Además) todo ello se debía realizar en un plazo perentorio de 60 días, que no fue cumplido”, por tanto, Mesa tiene que asumir su responsabilidad, remarcó la Procuraduría, en un comunicado de prensa.
En un anterior memorial, Mesa identificó irregularidades en las que incurrió la Fiscalía General, sobre la base de la declaración que hizo el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé en el caso Quiborax, respuesta que fue enviada un día después que el fiscal Ramiro Guerrero presentó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el requerimiento acusatorio.
Entre las observaciones está que el ¨fiscal “manifiesta una abierta parcialidad” en contra de su persona, al hacer declaraciones públicas sobre el contenido del testimonio de Rodríguez Veltzé, “dado que ha perdido ya atribución y competencia para seguir con investigaciones preliminares, una vez formulado el requerimiento acusatorio”.
Otra observación tiene que ver con el contenido de las declaraciones de Guerrero, que “desnaturalizan” el sentido y alcance de lo expresado por Rodríguez Veltzé, lo que calificó como una tergiversación.
“La falsedad ideológica en la que incurrió el Procurador (está) en su proposición acusatoria (presentada en mi contra) al pedir que se me juzgue por el Decreto Supremo 27589, que dicté en 2004 (para expulsar del Salar a la empresa) Non Metallic Minerals (Quiborax), cuando en su defensa ante el Tribunal Arbitral del CIADI la misma Procuraduría defendió la total legalidad de dicho DS”, explicó.
Mesa, mediante una publicación en su blog, agregó que la autoridad de la Procuraduría “incurrió en una flagrante contradicción y cuya tipificación no es otra que falsedad ideológica”.
Por tanto, quiero hacer “conocer estos elementos determinantes para el rechazo del requerimiento acusatorio (presentado luego en mi contra) por el Fiscal General del Estado (Ramiro Guerrero), en la investigación preliminar del caso Quiborax”, sostuvo Mesa, en su memorial.
El Procurador presentó inicialmente una proposición acusatoria en contra de Mesa después de que el Estado boliviano perdió un juicio con Quiborax dentro de un proceso llevado adelante en el Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y por lo que tuvo que pagar 42,6 millones de dólares a la empresa.
El Gobierno aseguró que este juicio perdido en el ámbito internacional fue por culpa del cuestionado DS 27589 de Carlos Mesa, que revocó las concesiones mineras de la empresa sin respetar lo que establecía la Ley 2564.
Ese “revocatoria de concesiones mineras (…) se llevó a cabo vulnerando las disposiciones de la Ley Nº 2564, que establecía la elaboración de seis auditorías, previas a la ‘declaratoria de nulidad’ de dichas concesiones. (Además) todo ello se debía realizar en un plazo perentorio de 60 días, que no fue cumplido”, por tanto, Mesa tiene que asumir su responsabilidad, remarcó la Procuraduría, en un comunicado de prensa.
En un anterior memorial, Mesa identificó irregularidades en las que incurrió la Fiscalía General, sobre la base de la declaración que hizo el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé en el caso Quiborax, respuesta que fue enviada un día después que el fiscal Ramiro Guerrero presentó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el requerimiento acusatorio.
Entre las observaciones está que el ¨fiscal “manifiesta una abierta parcialidad” en contra de su persona, al hacer declaraciones públicas sobre el contenido del testimonio de Rodríguez Veltzé, “dado que ha perdido ya atribución y competencia para seguir con investigaciones preliminares, una vez formulado el requerimiento acusatorio”.
Otra observación tiene que ver con el contenido de las declaraciones de Guerrero, que “desnaturalizan” el sentido y alcance de lo expresado por Rodríguez Veltzé, lo que calificó como una tergiversación.
miércoles, 18 de julio de 2018
domingo, 15 de julio de 2018
sábado, 14 de julio de 2018
Por falsificación Exmandatario pide reactivar proceso contra Quiborax
El expresidente, Carlos Mesa, solicitó a la Autoridad de Fiscalización de Empresas (AEMP) hacer gestiones para reactivar el proceso penal contra representantes de Quiborax por falsificación, con el objetivo de que reparen el daño económico causado al Estado en este caso.
El pedido de Mesa surge después de saberse que la AEMP desistió del proceso penal contra Allan Fosk y otros representantes de Quiborax, poco antes de que la Procuraduría firmara en acuerdo con la empresa chilena para pagarle 42,6 millones de dólares de indemnización por quitarle su adjudicación en la explotación de ulexita.
El expresidente sostiene la Procuraduría hizo una pésima defensa de Bolivia en este litigio, porque permitió que se abra un arbitraje internacional sobre la base de un acta falsificada, con la cual Quiborax cambió su status de ser empresa boliviana a ser chilena.
El proceso penal por falsificación contra Quiborax ya tuvo un condenado, David Moscoso, quien admitió su culpa y fue sentenciado a dos años de cárcel, aunque se benefició del perdón judicial.
Mesa cuestionó que la AEMP y la Fiscalía se hayan retirado del juicio contra los restantes acusados de Quiborax, tomando en cuenta que ya hubo un condenado que admitió la culpa.
La Procuraduría argumentó que el tribunal de arbitraje emitió una medida cautelar para levantar los procesos contra Quiborax, sin embargo, Mesa aseveró que el laudo no obliga a Bolivia a extinguir ningún proceso penal.
El expresidente sostuvo en su carta a la AEMP que con la condena a Moscoso so comprueba “el perjuicio causado a Bolivia como efecto de los delitos de falsificación y uso de documento falsificado, consistió en forzar delictivamente la realización de este proceso arbitral”.
Señaló que en la sentencia a Moscoso se permiten acciones judiciales complementarias para recuperar el daño económico causado por el arbitraje, sin embargo, eso no es posible si se levanta el juicio a Quiborax.
En ese entendido, Mesa pidió a la AEMP que, en preservación de los intereses del Estado, tiene que dejar sin efecto su desistimiento de la acusación particular, impugnar la resolución judicial de absolución a los representantes de Quiborax, continuar con la acusación particular y adoptar todas las medidas judiciales convenientes para que David Moscoso, Allan Fosk y los restantes coprocesados reparen el daño económico.
JUICIO
El Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia una proposición acusatoria de juicio de responsabilidades contra Carlos Mesa por el caso Quiborax.
Para el diputado Wilson Santamaría (Unidad Nacional) la Fiscalía General del Estado está “encaprichada” en enjuiciar al expresidente Carlos Mesa solo con fines políticos, pese a la declaración del exmandatario Eduardo Rodríguez quien dijo haber saneado el procedimiento de reversión de las concesiones a Quiborax.
“Si el expresidente ha dicho su verdad documentada a través de un cuestionario, por qué la Fiscalía continúa encaprichada en encontrar exclusiva responsabilidad en el expresidente Mesa”, cuestionó Santamaría.
El pedido de Mesa surge después de saberse que la AEMP desistió del proceso penal contra Allan Fosk y otros representantes de Quiborax, poco antes de que la Procuraduría firmara en acuerdo con la empresa chilena para pagarle 42,6 millones de dólares de indemnización por quitarle su adjudicación en la explotación de ulexita.
El expresidente sostiene la Procuraduría hizo una pésima defensa de Bolivia en este litigio, porque permitió que se abra un arbitraje internacional sobre la base de un acta falsificada, con la cual Quiborax cambió su status de ser empresa boliviana a ser chilena.
El proceso penal por falsificación contra Quiborax ya tuvo un condenado, David Moscoso, quien admitió su culpa y fue sentenciado a dos años de cárcel, aunque se benefició del perdón judicial.
Mesa cuestionó que la AEMP y la Fiscalía se hayan retirado del juicio contra los restantes acusados de Quiborax, tomando en cuenta que ya hubo un condenado que admitió la culpa.
La Procuraduría argumentó que el tribunal de arbitraje emitió una medida cautelar para levantar los procesos contra Quiborax, sin embargo, Mesa aseveró que el laudo no obliga a Bolivia a extinguir ningún proceso penal.
El expresidente sostuvo en su carta a la AEMP que con la condena a Moscoso so comprueba “el perjuicio causado a Bolivia como efecto de los delitos de falsificación y uso de documento falsificado, consistió en forzar delictivamente la realización de este proceso arbitral”.
Señaló que en la sentencia a Moscoso se permiten acciones judiciales complementarias para recuperar el daño económico causado por el arbitraje, sin embargo, eso no es posible si se levanta el juicio a Quiborax.
En ese entendido, Mesa pidió a la AEMP que, en preservación de los intereses del Estado, tiene que dejar sin efecto su desistimiento de la acusación particular, impugnar la resolución judicial de absolución a los representantes de Quiborax, continuar con la acusación particular y adoptar todas las medidas judiciales convenientes para que David Moscoso, Allan Fosk y los restantes coprocesados reparen el daño económico.
JUICIO
El Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia una proposición acusatoria de juicio de responsabilidades contra Carlos Mesa por el caso Quiborax.
Para el diputado Wilson Santamaría (Unidad Nacional) la Fiscalía General del Estado está “encaprichada” en enjuiciar al expresidente Carlos Mesa solo con fines políticos, pese a la declaración del exmandatario Eduardo Rodríguez quien dijo haber saneado el procedimiento de reversión de las concesiones a Quiborax.
“Si el expresidente ha dicho su verdad documentada a través de un cuestionario, por qué la Fiscalía continúa encaprichada en encontrar exclusiva responsabilidad en el expresidente Mesa”, cuestionó Santamaría.
viernes, 13 de julio de 2018
Caso “Mochilas I” Otorgan medidas sustitutivas a exautoridad edil
El Juzgado Primero de Instrucción Penal de Cochabamba determinó esta noche otorgar medidas sustitutivas a la detención preventiva para la exsecretaria de Desarrollo Humano de la Alcaldía de Cochabamba, Andrea García, implicada en el denominado caso “Mochilas I”.
“Hay prohibición de salir del departamento y del país, por tanto se está disponiendo el arraigo (…) por último no puede asistir al Gobierno Municipal de Cochabamba y menos contactarse con funcionarios de esta institución”, manifestó su abogado Hernán Soria. A su salida de la audiencia, que inició alrededor de las 19.00 horas de esta jornada, fue recibida por sus familiares. Por este caso, Leyes está con detención domiciliaria y restricciones para acudir al municipio, contactarse con funcionarios y expresarse sobre el proceso desde el pasado 21 de abril por disposición del juez Fernando Pérez. García fue aprehendida el pasado 11 de julio y trasladada a instalaciones de la Estación Policial Integral (EPI) Norte, después de declarar en la Fiscalía por el caso Mochilas I.
La exsecretaria firmó, junto al alcalde José María Leyes, el contrato de adquisición de 91 mil mochilas por 12,4 millones de bolivianos. En la minuta de contrato de provisión de mochilas escolares para la gestión 2018, se encuentran las firmas del alcalde José María Leyes; la exsecretaria de Desarrollo Humano, Adrea García; el director de contrataciones, Luis Guzmán Gumucio, y Néstor García Maygua como representante legal. (Agencias)
“Hay prohibición de salir del departamento y del país, por tanto se está disponiendo el arraigo (…) por último no puede asistir al Gobierno Municipal de Cochabamba y menos contactarse con funcionarios de esta institución”, manifestó su abogado Hernán Soria. A su salida de la audiencia, que inició alrededor de las 19.00 horas de esta jornada, fue recibida por sus familiares. Por este caso, Leyes está con detención domiciliaria y restricciones para acudir al municipio, contactarse con funcionarios y expresarse sobre el proceso desde el pasado 21 de abril por disposición del juez Fernando Pérez. García fue aprehendida el pasado 11 de julio y trasladada a instalaciones de la Estación Policial Integral (EPI) Norte, después de declarar en la Fiscalía por el caso Mochilas I.
La exsecretaria firmó, junto al alcalde José María Leyes, el contrato de adquisición de 91 mil mochilas por 12,4 millones de bolivianos. En la minuta de contrato de provisión de mochilas escolares para la gestión 2018, se encuentran las firmas del alcalde José María Leyes; la exsecretaria de Desarrollo Humano, Adrea García; el director de contrataciones, Luis Guzmán Gumucio, y Néstor García Maygua como representante legal. (Agencias)
Ratifican sentencia de 10 años contra Gabriela Zapata
La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz ratificó la sentencia de 10 años de cárcel en contra de la expareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata, y otros cinco coacusados que apelaron dentro del juicio por legitimación de ganancias que se abrió tras el escándalo del supuesto tráfico de influencias por el cual el Gobierno adjudicó millonarios contratos a la empresa China CAMC, hecho que nunca fue investigado por la Fiscalía General.
La información fue confirmada ayer por Ernesto Jauregui, abogado de tres de los coacusados, supuestos socios de Zapata, Ricardo Alegría, Carlo Marvin y Jimmy Morales, chofer de Gestión Social, quienes fueron sentenciados a dos años de cárcel y ahora recurrirán al recurso de casación por considerar que la Sala Penal Segunda no atendió el pedido de anular la condena de un proceso donde se declaran chivos expiatorios de un escándalo político.
La sentencia también fue ratificada para la exdirectora de la Unidad de Apoyo a la Gestión Social del Ministerio de la presidencia, Cristina Choque, además del abogado y también expareja de Zapata, Walter Zuleta, declarado prófugo en el Perú.
REFERÉNDUM 21F
La ratificación de la sentencia se da dentro del caso que implicó la credibilidad del Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) y le costó la derrota en el referéndum del 21 de febrero (21F) de 2016 donde el presidente Morales y el vicepresidente Álvaro García querían lograr la aprobación para una repostulación como candidatos.
“La Sala Penal Segunda ha emitido un auto de vista resolviendo todos los recursos de apelación restringida que han presentado los acusados y dos acusadores particulares (…) En la parte resolutiva, se ha establecido que se mantiene firme, incólume, la resolución de sentencia que ha sido dictada contra de todos los acusados”, afirmó Jáuregui a EL DIARIO.
En el caso de las apelaciones planteadas por los dos acusadores particulares, el Ministerio de la Presidencia y Transparencia, las mismas también fueron rechazadas, pero estas pedían ampliar la sentencia a 10 años de cárcel para los tres defendidos de Jauregui.
RESOLUCIÓN
El abogado recordó que la audiencia de argumentación de apelaciones se dio el 13 de marzo de este año y los miembros de la Sala Penal Segunda recién emitieron la resolución esta semana y ahora se espera la notificación oficial.
“Declara ADMISIBLE los recursos de apelación restringidas presentados (…) así mismo IMPROCEDENTES las cuestiones planteadas, en cuya virtud se CONFIRMA la Sentencia Resolución Nro 031/2017 de fecha 23 de mayo de 2017”, señala en su parte dispositiva la resolución emitida por los vocales William Alabe y Willy Arias.
VOCALES CUESTIONADOS
Recordemos que en el caso del vocal Arias, su actuación fue cuestionada señalando que debió excusarse del caso luego de haber sido imputado por un supuesto favorecimiento ilegal a la empresa China CAMC, cuando esta incumplió el contrato de construcción de la vía férrea Bulo Bulo-Montero ($us 104 millones) por lo que el Gobierno desestimó el acuerdo y exigió el pago de las boletas de garantía en 2015.
Arias fue imputado junto a su colega, la entonces vocal Virginia Crespo, exesposa del actual
viceministro de seguridad ciudadana Wilfredo Chávez a quien Zapata afirmó haber pagado $us 250 mil para gestionar una resolución favorable en vista de su relación con la vocal.
HIJOS – ABOGADA
Recordemos que las acusaciones en contra de la expareja del presidente Morales comenzaron por el supuesto tráfico de influencias en el que Zapata, aseguraba tener llegada con el Gobierno por ser madre de un hijo del mandatario y llegó a trabajar como gerente comercial en CAMC con un título falso de abogada.
Una vez dictada la sentencia, de 10 años, el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, admitió que el tráfico de influencias nunca fue investigado sin explicar las razones por las cuales nunca se llamó a declarar a los ejecutivos de la CAMC.
La información fue confirmada ayer por Ernesto Jauregui, abogado de tres de los coacusados, supuestos socios de Zapata, Ricardo Alegría, Carlo Marvin y Jimmy Morales, chofer de Gestión Social, quienes fueron sentenciados a dos años de cárcel y ahora recurrirán al recurso de casación por considerar que la Sala Penal Segunda no atendió el pedido de anular la condena de un proceso donde se declaran chivos expiatorios de un escándalo político.
La sentencia también fue ratificada para la exdirectora de la Unidad de Apoyo a la Gestión Social del Ministerio de la presidencia, Cristina Choque, además del abogado y también expareja de Zapata, Walter Zuleta, declarado prófugo en el Perú.
REFERÉNDUM 21F
La ratificación de la sentencia se da dentro del caso que implicó la credibilidad del Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) y le costó la derrota en el referéndum del 21 de febrero (21F) de 2016 donde el presidente Morales y el vicepresidente Álvaro García querían lograr la aprobación para una repostulación como candidatos.
“La Sala Penal Segunda ha emitido un auto de vista resolviendo todos los recursos de apelación restringida que han presentado los acusados y dos acusadores particulares (…) En la parte resolutiva, se ha establecido que se mantiene firme, incólume, la resolución de sentencia que ha sido dictada contra de todos los acusados”, afirmó Jáuregui a EL DIARIO.
En el caso de las apelaciones planteadas por los dos acusadores particulares, el Ministerio de la Presidencia y Transparencia, las mismas también fueron rechazadas, pero estas pedían ampliar la sentencia a 10 años de cárcel para los tres defendidos de Jauregui.
RESOLUCIÓN
El abogado recordó que la audiencia de argumentación de apelaciones se dio el 13 de marzo de este año y los miembros de la Sala Penal Segunda recién emitieron la resolución esta semana y ahora se espera la notificación oficial.
“Declara ADMISIBLE los recursos de apelación restringidas presentados (…) así mismo IMPROCEDENTES las cuestiones planteadas, en cuya virtud se CONFIRMA la Sentencia Resolución Nro 031/2017 de fecha 23 de mayo de 2017”, señala en su parte dispositiva la resolución emitida por los vocales William Alabe y Willy Arias.
VOCALES CUESTIONADOS
Recordemos que en el caso del vocal Arias, su actuación fue cuestionada señalando que debió excusarse del caso luego de haber sido imputado por un supuesto favorecimiento ilegal a la empresa China CAMC, cuando esta incumplió el contrato de construcción de la vía férrea Bulo Bulo-Montero ($us 104 millones) por lo que el Gobierno desestimó el acuerdo y exigió el pago de las boletas de garantía en 2015.
Arias fue imputado junto a su colega, la entonces vocal Virginia Crespo, exesposa del actual
viceministro de seguridad ciudadana Wilfredo Chávez a quien Zapata afirmó haber pagado $us 250 mil para gestionar una resolución favorable en vista de su relación con la vocal.
HIJOS – ABOGADA
Recordemos que las acusaciones en contra de la expareja del presidente Morales comenzaron por el supuesto tráfico de influencias en el que Zapata, aseguraba tener llegada con el Gobierno por ser madre de un hijo del mandatario y llegó a trabajar como gerente comercial en CAMC con un título falso de abogada.
Una vez dictada la sentencia, de 10 años, el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, admitió que el tráfico de influencias nunca fue investigado sin explicar las razones por las cuales nunca se llamó a declarar a los ejecutivos de la CAMC.
Rodríguez puede agravar situación jurídica de Mesa
La respuesta al cuestionario que emitió el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé sobre el caso Quiborax puede agravar la situación del expresidente Carlos Mesa, porque argumenta que enmendó el procedimiento y reestableció el principio de legalidad para la recuperación de las concesiones mineras en el Salar de Uyuni.
Ante esto el vocero de la demanda marítima señaló que el fiscal Ramiro Guerrero emitió una lectura tergiversada del informe.
RAMIRO GUERRERO
“En ese caso todavía sería más lapidario para el expresidente Mesa, porque establece claramente el expresidente Rodríguez Veltzé, que emitió un decreto subsanando lo mal que se había hecho y corrigiendo la ilegalidad que se había cometido”, dijo el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, después de una reunión que sostuvo en el Ministerio de Justicia con otras autoridades de esa área.
El titular de la Fiscalía indicó que las respuestas del cuestionario fueron remitidas un día después de vencido el plazo para presentar el requerimiento acusatorio en contra del expresidente Mesa, y que por supuesto, esos antecedentes se analizarán y se acumularán cuando se investigue el caso, si es que la Asamblea Legislativa autoriza el juicio de responsabilidades.
CARLOS MESA
Sin embargo, horas después de conocer estas declaraciones, el expresidente Carlos Mesa advirtió que el titular de la Fiscalía tergiversó la respuesta que emitió Rodríguez Veltzé, que sólo se refirió a los errores de forma que se presentaron en el Decreto Supremo 27589 del 23 de junio del 2004, que fue promulgado en su gobierno que viabilizó la reversión de las concesiones mineras de Non Metallic Minerals Quiborax.
“El Fiscal manifiesta su abierta parcialidad en mi contra, al hacer declaraciones sobre el contenido de la misma cuando ya no tiene atribución ni competencia para seguir con investigaciones preliminares, una vez formulado el requerimiento acusatorio en esta fase del proceso”, sostiene el exmandatario en una publicación en su sitio web.
ENMIENDA
En una de las 12 preguntas que hace el Ministerio Público a Rodríguez Veltzé, la exautoridad explicó que en su gestión de gobierno (junio a diciembre del 2005) cumplió con el principio de la legalidad y que se abrogó el Decreto Supremo 27589, emitido por Carlos Mesa, porque adolecía de deficiencias insubsanables.
“Quiero dejar constancia expresa de que la actuación de mi gobierno se concentró en restablecer el Principio de Legalidad en la conducción de la actividad del Estado en el procedimiento de recuperación de concesiones mineras ubicadas en el Salar de Uyuni y áreas de influencia conforme lo dispuso la Ley 2564”, señala en su declaración como testigo.
El Decreto de Carlos Mesa, dispone la revocatoria de la resolución constitutiva y pérdida de las concesiones mineras Cancha I, Doña Juanita, Tete, Borateras de Cuevitas, Basilea, Inglaterra, Don David, Sur, Pochocho, La Negra, Cancha II, ubicadas en el Delta del Río Grande del Gran Salar de Uyuni, Provincia Nor Lípez del Departamento de Potosí, que se adjudicó la firma chilena.
El gobierno de Rodríguez promulgó el Decreto Supremo 28527 el 16 de diciembre de 2005 que dispuso abrogar el Decreto Supremo 27589 del expresidente Mesa, donde señala que esa norma adolece de deficiencias jurídicas insubsanables conforme al Código de Minería.
En ninguna de las disposiciones del Código establece la revocatoria de concesiones mineras, en las que se aplica la figura legal de caducidad y nulidad de concesiones mineras previo proceso administrativo bajo competencia y jurisdicción de la Superintendencia de Minas.
Bajo ese punto, Mesa argumentó que el 28 de octubre de 2004, la Superintendencia de Minas, anuló las concesiones de la Empresa Non Metallic Minerals (NMM), saneando de esa forma el Decreto que se promulgó en su gobierno.
PROCEDIMIENTO
En tanto, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Antonio Revilla, manifestó que el requerimiento acusatorio presentado por la fiscal será tratado conforme al principio de prelación, es decir que es evaluado conforme a su llegada, ya que hasta el momento queda pendiente el 20 por ciento de los procesos que fueron dejados por los anteriores magistrados.
“No es tema de prioridad. Corresponde darle el mismo tratamiento que al resto de los casos que radican en la sala plena, no hay casos prioritarios. Hay que tomar en cuenta que nosotros estamos liquidando el resto de los casos en sala plena y consiguientemente después de esto será tratado”, dijo el magistrado.
AMENAZAS DE PROCESO
Tras conocer que el Fiscal Departamental autorizó el retiro de acusación contra 8 accionistas de la empresa chilena, por la falsificación del acta de accionistas, los diputados Wilson Santamaría, Grover Huanca y Rafael Quispe presentaron una denuncia en la Fiscalía General del Estado contra los ministros Héctor Arce y César Navarro, el procurador Pablo Menacho, además de los fiscales Favio Maldonado y Edwin Blanco, este último autorizó la resolución.
El fiscal departamental Edwin Blanco aseguró que está dispuesto a someterse a cualquier proceso de investigación, ya que existen fundamentos legales que son explicados y que era una obligación desea instancia dar cumplimiento al laudo arbitral, caso contrario este hubiese generado procesos en su contra.
SOLICITUD DE INFORME
Por su parte, Guerrero pidió un informe a la autoridad departamental para que explique cuáles fueron las razones para el retiro de la acusación, aunque dijo que este se basó en un procedimiento legal que establecía el laudo arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
Ante esto el vocero de la demanda marítima señaló que el fiscal Ramiro Guerrero emitió una lectura tergiversada del informe.
RAMIRO GUERRERO
“En ese caso todavía sería más lapidario para el expresidente Mesa, porque establece claramente el expresidente Rodríguez Veltzé, que emitió un decreto subsanando lo mal que se había hecho y corrigiendo la ilegalidad que se había cometido”, dijo el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, después de una reunión que sostuvo en el Ministerio de Justicia con otras autoridades de esa área.
El titular de la Fiscalía indicó que las respuestas del cuestionario fueron remitidas un día después de vencido el plazo para presentar el requerimiento acusatorio en contra del expresidente Mesa, y que por supuesto, esos antecedentes se analizarán y se acumularán cuando se investigue el caso, si es que la Asamblea Legislativa autoriza el juicio de responsabilidades.
CARLOS MESA
Sin embargo, horas después de conocer estas declaraciones, el expresidente Carlos Mesa advirtió que el titular de la Fiscalía tergiversó la respuesta que emitió Rodríguez Veltzé, que sólo se refirió a los errores de forma que se presentaron en el Decreto Supremo 27589 del 23 de junio del 2004, que fue promulgado en su gobierno que viabilizó la reversión de las concesiones mineras de Non Metallic Minerals Quiborax.
“El Fiscal manifiesta su abierta parcialidad en mi contra, al hacer declaraciones sobre el contenido de la misma cuando ya no tiene atribución ni competencia para seguir con investigaciones preliminares, una vez formulado el requerimiento acusatorio en esta fase del proceso”, sostiene el exmandatario en una publicación en su sitio web.
ENMIENDA
En una de las 12 preguntas que hace el Ministerio Público a Rodríguez Veltzé, la exautoridad explicó que en su gestión de gobierno (junio a diciembre del 2005) cumplió con el principio de la legalidad y que se abrogó el Decreto Supremo 27589, emitido por Carlos Mesa, porque adolecía de deficiencias insubsanables.
“Quiero dejar constancia expresa de que la actuación de mi gobierno se concentró en restablecer el Principio de Legalidad en la conducción de la actividad del Estado en el procedimiento de recuperación de concesiones mineras ubicadas en el Salar de Uyuni y áreas de influencia conforme lo dispuso la Ley 2564”, señala en su declaración como testigo.
El Decreto de Carlos Mesa, dispone la revocatoria de la resolución constitutiva y pérdida de las concesiones mineras Cancha I, Doña Juanita, Tete, Borateras de Cuevitas, Basilea, Inglaterra, Don David, Sur, Pochocho, La Negra, Cancha II, ubicadas en el Delta del Río Grande del Gran Salar de Uyuni, Provincia Nor Lípez del Departamento de Potosí, que se adjudicó la firma chilena.
El gobierno de Rodríguez promulgó el Decreto Supremo 28527 el 16 de diciembre de 2005 que dispuso abrogar el Decreto Supremo 27589 del expresidente Mesa, donde señala que esa norma adolece de deficiencias jurídicas insubsanables conforme al Código de Minería.
En ninguna de las disposiciones del Código establece la revocatoria de concesiones mineras, en las que se aplica la figura legal de caducidad y nulidad de concesiones mineras previo proceso administrativo bajo competencia y jurisdicción de la Superintendencia de Minas.
Bajo ese punto, Mesa argumentó que el 28 de octubre de 2004, la Superintendencia de Minas, anuló las concesiones de la Empresa Non Metallic Minerals (NMM), saneando de esa forma el Decreto que se promulgó en su gobierno.
PROCEDIMIENTO
En tanto, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Antonio Revilla, manifestó que el requerimiento acusatorio presentado por la fiscal será tratado conforme al principio de prelación, es decir que es evaluado conforme a su llegada, ya que hasta el momento queda pendiente el 20 por ciento de los procesos que fueron dejados por los anteriores magistrados.
“No es tema de prioridad. Corresponde darle el mismo tratamiento que al resto de los casos que radican en la sala plena, no hay casos prioritarios. Hay que tomar en cuenta que nosotros estamos liquidando el resto de los casos en sala plena y consiguientemente después de esto será tratado”, dijo el magistrado.
AMENAZAS DE PROCESO
Tras conocer que el Fiscal Departamental autorizó el retiro de acusación contra 8 accionistas de la empresa chilena, por la falsificación del acta de accionistas, los diputados Wilson Santamaría, Grover Huanca y Rafael Quispe presentaron una denuncia en la Fiscalía General del Estado contra los ministros Héctor Arce y César Navarro, el procurador Pablo Menacho, además de los fiscales Favio Maldonado y Edwin Blanco, este último autorizó la resolución.
El fiscal departamental Edwin Blanco aseguró que está dispuesto a someterse a cualquier proceso de investigación, ya que existen fundamentos legales que son explicados y que era una obligación desea instancia dar cumplimiento al laudo arbitral, caso contrario este hubiese generado procesos en su contra.
SOLICITUD DE INFORME
Por su parte, Guerrero pidió un informe a la autoridad departamental para que explique cuáles fueron las razones para el retiro de la acusación, aunque dijo que este se basó en un procedimiento legal que establecía el laudo arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
jueves, 12 de julio de 2018
Fiscalía retiró acusación contra Quiborax por falsificación
La Fiscalía General del Estado presentó una resolución de retiro de acusación a favor de los accionistas de la empresa Quiborax-Non Metallic Minerals, implicados en la falsificación de un documento de la junta de accionistas que fue base para el arbitraje internacional contra el Estado boliviano ante el Centro de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
La resolución fue presentada el 5 de junio ante el Tribunal de Sentencia Cuarto, el documento se encuentra firmada por el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, a requerimiento del fiscal de Materia, Favio Maldonado, que está a cargo de la investigación.
Se retira la acusación en contra de los ocho socios de la firma chilena: Fernando Rojas Herrera, Dolly Teresa Paredes Mancilla, María Mónica Lorena Fernández Salinas, Yuri Ortega Espinoza Salles, María del Carmen Ballivián Ascarrunz, Ernesto Ossio Aramayo, Tatiana Giovanna Terán de Velasco y Allan Henry Isaac Fosck Kaplun, este último de nacionalidad chilena y que fue declarado rebelde. Todas estas personas fueron acusadas por los delitos de falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, incumplimiento de deberes y estafa.
En base a esta solicitud y otra resolución similar que presentó la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas, el Tribunal de Sentencia emitió una sentencia absolutoria en beneficio de los acusados que se basa en las medidas provisionales que emitió el Ciadi el pasado 26 de febrero de 2010.
En contraste, la Fiscalía General presentó el pasado lunes un requerimiento acusatorio ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), contra el expresidente Carlos Mesa por este caso, por el que da luz verde para el inicio de juicio de responsabilidades.
LA FUNDAMENTACIÓN
El memorial presentado por el fiscal departamental, en base al requerimiento del fiscal de materia, argumentó que el retiro de la acusación se basa en la resolución de Medidas Provisionales del 26 de febrero de 2010 que emitió el Ciadi, donde establece que la parte demandada, es decir el Estado boliviano, debe suspender el proceso penal que instauró por la falsificación de un acta, proceso en que el accionista de la firma, David Moscoso, de nacionalidad boliviana, que admitió la falsedad del documento, fue sentenciado a dos años de cárcel a través de un juicio abreviado.
“La (parte) demandada (el Estado boliviano), deberá tomar todas las medidas necesarias para suspender el proceso penal identificado como Nº 9394/08. Los tribunales arbitrales consideran a las medidas provisionales como necesarias, urgentes, y requeridas a fin de evitar un daño irreparable (…) en merito por el cual no es previsible continuar el avance del presente proceso”, señala la resolución fiscal.
Otro de los fundamentos que se determina en el escrito es que el Estado boliviano y la empresa Quiborax- Non Metallic Minerals S.A. llegaron a un acuerdo para suscribir un contrato de cumplimiento de laudo arbitral de renuncias expresas y liberación general y reciproca de obligaciones para dar fin a la controversia entre las partes.
DOCUMENTO FALSIFICADO
En esta resolución también señala que en los antecedentes procesales del proceso internacional, se determinó que ese tribunal verificó que la firma chilena no incurrió en fraude y la falsificación de documentos tal como lo estableció la a defensa legal del país. Además estableció que la prueba presentada por los demandantes (accionistas de la empresa Quiborax) es consistente y documentada.
“El tribunal constató que la alegación de la demandada (Bolivia) en el sentido que los demandantes (Quiborax) hubiesen falsificado pruebas a fin de establecer la jurisdicción en este arbitraje carecía de fundamentos. (…) si bien existen algunas discrepancias estas no prueban la existencia de fraude ni resultan suficientes para contrarrestar la evidencia. Por estos motivos el Tribunal está persuadido de que (Quiborax) no (cometió) fraude ni (fabricó) pruebas para acceder al sistema de arbitraje en el Ciadi”, resalta el documento.
Sin embargo, el 2009 el Estado boliviano presentó una denuncia penal contra David Moscoso y el resto de los accionistas de la empresa, por la falsificación del acta de la conformación accionaria. Moscoso se sometió a un proceso abreviado el 14 de agosto de la misma gestión, en el que admite que este documento fue fraguado.
El expresidente Carlos Mesa explicó que el 11 de septiembre del 2001 se estableció un acta de la composición accionaria, donde manifestaba que el 100% de los propietarios eran bolivianos. El escrito no servía para iniciar un proceso arbitral contra el Estado boliviano, por lo que anulada y sustituida por un documento con fecha 13 de septiembre del 2001.
En este nuevo documento determinó la conformación de los socios, en que el 51% de las acciones pertenecían a Allan Fosck, de nacionalidad chilena, documento que fue base para que la empresa presente una demanda en el Ciadi.
“Para poder hacerle un juicio a Bolivia no había otra opción de falsificar el acta, porque una empresa boliviana no puede hacer un juicio internacional a su país. La única posibilidad que tenían era demostrar que la mayoría de las acciones de la empresa era chilena. En consecuencia destruyeron ese acta y falsificaron un acta con fecha 13 de septiembre de 2001 y establecía que el 51% de las acciones pertenecía a Allan Fosck”, manifestó la exautoridad.
DATOS
- El 5 de junio del año en curso, el fiscal de materia Favio Maldonado presentó un informe al fiscal Edwin Blanco donde pide la autorización del retiro de acusación contra los acusados.
Ese mismo día, el fiscal Blanco autorizó el retiro de la acusación y remitió el memorial a la autoridad jurisdiccional.
- El 6 de junio el Tribunal de Sentencia Cuarto de La Paz emitió la resolución de absolución a favor de los acusados.
- El 7 de junio, el Ministro de Minería, el Procurador General del Estado y la defensa legal de la firma llegaron a un acuerdo transaccional para el pago de $us 42.6 millones de, donde se redujo alrededor de $us 14.5 millones.
La resolución fue presentada el 5 de junio ante el Tribunal de Sentencia Cuarto, el documento se encuentra firmada por el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, a requerimiento del fiscal de Materia, Favio Maldonado, que está a cargo de la investigación.
Se retira la acusación en contra de los ocho socios de la firma chilena: Fernando Rojas Herrera, Dolly Teresa Paredes Mancilla, María Mónica Lorena Fernández Salinas, Yuri Ortega Espinoza Salles, María del Carmen Ballivián Ascarrunz, Ernesto Ossio Aramayo, Tatiana Giovanna Terán de Velasco y Allan Henry Isaac Fosck Kaplun, este último de nacionalidad chilena y que fue declarado rebelde. Todas estas personas fueron acusadas por los delitos de falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, incumplimiento de deberes y estafa.
En base a esta solicitud y otra resolución similar que presentó la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas, el Tribunal de Sentencia emitió una sentencia absolutoria en beneficio de los acusados que se basa en las medidas provisionales que emitió el Ciadi el pasado 26 de febrero de 2010.
En contraste, la Fiscalía General presentó el pasado lunes un requerimiento acusatorio ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), contra el expresidente Carlos Mesa por este caso, por el que da luz verde para el inicio de juicio de responsabilidades.
LA FUNDAMENTACIÓN
El memorial presentado por el fiscal departamental, en base al requerimiento del fiscal de materia, argumentó que el retiro de la acusación se basa en la resolución de Medidas Provisionales del 26 de febrero de 2010 que emitió el Ciadi, donde establece que la parte demandada, es decir el Estado boliviano, debe suspender el proceso penal que instauró por la falsificación de un acta, proceso en que el accionista de la firma, David Moscoso, de nacionalidad boliviana, que admitió la falsedad del documento, fue sentenciado a dos años de cárcel a través de un juicio abreviado.
“La (parte) demandada (el Estado boliviano), deberá tomar todas las medidas necesarias para suspender el proceso penal identificado como Nº 9394/08. Los tribunales arbitrales consideran a las medidas provisionales como necesarias, urgentes, y requeridas a fin de evitar un daño irreparable (…) en merito por el cual no es previsible continuar el avance del presente proceso”, señala la resolución fiscal.
Otro de los fundamentos que se determina en el escrito es que el Estado boliviano y la empresa Quiborax- Non Metallic Minerals S.A. llegaron a un acuerdo para suscribir un contrato de cumplimiento de laudo arbitral de renuncias expresas y liberación general y reciproca de obligaciones para dar fin a la controversia entre las partes.
DOCUMENTO FALSIFICADO
En esta resolución también señala que en los antecedentes procesales del proceso internacional, se determinó que ese tribunal verificó que la firma chilena no incurrió en fraude y la falsificación de documentos tal como lo estableció la a defensa legal del país. Además estableció que la prueba presentada por los demandantes (accionistas de la empresa Quiborax) es consistente y documentada.
“El tribunal constató que la alegación de la demandada (Bolivia) en el sentido que los demandantes (Quiborax) hubiesen falsificado pruebas a fin de establecer la jurisdicción en este arbitraje carecía de fundamentos. (…) si bien existen algunas discrepancias estas no prueban la existencia de fraude ni resultan suficientes para contrarrestar la evidencia. Por estos motivos el Tribunal está persuadido de que (Quiborax) no (cometió) fraude ni (fabricó) pruebas para acceder al sistema de arbitraje en el Ciadi”, resalta el documento.
Sin embargo, el 2009 el Estado boliviano presentó una denuncia penal contra David Moscoso y el resto de los accionistas de la empresa, por la falsificación del acta de la conformación accionaria. Moscoso se sometió a un proceso abreviado el 14 de agosto de la misma gestión, en el que admite que este documento fue fraguado.
El expresidente Carlos Mesa explicó que el 11 de septiembre del 2001 se estableció un acta de la composición accionaria, donde manifestaba que el 100% de los propietarios eran bolivianos. El escrito no servía para iniciar un proceso arbitral contra el Estado boliviano, por lo que anulada y sustituida por un documento con fecha 13 de septiembre del 2001.
En este nuevo documento determinó la conformación de los socios, en que el 51% de las acciones pertenecían a Allan Fosck, de nacionalidad chilena, documento que fue base para que la empresa presente una demanda en el Ciadi.
“Para poder hacerle un juicio a Bolivia no había otra opción de falsificar el acta, porque una empresa boliviana no puede hacer un juicio internacional a su país. La única posibilidad que tenían era demostrar que la mayoría de las acciones de la empresa era chilena. En consecuencia destruyeron ese acta y falsificaron un acta con fecha 13 de septiembre de 2001 y establecía que el 51% de las acciones pertenecía a Allan Fosck”, manifestó la exautoridad.
DATOS
- El 5 de junio del año en curso, el fiscal de materia Favio Maldonado presentó un informe al fiscal Edwin Blanco donde pide la autorización del retiro de acusación contra los acusados.
Ese mismo día, el fiscal Blanco autorizó el retiro de la acusación y remitió el memorial a la autoridad jurisdiccional.
- El 6 de junio el Tribunal de Sentencia Cuarto de La Paz emitió la resolución de absolución a favor de los acusados.
- El 7 de junio, el Ministro de Minería, el Procurador General del Estado y la defensa legal de la firma llegaron a un acuerdo transaccional para el pago de $us 42.6 millones de, donde se redujo alrededor de $us 14.5 millones.
miércoles, 11 de julio de 2018
Caso Quiborax: el perfil de David Moscoso-Ruiz en las redes
David Moscoso-Ruiz es el empresario boliviano de Non Metallic Minerals (NMM)-Quiborax, que llevó al país al arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a la Inversión (CIADI) a Bolivia.
Con la presentación de un documento falso, Moscoso-Ruiz dio curso a la demanda de Quiborax por la que el Estado boliviano terminó pagando a la empresa chilena más de 42 millones de dólares, y él, pese a confesar su delito en 2009, le dio 20,8 millones de dólares de compensación
Moscoso-Ruiz se presenta como abogado y empresario minero, con amplia experiencia en temas jurídicos y minería, según la información profesional y académica que comparte en sus redes sociales.
Moscoso-Ruiz se presenta como abogado especialista en derecho minero y empresario minero. En la red social Linked In señala que es “director y propietario de Non Metallic Minerals”, la empresa socia de Quiborax por la que ahora, tras una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi).
En su experiencia laboral, el mismo sitio detalla que entre 1978 y 1980 fue director de Asuntos Jurídicos en el Ministerio de Minería y Metalurgia, fue director jurídico en la empresa Minera Inti Raymi, de 1995 a 2001; y abogado del estudio jurídico y minero, Moscoso-Ruiz y asociados.
Revisando sus redes sociales, se sabe que estudió en el colegio Pichincha de Potosí, la Universidad Mayor de San Andres, en la Escuela Europea de Negocios, la Universidad de Alcalá en España y en la Fundación Getulio Vargas en Brasil.
En 1953, Víctor Paz Estenssoro lo designó primer vicepresidente del Consejo Nacional de Reforma Agraria, según consta en el Decreto Presidencial 21464 publicado en la Gaceta Oficial de Bolivia.
Moscoso-Ruiz, quien se muestra aficionado al ciclismo y a los deportes de aventura, también tiene una cuenta en Twitter donde solamente posteó una vez y fue en 2016. Escribió "mar para Bolivia carajo".
Iván Canelas hijo, no cumplía los requisitos para ser funcionario público
La Constitución Política del Estado así lo establece: la libreta del servicio militar es un requisito para ser funcionario público.
Por no contar con ese documento, la ministra de Comunicación, Gísela López, pidió la renuncia de Iván Canelas Lizárraga al cargo de director de Redes Sociales que ejercía desde enero de este año.
Sin embargo, no fue la primera vez que Canelas (hijo del gobernador de Cochabamba, Iván Canelas Alurralde), ocupa un cargo en la administración pública.
En 2009 trabajó como Responsable de Difusión y Prensa de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, incumpliendo también entonces con dos artículos de la Constitución Política del Estado.
El artículo 249 establece que "todo boliviano estará obligado a prestar servicio militar de acuerdo con la Ley" y 234, en su numeral 3, señala que para ser servidor público se requiere "haber cumplido con los deberes militares".
Una fuente del Ministerio de Comunicación manifestó que hace poco más de un mes, la ministra Gisela López pidió su renuncia, según publica la Agencia de Noticias Fides. Lo cual sería a inicios de junio. Sin embargo, en ese mes acompañó al presidente Evo Morales en su viaje a Rusia y China.
Habría renunciado recién a finales de junio, según el periódico paceño Página Siete, renunció.
Salario
Hace un mes, el senador opositor Arturo Murillo, dio a conocer una planilla del Ministerio de Comunicación en la señala que el sueldo de Canelas era Bs 18.517.
martes, 10 de julio de 2018
lunes, 9 de julio de 2018
domingo, 8 de julio de 2018
Pablo Menacho: “El responsable es Carlos Mesa, se lo iba a procesar igual”
_El ministro Héctor Arce dijo que Quiborax ofreció a Bolivia en varias ocasiones la solución amigable de la controversia a través de negociaciones directas, mismas que fueron desoídas por Carlos Mesa, ¿fue así?
La controversia le fue comunicada a Carlos de Mesa mediante una carta el 22 de julio de 2004, casi un mes después del decreto de revocatoria de concesiones, que salió el 23 de junio. A partir de esa fecha empieza a correr el plazo de los seis meses. En octubre le vuelve a mandar una carta Quiborax al expresidente Mesa, en la que le señala que no recibió respuesta para iniciar proceso de consulta. Vuelve a enviar una misiva el 7 de diciembre, la tercera, para abrir un periodo de consulta. El 24 de enero se dirigen otra vez a él y le informan que concluyeron los seis meses para llevar adelante el arbitraje.
_¿Ese es su delito?
No, es uno de los incumplimientos. Nos echa la culpa a nosotros por no haber negociado su problema, la controversia internacional que él causó cuando tuvo la oportunidad de hacerlo. Cuatro veces la empresa Quiborax intentó negociar con él, y fue él quien nunca contestó. Hay una carta del entonces ministro de Minería en la que le dice a la empresa que no corre ningún plazo porque esta no demostró que sea un inversionista extranjero. Mientras que el 8 de diciembre sale el informe de la Cancillería al exministro Juan Ignacio Siles, en la que le dicen que al parecer esta empresa estaba amparada en los tratados entre Bolivia y Chile en este ámbito.
_Hubo un informe en el que le alertan, entonces...
Efectivamente, y de ahí el presidente Mesa tuvo, del 8 de diciembre hasta el 7 de julio, siete meses más para cerrar la controversia. Ahora él dice que era sumamente sencillo hacerlo, entonces entendemos que para él no iba a ser problema terminar este lío, si es que cumplía con su obligación bajo el tratado. No lo hizo, en esa fecha renunció y luego se fue.
_Está en marcha un proceso hacia un juicio de responsabilidades, ¿en qué se sustentaría?
El 22 de mayo presentamos una proposición acusatoria contra él y los tres ministros que tenían que cumplir con una auditoría. Le explico: el 9 de diciembre de 2003 se aprueba la Ley 2564, que volvía a ampliar la reserva fiscal en el salar de Uyuni. En 1998, Hugo Banzer promulgó una norma denominada Valda, en la que se declaró la reserva fiscal del salar solamente a la costra salina. Achicaba la propiedad del Estado. En ese momento obtienen concesiones al menos cinco empresas, entre ellas Non Metallic Mineral (NMM) y su socio Quiborax.
Con la Ley 2564 se vuelve a ampliar la costra salina. Así que lo que quedó fuera de la propiedad del Estado vuelve a su poder. Ahí estaba Quiborax. La norma establecía elaborar seis auditorías a las empresas que explotaban recursos en esa área: una técnica, una medioambiental, una laboral, una de impuestos, aduanera y una jurídica. Si alguna de estas empresas incumple las normas para explotar recursos, se debe declarar su nulidad en un plazo de 60 días.
El plazo vencía el 9 de febrero de 2004. Mesa emitió un decreto, el 27326, el 27 de enero de 2004, 13 días antes de que finalice el plazo. ¿Quién hace auditorías tan complejas en semana y media? pues nadie. Entonces, incumplió ese requisito. En su decreto señala que la hizo Comibol y Sergeomin, además de un informe preliminar de Impuestos. Su decreto lo emite en junio, cuatro meses después de que ya estaba vencido. La declaratoria de nulidad de las concesiones no podía realizarse a través de decreto.
_Ese es otro tema, ¿por qué?
Es que el Código de Minería, que lo sancionó Gonzalo Sánchez de Lozada, decía que la nulidad de concesiones se llevaba adelante a través de un proceso ante la autoridad de minas de esa época. Era todo un trámite. Y Mesa revoca concesiones mineras solo con un decreto supremo. Ese es el nudo central que genera la controversia internacional. Los chilenos dicen que Mesa emitió una norma de expropiación, el decreto supremo, sin cumplir con la ley boliviana y eso el tribunal lo reconoce.
_¿Los chilenos reclamaron; en sencillo: nos sacaron sin cumplir la norma, verdad?
Exactamente.
_¿Eso motivó el juicio?
Es que eso genera la controversia internacional. Hoy cambió, pero tener concesiones mineras en ese tiempo era como tener propiedad privada, era como tener una casa, porque el artículo 4 de ese código decía que las concesiones mineras están sujetas incluso a sucesión hereditaria.
_Goni trabajaba en minería, ¿usted cree que eso lo motivó a generar esta ley?
Era un minero mediano, por eso hay que entender la lógica neoliberal, pero sobre todo la lógica de Goni. Hizo esa ley para proteger sus inversiones, sus intereses, sus propiedades. Pero estaba en la ley. Pero eso es lo que el laudo manda compensar.
_Se sustenta un proceso contra el expresidente Mesa en base a una ley que era absolutamente neoliberal, ¿es consciente de esto el Gobierno?
La ley es la ley. Por eso es que es gracioso cuando Carlos Mesa nos dice: por qué siguieron el proceso, por qué no se salieron. No depende pues de Bolivia, hay un tratado internacional que dice que el inversionista chileno puede demandar a Bolivia ante el Ciadi, y cuando eso ocurre no podemos escaparnos de enfrentarlo, porque está respaldado por un tratado internacional. Los tratados de protección de inversiones son herramientas neoliberales, pero son de cumplimiento obligatorio para los estados. ¿Qué saben los árbitros de la política interna boliviana? Lo que ellos deben detectar es cuál es la norma vigente sobre la cual van a fallar en determinado momento.
_Y para ustedes, ¿eso hizo que Bolivia pierda estos $us 42 millones?
Exactamente.
_¿Y cuál es el objetivo que tienen con el juicio?
Establecer la responsabilidad.
_¿Eso significa que al final, el expresidente Mesa, si el fallo sale en su contra, tendrá que sacar ese dinero de su bolsillo para pagarle al Estado por lo que hizo?
No me puedo adelantar al monto de la compensación, pero evidentemente si es que hay un daño vamos a tener que recuperarlo, porque esa es nuestra obligación, eso manda a la CPE y la ley de la Procuraduría General del Estado.
_Además, Mesa podría ir a la cárcel, ¿no?
Si es que el tribunal del juicio de responsabilidades determina que tuvo responsabilidad en la generación del daño. No depende de la Procuraduría.
_Una parte de la negociación estuvo en manos de este Gobierno, por lo tanto, la compensación que tendría que pagar Mesa pudo ser menor, pero podría haber responsabilidad de ustedes, si no negociaron bien y admitieron un pago de más de $us 42 millones cuando pudo ser de solo 3 o de 22 millones, ¿y puede ser un argumento válido de Mesa, no?
Sí, pero está documentado y de hecho, por lo que se ha filtrado y ustedes han publicado, son informes internos de la Procuraduría, que están en los archivos, donde se dice por qué se discontinúan las conversaciones. Son solo conversaciones mientras no se llegue a un acuerdo. En 2008 surge el tema de las ilegalidades en la documentación de Non Metallic Minerals.
_Hablamos de esa negociación de los $us 3 millones, que se trunca como dice el ministro Arce porque se descubre que el socio principal de NMM tenía problemas con la justicia porque falsificó un documento, ¿no es así?
En las negociaciones, antes de cerrar el acuerdo, se hace lo que se llama la debida diligencia. Revisar que toda la documentación de la contraparte con la que se va a suscribir un acuerdo esté en regla. No se puede suscribir un acuerdo si hay alguna ilegalidad. Es parte de lo que nos manda a nosotros la Ley 1178 (Safco), que es durísima. Hablamos de 2008. Hoy sabemos que hay un laudo de 48,6 millones, por el que se pagó 42. Pero estoy seguro de que quien haya firmado un contrato de $us 3 millones con una empresa cuyo uno de sus directores confesó haber falsificado un acta y obtuvo la sentencia condenatoria por ella, quien sea que hubiera suscrito ese documento, hace 10 años, estaría preso.
_Lo grave es que de ese pago, esa persona, David Moscoso, recibirá $us 20 millones, ¿no?
Ese es un tema interno de la… Nosotros lo que hacemos es acatar el laudo, la sentencia (sic).
_Eso es muy cuestionado, ¿es aceptable que sea beneficiada con un pago así una persona que cometió un delito?
Nosotros no tenemos opción de decidir para quién va qué. Esto es lo que dice el tratado: la decisión del tribunal arbitral será obligatoria para ambas partes, la decisión es el laudo y nosotros tenemos que cumplir con él. ¿Qué pasa si no lo hacemos? Pues nos embargan los bienes. Sea de manera convenida o de manera forzosa, Bolivia tendrá que cumplir. Corríamos el riesgo de que la empresa vaya a cobrar el laudo a Inglaterra, a Francia, a EEUU, a donde sea que Bolivia tenga lo que sea, incluidos los bienes del Estado, como el avión presidencia. No había opción, había que cumplir el tratado.
_¿Y el delito cometido por el señor Moscoso y su sentencia no podía impedir el pago a la empresa NMM?
No había opción. Lo que dice el Ciadi es que los laudos son definitivos y no hay apelación posible. Una instancia donde se pueda presentar una opción para invalidar el pago. Hay una sentencia contra una persona, pero el laudo es a favor de Quiborax y NMM. Eso decidió el tribunal, no hay forma de revertirlo. Nosotros cumplimos con el pago y reducimos el monto en $us 15 millones.
Leí que un abogado cruceño escribió que se puede recurrir a una especie de amparo constitucional a un laudo internacional. Una teoría súper rara; primero, es incorrecto porque el tratado internacional especifica que no hay recurso posible contra el laudo, y lo otro es que uno puede interponerlos en Bolivia, pero la empresa chilena nunca vendría a Bolivia a intentar ejecutar el laudo, iba a hacerlo en cualquier otro país. Hemos analizado todas las opciones, por eso estas son políticas neoliberales, con candados muy fuertes a la protección de la autorida
En el caso de la negociación de los $us 22 millones se supo que los chilenos ya estaban en La Paz y que todo se cayó en el último minuto, ¿fue así?
No estaban aquí para firmar. Se llevaron adelante las negociaciones, se logró una rebaja del 50% del monto del laudo, porque eso es lo que nosotros hacemos: intentar resolver la controversia de la mejor manera, bajando el monto lo más que se pueda. Y por eso es una pena el ataque a la Procuraduría porque nuestra labor es loable, es buena. No sirve solamente al gobierno de turno, pero es un instrumento de defensa de cualquier gobierno en funciones, y se la debe cuidar. Me da pena institucionalmente lo que pasa el día de hoy.
Pero en ese afán de bajar el monto llegó una carta de David Moscoso, el 19 de diciembre de 2016, en la que nos decía que cualquier pago debía ser dirigido a él, como representante de la empresa boliviana.
_¿Lo mismo que en la anterior negociación?
Exactamente, lo mismo detuvo la negociación. Entonces, imagínese qué hubiéramos suscrito. Estaba el proceso de anulación en curso. Igual íbamos a tener que iniciar los procesos, me refiero a la proposición acusatoria. Ni los 3 millones ni los 27 millones iban a impedir que no intente ver la responsabilidad del daño. En cualquiera de los casos se iba a sancionar.
_¿Afirma que fue un cálculo para no reducir el monto?
Fue un cálculo para no dar más prueba durante el arbitraje. No iniciamos el proceso penal contra el responsable o los responsables porque no podíamos generarle prueba a la contraparte, el arbitraje que estaba en curso.
_Es decir que se iba a iniciar un juicio de responsabilidades contra Mesa, ¿no es cierto?
El responsable de la controversia es Carlos Mesa y se lo iba a procesar de todas formas. Hay un informe del año 2008 que dice que habla de los mismos tipos penales por los que nosotros nos hemos pronunciado en su contra en 2018: incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la CPE y las leyes y conducta antieconómica.
_¿Se podría decir que no quisieron ayudar a Mesa a reducir el monto en el arbitraje?
Nuestra obligación no es ayudar a nadie, es defender al Estado.
La controversia le fue comunicada a Carlos de Mesa mediante una carta el 22 de julio de 2004, casi un mes después del decreto de revocatoria de concesiones, que salió el 23 de junio. A partir de esa fecha empieza a correr el plazo de los seis meses. En octubre le vuelve a mandar una carta Quiborax al expresidente Mesa, en la que le señala que no recibió respuesta para iniciar proceso de consulta. Vuelve a enviar una misiva el 7 de diciembre, la tercera, para abrir un periodo de consulta. El 24 de enero se dirigen otra vez a él y le informan que concluyeron los seis meses para llevar adelante el arbitraje.
_¿Ese es su delito?
No, es uno de los incumplimientos. Nos echa la culpa a nosotros por no haber negociado su problema, la controversia internacional que él causó cuando tuvo la oportunidad de hacerlo. Cuatro veces la empresa Quiborax intentó negociar con él, y fue él quien nunca contestó. Hay una carta del entonces ministro de Minería en la que le dice a la empresa que no corre ningún plazo porque esta no demostró que sea un inversionista extranjero. Mientras que el 8 de diciembre sale el informe de la Cancillería al exministro Juan Ignacio Siles, en la que le dicen que al parecer esta empresa estaba amparada en los tratados entre Bolivia y Chile en este ámbito.
Efectivamente, y de ahí el presidente Mesa tuvo, del 8 de diciembre hasta el 7 de julio, siete meses más para cerrar la controversia. Ahora él dice que era sumamente sencillo hacerlo, entonces entendemos que para él no iba a ser problema terminar este lío, si es que cumplía con su obligación bajo el tratado. No lo hizo, en esa fecha renunció y luego se fue.
_Está en marcha un proceso hacia un juicio de responsabilidades, ¿en qué se sustentaría?
El 22 de mayo presentamos una proposición acusatoria contra él y los tres ministros que tenían que cumplir con una auditoría. Le explico: el 9 de diciembre de 2003 se aprueba la Ley 2564, que volvía a ampliar la reserva fiscal en el salar de Uyuni. En 1998, Hugo Banzer promulgó una norma denominada Valda, en la que se declaró la reserva fiscal del salar solamente a la costra salina. Achicaba la propiedad del Estado. En ese momento obtienen concesiones al menos cinco empresas, entre ellas Non Metallic Mineral (NMM) y su socio Quiborax.
Con la Ley 2564 se vuelve a ampliar la costra salina. Así que lo que quedó fuera de la propiedad del Estado vuelve a su poder. Ahí estaba Quiborax. La norma establecía elaborar seis auditorías a las empresas que explotaban recursos en esa área: una técnica, una medioambiental, una laboral, una de impuestos, aduanera y una jurídica. Si alguna de estas empresas incumple las normas para explotar recursos, se debe declarar su nulidad en un plazo de 60 días.
El plazo vencía el 9 de febrero de 2004. Mesa emitió un decreto, el 27326, el 27 de enero de 2004, 13 días antes de que finalice el plazo. ¿Quién hace auditorías tan complejas en semana y media? pues nadie. Entonces, incumplió ese requisito. En su decreto señala que la hizo Comibol y Sergeomin, además de un informe preliminar de Impuestos. Su decreto lo emite en junio, cuatro meses después de que ya estaba vencido. La declaratoria de nulidad de las concesiones no podía realizarse a través de decreto.
_Ese es otro tema, ¿por qué?
Es que el Código de Minería, que lo sancionó Gonzalo Sánchez de Lozada, decía que la nulidad de concesiones se llevaba adelante a través de un proceso ante la autoridad de minas de esa época. Era todo un trámite. Y Mesa revoca concesiones mineras solo con un decreto supremo. Ese es el nudo central que genera la controversia internacional. Los chilenos dicen que Mesa emitió una norma de expropiación, el decreto supremo, sin cumplir con la ley boliviana y eso el tribunal lo reconoce.
_¿Los chilenos reclamaron; en sencillo: nos sacaron sin cumplir la norma, verdad?
Exactamente.
_¿Eso motivó el juicio?
Es que eso genera la controversia internacional. Hoy cambió, pero tener concesiones mineras en ese tiempo era como tener propiedad privada, era como tener una casa, porque el artículo 4 de ese código decía que las concesiones mineras están sujetas incluso a sucesión hereditaria.
_Goni trabajaba en minería, ¿usted cree que eso lo motivó a generar esta ley?
Era un minero mediano, por eso hay que entender la lógica neoliberal, pero sobre todo la lógica de Goni. Hizo esa ley para proteger sus inversiones, sus intereses, sus propiedades. Pero estaba en la ley. Pero eso es lo que el laudo manda compensar.
_Se sustenta un proceso contra el expresidente Mesa en base a una ley que era absolutamente neoliberal, ¿es consciente de esto el Gobierno?
La ley es la ley. Por eso es que es gracioso cuando Carlos Mesa nos dice: por qué siguieron el proceso, por qué no se salieron. No depende pues de Bolivia, hay un tratado internacional que dice que el inversionista chileno puede demandar a Bolivia ante el Ciadi, y cuando eso ocurre no podemos escaparnos de enfrentarlo, porque está respaldado por un tratado internacional. Los tratados de protección de inversiones son herramientas neoliberales, pero son de cumplimiento obligatorio para los estados. ¿Qué saben los árbitros de la política interna boliviana? Lo que ellos deben detectar es cuál es la norma vigente sobre la cual van a fallar en determinado momento.
_Y para ustedes, ¿eso hizo que Bolivia pierda estos $us 42 millones?
Exactamente.
_¿Y cuál es el objetivo que tienen con el juicio?
Establecer la responsabilidad.
_¿Eso significa que al final, el expresidente Mesa, si el fallo sale en su contra, tendrá que sacar ese dinero de su bolsillo para pagarle al Estado por lo que hizo?
No me puedo adelantar al monto de la compensación, pero evidentemente si es que hay un daño vamos a tener que recuperarlo, porque esa es nuestra obligación, eso manda a la CPE y la ley de la Procuraduría General del Estado.
_Además, Mesa podría ir a la cárcel, ¿no?
Si es que el tribunal del juicio de responsabilidades determina que tuvo responsabilidad en la generación del daño. No depende de la Procuraduría.
_Una parte de la negociación estuvo en manos de este Gobierno, por lo tanto, la compensación que tendría que pagar Mesa pudo ser menor, pero podría haber responsabilidad de ustedes, si no negociaron bien y admitieron un pago de más de $us 42 millones cuando pudo ser de solo 3 o de 22 millones, ¿y puede ser un argumento válido de Mesa, no?
Sí, pero está documentado y de hecho, por lo que se ha filtrado y ustedes han publicado, son informes internos de la Procuraduría, que están en los archivos, donde se dice por qué se discontinúan las conversaciones. Son solo conversaciones mientras no se llegue a un acuerdo. En 2008 surge el tema de las ilegalidades en la documentación de Non Metallic Minerals.
_Hablamos de esa negociación de los $us 3 millones, que se trunca como dice el ministro Arce porque se descubre que el socio principal de NMM tenía problemas con la justicia porque falsificó un documento, ¿no es así?
En las negociaciones, antes de cerrar el acuerdo, se hace lo que se llama la debida diligencia. Revisar que toda la documentación de la contraparte con la que se va a suscribir un acuerdo esté en regla. No se puede suscribir un acuerdo si hay alguna ilegalidad. Es parte de lo que nos manda a nosotros la Ley 1178 (Safco), que es durísima. Hablamos de 2008. Hoy sabemos que hay un laudo de 48,6 millones, por el que se pagó 42. Pero estoy seguro de que quien haya firmado un contrato de $us 3 millones con una empresa cuyo uno de sus directores confesó haber falsificado un acta y obtuvo la sentencia condenatoria por ella, quien sea que hubiera suscrito ese documento, hace 10 años, estaría preso.
_Lo grave es que de ese pago, esa persona, David Moscoso, recibirá $us 20 millones, ¿no?
Ese es un tema interno de la… Nosotros lo que hacemos es acatar el laudo, la sentencia (sic).
_Eso es muy cuestionado, ¿es aceptable que sea beneficiada con un pago así una persona que cometió un delito?
Nosotros no tenemos opción de decidir para quién va qué. Esto es lo que dice el tratado: la decisión del tribunal arbitral será obligatoria para ambas partes, la decisión es el laudo y nosotros tenemos que cumplir con él. ¿Qué pasa si no lo hacemos? Pues nos embargan los bienes. Sea de manera convenida o de manera forzosa, Bolivia tendrá que cumplir. Corríamos el riesgo de que la empresa vaya a cobrar el laudo a Inglaterra, a Francia, a EEUU, a donde sea que Bolivia tenga lo que sea, incluidos los bienes del Estado, como el avión presidencia. No había opción, había que cumplir el tratado.
_¿Y el delito cometido por el señor Moscoso y su sentencia no podía impedir el pago a la empresa NMM?
No había opción. Lo que dice el Ciadi es que los laudos son definitivos y no hay apelación posible. Una instancia donde se pueda presentar una opción para invalidar el pago. Hay una sentencia contra una persona, pero el laudo es a favor de Quiborax y NMM. Eso decidió el tribunal, no hay forma de revertirlo. Nosotros cumplimos con el pago y reducimos el monto en $us 15 millones.
Leí que un abogado cruceño escribió que se puede recurrir a una especie de amparo constitucional a un laudo internacional. Una teoría súper rara; primero, es incorrecto porque el tratado internacional especifica que no hay recurso posible contra el laudo, y lo otro es que uno puede interponerlos en Bolivia, pero la empresa chilena nunca vendría a Bolivia a intentar ejecutar el laudo, iba a hacerlo en cualquier otro país. Hemos analizado todas las opciones, por eso estas son políticas neoliberales, con candados muy fuertes a la protección de la autorida
En el caso de la negociación de los $us 22 millones se supo que los chilenos ya estaban en La Paz y que todo se cayó en el último minuto, ¿fue así?
No estaban aquí para firmar. Se llevaron adelante las negociaciones, se logró una rebaja del 50% del monto del laudo, porque eso es lo que nosotros hacemos: intentar resolver la controversia de la mejor manera, bajando el monto lo más que se pueda. Y por eso es una pena el ataque a la Procuraduría porque nuestra labor es loable, es buena. No sirve solamente al gobierno de turno, pero es un instrumento de defensa de cualquier gobierno en funciones, y se la debe cuidar. Me da pena institucionalmente lo que pasa el día de hoy.
Pero en ese afán de bajar el monto llegó una carta de David Moscoso, el 19 de diciembre de 2016, en la que nos decía que cualquier pago debía ser dirigido a él, como representante de la empresa boliviana.
_¿Lo mismo que en la anterior negociación?
Exactamente, lo mismo detuvo la negociación. Entonces, imagínese qué hubiéramos suscrito. Estaba el proceso de anulación en curso. Igual íbamos a tener que iniciar los procesos, me refiero a la proposición acusatoria. Ni los 3 millones ni los 27 millones iban a impedir que no intente ver la responsabilidad del daño. En cualquiera de los casos se iba a sancionar.
_¿Afirma que fue un cálculo para no reducir el monto?
Fue un cálculo para no dar más prueba durante el arbitraje. No iniciamos el proceso penal contra el responsable o los responsables porque no podíamos generarle prueba a la contraparte, el arbitraje que estaba en curso.
_Es decir que se iba a iniciar un juicio de responsabilidades contra Mesa, ¿no es cierto?
El responsable de la controversia es Carlos Mesa y se lo iba a procesar de todas formas. Hay un informe del año 2008 que dice que habla de los mismos tipos penales por los que nosotros nos hemos pronunciado en su contra en 2018: incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la CPE y las leyes y conducta antieconómica.
_¿Se podría decir que no quisieron ayudar a Mesa a reducir el monto en el arbitraje?
Nuestra obligación no es ayudar a nadie, es defender al Estado.
Procuraduría 'confiada' en que se abra el juicio a Mesa por caso Quiborax
Mañana la Fiscalía debe emitir la resolución. El procurador General del Estado, Pablo Menacho, sostuvo que están "muy confiados" en que se abrirá un juicio de responsabilidades contra el expresidente y vocero de la causa marítima, Carlos Mesa, por el caso Quiborax.
"Nosotros hemos presentado una proposición acusatoria sumamente sólida en términos jurídicos con gran cantidad de documentos probatorios, entonces estamos muy confiados en que el Ministerio Público pueda admitir la proposición presentada por la Procuraduría", explicó la autoridad en conferencia de prensa.
Enfatizó que será la instancias competente la que defina si da curso o no al proceso, pero reiteró que existen plenos elementos de convicción que demuestran los errores en los que incurrió la administración del exmandatario en la reversión de las concesiones mineras de la empresa con capitales chilenos.
"Es indudable que él incumplió con las seis auditorías que mandaba el artículo 3 de la Ley 2564, incumplió con iniciar el procedimiento de nulidad ante la superintendencia de empresas e incumplió con el plazo de 60 días para hacer todo eso, además de la emisión del decreto supremo ilegal; entonces, tenemos toda la base jurídica para que este proceso pueda proseguir", aseveró el titular.
Mediante un artículo de opinión, Mesa insiste en las "deficiencias de la defensa boliviana en el caso Quiborax", señalando que esos hechos pretenden "endilgarle" a su Gobierno y pide que la Fiecalía considere los elementos que presentó en varios memoriales para "establecer quiénes son los verdaderos responsables del grave daño al Estado".
"Lo que más se discutió dentro del proceso arbitral fue la falsificación de las actas de 11 y 13 de septiembre del año 2001. No es que porque él lo adivine o porque encontró las ilegalidades, que debió serlo, eso tenía que descubrirse en las seis auditorías que no realizó", agregó Menacho sobre la falsificación del acta de composición accionaria de Non Metallic Minerals perpetrada por David Moscoso, Allan Fosk y otros, documento que a criterio de Mesa era la "piedra angular" de la defensa nacional para evitar la derrota en el arbitraje
Mesa es sindicado por el presunto delito de daño económico al Estado por la forma en la que expulsó en 2004 a Quiborax, consorcio chileno que operaba en el salar de Uyuni. Un laudo arbitral en el que perdió el Estado determinó el pago de 42,6 millones de dólares a la firma chilena.
"Nosotros hemos presentado una proposición acusatoria sumamente sólida en términos jurídicos con gran cantidad de documentos probatorios, entonces estamos muy confiados en que el Ministerio Público pueda admitir la proposición presentada por la Procuraduría", explicó la autoridad en conferencia de prensa.
Enfatizó que será la instancias competente la que defina si da curso o no al proceso, pero reiteró que existen plenos elementos de convicción que demuestran los errores en los que incurrió la administración del exmandatario en la reversión de las concesiones mineras de la empresa con capitales chilenos.
"Es indudable que él incumplió con las seis auditorías que mandaba el artículo 3 de la Ley 2564, incumplió con iniciar el procedimiento de nulidad ante la superintendencia de empresas e incumplió con el plazo de 60 días para hacer todo eso, además de la emisión del decreto supremo ilegal; entonces, tenemos toda la base jurídica para que este proceso pueda proseguir", aseveró el titular.
Mediante un artículo de opinión, Mesa insiste en las "deficiencias de la defensa boliviana en el caso Quiborax", señalando que esos hechos pretenden "endilgarle" a su Gobierno y pide que la Fiecalía considere los elementos que presentó en varios memoriales para "establecer quiénes son los verdaderos responsables del grave daño al Estado".
"Lo que más se discutió dentro del proceso arbitral fue la falsificación de las actas de 11 y 13 de septiembre del año 2001. No es que porque él lo adivine o porque encontró las ilegalidades, que debió serlo, eso tenía que descubrirse en las seis auditorías que no realizó", agregó Menacho sobre la falsificación del acta de composición accionaria de Non Metallic Minerals perpetrada por David Moscoso, Allan Fosk y otros, documento que a criterio de Mesa era la "piedra angular" de la defensa nacional para evitar la derrota en el arbitraje
Mesa es sindicado por el presunto delito de daño económico al Estado por la forma en la que expulsó en 2004 a Quiborax, consorcio chileno que operaba en el salar de Uyuni. Un laudo arbitral en el que perdió el Estado determinó el pago de 42,6 millones de dólares a la firma chilena.
Caso Taladros Drillmec Medidas sustitutivas para exgerente y exasesor de YPFB
El juez Segundo Anticorrupción de La Paz, Alan Zarate, dispuso la liberación con medidas sustitutivas del exgerente de perforaciones y de un exasesor jurídico de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) implicados en el denominado caso Taladros- Drillmec.
Hace un año se dispuso la detención preventiva en el penal de Palmasola, Santa Cruz para los abogados Mauricio Félix Bustos y Gisel Siles Roca, además del Gerente de Perforaciones, David Pérez y el jefe de Unidad de Perforaciones, Bismarck Serrano. En tanto que el abogado Julio Kjari fue derivado a la cárcel de San Pedro en La Paz.
Los cinco exfuncionarios interpusieron solicitudes de cesación a la detención preventiva y dos de esas peticiones fueron atendidas la semana pasada.
“David Pérez ha sido beneficiado con las medidas sustitutivas a la detención preventiva, además de haber enervado los riesgos procesales se ha demostrado que tiene una extrema necesidad de asistir a su familia, porque tiene un hijo con capacidades especiales, al margen de que ya está detenido un año y un mes”, informó Mario Villafan, abogado de Pérez a ANF.
Detalló que el juez Zarate dispuso la detención domiciliaria para David Pérez, además del arraigo, debe presentarse a la Fiscalía, presentar garantes personales y la prohibición de comunicarse con personas que están investigadas en este caso.
Informó que tuvo conocimiento de que Mauricio Bustos también fue beneficiado con las mismas medidas sustitutivas, porque tendría algunos problemas en su salud.
Villafan mencionó que aún no concluyen las investigaciones porque hay ampliaciones de imputación contra otras personas, entre ellos la exgerente de contrataciones de YPFB, Paola Oporto, y se espera la convocatoria a audiencia cautelar de los vinculados.
Por este caso también están detenidas preventivamente la exgerente legal de YPFB Andina, Carmen Lola Tellería y la exgerente Legal de YPFB, Cynthia Novillo. Mientras que el expresidente de la estatal, Guillermo Achá cumple con detención domiciliaria.
Todos los mencionados están sindicados en presuntas irregularidades en el proceso de contratación que hizo YPFB por $us 148 millones a la empresa Drillmec, para la provisión de tres taladros. La Fiscalía apeló las medidas sustitutivas concedidas a los dos implicados. (ANF)
Hace un año se dispuso la detención preventiva en el penal de Palmasola, Santa Cruz para los abogados Mauricio Félix Bustos y Gisel Siles Roca, además del Gerente de Perforaciones, David Pérez y el jefe de Unidad de Perforaciones, Bismarck Serrano. En tanto que el abogado Julio Kjari fue derivado a la cárcel de San Pedro en La Paz.
Los cinco exfuncionarios interpusieron solicitudes de cesación a la detención preventiva y dos de esas peticiones fueron atendidas la semana pasada.
“David Pérez ha sido beneficiado con las medidas sustitutivas a la detención preventiva, además de haber enervado los riesgos procesales se ha demostrado que tiene una extrema necesidad de asistir a su familia, porque tiene un hijo con capacidades especiales, al margen de que ya está detenido un año y un mes”, informó Mario Villafan, abogado de Pérez a ANF.
Detalló que el juez Zarate dispuso la detención domiciliaria para David Pérez, además del arraigo, debe presentarse a la Fiscalía, presentar garantes personales y la prohibición de comunicarse con personas que están investigadas en este caso.
Informó que tuvo conocimiento de que Mauricio Bustos también fue beneficiado con las mismas medidas sustitutivas, porque tendría algunos problemas en su salud.
Villafan mencionó que aún no concluyen las investigaciones porque hay ampliaciones de imputación contra otras personas, entre ellos la exgerente de contrataciones de YPFB, Paola Oporto, y se espera la convocatoria a audiencia cautelar de los vinculados.
Por este caso también están detenidas preventivamente la exgerente legal de YPFB Andina, Carmen Lola Tellería y la exgerente Legal de YPFB, Cynthia Novillo. Mientras que el expresidente de la estatal, Guillermo Achá cumple con detención domiciliaria.
Todos los mencionados están sindicados en presuntas irregularidades en el proceso de contratación que hizo YPFB por $us 148 millones a la empresa Drillmec, para la provisión de tres taladros. La Fiscalía apeló las medidas sustitutivas concedidas a los dos implicados. (ANF)
sábado, 7 de julio de 2018
viernes, 6 de julio de 2018
jueves, 5 de julio de 2018
Carlos Mesa Interpelación es inicio de juicio
El expresidente Carlos Mesa se hizo presente en el acto de interpelación a los ministros de Minería, César Navarro, y de Justicia, Héctor Arce, advirtió que este acto de fiscalización es una puerta abierta para el inicio de juicio de responsabilidades en su contra.
“Más que un acto de interpelación esto parecía un acto adelantado de la apertura de una acusación en contra de Carlos Mesa, que es lo que se producirá si es que el fiscal decide abrir una acusación en nuestra contra”, dijo la exautoridad al concluir el acto de interpelación de las autoridades titulares de esas carteras de Estado.
A la vez lamentó que este acto de fiscalización que tiene el legislativo más bien fue una reunión entre oficialistas y “un acto de autocomplacencia”, donde hubo una cita previa con el Procurador General del Estado, para hacer una interpelación previamente acordada.
Mesa señaló que los ministros se olvidaron de explicar el informe de la Superintendencia de Minas que en octubre de 2004 estableció la nulidad de las concesiones mineras de Quiborax, donde señala que se siguió la normativa que establece la Ley de Minería.
“La superintendencia estableció la nulidad ¿Por qué? Por vicios de origen, las concesiones se habían dado de forma incorrecta, esto establece en los documentos de los árbitros, no fue establecido como elemento central de defensa por parte de Bolivia”, dijo el expresidente.
PLAZO
Por otra parte, el Fiscal General del Estado Ramiro Guerrero señaló que hasta el próximo lunes 9 del mes en curso se presentará la resolución conclusiva que determinará si corresponde o no activar el inicio de un juicio de responsabilidades contra el expresidente por el cuestionado caso.
“El 9 de julio vence el plazo de 30 días para que la Fiscalía General presente una resolución conclusiva de rechazo (al pedido de enjuiciamiento) o plantee una proposición acusatoria a la sala penal del Tribunal Supremo de Justicia”, anunció.
En este caso se presentaron a declarar alrededor de 10 personas, entre ellos el vocero de la causa marítima, los exministros Gustavo Pedraza y Luis Fernando Fajalde, que están en calidad de investigados y el resto fueron convocados como testigos.
SIN TIEMPO
Guerrero también señaló que en el caso del expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, esta autoridad no será convocada por falta de tiempo para colectar mayores indicios para contribuir en la investigación, advirtió que el plazo señalado no puede ser ampliado.
“Es muy corto el tiempo, son 30 días, y ustedes saben que el expresidente Rodríguez Veltzé no se encuentra en el país, es mucho más complicado pedir una declaración”, indicó Guerrero luego de ser consultado sobre la convocatoria del exmandatario.
VISITA SORPRESA
El expresidente y vocero de la causa marítima se presentó en la Asamblea Legislativa al promediar las 11.00 en compañía de su abogado, Carlos Alarcón y Gustavo Aliaga, con la intención de presenciar la interpelación de Arce y Navarro.
Sin embargo, al ingresar al Hall del Legislativo, un policía le impidió el paso por lo que los opositores pidieron que lo dejen ingresar al Hemiciclo, en puertas de estas instalaciones unas dos personas lo llamaron y se reunió por al menos cinco minutos con la presidente de la cámara de diputados Gabriela Montaño
Poco después salió y fue conducido a la zona de invitados en la parte alta de la tribuna donde los legisladores estaban escuchando el informe del ministro de Justicia.
Luego de ingresar, los asambleístas del MAS fueron las que lanzaron improperios contra el expresidente que está acompañado de su abogado, Carlos Alarcón y Gustavo Aliaga; casi en seguida surgió una discusión entre el ministro de Justicia, Héctor Arce y la diputada Lourdes Millares.
Los opositores desplegaron letreros en sus curules con la frase “roba patrias”, que refleja lo contrario que les dicen los del MAS, “vende patrias”.
“Más que un acto de interpelación esto parecía un acto adelantado de la apertura de una acusación en contra de Carlos Mesa, que es lo que se producirá si es que el fiscal decide abrir una acusación en nuestra contra”, dijo la exautoridad al concluir el acto de interpelación de las autoridades titulares de esas carteras de Estado.
A la vez lamentó que este acto de fiscalización que tiene el legislativo más bien fue una reunión entre oficialistas y “un acto de autocomplacencia”, donde hubo una cita previa con el Procurador General del Estado, para hacer una interpelación previamente acordada.
Mesa señaló que los ministros se olvidaron de explicar el informe de la Superintendencia de Minas que en octubre de 2004 estableció la nulidad de las concesiones mineras de Quiborax, donde señala que se siguió la normativa que establece la Ley de Minería.
“La superintendencia estableció la nulidad ¿Por qué? Por vicios de origen, las concesiones se habían dado de forma incorrecta, esto establece en los documentos de los árbitros, no fue establecido como elemento central de defensa por parte de Bolivia”, dijo el expresidente.
PLAZO
Por otra parte, el Fiscal General del Estado Ramiro Guerrero señaló que hasta el próximo lunes 9 del mes en curso se presentará la resolución conclusiva que determinará si corresponde o no activar el inicio de un juicio de responsabilidades contra el expresidente por el cuestionado caso.
“El 9 de julio vence el plazo de 30 días para que la Fiscalía General presente una resolución conclusiva de rechazo (al pedido de enjuiciamiento) o plantee una proposición acusatoria a la sala penal del Tribunal Supremo de Justicia”, anunció.
En este caso se presentaron a declarar alrededor de 10 personas, entre ellos el vocero de la causa marítima, los exministros Gustavo Pedraza y Luis Fernando Fajalde, que están en calidad de investigados y el resto fueron convocados como testigos.
SIN TIEMPO
Guerrero también señaló que en el caso del expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, esta autoridad no será convocada por falta de tiempo para colectar mayores indicios para contribuir en la investigación, advirtió que el plazo señalado no puede ser ampliado.
“Es muy corto el tiempo, son 30 días, y ustedes saben que el expresidente Rodríguez Veltzé no se encuentra en el país, es mucho más complicado pedir una declaración”, indicó Guerrero luego de ser consultado sobre la convocatoria del exmandatario.
VISITA SORPRESA
El expresidente y vocero de la causa marítima se presentó en la Asamblea Legislativa al promediar las 11.00 en compañía de su abogado, Carlos Alarcón y Gustavo Aliaga, con la intención de presenciar la interpelación de Arce y Navarro.
Sin embargo, al ingresar al Hall del Legislativo, un policía le impidió el paso por lo que los opositores pidieron que lo dejen ingresar al Hemiciclo, en puertas de estas instalaciones unas dos personas lo llamaron y se reunió por al menos cinco minutos con la presidente de la cámara de diputados Gabriela Montaño
Poco después salió y fue conducido a la zona de invitados en la parte alta de la tribuna donde los legisladores estaban escuchando el informe del ministro de Justicia.
Luego de ingresar, los asambleístas del MAS fueron las que lanzaron improperios contra el expresidente que está acompañado de su abogado, Carlos Alarcón y Gustavo Aliaga; casi en seguida surgió una discusión entre el ministro de Justicia, Héctor Arce y la diputada Lourdes Millares.
Los opositores desplegaron letreros en sus curules con la frase “roba patrias”, que refleja lo contrario que les dicen los del MAS, “vende patrias”.
Héctor Arce sobre caso Quiborax Morales conocía filtración de documentos
El presidente Evo Morales tenía conocimiento de la filtración de información que se dio en la segunda negociación entre el Estado boliviano y la defensa legal de la empresa chilena Quiborax, después de que los documentos de un preacuerdo fueron filtrados desde el ordenador de la exsubprocuradora Carmiña Llorenti, informó el ministro de Justicia, Héctor Arce, durante el acto de interpelación.
“Se nos informó (del hecho) el día 7 de diciembre de 2016 y el 21 de diciembre, después de hacer los trámites ante el presidente (Evo Morales) sobre la situación, se la desvinculó (a Carmiña Llorenti) de su cargo. Porque la designación de un subprocurador del nivel de un viceministro no depende del procurador, de acuerdo a la ley 064 la designación de esta autoridad depende del Presidente”, dijo Arce.
Arce explicó que posterior a esa información al presidente Evo Morales, el 25 de enero de 2017 se dispuso que se realice un proceso administrativo en contra de la exfuncionaria el mismo que fue realizado por la directora jurídica de la Procuraduría, Patricia Meneses.
RETRASO
A pesar de todos esos antecedentes, la autoridad sumariante externa de la Procuraduría, Ana Guevara Clavijo, ordenó el inicio del proceso administrativo disciplinario contra Llorenti recién en marzo de este año, después de 14 meses de que esta irregularidad fuese detectada.
El informe con la denominación RPAD/ASE/004/2018, emitido por la autoridad sumariante externa, detalla que la exfuncionaria, durante una reunión de negociación organizada en La Paz, en agosto de 2016, con los abogados de la compañía Química e Industria del Bórax (Quiborax) y Non Metallic Minerals (NMM), prestó su computadora a uno de los abogados de las empresas demandantes.
ARBITRAJE INTERNACIONAL
En el acto de interpelación convocada por el oficalismo, Arce explicó que la sentencia que emitió el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) detalló que se aplicó una medida de revocatoria que no estaba consignada en el Código de Minería que estaba vigente en ese momento.
El tribunal concluyó que hubo un atropello contra la empresa chilena y corresponde la compensación integra que determina el laudo arbitral.
Por su parte el ministro de Minería, Cesar Navarro indicó que la el Estado boliviano vulneró el articulo IV del tratado bilateral internacional firmado entre Bolivia y Chile en 1994, que establece que ninguna de las partes contratantes adoptará medidas que priven directa o indirectamente.
A la vez indicó que la controversia entre el Estado boliviano y la firma chilena no hubiese llegado a un pago de $us 42.6 millones si no se suscribía el acuerdo entre la república de Bolivia y el de Chile para la promoción y protección recíproca de inversiones (TBI), firmado el 22 de septiembre de 1994, durante el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.
DEFENSA LEGAL
Arce manifestó que el Estado contrató a uno de los seis bufets de abogados con mayor prestigio de Estados Unidos, al que tuvieron que pedir una rebaja en el costo de los honorarios de los profesionales para que lleven la defensa legal ante el tribunal internacional.
“Que se vea la responsabilidad que se ha actuado en la defensa legal del Estado, con el buffet internacional que ha trabajado con nuestro país y que es el sexto buffet más grande del mundo, de un alto prestigio. Nosotros muchos veces, pensando en el país, le hemos pedido rebajas en cuanto a sus honorarios”, resaltó el ministro.
Según la documentación publicada por el CIADI la defensa legal boliviana estaba a cargo de las firmas jurídicas Gomm & Smith del estado de Miami, y el estudio jurídico Dechert LLP.
Sin embargo, el senador de Unidad Demócrata (UD), Óscar Ortiz, denunció que la Procuraduría General del Estado no quiso dar mayor informe sobre la contratación de los equipos jurídicos para la defensa legal y cuánto se pagó a estos profesionales.
NACIONALIZACIÓN
Arce indicó que durante el gobierno de Evo Morales se determinó la creación de la defensa legal del estado, algo que no fue tomado en cuenta en anteriores gobiernos, en ese marco indicó que los procesos de nacionalización se expandieron 14 empresas en cinco áreas: hidrocarburos, minería, electricidad, telecomunicaciones y transporte aéreo. Procesos en el que el Estado pagó $us 921.653.034.
En el sector de hidrocarburos se nacionalizó a las empresas Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB Chaco) donde se pagó una indemnización de $us357.023.360, a YPFB Transporte $us 241.154.976, YPFB logística $us 12.080.279.
Para el rubro de la electricidad se nacionalizó a toda la cadena de empresas que están a cargo de la generación, distribución de ese recurso, Corani SA se pagó $us 18.668.000. Valle Hermoso SA $us 19.245.627, Guaracachi SA $us 31.534.613, a la Trasportadora de Electricidad SA se indemnizó un total de $us 65.268.000, DeLapaz y otras empresas $us 53.681.179.
Para el área de telecomunicaciones la principal nacionalización fue la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), en el que se tuvo que pagar a la empresa de origen italiano la suma de $us 100.000.000.
Por último en el sector aeropuertuarias la nacionalización se dio a la empresa de Servicio de Aeropuertos de Bolivia (SABSA), donde se pagó la suma de $us 23.000.000. En la suma total de la cancelación de todos estos resarcimientos la suma asciende a más de $us 921 mil millones.
APLAUDIDOS
Al concluir la interpelación a ambas autoridades, los dos tercios del oficialismo fueron determinantes a la hora de la votación, después de que respondieran las 12 preguntas formuladas por los diputados Víctor Borda y Betty Yañíquez, durante una sesión que duró cerca de cinco horas.
La presidenta de la Cámara de Diputados Gabriela Montaño presidió la sesión de la Asamblea y fue la encargada de someter a consideración de la propuesta de “orden del día puro y simple”, mientras que desde la bancada de oposición, los legisladores exigían preguntar a los ministros que, por efectos del reglamento, no pueden participar de la votación.
“Se nos informó (del hecho) el día 7 de diciembre de 2016 y el 21 de diciembre, después de hacer los trámites ante el presidente (Evo Morales) sobre la situación, se la desvinculó (a Carmiña Llorenti) de su cargo. Porque la designación de un subprocurador del nivel de un viceministro no depende del procurador, de acuerdo a la ley 064 la designación de esta autoridad depende del Presidente”, dijo Arce.
Arce explicó que posterior a esa información al presidente Evo Morales, el 25 de enero de 2017 se dispuso que se realice un proceso administrativo en contra de la exfuncionaria el mismo que fue realizado por la directora jurídica de la Procuraduría, Patricia Meneses.
RETRASO
A pesar de todos esos antecedentes, la autoridad sumariante externa de la Procuraduría, Ana Guevara Clavijo, ordenó el inicio del proceso administrativo disciplinario contra Llorenti recién en marzo de este año, después de 14 meses de que esta irregularidad fuese detectada.
El informe con la denominación RPAD/ASE/004/2018, emitido por la autoridad sumariante externa, detalla que la exfuncionaria, durante una reunión de negociación organizada en La Paz, en agosto de 2016, con los abogados de la compañía Química e Industria del Bórax (Quiborax) y Non Metallic Minerals (NMM), prestó su computadora a uno de los abogados de las empresas demandantes.
ARBITRAJE INTERNACIONAL
En el acto de interpelación convocada por el oficalismo, Arce explicó que la sentencia que emitió el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) detalló que se aplicó una medida de revocatoria que no estaba consignada en el Código de Minería que estaba vigente en ese momento.
El tribunal concluyó que hubo un atropello contra la empresa chilena y corresponde la compensación integra que determina el laudo arbitral.
Por su parte el ministro de Minería, Cesar Navarro indicó que la el Estado boliviano vulneró el articulo IV del tratado bilateral internacional firmado entre Bolivia y Chile en 1994, que establece que ninguna de las partes contratantes adoptará medidas que priven directa o indirectamente.
A la vez indicó que la controversia entre el Estado boliviano y la firma chilena no hubiese llegado a un pago de $us 42.6 millones si no se suscribía el acuerdo entre la república de Bolivia y el de Chile para la promoción y protección recíproca de inversiones (TBI), firmado el 22 de septiembre de 1994, durante el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.
DEFENSA LEGAL
Arce manifestó que el Estado contrató a uno de los seis bufets de abogados con mayor prestigio de Estados Unidos, al que tuvieron que pedir una rebaja en el costo de los honorarios de los profesionales para que lleven la defensa legal ante el tribunal internacional.
“Que se vea la responsabilidad que se ha actuado en la defensa legal del Estado, con el buffet internacional que ha trabajado con nuestro país y que es el sexto buffet más grande del mundo, de un alto prestigio. Nosotros muchos veces, pensando en el país, le hemos pedido rebajas en cuanto a sus honorarios”, resaltó el ministro.
Según la documentación publicada por el CIADI la defensa legal boliviana estaba a cargo de las firmas jurídicas Gomm & Smith del estado de Miami, y el estudio jurídico Dechert LLP.
Sin embargo, el senador de Unidad Demócrata (UD), Óscar Ortiz, denunció que la Procuraduría General del Estado no quiso dar mayor informe sobre la contratación de los equipos jurídicos para la defensa legal y cuánto se pagó a estos profesionales.
NACIONALIZACIÓN
Arce indicó que durante el gobierno de Evo Morales se determinó la creación de la defensa legal del estado, algo que no fue tomado en cuenta en anteriores gobiernos, en ese marco indicó que los procesos de nacionalización se expandieron 14 empresas en cinco áreas: hidrocarburos, minería, electricidad, telecomunicaciones y transporte aéreo. Procesos en el que el Estado pagó $us 921.653.034.
En el sector de hidrocarburos se nacionalizó a las empresas Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB Chaco) donde se pagó una indemnización de $us357.023.360, a YPFB Transporte $us 241.154.976, YPFB logística $us 12.080.279.
Para el rubro de la electricidad se nacionalizó a toda la cadena de empresas que están a cargo de la generación, distribución de ese recurso, Corani SA se pagó $us 18.668.000. Valle Hermoso SA $us 19.245.627, Guaracachi SA $us 31.534.613, a la Trasportadora de Electricidad SA se indemnizó un total de $us 65.268.000, DeLapaz y otras empresas $us 53.681.179.
Para el área de telecomunicaciones la principal nacionalización fue la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), en el que se tuvo que pagar a la empresa de origen italiano la suma de $us 100.000.000.
Por último en el sector aeropuertuarias la nacionalización se dio a la empresa de Servicio de Aeropuertos de Bolivia (SABSA), donde se pagó la suma de $us 23.000.000. En la suma total de la cancelación de todos estos resarcimientos la suma asciende a más de $us 921 mil millones.
APLAUDIDOS
Al concluir la interpelación a ambas autoridades, los dos tercios del oficialismo fueron determinantes a la hora de la votación, después de que respondieran las 12 preguntas formuladas por los diputados Víctor Borda y Betty Yañíquez, durante una sesión que duró cerca de cinco horas.
La presidenta de la Cámara de Diputados Gabriela Montaño presidió la sesión de la Asamblea y fue la encargada de someter a consideración de la propuesta de “orden del día puro y simple”, mientras que desde la bancada de oposición, los legisladores exigían preguntar a los ministros que, por efectos del reglamento, no pueden participar de la votación.
miércoles, 4 de julio de 2018
Bienes públicos para uso particular Formalizan denuncia contra Fiscal General
El asambleísta departamental de Chuquisaca Eusebio Cordero y el abogado Luis Ayllón formalizaron ayer, martes, una denuncia ante el Ministerio Público para que se investigue la fiesta de cumpleaños del fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, realizada en el salón de audiencias de esa institución.
Los denunciantes consideran que hubo uso indebido de bienes del Estado para la fiesta de Guerrero, cuyas imágenes circulan por las redes sociales, por lo que pidieron al Ministerio Público que identifique al autor o autores del hecho para que sean sancionados.
“Los funcionarios que han organizado (el festejo para el Fiscal General) ingresando bebidas alcohólicas a un salón oficial, donde se hacen las audiencias, las conferencias de prensa, no pueden quedar impunes, debe sancionarse y sentenciar más allá del cargo que están ejerciendo”, afirmó el abogado Ayllón, en declaraciones públicas efectuadas en Sucre.
El abogado y el asambleísta Eusebio Cordero plantearon la denuncia penal, presentando como prueba imágenes del evento particular, realizado en el edifico de la Fiscalía General del Estado, las cuales circulan en las redes sociales, por lo que exigen al Ministerio Público realice la investigación de manera imparcial.
NO MERECE COMENTARIO
En criterio del fiscal Departamental de Chuquisaca, Roberto Ramírez, este tema no merece mayor comentario. Sin embargo, aseguró que en oficinas del “Ministerio Público no se han organizado ni se van a organizar borracheras, farras, ni mucho menos fiestas”.
No obstante, Ayllón aseguró que la fiesta de cumpleaños del fiscal Guerrero no sería el único de estas características realizado en oficinas públicas. “Queremos adelantar que no es el único caso que se hubiera dado de este tipo de hechos irregulares. Se va a hacer conocer en su oportunidad otros casos, que obviamente tendrá que explicar el Fiscal Guerrero, esta vez sobre supuestos actos de corrupción.
MINISTERIO DE JUSTICIA
Por otra parte, en recientes declaraciones, la diputada por Chuquisaca (UD) Lourdes Millares informó que remitió una carta al Ministerio de Justicia para que investigue y sancione el uso indebido de bienes del Estado, luego de que se hiciera público un video que muestra el festejo en el salón de la Fiscalía General.
Se ha tomado la decisión de que este tema pase a conocimiento del Ministerio de Justicia, para que se constituya en accionante”, afirmó Millares, tras señalar que sus colegas Gonzalo Barrientos, Cinthia Sequeiros, Milenka Nina, Luis Alberto Vaca, Kary Mariscal y Oscar Urquizo remitieron otra nota a la Presidencia de la Cámara de Diputados para que se tramite un informe escrito al Fiscal General sobre las denuncias de uso de instalaciones estatales donde celebró su cumpleaños.
La diputada aseguró que si el Ministerio de Justicia no toma acciones sancionatorias en contra de los responsables del mal uso de las instalaciones de la Fiscalía, se confirmará “de cara al país”, la protección de estos hechos.
FISCAL DEL MAS
Sólo un día antes de que se revele el video, la bancada de Unidad Demócrata (UD) calificó al Fiscal Guerrero como “el peor Fiscal General que ha tenido Bolivia en los últimos tiempos y su evidente apego al MAS”.
A su vez, el diputado Wilson Santamaría calificó a Guerreo como el peor fiscal de las últimas décadas. “Yo creo que es el peor fiscal general de los últimos 25 años, por los innumerables casos de corrupción de los fiscales, por la excesiva intromisión política del Ejecutivo y por la actitud permisiva de Ramiro Guerrero respecto a los fiscales denunciados por corrupción”, declaró. (EL DIARIO- Agencias)
Los denunciantes consideran que hubo uso indebido de bienes del Estado para la fiesta de Guerrero, cuyas imágenes circulan por las redes sociales, por lo que pidieron al Ministerio Público que identifique al autor o autores del hecho para que sean sancionados.
“Los funcionarios que han organizado (el festejo para el Fiscal General) ingresando bebidas alcohólicas a un salón oficial, donde se hacen las audiencias, las conferencias de prensa, no pueden quedar impunes, debe sancionarse y sentenciar más allá del cargo que están ejerciendo”, afirmó el abogado Ayllón, en declaraciones públicas efectuadas en Sucre.
El abogado y el asambleísta Eusebio Cordero plantearon la denuncia penal, presentando como prueba imágenes del evento particular, realizado en el edifico de la Fiscalía General del Estado, las cuales circulan en las redes sociales, por lo que exigen al Ministerio Público realice la investigación de manera imparcial.
NO MERECE COMENTARIO
En criterio del fiscal Departamental de Chuquisaca, Roberto Ramírez, este tema no merece mayor comentario. Sin embargo, aseguró que en oficinas del “Ministerio Público no se han organizado ni se van a organizar borracheras, farras, ni mucho menos fiestas”.
No obstante, Ayllón aseguró que la fiesta de cumpleaños del fiscal Guerrero no sería el único de estas características realizado en oficinas públicas. “Queremos adelantar que no es el único caso que se hubiera dado de este tipo de hechos irregulares. Se va a hacer conocer en su oportunidad otros casos, que obviamente tendrá que explicar el Fiscal Guerrero, esta vez sobre supuestos actos de corrupción.
MINISTERIO DE JUSTICIA
Por otra parte, en recientes declaraciones, la diputada por Chuquisaca (UD) Lourdes Millares informó que remitió una carta al Ministerio de Justicia para que investigue y sancione el uso indebido de bienes del Estado, luego de que se hiciera público un video que muestra el festejo en el salón de la Fiscalía General.
Se ha tomado la decisión de que este tema pase a conocimiento del Ministerio de Justicia, para que se constituya en accionante”, afirmó Millares, tras señalar que sus colegas Gonzalo Barrientos, Cinthia Sequeiros, Milenka Nina, Luis Alberto Vaca, Kary Mariscal y Oscar Urquizo remitieron otra nota a la Presidencia de la Cámara de Diputados para que se tramite un informe escrito al Fiscal General sobre las denuncias de uso de instalaciones estatales donde celebró su cumpleaños.
La diputada aseguró que si el Ministerio de Justicia no toma acciones sancionatorias en contra de los responsables del mal uso de las instalaciones de la Fiscalía, se confirmará “de cara al país”, la protección de estos hechos.
FISCAL DEL MAS
Sólo un día antes de que se revele el video, la bancada de Unidad Demócrata (UD) calificó al Fiscal Guerrero como “el peor Fiscal General que ha tenido Bolivia en los últimos tiempos y su evidente apego al MAS”.
A su vez, el diputado Wilson Santamaría calificó a Guerreo como el peor fiscal de las últimas décadas. “Yo creo que es el peor fiscal general de los últimos 25 años, por los innumerables casos de corrupción de los fiscales, por la excesiva intromisión política del Ejecutivo y por la actitud permisiva de Ramiro Guerrero respecto a los fiscales denunciados por corrupción”, declaró. (EL DIARIO- Agencias)
Jueza aprehendida por supuestos documentos falsos
El Juzgado de Sentencia Cuarto en lo Penal fue intervenido ayer por la División Anticorrupción de la Fuerza Anticrimen de La Paz, luego de que el abogado Humberto Borges presentara una denuncia donde afirma que admitió documentación falsificada, en el juicio por una propiedad ubicada en pleno centro paceño.
El juzgado fue intervenido cerca de las 11.00 horas, luego de que se dio inicio a la segunda audiencia del juicio de orden privado, donde figura como denunciante Gastón Cárdenas y como denunciadas tres personas de la tercera edad, Juan Zelaya, Guadalupe Rodríguez y Elsa Lazarte, quienes como inquilinos (anticrético) ocupan el inmueble Nº 1541, ubicado en la avenida Illimani esquina calle Bueno, que es una propiedad en litigio.
Borges observó que sus clientes fueron denunciadas por la supuesta comisión de los delitos de “coacción y amenazas”, en tanto que la jueza habría abierto el juicio incluyendo una tercera tipificación, “daño calificado”.
El proceso, según la explicación de Borges, fue iniciado por la familia Cárdenas con el fin de desalojar a los tres ancianos, presentado documentos falsos para justificar su derecho propietario, hecho que fue denunciado con memoriales a la jueza Patricia Mendoza, quien no habría atendido la demanda, desconociendo una pericia realizada por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) en 2012, la que generó la denuncia en la Policía.
JUEZA Y SECRETARIA
El jefe de la División Anticorrupción, mayor Luis Fernando Guarachi, confirmó que en el operativo se condujo a oficinas de la Policía a la jueza Patricia Mendoza y a la secretaria Andrea Telleria, en calidad de arrestadas, imputadas por los delitos de uso de instrumento falsificado e incumplimiento de deberes, quienes deben presentar ahora sus descargos.
“Estamos iniciado un juicio, la valoración de la prueba la hago en el transcurso del trámite, no puedo adelantar criterio alguo sobre la prueba que se me está presentando; existe una etapa probatoria en el juicio oral, de acuerdo a norma, donde se va proceder a la valoración de la prueba, es en esa etapa donde yo me voy a pronunciar como juez. Antes no puedo señalar que una prueba es falsa sin haber ingresado en la etapa judicial”, aseguró la jueza Mendoza en breve contacto con la prensa, antes de ser conducida a las celdas de la Fuerza Anticrimen.
DOCUMENTO FALSO
Borges rechazó la versión de la jueza Mendoza y aseveró que para que no se someta a un juicio injusto e innecesario a tres ancianos, se presentó una apelación incidental la cual fue desatendida por la magistrada.
El abogado aseguró que la familia Cárdenas “hace uso de documentos falsos, reconocimientos de firmas y rúbricas y un anticipo de legítimas fechada en el año 1900, cuando la madre del imputado (Gastón Cárdenas) no había nacido, ya que ella nació en 1922, creo con eso uno tiene claro todo”, señaló el abogado.
A su vez, Cárdenas rechazó las denuncias, y señaló que existió un error administrativo y que la propiedad le fue otorgada a su madre en 1957, además que los documentos fueron sometidos a un anterior proceso, pero el mismo fue extinguido sin resultados.
“Se pretende despojarme de un bien inmueble que viene de mis abuelos, de la que tengo toda la documentación, ese bien patrimonial ha despertado el interés de personas inescrupulosas, que viven gratis”, afirmó Cárdenas.
Por su lado, Zelaya, Rodríguez y Lazarte se declararon víctimas de la familia Cárdenas, a la que le atribuyen haber falsificado documentos y causado deterioros en la casa, declarada patrimonial para obligarlos al desalojo sin reconocer las deudas que tienen con ellos por el anticrético, además que en años pasado les abrieron procesos con falsas denuncias, incluso por robo de garrafas.
Las tres personas señalan como propietarias del inmueble a las familias Sánchez y Jiménez, y aseguraron que la familia Cárdenas no logró intimidarlos por lo que le iniciaron el juicio.
El juzgado fue intervenido cerca de las 11.00 horas, luego de que se dio inicio a la segunda audiencia del juicio de orden privado, donde figura como denunciante Gastón Cárdenas y como denunciadas tres personas de la tercera edad, Juan Zelaya, Guadalupe Rodríguez y Elsa Lazarte, quienes como inquilinos (anticrético) ocupan el inmueble Nº 1541, ubicado en la avenida Illimani esquina calle Bueno, que es una propiedad en litigio.
Borges observó que sus clientes fueron denunciadas por la supuesta comisión de los delitos de “coacción y amenazas”, en tanto que la jueza habría abierto el juicio incluyendo una tercera tipificación, “daño calificado”.
El proceso, según la explicación de Borges, fue iniciado por la familia Cárdenas con el fin de desalojar a los tres ancianos, presentado documentos falsos para justificar su derecho propietario, hecho que fue denunciado con memoriales a la jueza Patricia Mendoza, quien no habría atendido la demanda, desconociendo una pericia realizada por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) en 2012, la que generó la denuncia en la Policía.
JUEZA Y SECRETARIA
El jefe de la División Anticorrupción, mayor Luis Fernando Guarachi, confirmó que en el operativo se condujo a oficinas de la Policía a la jueza Patricia Mendoza y a la secretaria Andrea Telleria, en calidad de arrestadas, imputadas por los delitos de uso de instrumento falsificado e incumplimiento de deberes, quienes deben presentar ahora sus descargos.
“Estamos iniciado un juicio, la valoración de la prueba la hago en el transcurso del trámite, no puedo adelantar criterio alguo sobre la prueba que se me está presentando; existe una etapa probatoria en el juicio oral, de acuerdo a norma, donde se va proceder a la valoración de la prueba, es en esa etapa donde yo me voy a pronunciar como juez. Antes no puedo señalar que una prueba es falsa sin haber ingresado en la etapa judicial”, aseguró la jueza Mendoza en breve contacto con la prensa, antes de ser conducida a las celdas de la Fuerza Anticrimen.
DOCUMENTO FALSO
Borges rechazó la versión de la jueza Mendoza y aseveró que para que no se someta a un juicio injusto e innecesario a tres ancianos, se presentó una apelación incidental la cual fue desatendida por la magistrada.
El abogado aseguró que la familia Cárdenas “hace uso de documentos falsos, reconocimientos de firmas y rúbricas y un anticipo de legítimas fechada en el año 1900, cuando la madre del imputado (Gastón Cárdenas) no había nacido, ya que ella nació en 1922, creo con eso uno tiene claro todo”, señaló el abogado.
A su vez, Cárdenas rechazó las denuncias, y señaló que existió un error administrativo y que la propiedad le fue otorgada a su madre en 1957, además que los documentos fueron sometidos a un anterior proceso, pero el mismo fue extinguido sin resultados.
“Se pretende despojarme de un bien inmueble que viene de mis abuelos, de la que tengo toda la documentación, ese bien patrimonial ha despertado el interés de personas inescrupulosas, que viven gratis”, afirmó Cárdenas.
Por su lado, Zelaya, Rodríguez y Lazarte se declararon víctimas de la familia Cárdenas, a la que le atribuyen haber falsificado documentos y causado deterioros en la casa, declarada patrimonial para obligarlos al desalojo sin reconocer las deudas que tienen con ellos por el anticrético, además que en años pasado les abrieron procesos con falsas denuncias, incluso por robo de garrafas.
Las tres personas señalan como propietarias del inmueble a las familias Sánchez y Jiménez, y aseguraron que la familia Cárdenas no logró intimidarlos por lo que le iniciaron el juicio.
Nueva orden de aprehensión contra Eduardo León
La juez tercero anticorrupción, Claudia Castro, volvió a declarar rebelde y emitió una orden de aprehensión en contra del abogado Eduardo León, denunciado por violencia intrafamiliar y agredir físicamente a su esposa, cuya defensa interpuso acciones de libertad contra la misma juez.
Según afirmaciones de la juez Castro, el pasado jueves su autoridad volvió a emitir una orden de aprehensión contra Eduardo León a pedido de la comisión de fiscales conformada por Ebert Torrejón y Samuel Lima, dentro del proceso de violencia familiar que se sigue a León a denuncia de su expareja.
Por su lado, la abogada de León, Suleika Lanza, señaló que la resolución emitida por la juez Castro es ilegal y consideran que la autoridad debería recusarse, por lo que han planteado una nueva acción de libertad cuya fecha aún no se ha definido.
Lanza recordó que la juez Castro ha declarado de forma pública que la denunció por un supuesto consorcio y esto crea un conflicto de intereses, revelando una enemistad manifiesta hacia ella y su cliente por parte de la magistrada.
ACCIONES DE LIBERTAD
Asimismo, Castro informó que el sábado y domingo recientes se realizaron dos acciones de libertad interpuestas en su contra, una por la defensa de León y otra por el juez Daniel Huaynoca, por el otro caso de consorcio donde se suspendió a los miembros del Tribunal Tercero de Sentencia del cual forma parte Huaynoca, por supuesto consumo de bebidas alcohólicas.
Aseguró que ninguna de las acciones de libertad favoreció a León o Huaynoca y al contrario señala cuenta con las resoluciones de rechazo de las mismas.
A su turno, Lanza señaló que consideran ilegal la resolución emitida por la juez Castro el pasado jueves en contra de León, por lo que presentó otra acción de libertad que se tramitará en el Tribunal Tercero de Sentencia donde hace dos semanas se dio el caso de consorcio.
Según afirmaciones de la juez Castro, el pasado jueves su autoridad volvió a emitir una orden de aprehensión contra Eduardo León a pedido de la comisión de fiscales conformada por Ebert Torrejón y Samuel Lima, dentro del proceso de violencia familiar que se sigue a León a denuncia de su expareja.
Por su lado, la abogada de León, Suleika Lanza, señaló que la resolución emitida por la juez Castro es ilegal y consideran que la autoridad debería recusarse, por lo que han planteado una nueva acción de libertad cuya fecha aún no se ha definido.
Lanza recordó que la juez Castro ha declarado de forma pública que la denunció por un supuesto consorcio y esto crea un conflicto de intereses, revelando una enemistad manifiesta hacia ella y su cliente por parte de la magistrada.
ACCIONES DE LIBERTAD
Asimismo, Castro informó que el sábado y domingo recientes se realizaron dos acciones de libertad interpuestas en su contra, una por la defensa de León y otra por el juez Daniel Huaynoca, por el otro caso de consorcio donde se suspendió a los miembros del Tribunal Tercero de Sentencia del cual forma parte Huaynoca, por supuesto consumo de bebidas alcohólicas.
Aseguró que ninguna de las acciones de libertad favoreció a León o Huaynoca y al contrario señala cuenta con las resoluciones de rechazo de las mismas.
A su turno, Lanza señaló que consideran ilegal la resolución emitida por la juez Castro el pasado jueves en contra de León, por lo que presentó otra acción de libertad que se tramitará en el Tribunal Tercero de Sentencia donde hace dos semanas se dio el caso de consorcio.
MAS planteó proceso penal contra exsubprocuradora
El oficialismo planteó que el Ministerio Público inicie una investigación penal contra la exsubprocuradora Carmiña Llorenti, quien fue procesada por la vía administrativa por revelar documentos del posible acuerdo entre el Estado boliviano y la empresa chilena Quiborax.
“No es creíble las declaraciones de la subprocuradora (Carmiña Llorenti), no se puede entender que esta documentación haya sido entregada a la contraparte, lo que corresponde es que el Ministerio Público inicie un proceso penal de oficio en contra de esta señora y se pueda adecuar tipos penales por las irregularidades que cometió”, planteó el diputado del MAS, Víctor Borda.
Sin embargo, la intención fue rechazada por la diputada de Unidad Demócrata (UD) Lourdes Millares, quien señaló que la estrategia del partido oficialista es inculpar a los funcionarios de bajo rango y no se investigan a las máximas autoridades de la Procuraduría y del Ministerio de Justicia, siendo las llamadas por ley a la defensa del Estado.
PROCESO
Carmiña Llorenti, durante una reunión de negociación con los representantes legales de Quiborax, en el 2016, prestó su computadora a Rodrigo Gil, uno de los representantes legales de la firma chilena para que enviara un documento, pero este aprovechó para reenviarse a su correo personal documentos de un posible acuerdo entre ambas partes.
La Procuraduría le inició un proceso administrativo disciplinario después de 14 meses del incidente, posteriormente destituida del cargo por filtrar esta información.
Borda indicó que es posible que la exfuncionaria haya recibido alguna dádiva y esto debe ser investigado por las autoridades competentes, además que eso explica por qué no se llegó a un acuerdo amistoso entre el Estado boliviano y la empresa chilena.
“En caso de comprobarse que haya recibido alguna dadiva son delitos de corrupción y de no comprobarse se puede investigar por el hecho de revelar documentación de interés nacional”, destacó el legislador.
Antes de ser posesionada en 2015 como subprocuradora, fue directora general ejecutiva en la Escuela de Abogados del Estado Evo Morales Ayma, dependiente de esa instancia.
DECLARACIONES
Según informe oficial, se conoce que la exautoridad se presentará declarar hoy ante la Fiscalía General del Estado sobre el caso.
El fiscal superior José Manuel Gutiérrez informó que hasta el momento comparecieron ante esta instancia al menos 9 personas, entre ellos el expresidente Carlos Mesa, los exministros Gustavo Pedraza y Luis Fernando Fajalde. De estos seis fueron en calidad de testigos y tres como investigados.
Luis Fernando Fajalde y Carlos Mesa se abstuvieron a declarar, este último se remitió a los tres memoriales que presentó ante esa instancia, donde hace conocer su postura y pide la ampliación de la denuncia contra servidores públicos del gobierno de Evo Morales.
“No es creíble las declaraciones de la subprocuradora (Carmiña Llorenti), no se puede entender que esta documentación haya sido entregada a la contraparte, lo que corresponde es que el Ministerio Público inicie un proceso penal de oficio en contra de esta señora y se pueda adecuar tipos penales por las irregularidades que cometió”, planteó el diputado del MAS, Víctor Borda.
Sin embargo, la intención fue rechazada por la diputada de Unidad Demócrata (UD) Lourdes Millares, quien señaló que la estrategia del partido oficialista es inculpar a los funcionarios de bajo rango y no se investigan a las máximas autoridades de la Procuraduría y del Ministerio de Justicia, siendo las llamadas por ley a la defensa del Estado.
PROCESO
Carmiña Llorenti, durante una reunión de negociación con los representantes legales de Quiborax, en el 2016, prestó su computadora a Rodrigo Gil, uno de los representantes legales de la firma chilena para que enviara un documento, pero este aprovechó para reenviarse a su correo personal documentos de un posible acuerdo entre ambas partes.
La Procuraduría le inició un proceso administrativo disciplinario después de 14 meses del incidente, posteriormente destituida del cargo por filtrar esta información.
Borda indicó que es posible que la exfuncionaria haya recibido alguna dádiva y esto debe ser investigado por las autoridades competentes, además que eso explica por qué no se llegó a un acuerdo amistoso entre el Estado boliviano y la empresa chilena.
“En caso de comprobarse que haya recibido alguna dadiva son delitos de corrupción y de no comprobarse se puede investigar por el hecho de revelar documentación de interés nacional”, destacó el legislador.
Antes de ser posesionada en 2015 como subprocuradora, fue directora general ejecutiva en la Escuela de Abogados del Estado Evo Morales Ayma, dependiente de esa instancia.
DECLARACIONES
Según informe oficial, se conoce que la exautoridad se presentará declarar hoy ante la Fiscalía General del Estado sobre el caso.
El fiscal superior José Manuel Gutiérrez informó que hasta el momento comparecieron ante esta instancia al menos 9 personas, entre ellos el expresidente Carlos Mesa, los exministros Gustavo Pedraza y Luis Fernando Fajalde. De estos seis fueron en calidad de testigos y tres como investigados.
Luis Fernando Fajalde y Carlos Mesa se abstuvieron a declarar, este último se remitió a los tres memoriales que presentó ante esa instancia, donde hace conocer su postura y pide la ampliación de la denuncia contra servidores públicos del gobierno de Evo Morales.
MAS fijó línea con Procurador por Quiborax
A pocas horas de la interpelación a los ministros de Justicia, Héctor Arce, y de Minería, César Navarro, por el caso Quiborax, la bancada del Movimiento al Socialismo (MAS) se reunió con el procurador general del Estado, Pablo Menacho, para trazar lineamientos y responsabilizar del fallo del arbitraje internacional al expresidente, Carlos Mesa, denunció la oposición en el Legislativo.
El encuentro fue confirmado por parlamentarios del oficialismo.
“El Procurador nos ha informado sobre los errores procedimentales que se ha cometido por parte de un exdignatario de Estado (Carlos Mesa) a la hora de no dar respuesta a la empresa chilena que fue beneficiada por un fallo en un laudo internacional. Nos ha mostrado que se han cometido errores a la hora de realizar la reversión que no está en el marco de la ley”, afirmó el diputado del MAS, Sergio Choque, al ser consultado cuál el objetivo de la reunión con el Procurador General del Estado.
En un comunicado de la bancada nacional del MAS se hizo conocer que la asistencia de Menacho estaba programada para las 7.30 horas de ayer en instalaciones de la Vicepresidencia y se convocó a todos los jefes de bancada departamentales.
Al concluir la reunión el Procurador salió por la parte posterior de ese ambiente evitando tener contacto con los medios de comunicación.
En ese marco, el oficialismo también adelantó que los ministros que serán interpelados hoy no serán censurados en tanto que la oposición protestó por una abierta intromisión. Exigieron que se tomen en cuenta sus preguntas.
REUNIÓN
La diputada de Unidad Demócrata (UD), Lourdes Millares, indicó que la intencionalidad de esta reunión es para direccionar la decisión que vaya a tomar la bancada oficialista con relación a las interpelaciones.
“La presencia del Procurador establece una directriz política a los miembros de la bancada del MAS y el rodillo de los dos tercios van a permitir que el ministro Héctor Arce se lave las manos y de forma paralela le lave la cara al Presidente Evo Morales”, afirmó.
Por su parte, el diputado Víctor Borda (MAS) descartó que se haya llevado una reunión de coordinación con el Procurador y que se hayan definido lineamientos para la interpelación de hoy. Aseguró que era un encuentro para que les den mayor información en base a la documentación que se generó en el laudo arbitral ante la Ciadi.
En tanto, su colega, Betty Yañíquez, una de las interpelantes a ambas autoridades ministeriales señaló que la presencia de Menacho en la reunión de bancada fue para que brinde mayor información sobre el caso con la documentación pertinente, además se pidió información sobre la situación de Carmiña Llorenti, exsubprocuradora quien hubiera enviado documentación a la defensa legal de Quiborax.
INTERPELACIÓN CON APLAUSOS
Choque indicó que todos los titulares de las carteras de Estado que fueron interpelados durante los 12 años de gobierno de Evo Morales salen aplaudidos, y anticipó que hoy será de la misma forma, donde se declara una orden del día pura y simple.
Sin embargo, este criterio no fue compartido por la diputada oficialista Concepción Ortiz, quien señaló que la declaración, de voto de confianza a estas autoridades, son tomadas por la bancada nacional y de forma personal no pueden “ir contra la corriente”. Aunque señaló que esperarán el informe de ambas autoridades para tomar una decisión.
CONSTITUCIÓN
El artículo 158 de la Constitución Política del Estado (CPE), en su inciso 18, establece que la función del Legislativo es interpelar a iniciativa de cualquier asambleísta, a los ministros de Estado y acordar la censura por dos tercios de los miembros de la Asamblea. La censura implicará la destitución del ministro sometido a ese proceso de fiscalización.
Por ejemplo, una de las más observadas, Nemesia Achacollo, exministra de Desarrollo Rural y Tierras, fue una de las primeras autoridades sometidas a interpelación en 2015, por el caso de corrupción de Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc). Achacollo no fue censurada.
En 2016, fueron interpelados el canciller David Choquehuanca, el ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, el ministro de Defensa Reimy Ferreira, el de Minería, César Navarro, y de Gobierno, Carlos Romero. Todos recibieron respaldo y aplausos de los dos tercios del MAS.
RESERVA
El presidente Evo Morales, en una conferencia de prensa, sugirió que este proceso de investigación sea tratado en reserva por tratarse de un tema que implica la seguridad del Estado.
Ante esto, Millares indicó que esta decisión sería una orden para el órgano judicial y declare en reserva las investigaciones, con la finalidad de evitar que se impliquen a autoridades de gobierno.
JUICIO DE RESPONSABILIDADES
Por último, Millares indicó el informe de los ministros durante la interpelación tendrán el objetivo político, que es descargar toda la responsabilidad contra el expresidente Carlos Mesa y en mandos intermedios, como en el caso de la exsubprocuradora Carmiña Llorenti.
Lamentó que hasta el momento la Asamblea Legislativa no haya autorizado los juicios de responsabilidad contra el dignatario, que hasta la fecha ascienden a 9 procesos, entre ellos el caso de la Calancha-Chuquisaca (2009) y que no han merecido el tratamiento dentro de esa instancia.
El encuentro fue confirmado por parlamentarios del oficialismo.
“El Procurador nos ha informado sobre los errores procedimentales que se ha cometido por parte de un exdignatario de Estado (Carlos Mesa) a la hora de no dar respuesta a la empresa chilena que fue beneficiada por un fallo en un laudo internacional. Nos ha mostrado que se han cometido errores a la hora de realizar la reversión que no está en el marco de la ley”, afirmó el diputado del MAS, Sergio Choque, al ser consultado cuál el objetivo de la reunión con el Procurador General del Estado.
En un comunicado de la bancada nacional del MAS se hizo conocer que la asistencia de Menacho estaba programada para las 7.30 horas de ayer en instalaciones de la Vicepresidencia y se convocó a todos los jefes de bancada departamentales.
Al concluir la reunión el Procurador salió por la parte posterior de ese ambiente evitando tener contacto con los medios de comunicación.
En ese marco, el oficialismo también adelantó que los ministros que serán interpelados hoy no serán censurados en tanto que la oposición protestó por una abierta intromisión. Exigieron que se tomen en cuenta sus preguntas.
REUNIÓN
La diputada de Unidad Demócrata (UD), Lourdes Millares, indicó que la intencionalidad de esta reunión es para direccionar la decisión que vaya a tomar la bancada oficialista con relación a las interpelaciones.
“La presencia del Procurador establece una directriz política a los miembros de la bancada del MAS y el rodillo de los dos tercios van a permitir que el ministro Héctor Arce se lave las manos y de forma paralela le lave la cara al Presidente Evo Morales”, afirmó.
Por su parte, el diputado Víctor Borda (MAS) descartó que se haya llevado una reunión de coordinación con el Procurador y que se hayan definido lineamientos para la interpelación de hoy. Aseguró que era un encuentro para que les den mayor información en base a la documentación que se generó en el laudo arbitral ante la Ciadi.
En tanto, su colega, Betty Yañíquez, una de las interpelantes a ambas autoridades ministeriales señaló que la presencia de Menacho en la reunión de bancada fue para que brinde mayor información sobre el caso con la documentación pertinente, además se pidió información sobre la situación de Carmiña Llorenti, exsubprocuradora quien hubiera enviado documentación a la defensa legal de Quiborax.
INTERPELACIÓN CON APLAUSOS
Choque indicó que todos los titulares de las carteras de Estado que fueron interpelados durante los 12 años de gobierno de Evo Morales salen aplaudidos, y anticipó que hoy será de la misma forma, donde se declara una orden del día pura y simple.
Sin embargo, este criterio no fue compartido por la diputada oficialista Concepción Ortiz, quien señaló que la declaración, de voto de confianza a estas autoridades, son tomadas por la bancada nacional y de forma personal no pueden “ir contra la corriente”. Aunque señaló que esperarán el informe de ambas autoridades para tomar una decisión.
CONSTITUCIÓN
El artículo 158 de la Constitución Política del Estado (CPE), en su inciso 18, establece que la función del Legislativo es interpelar a iniciativa de cualquier asambleísta, a los ministros de Estado y acordar la censura por dos tercios de los miembros de la Asamblea. La censura implicará la destitución del ministro sometido a ese proceso de fiscalización.
Por ejemplo, una de las más observadas, Nemesia Achacollo, exministra de Desarrollo Rural y Tierras, fue una de las primeras autoridades sometidas a interpelación en 2015, por el caso de corrupción de Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc). Achacollo no fue censurada.
En 2016, fueron interpelados el canciller David Choquehuanca, el ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, el ministro de Defensa Reimy Ferreira, el de Minería, César Navarro, y de Gobierno, Carlos Romero. Todos recibieron respaldo y aplausos de los dos tercios del MAS.
RESERVA
El presidente Evo Morales, en una conferencia de prensa, sugirió que este proceso de investigación sea tratado en reserva por tratarse de un tema que implica la seguridad del Estado.
Ante esto, Millares indicó que esta decisión sería una orden para el órgano judicial y declare en reserva las investigaciones, con la finalidad de evitar que se impliquen a autoridades de gobierno.
JUICIO DE RESPONSABILIDADES
Por último, Millares indicó el informe de los ministros durante la interpelación tendrán el objetivo político, que es descargar toda la responsabilidad contra el expresidente Carlos Mesa y en mandos intermedios, como en el caso de la exsubprocuradora Carmiña Llorenti.
Lamentó que hasta el momento la Asamblea Legislativa no haya autorizado los juicios de responsabilidad contra el dignatario, que hasta la fecha ascienden a 9 procesos, entre ellos el caso de la Calancha-Chuquisaca (2009) y que no han merecido el tratamiento dentro de esa instancia.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)