sábado, 28 de febrero de 2015

EL PRESIDENTE PIDE INVESTIGAR A ÉDGAR PATANA

El presidente Evo Morales solicitó a la Fiscalía que investigar un video publicado por la red Erbol en su página electrónica, en el que se ve al exalcalde de El Alto, Fanor Nava, cuando entrega un paquete. aparentemente un fajo de billetes, a Édgar Patana, candidato a la Alcaldía de ese municipio por el Movimiento al Socialismo (MAS). La grabación fue hecha cuando el actual aspirante a la comuna era el principal dirigente de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto.

“Que se investigue. No tengo más información (del video). A cualquier sospecha de cierto manejo, tiene que investigarse. Está en manos de la Fiscalía”, dijo Morales.

El Mandatario dijo que en en época proselitista todo aparece. “Si es seria la denuncia, el denunciante ya debería sentarla denuncia en Fiscalía y no solamente sacarla en los medios de comunicación y las redes sociales”.

Repercusiones. Por su parte el diputado opositor por Unidad Demócrata (UD), Amílcar Barral, expresó que “se ha destapado una olla, para que la gente de El Alto se dé cuenta cómo es que se manejan los dirigentes del MAS".

Para el oficialista Víctor Borda, “los videos no son elemento de prueba, porque pueden ser manipulados digitalmente” y para ser una prueba judicial, una filmación debe ser consentida por sus protagonistas porque de lo contrario se violaría su privacidad. El periodista y exdirigente de la COR.

Entrevistado por la misma red Erbol, Patana no negó que se tratase de una conversación que sostuvo con Nava y aseguró que no recordaba lo ocurrido en aquella entrevista, pero dijo que no le entregó dinero.

viernes, 27 de febrero de 2015

Imputan a hija del extinto presidente Banzer por enriquecimiento ilícito

El Ministerio Público de Santa Cruz tras realizar una investigación minuciosa determinó imputar a la hija del extinto presidente de la República, Hugo Banzer Suárez, Erika Banzer, y su esposo Fernando Suarez Blacut por presuntos hechos de enriquecimiento ilícito.

El fiscal Cándido Blanco, miembro de la comisión, sostuvo que tras verificar los informes de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) se evidenció que los datos de la riqueza de la hija del exmandatario no coinciden con el informe.

"En base a un informe de la UIF reporta operaciones sospechosas de estas personas de sumas de dinero que no condicen con su perfil económico, es decir que no han acreditado ese manejo de dinero de manera concreta”, sostuvo el fiscal,

La pareja fue imputada por la comisión de los delitos de legitimación de ganancias ilícitas y enriquecimiento ilícito por lo que el Ministerio Público espera la hora y fecha de audiencia de medidas cautelares en contra de Erika Banzer y Fernando Suarez.

Caso Rózsa,“¿verdad a medias?”

La llegada sin retorno a Bolivia, de un grupo de supuestos comandos a cargo de Eduardo Rózsa en noviembre 2008, continúa ocupando titulares en la prensa nacional y ayer, un matutino de la cadena oficial, publicó una separata sobre este tema, añadiendo en su cuarta edición, la sentencia condenatoria “a promotores del separatismo”, después que éstos reconocieran su participación en aquel evento.

Como es de conocimiento público, el 16 de abril 2009 fueron “abatidos” por la Policía, como testimonió el entonces fiscal Marcelo Soza, tres integrantes del citado grupo, entre ellos, el mismo Eduardo Rózsa.

Entretanto, la senadora de Unidad Demócrata, Carmen Eva Gonzales, convocó al Rubén Costas Aguilera, candidato a la Gobernación, a decir “la verdad de una vez por todas” sobre el caso Terrorismo.

También exigió al fiscal general, Ramiro Guerrero, incluir a operadores del Gobierno, mencionados por el exfiscal Marcelo Soza.

La senadora de alianza Unidad Demócrata sugirió, además, que la Fiscalía General del Estado debería investigar a los miembros del Grupo La Torre, a Pablo Humberto Costas Aguilera, hermano de Rubén, quien dejó nuestro país, horas antes de producirse el enfrentamiento en el Hotel Las Américas, aquel 16 de abril de 2009, en la ciudad de Santa Cruz.

Carmen Eva Gonzales agregó: “No queremos la verdad a medias del Gobierno, ni el silencio cómplice de Rubén Costas, queremos toda la verdad de una vez por todas”, según despacho de ANF.

Mario Tadic y Elöd Tóásó, que admitieron en un juicio abreviado su participación en el caso Rózsa, sindicaron que fue Costas el que los trajo al país para un supuesto plan de defensa de Santa Cruz, plan que habría sido coordinado entre Pablo Humberto Costas y el supuesto líder de la célula irregular, Eduardo Rózsa Flores, de acuerdo a ANF.

FOTOS

La cuarta edición de la separata difundida ayer por un matutino oficial, ilustra el intricado tema con varias fotografías en las que, inexplicablemente, los supuestos comandos terroristas, en poses descuidadas, ajenas totalmente a cualquier grupo irregular, hacen gala de sus armas.

DESENLACE

Seis años después, la temática “terrorismo separatista”, retorna al presente y justo al escenario político de las elecciones regionales.

Uno de los actores del caso Rózsa , en sus recientes declaraciones de febrero 2015, durante el juicio abreviado, involucró entre las conexiones que habría tenido Eduardo Rózsa, a conocidos personajes civiles y militares de Santa Cruz.

A raíz de esas declaraciones, posiblemente la senadora Carmen Eva Gonzales, de Unidad Demócrata, exigió al propio candidato de esta alianza. “No queremos la verdad a medias del Gobierno, ni el silencio cómplice de Rubén Costas, queremos toda la verdad de una vez por todas”, dijo..

jueves, 26 de febrero de 2015

Marco Antonio Aramayo ex director ejecutivo del fondo indígena

La exautoridad salió de su oficina con las manos vacías, luego de la intervención del Fondo.

¿Cómo reaccionó con su despido y la interventora?
Fue grande la sorpresa porque más allá del cambio de director, se están violando los derechos humanos de nuestros pueblos indígenas campesinos, porque ellos son los dueños del Fondo.

¿Cuántos proyectos hubo?
Se aprobaron 1.340 proyectos entre 2010 y 2011.

¿Cómo se aprueba el desembolso de los recursos?
Se pasa por tres ministerios: Ministerio de Desarrollo Rural, Ministerio de Economía y Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (Vipfe).

El beneficiario presenta el proyecto a su organización, luego al directorio.

Tras un largo proceso, el proyecto ajustado en el Fondo pasa por el equipo de Planificación del Ministerio, que revisa la ingeniería del proyecto y la Dirección Jurídica, que revisa el procedimiento técnico y jurídico. La máxima autoridad emite la resolución ministerial.

¿Cómo llega al Ministerio de Economía?
Cuando se firma el convenio, se habilita una cuenta que se registra en el Sigma del Ministerio de Economía y se envía el trámite al Vipfe (Ministerio de Planificación).

Luego de ese tiempo, que puede durar hasta un mes, recién se realiza la transferencia público-privada. Reconocemos debilidades en nuestra capacidad operativa

La interventora del Fondo rendirá cuentas a Achacollo

Sin dar explicación alguna y dejando muchas dudas, la ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, posesionó ayer a la interventora del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas, Larisa Fuentes. No obstante, la autoridad ministerial es cuestionada por organizaciones indígenas y tiene una demanda en la Fiscalía por el manejo de los recursos del Fondo.

La posesión, a la que asistió la ministra de Transparencia, Lenny Valdivia, se sustenta en el decreto 2274 aprobado por el gabinete, que dispone la intervención administrativa-financiera, técnica operativa. La autoridad va a estar bajo el mando de Achacollo, según el artículo 4 de la nueva normativa.

El decreto justifica el cambio porque los directores y personal asignado a la administración, seguimiento, evaluación, monitoreo de los proyectos que ejercieron funciones desde la gestión 2010 hasta la fecha, no habrían realizado el seguimiento de las obras.

“Todo mi apoyo como ministra y le ofrezco el equipo del ministerio que va a acompañarla y hacerle el seguimiento a todo el tema”, dijo Achacollo, instándole a que transparente el Fondo. Recordó que eran ocho organizaciones indígenas campesinas “las que tienen que fiscalizar y las que tienen que cerrar (los proyectos), porque están a su nombre, con autonomía de gestión”.

Valdivia expresó que Fuentes tiene la tarea de “dar continuidad a la gestión en el Fondo Indígena”, efectuando “ajustes para posibilitar que se haga una adecuada fiscalización”.

Denuncias

El diputado de Unidad Demócrata (UD) y ex líder indígena de tierras altas, Rafael Quispe, lamentó esta posesión, que es una “forma de proteger a la ministra Achacollo y a seguidores del Gobierno, como los candidatos Felipa Huanca y Ever Choquehuanca”.

El presidente de la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (Cidob-orgánico), Adolfo Chávez, presentó ante el Ministerio de Transparencia en La Paz pedidos del pueblo tacana, que exige que se investigue a Nemesia Achacollo por Bs 10 millones que habrían desembolsado del Estado para saneamiento de tierras y de Bs 4 millones que se habría manejado a nombre del pueblo guaraní, además de las cuentas individuales y compartidas de todos los beneficiarios del Fondo

Fiscalía citará a Rubén Costas por caso terrorismo

El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, informó hoy que el exgobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, será citado a declarar por su presunta implicación en el caso terrorismo.

"Se va convocar tanto al señor Rubén Costas como otras personas que están siendo implicadas en este tema", dijo.

Según Guerrero, Costas será citado porque dos sentenciados por el caso denominado Terrorismo I, el boliviano-croata Mario Tadic y el húngaro Elöd Tóásó, revelaron su presunta implicación en los hechos.

Ambos declararon, por separado, que Costas contrató en 2009 al líder de la célula terrorista, Eduardo Rózsa Flores, para conformar un grupo de mercenarios con la misión de dividir al país.

En ese contexto, Guerrero explicó que Costas será convocado por una comisión de seis fiscales que investigan el caso llamado Terrorismo II, una vez que audiencias efectuadas por el primer proceso terminen esta semana en la ciudad de Santa Cruz.

El caso Terrorismo I se investiga desde abril de 2009, después que la Policía desarticuló una presunta célula terrorista en un céntrico hotel de la ciudad de Santa Cruz, que estaba liderada por el boliviano-húngaro Eduardo Rózsa.

Los hechos hicieron que se abra un primer proceso penal el 1 de octubre de 2012 con 30 implicados en los hechos materiales del caso y 17 personas declaradas rebeldes.

La pasada semana fueron sentenciados Ignacio Villa Vargas (alias El Viejo), a Juan Kudelka, a boliviano-croata, Mario Tadic y al húngaro Elöd Tóásó, porque admitieron su participación en el movimiento separatista liderado por Rózsa.

Sin embargo, el Ministerio Público sigue desde el 21 de julio de 2011 un proceso paralelo, llamado Terrorismo II, para determinar que personas e instituciones financiaron la conformación del grupo irregular liderado por Rózsa.

La indagación comenzó con una lista de 35 sospechosos de cometer delitos de organización criminal y legitimación de ganancias ilícitas, entre ellos varias autoridades y legisladores e incluso ejecutivos de entidades privadas de Santa Cruz.

Marco Aramayo, exdirector del Fondo “Presentaré mis pruebas ante todas las instancias ”

Tras una hora de haber sido destituido como director ejecutivo del Fondo Indígena, Marco Antonio Aramayo informó a Página Siete que presentará todas sus pruebas de descargo ante las autoridades que así lo requieran.
La exautoridad fue posesionada en el cargo el 4 de septiembre de 2013 por el ministro de Economía, Luis Arce Catacora.
El Gobierno resolvió designar a una interventora en reemplazo suyo, ¿cuál su opinión?
No quiero meterme en las decisiones políticas, pero quiero ser agradecido con las organizaciones indígenas y decir que me voy a quedar en La Paz para transparentar hasta el último de mis actos y luego me retiraré a mi TCO y haré una vida normal.
La Contraloría General presentó un informe en el cual usted es uno de los acusados, ¿qué dice en su defensa?
Quiero decir al contralor, Gabriel Herbas, que sea un ciudadano justo. Hay muchos ciudadanos como yo que hemos construido este proceso de cambio y hemos actuado con la mayor transparencia y no es justo que a todos los ciudadanos indígenas y campesinos se nos eche en la misma bolsa.
Puede haber malos ciudadanos, malos actos pero también tiene que individualizar. Quiero decir al contralor y a la ministra de Transparencia (Lenny Valdivia ) que no desvíen la investigación. Se olvidaron de los 153 proyectos. Están auditando proyectos que están en ejecución en este momento. Habría que preguntarles por qué la comisión interventora no investiga los 153. Lo demás lo diré en la instancia judicial.
Existe una demanda penal contra usted por desviar recursos a una cuenta de un funcionario, ¿es cierto?
Decir a Rafael Quipe que tenga la valentía de presentar las pruebas para que también yo entregue mis descargos, eso es digno de un ciudadano responsable.

Juez declara en rebeldía y embarga bienes del exfiscal Marcelo Soza

Un juez de Sucre declaró ayer en rebeldía y dispuso el embargo de bienes del exfiscal Marcelo Soza, quien huyó hace un año a Brasil y solicitó refugio político.

El juez Eduardo González dictó estas medidas después de que Soza no se presentase a dos audiencias esta semana, dentro del proceso que la justicia boliviana sigue en su contra por incumplimiento de deberes y abandono del llamado "caso Terrorismo", en el que el exfiscal ejercía la acusación pública.

González también dispuso que la Fiscalía solicite la colaboración de la Policía Internacional (Interpol) para detener al exfiscal.

Soza se fugó en marzo de 2014 a Brasil y pidió allí refugio político después de que la oposición le incriminara en actos de corrupción, al mismo tiempo que el Ministerio Público le abrió un proceso por incumplimiento de deberes.

En septiembre pasado, Brasil prorrogó por un año el estatus provisional de refugiado otorgado al exfiscal, en tanto la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) de ese país, dependiente del Ministerio brasileño de Justicia, decide si le concede o no refugio definitivo.

Marcelo Soza dirigió una investigación sobre un supuesto complot secesionista ocurrido en la región de Santa Cruz (este) en 2009.

Desde Brasil, Soza acusó al gobiero de Bolivia de presiones y manipulación en el caso Terrorismo.

miércoles, 25 de febrero de 2015

Video Santos Ramírez se benefició con libertad condicional y sólo regresa a la cárcel en la noche

Video Expedientes de caso terrorismo fueron hallados en el garaje del Palacio de Justicia

El Fondo Indígena desembolsó Bs 730 millones en 5 años

Entre 2010 y 2014, el Fondo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas desembolsó Bs 730 millones para 1.340 proyectos presentados por organizaciones y aprobados efectivamente por la entidad.

“Financiamos solo el 50% de los montos solicitados. En 2010 se desembolsaron Bs 37,1 millones; en 2011 fue Bs 136,8 millones; en 2012, Bs 152,9 millones; en 2013 fue 209,5 millones; y en 2014, 193,9 millones, principalmente para el desarrollo productivo”, informó ayer el director del Fondo Indígena, Marco Antonio Aramayo.

Dijo que fue una forma de apoyar al sector campesino con sus necesidades, pero aseguró, en el caso de las denuncias por presuntos desvíos, que no va a defender a nadie y reconoce que algunos dirigentes se aprovecharon. Sostuvo estar dispuesto a declarar ante la Fiscalía.

Reunión de directorio
Mientras tanto, ayer se desarrolló la reunión del directorio del Fondo, que se declaró en reserva y que fue presidida por la ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo.

El encuentro se prolongó por más de seis horas. En un intervalo, el dirigente intercultural, Gustavo Aliaga, informó de que la reunión giraba en torno al análisis de los procesos de desembolso y una probable normativa que modifique el decreto de creación del ente. Los sectores indígenas exigían también una auditoría de los proyectos y un cambio de funcionarios.

Nueva denuncia
Ayer, el diputado de UD Rafael Quispe presentó una nueva denuncia por desvíos de recursos. La demanda fue inscrita contra la ministra Achacollo, además de Felipa Huanca y Ever Choquehuanca, entre otros.
Se habría desviado al menos Bs 210 millones en más de 3.400 proyectos. /MAM

Posesionan a Lariza Fuentes como interventora del Fondo Indígena

La ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, posesionó hoy a Lariza Fuentes como interventora del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc), en reemplazo de Marco Antonio Aramayo.

Achacollo explicó que la interventora tiene como misión fiscalizar los proyectos en curso y cerrar todos aquellos que recibieron desembolsos del Fondo Indígena.

En el acto de posesión también estuvo presente la ministra de Transparencia, Lenny Valdivia, quien recordó que el presidente Evo Morales instruyó en días pasados la intervención al Fondo Indígena.

La interventora Fuentes agradeció por la confianza depositada en ella y prometió trabajar con eficiencia para cumplir la misión encargada.

Las dos ministras evitar habla con los periodistas.

El contralor general del Estado, Gabriel Herbas, reveló un daño económico de 71 millones de bolivianos en 153 proyectos que nunca fueron ejecutados, pero que sí los responsables recibieron recursos como parte de pagos anticipados.

Prado señala incongruencia y falsedades en caso Rózsa

De manera contundente, el abogado Gary Prado Araúz afirmó que la acusación del caso Rózsa se basa en incongruencias, pruebas falsas y fábulas del exfiscal Marcelo Soza.

Prado, quien patrocina al coronel del Ejército Zoilo Salces, imputado en el presente proceso, manifestó que hay una vendetta política con supuestos elementos probatorios inexistentes.

Tomó como ejemplo un disco compacto (CD), en el que basa Soza su acusación, que supuestamente Salces le habría enviado a Rózsa a través del imputado Juan Carlos Güedes, material donde estaría diseñada una supuesta estrategia separatista. Sin embargo, dijo el jurista, el exfiscal nunca demostró la existencia del mencionado material informático y menos de que habría salido de la computadora de su defendido.

En esa línea, Prado recordó que el exrepresentante del Ministerio Público sindicó como de autoría de Salces, un correo electrónico que supuestamente estaba dirigido al extinto Rózsa.

Aclaró que al igual que en la anterior, nunca se hizo un estudio técnico de peritaje al equipo informático. El jurista dijo que Soza habría afirmado de que el correo choquito@hotmail.com, el cual tenía un código de seguridad, era de propiedad de Salces cuando su verdadera dirección electrónica es lingo@hotmail.com.

Un frente de fábula. Asimismo Prado comentó sobre la falsedad de la existencia del Frente Democrático de Defensa, que solo es producto de la entelequia de Soza. "Mi defendido jamás formó parte del mencionado frente, es otra de las fantasías de Soza para desprestigiar a mi cliente", comentó. Prado refutó también la versión del exfiscal, de que en en el balneario Taparaca o Laguna Suárez se reunieron para armar la estrategia del atentado a la casa del cardenal Julio Terrazas, cuando en realidad dicho encuentro de cinco personas que no tenía nada que ver con la acusación presentada contra Salces.

"¿Cómo es posible, querer implicar de ser autor de un atentado en Santa Cruz, cuando mi defendido vivía en Trinidad?", cuestionó el abogado defensor del coronel Salces en la etapa de alegatos del juicio oral del caso Rózsa. Afirmó que en todo eso se evidencia un revanchismo contra un militar beniano autonomista.

Coronel Salces
'Hay una acusación tendenciosa, infame y perversa contra mí'

Declaración. En su defensa material ante el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz hecha en Santa Cruz, el imputado Zoilo Bernardo Salces calificó la acusación en su contra, como "tendenciosa, infame y perversa".

"Nunca formé parte, ni colaboré con ningún grupo irregular para separar Bolivia, por mi formación como militar, siempre quise a mi país unido", afirmó. Salces aclaró que es y será siempre un autonomista de corazón, pero jamás un separatista, como lo afirmaba con calumnias e injurias el ahora prófugo exfiscal Soza, refugiado en la República del Brasil. /El Día

Caso Terrorismo: Ataque político beneficiará a Costas


OSCAR ORTIZ, SENADOR DE UD. GALERÍA(3)
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Asambleístas de oposición y oficialismo coinciden en que las acusaciones del boliviano-croata Mario Tadic y el húngaro Elöd Tóásó, que implicaron a Rubén Costas y admitieron su culpabilidad en el caso Terrorismo y obtener su libertad, le ayudará a subir la votación en las próximas elecciones de marzo.

Para el candidato a la Alcaldía de Cochabamba y miembro del Partido Demócrata Social, José María Leigue, existe una clara intención del Gobierno para perjudicar la candidatura de Rubén Costas porque saben que este líder tiene grandes oportunidades de convertirse en la alternativa que Bolivia requiere.

Aclaró que tratan de aplacar a Costas siendo que éste se perfila como un nuevo liderazgo a nivel nacional para las próximas elecciones de 2019.

EXTORSIÓN JUDICIAL

Para el diputado José Carlos Gutiérrez, de Unidad Demócrata (UD), se trata sólo de una declaración de personas que se autoinculpan en el caso de un supuesto terrorismo.

“En el caso de esa inculpación es que está la duda, primero cómo puede ser que haya personas que se están inculpando por un tema de terrorismo y separatismo que es tan delicado y solamente puedan considerar cinco o seis años de cárcel, deberían darles 30”, aseguró.

Aclaro que el pedido de pena máxima obedece a las víctimas que hay en el caso. “Estamos hablando del asesinato de tres personas en el hotel Las Américas y la periodista Analí Huaycho, ¿será que los responsables de esas muertes no merecen 30 años de cárcel?”, preguntó.

Para Gutiérrez, el caso Terrorismo estaba armado siendo una prueba clara la huida del exfiscal Soza.

Gutiérrez explicó que el Parlamento Europeo formó una comisión para investigar el caso Terrorismo y en base a ese trabajo el tema podría haber llegado hasta La Haya, sin embargo con las declaraciones de Tadic y Tóásó, se han librado de este proceso.

BUSCAN CULPABLES

A tiempo de lamentar la participación de la Fiscalía en aceptar las acusaciones Tadic y Tóásó, el diputado Amilkar Barral, señaló que lo único que trata de hacer el oficialismo es buscar culpables.

“Obviamente hubo algún tipo de negociación para que lo inculpen al principal candidato de Santa Cruz y otro de los líderes de la oposición, lo mismo está pasando con Samuel han inventado el tema de privatizaciones solamente para amedrentar y querer que esos líderes se escapen”, subrayó.

NO HAY CREDIBILIDAD

Para el senador Oscar Ortiz, este tema no es más que un juego político ya que los candidatos que tiene el oficialismo en Santa Cruz no logran hacer frente a Rubén Costas.

Aseguró que el pueblo cruceño sabe que esto es un acto montado, un caso que no merece ninguna credibilidad. “Todos conocemos la falta de moral del fiscal Soza quien ha cometido varios delitos primero prestándose a inventar acusaciones falsas por órdenes del Gobierno lo cual es un delito y segundo extorsionando a las víctimas de estas acusaciones”, acotó.

DAÑAN LA INVESTIGACIÓN

Para el candidato a Asambleísta por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Gustavo Torrico, las declaraciones de Tóásó y Tadic no son creíbles siendo que la investigación de la Comisión especial no lo menciona a Rubén Costas, sino al hermano y estas declaraciones solo dañan la investigación.

“Los culpables se declararon culpables y están tratando de negociar y salir de una vez del problema”, dijo en entrevista en Cadena A.

Asimismo, aclaro que no se puede incluir a una persona cuando el caso ya está concluyendo.

Aseguró que el Fiscal General no tiene argumentos para convocar a declarar a Costas ya que sólo fue mencionado y más bien debieran cerrar el caso, siendo que políticamente es dañino para el partido gobernante.

Por otro lado, señaló que mencionar a Costas es ponerle en escenario para que actúe y así aumentar los votos.

FONDO INDÍGENA QUISPE FORMALIZA DENUNCIA

El diputado opositor indígena Rafael Quispe formalizó ayer una denuncia ante el Ministerio Público, en contra de la ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, por los delitos de incumplimiento de deberes y omisión, durante su gestión como presidenta del directorio del Fondo Indígena, tiempo en que presuntamenta se malversaron 71 millones de bolivianos en 153 proyectos, que se adjudicaron a dirigentes sindicales.

Según Quispe, Nemesia Achacollo tiene responsabilidad directa por el mal manejo del dinero en esa institución. Además, demandó a otros funcionarios del Fondo por esta causa. Quispe espera que la justicia investigue y procese a los responsables. La Contraloría emitió un informe sobre las presuntas irregularidades en esa entidad.

martes, 24 de febrero de 2015

YPFB destituye a director jurídico y a su asesora legal

El director Jurídico de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Marcelo Canseco y la asesora legal, Mónica Ramírez, fueron alejados de sus cargos ayer; un abogado de la petrolera afirmó que fue por razones de reestructuración de personal, mientras que fuentes extraoficiales sostienen que fueron destituidos de sus cargos por supuestos hechos de corrupción.

“Es una reestructuración que se viene dando permanentemente, no se olviden que hay contratos que se rescinden, que duran un año”, afirmó el asesor legal de YPFB, Williams Alabe, al referirse al alejamiento de Canseco y de Ramírez de la petrolera.

Sin embargo, fuentes vinculadas a YPFB señalaron que Ramírez fue destituida por no haber desvirtuado la denuncia que realizó Ana Belén Camacho en su contra. La sindicada de ser parte de la presunta red de corrupción que operaba desde la estatal petrolera, aseguró que Ramírez le habría pedido 10.000 dólares a cambio de sacarla “limpia” del proceso que se le sigue.

La aludida reaccionó entonces con la advertencia de querellarse penalmente en contra de Camacho, por los delitos injurias y calumnias, y pidió pruebas de su supuesta extorsión.

En el caso de Canseco, la Unidad de Investigaciones Financieros (UIF) evidenció que su patrimonio no tenía relación con sus ingresos, y que sus declaraciones juradas ante la Contraloría General del Estado (CGE) se contradijeron. La Fiscalía abrió un proceso de investigación sobre el caso. El exdirector jurídico de YPFB declaró el año 2009, el derecho propietario sobre un departamento valuado en 315.000 bolivianos; sin embargo, el mismo inmueble fue valorado cuatro años después en 210.000 bolivianos. Su patrimonio creció desde el 2007 de 133.158 bolivianos a 308.599 bolivianos en 2014, pero evitó mencionar algunos bienes entre los que están vehículos de lujo.

Cese de detención preventiva

Por otra parte, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz rechazó ayer el cese a la detención preventiva que fue solicitado por la exjefa de la Unidad de Comunicación de YPFB, Selva Camacho, su hijo Luis Bell y Yalile Bravo, quienes son investigados dentro de la presunta red de corrupción al interior de la petrolera estatal.

Camacho, sostuvo que, a pesar de esta determinación de las autoridades judiciales, existe un gran avance para que pueda obtener su libertad y defenderse desde el llano junto a sus hijos y su familia.

“No va a ser posible que me defienda en libertad, pero agradezco el fallo de los vocales porque se enmienda en algo todos los atropellos la violaciones a nuestros derechos que se hizo, y bueno yo creo que está más corto el camino hacia nuestra libertad”, manifestó tras concluir la audiencia realizada ayer por la mañana.

Asimismo, lamentó que se le haya congelado el salario, el subsidio que recibe por su hijo de tres meses y la atención en la Caja de Salud.

Selva Camacho se encuentra recluida en el penal de Palmasola Santa Cruz aproximadamente tres meses. En tanto, su abogado Ramiro Vega dijo que el Tribunal judicial vio errores en el actuar del Ministerio Público y de la Policía que aprehendió a su cliente violando derechos constitucionales y humanos, pero aún existen procedimientos a realizar para conseguir la libertad de su cliente: “A Selva Camacho se le ha otorgado detención preventiva por cuatro riesgos de los cuales este tribunal ha determinado que tres no existen y nunca han existido; sólo hay uno, la única razón por lo que se ha decidido mantener separada a Selva Camacho de sus hijos. Hay varios imputados no se ha determinado que Selva podría influenciar en la gente” dijo.

Citan a 10 personas

• La comisión de fiscales encabezadas por Roger Velasquez, que investiga los hechos de YPFB, citó para los siguientes días a 10 personas, entre funcionarios de la estatal petrolera y particulares en calidad de testigos para esclarecer los supuestos ilícitos denunciados en la Petrolera.

• Se recibirán las declaraciones de Cristian Inchauste (Gerente general) y Gerson Camacho, director Nacional de Seguimiento a la Gestión Empresarial de Subsidiarias.

• Se los convocó en calidad de testigos, entre funcionarios y personas que no lo son y que contribuirán a esclarecer los hechos.



Deudas

Ramiro Vega, abogado de Luis Alejandro Bell, representante de la empresa Bravo, en el caso de la red de corrupción en YPFB, señaló que el Ministerio de Comunicación adeuda a su defendido Bs 400 mil por la ejecución de dos contratos en el que entregó mil memorias flash y 450 poleras, con motivo de la Reunión Conmemorativa del 50º Aniversario del G77+China.

“Se han ejecutado dos contratos, una de las poleras y la otra de las memorias USB. Se han entregado mil USB y 450 poleras, de esto se pagó la mitad, 400 mil bolivianos, y el Ministerio de Comunicación aún adeuda 400 mil bolivianos”, .

La viceministra de Políticas Comunicacionales del Ministerio de Comunicación, Claudia Espinoza, mediante el sitio web del Ministerio respondió que “nunca se efectuó contrato con la empresa Bravo y por lo tanto no se realizó ningún pago”.

Edecán de Soza dice que Gobierno trajo a Rózsa

El exencargado de seguridad de Marcelo Soza, José Juan Laguna, aseveró que el Gobierno “hizo pisar el palito” (caer en una trampa) a personalidades del oriente puesto que, de acuerdo a su versión, un jefe policial trajo a Eduardo Rózsa a Bolivia para después vincularlo con líderes cruceños.

“Todo el accionar ha sido realizado desde la Presidencia, Vicepresidencia y los ministerios de nuestro Estado. Ellos han sido los que han planteado, les han hecho ‘pisar el palito’ a varias personalidades del oriente para debilitarlos”, dijo el teniente de policía, en entrevista con Erbol.

Laguna recordó que estuvo en una reunión donde el excomandante de la Policía, Jorge Santiesteban, dijo a Soza que había traído a Rózsa desde España y reclamó por los gastos que hizo en el viaje.

El exedecán de Soza indicó que otra prueba de la relación con Rózsa y el Gobierno es un chat, cuya impresión vio, entre el abatido en el hotel Las Américas y “Qhananchiri”, que aseguró es el seudónimo de Álvaro García Linera.

“Yo he sido testigo de una impresión de un chat en el cual tenía el denominativo de “Qhananchiri” con Eduardo Rózsa. Es de dominio público quién utiliza este apodo, es una persona que sí ha estado vinculada con la comisión de hechos ilícitos y continúa gozando del poder”, manifestó.
Reveló que ese chat mencionaba a líderes cruceños.

Laguna señaló que esa conversación electrónica y otras que mantuvo Rózsa con Raúl García Linera estaban entre las computadoras y memorias flash que la Policía recolectó del hotel Las Américas luego del asalto del 16 de abril de 2009.

Indicó que cuando esa información llegó a manos de Soza, éste recibió la orden de “hacerla desaparecer” para no dejar rastros de la relación entre Rózsa con el Vicepresidente. Afirmó que la orden para eliminar estas pruebas se originó del propio presidente Evo Morales.

Otros acusados por caso terrorismo descartan optar por juicio abreviado

Con vehemencia y a la vez con aires de desafío reaccionaron ayer varios acusados y detenidos por el caso terrorismo ante la posibilidad de seguir los pasos de los cuatro imputados (Ignacio Villa Vargas, Juan Kudelka, Mario Tadic y Elöd Tóásó) que la semana pasada se declararon culpables y se acogieron a procedimiento abreviado.

Ayer, en la reinstalación de las audiencias del juicio oral que se lleva a cabo en Santa Cruz por el denominado caso terrorismo, Juan Carlos Guedes, Alcides Mendoza y Zvonko Matkovic Ribera, tres de los cuatro acusados que están recluidos en la cárcel de Palmasola (Santa Cruz), negaron rotundamente que hayan considerado la posibilidad de pedir juicio abreviado y más bien advirtieron con ir hasta las últimas consecuencias para defender su inocencia.

“El Gobierno cree haber ganado haciendo que cuatro personas se inculpen. Para mí eso es una victoria sin gloria. No soy quien para juzgar a Tadic y Toaso, sólo siento pena por ellos, pero yo jamás negociaré mi inocencia, así sea que me condenen políticamente a 20 años. Bendita sea mi madre por haberme parido macho y yo prefiero morir antes que mentir”, dijo Juan Carlos Guedes, preso desde hace más de seis años.

Mendoza y Matkovic coincidieron al señalar que no hay familia ni bolsillo que aguante un proceso de más de seis años y aunque este juicio ha causado mucho dolor, no se les pasa por la cabeza la posibilidad de pedir un procedimiento abreviado porque eso sería traicionarse a sí mismo.

Gelafio Santistevan, el único de los imputados que está preso en el penal de San Pedro (La Paz) y que ayer fue trasladado a Santa Cruz para estar presente en el juicio oral, reconoció que algunas noches se la ha pasado por la mente la posibilidad de evaluar la figura del procedimiento abreviado. “Soy el preso más antiguo de todos y voy a ser honesto, no descarto la idea, pero por ahora, no”, sostuvo.

Para el general Gary Prado Salmón, mencionado por Tadic y Toaso como uno de los que trajo al país al grupo irregular liderado por Eduardo Rozsa, es una nueva locura e invento a la vez que muestra la desesperación del Gobierno ante las evidencias que siguen saliendo sobre el montaje de este caso.

Mientras el coronel de Ejército Zoilo Salces, preso en la cárcel de Mocoví (Beni) prefirió mantener el perfil bajo, otros acusados que tienen arresto domiciliario prefirieron no hablar y se excusaron hasta que les toque el turno de hacer uso de la fundamentación de su defensa.

Con el reconocimiento de culpa y las condenas respectivas de cuatro acusados el jefe de los fiscales Sergio Céspedes considera que ya hay una avance del 75 por ciento en el juicio oral y dejó abierta las puertas para que cualquiera de los imputados que quiera acogerse a procedimiento abreviado lo haga, porque la ley se lo permite hasta antes de la sentencia.

Insisten que fue montaje

Diversas fueron las reacciones ayer en torno a las implicaciones contra el exgobernador cruceño Rubén Costas, que hicieron en el momento de ser condenados Mario Tadic y Elöd Tóásó.

Vladimir Peña, jefe de campaña del Movimiento Demócrata Social que postula a Costas para la reelección, señaló que cada vez que hay elecciones el Gobierno ataca a Costas con mentiras y falacias. “Hace cinco años lo amenazaron con meterlo preso, lo arraigaron y hoy sigue sin poder salir del país, pero hoy estamos preparados porque sabíamos que en cualquier momento iban a lanzar este tipo de ataques”, dijo Peña.

Más allá de los nombres de nuevos y posibles acusados, para el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Fernando Castedo, que ayer estuvo en la audiencia, el caso terrorismo cada vez tiene más evidencias de que fue montado por el Gobierno. El fiscal Marco Antonio Rodríguez descartó que Rubén Costas vaya a ser incluido o investigado en el caso terrorismo porque no es sujeto procesal del mismo.

Juez rechaza apelación de tres acusados en caso YPFB



El juez de la Sala Penal 2ª, Fernando Ganam, rechazó ayer la apelación a la detención preventiva presentada por Selva Camacho, Luis Bell Camacho y Yalile Espinoza, acusados de adjudicarse contratos de servicios de modo irregular en YPFB.

“Por tanto, la Sala Penal 2ª del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz en principio admite la apelación interpuesta por Selva Camacho, Luis Bell y Yalile Espinoza por haber sido interpuesta en los plazos de ley, pero confirma la Resolución 57/2014 (de detención preventiva en los penales de La Paz y Santa Cruz)”, explicó al concluir la audiencia en La Paz.

El juez ratificó la detención preventiva de Selva Camacho en el penal de Palmasola de Santa Cruz, de Luis Bell (hijo de Camacho) en el penal de San Pedro y Yalile Espinoza en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, en la ciudad de La Paz.

Por otra parte, Ganam dijo que no existe riesgo procesal para que Camacho obtenga detención domiciliaria, tomando en cuenta que tiene dos hijos menores de edad, uno de cinco meses y el otro de dos años.

“No concurre ese riesgo de obstaculización con relación a los tres procesados (...). Se ha desvirtuado en torno a la señora Selva Camacho la concurrencia de riesgo procesal de fuga inmerso al haberse acreditado un domicilio de la misma y que no concurre el riesgo de obstaculización”, respaldó Ganam.

El abogado de Camacho, Ramiro Vega, dijo que esa posición del juez es un avance para conseguir la detención domiciliaria. “Se confirma parcialmente, sin embargo, se ha demostrado que no existe riesgos procesales iniciales, considero que siempre hay un avance al reconocer que la jueza cautelar (Cinthia Delgadillo) se ha equivocado y es un gran avance en este caso”, remarcó.

Confianza. Por su parte, Selva Camacho dijo que confía en la Justicia, aunque aseguró que en los tres meses que guarda detención en el penal de Palmasola se vulneraron sus derechos y los de sus hijos. “Se han vulnerado mis derechos, ese mismo día que me detuvieron los de (YPFB) Chaco me congelaron mi sueldo, me dieron de baja de la Caja Petrolera y me cortaron el subsidio, en la cárcel se enfermaron mi hijos”, protestó tras la audiencia.

El abogado de Camacho adelantó que continuarán con las apelaciones para que cese la detención preventiva.

La red Erbol informó en su página digital que Luis Alejandro Bell, hijo de Selva Camacho y representante legal de la empresa acusada de corrupción “Bravo”, agradeció hoy al Ministerio de Comunicación por brindarle sus primeros trabajos.

Destituyen a dos abogados

ABI - La Paz

El director Jurídico de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Marcelo Canseco, y la asesora legal Mónica Ramírez fueron alejados de sus cargos. Un abogado de la petrolera afirmó que fue por razones de reestructuración de personal, mientras que fuentes extraoficiales sostuvieron que fueron destituidos por supuestos hechos de corrupción.

“Es una reestructuración que se viene dando permanentemente, no se olviden que hay contratos que se rescinden, que duran un año”, indicó el asesor legal de YPFB, Williams Alabe, al referirse al alejamiento de Canseco y de Ramírez de la petrolera estatal.

Sin embargo, fuentes vinculadas a YPFB señalaron que Ramírez fue destituida por no haber desvirtuado la denuncia que realizó Ana Belén Camacho en su contra. La sindicada fue acusada de ser parte de la presunta red de corrupción que operaba desde la empresa petrolera estatal.

CSUTCB inhabilita a dirigente que develó corrupción en Fondo Indígena

La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) resolvió inhabilitar al delegado ante el Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fonidoc), Joel Gurachi, de la reunión del Directorio de esa entidad estatal, prevista para este martes en la ciudad de La Paz.

Según el secretario Ejecutivo de la organización, aliada al gobierno del presidente Evo Morales, Rodolfo Machaca, la decisión es del Comité Ejecutivo. Además dijo que en este caso el cargo es rotativo y que nadie se ha "comprado” el puesto. Criticó que Guarachi haya actuado de forma individual en el caso del Fondo Indígena.

"Rotatorio, relativo es, uno no se ha comprado el puesto, en ese sentido han decidido mandar a otra persona (a la reunión del Fondioc)”, declaró el dirigente campesino a Erbol.

Sin pasajes

Joel Guarachi, que a la vez es secretario General de la CSUTCB, se encuentra desde hace algunos días en Santa Cruz. El lunes se enteró que el Fondo Indígena no le compró el pasaje aéreo para trasladarse a la sede de gobierno, pero a los otros dirigentes de esa región sí les compraron los pasajes.

En la entidad estatal le dijeron que supuestamente la orden venía de la Dirección Ejecutiva. Frente a esta situación, Guarachi contó que llamó a Machaca, pero Machaca le dijo que estaban evaluando su participación y finalmente se enteró que fue inhabilitaron, y en su lugar irá su suplente.

"Yo le dije a él (Machaca) que haga las representaciones al Fondo Indígena, que me compre los pasajes y él me dijo: ‘voz mucho estas yendo a la prensa, estás hablando mucho en la prensa. Ahorita está reunido el Comité Ejecutivo, estamos evaluando, analizando'”, relató.

Posteriormente Guarachi se enteró de que sólo cuatro miembros del Comité Ejecutivo (todos aparentemente de La Paz) y uno del Beni, se reunieron el lunes por la mañana para tratar la continuidad del dirigente campesino como delegado ante el Fondioc. Además de eso que habilitaron a otra persona para la reunión de hoy, que no es su suplente.

Caso 26 de Julio

Joel Guarachi denunció en 2014 el caso 26 Julio del Fondioc, para el cual dos años atrás se desembolsaron 600 mil bolivianos, para un criadero de cerdos, pero hasta la fecha no se concluyó. El dirigente, como representante de la CSUTCB, corroboró en el lugar (comunidad 26 de Julio del municipio San Javier del Beni) que sólo se construyeron dos galpones con Bs100 mil.

Guarachi aseguró que por este caso recibió amenazas de muerte e incluso fue golpeado. También dijo que la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, lo amenazó en plena reunión del Directorio del Fondioc, con procesarlo. Achollo aseguró que no lo conoce.

Contó que incluso en la CSUTCB, algunos de sus compañeros intentaron censurarlo, pero tras un Ampliado nacional de la Confederación, en 2014 y durante la gestión del exejecutivo Damián Condori, Guarachi recibió el respaldo de las departamentales y fue ratificado en su cargo.

Reunión Directorio

La ministra Achacollo, en calidad de presidenta del Directorio del Fondioc, convocó para la tarde de este martes a una reunión de las ocho organizaciones, entre campesinas e indígenas, que conforman el Directorio.

La reunión se realizará después de 12 días del primer informe de la auditoría al Fondo Indígena de parte de la Contraloría General del Estado, tras denuncias de corrupción y proyectos "fantasmas” que hizo conocer Erbol. Según la Contraloría se invirtió Bs71 millones en 153 proyectos inconclusos y otros que no se iniciaron. Además de Bs200 millones para 269 proyectos, también inconclusos.

Joel Gurachi señaló que no busca un enfrentamiento con Achacollo, al contario aseveró que quiere aportar con sus ideas para el buen manejo de los recursos del Fondo Indígena. "Nosotros hemos denunciado a los medios porque en el Fondo no nos hicieron caso, a pesar que de que recibieron nuestro informe”, puntualizó.

Cinco acusados descartan inculparse en juicio abreviado

Luego de que cuatro acusados se inculparon y recibieron condenas benévolas que les pueden garantizar su pronta libertad, otros cinco imputados descartan seguir el mismo camino “porque sería como admitir su culpa de un caso armado por el Gobierno”.

Juan Carlos Guedes afirmó que prefiere morir antes que mentir. “Bendita sea mi madre por haberme parido macho y enseñarme valores y principios”, advirtió Guedes, quien guarda reclusión en el penal de Palmasola.

Similar criterio es de Alcides Mendoza, al sostener que es una persona inocente y por “lo tanto voy hasta el final del juicio, pase lo que pase”.

Zvonko Matkovic Ribera dijo que no se someterá jamás a inculparme de un delito que no ha cometido.

María del Carmen Morales, esposa del general Gary Prado Salmón, afirmó que jamás su marido se sometería a un juicio abreviado. “Son seis años que estamos enfrentando este juicio con todas sus aberraciones jurídicas, además mi esposo es una persona inocente y lo hemos sostenido desde el inicio del proceso”, comentó.

No tengo que aceptar culpa. Por su parte, el acusado Gelafio Santistevan dijo que no tiene por qué aceptar una culpa impuesta por el Gobierno siendo inocente de los cargos en su contra.

Soza revela que Rózsa se reunió 3 veces con Costas

El exfiscal Marcelo Soza, aseguró que Rubén Costas se reunió en tres oportunidades con Eduardo Rózsa, abatido el 16 de abril de 2009 en el hotel Las Américas.

Asimismo, afirmó que el Gobierno le impidió investigar al exgobernador de Santa Cruz porque entre ambos ya había un acuerdo, puesto que Costas se reunió de forma secreta con el vicepresidente Álvaro García Linera.

“Yo tenía bastantes datos e información de que este ciudadano (Costas) estaba involucrado en este tema de terrorismo. Es más, Costas se reunió en tres ocasiones con Rózsa: una en la casa de Alejandro Melgar y las otras dos en la Gobernación. Todos estos datos quería investigar, pero lamentablemente desde la Presidencia, Vicepresidencia, no se me dejó investigar este tema”, señaló Soza, en contacto con la Red Erbol.
Los sobrevivientes del asalto al hotel Las Américas, Elöd Tóásó y Mario Tadic sentenciados a 5 años y 10 meses de prisión, declararon ante el Tribunal que Costas fue quien trajo al grupo de Rózsa a Santa Cruz.

Se impidió investigar a Costas. Soza ratificó la versión de Tadic de que Costas trajo a Rózsa junto a un Consejo Supremo, el cual habría estado conformado por miembros de logias y cooperativas cruceñas.

Recordó que no pudo investigar a Costas porque el Gobierno no se lo permitió. Indicó que quiso notificar al exgobernador para que se presente a declarar ante el Ministerio Público, sin embargo, la Policía –que depende del Ministerio de Gobierno- no hizo efectivas las citaciones. Aseveró que el Gobierno tenía un acuerdo con Costas. “Lamentablemente Costas vendió al pueblo de Santa Cruz”, dijo.

Reuniones secretas. El exfiscal relató a Erbol “que hubo reuniones secretas entre el gobernador Rubén Costas y el Vicepresidente, en horas de la noche, ingresaba por la calle Mercado (a la Vicepresidencia)”. Agregó que “persistentemente quería buscar información y más precisamente el documento firmado entre Rubén Costas y Eduardo Rózsa, pero lamentablemente nunca apareció".

¿Quién trajo a Rózsa?. Soza señaló que también es probable que el Gobierno haya traído a Rózsa porque el entonces comandante de la Policía, Jorge Santiestevan, le confesó que él mismo le había pagado pasajes al boliviano-húngaro. Dijo que la hipótesis se refuerza por los obstáculos que le pusieron para tomar la declaración de Evo Morales e investigar a los venezolanos que estaban hospedados en el hotel Las Américas la noche del operativo.

Transparencia interviene Fondo Indígena por denuncia de estafa

El Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción decidió intervenir administrativamente este lunes el Fondo de Desarrollo Indígena Originario y Campesino (Fondioc), luego de que la Contraloría General del Estado hizo conocer el 12 de febrero que la entidad estatal entregó 71 millones de bolivianos para 153 proyectos inconclusos, de los cuales algunos ni se iniciaron.

"El objeto es recabar información y hacer un diagnóstico respecto a cuáles son las razones por las que existirían algunos proyectos que no tienen cierre", informó en conferencia de prensa la ministra Lenny Valdivia.

La autoridad de gobierno informó que un ingeniero y cinco abogados elaborarán un informe con recomendaciones para el manejo de recursos de esa entidad estatal.

Además del caso de los 153 proyectos, el Ministerio informó que también se investigará la construcción de un criadero de cerdos en una comunidad del Beni, para el que se desembolsó Bs 600 mil, pero sin resultados.

OTRAS DENUNCIAS

La Ministra reveló que, aparte de la investigación de la Contraloría, el Ministerio recibió 14 denuncias desde 2012 contra el Fondo Indígena.

"Hemos recibido 14 denuncias desde 2012 a la fecha sobre presuntas irregularidades. Conforme a procedimiento, se ha efectuado requerimientos de información y ha ameritado un informe específico en cada caso con recomendaciones sobre medidas correctivas", explicó.

La Contraloría detectó, tras una primera fase de auditoría, un daño económico al Estado de Bs 71 millones en 153 proyectos de desarrollo productivo en el área rural que nunca llegaron a ejecutarse y otros no se concluyeron.

Mientras otros 100 proyectos que recibieron Bs 74,6 millones no cerraron de manera formal. En tanto, 169 proyectos no tienen el “cierre” correspondiente, pese a que recibieron el 100% de los recursos: Bs 132 millones.

El daño recae en los exdirectores del Fondo: Elvira Parra, Daniel Zapata y el actual ejecutivo, Marco Antonio Aramayo. Asimismo a los más de 200 beneficiarios, representantes legales y responsables de las comisiones de administración y ejecución de proyectos. Fuente.

Exfiscal Marcelo Soza revela “reuniones secretas” entre Costas y Vicepresidente

En contacto telefónico, desde Brasil, con radio Erbol, el exfiscal Marcelo Soza afirmó que, además, de estar implicado el entonces gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, y el vicepresidente Álvaro García, habrían tenido reuniones “secretas” en relación del grupo irregular dirigido por Eduardo Rózsa.

El exfiscal Soza afirmó que se logró establecer con claridad que fueron los allegados de Costas quienes pagaron los gastos de traslado de Rózsa y los integrantes del grupo irregular.

Señaló que él “quería” investigar las razones por las cuales, estas personas, dirigidas por Costas y su hermano; pero “desde la Presidencia, la Vicepresidencia no se me dejó”, aseguró.

GARCÍA – COSTAS

“Por otra parte, no nos olvidemos también que existió reuniones secretas, entre el gobernador Rubén Costas y el Vicepresidente (Álvaro García) en horas de la noche (Costas) ingresaba por la calle Mercado. Todos estos temas yo quise investigar, del por qué, cuál era el nexo, que unía a estos ciudadanos entorno a Eduardo Rózsa Flores, sin embargo, nunca se me permitió”, señaló el exfiscal, quien está a la espera de la decisión de la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) de Brasil, sobre su solicitud de refugio político.

Por estas razones -aseguró- se convirtió en una amenaza para el Gobierno y la misma oposición política, que comenzaron a amenazarlo y buscaron “descabezarlo” y a pesar de presentar su renuncia no logró su seguridad por lo que decidió abandonar el país.

“La situación es clara, sino por qué a días del operativo, (en el hotel Las Américas el 16 de abril de 2009) comienzan a salir los más allegados a Rubén Costas: Alejandro Melgar, Hugo Achá y los demás. Entonces, ahí se conforma el nexo directo que existía, el previo acuerdo, entre el Gobierno y Rubén Costas, que lamentablemente vendió al pueblo de Santa Cruz y los resultados ya sabemos”, afirmó Soza.

La base, para las afirmaciones que hace, es el hecho de que ninguno de los requerimientos efectuados para que Costas se presente a declarar nfue llevado a cabo y que siendo que esta tarea es potestad de la Policía Boliviana y está bajo la tutela del Poder Ejecutivo por medio del Ministerio de Gobierno, no se efectuó.

Por otro lado, desvirtuó que haya sido un personero venezolano el que pagó los pasajes de Rózsa, desde Europa hasta San Pablo y de ahí hasta la frontera, donde Hernán Melgar, colaborador de Costas, fue a recibirlo y lo trasladó hasta Santa Cruz.

Asimismo, reiteró que la intervención policial en el hotel Las Américas, el 16 de abril de 2009, fue una ejecución. Esta afirmación, Soza la justifica asegurando que existía un acuerdo firmado entre Costas y Rózsa, y que al momento de la intervención, tras acuerdo con el Gobierno, los efectivos policiales retiraron este documento.

Caso Fondo Indígena Cúpula indígena del MAS debe rendir cuentas

El senador de Unidad Demócrata (UD), Edwin Rodríguez, señaló que el oficialismo convirtió las organizaciones indígena, originarios campesinas en “sucursales” del Movimiento Al Socialismo (MAS). En este sentido, la diputada suplente del MAS, Lidia Paty, cuestionó el informe de la Contraloría sobre este tema.

Entretanto, la candidata del Movimiento Al Socialismo (MAS) a la Gobernación de La Paz, Felipa Huanca, aseguró que presentó informes al Fondo Indígena sobre proyectos que habría administrado cuando era dirigente de la Federación de Mujeres Campesinas de La Paz Bartolina Sisa y que se ejecutaron en favor de ese sector.

“Todas la estructura indígena originaria campesina, de todo el país son sucursales del Movimiento Al Socialismo, tienen que rendirle cuentas al país ya que hay dirigentes del Conamaq y la Cstucb que tienen que dar un informe completo”, señaló Rodríguez. Aclaró que el informe no sólo se debe remitir a la Contraloría sino también al país, ya que los recursos salen del Tesoro General de la Nación.

A tiempo de lamentar que no se haya justificado esas millonarias inversiones dijo: “Ser dirigente campesina en este país, había sido sinónimo de recibir plata, de enriquecerse, de comprar conciencias y de desestructurar la legitimidad de las organizaciones sociales verdaderas para consolidarse a partir de dirigentes chutos, apócrifos que en concomitancia con el Gobierno han logrado su legalidad a partir de montos económicos millonarios que son del Fondo Indígena”.

Por su parte, la diputada oficial Lidia Paty intentó explicar la forma en que se produce el control social en ocasión de la ejecución de proyectos con recursos del Fondo Indígena, además de cuestionar el informe de la Contraloría sobre este tema.

“Los beneficiarios propios son los Control Social, ellos mismos son las comisiones que tienen que exigir y fiscalizar, presentan cartas pero nunca hay respuesta del Fondo Indígena, esa es la negligencia de los funcionarios del directorio. Se le ha dado plazos cuando se lo ha posesionado y tenía que cumplir en tres meses los cinco mil proyectos que habían”, afirmó.

Paty pidió a técnicos ir a verificar en terreno las obras ejecutadas ya que en muchos casos las obras fueron aprobadas en escritorio desconociendo la parte técnica que cada obra conlleva.

“Ellos que vayan al campo a verificar si la obra está o no ejecutada, a veces ellos aprueban la parte administrativa y técnicos no salen a verificar, por eso tiene que probarse el informe que ya se ha ejecutado la plata”, acotó.

DESCARGOS

Por su parte, la candidata a la Gobernación de La Paz, en conferencia de prensa, la mañana de ayer, (luego de 11 días que la Contraloría General del Estado revelara un presunto daño económico de 71 millones de dólares respecto a los recursos del Fondo Indígena), negó que haya habido malos manejos económicos en los proyectos financiados por el Fondo Indígena con los que ella trabajó, además, atribuyó la acción de vincularla con hechos de corrupción a un ataque “discriminatorio”.

“El descargo que hemos entregado, el proyecto tenía seis meses, unas semanas nos hemos retrasado y hemos rendido cuentas y hemos entregado al Fondo Indígena el 14 de noviembre de 2011”, refirió.

Huanca precisó que el proyecto tenía un costo de 140.000 bolivianos, de los cuales, el Fondo Indígena desembolsó en una primera instancia 99.000 bolivianos en abril de 2011, dinero del que aseguró presentó los descargos correspondientes, sin embargo, aclaró que aún falta un desembolso de 41.000 bolivianos.

Explicó que ese dinero fue invertido en la realización de ferias productivas en el departamento, además en la remodelación de la infraestructura de la sede de las Bartolinas.

Informó que el segundo proyecto tiene que ver con el fortalecimiento artesanal de las 20 provincias de La Paz, con una inversión de 900.000 bolivianos, de los cuales, esa organización sindical recibió un primer desembolso de 431.000 bolivianos el 20 de marzo de 2013.

Huanca anunció que presentará un segundo informe a fines de marzo de la presente gestión, en los plazos establecidos.

DISCRIMINACIÓN

Asimismo, aseguró que las acusaciones en su contra son impulsadas por la oposición, que no acepta que una mujer de pollera pueda ocupar un cargo público, como Gobernadora de La Paz. “Por ser una mujer aymara, de pollera, del campo, por contar con dignidad y honestidad y transparencia, en ese sentido han manipulado que mi persona, incluso han dicho que Felipa estaría dentro de la corrupción, acusarme y atacarme y discriminarme, me siento muy humillada”, afirmó.

La Contraloría General del Estado reveló que una auditoría en el Fondo Indígena detectó un daño económico de al menos 71 millones de bolivianos en 153 proyectos.

Según el informe de la Contraloría, el daño económico ya fue denunciado ante el Ministerio Público en un proceso penal que incluye a Elvira Parra, Daniel Zapata y Marco Antonio Aramayo, exdirectores del Fondo Indígena entre 2010 y 2013.

lunes, 23 de febrero de 2015

Video Tres fiscales investigarán el caso Fondo Indígena

La corrupción es fuerte en políticos y empresarios latinoamericanos

En diciembre de 2014 la ONG Transparencia Internacional (TI) dio a conocer su informe denominado “Exportando Corrupción” en el cual indicó que Venezuela y Paraguay son los países más corruptos mientras que Chile y Uruguay son vistos como los más transparentes.

Paraguay

La corrupción en Paraguay se mantiene como uno de los principales obstáculos para superar la pobreza y tener un crecimiento económico importante. Así señala un informe realizado por la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Magdalena Sepúlveda Carmona, quien tuvo a su cargo investigar al país.

El documento habla de la concentración de la tierra, punto en el cual la profesional menciona que, de acuerdo con los datos observados, la alta concentración de tierras en manos de pocos, agudiza los patrones de desigualdad y pobreza en el país.

Se cuestiona los niveles de recaudación impositiva del país. Agrega que son uno de los más bajos de toda la región y que hasta ahora se tiene la ausencia del impuesto a la renta personal, lo que le convierte a Paraguay en el único en toda América Latina que no cuenta con este régimen tributario.

Brasil

El estallido del escándalo de corrupción en la estatal brasileña Petrobras golpeó temprano en 2015 al oficialismo e instaló una crisis de final incierto que proyecta contaminar buena parte de la agenda política este año, dijeron a Afp analistas y políticos.

La investigación de una red de sobornos, estafas al Estado y enriquecimiento ilícito, que movió unos 4.000 millones de dólares en la última década, sigue escalando y complica prematuramente al Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff sólo 40 días después de haber asumido su segundo mandato.

Rodeada de las tensiones políticas que desató la llamada “Operación Lava Jato” (lavadero de autos en portugués), tanto con los opositores como dentro de la propia alianza gobernante, la Mandataria debió dejar caer a principios de febrero a una de sus protegidas: la presidenta de Petrobras, Graça Foster.

El escándalo también salpicó al oficialista Partido de los Trabajadores (PT), fundado por Luiz Inácio Lula da Silva, cuando la Policía detuvo y llevó a declarar a su tesorero, después de que fuera involucrado por un exjerarca de Petrobras que colabora con la causa a cambio de una reducción de su condena.

Joao Vaccari Neto fue liberado poco más tarde y según divulgó la asesoría de prensa del partido, deslindó cualquier responsabilidad de la acusación de que habían pasado por sus manos entre 150 y 200 millones de dólares para financiar al PT, pagados por empresas constructoras para obtener contratos con Petrobras.

Rousseff reiteró que todos los implicados en las corruptelas “pagarán por eso”, aunque aclaró que la responsable no es la empresa, sino algunos de sus funcionarios.

Argentina

La situación de Amado Boudou, el primer vicepresidente argentino encausado en ejercicio de sus funciones, se agravó el pasado jueves cuando sumó un segundo procesamiento por un caso de corrupción.

La Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires confirmó por “cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública” el procesamiento de Boudou en la llamada causa “Ciccone” por la compra de una imprenta de papel moneda que luego fue estatizada, informó el Centro de Información Judicial que depende del Poder Judicial.

En este caso, Boudou está señalado por haberse quedado -a través de una empresa fantasma y de un testaferro- con el 70 por ciento de la imprenta Ciccone Calcográfica, que tiene el monopolio de la impresión de papel moneda.

A cambio, Boudou habría intervenido para evitar la quiebra de la compañía, cuando era ministro de Economía en 2010.

Perú

La corrupción también se instaló en varios municipios de Perú. Según un informe de la Procuraduría Anticorrupción, de los 1.841 alcaldes que cumplen funciones a nivel nacional, 1.699 (92 por ciento) están siendo investigados por peculado de uso, malversación de fondos, negociación incompatible y colusión, según informó el diario Perú21.

“Son 454 alcaldes provinciales y 1.245 distritales que estarían inmersos en actos de corrupción. También hay 429 exalcaldes provinciales y 1.326 exalcaldes distritales que son investigados por los mismos delitos”, indicó el documento.

Datos: Agencias e Internet

Las “comisiones” en Venezuela son el pan diario

Hacer un trámite en Venezuela no sólo es cuestión tener los papeles en orden. También de conocer a alguien que lo agilice. O pagar una “comisión” para garantizarlo.

Desde sacar la licencia de conducir hasta comprar la leche, pasando por encontrar trabajo o conseguir un permiso de construcción, muchas de las interacciones sociales que uno establece en esta tierra petrolera suelen implicar cierto nivel de corrupción, señala un reportaje de BBC Mundo.

En términos criollos, los trámites implican que uno “pague pa’l refresco”, “pa’l café” o, en suma, se “baje con algo” (pague una suma de dinero). Una fórmula de la que, alternativamente, se puede zafar si se tiene “un primo” o incluso “un amigo” bien ubicado (o “enchufado”).

El estadounidense Robert Klitgaard define la corrupción como el uso de una posición de poder para fines individuales.

No solamente de poder político, sino de cualquier tipo: desde el vigilante que arma negocio con los parqueaderos hasta el agente de viajes que consigue pasajes más baratos, ambos ejemplos muy típicos de Venezuela.

El economista, conocido como el “experto en corrupción más importante del mundo”, dice que en el escenario ideal para que se desarrolle la corrupción hay monopolio del poder y discrecionalidad, así como falta de rendición de cuentas.

Por su parte, la directora de la organización Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas, afirmó a la BBC que en Venezuela la corrupción ocurre más que en cualquier país latinoamericano.

“Nuestro Estado es el más poderoso, el más cerrado y el menos expuesto al escrutinio”, declaró.

En tanto, el sociólogo estadounidense especializado en Venezuela David Smilde indicó también a BBC Mundo que “como los recursos públicos son considerados recursos naturales, ‘de todos’, hay una tolerancia con que la gente saque tajada para fines privados”.



DOLOR DE CABEZA

La primera dama peruana, Nadine Heredia, pasa por su peor momento. Si hace un año se la perfilaba como una posible carta presidencial, gracias a su popularidad, diversas controversias la ponen en una situación compleja para el gobierno.

Si bien siempre ha sido criticada por su influencia en los asuntos del Ejecutivo, al punto que muchos señalan que es ella la que gobierna, ahora se suman críticas por las acusaciones en su contra de corrupción y lavado de dinero.

Nadine está siendo investigada por la Fiscalía de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, a base de una denuncia de un exmilitante del gobernante Partido Nacionalista (que ella encabeza) que presentó documentación que señala que más de 200.000 dólares recibidos por Heredia entre 2006 y 2010 no fueron aportados por dos empresas peruanas y una venezolana, como se afirmaba, sino por la madre, hermanos y amigos de la Primera Dama de Perú.

Denuncian a Huanca de beneficiarse con proyectos

La expresidenta del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc), Elvira Espejo, denunció ayer a Erbol que la candidata del Movimiento Al Socialismo (MAS) a la Gobernación de La Paz, Felipa Huanca, se benefició con dos proyectos de esta entidad.

Huanca estaría entre una de las involucradas en un presunto daño económico al Estado por 71 millones de bolivianos en 153 proyectos inconclusos y no ejecutados, de acuerdo al recuento de la Contraloría.

Según el número de casos documentados, el Fondo Indígena habría aprobado más de 1.100 proyectos en 5 meses, publicó el diario El Deber.

Dos resoluciones de directorio, revelan que los planes fueron avalados por la ministra Achacollo y que el fondo obtuvo $us 500 millones en 8 años, según la Gobernación cruceña.

Una parte del dinero de los recursos del Fondo Para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fdppioycc) -destinados a Educación Cívica- también fue desviado, de acuerdo a Página Siete, “para financiar encuentros y movilizaciones convocadas por el Órgano Ejecutivo.”

Caso Huanca

Espejo asegura que Huanca, con la Federación de Mujeres Bartolina Sisa, accedió a los fondos públicos y que hasta la fecha no dispone de los descargos de información al respecto.

“Dos proyectos tuvo doña Felipa hay uno de Ayni y el otro para seguimiento a los mismos proyectos”, indicó. Señaló, además, que estas propuestas productivas apuntaban a la instalación de carpas solares y al rubro artesanal, aunque no identificó detalles de su ejecución.

Autoridades gubernamentales cerraron filas en apoyo a su candidata a la Gobernación y dijeron que obró con transparencia en el manejo de recursos del Fondo.

Para acceder a estos proyectos como otros, los solicitantes debían cumplir al menos con unos trece pasos burocráticos, con la característica de una autofiscalización de la propia comunidad, señaló Espejo. Explicó que cada “propuesta llega al Viceministerio, se inicia con la necesidad de la población mediante un pequeño diseño. Ahí intervienen las organizaciones territoriales y llega al miembro del fondo”.

Desfiles

Según declaraciones de dos exdirigentes del Conamaq, que afirmaron que el dinero del Fondioc fue desviado para financiar desfiles, dirigentes afines al MAS aseguran que no reciben ni utilizan “un centavo” de los recursos del fondo para eventos que organiza el partido oficialista.

“El Fondo Cívico fue aprobado para (dar recursos a) las universidades indígenas, pero en mi gestión las otras organizaciones (miembros del Fondo Indígena) aprobaron, a su gusto, que parte de los recursos sean para encuentros afines al Gobierno”, aseveró Félix Becerra, ex jiliri apu mallku (máxima autoridad) del Conamaq, al diario paceño.

Rafael Quispe, diputado de Unidad Demócrata (UD) y exdirigente del Conamaq, denunció que parte de los recursos del Fondo Indígena es utilizada para financiar el traslado, refrigerio, estadía de los dirigentes y “sus bases” que participan en el desfile indígena organizado por el Gobierno.

Datos importantes

La primera resolución fue aprobada el 20 de diciembre de 2010, en ésta se presentaron más de 1.000 proyectos. La segunda avalada el 7 de mayo de 2011 contempla 119 proyectos.

La principal resolución aprobó proyectos por un valor de Bs 1.260 millones equivalentes a $us 180 millones, pero no se conocen los montos ejecutados. De la segunda resolución se desconocen los recursos desembolsados.

El asesor del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), Hugo Flores, dijo que dirigentes campesinos e indígenas se ‘embolsillaron’ los recursos que entregó el fondo para financiar proyectos de desarrollo.

Felipa Huanca asegura que en 2011 presentó informes de descargo al Fondo Indígena



La candidata del Movimiento Al Socialismo (MAS) a la Gobernación de La Paz, Felipa Huanca, aseguró este lunes que presentó informes al Fondo Indígena sobre los proyectos que habría administrado cuando era dirigente de la Federación de Mujeres Campesinas de La Paz 'Bartolina Sisa' y que se ejecutaron en favor de ese sector.

"El proyecto Ayni (lo) presentamos en la Federación para fortalecer el tema productivo y presentamos informe", informó en conferencia de prensa para luego precisar que esos documentos se entregaron en noviembre de 2011.

Huanca insistió en que presentó los descargos correspondientes, pero dijo que hasta la fecha no recibió ninguna respuesta del Fondo Indígena.

Recientemente, la Contraloría General del Estado reveló que una auditoría en el Fondo Indígena detectó un daño económico de al menos 71 millones de bolivianos en 153 proyectos.

Según el informe de la Contraloría, el daño económico ya fue denunciado ante el Ministerio Público en un proceso penal que incluye a Elvira Parra, Daniel Zapata y Marco Antonio Aramayo, ex directores del Fondo Indígena entre 2010 y 2013.

Exdirigentes del Fondo Indígena denuncian más irregularidades

Exdirigentes que formaron parte del Directorio del Fondo Indígena denunciaron más irregularidades en la administración de recursos económicos y en la ejecución de los proyectos de desarrollo.
El exvicepresidente del Fondo Indígena, Damián Condori, denunció que el cuoteo en la designación de funcionarios por parte del director ejecutivo del Fondo Indígena, Marco Antonio Aramayo, impidió un control de los proyectos. Página Siete intentó comunicarse con Aramayo, pero no contestó su celular.
"Hubo cuoteo de los funcionarios por parte de Aramayo, no han dejado ni verificar los proyectos. Pensamos que con su designación se iba a transparentar, pero no fue así”, indicó Condori, quien denunció que sospecharon de los "malos manejos” desde la gestión de Daniel Zapata.
Joel Guarachi, segundo secretario General de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), explicó que pidieron a Aramayo priorizar el cierre de los proyectos e incluso designaron a un técnico, pero éste quedó destituido a los dos meses.
La analista Erika Brockmann, respaldada en informes, indicó que el Fondo Indígena, desde su creación, recibió unos 600 millones de dólares del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
Asimismo, explicó que en los primeros cinco años de creación del Fondo Indígena acumuló cerca de 1.500 millones de bolivianos, porque la entidad indígena no funcionó durante ese tiempo.
"El Fondo Indígena no funcionó cinco años y en ese tiempo acumuló cerca de 1.500 millones de bolivianos. El Fondo Indígena fue creado en 2005, pero comenzó a financiar proyectos a fines de 2010”, indicó en entrevista con la radio difusora ERBOL.
El FDPPIOYCC fue creado mediante Decreto Supremo 28571 del 22 de diciembre de 2005. En mayo de 2009 inició sus actividades y desde septiembre de 2010 comenzó con el financiamiento de proyectos.

Caso YPFB Selva Camacho llega a La Paz para audiencia de cesación de medidas cautelares

Edwin Tapia, abogado de Selva Camacho, involucrada presuntamente en el caso de corrupción en la Unidad de Comunicación de YPFB, informó el lunes que su cliente llega esta jornada a la ciudad de La Paz, para la audiencia de cesación de medidas cautelares.

"Nosotros hemos apelado a la conciencia de los jueces, tiene un bebé de cuatro meses enferma, incluso desde que la detuvieron le quitaron el subsidio y seguro está complicada su situación económica", dijo a la televisora Unitel.

La juez Primero de Instrucción Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer, Cinthia Delgadillo, dictó el 16 de diciembre detención preventiva para Camacho en el penal de Palmasola, en Santa Cruz.

Camacho junto a otras personas está acusada de contratar ilegalmente a empresas de servicios en comunicación, hecho que habría ocasionado un daño económico al Estado de al menos 3 millones de bolivianos.

Reencausarán caso Terrorismo incluyendo a Costas, miembros de CAO y Cainco

El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, informó ayer que su despacho reencaminará la investigación contra el exgobernador del departamento de Santa Cruz y candidato a la reelección, Rubén Costas, quien fue acusado por el boliviano-croata Mario Tadic y el húngaro Elöd Tóásó, de ser financiador del movimiento separatista, que trajo a Eduardo Rózsa en 2009.

A tiempo de descartar la apertura del caso “Terrorismo III”, Guerrero en contacto con los periodistas de La Paz, señaló que Costas ya está incluido en las investigaciones del caso Terrorismo II, pero por estos nuevos elementos en primera instancia, se prevé efectuar requerimientos para que se presenten a dar nuevas declaraciones.

“Hemos pedido que se puedan tomar las declaraciones de estas dos personas, que lo han hecho de manera voluntaria, vamos a reencaminar esa investigación donde se involucra a Rubén Costas y a otras personas por ser quienes han traído a estos mercenarios a nuestro país, quienes financiaron estos grupos y dirigían reuniones en infraestructuras públicas”, señaló.

El pasado viernes, el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz sentenció con cinco años y diez meses de presidio a Tadic y Tóásó por alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, en el grado de complicidad. De manera sorpresiva, al momento de hacer uso de la palabra, ambos imputados develaron que Costas contrató a la célula terrorista para librar una guerra civil en Bolivia, conformado la denominada “Defensa de Santa Cruz”.

Según Guerrero, la investigación del caso se reencauzará en el marco de la búsqueda de la verdad histórica de las acciones separatistas y no en base a un “tema político” contra Costas.

“Se trata de esa objetividad y esta investigación viene desde hace años no es de ahora, no es de un escenario electoral, sino se trata de llegar a esa verdad objetiva caiga quien caiga, aquí con esa objetividad que tenemos queremos ver quiénes fueron los que financiaron, los que trajeron a estos grupos separatistas”, argumentó Guerrero en alusión a versiones de Costas sobre una estrategia política para vincularlo con ese caso.

Precisó que esa investigación que “sea Rubén Costas o sean otros, aquí la investigación será de manera objetiva”.

domingo, 22 de febrero de 2015

El Fondo Indígena aprobó más de 1.100 proyectos en 5 meses

El directorio del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fdppioycc) está en el ojo de la tormenta. Según la documentación a la que se pudo acceder, constató que el directorio de esta entidad aprobó en cinco meses (del 20 de diciembre 2010 al 7 de mayo 2011) más de 1.100 proyectos para ocho organizaciones. La pasada semana la Contraloría detectó daños al Estado por un valor de Bs 71 millones.

La primera resolución fue aprobada el 20 de diciembre de 2010 en la que se presentaron más de 1.000 proyectos y la segunda avalada el 7 de mayo de 2011 que contempla 119 proyectos (ver infografía).
La principal resolución aprobó proyectos por un valor de Bs 1.260 millones equivalentes a $us 180 millones, pero no se conocen los montos ejecutados. De la segunda resolución se deconocen los recursos desembolsados.

Al respecto, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) a través de su titular, Melva Hurtado, reveló que la ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, es la que encabeza el directorio y avala los proyectos de las organizaciones que son parte del fondo.

“La presidenta del Fondo es la ministra, la hermana, Nemesia, ella es la que firma las resoluciones de los proyectos. También participan representantes del Ministerio de Economía y representantes de las organizaciones indígenas, originarias y campesinas”, afirmó la delegada de la Cidob ante el directorio del Fondo, aclarando que desconoce los montos que se manejan en esa entidad.

Hurtado también reveló que el 30 de septiembre de 2013 se autorizó al director ejecutivo nacional Marco Antonio Aramayo, la realización de una auditoría externa a 1.340 proyectos; sin embargo, desconoce los resultados.

Por su lado, Mario Chambi, presidente de la comisión de Tierra y Territorio y Soberanía Alimentaria de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), indicó que mediante resolución interna de la organización, se pidió una auditoría en 2014 para transparentar el manejo del fondo, pero no sabe el porqué no se lo hizo.

Aclaró que todos los proyectos son avalados por la ministra Achacollo y el directorio, añadiendo que no conoce las sumas manejadas en el fondo.

El asesor del Consejo nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo (Conamaq), Hugo Flores, dijo que dirigentes campesinos e indígenas se ‘embolsillaron’ recursos que entregó el fondo para financiar proyectos de desarrollo. Dijo que reiteradamente advirtieron a la ministra Achacollo y a otras autoridades que no había transparencia en el manejo de esos fondos.

Silencio ministerial
La ministra Nemesia Achacollo convocó, a través de una publicación en un medio escrito, a una reunión extraordinaria para el 24 de febrero, para tratar la situación. Se intentó una comunicación con la autoridad, pero su personal de comunicación indicó que no se referirá al asunto y que esperará los resultados de la Fiscalía.

El asesor legal de esa cartera, Juanito Tapia, dijo que no está autorizado para hablar del asunto.

$us 500 millones
Consultado el secretario de Hacienda de la Gobernación de Santa Cruz, José Luis Parada, indicó que el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) destinado al Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fdppioycc) en ocho años ya suma Bs 3.500 millones (unos $us 500 millones).

Parada exteriorizó su preocupación porque los beneficiarios desconocen el detalle de los proyectos que se ejecutaron y el número de indígenas que recibieron apoyo del fondo.

“Lo peor de todo es que no hay fiscalización, solo la auditoría efectuada por la Contraloría de las gestiones 2010 y 2013”, aseguró al tiempo de señalar que de los $us 500 millones obtenidos del IDH entre 2005 y 2014, aún faltan asignar $us 320 millones que están en caja y banco.

En criterio del director regional oriente de la Fundación Tierra, Alcides Vadillo, el informe del contralor es solo la punta de iceberg. Recordó que la Ley Safco y las normas de control gubernamental establecen que todas las entidades del sector público están sujetas a una fiscalización

Fiscalía espera acordar otros cinco juicios en Terrorismo I

Luego de que los cuatro acusados en el juicio por el caso Terrorismo I, que se ventila desde 2008, se declararan culpables de los delitos por los que se los procesa, cinco detenidos más por el mismo caso anunciarán la intención de beneficiarse con un juicio abreviado.

Pero la negociación aún no se plasmó en ningún acuerdo con el Ministerio Público para que se resuelva el procedimiento abreviado.
“En el proceso ordinario, faltan 5 o 6 (personas) por fundamentar su defensa y luego viene la fase de producción de pruebas para entrar a alegatos y sentencia. Hay la intención de llegar a un procedimiento abreviado. Pero eso se tiene que plasmar en un acuerdo.

La intención es una cosa y otra es la real y objetiva solicitud de procedimiento abreviado, plasmado en un acuerdo entre el fiscal, el imputado y su abogado”, declaró ayer a EL DEBER el fiscal de materia que lleva el caso, Marco Antonio Rodríguez.

Desde el 13 hasta el 20 de febrero, el caso Terrorismo I, que involucró a decenas de personas en un acto divisionista encabezado por el boliviano-croata Eduardo Rózsa Flores, tomó un nuevo rumbo.
Primero, el testigo clave del caso, Ignacio Villa Vargas El Viejo, decidió beneficiarse con un juicio abreviado y se declaró culpable de los delitos imputados de terrorismo en el grado de complicidad y fue condenado a ocho años de cárcel.

Más tarde harían lo mismo el húngaro Elöd Tóásó y el boliviano-croata Mario Tadic, quienes recibieron una condena de cinco años y 10 meses, además de Juan Kudelka, condenado a seis años y nueve meses.
Para salir en libertad, estos sentenciados tienen que hacer un trámite ante un juez de ejecución penal que contabilizará el cumplimiento de la condena de cada uno de ellos.

El fiscal Rodríguez, sin embargo, fue cauto en describir los nombres de quienes estarían por negociar su inculpación penal debido a represalias dentro de la misma cárcel.

Rechazo
Sin embargo, el abogado Gary Prado, desde Santa Cruz, desmintió la posibilidad de otro inculpado y lamentó que la justicia aliente a “extorsiones abreviadas” de los acusados para lograr su libertad.

“Lo que hemos vivido ahora son extorsiones abreviadas. A los demás, van a seguir negándoles su derecho a defenderse en libertad para que la cárcel siga siendo un mecanismo de presión. Ayer conversamos con tres de los detenidos y con la esposa de uno que está en Beni a quien represento. Y los cuatro han expresado que no se van a someter al juicio abreviado y que van a seguir sosteniendo su derecho a defenderse de esta ignominiosa acusación”, dijo en Santa Cruz.

Por su parte, el senador y ex ministro de Gobierno Carlos Romero dijo que era importante para los imputados la aplicación de la Ley 586.
Por último, dijo que estos procesos “cierran la posibilida de poner en cuestionamiento la existencia o no de este hecho terrorista, de alzamiento armado”

Fiscalía: existen pruebas sobre actos de terrorismo y alzamiento armando

El fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, aseguró hoy que existen gran cantidad de evidencias para demostrar actos de terrorismo y alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, en el marco de la etapa probatoria del caso Terrorismo-Separatismo que se investiga desde 2009.

"Estamos en condiciones y esperamos entrar en la etapa probatoria o de producción de la prueba donde el Ministerio Público demostrará que en el país hubieron actos terroristas y alzamiento armando", aseveró ante versiones sobre el supuesto montaje del caso Terrorismo.

El caso Terrorismo se investiga desde abril de 2009, después que la policía desarticuló una célula terrorista en un céntrico hotel de la ciudad de Santa Cruz, que estaba encabezada por el boliviano-húngaro Eduardo Rózsa Flores.

Fondo pagó casi Bs 600.000 por una obra de Bs 100.000



En el caso denominado “Zapata”, el Fondo Indígena desembolsó casi Bs 600.000 para la construcción de una obra que solo costaría Bs 100.000, según la investigación inicial realizada por el Ministerio Público.

La causa fue denunciada el 26 de julio de 2014 por la Contraloría General del Estado ante la Fiscalía Anticorrupción, con lo que se dio inicio a la investigación.

En el informe de la Fiscalía al que tuvo acceso La Razón, se indica que una inspección efectuada por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia verificó que los dos galpones están “a media construcción (...) y que mediante un cálculo a grosso modo dichas construcciones no pasan de Bs 100.000, teniendo en cuenta que se solicitó 630.000 (como) primer desembolso”.

La Fiscalía requirió a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) identificar el movimiento de una cuenta bancaria en la que se depositó Bs 598.395, el 63% de los Bs 944.505 previstos para el módulo de producción de cerdos en la comunidad 26 de Julio Tierra Nueva, en San Javier (Beni).

“Javier Roca Gutiérrez con C.I. 1910605 Beni, habilitó a su nombre una cuenta bancaria privada en el BancoSol para que se le deposite el primer desembolso conforme a lo previsto en el convenio de financiamiento, importe que asciende a la suma de Bs 598.395, que equivale al 63% del total concretado. El depósito o primer desembolso fue realizado el 19 de diciembre de 2013”, indica el Ministerio Público.

La ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, autorizó en 2012 la cesión de recursos al Fondioc para 18 proyectos entre los que está el de los galpones.

Afirman que dinero del Fondo Indígena es desviado a desfiles

De los recursos que el Fondo Para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (FDPPIOYCC) destina al Fondo de Educación Cívica, una parte es desviada para financiar encuentros y movilizaciones convocadas por el Órgano Ejecutivo, afirmaron a Página Siete dos ex dirigentes indígenas.
"El Fondo Cívico fue aprobado para (dar recursos a) las universidades indígenas, pero en mi gestión las otras organizaciones (miembros del Fondo Indígena) aprobaron, a su gusto, que parte de los recursos sean para encuentros afines al Gobierno”, aseveró Félix Becerra, ex jiliri apu mallku (máxima autoridad) del Conamaq.
Rafael Quispe, diputado de Unidad Demócrata (UD) y exdirigente del Conamaq, denunció que parte de los recursos del Fondo Indígena es utilizada para financiar el traslado, refrigerio, estadía de los dirigentes y "sus bases”, que llegan para participar en el desfile indígena organizado por el Gobierno.
El secretario general de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Rodolfo Machaca, afín al MAS, negó que los recursos del Fondo Cívico sean destinados a participar en los actos del Gobierno y aseveró que son destinados a las universidades indígenas, para talleres, cursos de capacitación de los dirigentes miembros del Fondo Indígena.
"Son para temas de capacitación, actualizaciones de procesos administrativos. También son destinados a temas culturales, somos una entidad productiva”, explicó Machaca.
Mientras que Gregorio Choque, dirigente del Conamaq -sector social afín al MAS-, indicó que el dinero es transferido a tres universidades indígenas y otro monto es desembolsado para la Renta Dignidad.
Sostuvo que no reciben ni utilizan "un centavo” de los recursos del Fondo Indígena para participar en algún evento que organiza el MAS o el Gobierno. "Las organizaciones no manejamos los fondos, son nuestras bases que aportan y los dirigentes. Aportamos nuestro tiempo”.
Según el informe de gestión al 31 de diciembre de 2012, al que accedió Página Siete, el Fondo Indígena transfiere recursos mediante ley y decreto supremo para la Renta Dignidad, la Universidad Indígena Boliviana (Unibol), el Fondo de Educación Cívica y el Ministerio de Trabajo.
En 2012, el Fondo indígena presupuestó inicialmente para el Fondo de Educación Cívica 693.374 bolivianos, luego se incrementó a 491.012 bolivianos, lo que alcanza un total de 1.184.386 bolivianos para desembolsar. Sin embargo, tales recursos no fueron erogados, según el informe.

Página Siete se contactó con el director ejecutivo del Fondo Indígena, Marco Antonio Araníbar, quien explicó que se encontraba hospitalizado y no podría brindar información sobre el destino de los recursos que administra la entidad que dirige

Piden a Huanca no tener miedo y aclarar
El candidato del MAS a la Alcaldía de La Paz, Guillermo Mendoza, pidió a su correligionaria Felipa Huanca, que postula para ser gobernadora, no tener miedo y aclarar todo sobre los recursos del Fondo Indígena que administró en su calidad de dirigente de la Confederación de Mujeres Bartolina Sisa.
"Que aclare cualquier cosa que tenga que aclarar, El presidente Evo (Morales) ha sido muy claro con ella, con todos quienes vayan a declarar a la fiscalía (por el caso Fondo Indígena). Así que sin ningún miedo aclare lo que tiene que aclarar”, señaló Mendoza.
Felipa Huanca está involucrada en el caso de presunto daño económico al Estado por 71 millones de bolivianos en 153 proyectos inconclusos y no ejecutados.

Expresidenta del Fondo Indígena dice Felipa Huanca se adjudicó 2 proyectos

La expresidenta del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc), Elvira Parra, dijo este domingo a Erbol que la actual candidata del Movimiento Al Socialismo (MAS) a la Gobernación de La Paz, Felipa Huanca, se benefició con dos proyectos de esta entidad estatal.

La exrepresentante de la entidad de apoyo a indígenas indicó que Huanca con la Federación de Mujeres Bartolina Sisa paceña accedieron a fondos públicos y que a la fecha no dispone de información al respecto.

"Dos proyectos tuvo doña Felipa (Huanca) hay uno de Ayni (Productivo) y el otro para seguimiento a los mismos proyectos”, indicó.

Señaló que estos proyectos productivos apuntaban a carpas solares y artesanía, aunque no identificó detalles de su ejecución.

Apoyo a Huanca

Autoridades gubernamentales cerraron filas en apoyo a su candidata a la Gobernación paceña y dijeron que obró con transparencia en el manejo de recursos del Fondioc, además que hará los descargos correspondientes.

Parra dijo que para acceder a estos proyectos como otros, los solicitantes debían cumplir al menos trece pasos burocráticos, con la característica de una autofiscalización de la propia comunidad.

"El proyecto llega al viceministerio, se inicia con la atención de la necesidad de la comunidad, mediante un pequeño diseño. Ahí intervienen las organizaciones territoriales y llega al miembro del Fondo”, manifestó.

Descontrol

Cinco exdirigentes y autoridades que formaron parte del Directorio del Fondo Indígena admitieron que no hubo adecuado nivel de fiscalización y control de los recursos.

Identificaron muchas debilidades en el seguimiento a los proyectos e indiferencia de funcionarios de gobierno para interesarse en el tema.

sábado, 21 de febrero de 2015

Video ¿Cuál fue la organización que más se benefició con los dineros del Fondo Indígena?

Costas: Tóásó y Tadic compraron su libertad

Rubén Costas, candidato a la Gobernación de Santa Cruz, aseguró este sábado que Elöd Tóásó y Mario Tadic, sentenciados el viernes por el caso terrorismo, compraron su libertad a cambio de acusarlo de ser el responsable de haber traído al país a Eduardo Rózsa.

"Después de casi seis años en la cárcel dos personas han comprado su libertad a costa de decir que un muerto les dijo que se había reunido conmigo. Lamento mucho que hayan tenido que ganar su libertad de este modo tan indigno, aunque como ser humano, lo entiendo", dijo Costas.

Mario Tadic y Elöd Tóásó, condenados el viernes a cinco años y diez meses de prisión cada uno por el delito de alzamiento armado contra la seguridad del Estado con fines secesionistas, implicaron en ese plan a Costas, afirmando que este se reunió con Eduardo Rózsa y era parte del grupo que financiaba sus actividades.

El candidato de los Demócratas afirmó que hace seis años que la Fiscalía venía buscando implicarlo en este caso "ofreciendo la libertad a los acusados que lo hicieran" a pesar que fue investigado en los dos procesos abiertos sobre el tema sin que se encuentre nunca prueba alguna en su contra.

Seguirá su campaña

Costas agregó que no perderá su tiempo en "defender una inocencia que toda la gente de Santa Cruz conoce" y que dedicará su tiempo completo a la campaña electoral rumbo a las elecciones del 29 de marzo.

Además retó al Gobierno a derrotarlo por la vía del voto y no con otro tipo de mecanismos judiciales.

"Hay un modo de responder a esta infamia: las urnas, el voto: que nuestro voto les diga lo que pensamos. Y al Gobierno le digo, dejen de mentir y manipular, para sacar provecho, y si pueden gánenme democráticamente", aseguró.

Buscan inhabilitarlo, dice Samuel

Samuel Doria Medina, que es líder de Unidad Demócrata junto a Rubén Costas (UD), aseguró en su cuenta en Twitter que la intención de la acusación contra Costas no es otra que buscar su inhabilitación como candidato a la Gobernación de Santa Cruz.

"La rosca palaciega ante su inevitable derrota en Santa Cruz busca inhabilitar a Rubén Costas, nuestra solidaridad, Adelante Rubén", escribió.

Por su parte, el candidato a la Alcaldía de Santa Cruz por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Reymi Ferreira, aseguró al programa Asuntos Pendientes de EL DEBER Radio, que no es posible que se esté buscando una inhabilitación ya que para que suceda esto un candidato debe tener sentencia ejecutoriada, algo que puede tardar varios años en dictarse.

Ferreira además dijo que "personalmente" no cree que Costas esté implicado directamente en el caso terrorismo.

Mario Tadic acusa a Rubén Costas de traer a Rózsa

Uno de los sobrevivientes del asalto policial al hotel Las Américas, Mario Tadic, acusó ante el Tribunal de Sentencia al exgobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, de traer a Eduardo Rózsa y su equipo a Bolivia.

“Hemos estado apoyando a la gente que estábamos encubriendo, un montón de malos cruceños que nos han engañado. Nos han salido con un cuento, nos han tenido presos cinco años, nos han negociado permanentemente. Llegó el momento de que las cosas se sepan. El Gobernador nos trajo, estaba metida gente de la CAO, de la Cainco, había metida gente de las cooperativas. De una vez que se sepa, que reviente el ‘puchichi’”, dijo Tadic, según el diario digital Erbol.

El boliviano-croata junto con el húngaro Elöd Tóásó, se acogieron a juicio abreviado y fueron sentenciados por el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz a 5 años y 10 meses de presidio.

"He venido a Bolivia por la invitación de Rózsa Flores, él me dijo que vino a Bolivia a defender Santa Cruz, a organizar una defensa por una invitación de las organizaciones civiles de Santa Cruz y a invitación del gobernador Costas", contó Tóásó en la audiencia, reporta la agencia ABI.

Reunión Costas-Rózsa. Según la agencia ANF, Tóásó explicó que asistió a un encuentro invitado por Rózsa para una reunión con Rubén Costas en la plaza principal en un edificio blanco (Gobernación), donde le mostró "un acuerdo escrito con tres firmas". Posteriormente se convirtió en el asesor de la defensa y seguridad del Gobernador, "a pedido de organizaciones y la Gobernación".

Tadic indicó que Rózsa lo llevó una tarde a conocer al hermano del Gobernador, Pablo Humberto Costas. "El señor Beto Costas se comprometió a dar vehículo" para asistir a un acto. Tóásó aseguró que la Gobernación les dio al grupo de Rózsa permisos especiales de circulación cuando se organizó el referéndum autonómico (4 de mayo del 2008) en Santa Cruz, según ANF.

Guillén los llevó al hotel Las Américas. ANF sostiene que tanto Tadic como Tó

fondo indígena Líder del Tipnis identifica proyectos fantasmas

El presidente de la Subcentral Tipnis y excandidato presidencial por el Partido Verde, Fernando Vargas, denunció que constató dos proyectos fantasmas de recursos del Fondo Indígena de Bolivia.

“El primero, fue sobre un módulo porcino en la comunidad de Gundonovia del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis)”, afirmó Vargas.
Dijo que se presupuestó alrededor de Bs 400 mil, pero que al final nunca se ejecutó la obra.

Vargas sindicó al responsable administrativo y representante de Gundonovia, Domingo Calvimontes, nunca invirtió los recursos y que era uno de los que apoyaba al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana. Dijo que lo denunció en su momento al director del Fondo Indígena, Marco Aramayo, pero no hizo nada. Otro caso que también fue de conocimiento de Aramayo, fue otros dos proyectos con la Central Ayorea Nativa del Oriente Boliviano (Canob), por Bs 500 mil, pero fueron destinados a otros trabajos. “Me dijo que tuvo que viajar a la Canob, para enseñar cómo hacer sus descargos, en otras palabras, enseñarles a robar”, denunció. Lamentó que el Movimiento Al Socialismo (MAS), haya hecho desfalco de unos recursos que por ley les correspondía a los originarios, solamente con fines políticos.

Investigar desde el 2006. Por su parte, el senador de Unidad Demócrata (UD), Óscar Ortiz, dijo que solicitará la investigación desde el 2006 al 2014.

Ante esa situación, el legislador quien preside la Comisión de Pueblos Indígenas, pide que se investigue al directorio del Fondo, del cual es presidente la ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo.
Ortiz informó que ya se convocó al Senado a la mencionada ministra, al igual que Gabriel Herbas, titular de la Contraloría y al fiscal general, Ramiro Guerrero.

Acusan a ministra de amenaza. El secretario general de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Joel Guarachi, denunció que la ministra Achacollo, lo amenazó en una reunión del Directorio del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc) con procesarlo por denunciar ante Erbol la corrupción en el manejo de recursos y un proyecto “fantasma” de esa entidad estatal. “Incluso me atacó y me quería procesar, entonces yo dije públicamente en la reunión: “Si acusé falsamente, si me equivoqué, métame preso, yo me voy a Palmasola, tranquilamente, pero que me demuestren (que miento)”. Pero ahora todo lo que denuncié salió a la luz”, remarcó.

Mientras que la ministra Nemesia Achacollo, que preside el Directorio del Fondo Indígena, aseguró a Erbol que no conoce a Guarachi e indicó que no tiene ningún contacto con él.

Vicepresidente
Apunta a renovar y reestructurar el Fondo

Propuesta. El vicepresidente, Álvaro García Linera, manifestó su postura en torno al Fondo Indígena y apuntó a que este se mantenga, al ser una conquista del movimiento campesino, pero apuesta por una renovación y reestructuración. Sus declaraciones se dan en torno a un informe de auditoría del contralor General, Gabriel Herbas, que constata un daño económico al Estado por más de Bs 71 millones en 153 proyectos financiados por el Fondo Indígena. Actualmente, el Fondo se estructura en tres niveles: una asamblea general indígenas, un directorio de carácter decisorio y un nivel ejecutivo./ANF