domingo, 29 de abril de 2018
sábado, 28 de abril de 2018
jueves, 26 de abril de 2018
Evo Morales instruye ampliar investigación en caso Odebrecht
El presidente Evo Morales instruyó que la Comisión Mixta de investigación de la Asamblea Legislativa que incluya a todas las empresas que están implicadas en el caso Lava Jato, entre ellas Petrobras, OAS, Queiroz Galvao, Odebrecht, Camargo Correa, informó el diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Édgar Montaño.
“Hay la solicitud del presidente Evo Morales para que se investigue a la empresa brasileña OAS, además de Queiroz Galvao, Camargo Correa y todas las que están implicados en el caso Lava Jato”, dijo el legislador.
Aunque señaló que la comisión comenzará la indagación con los antecedentes y documentos del operativo Castillo de Arena, donde figuran tres iniciales de autoridades del desaparecido Servicio Nacional de Caminos que recibieron dinero para viabilizar la construcción de la carretera Roboré-El Carmen, en el departamento de Santa Cruz.
Por su parte, el diputado de Unidad Demócrata (UD), Norman Lazarte, único opositor dentro de la comisión, puntualizó que la información y los antecedentes analizados los retrotraen al período 2004-2006, pero que también se tomó en cuenta un periodo antes, cuando la empresa Petrobras firmó contratos petroleros con el país.
“La comisión no solamente se está circunscribiendo en estas dos empresas que están involucradas en el caso Lava Jato (…) también se está tomando en cuenta a las otras empresas, nos permitirá abrir un abanico de investigación, estamos requiriendo información de las empresas que también están involucradas n sobornos”, explicó Lazarte.
PRIMERAS INDAGACIONES
En tanto, la presidenta de la Comisión Mixta, Susana Rivero, sostuvo que en 2004 se inicia la negociación y gestiones entre los gobiernos de Brasil y Bolivia para que lleguen las empresas mencionadas para construir carreteras y se encarguen de proyectos energéticos, por lo que ese dato sirve para establecer que en caso de que haya habido sobornos, deben ser rastreados desde ese año.
“Mirando reportes de medios escritos de 2004, podemos establecer que el 8 de julio de ese año llega Luiz Inácio Lula da Silva y firma con el presidente de entonces, Carlos Mesa, una carta de intenciones en el punto 14 menciona una línea de crédito de 600 millones de dólares para la construcción de la carretera Roboré-El Carmen”, sostuvo Rivero.
Con esa información, Rivero dijo que la Comisión requerirá información a distintas entidades estatales, entre ellas la Procuraduría General del Estado, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), a Fundempresa, a la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas y a los ministerios de Obras Públicas Servicios y Vivienda, Economía y Finanzas Públicas, Presidencia y Relaciones Exteriores.
“Hay la solicitud del presidente Evo Morales para que se investigue a la empresa brasileña OAS, además de Queiroz Galvao, Camargo Correa y todas las que están implicados en el caso Lava Jato”, dijo el legislador.
Aunque señaló que la comisión comenzará la indagación con los antecedentes y documentos del operativo Castillo de Arena, donde figuran tres iniciales de autoridades del desaparecido Servicio Nacional de Caminos que recibieron dinero para viabilizar la construcción de la carretera Roboré-El Carmen, en el departamento de Santa Cruz.
Por su parte, el diputado de Unidad Demócrata (UD), Norman Lazarte, único opositor dentro de la comisión, puntualizó que la información y los antecedentes analizados los retrotraen al período 2004-2006, pero que también se tomó en cuenta un periodo antes, cuando la empresa Petrobras firmó contratos petroleros con el país.
“La comisión no solamente se está circunscribiendo en estas dos empresas que están involucradas en el caso Lava Jato (…) también se está tomando en cuenta a las otras empresas, nos permitirá abrir un abanico de investigación, estamos requiriendo información de las empresas que también están involucradas n sobornos”, explicó Lazarte.
PRIMERAS INDAGACIONES
En tanto, la presidenta de la Comisión Mixta, Susana Rivero, sostuvo que en 2004 se inicia la negociación y gestiones entre los gobiernos de Brasil y Bolivia para que lleguen las empresas mencionadas para construir carreteras y se encarguen de proyectos energéticos, por lo que ese dato sirve para establecer que en caso de que haya habido sobornos, deben ser rastreados desde ese año.
“Mirando reportes de medios escritos de 2004, podemos establecer que el 8 de julio de ese año llega Luiz Inácio Lula da Silva y firma con el presidente de entonces, Carlos Mesa, una carta de intenciones en el punto 14 menciona una línea de crédito de 600 millones de dólares para la construcción de la carretera Roboré-El Carmen”, sostuvo Rivero.
Con esa información, Rivero dijo que la Comisión requerirá información a distintas entidades estatales, entre ellas la Procuraduría General del Estado, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), a Fundempresa, a la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas y a los ministerios de Obras Públicas Servicios y Vivienda, Economía y Finanzas Públicas, Presidencia y Relaciones Exteriores.
miércoles, 25 de abril de 2018
martes, 24 de abril de 2018
sábado, 21 de abril de 2018
viernes, 20 de abril de 2018
Senador Núñez reitera denuncia de irregularidades con Corsan Corviam
El senador de Unidad Demócrata (UD), Yerko Núñez, reiteró ayer sus denuncias de presuntas irregularidades en los contratos del Estado con la empresa española Corsan Corviam, encargada de distintos proyectos, en este caso la construcción de la hidroeléctrica Miguillas en la que –según el legislador– existe supuestos delitos de soborno, uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles en el ejercicio de la función pública y contratos lesivos al Estado.
“La empresa Corsan Corviam contrató y pagó comisiones a una consultora, para lograr una invitación directa, esto significa que mediante un pago de comisión se adjudicó el proyecto de Hidroeléctrica Miguillas, aproximadamente 400 millones de dólares y que pago 3.5 millones de dólares como comisión de la adjudicación del proyecto”, aseveró Nuñez.
Es así que enviará una vez más solicitud de información al Fiscal General de Estado, Ramiro Guerrero, porque según él, los documentos que compartió con la prensa, sería evidencia sobre sus presunciones: Invitación a la empresa Corsan – Corviam por parte de ENDE, más un contrato entre Torrez Bejaranos & Asociados e Isolux Corsan – Corviam Construcción S.A, que tiene por objeto “facilitar oportunidades de inversión, emprendimientos y proyectos.
Nuñez indicó que hace un año exactamente están haciendo una serie de solicitudes para investigar el caso, ya que propusieron hacer una “comisión de fiscales”, pero hasta la fecha aún no responden.
“Es hace un año esta denuncia y hasta ahora no hay nada; el pasado 17 de abril de 2017, se requirió la creación de una comisión de fiscales; el 25 de abril se solicitó la anotación preventiva de bienes del señor Iván Guillermo Torrez Orozco, titular de la consultora Torrez”, señaló.
Para terminar de explicar este largo peregrinar de papeles que van a las instancias respectivas con el fin de lograr una respuesta sobre las presuntas irregularidades pero que aún no tiene respuesta, la autoridad legislativa añadió.
“Ya para el 4 de mayo, del año pasado, una vez más pusimos en conocimiento la posible comisión de delitos de acción pública en el proyecto hidroeléctrica miguillas, y volvimos a enviar otra vez la nota el 1 de junio para dar a conocer de posibles irregularidades en el proceso de licitación y adjudicación del mismo proyecto”, dijo.
Destacó que son más de 700 millones de dólares que la empresa Corsan Corviam, tiene asignada en cuatro proyectos, de los cuales dos ya concluyó, uno abandonó y el otro es la hidroeléctrica miguillas de las que se presumen los hechos fraudulentos, según el legislador.
“La empresa Corsan Corviam tiene cuatro proyectos en Bolivia; ya concluyó dos, la primera fue la carretera Quiquibey – Yucumo en Beni; la doble vía Oruro - La Paz y las otras dos; no pudo concluir la carretera San Buenaventura – Ixiamas y justo en el caso del proyecto Hidroeléctrico Miguillas, está presumiblemente el cobro de comisiones”, aseguró.
“La empresa Corsan Corviam contrató y pagó comisiones a una consultora, para lograr una invitación directa, esto significa que mediante un pago de comisión se adjudicó el proyecto de Hidroeléctrica Miguillas, aproximadamente 400 millones de dólares y que pago 3.5 millones de dólares como comisión de la adjudicación del proyecto”, aseveró Nuñez.
Es así que enviará una vez más solicitud de información al Fiscal General de Estado, Ramiro Guerrero, porque según él, los documentos que compartió con la prensa, sería evidencia sobre sus presunciones: Invitación a la empresa Corsan – Corviam por parte de ENDE, más un contrato entre Torrez Bejaranos & Asociados e Isolux Corsan – Corviam Construcción S.A, que tiene por objeto “facilitar oportunidades de inversión, emprendimientos y proyectos.
Nuñez indicó que hace un año exactamente están haciendo una serie de solicitudes para investigar el caso, ya que propusieron hacer una “comisión de fiscales”, pero hasta la fecha aún no responden.
“Es hace un año esta denuncia y hasta ahora no hay nada; el pasado 17 de abril de 2017, se requirió la creación de una comisión de fiscales; el 25 de abril se solicitó la anotación preventiva de bienes del señor Iván Guillermo Torrez Orozco, titular de la consultora Torrez”, señaló.
Para terminar de explicar este largo peregrinar de papeles que van a las instancias respectivas con el fin de lograr una respuesta sobre las presuntas irregularidades pero que aún no tiene respuesta, la autoridad legislativa añadió.
“Ya para el 4 de mayo, del año pasado, una vez más pusimos en conocimiento la posible comisión de delitos de acción pública en el proyecto hidroeléctrica miguillas, y volvimos a enviar otra vez la nota el 1 de junio para dar a conocer de posibles irregularidades en el proceso de licitación y adjudicación del mismo proyecto”, dijo.
Destacó que son más de 700 millones de dólares que la empresa Corsan Corviam, tiene asignada en cuatro proyectos, de los cuales dos ya concluyó, uno abandonó y el otro es la hidroeléctrica miguillas de las que se presumen los hechos fraudulentos, según el legislador.
“La empresa Corsan Corviam tiene cuatro proyectos en Bolivia; ya concluyó dos, la primera fue la carretera Quiquibey – Yucumo en Beni; la doble vía Oruro - La Paz y las otras dos; no pudo concluir la carretera San Buenaventura – Ixiamas y justo en el caso del proyecto Hidroeléctrico Miguillas, está presumiblemente el cobro de comisiones”, aseguró.
jueves, 19 de abril de 2018
Caso Odebrecht Comisión suscribirá convenios para obtener documentos legales
La Comisión Mixta de Investigación del caso Odebrecht de la Asamblea Legislativa realizará convenios interinstitucionales para obtener documentación legalizada de los supuestos sobornos que recibieron autoridades bolivianas para la adjudicación de proyectos.
“Estamos planteando que las sesiones sean martes o miércoles, se aprobó un plan de trabajo que en esta semana y la próxima se definirá realizar convenios interinstitucionales para que la documentación a la que podamos acceder tenga la legalidad correspondiente”, explicó la senadora Adriana Salvatierra.
Anteriormente indicó que estos documentos serán solicitados vía Cancillería o de manera directa a las autoridades del Brasil y Perú, quienes investigaron los sobornos vinculados al caso Odebrecht y Lava Jato. a la vez se establecerá el presupuesto y la metodología que implementarán en la investigación.
COMISIÓN PARALELA
De forma paralela, el senador Arturo Murillo (UD) fue elegido como el presidente de la comisión opositora que investiga el caso Lava Jato, y las irregularidades en que habrían incurrido empresas brasileñas en las contracciones estatales.
Dicha comisión paralela realizó ayer su primera reunión en la que Murillo fue elegido como presidente por unanimidad.
La Asamblea Legislativa que eligió una Comisión Mixta para este caso, a la cabeza de Susana Rivero, pero la oposición consideró que esa investigación no tocaría el actual gobierno, por lo cual decidió realizar sus propias pesquisas.
Anunció que para la investigación se elaborará una lista de personas que protagonizaron juicios y demandas por este caso en otros países, con el objetivo de que vengan a Bolivia a dar su testimonio.
El senador de Unidad Demócrata (UD), Óscar Ortiz, manifestó que la Comisión paralela de investigación está revisando la información que disponen, las cuales fueron recolectadas durante el trabajo de fiscalización de los parlamentarios de oposición que se hizo entre el 2006 y 2009.
Rechazó las declaraciones del ministro de Obras Públicas, Milton Claros, quien indicó que no se presentará en caso de ser convocado por la comisión de oposición, ya que no tendría la validez de la Asamblea Legislativa para continuar con las investigaciones.
“Cualquier senador puede pedir informe a los ministros, estamos bajo nuestra competencia de fiscalizadores. Vamos a continuar con la investigación y solicitaremos informes a la Contraloría General del Estado, al Ministerio de Obras Públicas y todos los documentos que sean pertinentes”, resaltó Ortiz.
“Estamos planteando que las sesiones sean martes o miércoles, se aprobó un plan de trabajo que en esta semana y la próxima se definirá realizar convenios interinstitucionales para que la documentación a la que podamos acceder tenga la legalidad correspondiente”, explicó la senadora Adriana Salvatierra.
Anteriormente indicó que estos documentos serán solicitados vía Cancillería o de manera directa a las autoridades del Brasil y Perú, quienes investigaron los sobornos vinculados al caso Odebrecht y Lava Jato. a la vez se establecerá el presupuesto y la metodología que implementarán en la investigación.
COMISIÓN PARALELA
De forma paralela, el senador Arturo Murillo (UD) fue elegido como el presidente de la comisión opositora que investiga el caso Lava Jato, y las irregularidades en que habrían incurrido empresas brasileñas en las contracciones estatales.
Dicha comisión paralela realizó ayer su primera reunión en la que Murillo fue elegido como presidente por unanimidad.
La Asamblea Legislativa que eligió una Comisión Mixta para este caso, a la cabeza de Susana Rivero, pero la oposición consideró que esa investigación no tocaría el actual gobierno, por lo cual decidió realizar sus propias pesquisas.
Anunció que para la investigación se elaborará una lista de personas que protagonizaron juicios y demandas por este caso en otros países, con el objetivo de que vengan a Bolivia a dar su testimonio.
El senador de Unidad Demócrata (UD), Óscar Ortiz, manifestó que la Comisión paralela de investigación está revisando la información que disponen, las cuales fueron recolectadas durante el trabajo de fiscalización de los parlamentarios de oposición que se hizo entre el 2006 y 2009.
Rechazó las declaraciones del ministro de Obras Públicas, Milton Claros, quien indicó que no se presentará en caso de ser convocado por la comisión de oposición, ya que no tendría la validez de la Asamblea Legislativa para continuar con las investigaciones.
“Cualquier senador puede pedir informe a los ministros, estamos bajo nuestra competencia de fiscalizadores. Vamos a continuar con la investigación y solicitaremos informes a la Contraloría General del Estado, al Ministerio de Obras Públicas y todos los documentos que sean pertinentes”, resaltó Ortiz.
miércoles, 18 de abril de 2018
Rózsa se vinculó con las logias cruceñas para guerra separatista
El terrorista húngaro-boliviano Eduardo Rózsa Flores llegó a Bolivia en 2008, luego de ser contactado y colaborado por autoridades cívicas y políticas de Santa Cruz para “coordinar la defensa” departamental, aunque las investigaciones posteriores develaron que confabulaba, junto con los que lo trajeron, para la división del país y la creación de otra nación.
Según el informe conclusivo de la comisión especial multipartidaria de la Cámara Baja de 2009, antes de llegar a Bolivia, Rózsa le pidió al periodista András Kepes una entrevista en la que le dijo que no vendría en calidad de turista.
“No, no. Sería demasiado evidente pues, aunque se guarda el secreto, hasta ayer sólo sabían cinco personas de mi llegada. El plan es el siguiente: me expiden el billete de avión, lo pagan ellos. No sé todavía de qué manera desde aquí de Europa, pero lo importante es que llegaré a una ciudad de Mato Grosso de Brasil, llamada Campo Grande. Allí me esperarán con un automóvil. Me llevarán a un sitio concreto, cerca de la frontera verde, donde pasaremos la frontera con personas contrabandistas conocidas por mis contactos. En el otro lado me esperará un coche. Me llevarán a un alojamiento preparado”.
Las personas encargadas de pagar el pasaje de avión desde Madrid (España) hasta Santa Cruz y recibirlo eran, según Rózsa, un “consejo cruceño”, mismos con los que habría avanzado en la organización del plan de “defensa”.
“El consejo cruceño está planteando una estrategia, tiene un plan de defensa. Este plan exige que se cuide la propiedad privada, que los ciudadanos puedan vivir en paz y que hay que defender a las autoridades como el prefecto y otros ciudadanos”.
Si bien Rózsa habló de un plan de “defensa”, se refería a “defender” a Santa Cruz del Ejército boliviano, al mismo tiempo habló de acciones ofensivas al conformar una milicia y declarar la independencia de Santa Cruz.
“Si no hay autonomía y no podemos vivir juntos, vamos a gritar que somos independientes y haremos un nuevo país. Ésa es la idea, primero están probando razonar para prevenir la matanza de la gente, pero queremos mostrar fuerza e independizarnos”, aseveró.
La confirmación de los recursos económicos para la llegada de Eduardo Rózsa al país se dio durante una escalada de violencia, alentada por los comités cívicos de Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando, como por sus prefecturas, luego de reuniones con comités cívicos y el entonces embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg.
Se destinó el dinero y se confirmó el arribo de Rózsa Flores. La programación de sus actividades separatistas fueron establecidas para un par de meses con “recursos políticos, pero señalando la fuerza”, para luego entrar al escenario militar.
“Hay que estar preparados para que dentro de un par de meses lleguemos a que, si no hay autonomía, si no hay convivencia con autonomía, proclamaremos la independencia y fundaremos un país nuevo”.
Eduardo Rózsa Flores no iba a trabajar solo ni únicamente con bolivianos. Como se pudo evidenciar, su equipo de trabajo más cercano estaba compuesto por extranjeros, a excepción de Mario Tadic, que es boliviano, pero vivía en Europa. Teniendo a Rózsa como contacto en Bolivia, llegaron siete extranjeros y un boliviano, y su ingreso quedó registrado.
Conspiración y plan de guerra
El 12 de noviembre, Rózsa escribió un mail a Istvan (belovia@ hushmail.com) y le detalló algunos elementos sobre las operaciones en Santa Cruz.
Primero le aclaró que se trataba de una operación militar civil, que aún no tenía nombre, pero que existía un grupo de poder que estaba detrás del asunto, “que son los que dan el apoyo financiero y logístico”.
Aclaró que el comandante de la operación militar era él y que desde el ámbito civil “funciona una especie de consejo” con el que tomó contacto un año y medio atrás, y que lo buscaron por su experiencia bélica en Croacia, por lo que ni bien llegó a Santa Cruz organizó la estructura militar.
En la misma carta indicó que contaba con un equipo de 50 personas, con las que conformaría su grupo operativo militar, que debía estar en condiciones de acción bélica entre el 15 de enero y el 25 de febrero de 2009.
El objetivo de esta organización militar, según Rózsa, sería impedir que el Gobierno mantenga el control sobre la ciudad de Santa Cruz y las provincias, y caracterizó a ese movimiento armado como anticomunista y antiindígena.
“Podemos hablar de semanas, pero en algunos casos, en caso de fragmentación –territorial– se podría esperar una crisis de años –efecto de Kosovo”, detalló en su declaración.
Rózsa contempló la alternativa posible de que algunos militares, una vez iniciado el conflicto, se unan y posibiliten un golpe de Estado. Sin embargo, tenía claro que la opción más viable era una guerra civil separatista, con enfrentamientos militares durante varios años y con miles de muertos (Kosovo).
Patrocinadores
Rózsa aseguraba tener limitados recursos financieros y logísticos, aunque confiaba en que su misión sería exitosa en la medida en que estaba de su lado “un grupo de consejeros excelentes”, dispuesto a apoyar política y económicamente.
“Los miembros del consejo, o sea las cabezas visibles, los dirigentes del movimiento: Rubén Costas Aguilera (actual gobernador cruceño), Branko Marinkovic (presidente del Comité Cívico, una organización con gran influencia, es también llamado por los de Santa Cruz el Gobierno Moral), Eduardo Paz (presidente de la Cámara de Comercio y de Industria), Mauricio Roca (presidente de la Cámara de Agricultura y de Ganaderos de la Bolivia oriente), Germán Antelo (expresidente del Comité Cívico)”.
La composición de este consejo coincidía en número con la información que proporcionó Rózsa a Kepes.
Durante diciembre de 2008 y enero de 2009, Rózsa escribió un conjunto de notas a sus financiadores.
En la primera pidió el alquiler de 10 equipos para comunicación y cuadratracks, para llevar adelante un atentado contra un monumento a Ernesto Che Guevara, presumiblemente en La Higuera, antes de Navidad. Luego mencionó un contacto para operaciones en Beni, Humberto Rivera, con “bastante dinero, Pablo Klisnky, exdiputado de Podemos por Santa Cruz, Marcos Serrate”, así como otras posibles fuentes de financiamiento “de preferencia logieros”, e incluyó a Luis Alberto Nostas y a Remer Antelo, entre otros.
Preparaba un grupo de 3.500 hombres
El objetivo del trabajo inicial de Rózsa consistía en la formación de una milicia de 1.000 hombres entrenados en artes militares y 2.500 (número variable) entrenados en técnicas de resistencia civil.
También identificó dos objetivos militares: uno rural, Yapacaní, y uno urbano, el Plan 3.000, con población mayoritariamente migrante del occidente.
Consideraba también que la resistencia en Santa Cruz provocaría la deslegitimación del Gobierno central y su eventual caída como, según dijo, demuestra la historia.
Otro dato importante develado por Rózsa fue que ya tenía contactos con militares jubilados y militares activos.
Señaló que los instrumentos financieros que eran limitados y provenían de círculos y organizaciones empresariales aportaron probables $us 25 millones para hacer “frente” al gobierno de Evo Morales.
Rózsa bautizó su actividad como Operación Media Luna y expresó su preocupación por el bajo número de combatientes, aunque creyó que era un número variable, pero alcanzable en las condiciones dadas hasta el 15 de enero.
Estos planes conspirativos, separatistas y terroristas fueron detectados por agentes de Inteligencia, por lo que la madrugada del 16 de abril un contingente policial ingresó al hotel Las Américas para aprehenderlo junto a sus cómplices; sin embargo, el grupo terrorista-separatista se resistió y arremetió contra los uniformados.
El intercambio de disparos culminó con la muerte de Eduardo Rózsa Flores, Martin Dwyer y Árpád Magyarosi, mientras que se capturó a Elöd Tóásó y Mario Tadic.
En su audiencia cautelar, ambas personas aseguraron que dirigentes y políticos cruceños los trajeron a Bolivia para defender a Santa Cruz, pero que fueron engañados.
martes, 17 de abril de 2018
sábado, 14 de abril de 2018
martes, 10 de abril de 2018
lunes, 9 de abril de 2018
Email de Odebrecht cita a Morales en plan de negocios vía Lula
La Policía Federal de Brasil dentro de las investigaciones sobre la operación “Lava Jato” halló un e-mail fechado el 15 de enero de 2009 en el que el empresario Marcelo Bahia Odebrecht menciona al presidente Evo Morales, en supuestas conversaciones con Luiz Inácio Lula da Silva, para que intercediera ante el mandatario boliviano en negocios del grupo empresarial en el sector petroquímico.
Publicaciones de prensa, citadas por el co-procesado del caso terrorismo Hugo Achá, refugiado en EEUU, indican el contenido del correo electrónico en el que Odebrecht explica a sus socios Bernardo Afonso de Almeida, Roberto Ramos, Joao Grubisich e Luis Antonio Mameri, con copia a cuatro personas del grupo empresarial, que tuvo oportunidad de hablar con Lula en la ciudad de Santa Cruz, donde participó de un acto para lanzar el proyecto del Corredor Bioceánico junto a Evo Morales y posiblemente Hugo Chávez. “Acabo de tener la oportunidad de conversar con Lula y Chávez mientras estaban en el postre. Lula insistió con Evo la cuestión del Polo Petroq. Evo llamó al Ministro de Hidrocarburos y fue combinado una presentación por parte de Braskem”, dice parte del mensaje del 15 de enero de 2009.
PETICIÓN A NOMBRE DE EVO MORALES
En el mismo email, Odebrecht relata una petición hecha por Lula en nombre del Presidente de Bolivia. “Lula después me pidió mirar un proyecto de azúcar y alcohol de interés de Evo en el norte de Santa Cruz”, añade indica una publicación del matutino Estado de Sao Paolo del 16 de febrero de 2016. En el discurso del ex presidente de Brasil, que está archivado en los registros del Planalto, cita en sus homenajes de apertura de proyecto carretero la presencia de Marcelo Odebrecht que mantuvo una estrecha relación directa y cercana con Lula entre 2003-2010 y luego de su mandato.Achá emplazó al presidente Morales negar la realización de esa reunión descrita con detalles, horarios, lugares y circunstancias en las que se dio el encuentro, insinuando si no lo hace, llegará algún momento en que tendrá que responder por sus hechos.
Achá considera que la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa debería investigar todos estos extremos porque es parte del sistema de corrupción que fue descubierto en Brasil y permitió encarcelar a prominentes políticos y empresarios ligados al Odebrechet, OAS y Camargo Correa que operaron también en Bolivia en proyectos carreteros.El empresario brasileño Marcelo Odebrecht salió de la cárcel de Curitiba en diciembre de 2017 después de casi dos años. Antes había sido sentenciado a 19 años de presidio y por un acuerdo con la Fiscalía redujo 10 años de su pena, tras pagar una multa de 2.038 millones de dólares. Luego, varios ejecutivos y exejecutivos de Odebrecht fueron revelando datos sobre actos de corrupción que involucraron a autoridades públicas de Brasil y otros países de Latino América. (Erbol)
Publicaciones de prensa, citadas por el co-procesado del caso terrorismo Hugo Achá, refugiado en EEUU, indican el contenido del correo electrónico en el que Odebrecht explica a sus socios Bernardo Afonso de Almeida, Roberto Ramos, Joao Grubisich e Luis Antonio Mameri, con copia a cuatro personas del grupo empresarial, que tuvo oportunidad de hablar con Lula en la ciudad de Santa Cruz, donde participó de un acto para lanzar el proyecto del Corredor Bioceánico junto a Evo Morales y posiblemente Hugo Chávez. “Acabo de tener la oportunidad de conversar con Lula y Chávez mientras estaban en el postre. Lula insistió con Evo la cuestión del Polo Petroq. Evo llamó al Ministro de Hidrocarburos y fue combinado una presentación por parte de Braskem”, dice parte del mensaje del 15 de enero de 2009.
PETICIÓN A NOMBRE DE EVO MORALES
En el mismo email, Odebrecht relata una petición hecha por Lula en nombre del Presidente de Bolivia. “Lula después me pidió mirar un proyecto de azúcar y alcohol de interés de Evo en el norte de Santa Cruz”, añade indica una publicación del matutino Estado de Sao Paolo del 16 de febrero de 2016. En el discurso del ex presidente de Brasil, que está archivado en los registros del Planalto, cita en sus homenajes de apertura de proyecto carretero la presencia de Marcelo Odebrecht que mantuvo una estrecha relación directa y cercana con Lula entre 2003-2010 y luego de su mandato.Achá emplazó al presidente Morales negar la realización de esa reunión descrita con detalles, horarios, lugares y circunstancias en las que se dio el encuentro, insinuando si no lo hace, llegará algún momento en que tendrá que responder por sus hechos.
Achá considera que la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa debería investigar todos estos extremos porque es parte del sistema de corrupción que fue descubierto en Brasil y permitió encarcelar a prominentes políticos y empresarios ligados al Odebrechet, OAS y Camargo Correa que operaron también en Bolivia en proyectos carreteros.El empresario brasileño Marcelo Odebrecht salió de la cárcel de Curitiba en diciembre de 2017 después de casi dos años. Antes había sido sentenciado a 19 años de presidio y por un acuerdo con la Fiscalía redujo 10 años de su pena, tras pagar una multa de 2.038 millones de dólares. Luego, varios ejecutivos y exejecutivos de Odebrecht fueron revelando datos sobre actos de corrupción que involucraron a autoridades públicas de Brasil y otros países de Latino América. (Erbol)
Navarro: Rózsa alentaba la ruptura territorial de Bolivia
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que admitió la demanda del caso terrorismo, debe considerar que un grupo criminal alentaba la ruptura territorial y que en el país prevalecía la violencia racial y política, dijo ayer César Navarro.
“La CIDH no puede ocultar ese tipo de violencia porque a partir de esos hechos (de tipo racial) se estaba queriendo producir una ruptura territorial, simbólicamente presentaron el billete de 100 cruceños, el escudo de la República de Santa Cruz, pero en los hechos lo que estaban expresando es el quiebre de nuestra querida Bolivia”, manifestó.
Navarro, actualmente ministro de Minería, hizo esas declaraciones en ‘El pueblo es noticia’, que difunden Bolivia TV y la red Patria Nueva, y habló del hecho porque en su condición de diputado por Potosí formó parte de la comisión multipartidaria que investigó esos hechos.
El 16 de abril de 2009, en un enfrentamiento con la Policía que intervino el hotel Las Américas, de la ciudad de Santa Cruz, fueron abatidos el cabecilla del grupo Eduardo Rózsa Flores (boliviano-croata), Arpád Magyarosi (húngaro-rumano) y Michael Dwyer (irlandés).
“La CIDH tiene que hacer una evaluación de cuál es el papel que desempeñaban porque el Estado no los acusa simplemente porque son personas naturales, sino porque estas personas naturales tienen algún tipo de vínculo de participar con este grupo criminal”, dijo.
Según Navarro, el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) certificó técnicamente que hubo cruce de balas y no es evidente que fueron ejecutados, como afirman.
violencia racial
Navarro recordó que el 23 de mayo de 2007, bajando del aeropuerto en Sucre, con Angel Moscoso fueron atacados físicamente. “Salí en un vehículo particular, a la senadora Carmen (de Potosí) le echaron con pintura porque identificaban a los del MAS, del Gobierno e indígenas como enemigos de Sucre, tal era el grado de violencia racial que se vivía ese momento”.
Los años 2007 y 2008 se vivieron momentos duros, la violencia racial y política, así como el clima de radicalidad, predominaba en algunas capitales.
Se fugaron los que pagaron pasajes y hospedaje
Los responsables de cubrir los gastos del grupo terrorista abandonaron el país el primer y segundo día después de lo que sucedió en el hotel Las Américas, dijo César Navarro.
Entre los que fugaron del país están Hugo Achá, que era el recaudador y a quien Eduardo Rózsa le reclamó porque los recursos económicos no llegaban. También Orlando Justiniano, que dirigía el grupo La Torre y denunciado por una empresaria cruceña, ambos podrían decir “el destino de miles de dólares para estos hechos criminales”, dijo.
“Los que escaparon deben explicar por qué pagaron los pasajes en avión (AeroSur) de personas que no conocían y quiénes les dieron los recursos para pagar los viajes y el hospedaje”, manifestó.
Eduardo Rózsa llegó al país en agosto de 2008 con personas reclutadas en el exterior para realizar acciones terroristas, asesinar gente y lograr la ruptura territorial.
Navarro dijo que la comisión multipartidaria, integrada por el MAS, MNR, UN y Podemos, entregó tres cajas con documentación, que incluía facturas, al Ministerio Público y al fiscal Marcelo Sosa.
domingo, 8 de abril de 2018
Exfuncionarios de la CNS, a la cárcel
Los dos exfuncionarios de la Caja Nacional de Salud (CNS) que robaron equipos del Hospital Obrero, valorados en 80 mil dólares, fueron remitidos ayer preventivamente a la cárcel de San Pedro.
El jefe de la División Anticorrupción de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), mayor Luis Fernando Guarachi, explicó que la calificación del delito para los funcionarios es peculado (malversación de fondos públicos) y para los particulares es receptación (encubrimiento).
La audiencia judicial se realizó el viernes. Un ventilador eléctrico especial y un capnógrafo fueron robados de la sala de terapia intensiva del Hospital Obrero, el 18 de enero. Los equipos se encuentran en la FELCC y los próximos días serán devueltos al principal centro hospitalario de la ciudad de La Paz.
“La denuncia de un técnico de la empresa que provee esos equipos a los centros médicos, quien se percató de que los objetos pertenecían a la Caja Nacional de Salud, facilitó la aprehensión de los sospechosos, el miércoles”, informó recientemente el director de la FELCC, coronel Jhonny Aguilera.
Caso Odebrecht: “Hay ciertos indicios”, según Ballivián
La mejor decisión que ha tomado el presidente Evo Morales es que una comisión legislativa investigue el caso Odebrecht “porque obviamente hay ciertos indicios”, opinó Patricia Ballivián, exautoridad de Caminos.
“Está claro para todos los bolivianos que son etapas anteriores; si se hace un repaso de todo lo que ha sido antes, siempre ha habido ciertos manejos que no han sido correctos”, afirmó.
Ballivián dijo que cuando estuvo en el Servicio Nacional de Caminos (SNC), desde 2004 hasta febrero de 2006, presentó denuncias.
“Hicimos una reestructuración importante, por eso hoy se llama Administradora Boliviana de Carreteras (ABC)”, sostuvo.
“En principio, desde que asumimos, había cosas irregulares y las pusimos a conocimiento del Ministerio Público; se llevaron los procesos correspondientes, se prestó todo el apoyo”, aseveró.
Indicó que la denuncia que involucra a las empresas brasileñas Camargo y Correa y Odebrecht es nueva y sale de un informe que ha sido investigado.
“Nosotros cooperaremos como siempre con todo”, afirmó Ballivián, quien en la actualidad se desempeña como gerente del Servicio de Desarrollo de las Empresas Productivas (Sedem).
sábado, 7 de abril de 2018
viernes, 6 de abril de 2018
jueves, 5 de abril de 2018
miércoles, 4 de abril de 2018
Diputado Corrupto Victor Gutierrez amenaza con cárcel al que firme libro de revocatorio
Los ciudadanos que firman los libros para solicitar el revocatorio del diputado Víctor Gutiérrez pueden ir a la cárcel. La amenaza fue realizada por el mismo legislador que dejó las filas de la oposición para pasarse al MAS.
“(A) muchos de los firmantes de los libros los vamos a descubrir porque no te olvides que tienen que poner nombre y apellido (en los libros), vamos a saber sus antecedentes penales, qué cuentas pendientes tienen con el Estado, quiénes son evasores de impuestos, quiénes tienen deudas con la justicia, quiénes han blanqueado dinero a lo largo de más de 30 años en el país, (vamos a identificar a) todos ellos coaliados en distintas siglas, vasallos de (Carlos) Sánchez Berzaín, etcétera, etcétera. A todos ellos los vamos a desenmascarar y los vamos a poner en la cárcel”.
Las declaraciones fueron compartidas en redes sociales. Este medio intentó tomar contacto con el legislador, pero no fue posible porque su número corporativo estaba apagado.
Gutiérrez fue elegido como diputado uninominal por la Circunscripción 20 de Cocchabamba con la sigla de Unidad Demócrata (UD), una alianza entre el Movimiento Demócrata Social (MDS) y Unidad Nacional (UN). Él y su suplente, Cira Castro, obtuvieron un respaldo de 56%.
No obstante, el parlamentario se pasó a las filas del Movimiento Al Socialismo y en una muestra de lealtad al partido oficialista respaldó el pedido de reelección indefinida del presidente Evo Morales ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, instancia que concedió el pedido.
Este año fue elegido como vicepresidente de la Cámara de Diputados con respaldo de los parlamentarios del MAS.
Su partido inició el trámite para recuperar su curul, para que sea habilitada su suplente porque infringió la Ley de Partidos, pero el proceso no avanza.
Milton Mamani, uno de los impulsores del revocatorio de mandato contra el parlamentario, dijo que el proceso de recolección de firmas está en pleno desarrollo y hay mucha convocatoria.
Después de la amenaza de Gutiérrez se instalarán más puntos de recojo de rúbricas y realizarán más difusión en redes sociales y medios de comunicación.
Una de las razones para solicitar un referendo revocatorio es el transfugio político y la falta de gestión para su circunscripción. “Defraudó a sus electores al pasarse al MAS”, dijo Mamani.
Según la norma electoral para solicitar la revocatorio de mandato de un legislador uninominal se requiere las firmas del 30% del electorado de la circunscripción, en el caso de Gutiérrez se necesitan 42.000 firmas.
“(A) muchos de los firmantes de los libros los vamos a descubrir porque no te olvides que tienen que poner nombre y apellido (en los libros), vamos a saber sus antecedentes penales, qué cuentas pendientes tienen con el Estado, quiénes son evasores de impuestos, quiénes tienen deudas con la justicia, quiénes han blanqueado dinero a lo largo de más de 30 años en el país, (vamos a identificar a) todos ellos coaliados en distintas siglas, vasallos de (Carlos) Sánchez Berzaín, etcétera, etcétera. A todos ellos los vamos a desenmascarar y los vamos a poner en la cárcel”.
Las declaraciones fueron compartidas en redes sociales. Este medio intentó tomar contacto con el legislador, pero no fue posible porque su número corporativo estaba apagado.
Gutiérrez fue elegido como diputado uninominal por la Circunscripción 20 de Cocchabamba con la sigla de Unidad Demócrata (UD), una alianza entre el Movimiento Demócrata Social (MDS) y Unidad Nacional (UN). Él y su suplente, Cira Castro, obtuvieron un respaldo de 56%.
No obstante, el parlamentario se pasó a las filas del Movimiento Al Socialismo y en una muestra de lealtad al partido oficialista respaldó el pedido de reelección indefinida del presidente Evo Morales ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, instancia que concedió el pedido.
Este año fue elegido como vicepresidente de la Cámara de Diputados con respaldo de los parlamentarios del MAS.
Su partido inició el trámite para recuperar su curul, para que sea habilitada su suplente porque infringió la Ley de Partidos, pero el proceso no avanza.
Milton Mamani, uno de los impulsores del revocatorio de mandato contra el parlamentario, dijo que el proceso de recolección de firmas está en pleno desarrollo y hay mucha convocatoria.
Después de la amenaza de Gutiérrez se instalarán más puntos de recojo de rúbricas y realizarán más difusión en redes sociales y medios de comunicación.
Una de las razones para solicitar un referendo revocatorio es el transfugio político y la falta de gestión para su circunscripción. “Defraudó a sus electores al pasarse al MAS”, dijo Mamani.
Según la norma electoral para solicitar la revocatorio de mandato de un legislador uninominal se requiere las firmas del 30% del electorado de la circunscripción, en el caso de Gutiérrez se necesitan 42.000 firmas.
martes, 3 de abril de 2018
Opositores aseguran que es para “lavarse la cara” Presidente instruye investigar caso Odebrecht
El presidente Evo Morales instruyó a la Asamblea Legislativa conformar una comisión mixta para investigar sobre presuntos casos de corrupción entre autoridades bolivianas y la empresa brasileña Odebrecht. Ante esto, la oposición aseguró que estas acciones solo son para “lavarse la cara”, dijo que hay nerviosismo en el Gobierno.
“Quiero decirles que el Gobierno es el más interesado (en) que se investigue sobre el caso Lava Jato. Decirles que este Gobierno y el Presidente no están involucrados en ningún caso de corrupción y menos por este caso relacionado con la empresa brasileña”, señaló Morales, en un contacto escueto con los medios de comunicación.
La autoridad gubernamental también ordenó que en estas investigaciones deben participar la Policía, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Justicia, para que se pueda identificar las presuntas posibles vinculaciones.
Al respecto, el presidente de la bancada de senadores de Unidad Demócrata (UD), Arturo Murillo, manifestó que esta comisión solo será para “lavarse la cara” y ocultar las presuntas vinculaciones que tendría el actual Gobierno con los hechos de corrupción de la empresa Odebrecht.
“Lo que se debe hacer es solicitar toda la documentación de la comisión de Lava Jato y ahí vamos a encontrarnos con dinosaurios (viejos políticos fines al MAS) por todo lado y que están tapados con wiphala a esos tenemos que agarrar y descubrir a los nuevos ricos del país”, afirmó el legislador.
SOLICITUD
Por otro lado, el diputado de UD, Wilson Santamaría, envió una carta a la presidente de la Comisión de Lava Jato del congreso del Perú, Rosa Bartra, para que pueda facilitar la documentación que hace referencia a los pagos que hubiera realizado la empresa Odebrecht a autoridades bolivianas.
Murillo manifestó que hace un tiempo se entrevistó con el Procurador General de Brasil, donde también solicitó acceder a los documentos que están siendo investigados con la finalidad de identificar irregularidades en el estado boliviano. Le pareció extraño que las autoridades del país no hayan solicitado estos documentos anteriormente.
COMISIÓN
Por otra parte, Murillo planteó que la comisión mixta esté compuesta por un porcentaje igualitario de asambleístas de oposición y de oficialismo, con la finalidad de que las investigaciones sean transparentes y creíbles.
Sin embargo, el diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Franklin Flores, advirtió que esta solicitud no es viable, puesto que el reglamento interno de la Asamblea Legislativa establece un mecanismo de organización, el cual es en base a las proporciones de representación partidaria. Se prevé que hoy en la sesión de la Asamblea Legislativa se conforme esta comisión.
ACLARACIÓN
El expresidente Carlos Mesa aseguró que en su gestión no se ejecutó tal proyecto, pero admitió que emitió cuatro decretos (DS 27693, 27794, 27982 y 27997) para garantizar la realización del trabajo de los tramos Roboré-El Carmen y El Carmen-Arroyo Concepción, que forman parte de la carretera Santa Cruz-Puerto Suárez, uno de los proyectos de infraestructura más relevantes del país, que fue declarado como prioridad nacional mediante la Ley 1105 de 22 de septiembre de 1989. Estos proyectos no se llevaron a cabo debido al estado crítico de la economía del país.
Por otra parte, señaló que en el Gobierno de transición de Eduardo Rodríguez Veltzé se emitió el DS 28506, que reglamentaba la Ley 3187, y autorizaba al Servicio Nacional de Caminos (SNC) a “proceder a la suscripción de un contrato con el consorcio ARG-Camargo Correa, para la construcción y supervisión del tramo Roboré-El Carmen.
En la misma fecha se emitió el DS 28507, que autorizaba al SNC a proceder a la suscripción de un contrato con el consorcio IASA-Odebrecht para la construcción y supervisión del tramo El Carmen-Arroyo Concepción.
RESPALDO
Los expresidentes Jorge Quiroga, Eduardo Rodríguez y Carlos Mesa respaldaron por separado a que se inicie una investigación para que se identifiquen a los posibles involucrados sobre los hechos de corrupción en el escándalo de Lava Jato (lavado de autos) u Odebrecht.
Mesa fue el primero en hacer conocer su postura en relación a este caso, posteriormente fue Rodríguez a través de su cuenta oficial de Twitter, donde manifestó su disposición para colaborar en las indagaciones.
“Manifiesto mi acuerdo y disposición de colaborar con todas las investigaciones conducentes a establecer la verdad sobre supuestas actividades ilícitas en la contratación y ejecución de obras por firmas constructoras brasileñas en Bolivia”, escribió su cuenta de Twitter.
Por ultimo, Quiroga también se sumó a esta determinación, quien indicó que se debe ampliar la investigación a todas las empresas brasileñas vinculadas a Lava Jato.
“Quiero decirles que el Gobierno es el más interesado (en) que se investigue sobre el caso Lava Jato. Decirles que este Gobierno y el Presidente no están involucrados en ningún caso de corrupción y menos por este caso relacionado con la empresa brasileña”, señaló Morales, en un contacto escueto con los medios de comunicación.
La autoridad gubernamental también ordenó que en estas investigaciones deben participar la Policía, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Justicia, para que se pueda identificar las presuntas posibles vinculaciones.
Al respecto, el presidente de la bancada de senadores de Unidad Demócrata (UD), Arturo Murillo, manifestó que esta comisión solo será para “lavarse la cara” y ocultar las presuntas vinculaciones que tendría el actual Gobierno con los hechos de corrupción de la empresa Odebrecht.
“Lo que se debe hacer es solicitar toda la documentación de la comisión de Lava Jato y ahí vamos a encontrarnos con dinosaurios (viejos políticos fines al MAS) por todo lado y que están tapados con wiphala a esos tenemos que agarrar y descubrir a los nuevos ricos del país”, afirmó el legislador.
SOLICITUD
Por otro lado, el diputado de UD, Wilson Santamaría, envió una carta a la presidente de la Comisión de Lava Jato del congreso del Perú, Rosa Bartra, para que pueda facilitar la documentación que hace referencia a los pagos que hubiera realizado la empresa Odebrecht a autoridades bolivianas.
Murillo manifestó que hace un tiempo se entrevistó con el Procurador General de Brasil, donde también solicitó acceder a los documentos que están siendo investigados con la finalidad de identificar irregularidades en el estado boliviano. Le pareció extraño que las autoridades del país no hayan solicitado estos documentos anteriormente.
COMISIÓN
Por otra parte, Murillo planteó que la comisión mixta esté compuesta por un porcentaje igualitario de asambleístas de oposición y de oficialismo, con la finalidad de que las investigaciones sean transparentes y creíbles.
Sin embargo, el diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Franklin Flores, advirtió que esta solicitud no es viable, puesto que el reglamento interno de la Asamblea Legislativa establece un mecanismo de organización, el cual es en base a las proporciones de representación partidaria. Se prevé que hoy en la sesión de la Asamblea Legislativa se conforme esta comisión.
ACLARACIÓN
El expresidente Carlos Mesa aseguró que en su gestión no se ejecutó tal proyecto, pero admitió que emitió cuatro decretos (DS 27693, 27794, 27982 y 27997) para garantizar la realización del trabajo de los tramos Roboré-El Carmen y El Carmen-Arroyo Concepción, que forman parte de la carretera Santa Cruz-Puerto Suárez, uno de los proyectos de infraestructura más relevantes del país, que fue declarado como prioridad nacional mediante la Ley 1105 de 22 de septiembre de 1989. Estos proyectos no se llevaron a cabo debido al estado crítico de la economía del país.
Por otra parte, señaló que en el Gobierno de transición de Eduardo Rodríguez Veltzé se emitió el DS 28506, que reglamentaba la Ley 3187, y autorizaba al Servicio Nacional de Caminos (SNC) a “proceder a la suscripción de un contrato con el consorcio ARG-Camargo Correa, para la construcción y supervisión del tramo Roboré-El Carmen.
En la misma fecha se emitió el DS 28507, que autorizaba al SNC a proceder a la suscripción de un contrato con el consorcio IASA-Odebrecht para la construcción y supervisión del tramo El Carmen-Arroyo Concepción.
RESPALDO
Los expresidentes Jorge Quiroga, Eduardo Rodríguez y Carlos Mesa respaldaron por separado a que se inicie una investigación para que se identifiquen a los posibles involucrados sobre los hechos de corrupción en el escándalo de Lava Jato (lavado de autos) u Odebrecht.
Mesa fue el primero en hacer conocer su postura en relación a este caso, posteriormente fue Rodríguez a través de su cuenta oficial de Twitter, donde manifestó su disposición para colaborar en las indagaciones.
“Manifiesto mi acuerdo y disposición de colaborar con todas las investigaciones conducentes a establecer la verdad sobre supuestas actividades ilícitas en la contratación y ejecución de obras por firmas constructoras brasileñas en Bolivia”, escribió su cuenta de Twitter.
Por ultimo, Quiroga también se sumó a esta determinación, quien indicó que se debe ampliar la investigación a todas las empresas brasileñas vinculadas a Lava Jato.
Concejala denunció sobreprecio en compra de mochila escolar
Rocío Molina, concejala del municipio de Cercado en Cochabamba, denunció un posible sobreprecio de 10 millones de bolivianos en la compra de mochilas con útiles para los escolares de las unidades educativas de esa ciudad.
“Se trata de serios indicios de corrupción en el proceso de licitación y de compra de esta mochila escolar”, dijo a la red ATB. Anticipó que en las próximas horas presentará una demanda penal en la Fiscalía contra el alcalde José María Leyes.
La querella pide que se investigue la presumible comisión de los delitos de contratos lesivos al Estado, favorecimiento al enriquecimiento ilícito, uso indebido de influencias y conducta antieconómica.
Una revisión que hizo a los documentos del proceso de adquisición de ese material determinó que la adjudicataria, la empresa accidental 26 de Febrero, compró el lote con un costo aproximado de Bs 2,3 millones y la Alcaldía de Cochabamba adjudicó la compra por Bs 12,4 millones.
Además, se verificó que la compañía contratada adquirió las mochilas en China con 21 días de anticipación a la emisión de la convocatoria de la licitación de la municipalidad.
Por su parte, las autoridades de la Alcaldía de Cochabamba anunciaron que el proceso de adjudicación de las mochilas y los útiles escolares no tuvo irregularidades y que están dispuestos a demostrarlo en las instancias que correspondan con la documentación respectiva.
ALP formará comisión para investigar caso Odebrecht
Con el propósito de investigar las denuncias relacionadas con el caso Odebrecht y a solicitud del presidente Evo Morales, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) conformará hoy una comisión especial mixta.
“Decidí pedir a la Asamblea que haga una investigación de esas autoridades como se menciona y que dé con los autores si hubo extorsión, soborno en construcción de obras”, declaró Morales a los periodistas al abandonar el Comando General de la Policía Boliviana.
Los casos de corrupción que terminaron con la destitución de altas autoridades de Estado en varios países del continente llegaron a Bolivia cuando se conoció un informe del Ministerio de Justicia del Brasil elaborado en 2009, en el que se da cuenta de operaciones de sobornos pagados en Brasil por grandes constructoras para obtener licitaciones en una veintena de países donde Odebrecht tenía influencia.
En un trabajo publicado el fin de semana por el matutino cruceño El Deber se afirma que en siete oportunidades se relaciona el nombre de Bolivia con la operación “Castillo de Arena”; en ella, Pietro Giavina Bianchi, exdirector y consultor de la constructora Camargo Correa, da a conocer detalles sobre el monto total que se habría entregado a funcionarios bolivianos.
“Se menciona de unos $us 450 mil, con pagos en cuotas de $us 18.750 por el trabajo realizado en el tramo caminero Roboré-El Carmen”, refiere la nota de prensa.
En tal sentido, Morales manifestó que él es el más interesado en que se investigue esa denuncia.
Afirmó que “el Gobierno y el Presidente no están implicados en corrupción con empresas, menos con Odebrecht”.
Por eso dijo que espera que esta semana comience a funcionar la comisión mixta de investigación, que de manera transparente indagará el caso.
Comisión Especial
Horas después del anuncio del Jefe de Estado, la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, adelantó que en la tercera sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional, convocada para las 09.00 de hoy, se analizará la solicitud.
Dijo que se procederá a cambiar el orden del día para conformar la comisión mixta, la cual estará integrada por los legisladores de oficialismo y oposición.
“Hay que preguntarse cuáles son los nombres que aparecen en las coimas, porque hacer una licitación, un contrato o sacar un decreto no es ilegal; aquí lo ilegal son las coimas, por eso tenemos que investigar quiénes recibieron esas coimas”, indicó Montaño a la radio estatal Patria Nueva.
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