El Tribunal Quinto de Sentencia de La Paz dictó sentencia condenatoria contra el expresidente de YPFB, Santos Ramírez, por la adquisición irregular de un medidor volumétrico para la Planta de Almacenaje de Bermejo. La sentencia implica un año de reclusión en el penal de San Pedro de La Paz.
Tras el proceso de investigación, dijo una nota de prensa de ese Ministerio, se confirmó que Ramírez suscribió el contrato de adquisición e instalación del medidor volumétrico, pero ello no sucedió.
El Ministerio de Transparencia presentó esa denuncia en 2009. Tras el proceso de investigación, dijo una nota de prensa de ese Ministerio, se confirmó que Ramírez suscribió el contrato de adquisición e instalación del medidor volumétrico, pero ello no sucedió.
Las irregularidades de este proceso de contratación provocaron un daño económico al Estado de Bs 177.000, monto que fue entregado en su totalidad a la empresa adjudicada, pese a que no hizo la obra.
Santos Ramírez fue condenado en 2009 a 12 años de cárcel por la adjudicación de obras a la empresa Catler Uniservice por la construcción de una planta separadora de líquidos. Su sentencia debía concluir en 2021 antes de que se conozca este último fallo.
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martes, 26 de enero de 2016
jueves, 26 de febrero de 2015
miércoles, 7 de enero de 2015
lunes, 9 de septiembre de 2013
SANTOS RAMÍREZ “Hablé con Evo tres veces después del problema”
Enfermo, temeroso y resignado, así Santos Ramírez, el que fue considerado el número dos del MAS, pelea por su vida. Habla de un supuesto complot contra él y de cómo fue sentenciado. Recuerda que fue acusado por Quintana
ENTREVISTA
Santos Ramírez Valverde - Expresidente de YPFB y ex hombre fuerte del MAS -
Santos Ramírez Valverde fue el segundo hombre del MAS y considerado el sucesor de Evo Morales; condenado a 12 años de presidio por supuesta corrupción en la estatal YPFB, donde fue presidente, ahora pide su detención domiciliaria por razones humanitarias asediado por tres enfermedades. Está internado en una clínica de La Paz.
¿Cuál es su situación?
Estoy casi cinco años con detención preventiva y el problema que me asustó realmente es la prembolia que sufrí en la cárcel. Gracias a Dios estoy en recuperación, pero hay secuelas tanto en mi cara como en mis miembros inferiores particularmente; pero ahora tengo otro problema, que es más serio: el mal de Chagas, han confirmado que tengo bloqueado el lado izquierdo del corazón, yo pedí que me hicieran el tratamiento, pero no es posible porque me detectaron hepatitis de primer grado, tengo el hígado graso y no soportaría el tratamiento contra el chagas.
¿Esto se agravó con su reclusión?
Sí, por ello he pedido públicamente que en un acto humanitario me cambien a la detención domiciliaria, no me voy a ir.
En el tema legal, ¿cómo queda su detención?
Tengo sentencia en primera instancia de 12 años y en el caso de Sibsa, después de cuatro años de detención preventiva, no existe un juicio, estamos en etapa conclusiva, pero ellos (los fiscales y jueces) saben que no hay nada. El único objetivo es perjudicarme. El miércoles, la misma jueza que me dio detención preventiva hizo un acto de justicia y ha permitido mi detención domiciliaria con requisitos como firmar los viernes el cuaderno fiscal, arraigo y garantes.
Usted denunciaba un complot, ¿cómo se lo armó?
Me alegro que se haya concluido la planta de Río Grande, pero de lo que no me alegro es que había gente de Palacio, de la Vicepresidencia o de YPFB que sabían cuánto costaba inicialmente, pero con cuánto de dinero se ha entregado, esto es grave.
¿Por el precio?
El precio y la forma cómo se manejó el caso para dañar a Santos Ramírez, yo tengo la declaración de James Gulsby, de la empresa que fabricaba por $us 52 millones la planta. Él denuncia que cuando hicieron la auditoría se sentaron con (el presidente de YPFB) Carlos Villegas para seguir el proyecto, pero de la noche a la mañana tomaron la decisión de realizar otra planta con otras empresas. Está bien, podemos ajustar el precio, por ahí han completado una torre o un taller, que suban $us 40 millones más, bueno, pero hoy cuánto cuesta, más de $us 180 millones. Esta es la peor estafa que sufrió el Estado y sigo preguntando: ¿conocía Palacio de esto?
¿Por qué estafa?
Claro, porque cuando hicieron la auditoría querían, seguramente, saber si había sobreprecio en el contrato que yo firmé; quiénes hacen esa auditoría: tres técnicos de YPFB, tres técnicos de Pdvsa y técnicos de Astra Evangelista. Cómo le explicamos al país que una misma empresa hace la auditoría, la cotización, la preinversión y termina adjudicándose el proyecto.
Usted dice que tiene juicios por todo, ¿cuántos juicios le iniciaron?
Había más de 18 procesos, muchos de ellos los han dejado así, en todos el único acusado es Santos Ramírez, no enjuician a los directores o gerentes.
¿Cree que hubo una decisión política para eliminarlo?
Ya lo han hecho, hay que ver el resultado. ¿En qué momento se tomó la decisión y quiénes?, no sé. Yo hablé unas tres o cuatro veces con el hermano presidente (Evo Morales) en San Jorge y en Palacio, yo no sé si él tiene toda la información o solo lo que le contaron. Lo que pasó en Palacio fue que Juan Ramón Quintana vino y me botó con unos papeles indicando: “Mira, la empresa con la que has firmado es fantasma”. Eso me dijo. Me dijo que esta empresa no tenía garantías; bueno, yo fui a una reunión que me convocaron, no estaba con los papeles para demostrar lo contrario. Pero ya en el proceso se demostró que los papeles que mostró Juan Ramón eran papeles fabricados que colocaron en el juicio.
¿Qué le dijo Evo Morales?
Que se iba a hacer una investigación imparcial, yo le pregunté: “¿Qué es esto?”, porque ya habían hecho la intervención seis ministerios, me imagino que querían encontrar algo porque estaban notarios, fiscales, Felcc.
¿Está resentido?
Miré, a veces uno comete el error de decir que no quiere pelear y deja pasar las cosas, pero si no usamos las herramientas que nos asisten, vamos a quedar como culpables.
¿Y cómo ve al Gobierno desde su encierro?
No sé qué habrá pasado con el hermano presidente, qué estamos haciendo, el sueño de la teoría de la filosofía del vivir bien tiene que reponerse, yo creo que el compañero Evo todavía tiene ese sueño
ENTREVISTA
Santos Ramírez Valverde - Expresidente de YPFB y ex hombre fuerte del MAS -
Santos Ramírez Valverde fue el segundo hombre del MAS y considerado el sucesor de Evo Morales; condenado a 12 años de presidio por supuesta corrupción en la estatal YPFB, donde fue presidente, ahora pide su detención domiciliaria por razones humanitarias asediado por tres enfermedades. Está internado en una clínica de La Paz.
¿Cuál es su situación?
Estoy casi cinco años con detención preventiva y el problema que me asustó realmente es la prembolia que sufrí en la cárcel. Gracias a Dios estoy en recuperación, pero hay secuelas tanto en mi cara como en mis miembros inferiores particularmente; pero ahora tengo otro problema, que es más serio: el mal de Chagas, han confirmado que tengo bloqueado el lado izquierdo del corazón, yo pedí que me hicieran el tratamiento, pero no es posible porque me detectaron hepatitis de primer grado, tengo el hígado graso y no soportaría el tratamiento contra el chagas.
¿Esto se agravó con su reclusión?
Sí, por ello he pedido públicamente que en un acto humanitario me cambien a la detención domiciliaria, no me voy a ir.
En el tema legal, ¿cómo queda su detención?
Tengo sentencia en primera instancia de 12 años y en el caso de Sibsa, después de cuatro años de detención preventiva, no existe un juicio, estamos en etapa conclusiva, pero ellos (los fiscales y jueces) saben que no hay nada. El único objetivo es perjudicarme. El miércoles, la misma jueza que me dio detención preventiva hizo un acto de justicia y ha permitido mi detención domiciliaria con requisitos como firmar los viernes el cuaderno fiscal, arraigo y garantes.
Usted denunciaba un complot, ¿cómo se lo armó?
Me alegro que se haya concluido la planta de Río Grande, pero de lo que no me alegro es que había gente de Palacio, de la Vicepresidencia o de YPFB que sabían cuánto costaba inicialmente, pero con cuánto de dinero se ha entregado, esto es grave.
¿Por el precio?
El precio y la forma cómo se manejó el caso para dañar a Santos Ramírez, yo tengo la declaración de James Gulsby, de la empresa que fabricaba por $us 52 millones la planta. Él denuncia que cuando hicieron la auditoría se sentaron con (el presidente de YPFB) Carlos Villegas para seguir el proyecto, pero de la noche a la mañana tomaron la decisión de realizar otra planta con otras empresas. Está bien, podemos ajustar el precio, por ahí han completado una torre o un taller, que suban $us 40 millones más, bueno, pero hoy cuánto cuesta, más de $us 180 millones. Esta es la peor estafa que sufrió el Estado y sigo preguntando: ¿conocía Palacio de esto?
¿Por qué estafa?
Claro, porque cuando hicieron la auditoría querían, seguramente, saber si había sobreprecio en el contrato que yo firmé; quiénes hacen esa auditoría: tres técnicos de YPFB, tres técnicos de Pdvsa y técnicos de Astra Evangelista. Cómo le explicamos al país que una misma empresa hace la auditoría, la cotización, la preinversión y termina adjudicándose el proyecto.
Usted dice que tiene juicios por todo, ¿cuántos juicios le iniciaron?
Había más de 18 procesos, muchos de ellos los han dejado así, en todos el único acusado es Santos Ramírez, no enjuician a los directores o gerentes.
¿Cree que hubo una decisión política para eliminarlo?
Ya lo han hecho, hay que ver el resultado. ¿En qué momento se tomó la decisión y quiénes?, no sé. Yo hablé unas tres o cuatro veces con el hermano presidente (Evo Morales) en San Jorge y en Palacio, yo no sé si él tiene toda la información o solo lo que le contaron. Lo que pasó en Palacio fue que Juan Ramón Quintana vino y me botó con unos papeles indicando: “Mira, la empresa con la que has firmado es fantasma”. Eso me dijo. Me dijo que esta empresa no tenía garantías; bueno, yo fui a una reunión que me convocaron, no estaba con los papeles para demostrar lo contrario. Pero ya en el proceso se demostró que los papeles que mostró Juan Ramón eran papeles fabricados que colocaron en el juicio.
¿Qué le dijo Evo Morales?
Que se iba a hacer una investigación imparcial, yo le pregunté: “¿Qué es esto?”, porque ya habían hecho la intervención seis ministerios, me imagino que querían encontrar algo porque estaban notarios, fiscales, Felcc.
¿Está resentido?
Miré, a veces uno comete el error de decir que no quiere pelear y deja pasar las cosas, pero si no usamos las herramientas que nos asisten, vamos a quedar como culpables.
¿Y cómo ve al Gobierno desde su encierro?
No sé qué habrá pasado con el hermano presidente, qué estamos haciendo, el sueño de la teoría de la filosofía del vivir bien tiene que reponerse, yo creo que el compañero Evo todavía tiene ese sueño
jueves, 5 de septiembre de 2013
Santos Ramírez se beneficia con detención domiciliaria
El ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB), Santos Ramírez, fue beneficiado con la detención domiciliaria dentro el caso de la empresa Servicios e Industrias Petroleras Sociedad Anónima (SIPSA), creada como una filial de YPFB; sin embargo, el ex hombre fuerte del MAS continuará detenido en la cárcel de San Pedro ya que tiene sentencia condenatoria de 12 años de reclusión por el caso Catler Uniservice.
El abogado de la exautoridad petrolera, Ramiro Vega, dijo que su cliente por tener problemas de salud (parálisis facial) fue internado en un centro de salud y beneficiado con la detención domiciliaria, esperando que las autoridades judiciales asuman la misma determinación dentro el proceso mayor del caso Catler, en el que ya cumplió, según el jurista, el mínimo de la condena, para que pueda recibir un tratamiento médico por los males que le aquejan.
"El señor Santos Ramírez va a seguir detenido mientras no se defina también su situación en el otro caso del caso Catler y una vez pueda cumplir detención domiciliaria por lo menos la decisión en este caso SIPSA es que cumpla un arraigo", sostuvo el jurista.
La determinación judicial es que Santos Ramírez cumpla la detención domiciliara con custodia policial se apersone al Ministerio Público los días viernes para firmar el libro de actas y pagar una fianza de Bs 30.000.
Santos Ramírez se encuentra recluido en el penal de San Pedro desde febrero de 2009, pero la sentencia de 12 años de reclusión por el caso Cateler recién se dio a principios de 2012.
El caso SIPSA se refiere a la irregular adquisición de YPFB del total de las acciones de Full Industry, para la creación de la empresa YPFB-SIPSA. Además de la irregular compra, el depuesto ex presidente de la petrolera Estatal le adjudicó la recalificación de garrafas por 1,89 millones de dólares y la administración del taladro que la Petrolera Venezolana Pdvsa envió a Bolivia.
En ese marco YPFB-Sipsa firmó contrato con YPFB-Andina SA por 4,33 millones de dólares para la perforación de los pozos 34D y 35H en el campo Víbora. Las indagaciones realizadas por ambas entidades identificaron a nueve implicados: además de Santos Ramírez, a Misael Jemio ex gerente de Planificación y destituido Viceministro de Desarrollo Energético, Esther Carmona asesora general de la Presidencia de YPFB, Reynaldo Marín, Nelly Salvatierra, Rogelio Ashimine, gerente depuesto de la nueva empresa, Rolando Aguado, Nilda Domínguez y Lucy Barbery.
Estas personas fueron denunciadas por la comisión de los presuntos delitos de: Asociación delictuosa, peculado, malversación, uso indebido de influencia, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, además de incumplimiento de deberes.
El abogado de la exautoridad petrolera, Ramiro Vega, dijo que su cliente por tener problemas de salud (parálisis facial) fue internado en un centro de salud y beneficiado con la detención domiciliaria, esperando que las autoridades judiciales asuman la misma determinación dentro el proceso mayor del caso Catler, en el que ya cumplió, según el jurista, el mínimo de la condena, para que pueda recibir un tratamiento médico por los males que le aquejan.
"El señor Santos Ramírez va a seguir detenido mientras no se defina también su situación en el otro caso del caso Catler y una vez pueda cumplir detención domiciliaria por lo menos la decisión en este caso SIPSA es que cumpla un arraigo", sostuvo el jurista.
La determinación judicial es que Santos Ramírez cumpla la detención domiciliara con custodia policial se apersone al Ministerio Público los días viernes para firmar el libro de actas y pagar una fianza de Bs 30.000.
Santos Ramírez se encuentra recluido en el penal de San Pedro desde febrero de 2009, pero la sentencia de 12 años de reclusión por el caso Cateler recién se dio a principios de 2012.
El caso SIPSA se refiere a la irregular adquisición de YPFB del total de las acciones de Full Industry, para la creación de la empresa YPFB-SIPSA. Además de la irregular compra, el depuesto ex presidente de la petrolera Estatal le adjudicó la recalificación de garrafas por 1,89 millones de dólares y la administración del taladro que la Petrolera Venezolana Pdvsa envió a Bolivia.
En ese marco YPFB-Sipsa firmó contrato con YPFB-Andina SA por 4,33 millones de dólares para la perforación de los pozos 34D y 35H en el campo Víbora. Las indagaciones realizadas por ambas entidades identificaron a nueve implicados: además de Santos Ramírez, a Misael Jemio ex gerente de Planificación y destituido Viceministro de Desarrollo Energético, Esther Carmona asesora general de la Presidencia de YPFB, Reynaldo Marín, Nelly Salvatierra, Rogelio Ashimine, gerente depuesto de la nueva empresa, Rolando Aguado, Nilda Domínguez y Lucy Barbery.
Estas personas fueron denunciadas por la comisión de los presuntos delitos de: Asociación delictuosa, peculado, malversación, uso indebido de influencia, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, además de incumplimiento de deberes.
sábado, 20 de julio de 2013
Abogado pide detención domiciliaria para Santos Ramírez tras agravarse su enfermedad
José Luís Paredes, Abogado del exmasista y Presidente de YPFB, Santos Ramírez, manifestó que la próxima semana presentará una solicitud al Ministerio Público para viabilizar la orden de detención domiciliaria de su cliente pues su mal estado de salud se habría agravado.
"La petición está basada en el certificado médico forense por lo dependerá del Estado y Fiscalía que de manera objetiva determinarán su se puede aceptar", remarcó a medios locales.
Detalló que el médico forense aceptó que existe un recrudecimiento del estado del expresidente de YPFB (2008) quien fue uno de los pilares del Gobierno del MAS en los primeros años de asunción al mando del Estado.
Santos Rámirez de momento lleva cuatro años encarcelado, le restan cumplir al menos ocho años más pues su condena es de 12 años por el caso Catler de julio de 2008 donde se lo encontró culpable de ser parte de una millonaria coima y acto de corrupción al estar al mando de la estatal petrolera.
A inicio del presente mes, Ramírez sufrió una parálisis facial del lado izquierdo por lo que fue evacuado de la cárcel de San Pedro a una clínica particular de la ciudad de La Paz.
De acuerdo a fuentes oficiales, se había agudizado el mal de Chagas que padecía y por la parálisis facial no podía comer, según referenció su abogado Paredes.
"La petición está basada en el certificado médico forense por lo dependerá del Estado y Fiscalía que de manera objetiva determinarán su se puede aceptar", remarcó a medios locales.
Detalló que el médico forense aceptó que existe un recrudecimiento del estado del expresidente de YPFB (2008) quien fue uno de los pilares del Gobierno del MAS en los primeros años de asunción al mando del Estado.
Santos Rámirez de momento lleva cuatro años encarcelado, le restan cumplir al menos ocho años más pues su condena es de 12 años por el caso Catler de julio de 2008 donde se lo encontró culpable de ser parte de una millonaria coima y acto de corrupción al estar al mando de la estatal petrolera.
A inicio del presente mes, Ramírez sufrió una parálisis facial del lado izquierdo por lo que fue evacuado de la cárcel de San Pedro a una clínica particular de la ciudad de La Paz.
De acuerdo a fuentes oficiales, se había agudizado el mal de Chagas que padecía y por la parálisis facial no podía comer, según referenció su abogado Paredes.
miércoles, 3 de julio de 2013
Solicitarán detención domiciliaria para Santos Ramírez
La defensa de Ramírez pedirá que se modifique la detención preventiva que mantiene por la detención domiciliaria con atención médica por la enfermedad que a momento pasa el expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). “La privación de libertad en el Penal de San Pedro ha agudizado el mal de Chagas que padecía el Sr. Santos Ramírez y le ha generado una parálisis facial del lado izquierdo, lo que le impide comer”, aseguró su abogado José Luis Paredes.
Señaló que el encierro de Ramírez tenía la ausencia de atención médica inmediata, lo que concluyó con la parálisis facial, por lo que ahora la atención médica debe ser especializada, por ello se solicitará la modificación de la medida de privación de libertad por la detención domiciliaria.
Informó que durante estos días se pedirá a un médico forense examine a Ramírez y confirme el diagnostico de los médicos de la clínica Santa Teresa, donde a momento se encuentra, para la presentación de los informes a instancias judiciales. “Por sobre todo proceso o investigación está la salud y la vida de las personas”, afirmó Paredes.
El abogado denunció la situación del proceso del expresidente de YPFB, que a momento lleva 4 años sin definición perjudicó a su cliente y empeoró su salud.
El expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB), Santos Ramírez, fue evacuado el pasado fin de semana del penal de San Pedro, donde cumple una sentencia de más de 10 años por el caso Catler, a una clínica particular de la ciudad de La Paz tras sufrir una parálisis facial del lado izquierdo.
Según Ramírez, las causas de esta parálisis podría deberse a que hace tiempo atrás recibía un tratamiento de mal Chagas, sin tomar en cuenta las consecuencias futuras; además dijo que el momento cuando daba una clase de Derecho a los internos del penal se le paralizó la boca y el ojo, sin poder pronunciar palabra alguna o visualizar normalmente con su ojo izquierdo.
Señaló que el encierro de Ramírez tenía la ausencia de atención médica inmediata, lo que concluyó con la parálisis facial, por lo que ahora la atención médica debe ser especializada, por ello se solicitará la modificación de la medida de privación de libertad por la detención domiciliaria.
Informó que durante estos días se pedirá a un médico forense examine a Ramírez y confirme el diagnostico de los médicos de la clínica Santa Teresa, donde a momento se encuentra, para la presentación de los informes a instancias judiciales. “Por sobre todo proceso o investigación está la salud y la vida de las personas”, afirmó Paredes.
El abogado denunció la situación del proceso del expresidente de YPFB, que a momento lleva 4 años sin definición perjudicó a su cliente y empeoró su salud.
El expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB), Santos Ramírez, fue evacuado el pasado fin de semana del penal de San Pedro, donde cumple una sentencia de más de 10 años por el caso Catler, a una clínica particular de la ciudad de La Paz tras sufrir una parálisis facial del lado izquierdo.
Según Ramírez, las causas de esta parálisis podría deberse a que hace tiempo atrás recibía un tratamiento de mal Chagas, sin tomar en cuenta las consecuencias futuras; además dijo que el momento cuando daba una clase de Derecho a los internos del penal se le paralizó la boca y el ojo, sin poder pronunciar palabra alguna o visualizar normalmente con su ojo izquierdo.
martes, 2 de julio de 2013
Santos Ramírez fue internado con parálisis
El expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB) Santos Ramírez fue evacuado el fin de semana del penal de San Pedro, donde cumple una sentencia de al menos diez años por el caso Catler, a una clínica particular tras sufrir una parálisis facial del lado izquierdo.
Según Ramírez, las causas de esta parálisis podrían deberse a que tiempo atrás recibía un tratamiento de mal de chagas. Dijo que se le paralizó la boca y el ojo, cuando daba una clase de Derecho a los internos del penal de San Pedro.
“Tengo parálisis facial del lado izquierdo, no tengo dominio sobre mi ojo ni sobre mis labios, o sea no puedo emitir un silbido”, declaró. El expresidente de YPFB exhortó al Gobierno a que se “humanice” y que decida otorgarle la detención domiciliaria.
jueves, 9 de mayo de 2013
Santos Ramírez: Planta de Río Grande tiene sobreprecio de $us 73 millones
La planta separadora de líquidos de Río Grande que el Gobierno inaugura mañana, tiene un sobreprecio de más de $us 73 millones afirmó Santos Ramírez expresidente de la estatal petrolera, basado en documentación oficial de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.
Esta cifra surge de la comparación del contrato de construcción de la planta suscrito el 2008 con la firma Gulsby Process Systems (GPS), donde se estableció un precio de $US 86.4 millones y el nuevo proyecto elaborado por la actual administración a cargo de la empresa argentina Astra Evangelista S.A. (AESA) y cuyo costo se elevó hasta $us 159.4 millones, explicó.
La denuncia de sobreprecio es la segunda atribuida a YPFB, luego que el martes el diputado opositor Luis Felipe Dorado, lanzara sospechas sobre una adenda donde al precio originalmente pactado de 159.4, se incrementaron otros 13 millones, con lo cual el costo final sería 73 millones de dólares más sin justificación, hasta ahora conocida, según Dorado.
Lo inexplicable, señaló la exautoridad recluida en la cárcel de San Pedro por la comisión de delitos penales ocurridos durante su gestión al frente de la corporación petrolera, es la decisión asumida por el actual presidente de YPFB, Carlos Villegas, quien habría desechado el informe de la auditoría técnica realizado del 19 al 30 de mayo del 2009 que recomendó a las autoridades de la estatal petrolera “restablecer la continuación de la contratación de GPS (Gulsby) para la finalización de los trabajos de ingeniería y construcción del proyecto “Llave en Mano de una Planta de Extracción de Licuables del Gas Natural de Río Grande” dentro del alcance establecido originalmente.
El informe fue elaborado del 19 al 30 de mayo del 2009 por los ingenieros de YPFB, Tupac Sejas, Gerente de Proyectos; Gerson Rojas, jefe de Ingeniería y Agustín Ugarte, jefe de Operaciones.
PÉRDIDAS MILLONARIAS
Según Ramírez, han transcurrido tres años desde entonces, periodo en el cual el país ha perdido ingentes recursos por las exportaciones de gas húmedo al Brasil y a la Argentina en razón al tiempo perdido por la actual administración ya que la planta debió ingresar en operaciones el 2010. Solamente con el Brasil la pérdida anual ascendería de 120 a $us 180 millones, estimó Ramírez considerando más de 15 años del contrato de exportación con el vecino país.
Esta versión fue respaldada por el ex gerente de industrialización de Yacimientos, Saúl Escalera, quien recordó que hace cuatro años, el 2009, Brasil y Bolivia firmaron una adenda por la cual Brasil se comprometía a pagar a Bolivia por el GLP y las gasolinas naturales que recibía de Bolivia, “pero YPFB no ha informado a cuánto asciende dicho pago por día. Luego, Bolivia seguirá perdiendo dinero por la exportación de gas rico al Brasil”, dijo ayer el especialista desde Cochabamba.
Según los datos de Ramírez, en los últimos tres años que demoró la construcción de la planta y que son –en su criterio- atribuibles a la gestión de Villegas, la pérdida habría superado $us 450 millones considerando una media anual de $us 150 millones que Bolivia no percibió del Brasil por las exportaciones de gas incluidos el Gas Licuado de Petróleo (GLP) y la gasolina natural.
”Es decir, que mientras regalábamos los líquidos al Brasil al igual que a la Argentina, Bolivia se vio obligada a importar gasolina”, sostuvo Ramírez al estimar que con parte de ese dinero se podría cubrir la mitad de la subvención estatal al diésel que se calcula en 800 millones de dólares.
FALTA DE CAPACIDAD
Escalera por su parte manifestó que “resulta evidente que Bolivia ha exportado al Brasil cerca de 30 millones m3/día de gas natural rico (incluyendo los licuables GLP y gasolinas naturales) por más de 15 años, porque no tuvo la capacidad de construir una planta de separación de licuables para ese volumen de gas exportado”.
Esta cifra surge de la comparación del contrato de construcción de la planta suscrito el 2008 con la firma Gulsby Process Systems (GPS), donde se estableció un precio de $US 86.4 millones y el nuevo proyecto elaborado por la actual administración a cargo de la empresa argentina Astra Evangelista S.A. (AESA) y cuyo costo se elevó hasta $us 159.4 millones, explicó.
La denuncia de sobreprecio es la segunda atribuida a YPFB, luego que el martes el diputado opositor Luis Felipe Dorado, lanzara sospechas sobre una adenda donde al precio originalmente pactado de 159.4, se incrementaron otros 13 millones, con lo cual el costo final sería 73 millones de dólares más sin justificación, hasta ahora conocida, según Dorado.
Lo inexplicable, señaló la exautoridad recluida en la cárcel de San Pedro por la comisión de delitos penales ocurridos durante su gestión al frente de la corporación petrolera, es la decisión asumida por el actual presidente de YPFB, Carlos Villegas, quien habría desechado el informe de la auditoría técnica realizado del 19 al 30 de mayo del 2009 que recomendó a las autoridades de la estatal petrolera “restablecer la continuación de la contratación de GPS (Gulsby) para la finalización de los trabajos de ingeniería y construcción del proyecto “Llave en Mano de una Planta de Extracción de Licuables del Gas Natural de Río Grande” dentro del alcance establecido originalmente.
El informe fue elaborado del 19 al 30 de mayo del 2009 por los ingenieros de YPFB, Tupac Sejas, Gerente de Proyectos; Gerson Rojas, jefe de Ingeniería y Agustín Ugarte, jefe de Operaciones.
PÉRDIDAS MILLONARIAS
Según Ramírez, han transcurrido tres años desde entonces, periodo en el cual el país ha perdido ingentes recursos por las exportaciones de gas húmedo al Brasil y a la Argentina en razón al tiempo perdido por la actual administración ya que la planta debió ingresar en operaciones el 2010. Solamente con el Brasil la pérdida anual ascendería de 120 a $us 180 millones, estimó Ramírez considerando más de 15 años del contrato de exportación con el vecino país.
Esta versión fue respaldada por el ex gerente de industrialización de Yacimientos, Saúl Escalera, quien recordó que hace cuatro años, el 2009, Brasil y Bolivia firmaron una adenda por la cual Brasil se comprometía a pagar a Bolivia por el GLP y las gasolinas naturales que recibía de Bolivia, “pero YPFB no ha informado a cuánto asciende dicho pago por día. Luego, Bolivia seguirá perdiendo dinero por la exportación de gas rico al Brasil”, dijo ayer el especialista desde Cochabamba.
Según los datos de Ramírez, en los últimos tres años que demoró la construcción de la planta y que son –en su criterio- atribuibles a la gestión de Villegas, la pérdida habría superado $us 450 millones considerando una media anual de $us 150 millones que Bolivia no percibió del Brasil por las exportaciones de gas incluidos el Gas Licuado de Petróleo (GLP) y la gasolina natural.
”Es decir, que mientras regalábamos los líquidos al Brasil al igual que a la Argentina, Bolivia se vio obligada a importar gasolina”, sostuvo Ramírez al estimar que con parte de ese dinero se podría cubrir la mitad de la subvención estatal al diésel que se calcula en 800 millones de dólares.
FALTA DE CAPACIDAD
Escalera por su parte manifestó que “resulta evidente que Bolivia ha exportado al Brasil cerca de 30 millones m3/día de gas natural rico (incluyendo los licuables GLP y gasolinas naturales) por más de 15 años, porque no tuvo la capacidad de construir una planta de separación de licuables para ese volumen de gas exportado”.
jueves, 20 de diciembre de 2012
Ramírez dice que fue presionado por Nardi Suxo
La exautoridad afirma que la Ministra presionó al juez del caso Catler I por venganza.
El expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez denunció ayer haber recibido presión de parte de la ministra anticorrupción, Nardi Suxo, para contratar los servicios de una empresa aseguradora perteneciente al hermano de esta autoridad.
Ayer se desarrolló la audiencia de juicio oral en el caso Visas Chinas, en la que se leyó la sentencia de absolución a favor de la exautoridad de la estatal petrolera. Con el fallo del juez, queda cerrado el caso de manera definitiva.
La presión. Santos Ramírez denunció que, durante su gestión en presidencia, “un día, Nardi Suxo vino a YPFB con su hermano Jorge Suxo, quien es gerente de una empresa corredora de seguros, y me pidió que yo coloque a ese corredor en la corporación de YPFB y yo no quise”.
Según la exautoridad, esta negativa, de contratar los servicios del hermano de Suxo, tuvo consecuencias, pues la Ministra, supuestamente, ejerció presiones al juez encargado del proceso del caso Catler, José Luis Rivero, para que dicte sentencia en su contra.
Un reto para la ministra. Asimismo, y ante los medios de comunicación, Ramírez retó públicamente a la Ministra de Transparencia para que dé explicaciones e investigue por qué la planta separadora de líquidos de Río Grande tiene un precio actual de 106 millones de dólares, cuando durante su gestión se calcularon sólo 86,4 millones de dólares.
Extorsión. Ramírez también denunció haber sido extorsionado por el exfiscal Harry Suaznábar, quien le pidió fuertes sumas de dinero para que los fallos judiciales en el caso Catler sean a su favor.
Ramírez relató: “El señor Harry Suaznábar, fiscal del caso Catler, es quien me pidió dinero en el pasillo. Me dijo que si le daba el dinero, 50.000 dólares, él no iba a presentar la acusación y además vería mi caso en Catler I”. Afirmó también que esta denuncia será presentada ante el Ministerio Público.
El exhombre fuerte del MAS explicó además que el exfiscal le advirtió que si no pagaba la suma estipulada, tendría “serios problemas” para lograr una sentencia favorable en Catler I.
A fines de noviembre, el exministro de Gobierno Víctor Hugo Canelas también vinculó a Suaznábar con el bullado caso de la red de extorsionadores, funcionarios de dos ministerios.
Semanas atrás, Ramirez vinculó a la Ministra anticorrupción con la red de extorsión. Las investigaciones aún se desarrollan para esclarecer el hecho. Actualmente hay más de diez detenidos.
86,4 millones de dólares era el costo de la instalación de la planta separadora de líquidos en Río Grande.
El caso Catler se destapó con el asesinato de Jorge O'Connor. Santos Ramírez, expresidente de (YPFB), fue condenado por el juez José Luis Rivero Aliaga a 12 años de reclusión en el penal de San Pedro. Fue declarado culpable de los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, cohecho pasivo propio y asociación delictuosa.
“Los procesos instalados en mi contra son por represalias por no haber contrado a su hermano (de Suxo)”.
Santos Ramírez / EXPRESIDENTE DE YPFB
El expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez denunció ayer haber recibido presión de parte de la ministra anticorrupción, Nardi Suxo, para contratar los servicios de una empresa aseguradora perteneciente al hermano de esta autoridad.
Ayer se desarrolló la audiencia de juicio oral en el caso Visas Chinas, en la que se leyó la sentencia de absolución a favor de la exautoridad de la estatal petrolera. Con el fallo del juez, queda cerrado el caso de manera definitiva.
La presión. Santos Ramírez denunció que, durante su gestión en presidencia, “un día, Nardi Suxo vino a YPFB con su hermano Jorge Suxo, quien es gerente de una empresa corredora de seguros, y me pidió que yo coloque a ese corredor en la corporación de YPFB y yo no quise”.
Según la exautoridad, esta negativa, de contratar los servicios del hermano de Suxo, tuvo consecuencias, pues la Ministra, supuestamente, ejerció presiones al juez encargado del proceso del caso Catler, José Luis Rivero, para que dicte sentencia en su contra.
Un reto para la ministra. Asimismo, y ante los medios de comunicación, Ramírez retó públicamente a la Ministra de Transparencia para que dé explicaciones e investigue por qué la planta separadora de líquidos de Río Grande tiene un precio actual de 106 millones de dólares, cuando durante su gestión se calcularon sólo 86,4 millones de dólares.
Extorsión. Ramírez también denunció haber sido extorsionado por el exfiscal Harry Suaznábar, quien le pidió fuertes sumas de dinero para que los fallos judiciales en el caso Catler sean a su favor.
Ramírez relató: “El señor Harry Suaznábar, fiscal del caso Catler, es quien me pidió dinero en el pasillo. Me dijo que si le daba el dinero, 50.000 dólares, él no iba a presentar la acusación y además vería mi caso en Catler I”. Afirmó también que esta denuncia será presentada ante el Ministerio Público.
El exhombre fuerte del MAS explicó además que el exfiscal le advirtió que si no pagaba la suma estipulada, tendría “serios problemas” para lograr una sentencia favorable en Catler I.
A fines de noviembre, el exministro de Gobierno Víctor Hugo Canelas también vinculó a Suaznábar con el bullado caso de la red de extorsionadores, funcionarios de dos ministerios.
Semanas atrás, Ramirez vinculó a la Ministra anticorrupción con la red de extorsión. Las investigaciones aún se desarrollan para esclarecer el hecho. Actualmente hay más de diez detenidos.
86,4 millones de dólares era el costo de la instalación de la planta separadora de líquidos en Río Grande.
El caso Catler se destapó con el asesinato de Jorge O'Connor. Santos Ramírez, expresidente de (YPFB), fue condenado por el juez José Luis Rivero Aliaga a 12 años de reclusión en el penal de San Pedro. Fue declarado culpable de los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, cohecho pasivo propio y asociación delictuosa.
“Los procesos instalados en mi contra son por represalias por no haber contrado a su hermano (de Suxo)”.
Santos Ramírez / EXPRESIDENTE DE YPFB
martes, 18 de diciembre de 2012
Inician proceso contra Ramírez
En el Juzgado Quinto de Sentencia se inició otro juicio oral contra Santos Ramírez por la irregular adquisición de un medidor volumétrico para la planta de Bermejo Tarija por un costo de 177.000 bolivianos.
El fiscal Marco Antonio Rodríguez, tras escuchar a la defensa y las declaraciones de Santos Ramírez, manifestó que la Fiscalía demostrará con evidencias que se produjo un daño al Estado en el proceso iniciado este lunes y que proseguirá el miércoles desde las 08.00.
Ramírez fue sentenciado a 12 años de cárcel en enero pasado por contratar en forma irregular a una empresa para instalar una planta separadora de líquidos en Río Grande. La irregularidad fue develada después del atraco y asesinato del empresario tarijeño Jorge O'Connor D'Arlach, propietario de la constructora Uniservice, que ganó una licitación y se adjudicó la obra de 86,35 millones de dólares.
Denuncia. Después fue denunciado a la Fiscalía por otro daño económico al Estado que asciende a la suma de 177.000 bolivianos por la adquisición de un medidor que nunca ingresó a los activos de YPFB.
El fiscal Rodríguez, tras conocer el caso, presentó la acusación formal en contra de Ramírez porque, de acuerdo con él, “hay una irregular adquisición de este equipo el 24 de septiembre de 2008”.
El fiscal recordó que, en 2008, el jefe de la unidad de plantas y almacenaje de La Paz, Luis Parra, solicitó el pago de 177.000 bolivianos a la empresa unipersonal COPAI Ingeniería, indicando que se había recibido a conformidad el medidor que nunca llegó a ser parte de los activos de YPFB. Ramírez, en audiencia, sostuvo que la investigación “tiene un móvil político y no jurídico”.
El fiscal Marco Antonio Rodríguez, tras escuchar a la defensa y las declaraciones de Santos Ramírez, manifestó que la Fiscalía demostrará con evidencias que se produjo un daño al Estado en el proceso iniciado este lunes y que proseguirá el miércoles desde las 08.00.
Ramírez fue sentenciado a 12 años de cárcel en enero pasado por contratar en forma irregular a una empresa para instalar una planta separadora de líquidos en Río Grande. La irregularidad fue develada después del atraco y asesinato del empresario tarijeño Jorge O'Connor D'Arlach, propietario de la constructora Uniservice, que ganó una licitación y se adjudicó la obra de 86,35 millones de dólares.
Denuncia. Después fue denunciado a la Fiscalía por otro daño económico al Estado que asciende a la suma de 177.000 bolivianos por la adquisición de un medidor que nunca ingresó a los activos de YPFB.
El fiscal Rodríguez, tras conocer el caso, presentó la acusación formal en contra de Ramírez porque, de acuerdo con él, “hay una irregular adquisición de este equipo el 24 de septiembre de 2008”.
El fiscal recordó que, en 2008, el jefe de la unidad de plantas y almacenaje de La Paz, Luis Parra, solicitó el pago de 177.000 bolivianos a la empresa unipersonal COPAI Ingeniería, indicando que se había recibido a conformidad el medidor que nunca llegó a ser parte de los activos de YPFB. Ramírez, en audiencia, sostuvo que la investigación “tiene un móvil político y no jurídico”.
jueves, 6 de diciembre de 2012
Piden a Ramírez pruebas tras la acusación contra ministra Suxo
Luego de la acusación del expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, de una supuesta vinculación de la ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, con la red de extorsión, el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Eugenio Rojas, exigió que Ramírez demuestre sus acusaciones presentando una denuncia ante el Ministerio Público, aunque descalificó a su excorreligionario por ser “un reo rematado”.
Rojas manifestó que una denuncia no puede ser tomada en cuenta si se la realiza únicamente a través de los medios de comunicación, sobre todo tratándose de un preso por “corrupción”.
“Él es un preso por acto de corrupción, que no tiene moral para hablar, claro tiene derechos, si él tiene alguna prueba, no es simplemente hablar por los medios”, dijo.
El senador masista sugirió a Ramírez presentar su denuncia ante el Ministerio Público para ayudar abrir la investigación.
“Su abogado y Santos deben presentar al Ministerio Público las pruebas y abrir la investigación, eso es lo legal, incluso lavaría su imagen si entregaría sus acusaciones para que se inicie las investigaciones”, agregó.
Santos Ramírez, vinculó a la ministra de Transparencia, Nardi Suxo, con la red de extorsión que fue dada a conocer por el ministro de Gobierno, Carlos Romero.
“Boris Villegas ha trabajado en el Ministerio de Gobierno, en el Ministerio de Transparencia y en YPFB. Quiero que me den 45 minutos para desenmascarar a la señora ministra en su supuesta lucha contra la corrupción. Ella es parte del grupo de extorsionadores. Sólo pido garantías para eso”, declaró el martes a los periodistas.
El expresidente de YPFB es acusado por más de una docena de casos, de los cuales sólo en uno tiene sentencia: caso Catler Uniservice con una pena condenatoria de 12 años en la cárcel de San Pedro de La Paz.
Rojas manifestó que una denuncia no puede ser tomada en cuenta si se la realiza únicamente a través de los medios de comunicación, sobre todo tratándose de un preso por “corrupción”.
“Él es un preso por acto de corrupción, que no tiene moral para hablar, claro tiene derechos, si él tiene alguna prueba, no es simplemente hablar por los medios”, dijo.
El senador masista sugirió a Ramírez presentar su denuncia ante el Ministerio Público para ayudar abrir la investigación.
“Su abogado y Santos deben presentar al Ministerio Público las pruebas y abrir la investigación, eso es lo legal, incluso lavaría su imagen si entregaría sus acusaciones para que se inicie las investigaciones”, agregó.
Santos Ramírez, vinculó a la ministra de Transparencia, Nardi Suxo, con la red de extorsión que fue dada a conocer por el ministro de Gobierno, Carlos Romero.
“Boris Villegas ha trabajado en el Ministerio de Gobierno, en el Ministerio de Transparencia y en YPFB. Quiero que me den 45 minutos para desenmascarar a la señora ministra en su supuesta lucha contra la corrupción. Ella es parte del grupo de extorsionadores. Sólo pido garantías para eso”, declaró el martes a los periodistas.
El expresidente de YPFB es acusado por más de una docena de casos, de los cuales sólo en uno tiene sentencia: caso Catler Uniservice con una pena condenatoria de 12 años en la cárcel de San Pedro de La Paz.
martes, 31 de julio de 2012
Santos Ramírez dice que recibe amenazas por acusar a Villegas
El ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, denunció ayer haber recibido amenazas de traslado de cárcel por el hecho de denunciar los casos de corrupción en la estatal petrolera y vincularlos con el actual presidente Carlos Villegas.
Santos Ramírez, quien se encuentra en la cárcel de San Pedro de la ciudad de La Paz desde enero de 2009, sostuvo que el actual presidente de YPFB estaría "apadrinado" por representantes gubernamentales porque hasta la fecha no se lo suspende o aparta de su cargo, a pesar de los recientes hechos y las declaraciones de algunos ex ejecutivos de la estatal petrolera.
"Creo que la decisión de no sustituir o mínimamente suspender hasta que culmine las investigaciones eso es un padrinazgo que se lo ha escuchado permanentemente (…) Me van a llevar a la zona de castigo o me llevarán a Chonchocoro o Cantumarca, pero no tengo miedo porque yo estoy con la verdad, tengo la documentación oficial, lamentablemente, quienes dijeron luchar contra la corrupción simplemente lucharon contra Santos Ramírez y hoy que hay actos de corrupción en YPFB nadie quiere luchar", aseguró ante los periodistas.
Ramírez lamentó que el Gobierno no haya dado continuidad al proceso de la instalación de la Planta Separadora de Líquidos en Río Grande por parte de las empresas Catler Uniservice y Gulsby y hayan contratado otra empresa que cobra un monto mayor. El ex hombre fuerte del MAS considera que se está avalando un evidente sobreprecio.
martes, 17 de julio de 2012
Santos Ramírez: "Se legalizó la corrupción"
Con ritmo pausado y voz tranquila, Santos Ramírez, el expresidente de YPFB y otrora hombre fuerte del MAS, rompió el silencio y en una entrevista con el director del programa televisivo No mentiras, José Pomacusi, narró su verdad. EL DEBER tuvo acceso al diálogo en toda su extensión.
- Está detenido desde febrero de 2009, ¿en todo esto qué hay de verdad y qué de mentira?
- Es bueno explicar de qué se trata la planta de Río Grande, el interés y el beneficio que representa para el país. Seguro que nos preguntamos por qué construir una planta en Río Grande y para responder a esta pregunta se debe tomar en cuenta el contrato actual de exportación de gas a Brasil.
Este país no paga por los líquidos (GLP y gasolina) que se van con el gas. Por este tema se hizo una negociación con Petrobras durante la gestión del expresidente Lula da Silva, en la que se planteó al Gobierno brasileño que pague por los líquidos que se le vende. Por eso se definió que este país pague entre $us 120 y $us 180 millones cada año por estos líquidos. Sin embargo, esto no era suficiente, pues aún cobrando este monto seguía habiendo GLP y gasolina que no se estaba pagando. Por eso se determinó la construcción de una planta separadora de líquidos y así terminar con la subvención, que actualmente llega a los $us 800 millones.
- ¿Se pudo comprobar el desvío de dinero del que se le acusa?
- En absoluto. Hay una auditoria técnica de la que forma parte Gerson Rojas y Agustín Ugarte en la que se señala que el dinero…
- ¿Gerson Rojas y Agustín Ugarte, los implicados en el caso AESA?
- Tengo la auditoría firmada por ellos, Rojas ocupaba el cargo de jefe de ingeniería y Ugarte trabajaba como jefe de operaciones. Estos indican que el pago de $us 13 millones que se había realizado a la empresa Gulsby era correcto.
Los mismos funcionarios Rojas y Ugarte han demostrado al presidente de YPFB, Carlos Villegas, que esos pagos fueron realizados y que esta empresa no es fantasma, sino que es la más prestigiosa a escala internacional, eso lo dice la misma auditoría.
- ¿Y el tema de las garantías?
- Esa ha sido una tremenda mentira. Yo tengo los documentos que Carlos Villegas manda a la Corte Suprema en las que indica que la firma de este contrato era un daño lesivo al Estado. Pero luego de un informe jurídico del 11 de junio de 2009, firmado por las asesoras legales y penales María Cristina Criales Saara, Karina Escobar Martínez y Mónica Ramírez Márquez, se indica desistir con esta demanda, pues han comprobado que por el tema de las garantías hubo un pago de $us 3,3 millones como anticipo de obras, más los $us 6,1 millones en beneficio de YPFB, dinero que se cobró. Esto demuestra que este contrato sí tenía una garantía.
-Desvío de dinero no comprobado, la empresa fantasma existe y las garantías que se creía que no había existen.
- Todo eso se ha desvirtuado y lo que queda en el proceso es el manejo de unos $us 500.000 y $us 800.000 que me habría entregado. En este punto ha quedado demostrado que ningún testigo, ni del Ministerio Público ni de YPFB, ni de los otros indicó que me habían entregado ese dinero, lo que hay son suposiciones y bajo esto, debido a las presiones de Nardy Suxo y de otros funcionarios, se llegó a esta sentencia y que estamos apelando.
- ¿Quienes son Gerson Rojas y Agustín Ugarte?
- Son técnicos contratados por Carlos Villegas, que al firmar la segunda licitación de Río Grande se legalizó la corrupción debido al sobreprecio de este proyecto.
- ¿Esa planta en principio fue cotizada en $us 85 millones?
- Sí así es, pero no se tomó en cuenta la auditoría de Rojas ni de Ugarte que indicaba que se debía continuar con la construcción de la planta separadora, pues ya tenía un avance del 65,5%. La misma por $us 86 millones iba a tener la capacidad de procesar 200 millones de pies cúbicos de gas y de ese procesamiento se separaba cada día 350 toneladas de GLP y 600 barriles de gasolina natural por día. Ese era el contrato.
Hay otro informe (TRGD007) entregado a Villegas el 29 de agosto de 2009, el mismo tiene que ver con la valoración económica, social y de medioambiente de la construcción de la planta en Río Grande, en el que se indica que la mejor opción para realizar este trabajo constituye la empresa Gulsby, ya que se perdería 21 meses si se optaba por una nueva compañía.
Ante esto el directorio de YPFB en su informe 21/2009 determina continuar con la construcción de esta planta con la Gulsby, una decisión que no causaba daño económico. Eso es muy curioso. No hay explicación técnica, no hay explicación financiera para que la actual planta cueste $us 160 millones más $us 30 millones por el servicio de ingeniería. Así lo informó Rojas, que ahora está detenido.
- ¿Cómo se puede explicar eso?
- No hay manera de hacerlo. A no ser que hubo un sobreprecio donde se legalizó la corrupción y eso lo dije hace seis meses.
- ¿Se debería suspender al actual presidente de YPFB?
- Para que se cumpla lo que viene pregonando nuestro hermano presidente, lo primero que se debe hacer es levantar la reserva del caso y, lo segundo, se debe tener en cuenta que toda persona que está en el poder tiene la posibilidad de manejar su investigación, por eso una suspensión o una sustitución hasta que concluya este caso sería lo correcto.
Como lo hicieron con Santos Ramírez.
Situación
Más de tres años en prisión
Santos Ramírez lleva más de tres años en la cárcel de San Pedro y en este tiempo considera que su caída fue una trampa de algunos funcionarios que vieron en él una persona capaz de llevar adelante el proyecto político de Evo Morales y que por celos o temor buscaron sacarlo de la arena política.
Considera que a pesar de haber sido expulsado del MAS, su ideología política sigue intacta y que eso nadie se lo podrá quitar. Recuerda que apostó con Leopoldo Fernández, el otro peso pesado detenido en San Pedro, que el MAS iba a ganar en las últimas elecciones y por acertar se hizo de unos Bs 1.000.
Recuerda cómo el actual ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, le arrojó tres papeles en los que le incriminaba el desvío de dinero, que Gulsby era una empresa fantasma y la falta de garantía.
- Está detenido desde febrero de 2009, ¿en todo esto qué hay de verdad y qué de mentira?
- Es bueno explicar de qué se trata la planta de Río Grande, el interés y el beneficio que representa para el país. Seguro que nos preguntamos por qué construir una planta en Río Grande y para responder a esta pregunta se debe tomar en cuenta el contrato actual de exportación de gas a Brasil.
Este país no paga por los líquidos (GLP y gasolina) que se van con el gas. Por este tema se hizo una negociación con Petrobras durante la gestión del expresidente Lula da Silva, en la que se planteó al Gobierno brasileño que pague por los líquidos que se le vende. Por eso se definió que este país pague entre $us 120 y $us 180 millones cada año por estos líquidos. Sin embargo, esto no era suficiente, pues aún cobrando este monto seguía habiendo GLP y gasolina que no se estaba pagando. Por eso se determinó la construcción de una planta separadora de líquidos y así terminar con la subvención, que actualmente llega a los $us 800 millones.
- ¿Se pudo comprobar el desvío de dinero del que se le acusa?
- En absoluto. Hay una auditoria técnica de la que forma parte Gerson Rojas y Agustín Ugarte en la que se señala que el dinero…
- ¿Gerson Rojas y Agustín Ugarte, los implicados en el caso AESA?
- Tengo la auditoría firmada por ellos, Rojas ocupaba el cargo de jefe de ingeniería y Ugarte trabajaba como jefe de operaciones. Estos indican que el pago de $us 13 millones que se había realizado a la empresa Gulsby era correcto.
Los mismos funcionarios Rojas y Ugarte han demostrado al presidente de YPFB, Carlos Villegas, que esos pagos fueron realizados y que esta empresa no es fantasma, sino que es la más prestigiosa a escala internacional, eso lo dice la misma auditoría.
- ¿Y el tema de las garantías?
- Esa ha sido una tremenda mentira. Yo tengo los documentos que Carlos Villegas manda a la Corte Suprema en las que indica que la firma de este contrato era un daño lesivo al Estado. Pero luego de un informe jurídico del 11 de junio de 2009, firmado por las asesoras legales y penales María Cristina Criales Saara, Karina Escobar Martínez y Mónica Ramírez Márquez, se indica desistir con esta demanda, pues han comprobado que por el tema de las garantías hubo un pago de $us 3,3 millones como anticipo de obras, más los $us 6,1 millones en beneficio de YPFB, dinero que se cobró. Esto demuestra que este contrato sí tenía una garantía.
-Desvío de dinero no comprobado, la empresa fantasma existe y las garantías que se creía que no había existen.
- Todo eso se ha desvirtuado y lo que queda en el proceso es el manejo de unos $us 500.000 y $us 800.000 que me habría entregado. En este punto ha quedado demostrado que ningún testigo, ni del Ministerio Público ni de YPFB, ni de los otros indicó que me habían entregado ese dinero, lo que hay son suposiciones y bajo esto, debido a las presiones de Nardy Suxo y de otros funcionarios, se llegó a esta sentencia y que estamos apelando.
- ¿Quienes son Gerson Rojas y Agustín Ugarte?
- Son técnicos contratados por Carlos Villegas, que al firmar la segunda licitación de Río Grande se legalizó la corrupción debido al sobreprecio de este proyecto.
- ¿Esa planta en principio fue cotizada en $us 85 millones?
- Sí así es, pero no se tomó en cuenta la auditoría de Rojas ni de Ugarte que indicaba que se debía continuar con la construcción de la planta separadora, pues ya tenía un avance del 65,5%. La misma por $us 86 millones iba a tener la capacidad de procesar 200 millones de pies cúbicos de gas y de ese procesamiento se separaba cada día 350 toneladas de GLP y 600 barriles de gasolina natural por día. Ese era el contrato.
Hay otro informe (TRGD007) entregado a Villegas el 29 de agosto de 2009, el mismo tiene que ver con la valoración económica, social y de medioambiente de la construcción de la planta en Río Grande, en el que se indica que la mejor opción para realizar este trabajo constituye la empresa Gulsby, ya que se perdería 21 meses si se optaba por una nueva compañía.
Ante esto el directorio de YPFB en su informe 21/2009 determina continuar con la construcción de esta planta con la Gulsby, una decisión que no causaba daño económico. Eso es muy curioso. No hay explicación técnica, no hay explicación financiera para que la actual planta cueste $us 160 millones más $us 30 millones por el servicio de ingeniería. Así lo informó Rojas, que ahora está detenido.
- ¿Cómo se puede explicar eso?
- No hay manera de hacerlo. A no ser que hubo un sobreprecio donde se legalizó la corrupción y eso lo dije hace seis meses.
- ¿Se debería suspender al actual presidente de YPFB?
- Para que se cumpla lo que viene pregonando nuestro hermano presidente, lo primero que se debe hacer es levantar la reserva del caso y, lo segundo, se debe tener en cuenta que toda persona que está en el poder tiene la posibilidad de manejar su investigación, por eso una suspensión o una sustitución hasta que concluya este caso sería lo correcto.
Como lo hicieron con Santos Ramírez.
Situación
Más de tres años en prisión
Santos Ramírez lleva más de tres años en la cárcel de San Pedro y en este tiempo considera que su caída fue una trampa de algunos funcionarios que vieron en él una persona capaz de llevar adelante el proyecto político de Evo Morales y que por celos o temor buscaron sacarlo de la arena política.
Considera que a pesar de haber sido expulsado del MAS, su ideología política sigue intacta y que eso nadie se lo podrá quitar. Recuerda que apostó con Leopoldo Fernández, el otro peso pesado detenido en San Pedro, que el MAS iba a ganar en las últimas elecciones y por acertar se hizo de unos Bs 1.000.
Recuerda cómo el actual ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, le arrojó tres papeles en los que le incriminaba el desvío de dinero, que Gulsby era una empresa fantasma y la falta de garantía.
miércoles, 1 de febrero de 2012
Hoy dan lectura completa de la sentencia contra Santos Ramírez
Noticia publicada el 31 de Enero de 2012 en El Deber
El Tribunal Primero de Sentencia de La Paz confirmará hoy, cuando lea la sentencia completa, la pena de 12 años para el expresidente de YPFB Santos Ramírez y los delitos cometidos en la firma ilegal de contratos con la empresa Catler, anunció ayer el fiscal Harry Suaznabar.
"Con la lectura en su integridad se conocerán los fundamentos del fallo que dictó el jueves el tribunal en contra de Santos Ramírez y los otros co- procesados", explicó.
Informó que después de que el Ministerio Público conozca el fallo tendrá un plazo para presentar una apelación, si el caso amerita, sobre todo contra Miguel O´Connor D´Arlach, Julio Amagua y José Daniel Álvarez Gantier, absueltos de toda culpa en el juicio.
Según la resolución del tribunal fueron sentenciados Santos Ramírez con 12 años de cárcel; Agustín Tomás Melano con 6 años (prófugo); Luis Fernando Córdova con 6 años; Javier Navia Doria Medina con 6; Giovana Navia Doria Medina con 9; Esther Nogales con 9; Mauricio Ochoa Urioste con 9 (prófugo); Marco Antonio Vega del Carpio con 9 y Misael Gemio Jordán con 3 (prófugo).
El fiscal justificó las sentencias por los contratos irregulares entre YPFB y Catler Uniservice, para la construcción de una refinería en la localidad cruceña de Río Grande, valuada en 86 millones de dólares.
Los delitos que pesan son contratos lesivos al Estado, cohecho pasivo, asociación delictuosa, uso indebido de influencias, cohecho activo, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones. /ABI
El Tribunal Primero de Sentencia de La Paz confirmará hoy, cuando lea la sentencia completa, la pena de 12 años para el expresidente de YPFB Santos Ramírez y los delitos cometidos en la firma ilegal de contratos con la empresa Catler, anunció ayer el fiscal Harry Suaznabar.
"Con la lectura en su integridad se conocerán los fundamentos del fallo que dictó el jueves el tribunal en contra de Santos Ramírez y los otros co- procesados", explicó.
Informó que después de que el Ministerio Público conozca el fallo tendrá un plazo para presentar una apelación, si el caso amerita, sobre todo contra Miguel O´Connor D´Arlach, Julio Amagua y José Daniel Álvarez Gantier, absueltos de toda culpa en el juicio.
Según la resolución del tribunal fueron sentenciados Santos Ramírez con 12 años de cárcel; Agustín Tomás Melano con 6 años (prófugo); Luis Fernando Córdova con 6 años; Javier Navia Doria Medina con 6; Giovana Navia Doria Medina con 9; Esther Nogales con 9; Mauricio Ochoa Urioste con 9 (prófugo); Marco Antonio Vega del Carpio con 9 y Misael Gemio Jordán con 3 (prófugo).
El fiscal justificó las sentencias por los contratos irregulares entre YPFB y Catler Uniservice, para la construcción de una refinería en la localidad cruceña de Río Grande, valuada en 86 millones de dólares.
Los delitos que pesan son contratos lesivos al Estado, cohecho pasivo, asociación delictuosa, uso indebido de influencias, cohecho activo, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones. /ABI
sábado, 28 de enero de 2012
Los pagos llegaron a casi 17 millones de dólares
Noticia publicada el 27 de Enero de 2012 en Pagina Siete
Según un informe oficial , Santos Ramírez, ex presidente de YPFB, instruyó pagos en favor de la empresa estadounidense Gulsby Process Systems por 13,21 millones de dólares y a la compañía Uniservice por 3,30 millones de dólares. En la actualidad, la petrolera estatal espera el resarcimiento de esos 16,51 millones de dólares.
Para realizar los pagos del contrato entre YPFB y Catler Uniservice, se abrió una carta de crédito en el Banco Unión.
Las investigaciones revelaron que la sociedad accidental Catler-Uniservice se constituyó apenas tres días antes de la firma del contrato con YPFB, el 14 de julio, efectuada con bombos y platillos en Río Grande.
Según el informe de una comisión gubernamental que investigó el caso, la apertura de la carta de crédito por 35 millones de dólares, a cuenta de la asociación accidental Catler Uniservice, para beneficiar a la empresa Gulsby Process Systems LLP Texas-USA, con recursos del fideicomiso (de 45 millones de dólares), permite establecer que el entonces presidente ejecutivo de YPFB había adjudicado el contrato a una asociación accidental, Catler Uniservice, que no tenía la capacidad financiera para emprender el proyecto.
De acuerdo con ese informe, los adjudicatarios del proyecto para la instalación de la planta extractora no asumieron riesgo alguno; el Estado fue el que, durante la operación irregular, asumió todo el riesgo de la operación con Gulsby.
Develada la trama de corrupción en YPFB, se congelaron las cuentas del contrato, de tal modo que algunos de los involucrados no pudieran cobrar cheques incluso firmados por el asesinado Jorge O’Connor D’Arlach.
Según un informe oficial , Santos Ramírez, ex presidente de YPFB, instruyó pagos en favor de la empresa estadounidense Gulsby Process Systems por 13,21 millones de dólares y a la compañía Uniservice por 3,30 millones de dólares. En la actualidad, la petrolera estatal espera el resarcimiento de esos 16,51 millones de dólares.
Para realizar los pagos del contrato entre YPFB y Catler Uniservice, se abrió una carta de crédito en el Banco Unión.
Las investigaciones revelaron que la sociedad accidental Catler-Uniservice se constituyó apenas tres días antes de la firma del contrato con YPFB, el 14 de julio, efectuada con bombos y platillos en Río Grande.
Según el informe de una comisión gubernamental que investigó el caso, la apertura de la carta de crédito por 35 millones de dólares, a cuenta de la asociación accidental Catler Uniservice, para beneficiar a la empresa Gulsby Process Systems LLP Texas-USA, con recursos del fideicomiso (de 45 millones de dólares), permite establecer que el entonces presidente ejecutivo de YPFB había adjudicado el contrato a una asociación accidental, Catler Uniservice, que no tenía la capacidad financiera para emprender el proyecto.
De acuerdo con ese informe, los adjudicatarios del proyecto para la instalación de la planta extractora no asumieron riesgo alguno; el Estado fue el que, durante la operación irregular, asumió todo el riesgo de la operación con Gulsby.
Develada la trama de corrupción en YPFB, se congelaron las cuentas del contrato, de tal modo que algunos de los involucrados no pudieran cobrar cheques incluso firmados por el asesinado Jorge O’Connor D’Arlach.
viernes, 27 de enero de 2012
Un asesinato develó trama de corrupción en la estatal YPFB
Noticia publicada el 27 de Enero de 2012 en Pagina Siete
El trágico suceso, aquel 27 de enero de 2009, se desarrolló en cuestión de segundos.
A eso de las 10:20, la vagoneta Mitsubishi en la que iban los primos Javier Navía Doria Medina y Gonzalo Aramayo Doria Medina se estacionó a unos metros de la esquina formada por la avenida Tejada Sorzano y calle Monje; los familiares de la que fuera esposa del entonces presidente de YPFB habían guiado a los cuatro ocupantes de una Cherokee negra hasta el domicilio del abogado Gonzalo Aramayo, situado en el segundo piso de un edificio de esa populosa zona.
Los que iban en las dos vagonetas querían cerrar a la brevedad posible la entrega y la recepción de los 450 mil dólares de un presunto soborno para el entonces presidente de YPFB, Santos Ramírez, por haber usado su poder discrecional en la adjudicación de la planta separadora a la sociedad accidental Catler-Uniservice.
Pero, según las investigaciones, otro grupo, que seguía los pasos de los primeros y que había planificado todo hasta el mínimo detalle, estaba en ese sector de la ciudad para realizar un “volteo” (robo).
La Cherokee negra transportaba a los hermanos Jorge y Miguel O’Connor D’Arlach Taborga y a sus dos colaboradores, Fernando Córdova Santiváñez y Mario Cossío McGalem. El grupo que los esperaba para ejecutar el “volteo” estaba liderizado por el prontuariado Rufino Rodríguez, alias El Rufo, quien, según lo que declaró el 28 de febrero de 2009, tras ser aprehendido en Cochabamba, había sido convocado a La Paz por Ernesto Córdova Santiváñez, hermano del empleado de los O’Connor D’Arlach, aunque posteriormente se retractó de estas declaraciones.
Navía y Aramayo descendieron de la Mitsubishi con el objetivo de abrir la puerta de calle del edificio y casi simultáneamente también bajaron de la Cherokee Jorge O’Connor D’Arlach, con un maletín con 300 mil dólares y una laptop, y Mario Cossío MacGalem, con otro de 150 mil dólares. Antes de que ingresaran al domicilio de Aramayo, fueron interceptados por Rufino y un cómplice, que los habían seguido desde el banco en una moto, y por Ariel y Yerko, que salieron como fantasmas de un Toyota Caldina verde, estacionado a unos metros del lugar.
Según las investigaciones policiales, los delincuentes inmovilizaron a Aramayo al aprisionarlo con la puerta del domicilio, en tanto que Rufino exigía a gritos que O’Connor soltara el maletín, pero el ejecutivo se resistía a cumplir la intimidante orden, por lo cual el cabecilla de la banda dice que “disparó directamente al cuerpo y él se cayó al suelo soltando el dinero”; Cossío, al presenciar el hecho de sangre, tiró el segundo maletín al piso y escapó, despavorido, por la vecina calle Monje; se tropezó, rodó algunos metros, pero después se levantó, para alejarse rápidamente de la escena del crimen.
Ya con los dos maletines en su poder, los delincuentes también huyeron del lugar: Rufino se fue en la Toyota Caldina y su cómplice en la moto Honda.
Atónitos, los que fueron testigos del homicidio tuvieron que reaccionar rápidamente, porque Jorge O’Connor D’Arlach, pese al disparo recibido en el cuello, según certificaría después un informe forense, seguía con vida; su hermano Miguel y Fernando Córdova lo trasladaron en la Cherokee al cercano Hospital Arco Iris, situado a unas cuatro cuadras del domicilio de Aramayo, pero el esfuerzo no fue suficiente, debido al daño interno que había causado ya el proyectil del revólver calibre 38 de Rufino Rodríguez. Jorge O’Connor murió en ese hospital.
Se vinculó el homicidio de Jorge O’Connor D’Arlach con una coima para Santos Ramírez.
Texto basado en Santos Ramírez. Corrupción en tiempos de cambio, de Marco Zelaya y Daniela Espinoza.
Corrupción y “volteo”
Coima El 27 de enero de 2009 Jorge O’Connor D’Arlach murió de un disparo cuando intentaba entregar una presunta coima para el entonces presidente de YPFB, Santos Ramírez.
MontoAquel día un grupo de delincuentes se llevó 450 mil dólares tras el “volteo” a los hermanos O’Connor D’Arlach y a los familiares de la esposa del ahora condenado a 12 años Santos Ramírez.
El trágico suceso, aquel 27 de enero de 2009, se desarrolló en cuestión de segundos.
A eso de las 10:20, la vagoneta Mitsubishi en la que iban los primos Javier Navía Doria Medina y Gonzalo Aramayo Doria Medina se estacionó a unos metros de la esquina formada por la avenida Tejada Sorzano y calle Monje; los familiares de la que fuera esposa del entonces presidente de YPFB habían guiado a los cuatro ocupantes de una Cherokee negra hasta el domicilio del abogado Gonzalo Aramayo, situado en el segundo piso de un edificio de esa populosa zona.
Los que iban en las dos vagonetas querían cerrar a la brevedad posible la entrega y la recepción de los 450 mil dólares de un presunto soborno para el entonces presidente de YPFB, Santos Ramírez, por haber usado su poder discrecional en la adjudicación de la planta separadora a la sociedad accidental Catler-Uniservice.
Pero, según las investigaciones, otro grupo, que seguía los pasos de los primeros y que había planificado todo hasta el mínimo detalle, estaba en ese sector de la ciudad para realizar un “volteo” (robo).
La Cherokee negra transportaba a los hermanos Jorge y Miguel O’Connor D’Arlach Taborga y a sus dos colaboradores, Fernando Córdova Santiváñez y Mario Cossío McGalem. El grupo que los esperaba para ejecutar el “volteo” estaba liderizado por el prontuariado Rufino Rodríguez, alias El Rufo, quien, según lo que declaró el 28 de febrero de 2009, tras ser aprehendido en Cochabamba, había sido convocado a La Paz por Ernesto Córdova Santiváñez, hermano del empleado de los O’Connor D’Arlach, aunque posteriormente se retractó de estas declaraciones.
Navía y Aramayo descendieron de la Mitsubishi con el objetivo de abrir la puerta de calle del edificio y casi simultáneamente también bajaron de la Cherokee Jorge O’Connor D’Arlach, con un maletín con 300 mil dólares y una laptop, y Mario Cossío MacGalem, con otro de 150 mil dólares. Antes de que ingresaran al domicilio de Aramayo, fueron interceptados por Rufino y un cómplice, que los habían seguido desde el banco en una moto, y por Ariel y Yerko, que salieron como fantasmas de un Toyota Caldina verde, estacionado a unos metros del lugar.
Según las investigaciones policiales, los delincuentes inmovilizaron a Aramayo al aprisionarlo con la puerta del domicilio, en tanto que Rufino exigía a gritos que O’Connor soltara el maletín, pero el ejecutivo se resistía a cumplir la intimidante orden, por lo cual el cabecilla de la banda dice que “disparó directamente al cuerpo y él se cayó al suelo soltando el dinero”; Cossío, al presenciar el hecho de sangre, tiró el segundo maletín al piso y escapó, despavorido, por la vecina calle Monje; se tropezó, rodó algunos metros, pero después se levantó, para alejarse rápidamente de la escena del crimen.
Ya con los dos maletines en su poder, los delincuentes también huyeron del lugar: Rufino se fue en la Toyota Caldina y su cómplice en la moto Honda.
Atónitos, los que fueron testigos del homicidio tuvieron que reaccionar rápidamente, porque Jorge O’Connor D’Arlach, pese al disparo recibido en el cuello, según certificaría después un informe forense, seguía con vida; su hermano Miguel y Fernando Córdova lo trasladaron en la Cherokee al cercano Hospital Arco Iris, situado a unas cuatro cuadras del domicilio de Aramayo, pero el esfuerzo no fue suficiente, debido al daño interno que había causado ya el proyectil del revólver calibre 38 de Rufino Rodríguez. Jorge O’Connor murió en ese hospital.
Se vinculó el homicidio de Jorge O’Connor D’Arlach con una coima para Santos Ramírez.
Texto basado en Santos Ramírez. Corrupción en tiempos de cambio, de Marco Zelaya y Daniela Espinoza.
Corrupción y “volteo”
Coima El 27 de enero de 2009 Jorge O’Connor D’Arlach murió de un disparo cuando intentaba entregar una presunta coima para el entonces presidente de YPFB, Santos Ramírez.
MontoAquel día un grupo de delincuentes se llevó 450 mil dólares tras el “volteo” a los hermanos O’Connor D’Arlach y a los familiares de la esposa del ahora condenado a 12 años Santos Ramírez.
Catler Uniservice nunca edificó la planta separadora de Río Grande
Noticia publicada el 27 de Enero de 2012 en Pagina Siete
Cuando el entonces presidente de YPFB Santos Ramírez justificó la instalación de la planta separadora de líquidos de Río Grande, con los argumentos a los cuales apelaba cuando era senador, durante la discusión de la actual Ley de Hidrocarburos 3058, dijo que el país precisaba industrializar el gas natural.
Ramírez se había destacado, en mayo de 2005 y en los meses previos, como un tenaz partidario de la imposición del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), con una alícuota del 50 por ciento a la producción de hidrocarburos; la posición del entonces político respondía a todo el debate previo a la promulgación de esta norma, en el que el MAS había posicionado la idea de que el Estado sólo percibía un 18 por ciento sobre la producción, en tanto que las transnacionales petroleras se embolsaban el 82 por ciento.
¿Para qué instalar, en la población cruceña de Río Grande, una planta extractora de gas licuado de petróleo (GLP)?
En invierno y en las fiestas de fin de año es frecuente que se registre una escasez de GLP, ya sea por el contrabando a Perú o Brasil, la especulación o bien por el aumento del consumo (el transporte público usa garrafas y no gas natural vehicular); la falta de este producto tiene un elevado costo político para los gobiernos, porque es de consumo masivo, y también en metálico, puesto que debe importarlo de países vecinos.
Lo paradójico, sin embargo, es que Bolivia exporta a Brasil un gas rico en los componentes esenciales del GLP, el propano y el butano, y en gasolina natural -también llamada gasolina blanca-, que se podrían extraer si se contara con las plantas necesarias para tal cometido; la necesidad de restar estos elementos ricos del gas natural, que se van en la corriente de exportación, se convirtió en uno de los ejes del programa petrolero del MAS.
De acuerdo con las especificaciones de la licitación que se adjudicó el consorcio accidental Catler Uniservice, la nueva planta extractora, que será instalada en Río Grande -el punto desde el que se exporta el gas a Brasil-, debía contar con una capacidad de producción de 360 toneladas métricas diarias de GLP, que equivalen a 36.000 garrafas de 10 kg por día, y hasta 600 barriles de gasolina natural; la empresa estatal había estimado, para la planta, un precio aproximado de 90 millones de dólares.
Catler Uniservice ganó la licitación en julio de 2008 al presentar una oferta de 86,35 millones de dólares, por una unidad industrial con capacidad de 260 toneladas de GLP -26.000 garrafas de 10 kg al día- y 450 barriles de gasolina natural, que debía ser entregada llave en mano en 340 días.
El plazo revela la premura con la que YPFB proyectaba ejecutar todas sus obras. Pero tal planta, como se sabe, nunca se edificó.
La planta costaba $us 90 millones
Se estimó un precio de 90 millones de dólares para la obra -que serían pagados con fondos del Banco de Desarrollo Productivo (BDP)- que Catler se adjudicó al presentar una oferta de 86,35 millones de dólares.
De acuerdo con el libro Santos Ramírez. Corrupción en tiempos de cambio, de los periodistas Marco Zelaya y Daniela Espinoza, fuentes del sector petrolero aseguraron que una planta con esas características no costaba más de 50 millones de dólares, por lo cual se habría adjudicado la licitación con un sobreprecio de hasta 30 millones de dólares.
La empresa adjudicataria, que se haría cargo de la instalación de la planta, contrató a su vez firmas proveedoras; entre las empresas figuraban, inicialmente, Catler, Gulsby, Uniservice SRL, ARCAN Engineering, Carlos Caballero SRL y ENSR Bolivia SRL. El contrato, sin embargo, sólo fue firmado por Catler y Uniservice.
En el Senado se atribuyó a este consorcio la misma experiencia que la estadounidense Gulsby, que construyó 95 separadoras en el mundo.
Poder casi ilimitado
Norma El Decreto Supremo 29506, del 9 de abril de 2008, otorgó facultades al entonces presidente de YPFB, Santos Ramírez, para contratar y comprar directamente “con precalificación de potenciales proponentes”.
PoderSe argumentó que se precisaba acelerar la instalación de la planta, mediante el referido decreto, pero en realidad la norma abrió paso a la discrecionalidad.
CorrupciónEse poder amplio derivó en el caso por el que Ramírez fue condenado.
Cuando el entonces presidente de YPFB Santos Ramírez justificó la instalación de la planta separadora de líquidos de Río Grande, con los argumentos a los cuales apelaba cuando era senador, durante la discusión de la actual Ley de Hidrocarburos 3058, dijo que el país precisaba industrializar el gas natural.
Ramírez se había destacado, en mayo de 2005 y en los meses previos, como un tenaz partidario de la imposición del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), con una alícuota del 50 por ciento a la producción de hidrocarburos; la posición del entonces político respondía a todo el debate previo a la promulgación de esta norma, en el que el MAS había posicionado la idea de que el Estado sólo percibía un 18 por ciento sobre la producción, en tanto que las transnacionales petroleras se embolsaban el 82 por ciento.
¿Para qué instalar, en la población cruceña de Río Grande, una planta extractora de gas licuado de petróleo (GLP)?
En invierno y en las fiestas de fin de año es frecuente que se registre una escasez de GLP, ya sea por el contrabando a Perú o Brasil, la especulación o bien por el aumento del consumo (el transporte público usa garrafas y no gas natural vehicular); la falta de este producto tiene un elevado costo político para los gobiernos, porque es de consumo masivo, y también en metálico, puesto que debe importarlo de países vecinos.
Lo paradójico, sin embargo, es que Bolivia exporta a Brasil un gas rico en los componentes esenciales del GLP, el propano y el butano, y en gasolina natural -también llamada gasolina blanca-, que se podrían extraer si se contara con las plantas necesarias para tal cometido; la necesidad de restar estos elementos ricos del gas natural, que se van en la corriente de exportación, se convirtió en uno de los ejes del programa petrolero del MAS.
De acuerdo con las especificaciones de la licitación que se adjudicó el consorcio accidental Catler Uniservice, la nueva planta extractora, que será instalada en Río Grande -el punto desde el que se exporta el gas a Brasil-, debía contar con una capacidad de producción de 360 toneladas métricas diarias de GLP, que equivalen a 36.000 garrafas de 10 kg por día, y hasta 600 barriles de gasolina natural; la empresa estatal había estimado, para la planta, un precio aproximado de 90 millones de dólares.
Catler Uniservice ganó la licitación en julio de 2008 al presentar una oferta de 86,35 millones de dólares, por una unidad industrial con capacidad de 260 toneladas de GLP -26.000 garrafas de 10 kg al día- y 450 barriles de gasolina natural, que debía ser entregada llave en mano en 340 días.
El plazo revela la premura con la que YPFB proyectaba ejecutar todas sus obras. Pero tal planta, como se sabe, nunca se edificó.
La planta costaba $us 90 millones
Se estimó un precio de 90 millones de dólares para la obra -que serían pagados con fondos del Banco de Desarrollo Productivo (BDP)- que Catler se adjudicó al presentar una oferta de 86,35 millones de dólares.
De acuerdo con el libro Santos Ramírez. Corrupción en tiempos de cambio, de los periodistas Marco Zelaya y Daniela Espinoza, fuentes del sector petrolero aseguraron que una planta con esas características no costaba más de 50 millones de dólares, por lo cual se habría adjudicado la licitación con un sobreprecio de hasta 30 millones de dólares.
La empresa adjudicataria, que se haría cargo de la instalación de la planta, contrató a su vez firmas proveedoras; entre las empresas figuraban, inicialmente, Catler, Gulsby, Uniservice SRL, ARCAN Engineering, Carlos Caballero SRL y ENSR Bolivia SRL. El contrato, sin embargo, sólo fue firmado por Catler y Uniservice.
En el Senado se atribuyó a este consorcio la misma experiencia que la estadounidense Gulsby, que construyó 95 separadoras en el mundo.
Poder casi ilimitado
Norma El Decreto Supremo 29506, del 9 de abril de 2008, otorgó facultades al entonces presidente de YPFB, Santos Ramírez, para contratar y comprar directamente “con precalificación de potenciales proponentes”.
PoderSe argumentó que se precisaba acelerar la instalación de la planta, mediante el referido decreto, pero en realidad la norma abrió paso a la discrecionalidad.
CorrupciónEse poder amplio derivó en el caso por el que Ramírez fue condenado.
Un decreto facilitó las contrataciones y compras directas
Noticia publicada el 27 de Enero de 2012 en PAgina Siete
Experimentado político, Santos Ramírez conocía que el principal obstáculo de sus predecesores en YPFB fue la lentitud del aparato estatal en lo que respecta a las contrataciones y compras de bienes o servicios. Ramírez exigió como condición para asumir la presidencia de la petrolera que le facilitaran los medios adecuados.
El principal instrumento del que se le dotó fue el Decreto Supremo 29506, promulgado el 9 de abril de 2008 -un mes después de su nombramiento-, mediante el cual YPFB obtuvo la autorización de realizar la contratación directa de obras, bienes, servicios generales y servicios de consultoría, “así como establecer las condiciones que regulan el proceso de contratación de bienes, obras y servicios con precalificación de potenciales proponentes”, en el marco de las leyes SAFCO y de Hidrocarburos.
Con la promulgación de esta norma, tenía, en adelante, carta blanca para efectivizar todas las contrataciones directas necesarias en exploración, explotación, refinación e industrialización, transporte y almacenaje, comercialización y, finalmente, distribución de gas natural por redes. Ninguno de los anteriores presidentes de la empresa había logrado un poder tan omnímodo sobre toda la cadena de los hidrocarburos.
Sólo restaba, por tanto, ejecutar las acciones necesarias para transformar a la compañía estatal en una corporación, mediante sociedades con otras empresas petroleras, para lo cual Ramírez contaba también con otro decreto supremo que definía la nueva estrategia corporativa.
Ambas normas transformaron a Santos Ramírez en uno de los funcionarios más poderosos del país, pues contaba con la facultad, casi ilimitada, de realizar adquisiciones de bienes y servicios.
La intención respondía, en concordancia con lo planificado para el sector público de los hidrocarburos, al deseo de acelerar los procesos para consolidar el dominio estatal sobre esa estratégica cadena productiva.
Sin embargo, se pasó por alto que la eliminación de tales resguardos legales, cuyo cumplimiento era obligatorio en el Estado, también puede llevar a la discrecionalidad, si se considera que ya no regían los procedimientos para compras.
Experimentado político, Santos Ramírez conocía que el principal obstáculo de sus predecesores en YPFB fue la lentitud del aparato estatal en lo que respecta a las contrataciones y compras de bienes o servicios. Ramírez exigió como condición para asumir la presidencia de la petrolera que le facilitaran los medios adecuados.
El principal instrumento del que se le dotó fue el Decreto Supremo 29506, promulgado el 9 de abril de 2008 -un mes después de su nombramiento-, mediante el cual YPFB obtuvo la autorización de realizar la contratación directa de obras, bienes, servicios generales y servicios de consultoría, “así como establecer las condiciones que regulan el proceso de contratación de bienes, obras y servicios con precalificación de potenciales proponentes”, en el marco de las leyes SAFCO y de Hidrocarburos.
Con la promulgación de esta norma, tenía, en adelante, carta blanca para efectivizar todas las contrataciones directas necesarias en exploración, explotación, refinación e industrialización, transporte y almacenaje, comercialización y, finalmente, distribución de gas natural por redes. Ninguno de los anteriores presidentes de la empresa había logrado un poder tan omnímodo sobre toda la cadena de los hidrocarburos.
Sólo restaba, por tanto, ejecutar las acciones necesarias para transformar a la compañía estatal en una corporación, mediante sociedades con otras empresas petroleras, para lo cual Ramírez contaba también con otro decreto supremo que definía la nueva estrategia corporativa.
Ambas normas transformaron a Santos Ramírez en uno de los funcionarios más poderosos del país, pues contaba con la facultad, casi ilimitada, de realizar adquisiciones de bienes y servicios.
La intención respondía, en concordancia con lo planificado para el sector público de los hidrocarburos, al deseo de acelerar los procesos para consolidar el dominio estatal sobre esa estratégica cadena productiva.
Sin embargo, se pasó por alto que la eliminación de tales resguardos legales, cuyo cumplimiento era obligatorio en el Estado, también puede llevar a la discrecionalidad, si se considera que ya no regían los procedimientos para compras.
SAntos Ramirez Ascenso y caída de un hombre fuerte
Noticia publicada el 27 de Enero de 2012 en Pagina Siete
Si Santos Ramírez se convirtió en un personaje público fue porque defendió con tozudez, cuando aún solo era un parlamentario del opositor MAS, los artículos de una nueva ley petrolera que creaba una nueva distribución de la renta petrolera en el país.
En efecto, la nueva norma instituyó el Impuesto Directo a los Hidrocarburos, que es el responsable de la mayor recaudación por el negocio petrolero en el país -es mucho más importante que la nacionalización, por ejemplo-, pero paradójicamente no asigna recursos a la estatal YPFB. Fue en una oficina del sexto piso del edificio de esa empresa donde Santos Ramírez confrontaría acaso los que fueron los peores momentos de su vida.
Antes de que fuera destituido de YPFB y posteriormente aprehendido, este político, que en los referidos debates parlamentarios se había convertido en la voz autorizada en hidrocarburos en el MAS -siempre acompañado por su escudero, el técnico en computación Guillermo Aruquipa-, había batallado en la arena política hasta convertirse, como se dijo en su momento, en el segundo hombre más poderoso en el entorno palaciego, porque gozaba de la irrestricta confianza del presidente Evo Morales.
Poco antes de que cayera en desgracia, se aseguraba que este profesor rural potosino, nacido en Caiza D el 15 de agosto de 1962, era el seguro acompañante de fórmula de Evo para las elecciones generales de diciembre de 2009.
En esa condición era, pues, uno de los hombres fuertes del partido oficialista, pero que, a diferencia de otros del llamado “círculo íntimo”, no había llegado al Palacio Quemado como un advenedizo, sino como un político provinciano de cepa que se había ganado a pulso su lugar y predicamento en el partido.
Pero su bautizo en las lides políticas se registró en Potosí, donde se fogueó como concejal. Llegó al órgano deliberante como munícipe por el Eje Pachakuti y, como buscaba una mayor proyección, hizo una fuerte apuesta y se vio en la vorágine de la campaña de unas justas locales en las cuales había rivalizado con el, en ese entonces, imbatible y ahora destituido René Joaquino, aunque perdió. Pero la tenacidad que había demostrado, hasta egresar de derecho, lo condujo a abrirse un espacio en el naciente MAS, que comenzaba a articular un discurso nacionalista en el que la lucha contra las petroleras era uno de los ejes.
Dotado de una retórica de medianos recursos, en la cual se notaban las muletillas de abogado, pero que deslumbraba en un grupo en el que no había precisamente grandes oradores, Santos Ramírez llegó a ser senador por Potosí en las elecciones de diciembre de 2005 e inmediatamente después presidente del Senado, en 2006, es decir, el tercer hombre en importancia del país.
Pero como si lo persiguiera cierta fatalidad para pasarle factura por sus éxitos en la política, ese mismo año saltó a los medios el caso de un supuesto asesor suyo que fue aprehendido cuando trataba de traficar droga y que, con la idea de sacarse de encima su responsabilidad penal, exhibió una carta de recomendación del Presidente del Senado; también se destapó el episodio de las visas chinas en el cual lo involucraron, aunque fue más difundido el escándalo de los avales políticos, unas misivas que Santos presuntamente vendía como salvoconducto a una pega en la administración pública.
Como ha sucedido otras veces, el ex político parece sumirse en el silencio ante las adversidades, lo cual, sin embargo, no pudo lograr en el momento en el que un juez leyó la sentencia mediante la cual lo condenaron a 12 años de cárcel. Pudo, eso sí, garabatear una página en la cual se veían líneas algo retorcidas.
Inicios Comenzó como concejal por el Eje Pachakuti en Potosí.
Senador Fue elegido para la Cámara Alta en 2005 y como presidente del Senado en 2006.
Casos Fue involucrado, antes del caso Catler, en los escándalos de las visas chinas, de los avales políticos y de un narcoasesor.
El fugaz matrimonio y el divorcio de Santos Ramírez
Después del estallido del caso Catler-Uniservice, el ex presidente de YPFB y del Senado presentó una demanda de divorcio contra Geovanna Navía Doria Medina, cuyos familiares están involucrados en el caso del “volteo” de los 450 mil dólares al fallecido empresario Jorge O’Connor. La ex esposa ha recibido una condena de nueve años de cárcel.
En la demanda de divorcio, Ramírez argumentó que, a partir de los hechos del 27 de enero, sufrió “malos tratos de orden psicológico, un hostigamiento paulatino progresivo por los medios de comunicación, por la relación con mis cuñados. Puedo afirmar que mi vida en común es intolerable, por lo que he asumido la posición de buscar por la vía del divorcio la ruptura de mi vínculo matrimonial'”.
El matrimonio duró apenas 33 días.
Y durante los momentos más difíciles la ahora ex esposa informó que estaba esperando, según las ecografías a las cuales supuestamente se había sometido, gemelos del ex líder masista.
Santos Ramírez y Geovanna Navía Doria Medina, diputada suplente por el MAS, se habían conocido en 2007 y se habían casado el 6 de enero de 2009 en Caiza D, Potosí, en una boda en la que echaron la casa por la ventana. Antes, Ramírez estuvo casado por 27 años con María Olmos, su paisana y colega -profesora-, con quien tiene tres hijos.
Si Santos Ramírez se convirtió en un personaje público fue porque defendió con tozudez, cuando aún solo era un parlamentario del opositor MAS, los artículos de una nueva ley petrolera que creaba una nueva distribución de la renta petrolera en el país.
En efecto, la nueva norma instituyó el Impuesto Directo a los Hidrocarburos, que es el responsable de la mayor recaudación por el negocio petrolero en el país -es mucho más importante que la nacionalización, por ejemplo-, pero paradójicamente no asigna recursos a la estatal YPFB. Fue en una oficina del sexto piso del edificio de esa empresa donde Santos Ramírez confrontaría acaso los que fueron los peores momentos de su vida.
Antes de que fuera destituido de YPFB y posteriormente aprehendido, este político, que en los referidos debates parlamentarios se había convertido en la voz autorizada en hidrocarburos en el MAS -siempre acompañado por su escudero, el técnico en computación Guillermo Aruquipa-, había batallado en la arena política hasta convertirse, como se dijo en su momento, en el segundo hombre más poderoso en el entorno palaciego, porque gozaba de la irrestricta confianza del presidente Evo Morales.
Poco antes de que cayera en desgracia, se aseguraba que este profesor rural potosino, nacido en Caiza D el 15 de agosto de 1962, era el seguro acompañante de fórmula de Evo para las elecciones generales de diciembre de 2009.
En esa condición era, pues, uno de los hombres fuertes del partido oficialista, pero que, a diferencia de otros del llamado “círculo íntimo”, no había llegado al Palacio Quemado como un advenedizo, sino como un político provinciano de cepa que se había ganado a pulso su lugar y predicamento en el partido.
Pero su bautizo en las lides políticas se registró en Potosí, donde se fogueó como concejal. Llegó al órgano deliberante como munícipe por el Eje Pachakuti y, como buscaba una mayor proyección, hizo una fuerte apuesta y se vio en la vorágine de la campaña de unas justas locales en las cuales había rivalizado con el, en ese entonces, imbatible y ahora destituido René Joaquino, aunque perdió. Pero la tenacidad que había demostrado, hasta egresar de derecho, lo condujo a abrirse un espacio en el naciente MAS, que comenzaba a articular un discurso nacionalista en el que la lucha contra las petroleras era uno de los ejes.
Dotado de una retórica de medianos recursos, en la cual se notaban las muletillas de abogado, pero que deslumbraba en un grupo en el que no había precisamente grandes oradores, Santos Ramírez llegó a ser senador por Potosí en las elecciones de diciembre de 2005 e inmediatamente después presidente del Senado, en 2006, es decir, el tercer hombre en importancia del país.
Pero como si lo persiguiera cierta fatalidad para pasarle factura por sus éxitos en la política, ese mismo año saltó a los medios el caso de un supuesto asesor suyo que fue aprehendido cuando trataba de traficar droga y que, con la idea de sacarse de encima su responsabilidad penal, exhibió una carta de recomendación del Presidente del Senado; también se destapó el episodio de las visas chinas en el cual lo involucraron, aunque fue más difundido el escándalo de los avales políticos, unas misivas que Santos presuntamente vendía como salvoconducto a una pega en la administración pública.
Como ha sucedido otras veces, el ex político parece sumirse en el silencio ante las adversidades, lo cual, sin embargo, no pudo lograr en el momento en el que un juez leyó la sentencia mediante la cual lo condenaron a 12 años de cárcel. Pudo, eso sí, garabatear una página en la cual se veían líneas algo retorcidas.
Inicios Comenzó como concejal por el Eje Pachakuti en Potosí.
Senador Fue elegido para la Cámara Alta en 2005 y como presidente del Senado en 2006.
Casos Fue involucrado, antes del caso Catler, en los escándalos de las visas chinas, de los avales políticos y de un narcoasesor.
El fugaz matrimonio y el divorcio de Santos Ramírez
Después del estallido del caso Catler-Uniservice, el ex presidente de YPFB y del Senado presentó una demanda de divorcio contra Geovanna Navía Doria Medina, cuyos familiares están involucrados en el caso del “volteo” de los 450 mil dólares al fallecido empresario Jorge O’Connor. La ex esposa ha recibido una condena de nueve años de cárcel.
En la demanda de divorcio, Ramírez argumentó que, a partir de los hechos del 27 de enero, sufrió “malos tratos de orden psicológico, un hostigamiento paulatino progresivo por los medios de comunicación, por la relación con mis cuñados. Puedo afirmar que mi vida en común es intolerable, por lo que he asumido la posición de buscar por la vía del divorcio la ruptura de mi vínculo matrimonial'”.
El matrimonio duró apenas 33 días.
Y durante los momentos más difíciles la ahora ex esposa informó que estaba esperando, según las ecografías a las cuales supuestamente se había sometido, gemelos del ex líder masista.
Santos Ramírez y Geovanna Navía Doria Medina, diputada suplente por el MAS, se habían conocido en 2007 y se habían casado el 6 de enero de 2009 en Caiza D, Potosí, en una boda en la que echaron la casa por la ventana. Antes, Ramírez estuvo casado por 27 años con María Olmos, su paisana y colega -profesora-, con quien tiene tres hijos.
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