martes, 27 de octubre de 2015

Rafael Quispe: Confirma acusación de Aramayo en contra de Eugenio Rojas y su hermano

Rafael Quispe, diputado por Unidad Demócrata (UN), confirmó la acusación que hizo el expresidente del Consejo Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc), Marco Antonio Aramayo, contra el expresidente del Senado, Eugenio Rojas, y actual titular del Fondo de Desarrollo Indígena, quien presionaba para que se aprueben proyectos. Añadió que el hermano de Rojas fungía como el “cobrador de diezmos”, para el actual partido de gobierno.

Quispe denunció que Jesús Rojas, hermano del actual director ejecutivo del Fondo de Desarrollo Indígena, era el “operador político” y quien presionaba a los directivos de la liquidada Fondioc para que los proyectos sean agilizados y aseguró que era el encargado de cobrar los “diezmos”, con los que el Movimiento Al Socialismo (MAS) ha anunciado financiar la reelección de Evo Morales.

“Ha manifestado el señor (Marco) Aramayo que se cobraba un porcentaje de más o menos un 10% para acelerar proyectos que supuestamente iban a beneficiar a los indígenas. En ese marco, estamos realizando las investigaciones, Jesús Rojas era operador político, era quien frecuentaba para presionar, no solamente al director ejecutivo, sino al director jurídico, a los cuatro directores que existían, para acelerar (los proyectos) y de acuerdo a nuestra investigación ese señor estaba encargado de cobrar los diezmos correspondientes”, declaró el diputado.

Por su lado, Eugenio Rojas rechazó las denuncias de Quispe, y a tiempo de precisar que su hermano, profesor en la ciudad de La Paz, afirmó que no realizará ninguna acción legal contra el denunciante, pero pidió pruebas.

“No conozco, yo no ando detrás de mi hermano, él es suficientemente mayor, es una persona que tiene ya edad. No sé si cobraba o no, él es maestro en La Paz”, dijo la autoridad.

El jueves pasado, Aramayo aseguró que Eugenio Rojas intentaba comunicarse con él, para pedirle que atienda a las personas que se le pedían se agilice sus trámites; antes, también acusó de presionar al directorio, a varios dirigentes.

Afirmó que él sólo obedecía órdenes y pidió que quienes lo mandaban también den la cara.

“Hay una cadena de mando que tiene que responder porque yo era un subalterno, a mí me mandaban y yo obedecía. Me mandaban desde la ministra Nemesia Achacollo, ella tiene que venir a dar la cara, ¿por qué se esconde?”, manifestó Aramayo.

sábado, 24 de octubre de 2015

No descartan citar a Rojas por el caso Fondo Indígena



La comisión del Ministerio Público que indaga el caso Fondo Indígena evaluará si cita o no a declarar al exsenador Eugenio Rojas, quien fue acusado de presionar para aprobar proyectos de desarrollo rural, afirmó ayer el fiscal General, Ramiro Guerrero.

Juan Carlos Aramayo, exdirector del Fondo Indígena que está detenido por irregularidades detectadas en 153 obras inexistentes o inclonclusas, declaró el jueves que Rojas lo llamaba y presionaba para que su hermano reciba proyectos de desarrollo.

En respuesta, Eugenio Rojas dijo ayer que no conocía y que nunca vio personalmente a Aramayo. “Ni siquiera hablé por teléfono con él, eso quiero aclarar”, sostuvo el exasambleísta, quien ahora es el director del Fondo de Desarrollo Indígena.

Convocatoria. La comisión (de fiscales que investiga el caso) verá y evaluará. No se descarta a nadie (para declarar). En el marco de la investigación, las personas que pudieran brindar una información o, a partir de una revisión de documentación, tuvieran algunos indicios de responsabilidad, por supuesto que serán convocadas”, indicó Guerrero en una conferencia de prensa en la ciudad de La Paz.

El caso del Fondo Indígena fue denunciado en febrero, cuando la Contraloría detectó un desfalco de Bs 71 millones por irregularidades en 153 obras de desarrollo financiadas por el citado Fondo.

Una intervención posterior al Fondo de Desarrollo Campesino estableció que había 30 obras “fantasma” o inexistentes que causaron un daño de Bs 14,5 millones al Estado, dinero que fue depositado incluso en cuentas personales de dirigentes de diferentes organizaciones sociales campesinas e indígenas del país.

Por estos procesos penales iniciados por irregularidades en los proyectos hay siete detenidos, entre exdirectivos del Fondo Indígena y dirigentes locales, y 205 procesados. Uno de los exdirectivos es Juan Carlos Aramayo. Guerrero aclaró que hay una lista larga de personas implicadas por las 153 obras, ya que si solo se toma en cuenta a cuatro por proyecto, se tiene entre 500 a 600 denuncias e investigadas.

La Fiscalía regionaliza la investigación de obras

ABI

El fiscal Gregorio Blanco, miembro de la comisión que investiga la malversación de recursos económicos del ex Fondo Indígena, informó ayer que por su complejidad, número de proyectos en varias regiones y la necesidad de convocar a dirigentes involucrados, se decidió regionalizar el proceso.

“Es imposible que 125 fiscales de La Paz investiguen 300 proyectos referidos a los casos de fondos en avance y administrativos, por eso se determinó que todos los procesos sean realizados en cada región, donde se ejecutaron las obras”, declaró.

Mencionó que en Oruro, Santa Cruz y Beni se abrieron diferentes procesos que facilitarán que las personas implicadas declaren en sus respectivos departamentos.Anotó que en la auditoría que realizó la Contraloría General del Estado (CGE) existen 153 proyectos y otro lote remitido, como resultado de la intervención al Fondo Indígena.

Cae grupo de falsificadores y entre ellos el hijo de exconcejal

Un hombre acudió el pasado jueves a Tránsito a registrar un vehículo que había comprado, pero cuando entregó el Poder Notariado 2012 2015 con el que le dieron el carro, los policías se dieron cuenta de que era falso.

Uno de los agentes llamó a la notaria de Fe Pública que aparecía como firmante del documento para preguntarle si ella había emitido ese Poder. La notaria dijo que el número o código existía entre sus archivos, pero correspondía a una autorización de viaje y no a un Poder para vender un vehículo.

Los policías de Tránsito llamaron a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen y remitieron el caso para que lo investiguen.

La pesquisa comenzó a las 11 de la mañana. El hombre que pretendía efectuar el registro del vehículo declaró que quien le dio el Poder Notariado falso fue el abogado D.H.S. al que contactó en la oficina de otra abogada en la calle Los Claveles, cerca de la Aduana Nacional. El abogado D.H.S., que sería el hijo de un exconcejal, según fuentes extraoficiales, sostuvo que él solo hizo el favor de contactar a M.Ch.P. para que efectuara el trámite y dio una dirección. Policías de la FELCC se dirigieron a la oficina donde se realizarían este tipo de documentos, en la calle Villazón 10 del municipio de Quillacollo, al frente de la Notaría de Fe Pública 1.

Allí fue sorprendido L.Ch. mientras transcribía otro testimonio de Poder perteneciente a la notaria de Fe Pública que había dicho que el código del Poder Notariado fraguado no correspondía a un vehículo sino a una autorización de viaje. En la oficina además hallaron sellos, pie de firma del secretario general y hojas membretadas del Sindicato de Transportes Carrasco Tropical y otras instituciones, formularios notariales en blanco, protocolos de testimonio de poder con y sin firmas de la notaria, formularios de reconocimiento de firmas, carátulas, formularios notariales, un sello y hojas de papel bond con firmas de la notaria 1, 1 sello de la Notaría 41, fotocopias de cédulas de identidad con firmas fraguadas, sellos de legalización, sellos de paso a formulario, sello de la División Registro de Vehículos de Tránsito.

El comandante de la Policía, coronel Luis Aguilar, informó que cinco varones y una mujer fueron aprehendidos y derivados a la Fiscalía por delitos de falsedad ideológica, material y uso de instrumento falsificado. Esta vez, la Policía no exhibió las fotos de los aprehendidos y cuando se les consultó a los jefes policiales si uno era hijo de un exconcejal no admitieron ni negaron la información.

Rojas reconoce que llamó al FONDIOC

El director ejecutivo del Fondo de Desarrollo Indígena (FDI) Eugenio Rojas, reconoció que llamó en varias ocasiones al exdirector ejecutivo del Fondo Indígena Antonio Aramayo, para que "atienda" y "agilice" los proyectos de varias comunidades pero Aramayo nunca los atendió.

Rojas negó que haya presionado a Aramayo, cuando fue senador para que apruebe los proyectos ni se reunió con él. Insistió en decir que las llamadas que hizo al Fondo Indígena eran recibidas por el personal de Aramayo.

Rojas explicó que realizó las llamadas por las quejas de varias comunidades que señalaron que sus proyectos no se aprobaban.

Antonio Aramayo acusó el jueves a Rojas, de haberle presionado para aprobar proyectos del Fondo indígena.



LA AUTORIDAD NEGÓ QUE LAS LLAMADAS HECHAS AL FONDO INDÍGENA SEAN PARA PRESIONAR POR LA APROBACIÓN DE PROYECTOS.

viernes, 23 de octubre de 2015

Caso Rózsa Fiscales repiten la táctica con el testigo

En la audiencia del juicio del caso Rózsa, la comisión de fiscales está utilizando la misma táctica de impedir que su testigo responda a las preguntas de la defensa.

Así lo afirmó el abogado Gary Prado Araúz, defensor del acusado Juan Carlos Guedes Bruno.

El jurista dijo que al parecer, a los fiscales no les interesa que se conozca la verdad histórica de los hechos. "Hay una restricción permanente de los fiscales, se nota la debilidad de su testigo (Luis A. Geria) y al parecer no quieren que conteste nada", afirmó el jurista.

Preocupación por el juez. Prado Araúz dijo estar preocupado por las resoluciones del presidente del Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, Sixto Fernández, por temas que anteriormente la Fiscalía preguntó al primer testigo Miguel Ocampo. Indicó que ahora se les impide incluso interrogar a Geria por hechos que en su momento se le preguntó a Ocampo. / El Día

Eugenio Rojas admite que gestionó proyectos del Fondo Indígena

El director ejecutivo del Fondo Indígena, Eugenio Rojas, admitió que hizo gestiones para que se agilice la aprobación de proyectos en la liquidada entidad, aunque afirmó que no era para presionar y negó que hubiera pedido el 10% por cada proyecto.


"Cuando era senador intenté llamar (a Aramayo), pero nunca me contestó, contestaba su secretaria y decía ‘le va a devolver la llamada’, pero nunca llamaba. Nunca quería que fiscalicemos. Cuando era Viceministro yo llamé, convoqué, (quería saber) qué normativa estaba aplicando. No vino", declaró Rojas.


Añadió que hizo gestiones para agilizar los proyectos ya que "los hermanos se quejaban" por la demora. "Yo no tengo ningún proyecto", insistió el legislador en una rueda de prensa.


Marco Antonio Aramayo exdirector ejecutivo del liquidado Fondo Indígena, denunció en las últimas horas que el exsenador Rojas se comunicó varias veces por teléfono para presionar en la aprobación de proyectos y que se beneficiaba del 10% del costo de los mismos, y similar actuación habrían tenido otros dirigentes de las organizaciones sociales.


En respuesta, Rojas sostuvo que sus gestiones no tuvieron el propósito de presionar ni de pedir un porcentaje de los proyectos. "Yo no conocía del 10%, entonces él (Aramayo) conocía del 10%. Nunca podemos pedir 10%, jamás. Llamaba para que atienda a los hermanos", remarcó.


En cambio, le dijo a Aramayo que debería empezar a preocuparse de cómo va a responder por ese dinero que no está en el Fondo. Seguro que "con lo que está en la cárcel devolverá, debe ser una preocupación", sentenció Rojas.


Aramayo en varias oportunidades aseguró que su trabajo fue técnico y que no se benefició de los recursos del Fondo Indígena, ya que los desembolsos se realizaron a los representantes legales de los proyectos, a los responsables de administración y de ejecución de obras.


Consultado Rojas sobre si los dirigentes Melva Hurtado, Juanita Ancieta, Ever Choquehuanca y los más de 400 dirigentes implicados también deberían preocuparse por los recursos que recibieron, respondió: "todos", aunque manifestó que el caso está en investigación.


Desde 2010, el Fondo Indígena desembolsó recursos económicos en cuentas particulares de los beneficiarios de los proyectos. Rojas anunció que una de las medidas es que ya no se harán transferencias a cuentas privadas, sino que el Fondo Indígena manejará los recursos directamente.

Caso barcazas chinas Citarán a exministro San Miguel y personeros del Banco Central de Bolivia

El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, informó ayer que el exministro de Defensa, Walker San Miguel, y los dos personeros del Banco Central de Bolivia (BCB) serán nuevamente convocados a brindar sus declaraciones informativas dentro el bullado caso de las barcazas chinas.

La principal autoridad del Ministerio Público hizo esas declaraciones luego de responder al cuestionario de siete preguntas que le plantearon sobre el proceso de investigación que se realiza en instancias de la Fiscalía, sobre el caso de las barcazas, en la Cámara de Senadores.

En el caso de San Miguel, Guerrero refirió que en una primera oportunidad no se hizo presente a brindar su declaración; respecto a los funcionarios Francisco Lecoña y David Espinoza Torrico volverán a ser citados luego de que no pudieron ser encontrados en sus domicilios.

El informe que brindo Guerrero, lo hizo en 15 minutos, lo que llamó la atención del senador que solicitó el informe, Óscar Ortíz, quien le replicó no estar satisfecho por la información que brindó en la Cámara de Senadores.

Guerrero, en el tiempo que brindó su informe, afirmó que el caso continúa “no está cerrado porque se halla en proceso de investigación y resulta compleja por la naturaleza del hecho” y que se espera que las diligencias que se llevan adelante sirvan para establecer el grado de responsabilidad de las 14 personas involucradas en este pleito, tanto en la etapa preliminar como en la preparatoria al juicio oral.

Entre esas diligencias están las declaraciones testificales, requerimientos fiscales para recabar información de las entidades bancarias, de la autoridad de supervisión del sistema financiero (ASFI), de la Unidad de Investigación Financiera y requerimientos para obtener información de otras instancias del Estado.

Los delitos por los que fueron imputadas las personas involucradas son: Contratos Lesivos al Estado, Conducta Antieconómica e Incumplimiento de Deberes, Incumplimiento de Contrato, Asociación Delictuosa y Enriquecimiento Ilícito de Particulares con Afectación al Estado, además de Falsedad Ideológica, Falsedad Ideológica y Favorecimiento al Enriquecimiento Ilícito.

En cuanto al contrato para el para el pago del 100 por ciento del dinero para la fabricación de dos remolcadores y 16 barcazas, por los que se pagó cerca de 30 millones de dólares, Guerrero dijo que la investigación reveló que “las transferencias que se realizaron fueron hechas al amparo del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios de la Empresa Pública Nacional Estratégica Enabol, instrumento que sustenta sus disposiciones en el análisis integral de la normativa vigente”.

ANTECEDENTES

La posibilidad de negligencia en instancias financieras, especialmente en el Banco Central de Bolivia (BCB), habría sido una de las causas para que el proyecto de las barcazas chinas haya “abortado” y actualmente estén a punto de ser rematadas por las autoridades judiciales de China debido a que el Gobierno de Bolivia, al margen de las gestiones realizadas para evitar dicha acción legal no hayan concretado un acuerdo para recuperarlas y que el país cuente con la primera flota de barcazas que naveguen la hidrovía Paraguay Paraná tal como se publicó en EL DIARIO en el mes de agosto.

La información dio cuenta que el Banco Central de Bolivia informó mediante carta BCB-GOI-SOEXT-DOCC-CE-2010-345 en fecha 3 de Noviembre de 2010 a la gerencia general de la Empresa Naviera Boliviana (Enabol) que las cartas de crédito Standby SB-QDB2010LG00004 y SB-QDB2010LG00005, que garantizan tanto la compra de las barcazas como los remolcadores, habrían estado en orden y válidas hasta el 4 y 5 de mayo de 2011 respectivamente.

jueves, 22 de octubre de 2015

Dirigente afirma: “Vehículos donados estaban desmantelados”

Noticia publicada elJimmy Mamani, dirigente vecinal denunciado por el Municipio por el supuesto uso indebido de motorizados donados por el Estado, aseguró ayer que varios de los vehículos entregados a las organizaciones sociales habrían sido repartidos con partes faltantes.

De acuerdo con la declaración del dirigente, los 14 vehículos entregados a la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) fueron recibidos por la directiva encabezada por Javier Ajno, sin embargo, el representante vecinal habría recogido uno de estos 14 vehículos recién cuando llegó a ser ejecutivo de la entidad vecinal representando a su distrito.

“En el tema personal, el vehículo que se me asignó lo hemos utilizado de manera muy correcta sin cometer aquellas denuncias que se han hecho conocer mediante el Municipio, porque el trabajo que se ha realizado fue en favor de todas nuestras urbanizaciones y nuestra zona especialmente para el cual este motorizado fue reacondicionado”, explicó Mamani.

Según el dirigente todo este trabajo que se ha realizado fue relacionado específicamente a la labor vecinal, debido a que por lo alejado de las zonas fue imprescindible la utilización de este vehículo que a pesar de las condiciones técnicas, según el dirigente, no eran las adecuadas para realizar este trabajo, por lo que debió hacer de forma personal diferentes reparaciones al motorizado.

DESMANTELADOS

Con relación al tema del reacondicionamiento, especialmente del vehículo del cual estaba a cargo el dirigente Jimmy Mamani, denunció que el mismo le fue entregado en malas condiciones técnicas, por lo que tuvo que invertir un monto económico superior a los 4 mil bolivianos sin contar con lo invertido el tema del combustible que de la misma manera fue parte del apoyo personal del dirigente.

“Lamentablemente estos motorizados, muchos de ellos, nos fueron entregados en muy malas condiciones técnicas, por lo que para hacer funcionar hemos tenido que hacer gastos económicos que llegan a más de 4 mil bolivianos sin contar el tema de combustible, pero mi persona tiene todas las facturas de lo que se ha gastado y si el Municipio quiere conocer sobre el mismo puedo hacer conocer en cualquier momento o tal vez para que me devuelvan todo lo que he invertido”, dijo el dirigente.

En cuanto a la devolución de los motorizados, dijo que todos los ejecutivos están dispuestos a entregar los vehículos. Ante esto, garantizó que él realizará este cometido junto a otros como el caso propio presidente de la Fejuve Franklin Machaca, para lo cual, en reunión a efectuarse en las próximas horas, se determinará la fecha y hora del mismo.

Con relación a la tuición por parte del Municipio, el dirigente del Distrito 12, Jimmy Mamani, dijo que no conoce realmente si sería el gobierno edil a quien corresponde la devolución.

“Nosotros no conocemos realmente a quién corresponde esta devolución, porque recuerdo que recibimos por parte de representantes del Gobierno central, pero tendremos que conocer con exactitud este tema, sin embargo no nos estamos oponiendo a nada y si dice que es la Alcaldía pues estamos de acuerdo a devolverlo a ellos no nos hacemos ningún problema”, finalizó el dirigente.

miércoles, 21 de octubre de 2015

Comisión remitirá al pleno informe sobre diputado Chambi acusado de corrupción

La Comisión de Ética concluyó la investigación sobre el caso del diputado Rubén Chambi Mollericona (MAS), acusado de utilizar sus facultades de fiscalización en beneficio propio e influenciar en actos de corrupción. El informe será enviado al pleno de la Cámara de Diputados. Las acusaciones podrían enmarcarse en faltas "gravísimas" señaladas en el reglamento de ética, de acuerdo a la información extraoficial conseguida por la ANF en la Cámara de Diputados.

La Presidenta de la Comisión, Alicia Canqui, y la diputada Rose Marie Sandoval, no quisieron referirse al tema. Aunque confirmaron que el informe será remitido en las próximas horas al pleno de Diputados. Sandoval manifestó que el lunes la Comisión sesionó por tiempo y materia "para elaborar el informe final que será debidamente remitido, hoy, o a más tardar mañana, a la Cámara de Diputados".

La asambleísta acotó que existió un extenso debate para revisar documentos y recibir testigos. "Se hizo un trabajo totalmente técnico de los seis miembros de la Comisión", comentó. Por su parte, la Presidenta de la Comisión explicó que las acusaciones contra su colega del MAS, Rubén Chambi son por "un supuesto uso de sus facultades de fiscalización en beneficio propio e influenciar en actos de corrupción y otros".

Virginia Marañón y varios ciudadanos denunciaron al legislador ante la Comisión de Ética por uso indebido de influencias, además pidieron una investigación sobre el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas. En su argumentación Marañón advierte de un sospechoso crecimiento de los bienes patrimoniales de Chambi, quien en su declaración jurada en la Contraloría General del Estado registró 7,5 millones de bolivianos, por otra parte, declaró a la ANF que en junio por la venta de terrenos en Viacha recaudó al menos 6 millones de dólares y que la mitad de ese monto le corresponde.

La diputada Sandoval aclaró que la Comisión no juzga por los delitos penales de los que se les acusa, porque esa es competencia de la justicia ordinaria, sino por el "decoro" que debe guardar un asambleísta cuando asume las funciones legislativas. "Lo que nosotros vemos es el decoro o la influencia (que pueden ejercer) como diputados y nos apegamos al reglamento" precisó.

Fiscalía no centralizará caso de corrupción en Fondo Indígena

Noticia publicada elEl fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, dispuso que los casos de supuesta corrupción en el Fondo Indígena no sean centralizados y pese a las declaraciones de los imputados, que implican a los actuales dirigentes sindicales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), se continúa analizando para citar a estas personas, según informó el fiscal de Distrito de La Paz, Ramiro Rollano.

“Ahora, como adelantó ya el Fiscal General del Estado, por estrategia y mayor dinamismo en la investigación, se vio por conveniente realizar las investigaciones de manera autónoma, de manera independiente, en cada uno de los proyectos que han sido denunciado por la interventora (del Fondo Indígena, Larisa la Fuente)”, declaró ayer Rollano en conferencia de prensa.

Ante las varias oportunidades en las que se solicitó al Ministerio Público conocer el número exacto de procesos penales que se tiene por proyectos denunciados y la cantidad de personas investigadas, sólo se arguye la “complejidad legal” de los mismos y las denuncias están en diferentes departamentos.

Héctor Castellón, abogado del exdirector ejecutivo del Fondo de Desarrollo para Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fondioc), Marco Antonio Aramayo (2013-2015), con detención preventiva en la cárcel de San Pedro, que sí cuenta con el número exacto de denuncias, pidió que los 63 procesos que pesan sobre su cliente se unifiquen.

TRES CONDICIONES

Señaló que existen tres condiciones para que en un determinado momento, varios procesos puedan ser unificados, estos son: la unidad de hecho, unidad de objeto y unidad de sujeto.

El análisis legal del Ministerio Público señala que los proyectos observados han sido ejecutados en distintos tiempos, con la intervención de diferentes personas, por lo que no se dará curso a la petición y se seguirá la investigación de los proyectos de manera independiente.

ANÁLISIS SIN FECHA

En cuanto a las declaraciones de imputados que implican responsabilidad de la exministra de Desarrollo Rural, Nemecia Achacollo, los dirigentes campesinos Rodolfo Machaca, Juanita Ancieta, Ever Choquehuanca, Hilarión Mamani y Aramayo, sobre supuesta agresión física y psicológica para favorecerse con desembolsos, Rollano dijo que “continúan en análisis”.

martes, 20 de octubre de 2015

Ancieta niega haber presionado para tener proyectos del ex Fondioc

"No manejo chicote, nunca me ha gustado el cuoteo de cargos (…), no soy de esa educación", dijo la ejecutiva de la Confederación de Mujeres Bartolina Sisa, Juanita Ancienta frente a la acusación que hiciera el exdirector del Fondo Indígena, Marco Antonio Aramayo, en sentido de que los dirigentes Rodolfo Machaca, Ever Choquehuanca y Ancieta acudían a su oficina con chicote en mano para hacer aprobar proyectos.

Ancieta, que es dirigente y productora cocalera del Chapare, pidió que diga nombres de quienes actuaron de esa manera y, por el contrario, se quejó porque, supuestamente, el Fondo Indígena no explicó los alcances técnicos del procedimiento de aprobación de los proyectos.

"Qué bien nos hubiera hecho dar cuenta de la parte técnica, (que hubiera dicho), no debiera ser de esta forma el manejo administrativo, con gusto hubiera aceptado, sin embargo, no ha habido esa ayuda", señaló Ancienta tras reunirse con el presidente Evo Morales en el palacio de Gobierno esta mañana.

Según dijo, las gestiones que hizo se enmarcaron en la normativa vigente.

Los movimientos sociales e indígenas se encuentran cuestionados porque se ha destapado dentro del Fondo Indígena un caso de corrupción por la transferencia de millonarios recursos a las cuentas personales de los dirigentes para la ejecución de proyectos que no existen o se encuentran a medias.

Urgencia de recuperar las barcazas

La prioridad en este tiempo en el país es intensificar las exportaciones sustentables, lo cual sólo se consigue con la industrialización y el desarrollo de la agropecuaria. Se está recibiendo toda una lección histórica con el gas natural, que está sujeto a los mercados y la competencia. Ambos factores determinan, finalmente, los precios.

El año pasado se ha presentado la crisis en este sector y no variará en el futuro, más bien, las tendencias existentes hacen prever que no se revertirán.

Por efecto de ello, se estima que este año se tendrá menores ingresos externos y nada garantiza que sea algo eventual. Por otra parte, la producción del energético en el país está bajando y mal se hace en ingresar a áreas protegidas para realizar exploraciones petrolíferas.

Se está afectando al medioambiente y, por consiguiente, estimulando los daños que causa el cambio climático, los que están empezando a sentirse en Bolivia con creciente crudeza.

Los vientos huracanados en Santa Cruz y que poco a poco se están extendiendo a otros departamentos, no son un “saludo a la bandera”. Van a ser dominantes en el mundo entero, sin exclusión alguna. Entonces, lo mejor es cuidar la forestación amazónica, como el mejor recurso para evitar situaciones de desastres naturales.

Era necesario formular estas ligeras anotaciones para situarnos en la realidad y llegar a la convicción de que lo mejor que el país puede hacer es intensificar la explotación de los recursos naturales sustentables, que son los ya mencionados.

En los últimos años, imponiendo criterios más de tipo policiaco que racionales, se desincentivó la producción agrícola en Santa Cruz, al extremo de que, como informó EL DIARIO en su edición del domingo último, este sector se declaró en quiebra y además la deforestación amazónica no se detiene.

Ambos factores tienen que ser resueltos a la brevedad, porque Santa Cruz abastece el 70% de los alimentos que se consumen en el territorio nacional, pero sus posibilidades son mucho mayores. Está en condiciones de exportarlos, porque en algunas regiones del mundo el hambre se está haciendo presente, por lo que el mercado internacional requiere incrementar la producción, cuando esté libre de las ataduras que tiene al presente. Incluso la ganadería del Beni tienen la capacidad de exportar carne vacuna.

Empero, al presente, aparte del control a la exportación de alimentos, las ventas de los mismos se encarecen por el largo recorrido de transporte que tiene que hacerse para ponerlos en los puertos del Pacífico. La cuestión es que esas exportaciones del Oriente del país salgan por el Atlántico. Y para que esto sea factible, de forma masiva, el mayor requerimiento que se tiene es el transporte fluvial para llegar a dicho océano.

Actualmente tiene limitaciones, pero la solución está a disposición del Gobierno. Recuperar con urgencia las 16 barcazas y dos remolcadores que se compraron, con pago anticipado, a empresas coreanas y chinas, en 2009. De momento, las irregularidades que pudieron haberse cometido al respecto son secundarias, hay que dejarlas en manos de la justicia.

Tal equipamiento está en condiciones de ser traído al país, con una erogación adicional, por causas sobre las que EL DIARIO informó anteriormente. El Procurador General del Estado y el Ministro de Defensa hicieron lo necesario, en un viaje a China, para reducir su monto al mínimo posible. Ahora falta cumplir al Gobierno, o formar una empresa mixta con alguna empresa especializada internacional , sin mayores dubitaciones.

Si en este momento quisiera hacerse una compra similar, se perderían o por lo menos será muy difícil recuperar la inversión realizada. Además, habría que hacer un desembolso mucho mayor al que se hizo ya, porque su costo será, siquiera el doble de las ya compradas.

En las fotos que consignamos en esta página podrá observarse la alta calidad con la que fueron construidas y la perspectiva que se abre para ser puestas en servicio en la hidrovía de los ríos Paraguay y Paraná, lo que sería todo un acontecimiento nacional, en cuanto a innovaciones tecnológicas y capacidad de transporte masiva que poseen, cuando se las ponga en actividad.

El propósito que se persigue, con el registro gráfico de las barcazas y remolcadores, es que los lectores de EL DIARIO tengan la posibilidad de observar la calidad técnica y capacidad que tienen las barcazas, lo que servirá para ilustrar los pasos que debe dar el Gobierno con la mayor premura del caso.

viernes, 16 de octubre de 2015

CASO TERRORISMO Un documental acusa a morales por una ejecución

Un documental denominado “La muerte de un hijo”, elaborado en Irlanda por productores independientes implica al presidente Evo Morales de la supuesta ejecución de tres personas, de manera extrajudicial. El hecho se suscitó en el marco de un operativo en el hotel “Las Américas”, el pasado 16 de abril de 2009. En esa acción directa, en la que participaron militares y policías, murió Michael Dwyer, quien inspiró el filme documentado.

La senadora opositora Carmen Eva Gonzáles, explicó que el documental respalda la hipótesis de que no existió el presunto complot para asesinar al Mandatario boliviano, a través de un grupo armado.

“En definitiva este documental, demuestra todas las denuncias que hice en la investigación del caso. Creo que ha llegado la verdad para el Gobierno”, dijo la legisladora.

Cuestionó la participación de militares venezolanos y funcionarios de Palacio en el operativo en Santa Cruz.

"Que nos explique el Gobierno qué hacían en ese hotel los militares venezolanos, el piloto del presidente y los funcionarios, Luis Nolberto Clavijo y Raúl García Linera", dijo.

Gonzáles manifestó que el documental, que tiene una hora de duración, contiene las pruebas que la familia de Michael Dwyer recolectó desde aquella fecha.



CASO RÓZSA. El operativo policial, ejecutado la madrugada del 16 de abril de 2009 en el Hotel Las Américas de la ciudad de Santa Cruz, fue un confuso episodio que hasta el momento sigue sin ser esclarecido por las autoridades encargadas de la investigación.

En el hecho murieron por impactos de bala tres presuntos mercenarios (Eduardo Rózsa Flores, húngaro-boliviano; Árpád Magyarosi, húngaro-rumano; y Michael Martin Dwyer, irlandés). Mientras, Mario Tadic, boliviano-croata; y Elod Tóásó, húngaro; han sido detenidos. Las autoridades aseguraron que este grupo “irregular” pretendía matar al Presidente.



EL EXFISCAL MARCELO SOZA DIJO QUE PARA EL OPERATIVO NO FUE LLAMADO A DIRIGIR EL ACTO, AUNQUE LUEGO FUE DESIGNADO COMO DIRECTOR FUNCIONAL DEL CASO, EN CONTRA DE LA LEY PROCESAL. SEGÚN LA SENADORA CARMEN EVA GONZALES.

sábado, 10 de octubre de 2015

Exdirector planteó que se realice auditoría en Fondo Indígena

El exdirector del liquidado Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc), Marco Antonio Aramayo Caballero, solicitó a la comisión de fiscales que investiga la presunta corrupción en esa entidad estatal y proyectos "fantasmas" realizar una auditoría técnica financiera administrativa a más de 1.000 proyectos productivos.

Héctor Castellón, abogado de Aramayo, quien está detenido preventivamente en la cárcel de San Pedro de La Paz, explicó a Erbol que con esta petición se pretende esclarecer muchas dudas del proceso judicial que afronta su cliente.

"Estamos solicitando en calidad de proposición de diligencias, una pericia consistente en una auditoria técnica, eso es para ver cuáles han sido los procedimientos; administrativo, para ver qué personas han ido participando y cuál podría ser el grado de participación en la elaboración, aprobación, desembolso y seguimiento de los proyectos; y sobre todo económica, para que el Ministerio Público tenga la capacidad de decir a la población boliviana, porque parece que la Contraloría no la tiene, el daño económico, si es que existe", señaló Castellón.

Aramayo también solicitó recientemente a la Fiscalía del Distrito de La Paz, que todos los miembros del Directorio del ex Fondo Indígena, así como la presidenta y exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, testifiquen para esclarecer este caso. Sin embargo, no hay respuesta a esa petición.

Junto con Aramayo, también se encuentra detenida la otra exdirectora ejecutiva del ex Fondioc, Elvira Parra. Ambos, además de Daniel Zapata, quien está prófugo y también fue director del Fondo, fueron acusados por supuesto daño económico e incumplimiento de deberes, entre otros delitos.

Castellón señaló que se abrió más de 60 procesos en contra de su cliente y que lo responsabilizan de todo lo ocurrido en el Fondo, pese a que sólo estuvo en el cargo un año y cinco meses (2013-2014). Empero, las obras datan desde 2010.

Las investigaciones de la intervención que hizo el Gobierno al Fondo "una instancia que estuvo manejada desde 2009 por sus organizaciones aliadas" develaron un posible daño económico de 102 millones de bolivianos, 30 proyectos "fantasmas" por Bs14 MM y más de 700 proyectos inconclusos.

jueves, 8 de octubre de 2015

En el departamento de Oruro Detectan ocho proyectos "fantasmas" del Fondioc

Ocho proyectos del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc), fueron denunciados como "fantasmas", informó ayer la directora ejecutiva liquidadora del mencionado Fondo, Lariza Fuentes Justiniano, quien estuvo en la Capital del Folklore de Bolivia.

Los proyectos inexistentes son: "Mejoramiento de la producción artesanal textil Cimat" de Curahuara de Carangas provincia Sajama. El monto solicitado fue de 421.408 bolivianos de los cuales se transfirieron 119.691 bolivianos a la representante legal, Alicia Eugenia Núñez Crispín.

Un segundo proyecto es el "Mejoramiento del sistema de micro riego Machohoca Churacani. El monto solicitado fue de 700 mil bolivianos de los cuales fueron transferidos 541.219 bolivianos al representante legal, Valerio Barcaya Quispia.

El proyecto "Instalación de paneles solares de la Nación Uru Chipaya y Uru Lago Poopó" tuvo un monto solicitado de 306.661 bolivianos y transferido el total al representante legal, Valentín Huarachi Mollo.

"No existe este proyecto, es por eso que lo hemos demandado", dijo Fuentes al referirse a Huarachi, quien también manejó el proyecto: "Implementación de centros de producción de truchas arcoíris en Uru Chipaya de la Nación originaria Uru", cuyo monto solicitado fue casi de un millón de bolivianos. Además de Huarachi están implicados los representantes de la Comisión de Administración, Estefanía López de Quispe y Sebastián Quispe Lázaro. El monto desembolsado fue de 476.581 bolivianos.

Las querellas en contra de estas personas son por incumplimiento de contratos, enriquecimiento ilícito y daño económico al Estado.

Al margen, fueron denunciados otros proyectos: "La construcción del sistema de micro riego en Challapata", "Manejo y producción sostenible integral en el ayllu originario Taypi Collana de Curahuara", "Mejoramiento de producción de textiles de Curahuara", "Manejo sostenible de camélidos con cercos de pastoreo originario de Culta Tunka de Curahuara de Carangas".

El monto total de todos los proyectos "fantasmas" asciende a una suma de cuatro millones de bolivianos aproximadamente.

Por ahora todos esos casos son de conocimiento del Ministerio Público.

Es acusado de estafa Detienen a exfuncionario de Gobernación paceña

Funcionarios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de El Alto detuvieron a Marcos Julián Torrico, exfuncionario de la Gobernación paceña, a quien se acusa de estafar a comerciantes de la línea Blanca.

De acuerdo con la denuncia, el ilícito se cometía junto a otros dos presuntos implicados desde agosto del 2014. Los acusados realizaban pagos con cheques presuntamente sustraídos del Gobierno Departamental de La Paz.

El último caso denunciado ocurrió en una galería de la zona 16 de Julio donde la propietaria fue estafada con un monto de 28.000 bolivianos los cuales fueron cancelados con un cheque, a nombre de la Gobernación, luego de que el acusado supuestamente adquiriera diferentes productos de esta tienda.

La propietaria del centro comercial entregó los productos de la venta y pretendió, posteriormente, cobrar el valor de la mercadería en una entidad bancaria, sin embargo, fue allí donde le informaron que había una denuncia desde la Gobernación sobre el supuesto robo de cheques, entre ellos los entregados por Torrico, razón por la que el banco no podía hacer ninguna actuación tan sólo retener el cheque como prueba de ese delito.

RELATO

A partir de ese momento se inicia el calvario de Sara F., una de las víctimas. De acuerdo con su relato, tuvo que realizar una vigilia por cinco días en la zona de Pampahasi de la ciudad de La Paz, donde incluso la noche del martes debió pernoctar debajo de un motorizado, cerca de la vivienda de Torrico, con la finalidad de poder lograr su detención con el apoyo de funcionarios policiales para que sea entregado a las instancias judiciales.

La víctima, con desesperación, dio a conocer que las personas que solicitaban su mercadería lo hacían como si fueran funcionarios de la Gobernación, por lo que aceptó recibir el cheque hasta comprobar al día siguiente que se trataba de una estafa.

“En un mismo día han comprado con el cheque en dos tiendas de la misma zona de la 16 de Julio. No solamente eran computadoras, sino licuadoras, equipos de sonido y después de dos meses nuevamente estas personas con el mismo cheque han adquirido en otra tienda máquinas de costura en la calle L. de la Vega y no sabemos si las personas afectadas también han presentado sus denuncias, es por eso que queremos hacer conocer que se sumen al proceso”, explicó Sara.

INVESTIGACIÓN

Una vez conocida la denuncia por parte de la Gobernación, desde el 2014 la entidad policial efectuaba el seguimiento correspondiente a Torrico quien, según las investigaciones, realizaba el mismo procedimiento delictivo en centros comerciales del interior del país como Oruro, Cochabamba y Santa Cruz.

“Esta persona fue denunciada por delitos de estafa, procedimiento que cumplía junto con dos personas más de sexo femenino, desde el pasado año y en diferentes oportunidades, con quienes se hacían pasar como funcionarios de la Gobernación presentando varias credenciales como trabajadores dependiente de esta entidad pública”, explicó el coronel Félix Rocha, director de la entidad policial.

Entre los elementos que fueron adquiridos por parte de estas personas se encuentran filmadoras, laptops y fotocopiadoras, las cuales fueron adquiridas de las tiendas o centros comerciales, donde realizaban la cancelación con cheques al portador, explicando que la Gobernación realizaba este tipo de compras, porque el dinero se encontraba en una cuenta bancaria de una entidad financiera a nivel nacional. Es por eso que no se descarta que más víctimas de comerciantes puedan sumarse a la denuncia ante los posibles casos en el interior del país.

ANTECEDENTES

Anteriormente, una de sus supuestas cómplices ya habría sido aprehendida y la misma se encuentra con detención domiciliaria, asumiendo de esta manera su defensa en el proceso penal iniciado en la ciudad de La Paz.

En los registros policiales, Torrico ya tendría antecedentes penales por la misma comisión de delitos razón por la que una vez entregada al Ministerio Público no se descarta que la persona sea remitida a algún penal del departamento de La Paz.

Sólo falta la detención de la segunda cómplice de estafa quien junto a Torrico era la que presuntamente se hacía pasar por funcionarios de la Gobernación, detalló el coronel Rocha.

Torrico, quien se encuentra detenido actualmente, prefirió mantener su derecho al silencio, con la finalidad de evitar dar a conocer su versión sobre los delitos denunciados en su contra.

Óscar Ortiz señala que Bs 685,8 millones se transfirieron a cuentas personales

El senador Óscar Ortiz informó que a 978 cuentas particulares se desembolsaron recursos del Fondo Indígena, por un total de 685,8 millones de bolivianos, y que sólo 60 transferencias se hicieron a cuentas a nombre de proyectos.

Según el Presupuesto General del Estado (PGE) 2010 los recursos económicos deben inscribirse a nombre del proyecto a ejecutarse y que podrán ser retirados por los representantes legales del mismo.

“Nosotros vamos a pedir una vez más a la Contraloría General del Estado (CGE) que se incluya en la revisión de todos estos proyectos al conjunto del directorio y los ministros que formaban parte de este directorio”, dijo Ortiz.

Explicó que todas las leyes financiales de los últimos 5 años, bajo las cuales se hicieron los desembolsos al MAS, tienen la siguiente disposición: el Fondo Indígena podrá transferir recursos públicos a los pueblos y comunidades indígenas, originarios campesinas debiendo aperturar en su presupuesto institucional programas y actividades que permitan identificar al sector económico, localización geográfica, organización beneficiaria y monto a transferir. La transferencia deberá ser autorizada por resolución expresa del ministerio, cabeza de sector. A su vez, el reglamento de la administración de los proyectos establece claramente que uno de los requisitos previos es aperturar y manejar la cuenta bancaria mancomunada a nombre del proyecto.

Esa declaración rechaza la del ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora, quien afirmó que las transferencias públicas a cuentas particulares son normales.

El senador exige una investigación y que esas personas presenten sus descargos ante las autoridades competentes. “Las transferencias muestran una situación absolutamente irregular que contradice el marco normativo”, agregó.

miércoles, 7 de octubre de 2015

Unidad Demócrata 978 personas recibieron dinero del Fondioc en sus cuentas

El senador de Unidad Demócrata, Óscar Ortiz, informó ayer que en total 978 personas recibieron en sus cuentas particulares los recursos del Fondo Indígena y solamente 60 desembolsos se realizaron en cuentas institucionales. Asimismo, develó que 28 de los implicados son “masistas”.

“Son 978 personas las que recibieron en sus cuentas personales estos recursos (que) fue tan mal manejado que sólo 60 desembolsos se hicieron en cuentas institucionales a nombre de los proyectos”, remarcó.

Asimismo, explicó que los desembolsos en cuentas particulares suman 685.886.306,65 bolivianos y sólo 42.704.611,02 bolivianos los depósitos en cuentas de proyectos. Lo que hace un total de 728.590.917,67. (Erbol)

martes, 6 de octubre de 2015

Piden suspensión de Marín Sandoval por el caso Fondioc

Este martes pretenden tratar el tema en la sesión de la Asamblea Paceña.

Legisladores opositores pedirán en sesión, hoy, suspender al presidente de la Asamblea Departamental de La Paz (ADL), Marín Sandoval Vega, por estar en la mira de la interventora, Lariza fuentes del ex Fondo Indígena, quien observó el financiamiento de tres proyectos productivos a favor de comunidades colonizadoras (interculturales) de la región paceña, donde era representante legal.

El monto que habría recibido es de 1,6 millones de bolivianos, y se confirmó que estos tres proyectos están entre los 713 observados. Los oficialistas señalan que no corresponde esa determinación porque Sandoval aún no fue citado por el Ministerio Público y se presume la inocencia.



SUSPENSIÓN. La asambleísta de Unidad Nacional (UN), Claudia Bravo, dijo que lo más ético sería que el presidente de la Asamblea Paceña, Marín Sandoval, renuncie al cargo, para aclarar su situación dentro del caso del Fondo Indígena.

La bancada de Unidad Nacional envió una al pleno de la Asamblea, en la que hacen esta solicitud: "En aplicación del artículo 21 del reglamento, se suspenda a Marín Sandoval para que él acuda ante la justicia a presentar sus descargos”.

Según Bravo, esa institución maneja también recursos y no existe credibilidad en Sandoval.



Suspensión. Por su parte, el asambleísta del Movimiento al Socialismo (MAS), Gustavo Torrico, dijo que varios sectores sociales canalizaron fondos para proyectos, lo cual no constituye un delito, salvo que estos fueron desviados a otros fines. “No porque alguien hubiera manejado un dinero se lo va a suspender, eso es falta de conocimiento, la denuncia está en manos del Ministerio Público y aún no se dijo que hubo mal manejo del señor Marín”, dijo. Torrico considera que la legisladora Bravo, debe verificar y fiscalizar si esos proyectos se han realizado, si se invirtieron, pero el camino no es la Asamblea paceña. “ Y la Constitución nos garantiza un principio de presunción de inocencia".



PROYECTOS MARÍN SANDOVAL SE HIZO CARGO DE TRES PROYECTOS CON MONTOS DE BS 493.893,60 EL PRIMERO, BS 664.219,50 EL SEGUNDO Y BS 471.127,80 EL TERCERO, QUE RECIBIÓ COMO REPRESENTANTE DE LA CONFEDERACIÓN SINDICAL DE COMUNIDADES INTERCULTURALES DE BOLIVIA.





"En aplicación del artículo 21 del reglamento se suspenda a Marín Sandoval para que acuda a la justicia".

Claudia Bravo

ASAMBLEÍSTA DE UN



"La denuncia está en manos del Ministerio Público y aún no se dijo que hubo mal manejo del señor Marín".

Gustavo Torrico

ASAMBLEÍSTA DEL MAS



1,629 millones de bolivianos recibió el presidente de la Asamblea Departamental, Marín Sandoval por 3 proyectos