martes, 31 de julio de 2012

Santos Ramírez dice que recibe amenazas por acusar a Villegas


El ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, denunció ayer haber recibido amenazas de traslado de cárcel por el hecho de denunciar los casos de corrupción en la estatal petrolera y vincularlos con el actual presidente Carlos Villegas.

Santos Ramírez, quien se encuentra en la cárcel de San Pedro de la ciudad de La Paz desde enero de 2009, sostuvo que el actual presidente de YPFB estaría "apadrinado" por representantes gubernamentales porque hasta la fecha no se lo suspende o aparta de su cargo, a pesar de los recientes hechos y las declaraciones de algunos ex ejecutivos de la estatal petrolera.

"Creo que la decisión de no sustituir o mínimamente suspender hasta que culmine las investigaciones eso es un padrinazgo que se lo ha escuchado permanentemente (…) Me van a llevar a la zona de castigo o me llevarán a Chonchocoro o Cantumarca, pero no tengo miedo porque yo estoy con la verdad, tengo la documentación oficial, lamentablemente, quienes dijeron luchar contra la corrupción simplemente lucharon contra Santos Ramírez y hoy que hay actos de corrupción en YPFB nadie quiere luchar", aseguró ante los periodistas.

Ramírez lamentó que el Gobierno no haya dado continuidad al proceso de la instalación de la Planta Separadora de Líquidos en Río Grande por parte de las empresas Catler Uniservice y Gulsby y hayan contratado otra empresa que cobra un monto mayor. El ex hombre fuerte del MAS considera que se está avalando un evidente sobreprecio.

viernes, 20 de julio de 2012

Involucran a ocho funcionarios y aprueban cláusula anticorrupción


EL PRESIDENTE EVO MORALES JUNTO AL TITULAR DE LA ESTATAL PETROLERA CARLOS VILLEGAS, DURANTE UNA INSPECCIÓN A PRINCIPIOS DE AÑO.

El denominado testigo clave, del caso de supuesta corrupción en el proceso de licitación de la Planta Separadora de Líquidos de Río Grande, Agustín Ugarte, involucró a 8 personas que formaban parte de la comisión calificadora que recomendaron en la contratación de la empresa argentina Aesa para la construcción del proyecto estatal, reveló su defensor Miguel Aparicio al periódico cruceño El Día.

Según la tesis que maneja la Fiscalía, Aesa se habría adjudicado el proyecto pagando un soborno a Ugarte, y Gerson Rojas, exgerente de Plantas Separadoras de Líquidos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos(YPFB).

Estas ocho personas que formaban parte de la comisión de concentración (incluida en la comisión de calificación), fueron los principales impulsores para la contratación de la cuestionada compañía.

El jurista dijo que su defendido que formaba parte de esta comisión tenía un rango menor en ella y solo daba 5 puntos, de los 1000 necesarios para calificar a una empresa en un proceso de licitación.

La empresa adjudicataria de la Planta Separadora de Líquidos Río Grande, Aesa, forma parte de la estatal argentina YPF. El Gobierno argentino la adquirió tras la nacionalización del 51% de acciones de YPF, que estaba en manos de Repsol. La petrolera española tenía un holding de 15 empresas, en la cual se encontraba Aesa.

CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN

El Directorio de YPFB Corporación, aprobó ayer la implementación de una “cláusula anticorrupción” en todos los contratos de adquisición de bienes, obras y servicios, además de introducir las adendas correspondientes en los contratos vigentes de la estatal petrolera, se informó oficialmente desde la estatal petrolera.

“Instruir a nivel nacional la incorporación de una cláusula anticorrupción, en los contratos de adquisición de bienes, obras y servicios. Asimismo, elaborar las adendas correspondientes en los contratos vigentes. Implementar una declaración jurada de Integridad y Anticorrupción para los servidores públicos que participen en los procesos de contratación”, se lee en el artículo primero de la Resolución 56/2012 aprobada por la máxima instancia de la estatal petrolera.

El pronunciamiento de la máxima instancia de YPFB Corporación acata la decisión del gobierno central de incluir una boleta de garantía anticorrupción en las cláusulas de los contratos de inversión pública, para garantizar la transparencia.

MEDIDAS PREVENTIVAS

El documento del Directorio señala en otro acápite, la necesidad de la contratación de asesores externos especialistas para prestar apoyo en la evaluación de los procesos de contratación de servicios especializados.

Entre otras medidas se incluye la de gestionar e implementar las normas ISO, destinadas a mejorar la calidad y transparentar los procesos de gestión en contrataciones de YPFB, establecer la implementación de una mayor participación y supervisión en los procesos de contratación estratégicos de la estatal petrolera, implementar una declaración jurada de “integridad y anticorrupción” para los servidores públicos que participen en los procesos de contratación y contratación de asesores externos especialistas para prestar apoyo en la evaluación de los procesos de contratación de servicios especializados.

Adicionalmente, los miembros del directorio representado por delegados de los departamentos productores de hidrocarburos y ministerios del área económica recomendaron, como medidas correctivas, contratar una auditoría internacional respecto a los procesos de selección, calificación y adjudicación así como la administración de los contratos para las plantas de separación de líquidos Río Grande y Gran Chaco. “Disponer que a partir de la fecha todos los procesos de contratación estratégicos, estén sujetos a una auditoría internacional”.

martes, 17 de julio de 2012

Santos Ramírez: "Se legalizó la corrupción"

Con ritmo pausado y voz tranquila, Santos Ramírez, el expresidente de YPFB y otrora hombre fuerte del MAS, rompió el silencio y en una entrevista con el director del programa televisivo No mentiras, José Pomacusi, narró su verdad. EL DEBER tuvo acceso al diálogo en toda su extensión.


- Está detenido desde febrero de 2009, ¿en todo esto qué hay de verdad y qué de mentira?
- Es bueno explicar de qué se trata la planta de Río Grande, el interés y el beneficio que representa para el país. Seguro que nos preguntamos por qué construir una planta en Río Grande y para responder a esta pregunta se debe tomar en cuenta el contrato actual de exportación de gas a Brasil.
Este país no paga por los líquidos (GLP y gasolina) que se van con el gas. Por este tema se hizo una negociación con Petrobras durante la gestión del expresidente Lula da Silva, en la que se planteó al Gobierno brasileño que pague por los líquidos que se le vende. Por eso se definió que este país pague entre $us 120 y $us 180 millones cada año por estos líquidos. Sin embargo, esto no era suficiente, pues aún cobrando este monto seguía habiendo GLP y gasolina que no se estaba pagando. Por eso se determinó la construcción de una planta separadora de líquidos y así terminar con la subvención, que actualmente llega a los $us 800 millones.
- ¿Se pudo comprobar el desvío de dinero del que se le acusa?
- En absoluto. Hay una auditoria técnica de la que forma parte Gerson Rojas y Agustín Ugarte en la que se señala que el dinero…
- ¿Gerson Rojas y Agustín Ugarte, los implicados en el caso AESA?
- Tengo la auditoría firmada por ellos, Rojas ocupaba el cargo de jefe de ingeniería y Ugarte trabajaba como jefe de operaciones. Estos indican que el pago de $us 13 millones que se había realizado a la empresa Gulsby era correcto.
Los mismos funcionarios Rojas y Ugarte han demostrado al presidente de YPFB, Carlos Villegas, que esos pagos fueron realizados y que esta empresa no es fantasma, sino que es la más prestigiosa a escala internacional, eso lo dice la misma auditoría.
- ¿Y el tema de las garantías?
- Esa ha sido una tremenda mentira. Yo tengo los documentos que Carlos Villegas manda a la Corte Suprema en las que indica que la firma de este contrato era un daño lesivo al Estado. Pero luego de un informe jurídico del 11 de junio de 2009, firmado por las asesoras legales y penales María Cristina Criales Saara, Karina Escobar Martínez y Mónica Ramírez Márquez, se indica desistir con esta demanda, pues han comprobado que por el tema de las garantías hubo un pago de $us 3,3 millones como anticipo de obras, más los $us 6,1 millones en beneficio de YPFB, dinero que se cobró. Esto demuestra que este contrato sí tenía una garantía.
-Desvío de dinero no comprobado, la empresa fantasma existe y las garantías que se creía que no había existen.
- Todo eso se ha desvirtuado y lo que queda en el proceso es el manejo de unos $us 500.000 y $us 800.000 que me habría entregado. En este punto ha quedado demostrado que ningún testigo, ni del Ministerio Público ni de YPFB, ni de los otros indicó que me habían entregado ese dinero, lo que hay son suposiciones y bajo esto, debido a las presiones de Nardy Suxo y de otros funcionarios, se llegó a esta sentencia y que estamos apelando.
- ¿Quienes son Gerson Rojas y Agustín Ugarte?
- Son técnicos contratados por Carlos Villegas, que al firmar la segunda licitación de Río Grande se legalizó la corrupción debido al sobreprecio de este proyecto.
- ¿Esa planta en principio fue cotizada en $us 85 millones?
- Sí así es, pero no se tomó en cuenta la auditoría de Rojas ni de Ugarte que indicaba que se debía continuar con la construcción de la planta separadora, pues ya tenía un avance del 65,5%. La misma por $us 86 millones iba a tener la capacidad de procesar 200 millones de pies cúbicos de gas y de ese procesamiento se separaba cada día 350 toneladas de GLP y 600 barriles de gasolina natural por día. Ese era el contrato.
Hay otro informe (TRGD007) entregado a Villegas el 29 de agosto de 2009, el mismo tiene que ver con la valoración económica, social y de medioambiente de la construcción de la planta en Río Grande, en el que se indica que la mejor opción para realizar este trabajo constituye la empresa Gulsby, ya que se perdería 21 meses si se optaba por una nueva compañía.
Ante esto el directorio de YPFB en su informe 21/2009 determina continuar con la construcción de esta planta con la Gulsby, una decisión que no causaba daño económico. Eso es muy curioso. No hay explicación técnica, no hay explicación financiera para que la actual planta cueste $us 160 millones más $us 30 millones por el servicio de ingeniería. Así lo informó Rojas, que ahora está detenido.
- ¿Cómo se puede explicar eso?
- No hay manera de hacerlo. A no ser que hubo un sobreprecio donde se legalizó la corrupción y eso lo dije hace seis meses.
- ¿Se debería suspender al actual presidente de YPFB?
- Para que se cumpla lo que viene pregonando nuestro hermano presidente, lo primero que se debe hacer es levantar la reserva del caso y, lo segundo, se debe tener en cuenta que toda persona que está en el poder tiene la posibilidad de manejar su investigación, por eso una suspensión o una sustitución hasta que concluya este caso sería lo correcto.
Como lo hicieron con Santos Ramírez.

Situación
Más de tres años en prisión
Santos Ramírez lleva más de tres años en la cárcel de San Pedro y en este tiempo considera que su caída fue una trampa de algunos funcionarios que vieron en él una persona capaz de llevar adelante el proyecto político de Evo Morales y que por celos o temor buscaron sacarlo de la arena política.
Considera que a pesar de haber sido expulsado del MAS, su ideología política sigue intacta y que eso nadie se lo podrá quitar. Recuerda que apostó con Leopoldo Fernández, el otro peso pesado detenido en San Pedro, que el MAS iba a ganar en las últimas elecciones y por acertar se hizo de unos Bs 1.000.
Recuerda cómo el actual ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, le arrojó tres papeles en los que le incriminaba el desvío de dinero, que Gulsby era una empresa fantasma y la falta de garantía.

domingo, 8 de julio de 2012

Caen altos ejecutivos de YPFB por negociado de $us 4 millones

Dos altos ejecutivos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) fueron detenidos por la Policía y enviados con orden judicial a la cárcel de Palmasola tras ser imputados por la Fiscalía por legitimación de ganancias ilícitas y otros delitos graves, relacionados con un supuesto negociado en la licitación de un proyecto de separación de líquidos por un valor de $us 4 millones.

Se trata de Gerson Richard Rojas Terán, que desde mayo de 2009 se desempeñaba como gerente nacional de la Planta de Separación de Líquidos, Proyecto Planta Río Grande y Gran Chaco, y de Agustín Javier Ugarte Méndez, miembro de la comisión calificadora de YPFB.

El caso es investigado por una comisión de fiscales de la Unidad Anticorrupción integrada por Carlos Candia y Anuncio Piérola bajo la dirección y supervisión de la coordinadora nacional Anticorrupción, Norma Olmos Gonzales. Este hecho, denominado ‘Santos Ramírez II’, se descubre por un accidente protagonizado por Gerson Richard Rojas en estado de ebriedad, en Ichilo, a 94 kilómetros de Santa Cruz.

Las indagaciones se ampliaron al encontrarse documentación en el vehículo de Rojas. Los fiscales expusieron que Rojas y Ugarte tenían cajas de seguridad alquiladas en el Banco Mercantil Santa Cruz, siendo funcionarios públicos. Con orden judicial se allanó y precintó el área y se abrió la caja 298 registrada a nombre de Rojas Terán y se encontró $us 90.000 y anotaciones con manuscritos de montos de dinero por $us 390.000. Luego se abrió la caja 069 a nombre de ambos imputados, pero estaba vacía y un informe del banco a la Fiscalía señala que el 30 de junio acudió Ugarte acompañado de una menor con una mochila. La Fiscalía aseguró que los imputados escondían altas sumas de dinero en cajas de seguridad bancaria a su nombre incrementando su patrimonio. La gestión 2010 se realiza la evaluación técnica y económica del contrato Planta Río Grande y los imputados participan en la comisión calificadora junto a 18 personas. Se presentaron las empresas Pentechs, Aesa y una alemana. Aesa fue calificada para abrir el sobre de propuesta económica.

Más datos

- Los imputados. Agustín Javier Ugarte fue detenido el 6 de julio en su oficina de YPFB de la avenida Alemania. Declaró que conoce a Gerson Rojas, que era su superior en jerarquía y que mantenían una relación laboral y de amistad.

- Bs 100.000. Ugarte señala que en el Banco Mercantil Santa Cruz tiene alquilada en Bs 2.100 anualmente una caja de seguridad compartida con el titular Gerson Richard Rojas. Declara que en la caja 069 dejó en una oportunidad Bs 100.000 producto de una licitación.

- Una bolsa negra. Agustín Javier Ugarte también declara que el segundo semestre de 2010 se hizo la evaluación técnica y económica del contrato de Planta Río Grande en la que participó con 18 personas y se presentaron a licitación las empresas Pentechs, Aesa y una alemana, pero que ganó Aesa para abrir el sobre de propuesta económica. Dice que en enero de 2011 Gerson Richard Rojas lo llama y le dice que a las 20:00 esperara en el cuarto anillo y avenida San Martín, donde una persona le entrega una bolsa negra con Bs 100.000. Ese dinero, días después, dejó en la caja de seguridad. Dijo que se lo entregó producto del contrato de la Planta de Río Grande que se adjudicó Aesa.

- Tela que cortar. Según las pesquisas, se cree que hay mucha gente de alto cargo implicada en el caso que empieza a investigarse.

Todo se descubre por un choque
Un informe presentado por la Fiscalía da cuenta de que el 17 de junio, a la altura del kilómetro 94 de la carretera a Ichilo, la vagoneta Toyota Land Cruiser modelo 2012 placa KKL-2841, de propiedad de YPFB, guiada por Gerson Richard Rojas Terán en estado de ebriedad, impactó con una camioneta y con dos camiones.
Según las pesquisas de la Policía de Tránsito, la vagoneta sufrió graves daños materiales, pues quedó prácticamente inutilizable y el conductor Rojas escapó. Por esa razón algunas personas desmantelaron la vagoneta y los policías solo encontraron la credencial de matrícula de un arma de fuego a nombre de Gerson Richard Rojas. YPFB pide una investigación contra Rojas por mal uso de un bien público un día no laborable, que era domingo 17 de junio.
Por el hecho de tránsito Rojas es detenido y enviado a la cárcel. Sin embargo, se amplía la indagación al encontrarse en su poder recibos de pago de alquiler de cajas fuertes y se le imputa delitos de legitimación de ganancias ilícitas, uso indebido de bienes y servicios públicos, enriquecimiento ilícito y otros.









FOTOGRAFÍAS

Informe. Una planta de separación de líquidos del Proyecto Planta Río Grande y Gran Chaco abrió una indagación


TITULARES

Caen altos ejecutivos de YPFB por negociado de $us 4 millones

Delincuentes asaltaron a dos mujeres, a una la arrastraron

Un albañil muere ahogado junto a su caballo cuando cruzaba el río

Atrapan una banda de narcos en Chile integrada por bolivianos


miércoles, 4 de julio de 2012

Encuesta: la corrupción, principal inquietud en empresarios del país

La corrupción, la falta de soluciones económicas y la inseguridad jurídica en el país son las principales preocupaciones de los empresarios bolivianos, según encuesta de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB).

De nueve “motivos de preocupación”, los encuestados eligieron la corrupción en un porcentaje de 51,4. Otras inquietudes relevantes son el narcotráfico, la inseguridad y el contrabando, según el documento denominado "Encuesta de opinión empresarial", realizada a nivel nacional en base a una muestra del Registro de Comercio.

La muestra incluye a nueve sectores de la economía entre los que figuran comercio, transportes y comunicaciones, minería, construcción, servicios financieros, hoteles y restaurantes, manufacturas, actividades empresariales y otros. Los datos recolectados giran en torno al desenvolvimiento económico de las empresas durante el mes de abril de este año.

"La percepción del sector empresarial sobre el rumbo del país es predominantemente pesimista con un 71,7 por ciento de las empresas que declaran una opinión negativa. Los sectores más pesimistas son los relacionados a la explotación de minas y canteras, transporte y almacenamiento y comercio", señala el documento.

En el ámbito económico, “resalta la preocupación sobre la falta de inversiones privadas y extranjeras, la necesidad de encarar políticas de formalización de la economía y la industrialización de los recursos naturales", señala el documento.

Pesimismo en el empresariado boliviano

Según la "Encuesta de opinión empresarial" realizada por la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), en mayo pasado, el empresariado declara que su situación se encuentra entre "regular y buena" con un porcentaje de 68,2 y 26 por ciento, respectivamente; mientras que 5,8 por ciento de las empresas sostiene que están pasando un "momento malo".

En contraposición, las perspectivas sobre el futuro (12 meses) el 66,1 por ciento de las empresas tiene una percepción "pesimista".

Uno de los datos más preocupantes está relacionado al crecimiento nulo o reducción del capital de las empresas, ya que el 67,1 por ciento no registró un incremento en su capital durante los últimos 12 meses.

No obstante, los datos muestran perspectivas positivas sobre el crecimiento de la producción, aunque existe una clara diferencia entre las empresas pequeñas, quienes esperan un incremento cercano al 20 por ciento en los próximos 12 meses y las empresas relativamente grandes, quienes en promedio estiman un crecimiento de la producción de tan solo el 1,43 por ciento.

"Esta situación contrasta con los indicadores de ventas, que en su mayoría muestran cifras negativas, sobre todo en las empresas más pequeñas. La reducción en las ventas en abril, respecto del mismo periodo del año pasado muestra una caída promedio de 1,15 por ciento", se lee en el documento

Incautan hotel de Chito Valle en San Buenaventura

El Ministerio de Transparencia informó que el Ministerio Público realizó la incautación del Hotel Jatauba, ubicado en el municipio de San Buenaventura en el norte de La Paz y que es de propiedad del ex prefecto paceño, Luis Alberto Valle quien fue sentenciado por enriquecimiento Ilícito.

El hotel JataubaLodge está ubicado en las cercanías de Rurrenabaque (Beni) y fue uno de los pocos emprendimientos hoteleros del lado paceño. Permaneció cerrado los últimos cuatro años, desde que la ex autoridad departamental afrontaba sus procesos judiciales.

De acuerdo con este despacho ministerial, el proceso de investigación determinó que el hotel se encontraba registrado a nombre de Mariel Alejandra Valle de Abasto, hija del ex prefecto.

Ayer se efectuó una inspección ocular en el Hotel Jatauba, incautándose el inmueble por el Ministerio Público en favor del Estado boliviano. Se designó como su depositario a la Gobernación de La Paz.

El hotel Jatauba Lodge era un complejo que constaba de cabañas y puentes colgantes en medio de la selva cerca del río Beni, en medio de una de las mayores reservas de flora y fauna del país, el parque Madidi.

En los últimos años, el emprendimiento permaneció abandonado y en deterioro. De acuerdo con el artículo “Chito Ruinas”, que fue publicado el año pasado en el semanario Escape del periódico paceño La Razón, “el que fuera el hotel más glamoroso de Bolivia sufre los efectos del abandono y de los saqueos de lugareños”.