Los entes o herramientas encargadas de combatir la corrupción pública, al parecer son insuficientes y sin fuerzas para cumplir con sus obligaciones de fiscalización.
Esa visión es compartida por analistas y una opositora, quienes resaltan que uno de los motivos de la falta de fiscalización es la desinstitucionalización de las entidades del Estado.
Además, la impunidad y el sistema de adjudicación directa, son otras de las causales que puedan inducir a hechos irregulares, agregan.
Un oficialista asegura que la actual gestión gubernamental, ha dado muestras claras en la lucha contra la corrupción con acciones concretas.
El problema está en la impunidad. El politólogo, Marcelo Silva, dijo que la falla para la lucha contra la corrupción está en la impunidad de la que están sujetos algunos servidores públicos.
“Las normas y las instituciones en el país no son malas, pero no se cumplen y no se acatan fundamentalmente porque hay impunidad”, afirmó.
Indicó que eso establece la persistente corrupción en el país, por lo que sugiere la aplicación de la norma sin favorecer a nadie en particular.
Explicó que aquellos que violan la ley y tienen una tendencia afín al Gobierno no son castigados y a ellos no se les aplica ni la maquinaria institucional y legal.
Adjudicación directa es otro de los motivos. Para el analista político, Jorge Landívar, otro de los motivos que provocó la corrupción en las instituciones públicas, es por aprobar las adjudicaciones directas.
Modalidad que permite el beneficio de contratos con ciertos montos importantes. Aclaró que si bien la Ley Safco establece el modo de la administración pública para regirse sobre las contrataciones, pero con resoluciones y excepciones del Gobierno, no sirve de nada.
Les quitó transparencia. Asimismo, el periodista y ganador del premio Rey de España, Fernando Molina, dijo que las adjudicaciones directas le quitaron transparencias a las licitaciones públicas con escrutinio de los medios.
“Con la licitación incluso el postulante podría reclamar si sentía que había injusticia o dificultades en algunas de las etapas”, anotó el experto.
Molina manifestó que las invitaciones directas implican un grave riesgo moral para el país, lo que conlleva un cambio significativo y peligroso.
Sigue creciendo. Según el analista Róger Cortez, la corrupción en Bolivia no para de crecer a pesar de las herramientas para combatirla.
Dijo que no parece existir ninguna impresión visible de la reducción de estos actos dolosos, sino que al parecer es una continuidad de anteriores gestiones gubernamentales.
Tomó como ejemplo a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
En el primer caso, llevó a la cárcel al presidente de la institución y el segundo hecho, a raíz de las contrataciones directas, favoreció que se tome decisiones discrecionales difícil de perseguir y sancionar.
Falta institucionalización. Para el analista Moisés Palachay, hay una clara falta de institucionalidad en el país.
“Como es el caso del sistema Judicial, que sea más técnico y menos político y que se sometan solo al imperio de la ley y no del sometimiento del Poder Ejecutivo”, exclamó.
Dijo que si bien está vigente la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz para el control social, sin embargo, no es cuestión de herramientas, sino de institucionalidad.
Mecanismo de control sin funcionamiento. La diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Norma Piérola, dijo que no funciona ningún mecanismo de control social en Bolivia.
Aseguró que hay una corrupción generalizada desde las más altas esferas del Gobierno central. Dijo que el Estado carece de un buen funcionario público para enseñar con el ejemplo y es por eso que nada funciona en el país.
La legisladora opositora lamentó que el Ministerio de Transparencia no ha recuperado los daños económicos causados al Estado.
Se hizo mucho más que los anteriores. Por su parte, el ahora exdiputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Franklin Garvizu, afirmó que la gestión de Morales hizo mucho más que sus antecesores contra la corrupción.
“En este gobierno no solo se creó el Ministerio de Transparencia, sino también se propuso que la norma constitucional establezca que los delitos que generen daño económico al Estado sean imprescriptibles y no ameriten fuero ni impunidad alguna”, aclaró.
El legislador oficialista resaltó el efecto retroactivo contra los que cometen delitos, reglamentados por la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz.
Instituciones
Organizadas para el control ciudadano
1. Ministerio de transparencia y lucha contra la corrupción. Entre sus atribuciones está de formular y ejecutar políticas, programas y proyectos de gestión con ética y transparencia, y de prevención y de lucha contra la corrupción.
2. Contraloría del estado. Es el organismo técnico- administrativo superior de control fiscal, que en relación a los poderes del Estado y en el ejercicio de sus funciones tiene completa autonomía administrativa. Constituye el organismo central del Sistema de Control Fiscal.
3. Procuraduría general. Una de sus funciones es defender judicial y extrajudicialmente los intereses del Estado, asumiendo su representación jurídica e interviniendo como sujeto procesal en todas las acciones judiciales, extrajudiciales o administrativas, sea en resguardo de la soberanía, de los bienes del patrimonio e intereses del Estado.
Percepción
Bolivia mejoró en el ranking anticorrupción
Puntuación. Bolivia en el 2014, ha obtenido 35 puntos en el Índice de percepción de la Corrupción que publica la Organización para la transparencia Internacional. Con esa puntuación, el Estado Plurinacional de Bolivia comparte junto a México el lugar 103 de 175 países del ranking de corrupción gubernamental, luego de que los bolivianos creen que existe mucha corrupción en el sector público.
Este índice clasifica a los países puntuándolos de 0 (percepción de altos niveles de corrupción) a 100 (percepción de muy bajos niveles de corrupción) en función de la percepción de corrupción del sector público que tienen sus habitantes.
En el 2013 ocupó el puesto 106, según el informe por la ONG alemana Transparencia Internacional (TI).
Organización que promueve medidas contra crímenes corporativos y corrupción política en el ámbito internacional. Se fundó en 1993. Publica anualmente el Índice de Percepción de Corrupción.
Punto de vista
Víctor Hugo Cárdenas
Ex Vicepresidente de Bolivia
'El Gobierno puso a los ratones a cuidar el queso'
"El Gobierno no entendió el alcance y el sentido del combate a la corrupción. Es decir, si hubiera entendido el problema, hubiese diseñado los mecanismos más adecuados para combatir y reducir estos hechos.
Como no lo entendió, elabora acciones sin resultados significativos, por ejemplo, el diseño de un Ministerio de Lucha Contra la Corrupción, dependiente del propio Órgano Ejecutivo. No se puede poner a los ratones para cuidar el queso, así como no se puede poner a los cocaleros para dirigir las políticas de control de la venta de la coca al narcotráfico. Tampoco el Órgano Ejecutivo puede dirigir la lucha contra la corrupción, tiene que hacer un órgano independiente, por lo tanto, eso refleja la incomprensión del tema de la corrupción. Segundo: datos de esa incomprensión, cuando hay un funcionario de alto nivel de Gobierno acusado de hechos ilícitos, reacciona con el encubrimiento, pero si fuese de otro partido de oposición, hace una campaña mediática para desacreditarlo. Si uno se fija con los alcaldes oficialistas procesados son muy escasos, pero la mayoría de los afectados son opositores. Una muestra clara son las empresas del Estado, donde la mayoría se encuentran involucradas en casos de corrupción, empezando por Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)"
