jueves, 29 de septiembre de 2016

El contralor observa dos contratos con la CAMC



El contralor general del Estado, Henry Ara Pérez, anunció que existen observaciones a los procedimientos establecidos de dos contratos suscritos entre las empresas estatales Misicuni y por la compra de tres perforadoras de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) con la firma china CAMC, pese a que el 10 de mayo la Asamblea Legislativa aprobó un informe final de una investigación en la que no se encontraron irregularidades.

Ara dijo que en los próximos días solicitará aclaraciones a ambas entidades públicas y, en caso de que no convenzan, pueden establecer responsabilidades administrativas e incluso penales.
Ambas estatales evalúan el tema y no se pronunciaron sobre los dichos del contralor. La estatal petrolera esperará la notificación oficial para emitir un comunicado.

En febrero, el presidente Evo Morales pidió una investigación de la Asamblea Legislativa y de la Contraloría después de que el comunicador Carlos Valverde lo sindicó de incurrir en un presunto tráfico de influencias por la relación que mantuvo el jefe de Estado con Gabriela Zapata, ex gerente comercial de la CAMC. La mayoría en el Poder Legislativo aprobó un informe de la comisión investigadora que lo eximió de toda culpa. Ahora, la Contraloría vuelve a abrir el tema.

“Evaluamos dos trabajos. La siguiente semana los pondremos en conocimiento de las partes. En el caso de Misicuni tenemos hallazgos que serán sujetos a peticiones de aclaración, así como en el caso de la compra de perforadoras y las adendas realizada por YPFB, que es una supervisión que tiene que ver con medidas que vaya a tomar, porque los contratos están vigentes”, dijo.

El contralor no quiso hablar de anomalías. “Son observaciones, puesto que si partimos de la existencia de los proyectos, ambos están. Puede haber deficiencias en los procesos y la norma establece tipos de responsabilidad, si es que las confirmáramos”.

Explicó que en el caso de YPFB, cuyo contrato está en ejecución, "se trata de una supervisión e implica que como aún está en ejecución, se deben encaminar recomendaciones para subsanarlo. “Estaremos atentos si es que ya lo han hecho”. Mientras que en el caso de Misicuni se obviaron procedimientos y esperamos que se aclaren en la fase de descargos”. Se puede ver que no obedecieron procedimientos que ellos mismos implementaron. Son procedimientos para la adjudicación de las empresas y que en estos casos no se halló documentos que los acrediten. Procesos que al parecer, por la documentación, se obviaron o, repito, no se respetaron en la forma preestablecida. Hay que esperar el descargo».

Sin embargo, el contralor adelantó que estos temas pueden generar responsabilidades administrativas e incluso penales, pero es muy a priori hablar de eso porque dependerá de los descargos”. Un informe por minoría, emitido por la oposición en la Asambea Legislativa, detectó ocho observaciones en el caso de Misicuni, mientras que observó también a YPFB por no ver otras opciones

Boris Villegas, condenado a dos años y siete meses de cárcel



Boris Villegas Rocabado, exdirector de Régimen Interior, acusado por el delito de organización criminal dentro del caso Ostreicher, fue sentenciado ayer a dos años y siete meses de privación de libertad. La información fue confirmada por el fiscal de distrito, Gómer Padilla. La sentencia fue dictada por el Tribunal Séptimo de Sentencia en lo Penal. “En presencia de su abogado, el imputado reconoció ser culpable del ilícito”, dijo Padilla.

En el caso extorsión también están implicados Fernando Ribera Tardío, Denis Rodas Limachi, Jeanette Velarde Luna, Roberto Achá Arandia, Edwar Omar Mollinedo Pinedo, Isabelino Gómez Cervero y Mario Ariel Rocha López. “Estas personas mantenían nexos entre ellos y la consigna era impedir que el ciudadano estadounidense Jacob Ostreicher recupere su libertad, y con ello evite el reclamo de su arroz, que fue sacado de manera ilegal de los ingenios”, agregó. Con los años de condena, Villegas no volverá a prisión. Además estuvo recluido desde diciembre de 2012. Los otros acusados también se sometieron a procedimientos abreviados

miércoles, 28 de septiembre de 2016

Imputan a Alcalde de Colquiri por conducta antieconómica

El alcalde del municipio de Colquiri, Silverio Colque, fue aprehendido ayer e imputado por el delito de conducta antieconómica, en la firma de dos contratos que causaron un daño económico de Bs 188.000, según informó la fiscal de materia de La Paz, Jenny Quispe.

“El Ministerio Público ha seguido las investigaciones dentro del presente caso, a denuncia del Ministerio de Transparencia, del actual Alcalde del municipio de Colquiri, (…) toda vez que el mismo habría realizado dos contratos por la construcción de la obra denominada casa artesanal ‘Caquena’”, indicó la fiscal.

La autoridad edil está acusada de incurrir en delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, tras haber entablado contratos de construcción con dos empresas –Cabas y Unipersona–, para la ejecución de la casa artesanal; sin embargo, “se presentaron irregularidades en el proceso de contratación y en los plazos de entrega de las obras”.

Quispe informó que la denuncia también es en contra de un exalcalde y de otros funcionarios municipales que tuvieron que ver con los procesos de contratación, supervisión y ejecución de las obras señaladas.

La fiscal dijo que en este caso investigarán también a otras cuatro personas que estarían implicadas.

martes, 27 de septiembre de 2016

Juez dicta tres años de prisión para ex alcaldesa Aydeé Nava por el caso alumbrado público



El juez Esteban Monzón dictó el lunes una sentencia de tres años de prisión para la ex alcaldesa de Sucre, Aydeé Nava, por los delitos de firma de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes en un caso relacionado con el cobro de la tasa de alumbrado público.

Sin embargo, el Tribunal de Sentencia determinó de oficio la suspensión condicional de la pena, porque los delitos se cometieron antes de la vigencia de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz.

Con esa resolución, Nava no deberá salir del país, cambiar de domicilio y otras condicionantes, explicó el juez.

La audiencia se desarrolló en el Tribunal Segundo de Sentencia de esta capital y la lectura íntegra de la sentencia será el 29 de septiembre a las 14h30.

"Es una pena que se tenga que dar una sentencia de tres años por algo que no existe", dijo Nava a los periodistas tras la audiencia.

La Fiscalía acusó a Nava de firmar un convenio con la Compañía Eléctrica Sucre S.A. sin autorización del Concejo Municipal por el cual le cedió el cobro de la tasa de alumbrado público y aseo urbano a cambio de quedarse con el 5,66% de la recaudación de alumbrado público, pero haciéndose cargo de la expansión, mantenimiento, colocación de postes y cableado.

Para la ex autoridad la rebaja de la tasa de alumbrado público de 15% a 5,66% es una prueba que demuestra que el convenio fue beneficioso para el municipio de Sucre y no hay daño económico como señala la Fiscalía.

"Recurriremos a una apelación", concluyó.

lunes, 26 de septiembre de 2016

Viaje de 68 dirigentes sociales a Panamá costó al Estado más de Bs medio millón

Más de medio millón de bolivianos, 593.354 bolivianos, gastó el Estado en el viaje de una delegación de 68 dirigentes y delegados de organizaciones sociales que participaron de una Cumbre de los Pueblos que se realizó de manera paralela a la VII Cumbre de las Américas en Panamá en abril de 2015, según publica ANF.

Para dicho viaje, el Ministerio de Relaciones Exteriores autorizó el desembolso de 236.493 bolivianos para los viáticos de los representantes de los movimientos sociales y las organizaciones sociales de la sociedad civil. Cada persona recibió poco más de 3.000 bolivianos por tres días y medio.

Se contrató una aeronave C-130B para realizar la ruta La Paz-Santa Cruz-Panamá-La Paz, el vuelo tuvo un costo de 296.677 bolivianos. Este monto se distribuyó de la siguiente manera: 30.303 bolivianos para viáticos de una tripulación de siete personas; 141.421 para el combustible de ida a Panamá y 124.952 bolivianos para el retorno.

El total de recursos económicos para el viaje de la delegación alcanzó a 593.354 bolivianos, de acuerdo al informe escrito que respondió la Cancillería a la diputada de Unidad Demócrata, Jimena Costa, quien formuló una serie de preguntas respecto a dicho viaje.

Costa consideró que existe un “un uso clientelar” de los recursos para los dirigentes de las organizaciones sociales afines al partido gobernante. “Son viajes que los mantienen contentos a los dirigentes, para viajar por el mundo”, cuestionó la asambleísta. (ANF).

ENTRE DE OBRAS

También algunos diputados dan conocer que también se erogan recursos para que dirigentes asistan a las entregas de obras en diferentes regiones del país, en la que la base queda excluida, y sólo los representantes son tomados en cuenta.

Sin embargo, la disminución de recursos parece que afectó a los viajes, ya que los números de dirigentes se reducen en las entregas, y sólo se toma en cuenta a los militantes de las regiones en donde se hace entrega de obras, según algunos legisladores.

jueves, 22 de septiembre de 2016

Hay indicios de tráfico de influencias en el caso dron



La auditoría por la compra de un centro de monitoreo móvil y un dron para la Policía por parte de la Alcaldía, por Bs 3,7 millones, detectó una serie de irregularidades, por lo que determinó que siete personas tienen indicios de responsabilidad penal y 13, responsabilidad administrativa. Los informes de auditoría fueron presentados ayer por funcionarios del Ejecutivo municipal al órgano deliberante.

Según dicha auditoría, seis funcionarios y ex funcionarios municipales habrían incurrido en los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y comisión por omisión. Los sindicados son José Canudas Araujo, Ernesto Mario Peterson Toledo, Marisabel Barrero Vaca, José Ernesto Rojas Villarroel, Johnny Huari Montaño y Ernesto Terceros Goitia.

Además, el informe, que fue presentado por el secretario de Asuntos Jurídicos de la comuna, José Negrete, indica que José Alberto Padilla, propietario de la empresa Army Security, tiene indicios de haber incurrido en los delitos de falsedad material, uso de instrumento falsificado e incumplimiento de contrato.

Negrete informó de que el 9 de este mes la Alcaldía presentó una querella en la Fiscalía contra todas estas personas. Además, dijo que esperan ampliar la querella contra Paúl Cuéllar Bejarano, de la empresa Westeco, y contra otros que resultaren involucrados en el caso.

La Alcaldía también detectó indicios de responsabilidad administrativa de los seis ex funcionarios municipales anteriormente nombrados, además de otros siete: José Mojica, Zeneida Soria, Guísela Garrido, Deisy Cuéllar, Adalid Toledo, Fernando Zabala y Emilene Gutiérrez.

Diputados en la sesión

Víctor Gutiérrez, presidente de la comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Diputados, junto a otros dos miembros de la comisión, presenciaron la sesión. Al inicio de la misma, Negrete expuso los argumentos sobre la incompetencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional para fiscalizar al ejecutivo municipal.

Gutiérrez indicó que, según la Carta Magna y la Ley Marco de Autonomías, los entes autónomos deben responder a los requerimientos del órgano legislativo nacional y que el alcalde Percy Fernández ya lo ha hecho en 18 ocasiones de forma escrita y que lo único que cambia en esta oportunidad es que se solicita un informe oral.
Gutiérrez agregó que por cuestiones de salud Percy puede solicitar que el informe sea dado en Santa Cruz

Denuncian corrupción en Dirección de Catastro



Una funcionaria de la Dirección de Catastro denunció que el titular de esta entidad edil incurre en actos de corrupción, pues atiende trámites catastrales en su oficina particular de arquitecto, a través de su hija.

La arquitecta Rocío Mollinedo, denunció a Víctor Espejo, director de Catastro de la comuna alteña, pues dentro de su labor como funcionaria en esta entidad, detectó que una mujer identificada como Pamela E. T. constantemente hacía ingresar trámites catastrales en dicha unidad.

Mollinedo hizo seguimiento a los trámites y evidenció que el mismo Espejo instruía que éstos sean despachados de inmediato. En total detectó 20 casos de este tipo.

Señaló que logró comprobar que Espejo continúa atendiendo su despacho de arquitecto, que está ubicado en cercanías de la plaza del Lustrabotas, en plena Ceja de El Alto, pero a través de su hija, quien firma los documentos y hace los trámites.

La funcionaria denunció este hecho ante autoridades de la misma Alcaldía, pero fue despedida, pese a que tiene más de 20 años como trabajadora municipal y que en su calidad de persona con discapacidad está protegida por las leyes laborales y no puede ser destituida.

Mollinedo, apoyada por la dirigencia de las personas con discapacidad de El Alto, está exigiendo que la Alcaldía destituya a Espejo, que lo procese y a su vez la restituya en su cargo, junto a otras 11 personas con discapacidad —de esa repartición municipal— a quienes se les entregó su memorando de despido, porque tenían conocimiento de estos actos irregulares y no quisieron socaparlos.

La dirigente de las personas con discapacidad de El Alto, María Angélica Ramos, afirmó que la alcaldesa Soledad Chapetón tiene conocimiento de estas denuncias y también del despido de personas con discapacidad, pero no hace nada para investigar las acusaciones o hacer respetar los derechos laborales de las personas despedidas.

“Más bien acusan a los compañeros despedidos de haber hecho mal su trabajo. Es lamentable que socapen de esa manera la corrupción”, señaló.

miércoles, 21 de septiembre de 2016

Dirigentes recibieron dinero para cursos y mantenimiento de autos


En 2014, tres dirigentes, que fueron miembros del directorio del Fondo Indígena, recibieron al menos 283 mil bolivianos de esa entidad para el mantenimiento de vehículos y talleres de socialización y capacitación. Los dirigentes aún no brindaron un informe sobre el manejo de esos recursos, según documentos al que accedió Página Siete.

Los recursos provenían de la partida Proyectos de Inversión 02 y 03 que designó el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE).

Estos proyectos fueron designados por el VIPFE para el uso exclusivo de las organizaciones sociales y los recursos deberían ser destinados a talleres de capacitación y socialización.

Juanita Ancieta, ejecutiva nacional de las Bartolinas, recibió junto a sus técnicos Roberta G. y Clavel C. un total de 62.500 bolivianos, de los cuales 32.000 fueron destinados para el mantenimiento de vehículos y 30.500 para la organización de talleres.

Ancieta dijo a Página Siete que no conoce a los técnicos y que averiguará sobre la documentación que la implica. "Voy a informarme, voy a averiguar y luego hablamos”, manifestó.

Otro de los dirigentes que recibió recursos fue Rodolfo Machaca, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. El monto que habría recibido es de 215.905 bolivianos junto a sus técnicos Freddy M. y Karina V. para ocho talleres de socialización y capacitación.

Página Siete llamó en reiteradas oportunidades a Machaca, pero éste no respondió.

En la lista de dirigentes que recibieron recursos de fondos de avance está el exejecutivo nacional de los Interculturales Ever Choquehuanca. La exautoridad sindical habría recibido junto a sus técnicos Carlos M. y Nelly M. un total de 4.400 bolivianos para dos talleres.

Choquehuanca explicó que los recursos eran desembolsados "de forma directa” a cuentas de los técnicos, que eran los encargados de realizar los talleres.

"Obviamente yo solicité para talleres de capacitación, pero no recibí un centavo. Los técnicos eran los que ejecutaban los recursos, ellos debían socializar (a los beneficiarios) cómo presentar los proyectos, cuáles eran las atribuciones de los representantes legales, qué hacía el control social”, explicó Choquehuanca, que dijo que los recursos se destinaban para la compra de material de escritorio y otros.

Afirmó que los técnicos son los que debían presentar los descargos, porque ellos recibían el dinero en sus cuentas.

La Fiscalía convocará al entorno de Achacollo


La comisión de fiscales que investiga el millonario desfalco en el Fondo Indígena convocará en calidad de testigo al sobrino y a otras personas del entorno de la exministra Nemesia Achacollo, informó ayer el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco.

"El Ministerio Público citará en calidad de testigos al entorno de la exministra de Desarrollo Rural y Tierras, pero una vez que estas cuatro personas presten su declaración informativa la comisión de fiscales analizará la situación legal”, explicó el fiscal Blanco, que se rehusó dar nombres.

Según el fiscal, dependerá de sus declaraciones para establecer si continúan en calidad de testigo o personas investigadas.

Julián Gutiérrez Achacollo, sobrino de Achacollo, fue jefe nacional de monitoreo del Fondo Indígena.

Por este caso existen al menos 20 personas detenidas, entre ellos los exdirectores de la entidad indígena Marco Antonio Aramayo, Elvira Parra, la exministra Julia Ramos, los dirigentes Damián Condori, Félix Becerra y Melva Hurtado, entre otros.

Por otro lado, el senador de Unidad Demócrata Óscar Ortiz pidió al Ministerio Público que convoque al presidente Evo Morales y al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, a declarar para que expliquen sobre las irregularidades en el Fondo Indígena.

martes, 20 de septiembre de 2016

Panama Papers: ENTEL pagó $us 20 mil para abrir una cuenta

El diputado Víctor Gutiérrez, miembro de la comisión especial que investiga el caso Papeles de Panamá, aseguró que la empresa ENTEL no será investigada porque sólo abrió una cuenta con 120 dólares y que no hay prueba de que haya evadido impuestos.

"ENTEL no generó un movimiento más allá de los 120 dólares. Lo único que hizo es abrir una cuenta corriente. Lo que le costó más fue contratar un bufete de abogados para que ello suceda a nivel internacional; después, no tiene registrado ningún movimiento bancario, no ha generado movimientos económicos y, por lo tanto, ENTEL no tiene nada, como ya se confirmará de manera oficial”, adelantó.

De las 95 empresas bolivianas registradas en paraísos fiscales y creadas por el bufete panameño Mossack Fonseca (MF & Co), figura la empresa Entel Bolivia International Limited.

La estatal ENTEL informó -mediante un comunicado- que la cuenta fue creada en 2008 por el exinterventor Joel Flores, por lo que legalmente "no tiene nada que ver con ENTEL SA”. La creación costó 20.870 dólares y no entró en operaciones. Agregó que Flores fue despedido y en 2009 se instruyó un proceso en su contra.

Flores fue designado como interventor tras la nacionalización de la telefónica en 2008. Después la compañía estatal cambió de razón social.

El diputado Gutiérrez, consultado sobre otras empresas bolivianas que figuran en la lista del caso Papeles de Panamá, evitó emitir un criterio.

No obstante, aclaró que "el sólo depósito en un paraíso fiscal o en Panamá de entrada no es ilícito, lo que es ilícito es si evades impuestos, blanqueas dólares y no le has hecho conocer al Estado boliviano. En este caso eso vamos a verificar. Si esos elementos existen, se investigará y si no existen, no pasa nada”.

El diputado Wilson Santamaría (UD) dijo que como bancada insistirán en que se investigue a todas las empresas, entre ellas ENTEL, porque se trata de recursos del Estado "así sea un boliviano”.

Legisladores de oposición piden incorporar a la lista de empresas investigadas, por el caso Papeles de Panamá, a una importadora de vehículos y la soyera Gravetal de Santa Cruz para identificar si hubo una posible evasión de impuestos al estar inscritas en paraísos fiscales.
En una anterior oportunidad, el presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Marcelo Zabalaga, informó que en el último año ha registrado una salida de aproximadamente 130 millones de dólares a paraísos fiscales, "sin objeto conocido” y sin el pago de impuestos.



Informe de Aduana

Comisión Hoy, la presidenta de la Aduana Nacional, Marlene Ardaya, y la directora general ejecutiva de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Ivette Espinoza, informarán a la comisión mixta investigadora de los Papeles de Panamá sobre temas de la evasión de impuestos.
Entidades La comisión especial ya recibió informes del presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), del presidente de Impuestos Nacionales, del presidente del Sistema Financiero y del presidente de Auditoría Financiera con el objetivo de coordinar un trabajo conjunto de investigación. La próxima semana ingresan a la fase de investigación, que será empresa por empresa.


Funcionarios “ayudaban” al dueño del club Katana

Dos funcionarios del Gobierno Municipal de La Paz y un exservidor del Ministerio de Gobierno “ayudaban al centro nocturno Katanas evitando que este sea sometido a controles y, de esa manera, coadyuvaban con el delito de trata y tráfico de seres humanos”, denunció Paola Barriga, la abogada de la hija del dueño del club nocturno.

El centro nocturno fue clausurado definitivamente la semana pasada y su dueño, Marco Cámara (padre de la denunciante), está detenido preventivamente. Barriga explicó a Erbol que en los allanamientos al Katanas se halló libros de registro donde figuraban pagos de 600 a 3.000 dólares a funcionarios. Recalcó que dos trabajadores ediles están plenamente identificados y ellos se encargaban de informar a Marco Cámara sobre cualquier operativo de control. Según la abogada, una vez alertado el centro nocturno cerraba sus puertas y apagaba las luces. Respecto al tercer implicado, la jurista dijo que se trata de un exfuncionario de la Dirección de Migración. “Él ha generado estos elementos para coadyuvar en este tipo de delincuencia”, precisó. El Katanas está investigado por supuestamente albergar a jóvenes extranjeras, quienes eran forzadas a ser damas de compañía.

domingo, 18 de septiembre de 2016

Encuesta: la corrupción es el principal problema que afecta al Gobierno

La corrupción y el tráfico de influencias son los principales problemas del Gobierno. Así opina el 44% de los encuestados por Mercados y Muestras para Página Siete.

El decenio del presidente Evo Morales fue marcado por más de 10 casos de corrupción y una cantidad no determinada de presuntos hechos anómalos en las esferas gubernamentales que no fueron investigadas aún.

El trabajo de campo fue realizado durante cinco días (desde el sábado 3 hasta el miércoles 7 de septiembre) en 41 ciudades y ciudades intermedias del país.

Según los encuestados, después de la corrupción y el tráfico de influencias, la incapacidad de sus funcionarios, la demasiada concentración de poder y la soberbia son otros problemas que afectan al Gobierno central.

Si uno de los mayores problemas del Gobierno es la corrupción, la encuestadora también preguntó a la gente sobre "el principal problema del país” y las respuestas no son muy diferentes de las que agobian al Órgano Ejecutivo: un 30% dice que es la corrupción, 14% indica que es el narcotráfico, 13% afirma que es la delincuencia y 11% identifica a la falta de empleo.

En 10 años de gobierno se registraron más de 10 casos de corrupción, según un relevamiento realizado por Página Siete, que van desde las visas chinas, la compra de vehículos con el uso de franquicias especiales, caso Catler Uniservice-YPFB, 33 camiones, sobreprecio en la compra del avión presidencial, red de extorsión en el Ministerio de Gobierno, Papelbol, Lotex, clan familiar en YPFB, barcazas chinas, BOA-Air Catering, Fondo Indígena y las recientes denuncias de anomalías en los contratos entre el Estado boliviano y la empresa estatal china CAMC.

En las Fuerzas Armadas también se destaparon irregularidades como la compra de motores o el desfalco de recursos económicos del programa Bolivia cambia, Evo cumple destinado para la construcción de cuarteles.

En recientes informes, el Gobierno destacó su política de lucha frontal contra la corrupción a diferencia de sus antecesores y sin mirar colores políticos.

El diputado Lino Cárdenas (MAS), presidente de la comisión de Justicia Plural, afirma que la corrupción no es el principal problema sino la justicia.

"Lamentablemente en ese escenario, a pesar del esfuerzo del Gobierno, no se ha podido obtener resultados que sean los más óptimos” declaró el legislador.

Sobre la política anticorrupción, afirmó que "se trabajó mucho” como la aprobación de la Ley de Lucha contra la Corrupción "a pesar de que la oposición no quería que se apruebe esta norma”. "Lamentablemente no ha sido suficiente”, afirmó.

En la mayoría de los casos de corrupción que fueron divulgados por medios de comunicación, la oposición y algunas autoridades gubernamentales, las instituciones del Estado se han convertido en querellantes.

Es el caso del Fondo Indígena que salpicó a cinco altas autoridades del Estado y dirigentes que respaldan al Gobierno. Hasta ahora fueron detenidos dos exministras de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo y Julia Ramos, dos directores de esa entidad y dirigentes de sectores.

Con los resultados de la encuesta, diputada opositora Norma Piérola (PDC) cree que "la población le dio en el clavo”. "Yo siempre atribuyo a la corrupción el inicio y el acabóse del grupo populista que hoy se disfraza de izquierda y está en el gobierno. Resulta que la corrupción se ha generado en todas las instancias el narcotráfico, trata y tráfico, contrabando de armas, contrabando de droga”, opina.

Como muestra de las irregularidades, según la asambleísta, recordó que dos plantas separadoras de líquidos no están funcionando. ¿Cuánto llegó a costar esas empresas sin contar con la corrupción de Santos Ramírez, no lo dicen, menos el gobierno quiere hacer una auditoria”.




Algunos casos

Visas chinas En agosto de 2006, la Cancillería denunció la falsificación de documentación para obtener visas chinas. En el caso estaban involucrados los legisladores del MAS Santos Ramírez, José Bailaba y Guido Guardia.
YPFB - CATLER En 2008, la estatal YPFB firmó un contrato con Catler Uniservice (empresa fantasma) por $us 86.35 millones para una planta de gas licuado; se adelantó $us 4.5 millones y un empresario de Catler intenta dejar una coima ($us 450 mil) en la casa del cuñado del entonces presidente de YPFB, Santos Ramírez.
Barcazas chinas En 2009 la Empresa Naviera Boliviana (Enabol) pagó 28 millones de dólares por adelantado a dos empresas chinas por 16 barcazas y dos empujadores que nunca llegaron al país. Además pagó $us 3 millones por el servicio del transporte.
Air Catering En marzo de 2014, la oposición denunció un supuesto tráfico de influencias porque la empresa Air Catering, de la cuñada del vicepresidente Álvaro García Linera, firmó un contrato con la estatal BoA por Bs. 18 millones por el servicio de refrigerios.
YPFB-Villegas En diciembre de 2014, el extinto Carlos Villegas denunció que al interior de YPFB había una red de corrupción conformada por seis personas relacionadas con la Unidad de Comunicación y almacenes de la subsidiaria Chaco. Los acusados dicen que Villegas era el cabecilla.
Fondo Indígena En 2015 la Contraloría General del Estado y la Interventora del Fondo Indígena confirmaron un daño económico al Estado de 173 millones de bolivianos por proyectos inconclusos y fantasmas.
Zapata - CAMC En febrero de 2016 se denunció un presunto tráfico de influencias, resultado de la relación sentimental entre el presidente Evo Morales y Gabriela Zapata, exgerente comercial de la china CAMC, que suscribió millonarios contratos con el Estado boliviano.

Caso Fondo Indígena Anuncian aprehensión de sobrino, asesores y técnicos de Achacollo

En el marco de la investigación del desvío de recursos del ex Fondo Indígena, Julián Gutiérrez Achacollo, supuesto sobrino de la exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, exfuncionarios de su entonces gabinete y técnicos que asesoraban a la exautoridad, “deben ser aprehendidos”, afirmó el fiscal Ánghelo Saravia,

La afirmación fue parte del alegato que el fiscal Saravia presentó en la audiencia de apelación a las medidas cautelares que solicitó la exministra y le fue denegada por los miembros de la Sala Penal Tercera, donde se desarrolló dicha audiencia el pasado viernes.

Saravia argumentó que los integrantes del entorno de la exministra Achacollo, entre ellos su sobrino, deben ser convocados a declarar por las irregularidades cometidas en el exFondo Indígena, del cual era presidenta del directorio.

“Señor juez, existen a la fecha varias personas que tenemos que aprehender (del) gabinete de la señora Nemesia Achacollo, compuesto por tres personas, (más) los técnicos del Fondo Indígena; el sobrino de la ahora imputada, (también) tiene que ser aprehendido, tiene que venir al Ministerio Público a decir su verdad”, indicó el fiscal del caso, Ángelo Saravia.

El entorno de confianza de Achacollo estaba conformado por un jefe de planificación, un director jurídico y un jefe de gabinete; el primero revisaba los proyectos, el segundo elaboraba las resoluciones y el tercero hacia la última revisión antes de que la ministra firmara cualquier documento.

Fuentes que conocen el caso señalaron que Achacollo tuvo varios jefes de gabinete, entre ellos una persona de apellido Mendoza, además de Juanito Tapia y Johnny Cordero (ambos fueron también viceministros de Tierras) y Johnny Mamani, quien se mantuvo en el cargo hasta la intervención del Fondo Indígena. No se conoce cuál de ellos puede ser citado por la Fiscalía.

El sobrino de la exministra, Julián Gutiérrez Achacollo, fue jefe nacional de monitoreo del Fondo Indígena.

En la audiencia, el fiscal Saravia dijo que Achacollo “miente” y no aporta elementos para esclarecer el caso, por lo cual el Ministerio Publico pidió que se rechace el pedido de detención domiciliaria y se ratifique la detención preventiva en el Penal de Mujeres de Miraflores.

El 10 de agosto, Achacollo fue internada en la cárcel de Miraflores porque existen indicios, según la Fiscalía, que la implican en irregularidades cometidas en el Fondo Indígena, que alcanzan a 100 millones de bolivianos.

En agosto, Marco Antonio Aramayo, exdirector del Fondo Indígena, pidió que se investigara al entorno de Achacollo, entre ellos el exviceministro Cordero, por sus supuestas implicaciones en el caso.

viernes, 16 de septiembre de 2016

Después de 5 meses, el TCP ordena abrir ‘’sobre’’ que Zapata entregó

El Tribunal Constitucional Plurinacional, después de cinco meses, dictó una sentencia constitucional mediante la cual ordena a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz para que fundamente debidamente la "negativa" de abrir un sobre que en su momento podía evitar la detención preventiva de Gabriela Zapata, exnovia del presidente Evo Morales.

"Conceder la tutela solicitada, únicamente en cuanto a la omisión de la apertura del sobre que contenía prueba presentada por la accionante, misma que acreditaría la no concurrencia de un riesgo procesal, ordenando a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz emita nuevo Auto de Vista pronunciándose con la debida fundamentación que justifique la negativa de apertura del sobre presentado o en su caso se proceda con la apertura y la consideración del mismo, si así corresponde", señala la sentencia constitucional 0846/2016-53.

Pero, precisa que esto procederá siempre y cuando, por el transcurso del tiempo, la situación jurídica de Zapata no hubiera sido modificada, complementa la sentencia que fue dictada el 19 de agosto, después de cinco meses desde que se presentó el memorial.

El Tribunal Constitucional dictó una sentencia en la que le niega a Gabriela Zapata una acción de libertad. Ella alegó en el mes de abril que las autoridades evitaron la apertura de un sobre para evitar su detención preventiva en la cárcel.

De implicado a “testigo útil” para la Fiscalía Grundy sale del caso Zapata con juicio abreviado y perdón judicial

Iván Perales, presidente del Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz, resolvió ayer, en audiencia de proceso abreviado, sentenciar con dos años de cárcel a Dennis Grundy Ríos, uno de los siete implicados dentro del caso de la expareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata.

La determinación fue asumida ayer, luego de que la Fiscalía argumentara ante el Tribunal que se firmó un acuerdo con Grundy, por el que ahora este pasa a ser “testigo útil y pertinente para la estrategia que tiene el Ministerio Público”, dentro del caso que se sigue contra Zapata y otros cinco implicados, abierto en febrero de este año, dos semanas antes del referendo constitucional que perdió el presidente Morales, por el cual se le negó la reelección.

En audiencia, Perales preguntó a Grundy si renunciaba a su derecho a contar con un juicio oral y contradictorio, y el joven, examigo de Zapata, se puso de pie para contestar que sí, y asumir la determinación de un proceso abreviado.

CONDENA

“Toda vez que Grundy ha solicitado el procedimiento abreviado, reconociendo la comisión de los tipos penales de contribuciones y ventajas ilegítimas, asociación delictuosa y uso indebido de bienes y servicios del Estado (…) el Órgano Judicial, bajo el principio de la racionabilidad y la sana crítica ha determinado (por unanimidad) otorgarle una pena privativa de libertad de dos años”, explicó a la salida de tribunales, el fiscal Luis Ayala.

PERDÓN JUDICIAL

El fiscal complementó que con este fallo Grundy, que contaba ya con medidas sustitutivas, puede acceder al perdón judicial, para no ser remitido a un centro penitenciario.

Sin embargo, en audiencia, Ayala también manifestó a los miembros del Tribunal que, dentro de las investigaciones, Grundy ha proporcionado detalles que desconocía respecto de las actividades ilícitas de la expareja del Presidente Morales, por lo que pasará a ser un testigo clave dentro del juicio oral que se les sigue a Zapata, a la exdirectora de la Unidad de Apoyo a la Gestión Social del Ministerio de la Presidencia, Cristina Choque, y al responsable de almacenes, Jimmy Morales, además del abogado Walter Zuleta y a otros dos supuestos empresarios.

Según los registros, Grundy ingresó en dos oportunidades a la UAGS: en 2013 para reunirse con Zapata, que lo esperaba dentro; y la segunda vez en 2014, en la que se reunió.

El 12 de mayo, Grundy, que está con detención domiciliaria, fue detenido en Cochabamba acusado de sostener reuniones con fines irregulares con Zapata y con Cristina Choque, en oficinas de la Unidad de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia, de la que ésta última era la jefa.

OMISIÓN

Por su lado, Rómulo Estivaríz, abogado defensor de Grundy, explicó que las acciones cometidas por su cliente, por los que aceptó someterse a proceso abreviado, fueron por “omisión”, y no por la “comisión” de los mismos.

“El señor Grundy se ha visto involucrado en el caso de la ciudadana Zapata, por su relación de amistad (desde el 2013), uno como amigo tiene que ser solidario, y eso es lo que ha pasado, se lo ha imputado, sin embargo se le ha puesto una salida alternativa”, declaró Estívariz.

En la audiencia estuvieron presentes representantes del Ministerio de la Presidencia, Transparencia, UMSA y no se permitió la participación del abogado del Ministerio de Justicia, ya que no estaba acreditado de forma correcta.

miércoles, 14 de septiembre de 2016

Documentos certifican situación laboral de Zapata

El Ministerio Público en su prueba 7, hace referencia a la “Certificación – Cite: Al – China Camc 014/2016, de 3 de marzo de 2016, de china Camc Engineering Co. Ltd., con el que certifica, que Gabriela Zapata prestaba servicios en esta entidad y los haberes que percibía”.

También se tiene como prueba de la relación laboral con el consorcio oriental la prueba signada como MP-45 y MP-58.

“Una novela, hay cosas que por tema personal no le voy a decir pero lo va a leer, de dónde sacaba el dinero la señora, quién era su pareja, cómo entró a Camce, sólo para darle un ejemplo ella nunca fue funcionaria de Camce y hasta ahora se sigue hablando que ella fue funcionaria de Camce”, señaló el ministro de Defensa Reymi Ferreira contradiciendo lo que indican algunas pruebas del Ministerio Público.



Ferreira afirmó que Zapata Montaño tuvo ‘relaciones íntimas personales con altos ejecutivos de Camce, pero además que se insinuó que el Presidente le habría puesto en su cargo (Gerente Comercial en Camce)’. “Una mujer manipuladora, trepadora, hábil para usar el poder de un certificado de nacimiento y la amistad que tuvo con la Directora de Gestión Social (Cristina Choque)”, manifestó al cuestionar que algunos medios de comunicación con parcialidad extrema y vergonzosa, contraria a la deontología y la ética periodística, hayan dado cobertura a declaraciones como de Pilar Guzmán y Eduardo León, ambos con procesos en la justicia.

Eduardo León anuncia que presentará un libro sobre Gabriela Zapata

El abogado Eduardo León anunció que presentará un libro sobre la expareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata, revelando lo que él llama "la verdad sobre sus acciones" y mencionado a todos los involucrados en los casos que se abrieron en torno a ella.

León fue abogado de Zapata cuando fue acusada por el Gobierno y luego detenida en la cárcel de Miraflores, pero luego desistió de ello cuando Zapata fue sindicada de haber exhibido como si fuera un hijo de Morales a otro niño. Luego el propio León fue acusado de tráfico de menores, pero un juez ordenó su libertad. Inmediatamente después, el Gobierno lo acusó de tener una libreta militar irregular, y por ello está detenido en la cárcel de San Pedro.

"Yo quiero hacer público de que voy a presentar un libro: ‘El libro de la sorpresa’ para la señora Gabriela Zapata y para todo el entorno que ha estado trabajando en este caso y van a darse cuenta quiénes son realmente las personas que están involucradas", señaló León.

Zapata fue acusada por la oposición de haberse enriquecido gracias a la relación que tenía con autoridades de Gobierno. Algunos dirigentes opositores sospechan que el propio presidente Evo Morales puede haberla ayudado a enriquecerse.

León agregó que en la publicación mostrará todas las pruebas de los contratos que hizo Zapata con varias empresas chinas y demostrará que la mujer sí causó un daño económico al Estado.

Aunque no consiguió los textos, el abogado lamentó que los libros de la ministra de Transparencia, Lenny Valdivia, y de Defensa, Reymi Ferreira, apunten las responsabilidades a él y al periodista Carlos Valverde como responsables de irregularidades.

Estado de salud

Por su parte, la esposa de León, Graciela Mendoza, dijo que la salud de su pareja es delicada por lo que será internado el lunes, porque presenta problemas en la vesícula.

"La internación ya está prevista para el día lunes en la mañana ya que el día martes lo van a intervenir de la vesícula", indicó.

Caso Rózsa Suspenden audiencia para el día jueves

La audiencia del juicio oral del caso Rózsa se reanudó ayer después de siete semanas de suspensión, dado que el Tribunal Primero de Sentencia carecía de competencia para llevar adelante al caso.

El juez de este tribunal, Sixto Fernández, fue notificado oficialmente por la Sala Penal Tercera de La Paz, dando por confirmado que el general Gary Prado Salmón es apartado del caso por su delicado estado de salud.

Sin embargo, ayer la audiencia fue suspendida minutos después de su reinicio, debido a la ausencia del imputado Ronald Castedo, quien padece de problemas cardiacos y días anteriores fue sometido a una cirugía de emergencia.

Fernández ordenó la evaluación del acusado para hoy a cargo de médicos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF). El jueves se reinstala la audiencia.

CAMC: El dragón chino deja temas pendientes y en algunos casos perjuicios para el país

os contratos suscritos entre la firma china CAMC y diferentes oficinas estatales hicieron noticia luego de que se conociera que Gabriela Zapata, una alta ejecutiva de esa empresa, fuera por varios años pareja del presidente Evo Morales. Por esta razón Página Siete inició una investigación a cargo de una Comisión Mixta de Legisladores por supuesto tráfico de influencias en esos convenios suscritos entre 2009 y 2015.

Lea también: Una semana opacada por Evo, su hijo, su ex y CAMC
Esta Comisión Mixta estuvo conformada en su mayoría por legisladores del oficialismo, además de legisladores de la oposición. Sin embargo, al concluir la indagación, los asambleístas no llegaron a un acuerdo y emitieron dos informes finales, uno por mayoría (del oficialismo) y otro por minoría (de la oposición). En ambos documentos se dan cuenta de los procesos. Sin embargo, el informe por mayoría en ninguno de los casos detecta tráfico de influencias, mientras que el de minoría halla al menos siete delitos en los que funcionarios públicos habrían incurrido, tanto en el proceso de adjudicación como en la ejecución de los contratos de los diversos proyectos.
Paralelamente Página Siete inició la investigación periodística sobre los procesos de contratación a la firma china. Tras la publicación de cinco dossiers, se encontró una serie de irregularidades al momento de las adjudicaciones, pero, también durante la ejecución. Problemas que han tenido como consecuencia el retraso en las entregas, la modificación de los montos y que han dejado, en algunos casos, temas pendientes y perjuicios para el Gobierno y por ende para el país.
CAMC firmó, en 2009, con YPFB, por la compra de tres perforadoras:; en 2012, con la Empresa Azucarera San Buenaventura (EASBA) por la construcción y puesta en marcha del ingenio azucarero; en 2013, con el Ministerio de Obras Públicas por la ejecución del  Tramo I de la vía férrea Montero-Bulo Bulo; en 2014, con la Empresa Pública Misicuni por tres de cuatro paquetes de la fase dos de la construcción de la represa cochabambina y en 2015, con la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos (GNRE), por la construcción y puesta en marcha de la Planta Industrial de Sales de Potasio.  
Página Siete dio cuenta de todos estos procesos en cinco dossiers que se publicaron de marzo a julio.

Resultado de la investigación de Página Siete se detectó que en la mayoría de los casos se observó un descuido en la revisión de los documentos presentados por la firma china o en los pasos a seguir conforme establece la norma. Por ejemplo:

 



YPFB suscribió contrato con CAMC y comprometió el dinero de un crédito del Expor-Import Bank of China que se oficializó meses después, es decir comprometió fondos con los que no contaba ni que habían sido declarados en sus planes anuales. Esto contraviene a la Ley 2042 de Administración Presupuestaria, que establece que el Gobierno no puede comprometer dinero que no haya sido declarado en su POA. Asimismo, se estima que los equipos fueron comprados con sobreprecios, según denuncias de expertos en el área de hidrocarburos.

 



En el caso del ingenio azucarero, los responsables contrataron directamente a CAMC, luego de haber llamado a licitación internacional dos veces. Adjudicaron la obra a la firma sin haber cerrado oficialmente el segundo proceso, pese a que ésta fue descalificada en dos oportunidades. Si bien los responsables de la empresa tenían vía libre desde un principio para adjudicar el proyecto de forma directa, optaron por la licitación internacional y al no lograr la adjudicación por esa vía obviaron algunos pasos establecidos en sus RE-SABS y el decreto 0181 para adjudicar la obra a CAMC.

 
 

La adjudicación para la ejecución del tramo I de la vía férrea Bulo Bulo-Montero es la que presenta mayores fallas. Por ejemplo, la publicación de la convocatoria se hizo bajo modalidad Licitación Internacional, pero con un Documento Base de Contratación errado porque éste era para la modalidad-DBC ANPE (Apoyo Nacional a la Producción). Por esta razón tanto el DBC como el contrato tuvieron que ser ajustados una vez adjudicado el proyecto, procedimiento que está fuera de norma, pero que se respalda en "un ordenamiento jurídico nacional” que permite a la administración pública "apartarse de lo prescrito en disposiciones legales en procura de mayor beneficios y resguardo de los bienes de la entidad”, se detalla el informe de minoría. Por este tema, queda pendiente una investigación de la Contraloría General del Estado a ocho ex funcionarios, entre ellos el Almirante Raúl Viscarra, quien ejerció como Responsable del Proceso de Contratación y al ex ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez.

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En el caso del contrato suscrito entre CAMC y la Empresa Pública Misicuni, el proceso de adjudicación pasó por alto datos erróneos en los documentos presentados por CAMC. La firma china declara en el formulario A-2a, de identificación del proponente que la fecha de expedición de su Matrícula de Comercio fue el 19 de noviembre de 2013, cuando esto se hizo efectivo recién el 27 de noviembre de ese año, según su misma documentación. La primera fecha corresponde a la Escritura Pública de Apertura de Sucursal en el Extranjero. Además, quien firma en representación de CAMC Co. Ltd. Bolivia Branch es el representante legal en China, Li Sihai, y no así el entonces representante legal de la firma en Bolivia, Huang Shan, a quien Sihai habilitó como representante legal de la firma. Al menos es lo que se lee en "El poder especial y suficiente que confiere China CAMC Engineering Co. Ltd. representada legalmente por Li Sihai en favor del señor Huang Shan, para actuar en nombre de la sucursal en Bolivia”, que es el documento que adjuntaron en la carpeta. Además presenta muy poca experiencia.

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Mientras que en el caso del contrato suscrito con la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos para la puesta en marcha de la planta industrial de sales de potasio, CAMC entregó una Boleta de Garantía de seriedad de propuesta de un banco chino, cuando la norma (D.S. 181) establece que éste documento debe ser emitido por un banco nacional. Asimismo, se tiene un precio referencial de más de 2.600 millones de bolivianos propuesto por la empresa Ercosplan que realizó el estudio de factibilidad. Sin embargo, en Términos Base de Contratación (TBC) se lanza la convocatoria con un precio referencial de casi la mitad: 1.239 millones de bolivianos. En una carta de la GNRE a este medio, se señala que el haber logrado la adjudicación de la planta a ese precio es un logro positivo, sin embargo, es importante mencionar que el Estado debe garantizar que la ejecución de estos megaproyectos cuenten con todos los estándares de calidad. En ese sentido queda pendiente una explicación de la GNRE sobre el por qué este precio quedó reducido a la mitad.
Las paradojas
Es contradictorio que el Gobierno reduzca en la mitad el precio referencial de un proyecto tan ambicioso como lo es la Planta Industrial de Sales de Potasio, que se elaboró con un estudio previo realizado por una empresa especializada en el tema y que, por el contrario, adquiera tres perforadoras por 60 millones de dólares, sin haber realizado cotizaciones previas, y justifique este posible sobreprecio de los equipos.

De igual forma, llama la atención que para la adjudicación del ingenio azucarero San Buenaventura, CAMC haya sido desestimada en dos ocasiones por la falta de una boleta de garantía de seriedad de propuesta de un banco boliviano, pues en las dos oportunidades presentó una boleta de garantía de un banco chino. EASBA viabilizó la contratación de CAMC con la condición de que presente la boleta de garantía de seriedad de propuesta de un banco boliviano, cosa que se hizo efectiva antes de la firma de contrato. Sin embargo, sorprende que para la Planta de Sales se le admita sin mayor reparo la garantía de un banco chino y se proceda con la adjudicación.
Problemas pendientes
Por otro lado, las irregularidades en las adjudicaciones han dejado como resultado problemas pendientes y en algunos casos perjuicios que el Gobierno deberá subsanar en un mediano a corto plazo. Un ejemplo es el caso del tramo I de la Vía Férrea Montero-Bulo Bulo. Si bien los responsables del Ministerio de Obras Públicas aseguran que no hubo daño económico tras la resolución de contrato con CAMC, pues todo lo desembolsado se recuperó mediante el cobro de boletas de garantía, existen gastos que no se tomaron en cuenta y que generarán cuantiosos gastos al país. La vía férrea se construyó con el fin de transportar hacia Brasil, la urea y el amoniaco que producirá la Planta de Bulo Bulo. Se estima que Samsung entregue esta planta antes de que termine la presente gestión; sin embargo, una vez que la planta comience a producir los fertilizantes, el Gobierno deberá pensar en otra estrategia para el traslado de los mismos mientras la vía no sea finalizada, aspecto que tendrá un costo y que podría incidir en el costo de los fertilizantes para su exportación.

 
 

Similar problema se observa con el proyecto Misicuni. Si bien, Cochabamba actualmente sufre por la falta de agua, la millonaria inversión que el Gobierno ha realizado para la puesta en marcha de la fase dos de la represa no verá frutos en mucho tiempo, por un lado porque recientemente se informó que CAMC demorará un año más en la entrega total de la obra, que debía haber sido finalizada en julio de este año; y por el otro, porque Cochabamba recibe su provisión de agua de redes de distribución muy antiguas, que no soportarían la presión con la que saldría el agua de la represa. 
Falta de rigurosidad
Para encarar millonarios megaproyectos, el Gobierno debería hacer un análisis del panorama general del problema y trabajar coordinadamente con las instancias vinculadas al tema: no es lo que ha sucedido en estos contratos. Una de las conclusiones a las que lleva la investigación emprendida por Página Siete en el contrato por la represa Misicuni es que esta situación pudiera haberse evitado si el Gobierno hubiese trabajado paralelamente con los municipios y la Gobernación del valle en la restitución de estas redes de agua de forma oportuna. En ese sentido, todo parece indicar que Misicuni seguirá siendo una ilusión como lo ha sido desde hace seis décadas. 
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De igual forma sucede con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y la adquisición de tres perforadoras para la exploración petrolera. La compra fue encomendada a la CAMC en 2011 y la entrega se hizo efectiva recién en 2015 y finalizó a principios de 2016. Según los informes de YPFB, las perforadoras fueron adquiridas para llevar adelante un proyecto de perforación en 42 pozos petroleros que se desarrollaría entre 2011 y 2020, la mayor parte de las perforaciones (32) debían realizarse entre 2011 y 2015. Aunque YPFB no dio cuenta de si el cronograma se completó o no, es evidente que hubo un retraso en la exploración petrolera y por ende en el aumento de reservas probadas de hidrocarburos.
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Falta de transparencia
Es importante mencionar que a lo largo de la investigación, Página Siete solicitó las contrapartes de todas las autoridades de las empresas estatales que conducen estos procesos por escrito y con la respectiva anticipación. Sin embargo, salvo en el caso de Misicuni y de la Empresa Azucarera San Buenaventura, el resto de las oficinas estatales se negó a atender las interrogantes. En ese sentido, es importante recordar a los funcionarios y autoridades estatales que como ciudadanos estamos en el derecho de hacer seguimiento y fiscalizar estos temas y otros temas de interés público. Algo que no siempre es bien entendido por estas mismas autoridades.
Este medio ha dedicado cinco meses al análisis de la información de los siete contratos suscritos por la empresa china CAMC con el Estado boliviano. En estos meses se ha ido comparando cada contrato, analizando las similitudes y diferencias entre ellos y los aspectos de los mismos que llaman la atención. No se pretende en ningún caso de emitir conclusiones acusatorias ni condenatorias, pero, como se ve en los datos que se destacan, sí se pretende llamar a las autoridades a reflexionar sobre su responsabilidad en el manejo de recursos cuantiosos del Estado que -los ciudadanos debemos exigir- debiera estar enmarcado en el más estricto y riguroso cuidado: en los estudios previos, en las licitaciones, en las evaluaciones previas a las contrataciones, en la redacción de los contratos, en el seguimiento y fiscalización de las obras y en el cumplimiento de plazos y control de calidad.
No se trata únicamente de obtener "buenos precios” o contentarnos con las ofertas de los grandes proyectos, lo que el país necesita y demanda es que la oportunidad de concretar estos ambiciosos emprendimientos no se queden en la quimera, no se conviertan en elefantes blancos y, mucho menos, sean espacio para el despilfarro o la negligencia.
Esta investigación estuvo motivada por el presunto tráfico de influencias -como lo hizo la Comisión Legislativa que emitió sus respectivos informes por mayoría y minoría-, y hasta la fecha del cierre del presente texto, no se puede constatar que este delito se haya perpetrado; no obstante, como se ve, si se puede advertir descuido, negligencia y contravenciones a las normas establecidas, por citar algunas irregularidades. No son aspectos triviales que deban quedar en lo anecdótico, sino impulsar a la adopción de medidas correctivas y asunción de responsabilidades en coherencia con los altos montos de inversión pública. Esto es derecho de todos los bolivianos.


Ferreira cita que Zapata nunca fue parte de Camc

El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, indicó que este miércoles presentará su libro "Caso Zapata" donde hace varias "revelaciones", y en el que destaca que la exnovia del presidente Evo Morales nunca fue funcionaria de la empresa china CAMC, y que la empresa fue engañada y estafada por ella.

"Aquí comprobamos que la señora Zapata nunca fue funcionaria de CAMC, como se dijo; tiene tres contratos de trabajo, dos de 2013, uno de 2015 y ninguno está registrado en derechos laborales, nunca hizo un aporte a las AFP. Ella recién entra en contacto con CAMC a la que estafó para defender a esa empresa china de la ejecución de unas boletas en noviembre del 2015", afirmó.

martes, 13 de septiembre de 2016

Achacollo involucra a sus ex colaboradores jurídicos con el Fondo Indígena

Los ex colaboradores jurídicos que trabajaron con la exministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, fueron involucrados por ésta en el caso Fondo Indígena. Según la exautoridad, los abogados que trabajaban junto con ella eran quienes revisaron los 1.350 proyectos del quebrado Fondo.

La declaración se extrae de la declaración informativa de Achacollo ante la Fiscalía de La Paz, acontecida el pasado 21 de julio. En esa oportunidad vinculó con el caso al encargado jurídico Juanito Tapia; el responsable de Planificación, Ramiro Villalpando; y un abogado de apellido Mendoza, quienes ayudaron en la aprobación de los proyectos del extinto Fondo Indígena.

"Lo más importante era la cantidad de beneficiarios. Y para rechazar era por ejemplo cuando traían proyectos de un millón de dólares, pero los beneficiarios eran menos de veinte personas. Esas revisiones se hacen en los 1.350, pero me ayudaba el asesor jurídico que es el doctor Juanito Tapia, el de Planificación que eran varios, primero fue Mendoza, del segundo no me acuerdo y tercero era Ramiro Villalpando. Yo además no aprobaba perfiles", fue la respuesta de la exautoridad a la pregunta del Fiscal sobre la exigencia de requisitos a la hora de aprobar proyectos.

Este medio de comunicación fue a buscar al fiscal Angelo Saravia para preguntar cuándo serán convocadas las personas mencionadas por la exautoridad, pero desde ese despacho dijeron que el fiscal estaba en otra audiencia en la ciudad de El Alto y que retornaría a las 17:30. Página Siete insistió y el investigador mandó a decir que cualquier entrevista se tiene que gestionar con relaciones públicas del Ministerio Público.

De acuerdo con fuentes de la Fiscalía, estas tres personas serán convocadas a declarar para que informen sobre la revisión de los más de 1.300 proyectos.

El 21 de julio, Achacollo se presentó a declarar ante el fiscal que lleva las investigaciones sobre el caso de corrupción dentro del Fondo Indígena. Días después la justicia determinó su detención preventiva, inicialmente en el penal de Palmasola de Santa Cruz, después en la cárcel de Miraflores de La Paz.

Eduardo León fue trasladado al Hospital de Clínicas por un problema gástrico y vesicular

El abogado Eduardo León, detenido preventivamente en la cárcel de San Pedro, fue trasladado hoy al Instituto Gastroenterología del Hospital de Clínicas por un problema gástrico y vesicular.

"El fin de semana estaba un poco delicado y estaba tomando unas pastillas para su vesícula, y esta mañana lo hemos sacado al consultorio de emergencias", dijo a ANF la esposa del abogado, Graciela Mendoza.

Explicó que estos últimos días León se sintió mal y al no haber terminado su tratamiento para la gastritis, por los procesos en su contra, ahora le volvió los malestares.

El abogado es acusado por los delitos de trata y tráfico, asociación delictuosa, impedir o estorbar el ejercicio de funciones en el caso del supuesto hijo de Gabriela Zapata y el Primer Mandatario, Evo Morales.

Libro sobre el caso Zapata no indaga sobre Camc

El libro "La gran estafa del 21-F, caso Zapata" escrito por la ministra de Transparencia, Lenny Valdivia, identifica al periodista Carlos Valverde y al abogado Eduardo León como supuestos "conspiradores utilitarios" que actuaron en el marco de una estrategia diseñada en Estados Unidos y ejecutada por los opositores bolivianos para lograr que Evo Morales fuera derrotado en el referéndum de febrero, informó ANF.

Además, cita la agencia de noticias, el texto no aporta ningún detalle sobre los contratos firmados por el Estado con la empresa china CAMC, de la que Gabriela Zapata fue gerente comercial.

Y solo se limita a decir que la Contraloría General del Estado está investigando ese tema a pedido del presidente Morales y que una comisión legislativa descartó tráfico de influencias.

En resumen el libro es una recopilación de información publicada en los medios de comunicación sobre el caso Zapata, sazonada con opiniones de la autora. / ANF

Juicio oral del caso Rózsa a la espera Suspenden audiencia por falta de notificación

La audiencia del juicio oral del caso Rózsa debía reiniciarse ayer por la tarde; sin embargo, ante la falta de notificación al Tribunal Primero de Sentencia por la separación del General Gary Prado, la audiencia fue suspendida.

Según informó el presidente del Tribunal Primero de Sentencia, a la cabeza del juez Sixto Fernández, hasta el momento de la audiencia la Sala Penal Tercera de La Paz no le habría informado oficialmente sobre su resolución.

La Sala Penal Tercera de La Paz, debía resolver la apelación de la Fiscalía por la determinación del alejamiento del general Gary Prado Salmón del juicio oral del caso Rózsa, la misma que se efectuó días atrás dando por confirmada tal determinación.

Suspensión. Al carecer de la notificación el tribunal de Fernández carece de competencia para poder instalar la audiencia del juicio oral, por lo que se determinó la suspensión para hoy a las 15:30 de la tarde.
Junto con la notificación deberán llegar los cuadernos y documentos del caso para continuar con el curso del proceso.

Espera. En tanto, el abogado Herman Fríes, señaló que aún existen personas en calidad de detenidas preventivos, dentro del caso, quienes precisamente son los que esperan la reanudación de las audiencias para avanzar en el proceso.

En esta semana se cumple la octava semana de suspensión de las audiencias del caso, desde que el general Prado presentó el recurso de alejamiento por su delicado estado de salud.

También se conoció ayer que uno de los procesados del caso, Ronald Castedo, estaría con problemas de salud, que pueden impedir su asistencia a las audiencias, según destacó su defensa.

Hoy se conocerá qué se determinará referente a la continuación del juicio y sobre la ausencia de Castedo.

Caso barcazas: Empresa china que se asociará a Enabol tendrá derecho a “usufructo”

Noticia publicada elEl viceministro de Defensa, Fernando Aramayo, informó que la empresa china asociada al Estado –a través de la Empresa Naviera Boliviana (Enabol)– ayudará en la recuperación de las 16 barcazas, la culminación de la construcción de dos empujadores y el traslado al país de los mismos, será favorecido con 15 a 20 años de “usufructo” de la naviera nacional para el transporte de material en la hidrovía Paraguay-Paraná.

“En los siguientes 10, 15, 20 años de usufructo de la empresa naviera, (la empresa china podrá hacer uso para el) transporte de hierro, transporte de la urea, del amoniaco, del transporte de granos y de todo eso”, afirmó Armayo, al ser consultado sobre cuáles serán los beneficios que recibirá la empresa china asociada a Enabol.

Agregó que hasta fines de septiembre presentarán la documentación correspondiente al Ministerio de Planificación para la constitución de la asociación, y luego mediante decreto se dará lugar a la conformación de esta nueva empresa.

“La empresa china, el grupo empresarial, va a poner el saldo de recuperación, de conclusión de obras y del transporte hacia Bolivia”, apuntó el funcionario.

El caso de las barcazas chinas se remonta a la gestión 2009, cuando Enabol pagó 29,9 millones de dólares a la empresa General Marine Business (GMB) para la construcción de 16 barcazas y dos empujadores, sin embargo, se subcontrató a otras empresas para la concreción de las obras. Los bienes navieros nunca llegaron al país y permanecen en China, lo que generó una deuda millonaria.

A raíz de esta deuda, el astillero donde se encuentran las barcazas demandaron por el pago del almacenaje, y el Tribunal Marítimo de Qingdao de China dictó el remate de las mismas; sin embargo, el Estado frenó el proceso reclamando tener la titularidad en la propiedad de las barcazas.

El Viceministro anunció que el Tribunal estaría dictando fallo hasta fines del mes y que sería favorable. Las embarcaciones llegarían al país a fin de año para iniciar operaciones en la hidrovía.

Con este fallo también se resolverá la deuda que tiene el país por concepto de almacenaje de las barcazas y la conclusión de los dos empujadores, que asciende a 4,2 millones de dólares.

Caso Fondo Indígena Achacollo podría lograr su libertad este miércoles

Noticia publicada elLa audiencia de apelación a las medidas cautelares de la exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, fue fijada para mañana, miércoles, informó su abogado, Ángel Mercado, existiendo la posibilidad de que la exautoridad pueda recobrar su libertad, si los jueces revocan la detención preventiva que cumple en el penal de Mujeres de Miraflores.

Mercado explicó que en esta audiencia, el principal riesgo procesal que debe desvirtuar es el referido a la falta de una actividad laboral lícita.

La audiencia se llevará adelante mañana, miércoles, a partir de las 14.30 horas, en la Sala Penal Tercera, del Tribunal Departamental de Justicia, a donde fue sorteada la apelación que realizó Achacollo a la medida cautelar, que le impuso el 5 de agosto pasado el juez tercero de materia en lo penal, Enrique Morales.

PROCESO

El Ministerio Público abrió proceso contra la exministra por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica en la administración de los recursos del exFondo Indígena.

En primera instancia, la detención preventiva de Achacollo, por el cuadro de salud que aducía tenere, debía cumplirse en el penal de Palmasola, en Santa Cruz, pero el traslado no fue ejecutado debido a una falta de coordinación entre Régimen Penitenciario y la guardia de la policía judicial, y porque no existían recursos económicos.

Sin embargo, en los siguientes días, Mercado informó que no se apelará ya el traslado, puesto que su permanencia en ese departamento perjudicaba la labor de la defensa, así que de no modificarse mañana la pena que cumple, Achacollo debería continuar recluida en La Paz.

DEFENSA

Mercado explicó que en la audiencia de mañana, la defensa de la exautoridad tiene como principal objetivo desvirtuar los indicios de responsabilidad sobre el hecho de que ella fuese la principal responsable de la aprobación de proyectos, siendo máxima autoridad del sector.

“El juez se equivoca, cuando en uno de sus considerandos, refiere que (Achacollo) es la máxima autoridad ejecutiva del Fondioc, y eso no es cierto, la máxima autoridad era el Director Ejecutivo (Marco Antonio Aramayo)”, señaló Mercado.

Achacollo afirma que ya se presentó documentación que acredita que ella solo participaba en las reuniones del directorio ejecutivo del exfondo, y no participaba en las determinaciones que este asumía.

DESVÍO DE DINERO

En el caso del desvío de dineros destinados a proyectos agrícolas a cuentas particulares, Achacollo señaló que no tiene responsabilidad de esto, pues estas cuentas fueron creadas por los dirigentes campesinos representantes de los proyectos.

Por otro lado, Achacollo también presentará una certificación de una actividad laboral lícita, acreditada por la sociedad de ganaderos de Montero, donde la exautoridad dice que trabaja. en esa actividad.

La exautoridad, como exministra, tenía la función de ejercer presidencia activa del directorio del Fondo Indígena y le correspondía autorizar el desembolso de recursos de la institución. La Fiscalía la imputó porque ella aprobaba el desembolso de proyectos fantasmas que no cumplieron con todos los requisitos exigidos por ley, como ser el informe técnico, financiero y jurídico antes de emitir la correspondiente resolución ministerial.

La Contraloría General estableció que en el Fondo Indígena hubo un daño económico al Estado de 71 millones de bolivianos, mientras un informe de la interventora Lariza Fuentes determinó un daño de 102 millones de bolivianos.

lunes, 12 de septiembre de 2016

Anticipan para fin de año arribo de barcazas chinas



El Gobierno nacional espera el arribo de las barcazas chinas hasta fin de año porque ya terminaron los trámites administrativos y solo esperan el fallo del Tribunal Marítimo de Qingdao, que debe hacer conocer su decisión.

En marzo de este año se dijo que sería hasta el primer semestre y hoy, el viceministro de Defensa, Luis Aramayo anticipó que fin de año sería el plazo para el arribo de las naves, que junto a dos empujadores le costaron al Estado 30 millones de dólares en una compra que data de 2009.



Asimismo, sostuvo que ya se tienen avanzadas las negociaciones con el socio que debe garantizar los recursos para el traslado y el pago que resta para que despachen las barcazas, que permanecieron en un astillero, ocasionando una deuda de 15 millones de dólares.

Luis Fernando Guillermo Bustos, Álvaro Fernando Guzmán Ferrufino, Antonio Orlando Pérez, Wilfredo Roberto Choque, Gonzalo Hugo Ramallo, Víctor Durán, Zenobia Astete y Armando Pacheco Gutiérrez son implicados en el proceso judicial por daño económico al Estado.


La pasada gestión una comitiva nacional viajó al continente asiático para evaluar la situación jurídica y buscar una solución alternativa para que no se pierda la inversión. En algún momento se habló del riesgo de remate, que fue evitado mediante representaciones gubernamentales.

Supuestos avales salpican a dirigentes afines al MAS

El dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Rodolfo Machaca, la ejecutiva de la Confederación de Mujeres Campesinas de Bolivia "Bartolina Sisa", Juanita Ancieta, y otros dirigentes campesinos habrían repartido avales para la contratación de personal en el ex Fondo Indígena, informó ANF. De acuerdo a la documentación, a la que la agencia de noticias tuvo acceso; en la gestión 2014, Machaca, Ancieta y dirigentes como Hilarión Mamani, Gualberto Arispe, Celestino Ticona, Vito Acarapi, Genovebo Chambi, entre otros, serían los dirigentes implicados en los documentos.

Propuestas eran sometidas a evaluación. Al respecto, el dirigente Rodolfo Machaca reconoció que enviaban 10 nombres por cada organización indígena para que las propuestas sean sometidas a evaluación, todo eso a solicitud de las autoridades del Fondo Indígena; de los 10 se contrataban a uno o dos generalmente. Agregó que enviaban estas listas desde que entró en funcionamiento la institución en 2010.
También la Confederación de Mujeres Campesinas de Bolivia "Bartolina Sisa" solicitaba cambios de personal en esa entidad. En estos documentos decía: "el motivo de la presente es para darle a conocer que Julián Iuertes Rodríguez, ingeniero agrónomo, estará en sustitución de Presentación Rivera, ingeniero agrónomo, para tal motivo le pedimos su correspondiente contratación e integración del técnico anteriormente mencionado para el FDPPIOyCCI". La nota está firmada por Juanita Ancieta y otras dirigentes de esa organización, destacó ANF.

Notas para la invalidación de avales. Asimismo, para la invalidación de avales sobre proyectos, las notas decían: "el Conamaq de acuerdo a nuestro reglamento y estatuto (…) en fecha 11 de marzo del presente año remitimos la lista de proyectos priorizados del Suyu Jac'ha Karangas, solicitamos a su autoridad el retiro y devolución de dicho aval correspondiente", el documento fue firmado por el dirigente Hilarión Mamani.

"Institucionalmente del Fondo Indígena enviaban solicitudes, nosotros distribuíamos a los distintos departamentos para que puedan enviar sugerencias de algunos (nombres) para que se sometan dentro del Fondo Indígena a una evaluación para selección de personal", declaró Machaca, según la nota de ANF.
Explicó que los candidatos, provenientes de distintos departamentos, postulaban a los cargos de técnicos, economistas, agrónomos, informáticos, que son áreas donde había necesidad de contratar personal.

sábado, 10 de septiembre de 2016

Suman 130 firmas bolivianas en Papeles de Panamá

El número de empresas bolivianas implicadas en el caso Papeles de Panamá subió de 95 a 130 y las indagaciones identificaron a 27 consorcios de abogados que participaron de la creación de empresas falsas, informó ayer el diputado del gubernamental Movimiento Al Socialismo (MAS) e integrante de la comisión legislativa que investiga el caso Panamá Papers, Víctor Borda.

“La lista creció a alrededor de 130 empresas vinculadas con el tema Papeles de Panamá y de todas las personas que han actuado. Hay 27 consorcios de abogados que han viabilizado la creación de empresas falsas, han hecho un serie de transacciones irregulares evadiendo al fisco”, declaró el legislador al portal informativo Urgentebo.

El 9 de mayo de 2016, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) difundió la lista de 95 empresas bolivianas vinculadas al caso. Del total, 91 están registradas en Panamá, dos en Hong Kong y dos en las Islas Vírgenes.

El martes, el diputado del MAS, Manuel Canelas, informó que la Unidad de Investigaciones Fiscales (UIF) se comprometió a entregar la información de 991 personas identificadas involucrados en los denominados “paraísos fiscales”.

Borda confirmó que toda la información está en manos de la comisión que las revisará minuciosamente para emitir un informe y revelar los nombres de las empresas y consorcios implicados.

“Son datos que nos han proporcionado y lo que vamos hacer es establecer el vínculo y el monto de cuánto de capitales bolivianos se ha fugado al exterior”, argumentó el legislador del MAS.

La Comisión Mixta Especial indaga caso por caso las cuentas activas e inactivas de las empresas.

Entrevista: Nemesia Achacollo 'Nadie del gobierno me vino a visitar'

En contacto telefónico con El Día, desde el Centro de Rehabilitación de Mujeres en Miraflores (ciudad de La Paz), la exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, involucrada en el caso Fondo Indígena y detenida desde el pasado 6 de agosto, describió el momento delicado que pasa. También dejó entrever, que nadie y ninguna autoridad de gobierno, incluso sus colegas de gabinete la han visitado o la han llamado.

La exautoridad guarda detención preventiva imputada por la Fiscalía por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

P. ¿Por qué decidió quedarse en La Paz y no en Santa Cruz?
N.A.: Mi proceso está radicado en La Paz, esto va a continuar, además tengo mi médico de confianza acá por eso he pedido asumir defensa hasta el esclarecimiento pleno de este caso, dado que mi persona ha sido injustamente involucrada.

P. ¿Cómo se encuentra de salud?
N.A.: Estoy de manera permanente con la asistencia de mi médico dado que tengo presión alta, estoy con tabletas. Sin embargo, no tengo otro camino que asumir mi defensa de manera valiente y de frente para que la investigación avance.

P. Ahí adentro ¿recibió visita de las autoridades del gobierno o tuvo contacto con sus excolegas?
N.A.: Yo no he buscado ningún contacto con nadie. Yo he dicho desde el primer día en que dejé mi cargo de ministra, que voy a defenderme de frente, afuera como cualquier persona común, con todos los derechos que me asisten. Eso es lo que estoy haciendo. Los únicos contactos que tengo son con mis hijos y nadie más.

P. ¿No recibió la visita de nadie del gobierno?
N.A.: Nadie del gobierno me ha venido a visitar. En realidad ni me han buscado ni yo a ellos. Lo único que me interesa es salir de esta situación, dado que no quiero tener ninguna responsabilidad, porque no me he llevado nada, ni un peso, ni un proyecto. Ni siquiera mis parientes, menos algún miembro de mi comunidad, de donde soy (Santa Rosa del Sara y de San Julián).

P. El exembajador de Bolivia, Rosendo Alpiri, salió a Chile y pidió asilo. ¿Qué le parece?
N.A.: Está mal que ellos se escapen así, si son ellos los responsables de administrar y llevarse la plata, de manejar además proyectos indígenas fantasmas; ahora salen escapando del país y peor aún pidiendo asilo. Realmente es muy injusto todo ello, no comparto.

P. ¿Se siente traicionada por los pueblos indígenas que malversaron los fondos?
N.A.: No traicionada. Lo que veo es que los dirigentes indígenas se han dejado llevar por los técnicos que ellos han contratado.

Se han hecho manejar a criterio de esos administradores, técnicos que han manejado la plata, se han llevado y de paso han hecho aparecer proyectos fantasmas. Ahora resulta que están afuera, y de paso algunos están escapando.

P. ¿Porqué no están procesados?
N.A.: No sé, eso dirá la justicia. Solo sé que ellos deberían ser los primeros acusados y detenidos. Sin embargo, ahora yo estoy acá cumpliendo una pena ajena que no tengo nada que ver. Lo peor es que de ser denunciante, terminé siendo denunciada.

P. ¿Ahora cuál es su situación?
N.A.: Realmente para mí, sobre todo para mis padres y mis hijos es un sufrimiento.
He apelado y presentando un recurso de cesación a la detención preventiva, espero que eso se resuelva la próxima semana.

P. ¿Junto a usted deberían otros ministros ser investigados?
N.A.: En todo caso, los que tienen que estar acá son los que integraron el directorio del Fondo Indígena, era totalmente autónomo.

Apelación
Según su abogado, se espera audiencia la próxima semana

Abogado. Diego García, abogado de Achacollo, informó a medios de La Paz que la defensa aguarda que la Sala Penal Tercera de La Paz resuelva la apelación a la detención preventiva de Achacollo, que fue presentada el 15 de agosto. Además confirmó que ella decidió quedarse en la ciudad de La Paz.

Retardación. Por su parte la exministra informó a El Día, en los más de 30 días de guardar detención preventiva en la cárcel de Miraflores de La Paz, siente que hay retardación de justicia y un proceso lento en las investigaciones. "Desde que denuncié han demorado un año en convocarme", finalizó.

viernes, 9 de septiembre de 2016

Tarija Denuncian nepotismo en la Gobernación

El asambleísta del Movimiento Al Socialismo (MAS), Jorge Arias, denunció que existe nepotismo en la Gobernación de Tarija, en el caso del secretario de Coordinación, Waldermar Peralta, por ser hijo de la legisladora de Unidad Autonomista Departamental, (UDA), María Elena Méndez.

"Es de conocimiento público esta relación de parentesco en primer grado consanguíneo entre el secretario Waldermar Peralta y la asambleísta Méndez, ya que el secretario es hijo de la asambleísta y eso está prohibido por ley, se llama nepotismo", dijo.

Peralta llegó al cargo de secretario departamental tras su paso como presidente del Comité Cívico, desde donde apoyó abiertamente al actual gobernador, Adrián Oliva en la campaña electoral. Su madre, Ma. Elena Méndez, fue electa asambleísta por UDA, de la agrupación de Oliva. /ABI.

jueves, 8 de septiembre de 2016

Achacollo decide quedarse en penal de La Paz para defenderse



La exministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, involucrada en el caso Fondo Indígena, decidió quedarse en el penal de Miraflores, de La Paz, donde guarda detención preventiva, y asumir su defensa, informó ayer su abogado, Diego García.

“A pedido estricto de la exministra Nemesia Achacollo y con la fortaleza que le caracteriza, ella ha decidido mantener su defensa en la ciudad de La Paz”, dijo y explicó que Achacollo tomó esa decisión porque consideró que será difícil que la trasladen entre La Paz y Santa Cruz, mientras dure el proceso.

Aseveró que la exministra tiene la salud estable, pero necesita valoraciones periódicas.

Dijo que la defensa aguarda que la Sala Penal Tercera de La Paz resuelva la apelación a su detención preventiva, presentada el 15 de agosto.

“Hay una retardación, es más recordemos que se hizo un reclamo de cumplimiento de los plazos, hemos sido bastante tolerantes con la Sala Penal (...)”, señaló.

Ex embajador de Bolivia en Paraguay se refugia en Chile tras ser acusado por el caso del Fondo Indígena

El exembajador de Bolivia en Paraguay, el indígena Rosendo Alpiri Nominé, decidió refugiarse en Calama, Chile, luego de declararse perseguido político por el caso del Fondo Indígena.

"Estoy analizando pedir asilo", declaró Alpiri al blog Rimay Pampa, del periodista Andrés Gómez.

Según dijo, no presentó sus descargos porque estaba de embajador y, por el contrario, acusó al presidente Evo Morales de haber estado al tanto de la corrupción en el Fondo Indígena desde el año 2013.

"Denunciamos que había corrupción en 2013, había malversación de fondos y mala ejecución de proyectos, muchos técnicos pedían coima para agilizar las firma de aprobación de los proyectos, eso se informó al Presidente", afirmó Alpiri, indígena del pueblo ayoreo.

En diciembre del año pasado, su madre, la exdiputada del Movimiento al Socialismo (MAS), Teresa Nominé, informó a ANF que su hijo se había internado en la selva para evitar ser detenido.

"No salió del país. De acá nomas de Santa Cruz (se fue) a una selva, donde no llega nadie, ni la Policía, no entra ni vehículo. Lo hemos llevado al campo lejísimos, para su seguridad. En la audiencia de la Fiscalía no hay seguridad, si él se presentaba lo detienen y se va directo a la cárcel", dijo Nominé en esa ocasión.

Alpiri firmó en 2011 como responsable legal de un proyecto de "Capacitación en Saberes de Pueblos Indígenas y Conocimiento en la Gestión de Proyectos". En ese entonces, el Fondioc hizo un desembolso de Bs 633.686,00 de un total de Bs 985.482,00.

A mediados del año pasado apareció en la lista de proyectos fantasmas de la Interventora del Fondioc y renunció al cargo de Embajador, al que juró en 2014.

Señaló que no presentó descargos porque "estaba ejerciendo como embajador en Paraguay" y añadió que los que manejaban el proyecto, Jorge Tomichá y Juan Salvador García, le decían que "todo estaba tranquilo".

"Y cuando sale mi nombre, ni siquiera me habían notificado, sabiendo que yo formaba parte de la estructura del Estado; consigo mis informes, pero ya había una orden de aprehensión. Si me presentaba me iban a meter preso sin evaluar mis descargos", indicó.

Este indígena de tierras bajas que también fue dirigente de la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC), considera que el MAS destruyó el movimiento indígena de tierras bajas, persiguió y tomó presos a los principales dirigentes y arremetió contra las instituciones. "El movimiento está descuartizado, apresaron a los dirigentes para poner gente del MAS, una estrategia bien hecha", manifestó

La Contraloría General del Estado estableció en febrero del año pasado un daño económico al Estado de al menos 71 millones de bolivianos en 153 proyectos que nunca fueron ejecutados, pero que sí recibieron recursos públicos como parte de pagos anticipados.

También se estableció que 100 proyectos no fueron concluidos y que 169 proyectos no tenían el cierre correspondiente, pero que recibieron el 100% de los recursos.

Dirigentes indígenas y dos ex ministras, Nemesia Achacollo y Julia Ramos, fueron enviados a prisión por este caso.

miércoles, 7 de septiembre de 2016

UIF identifica a unas 991 personas implicadas en ‘Papeles de Panamá

Noticia publicada elLa Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) identificó a 991 personas que podrían estar involucradas con las 95 empresas investigadas por los ‘Papeles de Panamá’.

El dato lo reveló el director ejecutivo de la UIF, Alejandro Taboada, durante su exposición en la Comisión Especial Mixta de Investigación de Empresas y Empresarios Bolivianos relacionados con los Papeles de Panamá, de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

“De las 95 empresas que se conocen estarían relacionadas con los ‘Papeles de Panamá’, 991 personas estarían implicadas, pero esta cifra nos parece que no es la correcta porque anteriormente se habló de más o menos 300, por lo que se realizará una investigación profunda”, indicó Taboada.

Dijo que dicha lista debe ser depurada, haciendo un cruce de datos con varias instituciones, como el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Fundempresa y el Servicio General de Identificación Personal (Segip), entre otras instituciones.

“La Unidad de Investigaciones Financieras tiene esa atribución de cruzar datos con otras instituciones y las entidades públicas y privadas tienen la obligación de dar la información requerida”, apuntó.

El siguiente paso será solicitar información precisa al Sistema Financiero. “Vamos a regirnos a lo que la norma dice, entiendo que será desde lo que pasó 10 años hasta la fecha actual”, dijo.

El presidente de la Comisión, el diputado del MAS-IPSP Manuel Canelas, indicó que Taboada hizo algunas sugerencias y recomendaciones que serán incluidas en el informe final de la pesquisa, entre ellas las referidas al mejoramiento de la normativa nacional en temas fiscales.

El senador del MAS-IPSP Ciro Zabala dijo que el secreto bancario hace muy difícil una investigación sobre evasión de impuestos y mientras exista habrá paraísos fiscales.
“Nadie podrá investigar sobre ganancias y pago de impuestos, lo que es una tarea difícil”, dijo.

Canelas informó que la exposición de la presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), Marlene Ardaya, fue aplazada para la próxima semana, mientras que se confirmará la asistencia de Ivette Espinoza, directora de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

Justicia niega apelación de fiscales del caso Rózsa

La Sala Penal Tercera del departamento de La Paz, negó la apelación hecha por los fiscales del caso Rózsa a la decisión del Tribunal Primero de Sentencia de ese distrito que determinó separar al general Gary Prado Salmón del juicio actual, debido a su estado de salud.

Las autoridades judiciales Gróver Johnn Cori y Ángel Arias, fueron quienes emitieron la resolución declarando improcedente la apelación del Ministerio Público, que argumentaba la no existencia de fundamentos necesarios para la separación del general Prado.

Sin embargo, además de ratificar la separación del procesado del juicio penal en curso, se señala que el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, continuará con el proceso al general Prado, en cuanto este restablezca su salud.

Molestia. Este último punto de la resolución causó disconformidad con los familiares del general Prado, señalando que otro tribunal debería reiniciar un juicio al acusado y no el mismo que hasta ahora ha seguido el caso.

Gary Prado Araúz, defensa e hijo del general Prado, indicó que la doctrina y lo establecido por las leyes señalan que otro tribunal se haga cargo del juicio singular, dado que el actual ya tiene pleno conocimiento del mismo y un prejuzgamiento. "La norma dice que el tribunal de un juicio debe ser compuesto por personas que no tengan conocimiento previo del caso y este tribunal ya conoce todo lo que se ha dicho. No es un tribunal adecuado", dijo.

Indicó que ante esto, presentarán un recurso de complementación y enmienda para solicitar un nuevo tribunal para el juzgamiento del general Prado.

Identifican a 55 dirigentes que recibieron recursos del Fondioc



La Comisión de Desarrollo Productivo de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, reveló que el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, a través del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc), desembolsó 39.491.948,04 bolivianos a cuentas personales de 55 dirigentes campesinos de Tarija.

Esta información la dio a conocer el diputado nacional por Tarija del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Mario Castillo, quien aseguró que unos 55 dirigentes de los 11 municipios manejaron recursos económicos en sus cuentas personales, desde medio millón de bolivianos hasta los 2 millones, para la ejecución de 61 proyectos productivos.
Entre los dirigentes más conocidos que aparecen en la lista está: Elvio Díaz de El Puente, Roger Janco de Bermejo, Evangelio Cáceres de Yacuiba, Eugenia Tejerina de Uriondo, Serapio Pérez de Carapari, Teresa Alarcón de Padcaya, Gloria Estrada de San Lorenzo, Williams Castillo de Cercado, Segunda Díaz Condori de Yunchará y Moisés Sapiranda de Villa Montes, entre otros. (Ver la lista completa en la página web).
Según el parlamentario, varios proyectos de los 61 programados para el departamento de Tarija, se encuentran a medias y otros ni siquiera lograron iniciarse pese a tener su presupuesto desembolsado para su ejecución.
En ese sentido, señaló que inició junto a otros parlamentarios un proceso de investigación con la visita a cada municipio, para constatar la ejecución y el estado de los 61 proyectos en las diferentes comunidades, que deberían beneficiarse con los recursos del Fondioc.
Una vez terminado el proceso de inspección y verificación, se redactará un informe completo y a detalle de cada obra, para remitirlo posteriormente al Ministerio Público como a la Contraloría General del Estado para su respectiva investigación, aseguró el parlamentario.
Para el ex ejecutivo de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (FSUCCT), Elvio Díaz, actual diputado supra estatal por Tarija por el Movimiento Al Socialismo (MAS), las denuncias tienen carácter político, de desprestigio para algunos dirigentes que hoy están vinculados a la organización de campesinos y pueblos indígenas.
Sin embargo, reconoció que efectivamente cuando fungía como dirigente recibió recursos económicos para la ejecución de un proyecto productivo en la comunidad de El Puesto, con la construcción de 70 carpas solares, que hoy están con producción hortalizas y generan ingresos económicos para 70 familias de esa zona.
Similar postura expreso el capitán grande de la Organización de Capitanías Weenhayekes de Tarija (ORCAWETA), Moisés Sapiranda, quien dijo que el proyecto de fortalecimiento artesanal para su sector fue ejecutado en su totalidad, y se hicieron los descargos y los informes respectivos a la Unidad del Fondioc en su momento.
Para la dirigente de la Asociación de Productoras del Miel del municipio de Uriondo, Eugenia Tejerina, en el departamento de Tarija los proyectos fueron ejecutados en su totalidad y en algunos casos quedaron a medias por la intervención, situación que tampoco permitió el desembolso del dinero en su totalidad como denuncia el parlamentario.
Las comunidades, organizaciones y sectores que se beneficiaron con el Fondioc, esperan que los proyectos que se quedaron paralizados hace un año, puedan reactivarse en los próximos meses con la finalidad de terminar con la ejecución de obras.

Pretenden establecer comités de fiscalización

Las organizaciones sociales y la dirigencia del Movimiento Al Socialismo (MAS) platearán a las autoridades municipales, la creación de comités de fiscalización y seguimiento a la ejecución de nuevos proyectos que se ejecutarán con el nuevo presupuesto del Fondo Indígena en todo el país.
Este planteamiento lo hizo conocer el ex dirigente del MAS en Tarija, Concepción Sánchez, quien manifestó que al programa indígena se le debe dar otro tratamiento esta gestión, para evitar supuestos hechos de corrupción.

Diputado Callejas anuncia libro de caso Zapata

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Elmar Callejas, anunció el martes que en octubre presentará el libro de su autoría titulado ‘Golpe a la honestidad’, que es una investigación que realizó sobre la verdad del denominado caso Zapata.

“Vamos a publicar un libro en octubre, donde se va a tratar de aclarar a la población específicamente sobre la estrategia de mentiras que ha sido armada por la oposición en términos de derrocar justamente al Presidente (Evo Morales), atentando contra su honra, su dignidad, y la honestidad que habría construido a lo largo del país”, dijo en conferencia de prensa.

Callejas explicó que esa investigación tratará de “desmontar toda la estrategia” que se armó contra el presidente Evo Morales con fines políticos.

Informó que para realizar ese material recurrió a la información emitida por medios de comunicación, además de testimonios de testigos.

“Tenemos fuentes doctrinales, de los mismos medios de comunicación y tenemos como fuentes las declaraciones que han hecho testigos en distintas partes de la Fiscalía y del proceso de la investigación”, señaló.

martes, 6 de septiembre de 2016

Reyes Villa es sentenciado a cinco años de cárcel por enriquecimiento ilícito



El exprefecto de Cochabamba (2000-2006), Manfred Reyes Villa, actualmente residente en Estados Unidos, recibió una sentencia de cinco años de cárcel tras ser hallado culpable del delito de enriquecimiento ilícito, según comunicó este martes la Fiscalía Departamental de Cochabamba. Es la segunda sentencia en rebeldía.

"La audiencia se desarrolló en el Tribunal de Sentencia N° 6, donde la Fiscal de Materia, Jaquelin Ponce, demostró con pruebas la comisión del delito de Enriquecimiento Ilícito cometido por el prófugo y declarado rebelde Manfred Reyes Villa Bacigalupi durante su gestión como Alcalde (1993-2000) y luego como Prefecto de Cochabamba", explicó el fiscal departamental, Ever Veizaga.

De acuerdo con el fiscal, durante el ejercicio de estos cargos públicos es que Reyes Villa incrementó "considerablemente" su fortuna.

"Varios de los bienes fueron colocados a nombre de terceras personas. Esto se ha podido evidenciar por el pago del seguro de esos bienes que no se encuentran a su nombre", explicó el Fiscal.

Según las investigaciones, Reyes Villa ejecutó transacciones financieras "astronómicas" y en sus cuentas financieras existen depósitos que no condicen con ingresos producto del cargo ejercido. "Son movimientos financieros de sumas abismales sin acreditar otra actividad que le signifique ingresos importantes".

La Fiscalía observó que la empresa Inmobiliaria Marevi, de propiedad del ex Prefecto y reportada en la declaración jurada de bienes, no reporta movimiento financiero, carece de NIT y que el sueldo máximo que percibia Reyes Villa era de Bs 14.900.

Anteriormente, el 19 de enero, Reyes Villa fue condenado en rebeldía por el Tribunal 1° de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba que determinó cinco años de prisión por el delito de conducta antieconómica.

Reyes Villa salió del país en 2009 y llegó a Estados Unidos, donde solicitó refugio. Desde áquel país, el político opositor indicó que los procesos en su contra tienen un objetivo político. (06-09-2016)