lunes, 23 de octubre de 2017

Tras 2 años de la caída del puente aún no hay responsables

La obra colapsó el 22 de octubre de 2015 y la Alcaldía presentó denuncias contra cinco personas que fueron imputados: el exalcalde Edwin Castellanos; el diseñador y supervisor, Nelson Vega; el exoficial mayor de Infraestructura, Sergio Rodríguez; el exoficial mayor Financiero, Oswaldo Delgadillo, y la empresa constructora Álvarez. La Fiscalía amplió la investigación e imputó al fiscal de obra, Óscar Cortez.

El proceso de investigación contra los presuntos responsables continúa y los peritajes aún son realizados. “Nosotros hemos seguido con todos los procedimientos legales correspondientes y lamentablemente la justicia no acompaña y no hay nadie rindiendo cuentas”, señaló el secretario general de la Alcaldía de Cercado, Ricardo Pol.

“Nadie dice nada de esta situación, este puente va a quedar como un elefante blanco y eso no se debe permitir (…). Tiene que haber cárcel para los culpables, no es posible que todo esto quede impune”, manifestó Villarroel.

Entretanto, aún se espera el informe de una auditoría realizada por la Contraloría General del Estado que determine el daño civil para la devolución de 12 millones de bolivianos que se invirtió en el puente.

“No hay un dictamen definitivo por parte de la Contraloría. No se puede tocar nada de esta infraestructura mientras no se defina quiénes son los culpables y en qué medida son culpables. Nosotros como Alcaldía podríamos intervenir la obra pero sería alterar pruebas y cometer delitos”, explicó Pol.

Los vecinos del Distrito 5 anunciaron que esperarán 15 días para que comiencen a visibilizarse las responsabilidades y haya una respuesta de la Contraloría, caso contrario realizarán un “bloqueo total” en toda la zona sur de la ciudad.

sábado, 21 de octubre de 2017

viernes, 20 de octubre de 2017

Encarcelan nuevamente al exgerente de Bolivia TV implicado en corrupción


Las autoridades judiciales de la Sala Penal Segunda de La Paz determinaron este jueves que el exgerente de Bolivia TV, Gustavo Portocarrero, nuevamente sea detenido preventivamente, en esta ocasión, en el penal de San Pedro porque presuntamente está implicado en hechos de corrupción en el canal estatal, informó a ANF el fiscal Daniel Ayala.

"Se ha revocado las medidas sustitutivas del cual estaba gozando el señor Portocarrero”, señaló Ayala a ANF.

El fiscal explicó que las autoridades de la Sala penal Segunda refirieron que la jueza que dio la detención domiciliaria a Portocarrero hizo una incorrecta valoración de los argumentos presentados en este caso, por ello se pidió la revocatoria de esa medida sustitutiva.

Denuncian corrupción en EMAPA y un daño económico de Bs. 150.000

Los ministros de Justicia y de Desarrollo Productivo, Héctor Arce y Eugenio Rojas, informaron hoy por la tarde, en una conferencia de prensa, sobre actos de corrupción en la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) que generaron un daño económico estimado en 150.000 bolivianos.

Según la explicación de Arce, un ciudadano de nombre Pablo A. P. se hacía pasar por representante de 13 granjas agrícolas de la Asociación de Productores Agropecuarios de Alimentos (CIOEC) de Santa Cruz para adquirir maíz subvencionado de EMAPA, producto que nunca llegó a las granjas.

Por esa razón se intervino las oficinas de EMAPA en Santa Cruz y La Paz, y se detuvo a cuatro de seis funcionarios acusados de ser cómplices de Pablo A. P., quien aún estaría prófugo.

Los detenidos son Renán A., jefe de la Unidad de Comercialización de EMAPA; Álvaro M., responsable Regional; Marco P., responsable de ventas de Almacenes; y Gabriela E., jefa de Ventas y Comercialización.

De momento se busca a Gabino S., técnico de Gestión de Santa Cruz, y Nelson R., supervisor de Comercialización, quienes también están involucrados.

Los detenidos son acusados por los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, falsedad ideológica, uso de instrumentos falsificados y negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas.

"En la mañana de hoy, se han intervenido las oficinas, se han detenido a las personas, se las ha puesto a disposición del Ministerio Público. Asimismo, se ha incautado una gran cantidad de documentación, esa documentación ha sido puesta a conocimiento del Ministerio Público para que se realicen las investigaciones”, señaló el Ministro de Justicia.

"Se ha detenido a estos funcionarios para que expliquen realmente cómo ha sido la relación con este señor (Pablo A. P.). En qué momentos, en qué circunstancias vendieron a este señor presentando que no eran legales las documentaciones necesarias de las 13 granjas que están en Santa Cruz”, indicó también el Ministro de Desarrollo Productivo.

miércoles, 18 de octubre de 2017

Funcionario de Digcoin es detenido por venta de boletas

Un funcionario de la Dirección General de Comercialización e Industrialización de la Hoja de Coca (Digcoin) fue aprehendido por el delito de cohecho pasivo propio, luego de que fuera encontrado en poder de 700 bolivianos que se presume le fueron entregados para que emita boletas de control de coca que no existía, según informó el jefe de la División Anticorrupción de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), mayor Fernando Guarachi.

El funcionario de Digcoin, identificado como Pablo L., fue aprehendido a denuncia de otros funcionarios, en la tranca de La Rinconada.

El sujeto tenía siete boletas comunales de coca, entre las cuales estaba el dinero, entregado por dos taxistas que le dieron el monto a encargo de terceras personas que aún no son identificadas.

Guarachi explicó que muchas veces los productores de coca no tienen la cantidad necesaria para la comercialización, “lo que ellos hacían era conseguir el sello de revisión, comprar la coca en el mercado legal y revenderla a precios más altos en otros departamentos”, señaló.

El sujeto fue remitido ante la Fiscalía y el fin de semana un juez cautelar determinó dar medidas sustitutivas otorgándole detención domiciliaria, detalló el jefe policial.

León revela a los diseñadores de la mentira en el caso Zapata



El abogado Eduardo León confirmó en el programa ‘Ácido sulfúrico’, de radio Laser, que el caso Zapata, montado para dañar la imagen del presidente Evo Morales, contuvo una mentira basada en la existencia de un niño y que ahora revela a sus autores intelectuales y materiales.

“Evidentemente mi persona ha señalado que en un 90% la señora (Gabriela) Zapata había mentido sobre ese caso y ese 10% que hace al 100% es por el cual aún existe la verdad, más allá de que la señora ha sido calificada por Wálter Zuleta (prófugo) como una mitómana”.

León, con detención domiciliaria, dijo que un sector de la política criolla teme que la opinión pública conozca en detalle el fondo de la trama que se montó para desgastar al Presidente.

“El poder político teme y sabe que existe prueba evidente y es ese 10% que ha dado lugar que ahora aparezca, de la nada, el señor Wálter Zuleta siendo el propiciador, el autor con la señora (Ximena) Fortún, de haber organizado y orquestado todo este proceso del menor”, indicó.

El presidente del Senado, José Alberto Gonzales, aseguró que en esta ‘novela’ se utilizó el nombre del Presidente, de familias y de niños.

“Es una trampa patética que hoy sigue arrojando nuevos capítulos, y sobre la participación de Samuel Doria Medina, es parte de la misma trama porque hubo gente que se quiso aprovechar y puede ser que tuvo éxito, pero no nos dejó bien como sociedad, es una manifestación de algunas miserias”, aseguró.

Al respecto, la presidenta de la Cámara Baja, Gabriela Montaño, aseguró que queda absolutamente claro que hubo un complot en el que incluso se pagaron miles de dólares para que se pueda generar una mentira que confundió a la población de cara al referendo del 21 de febrero de 2016.

“Es un elemento más, no el único, que demuestra que el 21 de febrero fue un día en el que se dañó de la peor manera”.
“Es un elemento más, no el único, que demuestra que el 21 de febrero fue un día en el que se dañó de la peor manera”.

martes, 17 de octubre de 2017

EEUU protege a Goni y a Carlos Sánchez Berzaín



El presidente Evo Morales escribió ayer en su cuenta de Twitter que los crímenes de lesa humanidad, como los cometidos hace 14 años en la masacre de octubre durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, no pueden quedar impunes.

“¡Justicia! es el grito de víctimas de Sánchez de Lozada y colaboradores. Asesinatos y sacrificio de compatriotas no pueden quedar impunes”, dice el tuit del Jefe de Estado.

El canciller Fernando Huanacuni dijo a Cambio que Estados Unidos protege a Goni y a Carlos Sánchez Berzaín al no dar curso al trámite de extradición, y ambos “hoy se presentan como grandes demócratas, cuando no lo son”.

“La Cancillería, en las diferentes etapas, siempre ha cumplido con todos los requerimientos en el marco de la extradición. Sabemos todo lo que ha ocurrido en octubre de 2003, hubo masacre, esa es la palabra correcta”, aseveró.

Hace 14 años, recordó Huanacuni, ciudadanos bolivianos y bolivianas, que defendían un recurso vital e importante para el país (el gas, para que no sea exportado a Chile), fueron masacrados.

“Los que lideraron y ejecutaron toda esa masacre, hoy están siendo protegidos por el imperio. Eso es evidente, sino no estuvieran ahí apoyados por Estados Unidos, gestando vulneraciones a la democracia, no sólo de Bolivia, sino del continente”, subrayó.

Falta de voluntad política
El Gobierno cumplió todos los procedimientos jurídicos para la extradición, los familiares también lo hicieron con los requisitos establecidos por las cortes, pero la falta de voluntad política de Estados Unidos los protege.

Goni y Sánchez Berzaín “vulneraron el derecho a la vida y la democracia, el respeto a la vida profunda. Por lo tanto, lo digo como persona y Cancillería que están siendo protegidos por el imperio”, insistió el Ministro.

Los presidentes George Bush y Barack Obama no dieron curso a la solicitud, y Donald Trump no se pronunció. De esa manera frustran la posibilidad de que Goni y sus colaboradores rindan cuentas ante la justicia boliviana, como demandan las víctimas y los familiares de las cruentas jornadas.

Contexto

La primera rebelión contra el gobierno de Goni se dio en febrero de 2003, en rechazo al ‘impuestazo’ al salario.
La segunda, y que significó su caída, se registró por el intento de vender gas natural a Chile, sin importar la histórica demanda marítima boliviana.

- 14 años se cumplen hoy de la huida de Goni a EEUU, luego de poner su cargo a consideración del Congreso.

- 67 muertos y 420 heridos, especialmente en la ciudad de El Alto, es el saldo que dejó la denominada masacre de octubre.

Sólo falta extraditar a Sánchez de Lozada



En 2004 y 2005 no se hizo nada por extraditar a Goni, pero en 2006, con la llegada al Gobierno del presidente Evo Morales, se efectuaron las primeras gestiones que no se concretan porque EEUU lo protege.

Abel Mamani, exministro de Agua y que en 2003 era dirigente vecinal del Distrito 3 de la ciudad de El Alto, recuerda que, después de que Gonzalo Sánchez de Lozada encontró refugió en EEUU, el 17 de octubre de ese año se aprobó la Agenda de Octubre, y uno de los principales puntos era su extradición.

“El encubrimiento del Gobierno de Estados Unidos no da curso a esta demanda de los bolivianos. Goni cuando estaba en funciones ordenó a las Fuerzas Armadas masacrar al pueblo alteño, a los movilizados”, explicó.

Mamani, que participó en esas jornadas, refiere que el único punto pendiente de la agenda de Octubre es la extradición del expresidente. Los demás puntos, como la nacionalización de los hidrocarburos, se dieron el 1 de mayo de 2006. También está en marcha el proceso de industrialización, como la Planta de Urea, que incluye la creación de empresas públicas.

Además se recuperaron las empresas estratégicas como Entel y otras.

“Ojalá el Gobierno de Estados Unidos reflexione y dé curso a la extradición para que Goni pague sus culpas por el genocidio que desató en el país hace 14 años”, añadió.

La Central Obrera Regional (COR) y la Federación de Juntas Vecinales de El Alto realizarán hoy una concentración para rendir homenaje a las víctimas. En tanto que la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) protagonizará una marcha desde la Ceja de El Alto hacia la plaza San Francisco, de la ciudad de La Paz, donde se desarrollará un programa especial.

jueves, 12 de octubre de 2017

A 14 años de Octubre, en EEUU avanza un juicio civil y se estanca extradición de Goni

El expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada (Goni) cumple 14 años en Estados Unidos, similar tiempo de la revuelta social que acabó con su dimisión y más de 60 muertos. El trámite de extradición no avanza y permanece en el Departamento de Estado, en Washington.

No ocurre lo mismo con otra alternativa encauzada en busca de justicia en la vía civil. La etapa final podría culminar en el primer semestre de 2018 con un juicio oral que acabará con un sentencia y la fijación de una resarcimiento.

"Por la información que tenemos los procesos (de extradición) siguen entrabados en el ámbito de la esfera diplomática. No hay una respuesta ni afirmativa ni negativa. Es algo que de alguna manera habíamos augurado hace bastante tiempo: Estados Unidos estaban protegiendo y seguirán protegiendo a Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín. El tiempo nos ha dado la razón", indicó el abogado de las víctimas de octubre, Rogelio Mayta.

Sánchez de Lozada, Sánchez Berzaín y Jorge Berinduague huyeron al país del norte tras los hechos de violencia de octubre de 2003, cuando el Gobierno sacó a las Fuerzas Armadas a las calles para aplacar una movilización social que tuvo como epicentro El Alto.


Sánchez de Lozada, que había ganado las elecciones de 2002 y asumido la presidencia con una de las últimas alianzas políticas, ya en febrero enfrentó un motín policial, que acabó con la muerte de militares y policías en un enfrentamiento en el mismo centro del poder político, plaza Murillo.

La ciudad de La Paz estaba bloqueada y huyó junto a su familia en helicóptero desde La Paz a el aeropuerto de El Alto, desde donde, con una escala en Santa Cruz, se dirigió al país del norte. Envió su carta de renuncia y ese 17 de octubre fue aceptada en el Legislativo tras ser leída.

En una semana de choques entre ciudadanos y militares en la ciudad de El Alto más de 60 personas perdieron la vida por impacto de bala y otras 400 resultaron con heridas de distinta gravedad.

Carlos Mesa asumió la presidencia de Bolivia en sucesión constitucional.

Un juicio de responsabilidades fue instaurado en 2004 y en 2011 fue emitida la primera sentencia condenando a siete responsables de la masacre, entre ellos cinco exjefes militares. El expresidente fue declarado rebelde y se inició los trámites de extradición, que hasta el momento no dieron resultado.

El trámite reiniciado luego de subsanar observaciones de Washington permanece en el Departamento de Estado de EEUU sin mayores avances. Una situación contraria ocurre con un proceso civil instaurado por un grupo de víctimas.

Quien fuera jefe del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) reapareció en octubre de 2014 en un aeropuerto de Estados Unidos. Una fotografía del hecho fue publicada en redes sociales.

Mientras que el también conocido como Zorro en la política es una persona activa en la red social Twitter, desde donde cuestiona a la administración de Evo Morales y recientemente publicó una foto de una reunión con el secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagero. No hace referencia, por lo menos últimamente a lo ocurrido en 2003.

La Acción Civil, admitida en 2013, concluyó con la Etapa de Descubrimiento. Según Mayta esa etapa concluyó en agosto pasado e incluyó la presentación de los últimos alegatos por las partes y la declaración de testigos.



"Este proceso avanzó significativamente. Todo este año fue un año de trabajo intenso del equipo jurídico que ayuda a llevar adelante esta demanda. Antes de ingresar a juicio hay una etapa que se denomina Etapa de Descubrimiento que finalizó en agosto pasado con la presentación de las pruebas de uno y otro lado; se tomó declaraciones de testigos. Adicionalmente se tomó las declaraciones de Sánchez Berzaín y Sánchez de Lozada; esto nos hace ver que el proceso está encaminado y esperamos que en el primer semestre del 2018 podamos tener un juicio oral en Estados Unidos", expresó el abogado.

No obstante, Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín aún tienen opción de presentar un alegato más donde -según Mayta- podrían requerir no considerar la causa debido a deficiencias en las pruebras.



"Es un último obstáculo", remarcó el abogado, quien precisó que de ser desahuciado este recurso las exautoridades irían a un juicio oral que sería resuelto en un tiempo breve, incluso en unas "cuantas semanas".

La naturaleza de la acción civil presentada contra las exautoridades de Estado busca también el resarcimiento a las víctimas de la masacre, pero -según Mayta- lo que se busca también es sentar precedente que permita a futuro lograr su extradición.

En memoria de las víctimas, este jueves habrá una misa en la Alcaldía quemada de El Alto, epicentro de un conflicto que derivó en la dimisión de Goni y el inicio de un proceso que acabó con lo que se denominó la democracia pactada al asumir el poder Evo Morales con más del 50% del apoyo ciudadano.

Mucho de los heridos en esas violentas jornadas ya perdieron la vida.

Sánchez Berzaín va al banquillo de acusados por la masacre de octubre de 2003

El exministro de Defensa y Gobierno Carlos Sánchez Berzaín fue al banquillo de acusados por primera vez en el juicio que se le sigue en Estados Unidos, por la masacre de octubre de 2003. El expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada volvió a declarar por el caso.

Sánchez Berzaín, también conocido como el Zorro, escapó a Estados Unidos el 17 de octubre de 2003. Huyó junto con el gobernante de entonces Sánchez de Lozada (Goni), tras una rebelión contra las medidas estatales. En estas protestas murieron 58 personas y centenares quedaron heridas.

Desde entonces han pasado casi 14 años y la exautoridad nunca fue sentada en el banquillo de los acusados... hasta el miércoles 16 y el jueves 17 de agosto de este año.

Entonces —durante siete horas en dos días seguidos, en el bufete de Akin Gump Strauss Hauer & Feld, de Miami— tuvo que responder al proceso civil que se le sigue. Él está acusado de asesinato y ejecuciones extrajudiciales.


El abogado Thomas Becker fue testigo de este interrogatorio. Cuenta que el Zorro respondió tranquilamente a las preguntas. “Estaba confiado, muy confiado”, añade. Por su parte, el abogado de las víctimas de octubre, Rogelio Mayta, añade: “Sánchez Berzaín estaba arrogante, como siempre”.

Sánchez Berzaín pidió que se le hagan las preguntas en inglés, pues adujo que no entendía español, cuenta Mayta. Así ganó tiempo en la traducción y evitó que se le hagan más preguntas.

Durante la interpelación, el Zorro mantuvo su tesis de inocencia. “Dice que no es culpable y que en 2003 había un foco guerrillero. Añade que había un foco guerrillero en Bolivia y había protestas y marchas ilegales”, cuenta el abogado de Harvard, Becker.

SER desconocía que Roca sea dueño de Torres Suant


Ante las declaraciones del empresario cruceño Humberto Roca, radicado en EEUU, de que el edificio Torres Suant, del barrio Urbarí, es de su propiedad, en el mismo donde han sido embargados 34 departamentos por deudas tributarias, el secretario de Recaudaciones de la comuna, Joaquín Crapuzzi, indicó que desconocía la identidad del propietario del inmueble, añadiendo que más bien figura otra persona con apellidos diferentes.

“He leído el periódico y me he visto sorprendido por las declaraciones de Roca, mandé revisar la documentación y ninguno de los 34 apartamentos embargados en esta primera fase está a su nombre, la deuda global de una de las torres es de Bs 200.000, por una gestión, pero la deuda total es de Bs 600.000, por lo que habrá nuevas intervenciones en ese edificio”, explicó.

Indicó que el lunes, cuando se hizo la incautación, se apersonaron dos propietarios de departamentos y cancelaron sus deudas, una por Bs 7.000 y la otra por 9.000; así como también acudieron otros dos dueños para gestionar el pago de los tributos en cuotas.

Dijo que hay otros departamentos con deudas menores, pero los propietarios dejaron de pagar sus impuestos. “En 2009 se hizo la inscripción del edificio, ahora, que el que los mandó construir no haya hecho las transferencias, ese es un problema de él y de los compradores”, agregó.

Por su parte, Roca recordó que el bien está con anotación preventiva dentro de los procesos que le sigue el Estado. “He pedido a mis abogados que negocien con la comuna un plan de pagos; solo espero que den buen uso a ese dinero porque la corrupción en la Alcaldía es terrible”, anotó vía Skype. /Igor Ruiz

miércoles, 11 de octubre de 2017

Roca: “Pediremos a la Alcaldía un plan de pago; ojalá den buen uso al dinero”


La Secretaría de Recaudaciones (SER) de la Alcaldía embargó 34 apartamentos de Torres Suant, ubicadas en el segundo anillo y barrio Urbarí, por una deuda de Bs 200.000 por concepto de impuesto a la propiedad de inmuebles de 2011. Estas torres son de propiedad de la familia del empresario Humberto Roca, expresidente de Aerosur, que radica en Estados Unidos desde 2012. EL DEBER conversó con él vía Skype.

¿Qué opinión tiene sobre el embargo de los 34 apartamentos?
Esos apartamentos son parte del patrimonio de mi familia, que fue perjudicada por acciones del Gobierno. El Gobierno, de forma irregular, arbitraria y fuera de norma, realizó las anotaciones preventivas de esos bienes. En realidad esos apartamentos no están terminados, están es construcción. Entonces, el embargo es a la construcción, no a los apartamentos. Esa construcción quedó en una situación jurídica rara. Nosotros hemos enviado personas a la comuna para que negocien un plan de pago. Me parece muy bien que la Alcaldía cobre los tributos, pero lo que hay que cobrarle a la Alcaldía es que haga un buen uso de esas recursos, porque la corrupción en la Alcaldía es terrible.

¿A cuánto asciende la deuda?
No sé, pero hay que ver que el precio sea justo, porque no se olvide que son apartamentos sin terminar, aunque hay algunos que sí están habitados. Hay que verificar cuánto es el valor catastral para proceder a un plan de pago.

Hemos pedido a los abogados que vayan y hagan una negociación para un plan de pago. Reitero, me parece bien que cobren, además hemos visto que han hecho un buen show mediático para que todos los contribuyentes paguen sus impuestos. Ojalá que esos montos no se vayan al bolsillo de algunos.


¿En manos de quién están las torres?

Ese inmueble formaba parte del patrimonio de mi familia, así como muchos más que acabaron en manos de otras personas como una quinta que pertenecía a mi mamá, que murió hace poco. Aparecieron unos tipos, se entraron a la quinta aduciendo que era de ellos, falsificaron todos los papeles, incluso la Alcaldía les aprobó los planos. Esa quinta perteneció a mi tatarabuelo.

Somos la única familia de Bolivia que ha recibido la furia y la rabia de este Gobierno por haberle dicho que no sean corruptos, que respeten las normas.

¿Hay gente que ha pagado por esos apartamentos pero no están a su nombre?
Sí, por el accionar abusivo e ilegal del Gobierno. Hay propietarios que han comprado, han pagado, se les dio la transferencia pero al momento de ponerlos a su nombre se vieron imposibilitados de hacerlo, porque esos bienes fueron anotados preventivamente.

¿Cuántos apartamentos se estaban construyendo en las cuatro torres?
En total eran 200 y tantos. La torre amarilla no fue terminada por la anotación preventiva.

¿Qué gestiones está haciendo para recuperar sus bienes?
Hemos intentado de todo, inclusive un tiempo en la Alcaldía no nos dejaron pagar impuestos. A ninguna persona de mi familia ni a mí nos permiten dar poderes en los consulados. Está prohibido. En otras palabras, a nosotros nos han quitado hasta la nacionalidad. Es una situación increíble. Ya no soy boliviano, no sé de dónde soy, no tengo pasaporte, no tengo carné de identidad, no tengo nada.

¿No teme perder sus bienes?
Ya he perdido tanto, pero felizmente fueron bienes materiales, no perdí a mi familia, con excepción de mi mamá, que murió amargada por su quinta. (...) Hay mucha gente en Santa Cruz que se aprovechó de todos mis bienes, yo básicamente lo tengo por perdido porque no existe una acción legal posible para recuperarlos. Pero eso sí, yo no he quedado debiendo ni un peso a ningún banco ni a ninguna institución boliviana y esos impuestos serán pagados. ¿Qué pasará después con esos bienes? Vaya uno a saber. Independientemente de esto tengo una demanda contra Bolivia por las irregularidades que se han cometido contra mi persona y mi familia, la demanda será procedente.

¿Si dice que antes no pudo pagar su impuesto, cree que ahora podrá hacerlo?
Mire, yo siempre he tenido intenciones de pagar todo lo que en justicia y en sentimiento me corresponden. Lo que me he negado a pagar es todo aquello que me achacan. En este caso de los inmuebles, vamos a ajustarnos a un plan de pago. Felicito a la Alcaldía por exigir el pago de los impuestos, pero hay que fiscalizar para que ese dinero no vaya a la corrupción. Hemos recibido algunas llamadas de amigos de funcionarios que dicen: Nosotros lo arreglamos.

Pero yo ya escarmenté, no voy a ser permisivo con nada. Todo lo de Bolivia lo tengo ya por perdido, para mí no existen, hemos perdido el 95% de todos nuestros bienes y activos. Todo el patrimonio por el que trabajé durante más de 30 años está en manos de gente inescrupulosa, mentirosa y cínica. Destruyeron Aerosur, una empresa hermosa, encima me achacaron a mí. Acá me enteré de que yo había sido un palo blanco, imagínese. Qué vamos a hacer, c'est la vie.

martes, 10 de octubre de 2017

El 59% de los bolivianos cree que creció la corrupción


Según el reciente informe publicado por la organización Transparencia Internacional (TI), el 59% de los bolivianos que fueron parte de una encuesta cree que la corrupción se ha incrementado en Bolivia en el último tiempo.

La encuesta fue realizada por la empresa Latinobarómetro y Servicios de Investigación de Mercados entre mayo y diciembre de 2016. De la misma participaron un total de 22.203 personas pertenecientes a 20 países de Latinoamérica y el Caribe.

Los resultados de las consultas fueron publicados ayer bajo el nombre de Las Personas y la Corrupción: América Latina y el Caribe. En ella se puede ver que Bolivia ocupa el puesto 12 de los 20 países de la encuesta.

“Los ciudadanos de Venezuela, Chile, Brasil y Perú fueron particularmente críticos, tres cuartos dijeron que la corrupción estaba en aumento (del 78% al 87%)”, señala el informe.



León pide levantar secreto profesional

El abogado Eduardo León presentó ayer una solicitud para que una juez levante el secreto profesional y le autorice hacer público varios documentos y comunicaciones que Gabriela Zapata mantenía con ministros.

Suleika Lanza, abogada de León, confirmó que el pedido fue presentado ante la juez noveno de materia en lo penal, Regina Santa Cruz.

“Lo que corresponde ahora es que se nos otorgue la autorización para revelar estos hechos, actos, pruebas, de llamadas, comunicaciones y contactos entre altas autoridades del Estado y la señora Gabriela Zapata”, aseveró ayer León en puertas de la Fiscalía.

El abogado señala que lo que tiene en su poder son pruebas materiales y no solo declaraciones sueltas o afirmaciones de su excliente Zapata.

“El poder político sabe a que nos referimos, por ejemplo, son comunicaciones permanentes que se han tenido entre Zapata, ministros y dignatarios de Estado”, afirmó.

Señaló que estas pruebas ponen en riesgo su vida, pero incluso está dispuesto a que las voces que se tiene en algunos audios sean sometidos a pericias, para comprobar que el Gobierno tenía conocimiento de las acciones que realizaba Zapata.

Por otro lado, la abogada Lanza señaló que en la Fiscalía departamental se presentó una denuncia contra la fiscal Karina Cuba por el delito de incumplimiento como titular del caso de trata de personas que se sigue por la suplantación del hijo de la expareja del presidente Evo Morales.

Lanza señala que del cuaderno de investigaciones se han extraviado varias pruebas, entre ellas la declaración ampliatoria de Zapata, además que hasta la fecha no se tiene el desdoblamiento de la reconstrucción de los hechos e inspección de los lugares donde un menor de cinco años fue utilizado para suplantar a un supuesto hijo que Zapata había concebido.

En esa línea, el abogado León pidió que se levante el secreto profesional a su persona para que revele la información y documentos “clave” dentro del caso Zapata, que incluso vinculan al presidente Evo Morales y a su entorno familiar, al igual que a otras autoridades de Estado.

“Van a caer muchas personas, va a llegar a afectar al Presidente del Estado y no solo a él, sino a su entorno familiar (del mandatario) porque hubo una relación de familia. (Gabriela) Zapata era tratada en calidad de familiar. Hay cosas que no se pueden negar observando las pruebas”, declaró.

59% cree que aumentó la corrupción

La mayoría de los bolivianos, en un porcentaje del 59%, considera que la corrupción se ha incrementado en el país, según un informe publicado este lunes por Transparencia Internacional (TI).

El reporte denominado “Las Personas y la Corrupción: América Latina y el Caribe”, contiene información de encuestas realizadas en 20 países de Latinoamérica, sobre las experiencias de los ciudadanos con la corrupción.

PERCEPCIÓN

Bolivia ocupa el lugar 12 en el índice de personas que creen que la corrupción aumentó en su país, mientras que en el primer puesto está Venezuela donde el 87% sostiene que la corrupción ha aumentado.

Otro dato que destaca es que el 53% de los bolivianos cree que su gobierno hace las cosas mal respecto a combatir la corrupción, y que el 32%, por el contrario, tiene una buena impresión del desempeño gubernamental en este tema.

SOBORNOS

Asimismo, según el reporte, el 28% de los encuestados en Bolivia admitió haber pagado sobornos a funcionarios para recibir servicios públicos, ya sea en la escuela, policía, tribunales, salud o trámites gubernamentales.

El estudio señala que la mayoría de los sobornos reportados por bolivianos fueron en servicios de salud, seguido de la escuela, servicio públicos, policía y documento de identidad.

TI: Uno de cada tres latinos paga algún tipo de soborno

TRANSPARENCIA. Casi un tercio de los latinoamericanos pagaron sobornos en el último año para acceder a servicios públicos, como salud o justicia, en una práctica que no diferencia género ni clase social, según una encuesta de la ONG Transparencia Internacional (TI) en todo el mundo.


El sondeo, realizado a domicilio a más de 22.000 personas de 20 países de América Latina y el Caribe, revela un cuadro de rampante corrupción en la región, con especial recelo de los ciudadanos hacia su policía y los políticos, y ante el cual la respuesta gubernamental es considerada insuficiente. El soborno representa un modo de enriquecerse para unos pocos y un gran obstáculo para acceder a servicios públicos clave, en especial para los sectores más vulnerables de la sociedad. El sistema termina arrastrando a parte de la población. Un 29% de los ciudadanos que usaron seis servicios públicos (educación, atención médica, adquisición de documentos de identidad, policía, servicios básicos y tribunales) pagaron algún soborno en los 12 meses anteriores, según TI. La organización calcula que ello representa unas 90 millones de personas, sin mayores diferencias entre género, edad y clase social, aunque acotó que los pagos de sobornos pueden ser una carga desproporcionadamente mayor para los más pobres. “El soborno representa un modo de enriquecerse para unos pocos y un gran obstáculo para acceder a servicios públicos clave, en especial para los sectores más vulnerables de la sociedad”, dijo el presidente de Transparencia Internacional, José Ugaz, citado en un comunicado. El reporte destacó que a pesar de las recientes manifestaciones anticorrupción en Brasil, Guatemala y Venezuela, casi dos tercios (62%) de los encuestados afirmaron que la corrupción había aumentado. ¿Los más corruptos? Policías y políticos, según 47% de los consultados. En el caso de la policía, se eleva a 73% en Venezuela, y 69% para los políticos en Paraguay. También, más de la mitad de los encuestados reprueba la respuesta de los gobiernos, especialmente los venezolanos y los peruanos, con 76% y 73% respectivamente. “Los latinoamericanos y caribeños están siendo defraudados por sus gobiernos, su clase política y los líderes del sector privado”, dijo Ugaz, destacando que el escándalo brasileño del Lava Jato “demuestra que la corrupción está ampliamente extendida” en la región. Por el contrario, la gran mayoría (70%) confía en que los ciudadanos pueden tener un papel positivo en la lucha contra la corrupción, especialmente en Brasil (83%), donde los escándalos millonarios tienen acorralada a prácticamente toda la clase política. “El soborno es una experiencia demasiado habitual” en la región, según la ONG.

sábado, 7 de octubre de 2017

Video Suman los hechos de Corrupcion en las Entidades Estatales

Ordenan incinerar arroz que incautaron a Ostreicher


Las 69.000, 82 fanegas de arroz, equivalentes a casi 8.000 toneladas, que el 5 de noviembre de 2011 fueron recepcionadas por la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) no sirven ni para abonar la tierra y serán destruidas.

Marcelo Gutiérrez, director nacional de Dircabi, indicó que se recibió dos informes que confirman que las 25.916 fanegas de grano de oro y las 49.166 de Epagri, cosechadas de las propiedades El Cruce I y Los Tucanes, “ya no tienen ningún valor comercial” y “tienen un gran porcentaje de contaminación” por lo que se ha resuelto quemarlas.

La millonaria cosecha, cuyo valor comercial era de $us 1,5 millones, ahora es el nido de ratas y hongos que se expande y afectan a los cultivos de los agricultores de la provincia Guarayos, en el límite de Santa Cruz y Beni.

Dircabi recibió quejas de los cuidantes de las propiedades incautadas y de los pobladores. “El mal olor se siente a kilómetros”, agregó Gutiérrez, sin marcar la fecha de la destrucción.

Por el deterioro y despilfarro del arroz, hace tres semanas Mirtha Encarnación Jiménez Bejar, ex directora nacional de Dircabi, fue enviada a Palmasola. Gutiérrez evitó la monetización del grano generando pérdidas millonarias.

El proceso por legitimación de ganancias ilícitas en contra de Ostreicher, de Claudia Rodríguez y Maximiliano Dorado (preso en Brasil), entre otros, continúa. El

tribunal de sentencia que es presidido por Gladis Alba fijó el juicio para este mes, pero se postergó. Ahora se envió un exhorto a Brasil para que informe sobre la situación de Dorado.

El 11 de septiembre Ostreicher habló con EL DEBER y expresó su intención de retornar al país.

viernes, 6 de octubre de 2017

Rechazan por sexta vez que Achacollo abandone la cárcel

Nemesia Achacollo, exministra de Desarrollo Rural, deberá permanecer en la cárcel de Miraflores en La Paz. Hoy la juez segundo de instrucción en lo penal, Wiat Belzu, rechazó, por sexta vez, el pedido de cesación a la detención preventiva que interpuso la defensa de la exautoridad.

Involucrada en el caso Fondo Indígena, la mujer permanece tras las rejas por más de 14 meses, tras que fuera remitida a ese penal en agosto de 2016. Es acusada por incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y favorecimiento al enriquecimiento ilícito.



Al igual que en planteamientos anteriores, la defensa de Achacollo solicitó que se la beneficie con detención domiciliaria y estuvo dispuesta a pagar una fianza de 20.000 bolivianos, aspectos que no fueron suficientes para que deje el recinto carcelario para mujeres.

La exministra está involucrada en el proceso judicial por los presuntos malos manejos en el Fondo Indígena. Las denuncias de irregularidades datan de hace más de dos años y hasta ahora no se instaló el juicio contra los responsables.


jueves, 5 de octubre de 2017

miércoles, 4 de octubre de 2017

Juez ratifica detención domiciliaria para expresidente de la estatal YPFB por caso Taladros



La Fiscalía pidió que se le revocara la detención domiciliaria al expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Guillermo Achá por el caso Taladros, pero la Justicia decidió rechazar el pedido de enviarlo a la cárcel y ratificó las medidas sustitutivas a la detención en La Paz.

"Yo esperaba que pueda darse la oportunidad de trabajar y estar con mi familia, son cuatro meses que estoy lejos de ellos. Yo tengo un trabajo, una familia en la ciudad de Santa Cruz y esperaba retornar allá. Voy a esperar que la investigación continúe porque tengo certeza, la convicción de que realmente por lo menos yo no he hecho absolutamente nada", dijo el exhombre fuerte de la estatal petrolera.

Desde el 21 de junio pasado permanece en detención domiciliaria por el caso Taladros y fue imputado por los delitos de conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado, uso indebido de influencias, incubrimiento e incumplimiento de deberes por irregularidades en el proceso de adjudicación a la empresa italiana Drillmec para la provisión de tres equipos de perforación por $us 148 millones.


"Yo espero que se aclare todo. He tenido una afectación muy grande debido a estas peculiaridades que se han ido dando. Son once años de trabajo en YPFB y creo que hice bien las cosas", insistió.

Iván Córdova, presidente de la Sala Penal, ratificó la detención domiciliaria para la exautoridad, en tanto que su abogado, Héctor Castellón, consideró como excesiva la sanción y advirtió que el tribunal observó que el Ministerio Público no pudo comprobar los delitos contra su cliente.



"Se ha demostrado que tiene un trabajo en Santa Cruz, y la familia y el domicilio está en Santa Cruz no se entiende por qué la detención es en La Paz, es un contrasentido", aseguró el abogado.

Más temprano, por el mismo caso se suspendió la audiencia de cesación a la detención preventiva de Cinthia Novillo, quien desde junio guarda detención en el penal de mujeres de la zona de Obrajes. (02/10/2017)


domingo, 1 de octubre de 2017

En 5 casos de corrupción en las FFAA se calcula un daño económico de casi $us 40 millones

En la audiencia de Rendición Pública de Cuentas parcial de 2017, el Ministerio de Defensa reveló que en los procesos “más relevantes” de corrupción en las Fuerzas Armadas (FFAA) se ha establecido un daño económico de casi $us 40 millones.

La información fue proporcionada por el director Jurídico del Ministerio de Defensa, Manuel Porcel, quien en su exposición mencionó solo cinco “procesos penales relevantes iniciados por el Ministerio de Defensa” que dejaron un millonario daño económico al Estado.

El primer caso es el denominado Barcazas chinas/Enabol, en la que 21 personas están implicadas en la compra “fraudulenta” de 16 barcazas y dos empujadores, ocasionando un daño económico de $us 28,9 millones. Los involucrados fueron acusados por los delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, entre otros. En este proceso se espera que la autoridad jurisdiccional fije fecha y hora para el inicio del juicio oral.

El segundo hecho relevante tiene que ver con la quiebra de la Empresa de Construcciones del Ejercito (ECE), que dejó un daño económico de al menos 60.919.828 bolivianos, monto que fue un anticipo para la ejecución de seis obras en distintos puntos del país. Por este hecho fueron detenidos varios militares, entre ellos el exgerente de la ECE, Nikita Apaza López, por los supuestos delitos de incumplimiento de contratos, malversación de recursos y enriquecimiento ilícito.

Porcel detalló un tercer proceso penal seguido por Defensa denominado caso cemento asfaltico. La irregularidad se suscitó en el Comando de Ingeniería del Ejercito que ocasionó un daño de 10 millones de bolivianos aproximadamente. Por este hecho fue procesado el general Mario Merino Revollo y otras personas por los delitos de incumplimiento de contratos, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.

El abogado dijo que un cuarto proceso está vinculado al caso aviones T-33 en la que son procesadas varias personas por delitos de negociaciones incompatibles con el Estado, incumplimiento de deberes contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos y conducta antieconómica. Este hecho ocasionó un daño económico de al menos 5.392.332 bolivianos.

Mencionó que se sigue un quinto hecho de corrupción en contra del Almirante Freddy Ballesteros (también implicado en el caso Barcazas) y otros, son imputados por delitos de incumplimiento de deberes, peculado y enriquecimiento ilícito. El daño económico en este caso es de 3.335.662 bolivianos aproximadamente

El Ministerio de Defensa sigue el proceso contra varias personas comprometidas en la entrega de los misiles chinos de propiedad del Ejército boliviano a Estados Unidos. El caso terminó con sentencias mínimas del Tribunal Supremo de Justicia en contra de los implicados, el Gobierno interpuso una denuncia por prevaricato en contra de los magistrados en la Asamblea Legislativa.

Finalmente Porcel señaló que a la fecha siguen 340 procesos, mismos que corresponden a ámbitos penales, civiles, coactivos fiscales, entre otros. (EL PAIS)

Video Diputado Manuel Canelas explica la investigacion al Caso Papeles de Panama

Aprueban investigación sobre “Papeles Panamá” y proyecto de ley contra uso de paraísos fiscales

La comisión mixta que investiga los “Papeles de Panamá” aprobó el sábado por la noche el informe final de su investigación, que involucra a empresarios bolivianos con la creación de empresas offshore, y el proyecto de ley de lucha contra el uso de paraísos fiscales, último que prevé ser remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) en las próximas horas.

“Concluimos con un informe que nosotros pensamos que cumple las expectativas (...), para ser más efectivos en la lucha contra los paraísos fiscales y de ahí se deriva una cosa fundamental para ser más efectivos en el futuro, que es una ley de lucha contra los paraísos fiscales”, dijo el presidente de esa comisión legislativa, Manuel Canelas.

Explicó que, durante la investigación, que se realizó en 14 meses a empresarios y políticos involucrados con la creación de empresas “offshore” en Panamá, se hizo un análisis de los casos más relevantes por tener indicios de haber cometido irregularidades al llevar sus capitales a paraísos fiscales.

Canelas dijo que el informe conclusivo plantea recomendaciones a la ALP para evitar que las personas cometan ilícitos que afecten a los intereses del Estado, sin descartar la modificación de normas y estructuras institucionales.

“La ley debe promover el ajuste normativo en diferentes ámbitos (...), a nivel de la Unidad de Investigaciones Financieras, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas”, reseña el proyecto de ley de lucha contra el uso de paraísos fiscales.

Canelas remarcó la importancia de la investigación de capitales que fueron derivados a paraísos fiscales, porque afectan al Estado y a la sociedad en general.

“Los paraísos fiscales le afectan a toda la gente y nosotros queríamos poner un primer grano de arena para que los bolivianos entiendan que la existencia de cuentas en Bahamas, en las Islas Vírgenes y en Panamá, donde algunos de los grandes empresarios o políticos bolivianos se llevan su dinero, afecta inmediatamente a un ciudadano boliviano”, sostuvo.

Finalmente, el legislador detalló que el informe conclusivo de esa instancia legislativa establece que, además de las 360 empresas registradas en Bolivia, fueron investigadas 198 personas naturales, de las cuales se abrieron 76 casos de estudio.

El 13 de mayo de 2016, la ALP creó la Comisión Especial Mixta para investigar la posible vulneración de la normativa nacional y la afectación del interés público con actividades y transacciones de empresas o entidades “offshore”, después que se destapó el caso “Papeles de Panamá”.(ABI)