viernes, 30 de noviembre de 2012

Los protagonistas del caso Ostreicher (Cap. II) El poder del abogado

Noticia publicada el 30 de Noviembre de 2012 en el Sitio de FIDES

El día que iba a ser detenido, Fernando Rivera se despertó siendo el abogado más poderoso del Ministerio de Gobierno, estaba en Tarija a cargo del caso más importante para el actual “proceso de cambio”, había sido designado para demostrar que un grupo de personas organizó actividades terroristas e incluso había querido atentar contra la vida del presidente.

Quienes lo vieron ese día en la audiencia, en una sala sin ventilación y con mucho calor, lo vieron cabizbajo, pensativo, según dijo después ya sabía de su aprehensión, y que en pocos momentos su vida daría un giro.

Ese día en sólo unos segundos pasó de ser el poderoso abogado, temido por muchos, a encabezar las portadas de todos los periódicos como el acusado de encabezar una red de extorsión y corrupción.

Para sorpresa de los propios acusados del caso terrorismo, Rivera fue detenido por cuatro uniformados que iban bien armados para conducirlo rumbo a Santa Cruz, en una escena que parecía extraída de una película, fueron las personas a quienes acusó en muchas oportunidades, los que lo vieron enmanillado y custodiado por la Policía.

Según las investigaciones de la Fiscalía, Fernando Rivera, acompañado por otros funcionarios como Dennis Rodas, logró montar una estructura que lo mantuvo muy cerca de la impunidad, se hizo tan poderoso al interior del Ministerio de Gobierno que ni siquiera el cambio de autoridades lo afectó. Hoy jura inocencia.

El funcionario del Ministerio

El registro del Ilustre Colegio de Abogados de La Paz señala que Fernando Ribera Tardío se graduó como abogado el 9 de junio de 2006, un años después entró a trabajar en el ministerio de Gobierno, durante la gestión de Alfredo Rada, desempeñando varios cargos, pero no sería hasta el 2010 en el que conseguiría tener el cargo con el que logró hacerse de tanto poder.

El año 2010, en el inicio del segundo período presidencial de Evo Morales, una crisis de Gabinete afectó a las principales carteras de Estado, ese fue el caso del Ministerio de Gobierno que pasó a ser encabezado por Sacha Llorentty, Rivera sin embargo no fue cambiado, es más fue promovido y empezó a ocupar el cargo de Director Jurídico.

Los poderes

Según un documento al que tuvo acceso el periódico digital Oxígeno, fue durante la gestión de Sacha Llorentty que Rivera y el otro principal implicado, Dennis Rodas, pasaron a tener “poderes extraordinarios” que les permitían actuar de manera independiente, es decir sin necesidad de recurrir a instancias superiores, y en nombre del Ministerio de Gobierno, en todas aquellas causas penales en las que esta instancia actuaba como querellante.

Según este poder especial, que recibieron Rivera y Rodas, el 27 de enero de 2011, los abogados podían plantear “todo tipo de incidentes y nulidades de actos y notificaciones, pedir se suspendan y revoquen medidas cautelares, pedir y solicitar declaratorias de rebeldía, solicitar anticipo de prueba, ofrecer producir y judicializar toda clase de prueba que considere necesaria, sean literales, testificales, periciales y cuantas pruebas sean admitidas por ley…”

De ser ciertas las acusaciones de la Fiscalía, que hoy pesan sobre Rivera, este documento explicaría porque tenían la capacidad de presionar a cualquier acusado, ya que era suficiente una decisión suya para pedir la nulidad de una acción judicial.

El representante legal

En manos de Rivera y Rodas estuvieron los casos más importantes de los últimos años y es por eso que muchos sospechan que con el caso Ostreicher sólo se encontró la punta del ovillo. En los últimos días ya empezaron a aparecer numerosas denuncias de extorsión en contra de estas personas.

Los acusados de los casos del alemán Dirk Schmidt y del caso Navía salieron a los medios a decir que “emisarios” de Rivera pedían sumas exorbitantes a cambio de pedir su libertad, en La Paz varios acusados empezaron a hablar de las supuestas presiones a las que habría sometido a fiscales y jueces.

Varias autoridades del Gobierno han reconocido en los últimos días que es muy posible que este funcionario pudo actuarde la misma manera que con Ostreicher en otros casos, por el momento son todas especulaciones, pues hay una investigación en curso.

La ministra de Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo pidió denunciar las posibles extorsiones a las que los miembros de la red de corrupción habrían podido someter a otras personas “es un tema que no puede quedar en la nebulosa, todo lo contrario, tiene que aclararse”, dijo, la pregunta es porque esta instancia no logró percibir estos actos antes.

Las acusaciones de extorsión

Para el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Herland Vaca Diez, lo que sucedió en el caso Ostreicher es un mecanismo que fue usado ya para “montar” el caso terrorismo y que “cuando se destape” la realidad en torno a esta investigación se sabrá que no todo lo dicho por el Gobierno fue verdadero.

Y es precisamente el riesgo que corre el Ministerio de Gobierno, el de perder credibilidad, pues encargó a estos hombres los casos más importantes en los que actuó o está actuando como querellante, el más sonado el del caso Rozsa.

Jorge Quiroz, abogado del caso Caranavi, recordó que fue precisamente Fernando Rivera quien provocó que se retrase el proceso que se sigue por la muerte de dos jóvenes durante el operativo policial realizado en julio de 2011, además señaló como otro responsable al entonces fiscal de materia, Isabelino Gómez.

El caso Ostreicher

Pero en qué momento ingresa Fernando Rivera a la historia del caso Ostreicher, no se sabe con exactitud, Ostreicher habla del abogado como el verdadero culpable de que siga en la cárcel, pues lo acusa de haber presionado al juez Zenón Rodríguez para que cambie su decisión de revocar sus medidas sustitutivas a la detención.

Fernando Rivera firmó los memoriales en los que se solicitó que Ostreicher no reciba a medios de comunicación, esto tras la entrevista que concedió a un medio norteamericano (ABC), e incluso fue denunciado por la esposa de Jacob de haber estado de su detención en Palmasola cuando ella le llevaba comida.

Fue también el abogado Rivera quien tramitó el traslado de Claudia Liliana Rodríguez de Santa Cruz a La Paz, en junio de 2001, y a inicios de noviembre de este año, de la ciudad sede de Gobierno a Sucre. El representante legal de la ciudadana colombiana, Favio Jofré, aseguró que el ex funcionario pidió 30 mil dólares para impedir el traslado.

Su verdad

Dos días después de ser detenido Rivera dijo su verdad a los medios de comunicación, aseguró ser inocente y pidió que sea una comisión interinstitucional la que haga una auditoría a todo su trabajo al interior del Ministerio de Gobierno.

“Quiero pedirle con muchísimo respeto al señor Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia que por intermedio de su investidura se convoque a la comisión de justicia plural (de la ALP), además al Procurador General del Estado, a la Ministra de Justicia (Cecilia Ayllón), Ministra de Transparencia (Nardi Suxo) para que hagan una evaluación procesal de todos y cada uno de los procesos en lo que ha sido parte el Ministerio de Gobierno por intermedio de nuestras personas”, dijo el imputado.

Rivera dijo que siempre respetó la independencia de poderes y que nunca violó sus obligaciones como abogado, negó que alguna vez haya extorsionado a alguien.

“Con absoluta seguridad, solvencia y con la frente en alta, con la conciencia limpia le digo a toda la opinión pública, mi persona es absolutamente inocente, lo único que he hecho es trabajar, trabajar, trabajar”.

El abogado aseguró el lunes ya sabía que tenía un mandamiento de aprehensión en su contra y que “tenía suficiente tiempo para huir”, pero que no lo hizo porque es inocente y lo comprobará durante el proceso que se inició.

Será finalmente la justicia quien determine si Fernando Ribera es o no culpable, sin embargo algo ha quedado claro de inicio: el control de las actividades de los funcionarios al interior de los Ministerios no es tan efectivo, tanto así que pueden pasar muchos años para que recién se perciban las graves irregularidades que existen al interior de muchas estructuras gubernamentales.



Los Protagonistas del caso Ostreicher (Cap. I) “La Colombiana”

Noticia publicada el 30 de Noviembre en el sitio de Fides

Mientras más se indaga en torno al caso de Jacob Ostreicher, más se parece esto al relato de una novela negra, lo que en 2008 se inició como un próspero negocio agrícola, que contaba con una millonaria inversión extranjera, en unos pocos años se convirtió en una historia con personajes dedicados al narcotráfico, la estafa, la extorsión, el tráfico de influencias e incluso de amenazas de asesinato.

Uno de los personajes de esta historia es Claudia Liliana Rodríguez, que fue administradora del negocio agrícola de Jacob Ostreicher en Bolivia desde 2008 hasta inicios de 2011, cuando fue acusada de haber estafado dos millones de dólares al empresario norteamericano y poco después arrestada por su relación con el narco brasileño, Maximiliano Dorado.

Una prometedora estudiante

Según señala el informe que el agente del FBI, Stepher Moore, hizo sobre el caso Ostreicher, Claudia Liliana Rodríguez Espitia , de nacionalidad colombiana, fue una estudiante de derecho en Suiza, que aseguraba tener buena posición económica y ser hija de una reconocida juez en su país, el documento investigativo asegura y cuando vivía en Ginebra ella llegaba todos los días a la Universidad en un vehículo con chófer.

Rodríguez terminó trabajando con André Zolty, abogado suizo que terminó contactando a Jacob Ostreicher para que juntos realizaran una millonaria inversión en Bolivia, que consistía en el cultivo de arroz en el departamento de Santa Cruz y la cría de ganado de alta pureza y mejorado genéticamente.

La llegada a Bolivia y el negocio del arroz

Según el agente Moore “no está claro si la idea para el cultivo de arroz en Bolivia se originó con Zolty o Rodríguez, pero en última instancia, Zolty reunió a un grupo de inversionistas y contrató a Rodríguez para ir a Bolivia y gestionar el esfuerzo debido a su competencia general, su familiaridad con la cultura y la capacidad de hablar el idioma”.

Entonces Rodríguez llegó a Bolivia con el poder necesario para comprar tierras, la maquinaria necesaria y contratar trabajadores, convirtiéndose en la administradora del negocio en el que se invertirían 27 millones de dólares.

Todos los dineros enviados a Rodríguez estaban conectados a través del Banco UBS de Suiza y se procesaron a través del Banco Central de Bolivia a fin de que el dinero, la documentación y los procedimientos sean legítimos y estén fuera de toda sospecha.

La defensa legal de Jacob Ostreicher ha insistido que existen archivos en el propio BCB que apoyan la legitimidad de estas transferencias. Aproximadamente $ 20 millones de dólares se adelantaron a Rodríguez en los años iniciales de la empresa.

Claudia Rodríguez compró los terrenos en la zona de Guarayos, contrató 500 trabajadores y logró conformar dos empresas: Lagro y Agrocol, además convenció a los inversores que todo esté a su nombre para acelerar los trámites en el país, ella se había comprometido a que todos los activos que funcionaran en el negocio pertenecerían a Ostreicher y Zolty.

La estafa

Todo parecía marchar bien, hasta que Ostreicher empezó a sospechar: “después de un año y medio yo empecé a darme cuenta de que Liliana Rodríguez nos estaba robando dinero”, dijo el ciudadano norteamericano desde su cama de Hospital en entrevista con el diario El Deber.

Según la investigación del agente del FBI, Ostreicher se percató que Rodríguez ni siquiera había pagado la totalidad de la maquinaria que trabajaba en la región, al igual que los trabajadores que estaban impagos, la gran mayoría del dinero había desaparecido y si bien había producción de arroz, era en menor cantidad al planeado por los inversores.

En este momento de la historia ingresa otro personaje, que a la larga significaría el motivo por el cual inversionista y administradora terminaron tras las rejas: Maximiliano Dorado.

Rodríguez había comprado los terrenos a lado de una pequeña propiedad que pertenecía a Maximiliano Dorado Muñoz Filho, sobre quien pesaban en el Brasil sentencias de entre 7 y 15 años de cárcel por el asesinato de dos policías federales, formación de cuadrillas del narcotráfico y lavado de dinero.

Antes de que Ostreicher se percate de las irregularidades, fue convencido por Rodríguez para comprar el terreno vecino de Dorado, había asegurado que se podía adquirir por un buen precio, lo que no sabía el inversor es que esos terrenos ya eran investigados por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen por presunto lavado de dinero.

A las puertas del infierno

Cuando Ostreicher descubre que le estaban robando el dinero decide disolver las empresas creadas por Rodríguez y conforma COLIAGRO, entonces la denuncia por la estafa de dos millones de dólares y junto a André Zolty ofrece una recompensa de 25 mil dólares por su captura.

Se conoce en ese entonces que Rodríguez había estafado a varias empresas, incluso del Brasil, mediante el negocio del arroz y que era propietaria de un departamento en Argentina y dos vagonetas de lujo.

Con el propósito de recuperar su dinero y capturar a Rodríguez, Ostreicher empieza a colaborar con la justicia boliviana, se entera entonces, a través de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, que las tierras que compró pertenecían a un reconocido narcotraficante, y caen sobre él las sospechas sobre lavado de dinero.

Según presumen investigadores de la Fiscalía de Distrito de Santa Cruz es en este punto que los funcionarios del Ministerio de Gobierno le prestan atención al caso de Ostreicher y ven en él la posibilidad de lograr un buen “negocio”, incautar sus bienes, venderlos y repartirse el dinero.

A finales del año 2010 cae Maximiliado Dorado y poco después, gracias a la colaboración de Ostreicher, es arrestada también Claudia Liliana Rodríguez, a quien se vincula sentimentalmente con el narco. Los fiscales del caso agradecen al norteamericano su ayuda y le aseguran que podrá retomar sus negocios. Cuando pensó que todo terminaba, comenzó su infierno.

En junio de 2011, Jacob Ostreicher es detenido y acusado de haber participado junto a Dorado y Rodríguez de un millonario negocio de lavado de dinero ligado al narcotráfico, a pesar que cuenta su versión de los hechos y reitera que el siempre colaboró por la Policía es enviado a la cárcel de Palmasola. Otros delincuentes, esta vez extorsionadores y corruptos, entran en escena.

Las tres cárceles

Claudia Liliana Rodríguez fue trasladada de la cárcel de Santa Cruz a La Paz en junio de 2011, según su abogado Flavio Jofré la quisieron extorsionar pidiéndole 30 mil dólares para que se quede en la capital cruceña.

El 16 de noviembre de este año, y a pesar de su estado delicado de salud, sufre de una aguda depresión y desnutrición, Rodríguez fue trasladada de La Paz al penal de San Roque en Sucre, donde hoy espera juicio y exige libertad.

Rodríguez insiste en su inocencia, asegura que nunca estafó a nadie y negó cualquier vínculo con Dorado o el narcotráfico. Además de ser acusada por lavado de dinero, pesa en su contra la denuncia por estafa que le entablaron Ostreicher y Zolty.

La conclusión del investigador

“En la opinión de este investigador, el comportamiento y las acciones de Rodríguez tienen consonancia con el modus operandi de un autor experimentado de fraude. En grandes esquemas fraudulentos, una parte del dinero recibido se utiliza para llevar a cabo el negocio como prometido con el fin de reducir las sospechas y garantizar que los fondos adicionales se reciben de los inversores. Mientras tanto, la gran mayoría del dinero es tomado por el individuo (s) perpetrar el fraude. Hay indicios de que (André) Zolty no llevó a cabo una investigación completa sobre los antecedentes de Rodríguez antes de confiarle sucon el proyecto”. (Stephen Moore, agente especial del FBI).

Cinco fiscales antidroga y un juez, nuevos implicados



Guider Arancibia Guillén

Ocho personas, entre ellos cinco fiscales y un juez, fueron incluidas como denunciadas la tarde de ayer en las investigaciones del caso Ostreicher. Se trata del exfiscal de Distrito Isabelino Gómez, de los fiscales Roberto Achá Arandia, Janeth Velarde Luna, Álvaro La Torre, Javier Cordero, además de Lumia Acho Pinto, Angelo Céspedes y el juez Wilson Arévalo.

La investigación fue ampliada para todas las personas nombradas en calidad de denunciadas por delitos de enriquecimiento ilícito con afectación al Estado, peculado, uso indebido de influencias y otros.

La decisión surgió después de la información reveladora en una declaración ampliatoria del imputado, exasistente fiscal y que se hacía pasar por funcionario del Ministerio de Gobierno, Gustavo Dagner Céspedes, que involucra a jueces y vocales de actuar hasta por llamados telefónicos y presiones de parte de los responsables de la Unidad Jurídica del Ministerio de Gobierno.

Céspedes dijo que en septiembre del pasado año, cuando Zenón Rodríguez era juez, le comentó que a él lo habían denunciado la fiscal Janeth Velarde y el fiscal Roberto Achá, asignados al caso de Jacob Ostreicher. Señaló que el juez le dijo que la amenaza consistía en hacerlo detener utilizando la influencia del fiscal de Distrito Isabelino Gómez al advertirle: “Zenón cómo le vas a desvirtuar el numeral 1 del artículo 233 (al darle medidas sustitutivas al estadounidense) porque quién se va a ser cargo de la devolución de más de $us 27 millones que tenía Jacob Ostreicher en bienes”. Según le había confirmado Rodríguez, Velarde cumplió con la amenaza y lo denunció después de haberle otorgado medidas sustitutivas a Ostreicher. Después el juez Rodríguez revocó el fallo contra el estadounidense por orden del fiscal Isabelino Gómez.

Céspedes asegura que Rodríguez le dijo que los fiscales Achá, Javier Cordero y Velarde gozaban de la confianza de Isabelino Gómez. Asimismo, que el asesor legal del Ministerio de Gobierno Fernando Rivera ordenó a Zenón Rodríguez para que revoque el fallo. “Gustavo, tuve que revocarlo nomás con mucho miedo”, le expresó a Céspedes.

Después, Céspedes confiesa que en otra conversación Rodríguez le dijo que Fernando Rivera vino a Santa Cruz y mediante llamada telefónica a Isabelino Gómez le ordenó que rechace la denuncia que se había formulado en su contra por haber revocado el fallo. Fue así que el fiscal Javier Cordero emitió una resolución a favor de Rodríguez.

También menciona a los jueces Fernando Orellana y Wilson Arévalo de obedecer las instructivas del asesor Fernando Rivera, incluso vía teléfono, para que emitan fallos de acuerdo a su conveniencia.

El exasistente Céspedes señala a Fernando Rivera de haberle dejado la realización de trámites como, por ejemplo, en el caso de Ostreicher, de Navía y del ciudadano alemán Dirck Schmidt, que permanece detenido durante más de casi dos años. “Quiero aclarar que el exfiscal de Distrito Isabelino Gómez tenía una afinidad estrecha con los asesores del Ministerio de Gobienro Fernando Rivera y Denis Rodas Limachi. El exfiscal Gómez hacía todo lo que le pedían, inclusive se reunían en su despacho y eso a mí me consta porque yo los traía en mi vehículo e ingresábamos al parqueo de la Fiscalía de Distrito y me subía y me quedaba en la antesala del despacho de Isabelino. Ellos, Isabelino Gomez y Fernando Rivera, se quedaban en su despacho hablando. Me acuerdo que Fernando Rivera me decía que tenía mucha influencia en el Gobierno porque él estaba en el poder y prueba de ello es que en una de las audiencias de solicitudes de cesación a la detención en el caso Navía me enteré de que el fiscal José Parra había sido cambiado de unidad”.

Céspedes también reveló que José Parra se le humilló a Isabelino Gómez frente a Fernando Rivera y le pidió que no lo cambie. Entonces Rivera le pidió a Gómez que no lo cambie y este dijo que llamaría a la ministra Nardy Suxo para que deje sin efecto el memorándum de cambio.

En su declaración el asistente Céspedes también dijo que Fernando Rivera y Denis Rodas Limachi tenían poder para acudir a todos los juzgados y presionar. Confesó que escuchó decir a Dennis Rodas que alguien le ofreció $us 100.000 por acelerar la libertad de Jacob Ostreicher.

La Fiscalía citó para las 18:00 de hoy a Isabelino Gómez y al exdirector de Bienes Incautados Moisés Aguilera para que declaren, pero en calidad de denunciados por varios delitos y no de testigo, como en un inicio. Gómez se negó ayer a firmar la citación, cuando se presentó en la Fiscalía de Distrito.


Dos fueron enviados a la cárcel

Después de una maratónica audiencia de casi 15 horas el juez José Subieta ordenó la detención preventiva en la cárcel de Palmasola de dos involucrados en la red de corrupción que operaba desde el Ministerio de Gobierno. Se trata del exdirector general de Gestión Pública del Ministerio de la Presidencia José Manuel Antezana Pinaya y del asistente fiscal Gustavo Céspedes Rosales. Los exfuncionarios de la Dirección de Bienes Incautados (Dircabi) Erland Bellido y Franklin Pedraza fueron favorecidos con medidas sustitutivas

La audiencia se instaló a las 10:00 en medio de protestas y agresiones de familiares de las víctimas de los exasesores legales del Ministerio de Gobierno, Dennis Rodas Limachi y Fernando Rivera. Los detenidos fueron imputados por delitos de organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento ilícito y uso indebido de influencias. Seis fiscales acudieron a la audiencia y junto a los abogados de Ostreicher fundamentaron que la red dispuso de los bienes y cambiaba fallos bajo amenaza. Los imputados negaron este hecho.

Audiencia de hoy

Asesores. En horas de la mañana de hoy se instalará la audiencia cautelar contra los exhombres fuertes del Ministerio de Gobierno Fernando Rivera y Denis Rodas Limachi, además del exfuncionario de Bienes Incautados Ramiro Ordóñez López. Estos dos pidieron garantías y denunciaron que durante 36 horas se los mantuvo incomunicados sin acceso a sus familiares ni abogados.

Delitos. La Fiscalía incluyó en la investigación a todos los involucrados como denunciados por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, organización criminal, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, enriquecimiento ilícito con afectación al Estado y otros. Una comisión de seis fiscales encabezada por el fiscal de Distrito, Henry Herrera, lleva adelante la investigación.

Otros tres exfuncionarios públicos ‘dan la cara’ por extorsión a Ostreicher



Para los tres funcionarios públicos se les pospuso la audiencia cautelar de ayer para hoy, pues alegaron no tener abogados y haber estado incomunicados por más de 36 horas. En esa línea, el juez José Subieta fijó la cita con la justicia para hoy a las 10:00.

Luego de tres horas y media de iniciada la audiencia, hubo un cuarto intermedio y se reinstaló a las 14:15. Los dos ex hombres fuertes del Ministerio de Gobierno, Rivera y Rodas, además del exfuncionario de Dircabi, Ramiro Ordoñez, son acusados de legitimación de ganancias ilícitas, organización criminal, incumplimiento de deberes, enriquecimiento ilícito con afectación al Estado y otros.

En las próximas horas se definirá la situación jurídica de los imputados. Cabe recordar que ayer fueron enviados a Palmasola, con detención preventiva, el exdirector general de Gestión Pública del Ministerio de la Presidencia José Manuel Antezana Pinaya y el exasistente de fiscal Gustavo Céspedes Rosales.

Para las 18:00 de hoy, la Fiscalía ha citado al exfiscal del Distrito Isabelino Gómez y al exdirector de Bienes Incautados de Santa Cruz, Moisés Aguilera. Ambos fueron involucrados en la investigación por la extorsión a Ostreicher.

El estadounidense Jacob Ostreicher llegó a Bolivia en 2008 para invertir $us 27 millones en agropecuaria, pero fue extorsionado por una red de funcionarios públicos que lo acusaron de legitimación de ganancias ilícitas para despojarlo de sus bienes. Hace 18 meses vive un calvario en su calidad de privado de libertad en la cárcel de Palmasola, ahora se encuentra internado en la clínica Incor por su deteriorado estado de salud.

Venezuela fue clave para descubrir la corrupción

El Gobierno de Venezuela fue determinante para que el presidente Evo Morales y sus ministros desbarataran la red de corrupción que se había montado para extorsionar al ciudadano estadounidense Jacob Ostreicher, confirmaron a EL DEBER fuentes gubernamentales y diplomáticas.

El actor Sean Penn, en primera instancia, recurrió a su amigo, el presidente venezolano Hugo Chávez, cuyo Gobierno gestionó ante Evo Morales la visita de Penn a La Paz, pero también a Palmasola, donde estaba detenido su otro amigo, Jacob Ostreicher, acusado de narcotráfico y legitimación de ganancias ilícitas.

De hecho, el actor estuvo acompañado durante ese periplo por funcionarios de la embajada de Venezuela en La Paz. El miércoles, el presidente Evo Morales en entrevista con este medio dijo que una embajada le envió el mensaje de que había irregularidades en el caso y por eso ordenó la investigación, los operativos y las detenciones. No precisó de qué embajada llegaron los mensajes, pero ayer fuentes del Poder Ejecutivo confirmaron que fue la de Venezuela.

Por otro lado, ayer surgieron cuestionamientos sobre por qué el Poder Ejecutivo no detectó y desbarató mucho antes la red encabezada por abogados que trabajaban desde hace cinco años en el Ministerio de Gobierno. La bancada opositora de Convergencia recordó ayer que el senador Róger Pinto presentó el 15 de abril de 2011 un audio en el que se escuchaban las voces del abogado Dennis Rodas y “posiblemente”, de Fernando Rivera, en las que junto a un fiscal y una abogada que posteriormente le iniciaron procesos penales “tramaban de manera descarada la conducción judicial de los casos terrorismo y Porvenir, así como la forma de controlar la Corte Suprema de Justicia”, se lee en un comunicado.

El diputado del MAS, Héctor Arce, argumentó en defensa del Gobierno que “estas organizaciones criminales se forman con extremado sigilo y reserva, es difícil detectarlas”.

El diputado oficialista Edwin Tupa reconoció que el sistema de control “no ha funcionado” en los ministerios de Gobierno y de la Presidencia. Hay que apretar clavijas”. La oposición cuestionó que la ministra Nardi Suxo no haya informado de la red. Esta última salió al frente y defendió su gestión.

Fernando Rivera



Sigiloso, no se hacía sentir en el ministerio, pero era ostentoso cuando salía a la calle, y solamente aparecía cuando necesitaba algo. Fueron los tres conceptos que se recogió en la oficina en la que se desempeñó durante cuatro gestiones ministeriales.

Ingresó a trabajar en esa repartición de Estado el 20 de julio de 2007. Previamente, había pasado por la Contraloría y por la Caja Nacional de Salud, de donde no habría salido muy bien parado, porque se vio implicado en un caso de presunta corrupción que quedó archivado.

En poco más de dos meses pasó de abogado de la Dirección de Asuntos Jurídicos a director de Análisis Jurídico de esa oficina. Sorpresivamente, el 2009 fue derivado a la Dirección de Migración, como director de Extranjería.

El 2010, el ministro Sacha Llorenti lo nombró director de Asuntos Jurídicos, pero apenas días después fue nombrado asesor legal, cargo en el que se mantuvo desde entonces, pasando por las gestiones de Wilfredo Chávez y Carlos Romero, hasta que fue detenido el lunes en Tarija. Antes de ello había obtenido un poder que no le ponía freno alguno y, a criterio de personas consultadas en el mismo Gobierno, le otorgó una especie de “licencia para matar”.

Su declaración jurada de bienes, presentada el 29 de junio de 2012, reportó cero (0) en Bienes, Deudas y Patrimonio Neto; mientras que sus rentas alcanzaron a 156 mil bolivianos, lo que significa que tenía un ingreso mensual de 12 mil bolivianos.

También tenía afinidad con el fiscal Isabelino Gómez.



Más víctimas denuncian extorsión

La colombiana Claudia Rodríguez, socia del estadounidense Jacob Ostreicher, también fue víctima de esta red de extorsionadores. Le pidieron $us 30.000 para que no sea trasladada del penal de Palmasola al Centro de Orientación Femenina de Miraflores, denunció su abogado defensor, Fabio Jofre.

“Mi clienta también ha sido extorsionada en su momento para no ser trasladada de Santa Cruz a La Paz. Si ella hubiese pagado, se habría quedado en Palmasola tranquilita, el hecho de no acceder a esas pretensiones ilícitas hizo que la trajeran a La Paz”, afirmó a la red Erbol.

María Esther Gorena, esposa del excoronel René Navía, tambén dijo que vivió en carne propia la extorsión de esta red, porque tiene fotografías de que hasta uno de sus vehículos que le fue incautado era usado por Fernando Rivera y sus aliados.

Por su lado, Karina Flores, esposa del alemán Dirk Schmidt, acusado de alzamiento armado y sedición, dijo que en el caso de su marido ha habido manipulación política y jurídica por parte de los ahora implicados.

Romero y Pérez temieron que la red de extorsión los inculpara



Tres días después de haber desarticulado la red que se incrustó en los dos ministerios, el titular de Gobierno, Carlos Romero, reveló en la ciudad de Santa Cruz algunos detalles de la investigación que llevó para descubrir a la organización delictiva, después de más de medio año de trabajo.

Una de las revelaciones, por ejemplo, tiene que ver con la posición que asumió el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, quien estaba a un paso de alejarse del cargo por la peligrosidad que representaba la organización investigada que contaba con una estructura consolidada. Incluso dijo que había, de por medio, seguimiento a familiares y un rumor de vínculo con el narcotráfico en contra del viceministro.

“La verdad, se trataba de una banda muy peligrosa, incluso el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, quería renunciar al cargo por temor a que esta gente era peligrosa y que en cualquier momento podía armar evidencias en su contra y la mía, para involucrarnos en otros hechos y hacernos parecer como culpables”, declaró la autoridad de Estado.

Grupo. Entre el lunes y el miércoles, seis personas fueron detenidas por ser parte de la red de extorsión y corrupción en el caso Jacob Ostreicher, un estadounidense acusado de legitimación de ganancias ilícitas que está detenido desde hace más de 16 meses. Entre los aprehendidos están José Antezana Pinaya, exfuncionario del Ministerio de la Presidencia, y Fernando Rivera Tardío y Dennis Rodas, exempleados jurídicos de la cartera de Gobierno.

La red de corrupción, según la denuncia, habría vendido irregularmente el arroz que le confiscaron a Ostreicher. El afectado dijo que le decomisaron 20 toneladas del producto, además de maquinaria y ganado. La extorsión la habría ejercido ante el estadounidense para exigirle $us 50 mil a cambio de su libertad condicional.

El martes, Romero oficializó la desarticulación de esta red. La punta de lanza para la desarticulación de la banda fue la denuncia interpuesta por los abogados de Ostreicher, sobre venta irregular de arroz incautado.

El Ministro de Gobierno manifestó que no fue nada sencillo desbaratar a este grupo. “Cada vez que se intentaba dar el golpe, la investigación se caía porque la información había sido filtrada”. Hizo referencia a que, en al menos dos oportunidades, quedaron sin efecto los operativos preparados para desbaratar la banda de extorsionadores.

Investigación. Romero no dio detalles de la investigación, pero dejó abierta la posibilidad de que haya mayores resultados de su trabajo para este fin de semana. “Es importante este caso, creo que tiene una historia muy larga hacia adelante, espero que toda la red caiga y el día que eso suceda nos sentiremos orgullosos”, acotó. La autoridad no descartó la posibilidad de que exfuncionarios de la Dirección de Bienes Incautados (Dircabi) estén implicados en esta acción ilegal.

En La Paz, Fabio Jofre, abogado de Claudia Liliana Rodríguez Espitia, coimputada en el caso Ostreicher, denunció que la red de corrupción habría tratado de extorsionar a su clienta, tratando de cobrarle $us 30 mil dólares para que no sea trasladada de la cárcel de Palmasola a la ciudad de La Paz y al no haberse concretado este pago, se la derivó al centro penitenciario de Miraflores en la sede de gobierno, reportó ANF.

La misma agencia informó que el exviceministro de Régimen Interior, Gustavo Torrico, pidió que se incluya en las investigaciones de esta red de extorsión al exdirector de Régimen Interior del Ministerio de Gobierno Boris Villegas. Ante el destape de este caso, el ministro de Educación, Roberto Aguilar, planteó la necesidad de mejorar los niveles de control de funcionarios públicos, con el objetivo de evitar actos irregulares que se puedan dar en el interior del aparato estatal.

Golpiza a Fernando Rivera

Cuando el exasesor jurídico del Ministerio de Gobierno Fernando Rivera asistió a los juzgados para su audiencia cautelar, familiares de Dirk Smith y de otros afectados en otros casos agredieron físicamente al acusado de ser parte de la red de extorsión y corrupción que fue desarticulada el martes.

Dos de cuatro detenidos van a la cárcel

En una maratónica audiencia de medidas cautelares en contra de cuatro de los seis detenidos en el caso de la red de extorsión, el juez 7° de Instrucción en lo Penal, Juan José Zubieta, ordenó la detención preventiva en el penal de Palmasola para dos acusados y medidas sustitutivas para otros dos.

El Ministerio Público presentó la imputación por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, favorecimiento al enriquecimiento ilícito, beneficio en razón de cargo y uso de influencias, en la audiencia que empezó a las 10.30 y terminó cerca de las 23.45.

Zubieta determinó dictar la privación de libertad para José Manuel Antezana Pinaya, exdirector general de Gestión Pública del Ministerio de la Presidencia y Gustavo Dagner Céspedes Rosales, hombre de confianza del exasesor jurídico del Ministerio de Gobierno, Fernando Rivera.

El juez también determinó otorgar medidas sustitutivas para Hugo Franklin Pedraza Suárez, exinspector de Dircabi; y Edward Stefane Bellido, exinspector de Dircabi Santa Cruz. Para cada uno de ellos fijó una fianza de Bs 30 mil, arraigo y la presentación periódica ante la Fiscalía. Esta madrugada se informó que la audiencia de medidas cautelares para los aprehendidos Fernando Rivera Tardío y Dennis Efraín Rodas Limachi, exabogado apoderado del Ministerio de Gobierno, fue suspendida para hoy, a partir de las 08.30.

Durante la mañana, Rivera y Rodas fueron retirados bajo estrictas medidas de seguridad de las oficinas de la Corte Superior de Distrito de Santa Cruz, ante la amenaza de agresión por parte de los familiares del alemán Dirk Schmidt y de Julio y René Navía, encarcelados preventivamente.

Acusado dice ser inocente y rechaza los cargos

El exasesor legal del Ministerio de Gobierno Fernando Rivera Tardío pidió al presidente Evo Morales realizar una evaluación procesal de cada uno de los procesos en los que participó en representación del Estado, para determinar si actuó mal. Rivera indicó que para esa evaluación puede convocar a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, al Procurador General del Estado y a las ministras de Justicia y de Transparencia.

“La finalidad es que vean que todas las actuaciones procesales son netamente jurisdiccionales, en el marco de las autoridades judiciales, hay actos que son de fiscales y actos de apoderados”, explicó. El exasesor fue detenido el martes, acusado de ser parte de una red de extorsión a litigantes en diferentes casos judiciales.

“Ahora resulta que todos los procesos son de extorsión, somos inocentes (con los otros cuatro detenidos). Con absoluta seguridad, solvencia y con la frente en alta le digo al pueblo que mi persona es inocente de todos los cargos que se le imputa, lo único que he hecho es trabajar y responder a los intereses del Ministerio de Gobierno como apoderados”, afirmó. Aseguró que nunca ejerció presión a nadie. “Todas las autoridades jurisdiccionales tienen una independencia”, acotó.

Rivera trabajó en la CNS, donde tuvo un proceso



El Ministerio de Gobierno reveló que Rivera trabajó como abogado de la Dirección General de Asuntos Jurídicos desde el 20 de julio de 2007. En agosto de 2010 Sacha Llorenti lo hizo director jurídico y luego asesor legal, cargo que ocupó hasta el lunes.

Farfán fungió como viceministro de Régimen Interior en dos ocasiones, antes y después de Gustavo Torrico. Cuando se fue por primera vez de esa cartera de Estado, en enero de 2010, ya estaba ahí Rivera. Al retornar, en julio del mismo año, se reencontraron.

En la Caja Rivero se habría visto implicado en una compra fraudulenta de equipos que, tras ventilarse en estrados judiciales, quedó en el olvido. En la Contraloría fue conocido como Chiru-Chiru.

Este medio buscó a Farfán para conocer su versión respecto a esos supuestos antecedentes, pero no fue posible contactarlo. En cambio sí contestó Gustavo Torrico, quien aseveró que la red de extorsionadores empezó a operar desde 2009, tras conocerse el caso Terrorismo o Rózsa.

“Terrorismo fue el primer caso. El primer extorsionado en ese tema, para quedar fuera del mismo, fue Juan Carlos Guillén”, señaló Torrico. La persona citada fue quien pagó los hoteles para el grupo de Eduardo Rózsa y habría prestado un vehículo para el atentado a la casa del cardenal Julio Terrazas, en abril de 2009.

El Ministerio de Gobierno en su acusación particular, “habiendo indicios”, no incluyó a Guillén. “Ellos (los abogados) lo que hicieron fue aprovechar el caso Rózsa y extorsionar a muchos de los implicados”, dijo Torrico. Así, habrían facilitado la huida de varios. Aseguró, además, que armaron el caso contra Dirk Smith (Menonitas), operativos contra bingos en Santa Cruz e incluso influido en casos de particulares.



Viceministro Pérez: Boris Villegas formaría parte del grupo de extorsionadores

"De acuerdo a la información que se tiene estaba articulada y aparentemente de acuerdo a la información que ha proporcionado inteligencia formaría parte de esto el señor Boris Villegas, (…) tengo entendido que hay toda una estrategia y dentro de esta estrategia esta convocar al señor Boris Villegas, el cual formaría parte directa y activa junto con el señor Fernando Rivera y el señor Denise Rodas, de todas maneras esa situación tiene que desarrollarla el Ministerio Público", manifestó Pérez a la Red Uno.

El viceministro reveló que esta red encabezado por Fernando Rivera, "era un grupo cerrado, casi intocable" en el Ministerio de Gobierno, que incluso investigó a la familia de esta autoridad y el pasado de Jorge Pérez, cuando este ingreso al cargo y en una ocasión solicitó información de un caso que era manejado por este equipo jurídico recibió como respuesta represalias.

"Mi persona cuando recién asume el viceministerio de Gobierno, me encuentro con que había existido un grupo de abogados que se encargaban de gestión jurídica cerrada, cuando intento pedir alguna información inicialmente ellos empiezan a iniciar una campaña en mi contra, ellos inmediatamente se trasladan a Santa Cruz y empiezan a revisar todos los procesos en los que yo había gestionado como abogado en el ejercicio libre", señaló.

Agregó que este grupo al verse presionado por el Ministro de Gobierno y el viceministro, decide salir del viceministerio de Régimen Interior y trasladar sus oficinas a otros ambientes.

De acuerdo con la denuncia interpuesta por el Movimiento Sin Miedo (MSM) a la Fiscalía hace un mes, Boris Villegas habría responsabilizado al ex ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, de ser responsable en la violenta intervención policial en Chaparina, Yucumo, a la octava marcha de indígenas del TIPNIS.

Jefe de la red contactó a presunta narco para implicar a Ostreicher

El ex abogado del Ministerio de Gobierno Fernando Rivera Tardío, identificado como el cabecilla de una red de extorsión, propició que la colombiana Claudia Rodríguez, aprehendida por narcotráfico, se acerque al empresario Jacob Ostreicher para que éste compre propiedades del traficante brasileño Maximiliano Dorado y así implicarlo en tráfico de drogas.

Fuentes del Ministerio Público, que llevan adelante parte de la investigación de la red de extorsión que involucra a funcionarios de dos ministerios y de la Dirección de Bienes Incautados, informaron a Página Siete que Rivera conocía a Rodríguez, aunque no se determina aún en qué circunstancias y que él planeó que la mujer ofreciera terrenos a Ostreicher para que pudiera instalar su empresa arrocera.

“Lo que no sabía el estadounidense es que estas propiedades eran de Maximiliano Dorado (preso en Brasil). Ahí había la intención de Rivera y de toda esa red de vincularlo con narcotráfico para así quitarle sus bienes y dinero. A eso apunta la pesquisa”, manifestó el entrevistado que prefirió no dar su nombre por seguridad.

Ostreicher llegó a Bolivia el 2008 con al menos 25 millones de dólares para invertir en un proyecto de ingenios de arroz. En junio del 2011 fue denunciado por narcotráfico y enriquecimiento ilícito, y fue detenido en el penal de Palmasola, en Santa Cruz.

Antes de su llegada se contactó con la colombiana. En una entrevista a un medio local, el empresario estadounidense contó que Claudia Rodríguez era estudiante de Derecho y cuando estuvo en Ginebra (Suiza) fue a trabajar a la oficina de Andrés Solty, socio de Ostreicher e inversor del proyecto del arroz.

Ella habría comentado con Solty que comprar tierras a buen precio en Bolivia era una buena oportunidad para ingresar al negocio de la agricultura y poder emplear a cientos de personas, dijo Ostreicher, quien hace unas semanas fue internado en la clínica Incor de Santa Cruz debido a su estado de salud.

De esa manera, según las fuentes consultadas de la Fiscalía, la ciudadana colombiana se convierte en la intermediaria entre Ostreicher y el dueño de las propiedades (Dorado). “Vino a Bolivia y compró el terreno y algunas maquinarias más. Ella organizó todo”, contó el entrevistado.

Una vez que las transacciones estaban listas es que los funcionarios del Ministerio de Gobierno, Fernando Rivera y Denis Rodas, lo involucraron con lavado de dinero producto del narcotráfico. “Le acusaron de tener nexos con Maximiliano Dorado y es a partir de esto que le siguen un proceso hasta que se lo detiene y va a la cárcel”, explicó la fuente del Ministerio Público.

El entrevistado señaló que tampoco se puede aseverar que el estadounidense haya traído al país dinero “limpio”, aunque él lo asevere. “Esto también debe ser indagado. Se duda siempre de su culpabilidad hasta que se demuestre lo contrario”, aseveró.

En meses pasados, la defensa de Ostreicher presentó a la opinión pública un certificado desde Suiza, donde trabajaba su socio, en el que se afirmaba que el estadounidense no tenía ningún antecedente penal.

Rivera dijo en esa oportunidad que el documento era falso y que Ostreicher estaba acostumbrado a falsificar certificados.

Dos operativos fracasados porque se filtró información

Un agente de la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI), estuvo detrás de la caída de la banda de extorsionadores que se descubrió esta semana por diferentes acciones contra el ciudadano estadounidense Jacob Ostreicher, revelaron este jueves altas fuentes diplomáticas. Sin embargo, el Ministro de Gobierno, Carlos Romero, negó que se haya dado esa participación en las pesquisas.

"Un agente de la FBI vino a Bolivia e investigó los nexos de los abogados -que ahora están detenidos- y recogió toda la información sobre la situación jurídica de Jacob Ostreicher", señaló un periodista de la cadena ABC News que también llegó al país, para hacer seguimiento del caso.

El agente fue identificado como Steve Moore, y toda la información recabada por él apuntaba a la existencia de una banda de extorsionadores que tenía muchas conexiones.

GESTIONES Estados Unidos inicialmente realizó gestiones diplomáticas y protocolares con la llegada del congresista republicano Christopher Smith que abogó por un trato humanitario a Ostreicher.

El 31 de octubre pasado, también el actor Sean Penn, llegó hasta el penal de Palmasola y se reunió con su compatriota. Además logró que Ostreicher sea sometido a una revisión médica y que después sea traslado a una clínica de Santa cruz, para su recuperación.

También el actual encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Paz, Larry Memmot, siguió el caso de su compatriota y asistió a una audiencia judicial el pasado viernes en Santa Cruz donde el abogado del Ministerio de Gobierno, Fernando Rivera, tuvo un trato prepotente, según la agencia ANF.

SMS AL PRESIDENTE "La única vía de llegar al presidente Morales era enviar mensajes SMS a su celular y darle información de la presencia de una red que obstruía la aplicación de justicia", según la fuente diplomática.

El presidente Morales admitió haber recibido mensajes escritos en su celular. "De alguna embajada me hicieron llegar este mensajito, que estaban preocupados porque un norteamericano estaba detenido", dijo al diario El Deber.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, en conferencia de prensa este jueves en Santa Cruz, admitió que estaba preocupado porque en dos ocasiones fracasaron operativos para dar con los miembros de la red de corrupción y extorsión.

"Se pinchaba y se pinchaba (los operativos), hasta preguntaba al viceministro (Jorge) Pérez si no había comentado a su esposa sobre este caso. Pero al final cayó mucha gente", destacó.

Romero dijo que en el proceso de la investigación, surgieron rumores y denuncias falsas de vínculos con el narcotráfico, para debilitar los avances.

Ostreicher, internado en la clínica Incor, de Santa Cruz, por enfermedad de Parkinson aguarda -según su abogado- recobrar su libertad, intento fallido en 27 audiencias judiciales en 18 meses de detención preventiva.

“Historia llena de complicaciones”

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, reveló el jueves en Santa Cruz que la investigación a la red de corrupción destapada el martes, que involucra a funcionarios y exfuncionarios públicos, se inició hace siete meses y que se actuó con mucho sigilo, porque se trata de un caso complejo y porque se filtraba información de las pesquisas.

“Esto es parte de una historia larga, llena de complicaciones. Ojalá toda la red de corrupción caiga", explicó a los periodistas. Romero precisó que la investigación tuvo muchos problemas porque "alguien pinchaba" la información y se cancelaron dos operaciones en los últimos seis meses. El Ministro confirmó que se reunió en diferentes oportunidades con altos representantes de Estados Unidos y con el actor Sean Penn para hablar del caso Ostreicher y que le expresaron preocupación por el estado se salud del estadounidense y de las irregularidades en el proceso judicial. Aseguró que el Gobierno realizó una investigación larga, para atar los cabos y poner al descubierto a los funcionarios implicados.



Aparecen más víctimas de extorsión

Fabio Jofre, abogado de Claudia Liliana Rodríguez Espitia, coimputada en el caso Ostreicher, denunció que la supuesta red de corrupción de ex asesores jurídicos de los ministerios de Gobierno y de la Presidencia, habrían tratado de extorsionar a su clienta, tratando de cobrarle $us 30 mil para que no sea trasladada de la cárcel de Palmasola a La Paz y al no haberse concretado este pago se la derivó al centro penitenciario de Miraflores en la sede de Gobierno.

Suspenden audiencia. A pesar de que la cautelar contra Fernando Rivera Tardío, Dennis Roda Limachi y Ramiro Ordoñez López debía realizarse en la jornada de ayer, la misma fue suspendida para hoy a las 10:00.

A la salida del Palacio de Justicia, el trío fue increpado entre gritos y empujones por Karina Flores, esposa del alemán Dirk Schmidt, y Esther Gorena, madre del subteniente Julio René Navia, ambos detenidos preventivamente y quienes habrían sido objeto de una supuesta presión y extorsión de parte de este consorcio de abogados que trabajaba para el Gobierno.

Otra suspensión. Por su parte, el ex fiscal de Distrito de Santa Cruz, Isabelino Gómez, se presentó ayer ante el Ministerio Público para prestar sus declaraciones por el mismo caso; sin embargo, deberá volver hoy. Gómez dijo que sus declaraciones se suspendieron para hoy y aclaró que él fue quien inició de oficio la investigación de este proceso; por tanto, aseguró su presencia ante la comisión de fiscales.

Por su parte, Jerjes Justiniano, abogado defensor de Ostreicher, indicó que Gómez presionó al juez Zenón Rodríguez para que revoque una orden de libertad en contra de su patrocinado.

Reconoce corrupción. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, reiteró que "una mafia penetró entre fiscales y jueces" y cuestionó la aplicación de medidas sustitutivas a exautoridades de Dircabi. Sostuvo que apenas se enteró de irregularidades en el caso Ostreicher ordenó una investigación.

Medios reflejan una mala imagen de Bolivia

La detención de altos funcionarios de los ministerios de la Presidencia y de Gobierno relacionados con el caso Ostreicher oscureció la imagen de Bolivia en los medios internacionales.

“Nigtline” de Terry Moran en la cadena ABC hizo un recuento del caso en un documental recogido en Santa Cruz y aseguró con imágenes sobre la “peor cárcel del mundo donde circulan libremente las drogas y la prostitución” y que es una prisión con escaso resguardo. Por su parte, la cadena CNN, en su noticiero nacional e internacional, informó que Ostreicher fue citado a 15 audiencias judiciales y solo tres se llevaron a la práctica sin ningún avance. "Cae una red de extorsión formada por altos cargos del Gobierno de Bolivia", titulaba ayer El País de España./Agencias

«Mi persona es inocente. Lo único que he hecho es trabajar, trabajar y trabajar»

Fernando Rivera
Abogado

Aumentan implicados y hay más casos de la red gubernamental corrupta

Tras desbaratarse la red gubernamental de extorsionadores, implicados en la desaparición de bienes del caso Jacob Ostreicher, desde sectores oficialistas y opositores exigen que se indague si actuaron en otros casos y si hay más implicados. La red de extorsionadores que presuntamente era liderada por Fernando Rivera Tardío (abogado del Ministerio de Gobierno) y José Manuel Antezana Pinaya (asesor del Ministerio de la Presidencia) actuó en los últimos cinco años y medio a la sombra de al menos siete gestiones en ambos ministerios, según investigación judicial conocida en La Paz y Santa Cruz de la Sierra.

El diputado opositor, Roy Moroni, dice que Denis Rodas y Rivera, ambos ya aprehendidos, usaron su poder para extorsionar jueces y fiscales para que el dirigente cívico tarijeño Felipe Moza no salga de la cárcel, a pesar de permanecer más de tres años con detención preventiva y luego de más de 50 recursos presentados ante la justicia.

Desde el oficialismo. “Tenemos denuncias de (que) las autoridades que están siendo investigadas han hecho tráfico de influencias en algunas alcaldías con serios casos de corrupción", dijo el diputado del MAS Edwin Tupa. Parlamentarios de Convergencia han pedido a Evo Morales que destituya a los ministros Juan Ramón Quintana y Carlos Romero, mientras que el Movimiento Sin Miedo (MSM) exige que se aclare hasta dónde se extendieron los “tentáculos” de la organización mafiosa

Llaman a Gómez. El exfiscal de Distrito de Santa Cruz, Isabelino Gómez, fue citado por sus excolegas. Versiones dan cuenta que Gómez habría presionado y realizado una supuesta amenaza al juez Zenón Rodríguez para que deje sin efecto la cesación de detención planteada por Ostreicher.

Ostreicher seguirá internado en la clínica Incor

Jacob Ostreicher está internado en la clínica Incor; tiene principio del mal de Parkinson y permanecerá ahí 10 días. Tras desmantelarse la red que lo quería extorsionar y que supuestamente ha hecho desaparecer sus bienes, su entorno teme por su vuelta a Palmasola, donde cumple detención preventiva. Hay aproximadamente entre 10 a 15 personas que se volvieron multimillonarios por la venta de arroz valuado en 20 millones de dólares. Debo agradecer la perseverancia del abogado, mi abogado Jimmy Montaño, después que muchos abogados me han robado cientos de dólares", le dijo a Samy Schwartz, colaborador de esta casa periodística, quién lo visitó el martes en la Incor.

Datos

Ministerio de Gobierno. Fernando Rivera trabajó como abogado en esa cartera desde la gestión de Alfredo Rada (2007-2010), Sacha Llorentty (2010-2011), Wilfredo Chávez (2011-2012) y Carlos Romero (2012).

Ministerio de la Presidencia.
José Manuel Antezana estuvo como director de Gestión Pública de este ministerio en las gestiones de Óscar Coca (2010-2011), Carlos Romero (2011-2011) y Juan Ramón Quintana (2012).

Trabajos. Rivera trabajo en los casos Rózsa, Caranavi, Chaparina, Ostreicher y teniente Julio Navia.

'Rivera era buen abogado y lo heredé de cuatro gestiones. No había duda de su técnica'.

Carlos Romero
Ministro de Gobierno

jueves, 29 de noviembre de 2012

Suxo insta a denunciar hechos de corrupción relacionados con el caso Ostreicher

Tras la detención de una red de extorción que operaba con funcionarios del ministerio de Gobierno y de la Presidencia, la ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo instó hoy a las personas que hubieran sido víctimas de chantajes, solicitud de sobornos, daños económicos o cualquier hecho de corrupción por parte de funcionarios públicos en el caso Ostreicher u otros, denunciarlos.

"Esperamos que los investigados, denunciantes como cualquier otra persona que tuviera algún indicio o prueba sobre ese caso lo haga conocer y lo presente al Ministerio Público. Es un tema que no puede quedar en la nebulosa, todo lo contrario, tiene que aclararse y llegarse hasta las ultimas consecuencias", dijo Suxo a Radio Panamericana.

Suxo aclaró que las denuncias coadyuvarán a la investigación del caso "para llegar a la verdad de los hechos".

La red de corrupción destapada por el Gobierno causó la detención de siete funcionarios públicos, entre ellos la del exasesor jurídico del ministerio de Gobierno Fernando Rivera, quien fue aprendido el martes pasado por la extorsión del empresario norteamericano Jacob Ostreicher.

Por su parte, el Ministerio Público amplió sus investigaciones al exjuez Fernando Orellana, al exasesor del Ministerio de Gobierno Abrahan Quiroga y al exfiscal de Distrito de Santa Cruz Isabelino Gomez.

Agentes encubiertos

Consultada sobre la posibilidad de insertar agentes encubiertos al interior de las instituciones públicas para poner al descubierto la corrupción de funcionarios públicos, Suxo informó que el Ministerio de Transparencia ya trabaja la propuesta planteada por el presidente Evo Morales.

"Eso tiene que incluirse en una nueva normativa penal sobre todos en la normativa procesal penal que es allí donde se verá como se incluye el tema de los agentes encubiertos que es algo que nos ayudaría mucho en la lucha contra la corrupción", finalizó la autoridad.

Acusados de extorsión trabajaron con cuatro ministros en un ambiente de omnipotencia

Imponían sus decisiones, hacían callar a jueces y abogados e intimidaban a los acusados. Fernando Rivera y José Antezana parecían actuar con carta blanca y nadie se explica por qué se tomaron tantas atribuciones.

“El juez Orellana que me metió en la cárcel cometió un crimen al someterme a tal situación. Dijo que soy un hombre culpable hasta que pruebe mi inocencia, rompió todas las leyes. Qué tipo de juez es éste que obedece a otros que le dicen qué debía hacer. Esto es inconcebible”, se quejó el estadounidense Jacob Ostreicher desde la clínica donde recibe atención médica y sale del estado de depresión en el que estaba sumido.

El viceministro Jorge Pérez, invitado al programa de la Red Uno no pudo explicar por qué tenían carta blanca los abogados que intimidaron a jueces, fiscales y abogados, tan sólo se limitó a señalar que el proceso debe continuar, pero no supo explicar las razones de la retardación de justicia y que confina a Ostreicher por 18 meses en la cárcel de Palmasola.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, dio a conocer que los dos abogados principales acusados de extorsión y corrupción Fernando Rivera y Dennis Rodas, trabajaron en las gestiones de tres de sus antecesores y en el actual directorio a su mando.

De acuerdo con la autoridad los supuestos principales cabecillas de la red de corrupción y extorsión cumplieron funciones cuando Alfredo Rada, Sacha Llorenti, Wilfredo Chávez, eran ministros de Gobierno al igual que su gestión.

Romero, al referirse a Rivera, recordó que en algunas ocasiones se reunió con él, porque era asesor jurídico de la instancia gubernamental, pero no así con Rodas, a quien dijo no conocer hasta el momento.

Con relación a una posible convocatoria de Sacha Llorenti, quién en el momento desempeña funciones como embajador del país en las Naciones Unidas, Romero descartó esta posibilidad, a pesar de que la autoridad en mención trabajó con los principales acusados cuando cumplía las funciones de Ministro de Gobierno, aunque algunos dirigentes del MAS opinan que es conveniente que rinda cuentas.

La autoridad explicó que al jurista Rivera, lo conoce, porque pertenecía a una unidad jurídica del staf que trabajaba directamente con su persona, especialmente en los trámites de procesos jurídicos concernientes a esta instancia.

En el caso de la supuesta visita de Fernando Rivera al norteamericano Jabob Ostreicher, aclaró que no era él quién fue a la clínica Incor, donde se encontraba la principal víctima de la extorsión.

Romero dijo que alguna persona fue a visitar a Ostreicher, para tocarle el tema de un indulto presidencial y otros temas, y al enterarse sobre el mismo los abogados del norteamericano, señalaron que esto no podía ser, porque jurídicamente no es posible, debido a que su cliente es un detenido preventivo y no tiene sentencia.

El ministro Romero señaló que la persona que entró a hablar con el estadounidense era José Antezana, quien era funcionario del Ministerio de la Presidencia, que inclusive en la filmación de la clínica, en un tercer intento, recién logró conversar con el interno Ostreicher.

Romero recalcó que ese alguien que fue a visitar al ciudadano estadounidense en la Clínica era el funcionario del Ministerio de la Presidencia (José Antezana). No supo explicar con claridad el vínculo de Antezana (quién era director General de Gestión Pública del Ministerio de la Presidencia) con los dos abogados o el resto de los involucrados en esta red de “corrupción y extorsión”.

Por otra parte, la autoridad dijo que no presentará su renuncia al cargo, después de que se descubrió que dos de sus estrechos colaboradores estaban involucrados en una red de corrupción.

“El tema es que el que hace la denuncia, el que hace las investigaciones, es el Ministerio de Gobierno, por instrucciones de Carlos Romero, quien tendría que denunciar si hubiera habido indicios y no hubiera hecho nada, porque ahí hubiera sido negligente, alguien que no cumple sus deberes, pero en este caso no”, enfatizó.

Rivera y Rodas extorsionaron y dilataron al menos ocho casos



Los ex asesores legales del Ministerio de Gobierno, Fernando Rivera y Dennis Rodas, trabajaron cinco años en esa repartición estatal, sortearon las gestiones ministeriales de Alfredo Rada, Sacha Llorenti, Wilfredo Chávez y Carlos Romero, y según la indagación y las denuncias de implicados en otros ocho casos, con el poder absoluto que les otorgaron, extorsionaron o dilataron procesos contra opositores, autoridades y hasta presuntos delincuentes.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, no descartó ayer la posibilidad de que estos profesionales contratados por el Ejecutivo hubieran formado parte de un consorcio y que junto a jueces y fiscales se dedicaban a dilatar procesos en algunos casos, a extorsionar a los implicados en otros. “No lo puedo descartar, se está investigando”, dijo.

El reporte de la indagación de la Policía cruceña, que conoció este medio, marca ese camino. El documento señala que Gustavo Céspedes, abogado de confianza de los dos exasesores, detenido el martes y que según Romero se hacía pasar por funcionario del Ministerio de Gobierno, admitió en su declaración que es pariente de un fiscal (se guarda en reserva su nombre), trabajó como su asistente y que ambos llevaron adelante el proceso investigativo contra el ciudadano alemán Dirk Schmidt, “donde supuestamente hicieron desaparecer varios documentos”, señala textualmente el reporte.

El alemán fue acusado de alzamiento armado y sedición porque lo encontraron con armas en su casa. El abogado de Schmidt, Otto Ritter, denunció que en mayo de este año un juez determinó la cesación de la detención preventiva, pero como ocurrió con el caso del estadounidense Jacob Ostreicher, esa determinación se revirtió 24 horas después, “luego de que Rivera y Rodas ejercieron presión sobre el magistrado”, dijo Ritter.

El ministro Romero también se refirió al caso. “Vamos a investigar”, aseveró y reiteró la convocatoria a los afectados, para que denuncien, “les daremos todas las garantías”.

La tarde de ayer, el diputado oficialista Edwin Tupa, adelantó que alcaldes y concejales de dos municipios de Santa Cruz, que no quiso identificar, denunciarán en las próximas horas que “personas investigadas en este caso, han influido en el Órgano Judicial, y han hecho tráfico de influencias, pero serán ellas las que proporcionen los datos completos”, manifestó.

Durante la jornada de ayer, aparecieron tres nuevas denuncias de extorsión cometidas por los dos juristas y su colaborador. Familiares y el informe sobre el caso presentado por la Felcc reseñan el exteniente Julio Navía y el ex coronel René Navía, implicados en un caso de narcotráfico y sindicados como cómplices del exjefe antidrogas René Sanabria, sentenciado en EEUU por ese delito, denunciaron la desaparición de bienes que les incautaron y que les habrían pedido $us 40.000 para trasladar a uno de los acusados de Chonchocoro a Palmasola. Una denuncia similar, pero por un monto de $us 10.000, realizó el abogado del fallecido Reynaldo Gonzales, alias “El Vinchita”.

Mientras, implicados en el caso de presunto terrorismo, sin mencionar montos, aseguraron que los asesores cobraron dineros para dejar al margen del caso a una persona que tenía “indicios” de haber entregado al grupo de Rózsa un vehículo que fue el usado para poner un explosivo en la puerta del domicilio del cardenal Julio Terrazas.

Alcides Mendoza, uno de los imputados en este caso, declaró en Tarija que el abogado Rivera era “un calumniado y su detención es la consecuencia. Que pague y ojalá se haga justicia, porque a nosotros se nos está inventando cosas y solo hemos trabajado por el proceso autonómico”.

Otros, como el exviceministro de Régimen Interior, Gustavo Torrico, implicado en un presunto intento de extorsión a menonita en Santa Cruz, y la diputada opositora Marcela Revollo, denunciaron que sus procesos fueron dilatados o manipulados (ver recuadro de la página 4).

El último poder “amplio y suficiente”, otorgado el 27 de enero de 2011 por el entonces ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, al que tuvo acceso EL DEBER les facultaba a ambos abogados “gestionar, agilizar, insistir y llevar a cabo cuanta acción jurídica sea necesaria en beneficio de y para el Ministerio”. Además, les permitía apersonarse y obtener información y colaboración, sin restricción, a todas las instancias del Ministerio Público en todo el territorio, del Tribunal Supremo de Justicia, como a los juzgados y tribunales civiles y penales del país, y a las instancias policiales como la Felcc y la Felcn.

A asumir defensa del Ministerio de Gobierno o para procesar a quienes “resultaren autores, cómplices, encubridores. El documento les daba poder para interponer recursos, responder a incidentes, pedir careos, declaraciones, testimonios, solicitar información a Derechos Reales como a registro de vehículos o de teléfonos, inspecciones oculares, reconstrucciones, mandamientos de aprehensión, congelamiento de cuentas; plantear todo tipo de recursos legales, entre muchas otras facultades”.

UNA RED QUE INTERVINO EN VARIOS CASOS



Informe policial devela ‘jugosa’ venta de ganado

Un informe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) al que tuvo acceso EL DEBER, señala que el 8 de noviembre de 2011, el exjefe departamental de la Dirección de Registro, Control Administración de Bienes Incautados (Dircabi) de Santa Cruz, Moisés Aguilera López, junto a un abogado y un subteniente de la Policía, vendieron 273 cabezas de ganado de propiedad de Jacob Ostreicher, a $us 125.500.

“En fecha 8 de noviembre del 2011, en la propiedad Cruce 1 de la provincia Guarayos, el Lic. Moisés Aguilera López, jefe departamental de Dircabi, el Dr. Juan Ríos Ocampo y el subteniente Ariel Prado, procedieron a la venta de 273 cabezas de ganado, con precio base de 410 dólares, haciendo un total de 125.500 dólares”, señala el documento.

El reporte complementa que en enero de 2012, Aguilera presentó una denuncia “en contra de Miguel Angel Gutiérrez Soliz, Jorge Vaca Justiniano y Jorge Henry Chávez Medina (los tres prófugos e implicados en el escándalo que estalló esta semana) por la desaparición del arroz secuestrado.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, señaló ayer que esa red de corrupción que se incrustó en el Gobierno vendió “arroz, ganado y maquinaria” incautada a Ostreicher. Sin embargo, un día antes, denunció solamente que el director nacional de gestión pública del Ministerio de la Presidencia, José Manuel Antezana, fue detenido porque se confirmó que recaudó en su cuenta bancaria $us 10.000 por la venta irregular de esas 20.000 toneladas de arroz incautadas al empresario estadounidense. Están implicados otros seis exfuncionarios de Dircabi (tres detenidos, tres prófugos), además de tres funcionarios de ingenios arroceros implicados en la compra de la mercadería.

Mientras tanto, en un comunicado oficial emitido ayer por el Ministerio de Transparencia, se informa que esa repartición conoció en septiembre una denuncia relacionada a que funcionarios de Dircabi en Santa Cruz habrían dispuesto “de manera aparentemente arbitraria e irregular bienes que se encontraban bajo su custodia”.

Ante esto, el comunicado señala que “esta cartera efectuó el apersonamiento en el caso que era investigado por el Ministerio Público, el 18 de septiembre de 2012” y deja establecido que “en cumplimiento al mandato presidencial de cero tolerancia a la corrupción se realizan las acciones pertinentes para procesar y buscar la sanción ante los presuntos hechos de corrupción como en cualquier otro caso que se dé conocimiento del Ministerio”. El martes un periodista de este diario habló telefónicamente con Aguilera, quien dijo estar dispuesto a declarar y propuso un sitio de la ciudad, pero no acudió a la cita. Desde ese momento, no contestó su celular.

Otros casos que manejó el abogado Fernando Rivera

Entre otros casos que manejó Fernando Rivera está del ciudadano peruano, José Antonio Cantoral, quien fue detenido por 22 días en agosto del año pasado en una oficina de la Dirección Nacional de Migración, sindicado por reorganizar a Sendero Luminoso.

Cantoral fue detenido junto a otros tres peruanos pero tenía el estatus de refugiado político.

También firmó una demanda junto a Dennis Rodas contra dirigentes de la columna de la octava marcha indígena Trinidad-La Paz.

Rivera además fue bastante activo en el caso Rósza, sin embargo, su última acción en este proceso fue el martes en la ciudad de Tarija. Después de una audiencia fue detenido y llevado a Santa Cruz.

Jerjes Justiniano: Banda de extorsionadores dilapidó más de $us 14 millones de Jacob

l abogado Jerjes Justiniano reveló que el súbdito norteamericano, Jacob Ostreicher, perdió más de 14 millones de dólares, a raíz de acciones ilícitas que cometió la presunta banda de extorsionadores encabezada por influyentes funcionarios del Gobierno.

Tras el operativo que permitió la aprehensión de Fernando Rivera Tardío y José Manuel Antezana Pinaya, ex director de la Unidad de Gestión Jurídica del Ministerio de Gobierno y ex director de Gestión Pública del Ministerio de la Presidencia, respectivamente, la defensa del ciudadano estadounidense enumeró el daño económico ocasionado durante el proceso.

El millonario monto corresponde a la venta ilícita de 14 mil toneladas de arroz, cabezas de ganado y otros bienes que pertenecen a Ostreicher y que le habrían sido confiscados, por un presunto caso de narcotráfico.

“¿Quién va a reparar el daño?, ¿de dónde van a salir los 14 millones de dólares? La fanega la vendieron a precio de gallina muerta. Alguien se quedó con 7 millones de dólares”, indicó a Radio Santa Cruz de Erbol.

Tribunal despide a funcionarios corruptos de Registro Civil

Al menos 40 oficiales de registro civil fueron despedidos en todo el país por diversas razones, entre ellas por actos de corrupción, informó el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Wilfredo Ovando.

Ovando explicó que hay debilidades de desempeño eficiente en el personal que no responde a las expectativas trazadas por Tribunal Supremo Electoral.

Incluso se han encontrado casos de corrupción de algunos funcionarios que los mismos fueron retirados con procesos administrativos, sostuvo.

Las autoridades de la entidad electoral continúan con las evaluaciones del desempeño de los oficiales de Registro Civil, y no se descarta más retiros. /Eju.

Lamentan que ministra Suxo no haya detectado operaciones de red de corrupción

El parlamentario considera considera que este caso puso en tela de juicio la labor del Ministerio de Transparencia, más aún cuando los caso de corrupción se hacía desde el Ministerio de Gobierno y plaza Murillo, a pocos metros del despacho del presidente Evo Morales, por lo que cuestionó que la ministra Suxo sólo cumpla con éxito su labor de perseguir judicialmente a los opositores y no así a los verdaderos delincuentes de "cuello blanco".

"Todo lo que está pasando confirma que la corrupción y las prebendas se institucionalizaron en algunos niveles del Órgano Ejecutivo, en los más sensibles pues estamos hablando de asesores jurídicos de primera línea de los dos ministerios más importantes del Estado. Es una pena que la señora ministra no haya informado de esta red de extorsión, no haya abierto alguna investigación al respecto. Es más ella se animó a decir que en el Gobierno de Evo Morales había bajado en gran medida la corrupción, lo cual comprobamos que es una vil mentira", dijo.

Además de extorsionar al estadounidense Jacob Ostreicher, los dos ex asesores jurídicos del Ministerio de Gobierno y miembros de la red de corrupción desarticulada estuvieron involucrados en otros cuatro casos. Fuentes de la Fiscalía de La Paz dijeron al diario paceño Página Siete que el grupo está relacionado con los casos del atracador David Olorio, Terrorismo II y del ex subteniente René Navía, detenido por narcotráfico. Éstos, junto con el de Ostreicher, cobraron notoriedad pública.

Las fuentes informaron que los ahora ex asesores legales del Ministerio de Gobierno Fernando Rivera Tardío y Denis Rodas Limachi, detenidos el martes pasado, extorsionaron miles de bolivianos a policías investigados por la muerte de David Olorio, sospechoso del atraco a las oficinas de Vías Bolivia en el peaje de El Alto, ocurrido en julio de 2010.

Entre el lunes y el martes, la Policía detuvo a siete personas vinculadas con la red incrustada en dos ministerios -de la Presidencia y de Gobierno- y en la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi).

Los aprehendidos y otras personas buscadas están implicados en la venta de 18.000 toneladas de arroz confiscadas al estadounidense Jacob Ostreicher, quien está detenido acusado de ganancias ilícitas vinculadas al narcotráfico. Además, el grupo se habría adueñado de las propiedades del norteamericano, a quien le habían pedido 50.000 dólares para dejarlo en libertad.

En la mayoría de los casos, las parejas sentimentales de los abogados Rivera y Rodas habrían tomado contacto directo con las víctimas para solicitarles el dinero y que los juristas aparecían el momento de intentar cobrar. En el caso del subteniente Navía se indicó que Rivera y Rodas pidieron 40.000 dólares a los familiares del ex policía, detenido por narcotráfico, con el fin de trasladarlo del penal de Chonchocoro a Palmasola.

Visitas a Ostreicher agilizaron la caída de red de corrupción

La visita de José Manuel Antezana, ex director de Gestión Pública del Ministerio de la Presidencia, a Jacob Ostreicher en una clínica de Santa Cruz agilizó las acciones del Gobierno y de la Policía para desarticular la red de extorsión formada por funcionarios de dos ministerios y de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados, y otras personas.

En una entrevista con radio ERBOL, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, contó que se confirmó que Antezana visitó al menos tres veces en un solo día al estadounidense para decirle que le iban a otorgar un indulto presidencial a cambio de que guarde silencio sobre la extorsión de la cual fue víctima anteriormente. Le había pedido antes 50.000 dólares para dejarlo en libertad.

El empresario estadounidense Ostreicher fue detenido en junio de 2011 por el delito de ganancias ilícitas por narcotráfico y se le incautó un cargamento de arroz presuntamente ilegal.

Según las primeras pesquisas, la red se apropió de todos los bienes del empresario y le pidió dinero a cambio de dejarlo libre, a lo que no accedió su defensa. Por eso, los abogados del Ministerio de Gobierno Fernando Rivera y Denis Rodas (detenidos) impidieron con presiones las audiencias de cesación de detención a favor del estadounidense.

Romero dijo que en un principio se creía que Rivera fue quien visitó a Ostreicher en la clínica Incor; pero se constató a través de las imágenes de las cámaras de vigilancia del nosocomio que Antezana llegó al centro donde fue internado hace unos días el estadounidense, quien sufre Parkinson.

El ministro contó ayer que llamó la atención la “gran cantidad” de audiencias de cesación de detención que fueron suspendidas, 24 de 26, además de la preocupación del senador de EEUU Chris Smith, quien arribó al país en junio para interiorizarse sobre la situación de su compatriota.

Finalmente recordó que autoridades de la Embajada de Estados Unidos en La Paz también le comentaron el caso. “Eso también nos fue alertando más”, aseveró.

El actor Sean Penn, quien fue nombrado por el presidente Evo Morales como embajador para Asuntos Especiales, visitó a Ostreicher a principios de noviembre en el penal de Palmasola. Unos días después, el empresario norteamericano ingresó a Incor.

Penn pidió al Gobierno un trato humano para su compatriota. Romero se puso en contacto con el actor y ordenó que el detenido sea hospitalizado.

Todas estas acciones, dijo el ministro, puso “nerviosos” a los miembros de la red y fruto de esta situación Antezana fue a hablar con el estadounidense para ofrecerle el perdón presidencial.

Con esa visita se logró acelerar las acciones policiales. Hace unas tres semanas, Denis Rodas fue destituido como asesor jurídico del Ministerio de Gobierno. El ministro Romero aseguró ayer que el retiro fue a propósito, al igual que la decisión de mantener en el cargo a Fernando Rivera para confirmar los indicios que se tenían sobre su participación en esta banda.

El norteamericano
Llegada Jacob Ostreicher llegó a Bolivia en 2008 para invertir 26 millones de dólares en la producción de arroz en Santa Cruz.


Aprehensión El 4 de junio del año 2011 fue detenido acusado de legitimación de ganancias ilícitas producto del narcotráfico.


Irregularidad El 23 de septiembre de este año se efectuó una audiencia de cesación de detención del estadounidense, pero los representantes del Ministerio de Gobierno Rivera y Rodas no asistieron, con lo que se canceló esa audiencia en la capital oriental.

Uno de los detenidos es concuñado de Héctor Arce

José Manuel Antezana Pinaya, ex funcionario del Ministerio de la Presidencia, ahora detenido junto a otros integrantes de la red de extorsionadores, es concuñado del diputado del MAS Héctor Arce Zaconeta.

Página Siete accedió a las partidas de matrimonio de Arce Zaconeta con Alejandra Elvira Asturizaga Ríos, cuya hermana Ana Paula Asturizaga Ríos es esposa de Antezana Pinaya.

La información fue confirmada por Arce, quien aclaró que esta relación no implica -según el Código Civil- que exista parentesco, y aunque si así fuese “los delitos penales son personalísimos”, por lo que deslindó responsabilidad sobre cualquier acto vinculado con su concuñado.

El ex presidente de la Cámara de Diputados también aclaró que Antezana Pinaya fue contratado por el ex viceministro de Coordinación Gubernamental Wilfredo Chávez y trabajó desde las gestiones de los ex ministros de la Presidencia Óscar Coca, Carlos Romero y Juan Ramón Quintana.

Antezana fue detenido en la ciudad de La Paz acusado de formar parte de la red de extorsión y corrupción que se formó en el Gobierno. “Antezana monetizaba el arroz incautado al estadounidense Jacob Ostreicher, que está detenido en Palmasola, y por esa acción se recaudaron 10.000 dólares”, informó ayer el ministro Carlos Romero.

No obstante, el sindicado negó las acusaciones y sostuvo que el dinero depositado en su cuenta era por la venta de un vehículo; pero desde el Órgano Ejecutivo informaron que se habrían verificado documentos falsos de esa venta.

Red de extorsionadores operó en al menos otros cinco casos

Además de extorsionar al estadounidense Jacob Ostreicher, los dos ex asesores jurídicos del Ministerio de Gobierno y miembros de la red de corrupción desarticulada estuvieron involucrados en otros cuatro casos.

Fuentes de la Fiscalía de La Paz dijeron a Página Siete que el grupo está relacionado con los casos del atracador David Olorio, Terrorismo II y del ex subteniente René Navía, detenido por narcotráfico. Éstos, junto con el de Ostreicher, cobraron notoriedad pública.

La red también está vinculada con la extorsión a un ex fiscal detenido en el penal de San Pedro.

Las fuentes informaron que los ahora ex asesores legales del Ministerio de Gobierno Fernando Rivera Tardío y Denis Rodas Limachi, detenidos el martes, extorsionaron miles de bolivianos a policías investigados por la muerte de David Olorio, sospechoso del atraco a las oficinas de Vías Bolivia en el peaje de El Alto, ocurrido en julio de 2010.

“Para que la investigación contra estos policías se minimice, estas personas les pidieron dinero y como se ve este caso sigue sin aclararse hasta hoy”, dijo uno de los investigadores de la red.

La Fiscalía conoce que al menos tres de los siete sindicados en el crimen de Olorio, que se encuentran con detención domiciliaria o preventiva, dieron dinero para que el caso “desaparezca”.

Entre el lunes y el martes, la Policía detuvo a siete personas vinculadas con la red incrustada en dos ministerios -de la Presidencia y de Gobierno- y en la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi).

Los aprehendidos y otras personas buscadas están implicados en la venta de toneladas de arroz incautadas a Jacob Ostreicher, quien está detenido acusado de ganancias ilícitas vinculadas al narcotráfico. Además, el grupo se habría adueñado de las propiedades del norteamericano y le pidió 50.000 dólares para dejarlo en libertad.

El abogado Jerjes Justiniano dijo ayer a ERBOL que Ostreicher perdió más de 14 millones de dólares a raíz de acciones de la red.

Otra fuente de la Fiscalía aseveró que otro caso es el de Terrorismo II, que indaga a los financiadores del grupo presuntamente terrorista de Eduardo Rozsa. “Lograron sacar millones para que algunos ganaderos no sean investigados y que se desvíe la pesquisa hacia otras personas”.

Explicó que en la mayoría de los casos, las parejas sentimentales de los abogados Rivera y Rodas tomaban contacto directo con las víctimas para solicitarles el dinero y que los juristas aparecían el momento de intentar cobrar.

En el caso de Navía se indicó que Rivera y Rodas pidieron 40.000 dólares a los familiares del ex policía, detenido por narcotráfico, con el fin de trasladarlo del penal de Chonchocoro a Palmasola.



El ex fiscal de materia Erland Eid se comunicó con Página Siete para denunciar que también fue extorsionado por la agrupación. Contó que fue detenido en julio de 2011 acusado de estafa de 3.000 bolivianos. “Era un caso común, de un ciudadano corriente, pero en mi aprehensión y en la audiencia se aparecieron Denis Rodas y Boris Villegas (ex director de Régimen Interior) y manejaron todo para que yo vaya a la cárcel”, contó el ex fiscal detenido en San Pedro.

Agregó que 20 días después de ser recluido recibió la visita de un funcionario que dijo ser del Ministerio de Gobierno, quien le pidió 8.000 dólares a cambio de su libertad. “Me negué porque me dio miedo”, denunció.

El ex fiscal cuestionó por qué los ahora ex asesores participaron en su detención y audiencia.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseguró ayer que habrá todas las garantías de protección para quienes denuncien a este grupo. Entretanto, hoy será la audiencia para dos de los aprehendidos, José Manuel Antezana y Gustavo Céspedes.

ANF informó que familiares de Franz Gonzales, alias Vinchita, asesinado este año en Chonchocoro, denunciaron que los extorsionadores solicitaron 15.000 dólares para trasladarlo a la cárcel de Santa Cruz. Este caso no fue informado por las fuentes a las que accedio a Página Siete .

La noche del martes, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, dijo a la red ATB que consideraba que esta red estaría involucrada en otros casos.

Líderes de extorsionadores trabajaron con seis ministros

La banda de extorsionadores que presuntamente era liderada por Fernando Rivera Tardío y José Manuel Antezana Pinaya actuó en los últimos cinco años y medio a la sombra de al menos siete gestiones en los ministerios de la Presidencia y Gobierno, según investigación judicial conocida ayer en La Paz y Santa Cruz.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, admitió ayer que Rivera trabajaba hace cinco años como funcionario de la unidad jurídica de su despacho. “Era muy buen abogado y los heredé de cuatro gestiones (...) técnicamente era muy sólido. No había duda de su especialidad técnica”.

Rivera, según datos de Romero, trabajó como abogado desde la gestión de Alfredo Rada (2007-2010), Sacha Llorenti (2010-2011), Wilfredo Chávez (2011-2012) y Romero (2012).

Rivera tenía como colaborador al abogado Dennis Rodas; ambos tuvieron activa participación en los casos Rózsa, Caranavi, Chaparina, Jacobo Ostreicher, subteniente Julio Navia, José Antonio Cantoral y otros.

Rivera y Rodas elaboraban memoriales en representación del Ministerio de Gobierno para las audiencias judiciales.

El viceministro Jorge Pérez denunció que Rivera, al enterarse de que sería detenido, planteó el martes ante un juez el abandono de querella en el caso terrorismo.

José Manuel Antezana, en tanto, se desempeñó como director de Gestión Pública del Ministerio de la Presidencia en las gestiones de Óscar Coca (2010-2011), Carlos Romero (2011-2011) y últimamente Juan Ramón Quintana (2012). “Es gente que (se) corrompe en el ejercicio del poder, y ganan credibilidad para fines personales”, sostuvo Romero en una entrevista con ERBOL.

La autoridad gubernamental descartó investigar a sus antecesores; no obstante, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, abrió la posibilidad de investigar a Sacha Llorenti porque cuando se desarrollaron las acciones de presunta extorsión, se desempeñaba como ministro de Gobierno. Ahora la ex autoridad gubernamental es embajador de Bolivia ante Naciones Unidas en Nueva York, EEUU.

La investigación del accionar de la banda de extorsionadores estuvo a cargo del Grupo de Investigación de Casos Especiales (GICE) y se inició hace siete meses por denuncias que recibió el ministro Romero por la situación jurídica del ciudadano estadounidense de origen judío Jacob Ostreicher, quien está detenido hace 18 meses en Santa Cruz por supuesta legitimación de ganancias y presunto vínculo con el narcotraficante brasileño Maximiliano Dorado.

Romero dijo que Antezana monetizaba el arroz incautado a Ostreicher y por esa acción se recaudaron 10.000 dólares.

Aumentan implicados y hay más casos de la red gubernamental corrupta

Tras desbaratarse la red gubernamental de extorsionadores, implicados en la desaparición de bienes del caso Jacob Ostreicher, desde sectores oficialistas y opositores exigen que se indague si actuaron en otros casos y si hay más implicados. La red de extorsionadores que presuntamente era liderada por Fernando Rivera Tardío (abogado del Ministerio de Gobierno) y José Manuel Antezana Pinaya (asesor del Ministerio de la Presidencia) actuó en los últimos cinco años y medio a la sombra de al menos siete gestiones en ambos ministerios, según investigación judicial conocida en La Paz y Santa Cruz de la Sierra.

El diputado opositor, Roy Moroni, dice que Denis Rodas y Rivera, ambos ya aprehendidos, usaron su poder para extorsionar jueces y fiscales para que el dirigente cívico tarijeño Felipe Moza no salga de la cárcel, a pesar de permanecer más de tres años con detención preventiva y luego de más de 50 recursos presentados ante la justicia.

Desde el oficialismo. “Tenemos denuncias de (que) las autoridades que están siendo investigadas han hecho tráfico de influencias en algunas alcaldías con serios casos de corrupción", dijo el diputado del MAS Edwin Tupa. Parlamentarios de Convergencia han pedido a Evo Morales que destituya a los ministros Juan Ramón Quintana y Carlos Romero, mientras que el Movimiento Sin Miedo (MSM) exige que se aclare hasta dónde se extendieron los “tentáculos” de la organización mafiosa

Llaman a Gómez. El exfiscal de Distrito de Santa Cruz, Isabelino Gómez, fue citado por sus excolegas. Versiones dan cuenta que Gómez habría presionado y realizado una supuesta amenaza al juez Zenón Rodríguez para que deje sin efecto la cesación de detención planteada por Ostreicher.

Ostreicher seguirá internado en la clínica Incor

Jacob Ostreicher está internado en la clínica Incor; tiene principio del mal de Parkinson y permanecerá ahí 10 días. Tras desmantelarse la red que lo quería extorsionar y que supuestamente ha hecho desaparecer sus bienes, su entorno teme por su vuelta a Palmasola, donde cumple detención preventiva. Hay aproximadamente entre 10 a 15 personas que se volvieron multimillonarios por la venta de arroz valuado en 20 millones de dólares. Debo agradecer la perseverancia del abogado, mi abogado Jimmy Montaño, después que muchos abogados me han robado cientos de dólares", le dijo a Samy Schwartz, colaborador de esta casa periodística, quién lo visitó el martes en la Incor.

Datos

Ministerio de Gobierno. Fernando Rivera trabajó como abogado en esa cartera desde la gestión de Alfredo Rada (2007-2010), Sacha Llorentty (2010-2011), Wilfredo Chávez (2011-2012) y Carlos Romero (2012).

Ministerio de la Presidencia.
José Manuel Antezana estuvo como director de Gestión Pública de este ministerio en las gestiones de Óscar Coca (2010-2011), Carlos Romero (2011-2011) y Juan Ramón Quintana (2012).

Trabajos. Rivera trabajo en los casos Rózsa, Caranavi, Chaparina, Ostreicher y teniente Julio Navia.

'Rivera era buen abogado y lo heredé de cuatro gestiones. No había duda de su técnica'.

Carlos Romero
Ministro de Gobierno

Caso Ostreicher Ex fiscal de Distrito de Santa Cruz es citado por red de extorsión

El ex fiscal de Distrito de Santa Cruz, Isabelino Gómez fue citado para este jueves por sus ex colegas de esa jurisdicción, quienes investigan la presunta red de corrupción y extorsión de funcionarios públicos del Ministerio de Gobierno y de la Presidencia, conjuntamente la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi).

La ex autoridad del Ministerio Público aseguró que se presentará a declarar este jueves en la ciudad de Santa Cruz, donde, dijo, demostrará que no cometió ningún tipo de irregularidades. Versiones dan cuenta que Gómez habría presionado y realizado una supuesta amenaza al juez Zenón Rodríguez, para que deje sin efecto la cesación de detención planteada por la defensa del estadounidense, Jacob Ostreicher.

"Ahí voy a prestar mi declaración informativa, en calidad de testigo, ya se me ha comunicado por vía telefónica y ahí voy a aclarar los hechos. Voy a prestar la declaración y seguramente iremos a contrastar los hechos con realidad, lo que corresponde es presentarse como cualquier ciudadano", precisó la ex autoridad judicial a los medios.

El fiscal anticorrupción Ángel Álvarez confirmó que será citado el ex fiscal de distrito, Isabelino Gómez; el abogado Abraham Quiroga (que durante un tiempo asistió al ex ministro de Gobierno Sacha Llorenti); el ex juez y asesor legal del Consejo de la Judicatura en Sucre Fernando Orellana, entre otros.

El Gobierno desbarató una red que operaba dentro el Poder Ejecutivo, que presuntamente recaudó, por un lado, 10.000 dólares por la venta irregular del arroz incautado al ciudadano estadounidense Ostreicher y, por otro, pidió 50.000 dólares a cambio de una decisión judicial que lo deje en libertad.

Entre los 14 acusados hay dos asesores jurídicos del Ministerio de Gobierno, un director del Ministerio de la Presidencia, un juez, otro jurista que se hacía pasar por empleado estatal y seis ex funcionarios de Dircabi.

miércoles, 28 de noviembre de 2012

Red de extorsionadores actuó en 7 gestiones

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, admitió este miércoles que Fernando Rivera trabajaba hace cinco años y como funcionario de la unidad de gestión jurídica del Ministerio de Gobierno.

"Era muy buen abogado y los heredé de cuatro gestiones (…) técnicamente era muy sólido. No había duda de su especialidad técnica", dijo.

Fernando Rivera, según datos del ministro Romero, trabajó como abogado desde la gestión de Alfredo Rada (2007-2010), Sacha Llorenti (2010-2011), Wilfredo Chávez (2011-2012) y Carlos Romeros (2012).

Rivera tenía como colaborador al abogado Dennis Rodas, quienes tuvieron activa participación en los llamados casos Rosza, Caranavi, Chaparina, Jacobo Ostreicher, teniente Julio Navia y otros.

Rivera y Rodas elaboraban memoriales y con un poder especial representaban al Ministerio de Gobierno en audiencias judiciales y diferentes procesos.

Mientras que José Manuel Antezana se desempeñó como director de Gestión Pública del Ministerio de la Presidencia en las gestiones de Oscar Coca (2010-2011), Carlos Romero (2011-2011) y Juan Ramón Quintana (2012).

"Es gente que corrompe en el ejercicio del poder, y ganan credibilidad para fines personales", sostuvo el ministro Carlos Romero a la periodista Amalia Pando, de Erbol.

La investigación del accionar de la banda de extorsionadores estuvo a cargo del Grupo de Investigación de Casos Especiales (GICE) y se inició hace siete meses por denuncias que recibió el ministro Romero por la situación jurídica del ciudadano estadounidense de origen judío, Jacobo Ostreicher, quien está detenido hace 18 años en Santa Cruz, por legitimación de ganancias y presunto vínculo con el narcotraficante brasileño Maximiliano Dorado.

"Antezana monetizaba el arroz incautado al estadounidense Jacob Ostreicher que está detenido en Palmasola, y por esa acción se recaudó 10.000 dólares", dijo Romero. El sindicado negó y dijo que el dinero depositado en su cuenta bancaria era producto de la venta de un vehículo. Sin embargo, la investigación constató documentos falsos de la transacción.

Sobre el abogado Rivera pesa la acusación de haber ordenado la modificación de una resolución judicial que favorecía la libertad de Jacob Ostreicher porque éste no le entregó 50.000 dólares.

La madre del teniente Julio Navia, preso por narcotráfico en Chonchocoro, denunció este miércoles que el abogado Rivera le pidió 35.000 dólares para conseguir el traslado del inculpado al penal de Palmasola.

Los familiares de "Vinchita", un delincuente que fue muerto este año por 60 puñaladas en Chonchocoro, también precisaron que se les pidió 15.000 dólares para su traslado a la cárcel de Santa Cruz.

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jorge Pérez, reveló a medios televisivos que se denunció que Rivera y su equipo realizó otras extorsiones que serán investigadas.

"El gobierno ofrece garantías plenas para que la ciudadanía presenten denuncias sobre procesos torcidos", anunció Romero el martes, al informar la destitución pública de Fernando Rivera Tardío como abogado del Ministerio de Gobierno, cargo que ejerció por cinco años y medio.

Entre los casos que manejó Fernando Rivera está del ciudadano peruano, José Antonio Cantoral, quien fue detenido por 22 días en agosto del año pasado en una oficina de la Dirección Nacional de Migración, sindicado por reorganizar a Sendero Luminoso. Cantoral fue detenido junto a otros tres peruanos pero tenía el estatus de refugiado político y era de conocimiento de la Comisión Nacional del Refugiado (Conare).

También firmó una demanda junto a Dennis Rodas contra dirigentes de la columna de la octava marcha indígena Trinidad-La Paz del año pasado por presunto secuestro del canciller David Choquehuanca, acción que el 25 de septiembre provocó una represión policial a los indígenas que derivó en la renuncia de la ministra de Defensa, María Cecilia Chacón y posteriormente de Sacha Llorenti que era ministro de Gobierno.

Rivera además fue bastante activo en el caso Rosza, sin embargo, su última acción en este proceso fue el martes en la ciudad de Tarija. Después de una audiencia fue detenido y llevado a Santa Cruz.

El viceministro Jorge Pérez denunció que el abogado Fernando Rivera al enterarse de que sería detenido, planteó el martes ante el juez competente, el abandono de querella en el caso denominado "terrorismo", dejando al Ministerio de Gobierno fuera de este proceso que es investigado desde abril de 2009.