martes, 29 de mayo de 2007

Fiscalía presenta acusación contra ex ministro de Salud y ex prefecto


Noticia publicada el 29 de Mayo en Los Tiempos de Cochabamba
El Ministerio Público anunció ayer la presentación de las acusaciones formales ante la Corte Suprema de Justicia en contra del ex ministro de Salud Tonchi Marinkovic Úzqueda (MIR), por el "caso vacunas", y el ex prefecto de Tarija Gustavo Aguirre Pérez (MIR), por la presunta compra irregular y construcción de gaviones en área de dos ríos de la jurisdicción tarijeña. Ambas ex autoridades irán a juicio oral.

"A partir de la presentación de los informes de investigación correspondientes al Ministerio Público sobre los juicios de responsabilidades contra Marinkovic y Aguirre ante la Corte Suprema, esta instancia judicial tiene un plazo de 10 a 20 días para fijar el juicio oral respectivo", explicó el fiscal que investiga a Marinkovic, Ramiro López.

El Congreso Nacional autorizó el inicio del proceso investigativo de juicio de responsabilidades en julio de 2005. A Marinkovic se le imputa por el delito de conducta antieconómica. Según la investigación, habría producido un daño económico al Estado por más de un millón de dólares en la compra de vacunas destinados a reducir la mortalidad infantil en el país, el año de 1998.

Al respecto, la viceministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, lamentó que ex autoridades no hayan cumplido el mandato del pueblo y se hayan beneficiado de sus altos cargos en el Poder Ejecutivo.

"Mañana se presentará la acusación formal en la ciudad de Sucre y esperamos que el Poder Judicial responda de manera inmediata al juzgamiento de estos ex servidores públicos y que a la brevedad posible podamos tener las sentencias condenatorias en contra de estas personas", señaló Suxo.

Sobre Aguirre también pesa el delito de conducta antieconómica, además de falsedad material, peculado y legitimación de ganancias ilícitas, cuyo daño económico asciende a 240 mil dólares americanos, durante su gestión como primera autoridad departamental de Tarija durante la gestión 1991.

Fiscales descubren corrupción que involucra a gerente de Queiroz Galvao


Noticia publicada el Periodico El Pais de Tarija el 29 de mayo de 2007


Los fiscales tarijeños, Gilberth Muñoz y Elffy Bass Werner, descubrieron un acto de corrupción que involucra al gerente de la empresa Queiroz Galvao, Aloisio Machado Costa Reis, quien debe asistir a una audiencia sobre el derrumbe del Túnel Falso de Alarache, en la carretera Tarija – Bermejo, que dejó un daño económico superior a los 2,5 millones de dólares al departamento.

La fiscal Bass Werner, mostró la documentación donde se puede evidenciar que la auxiliar de la Fiscalía de Distrito de La Paz, Meliza Quiñónez, procedió a alterar la citación al gerente de la Queiroz Galvao. Con esta falsificación, Aloisio Machado, habría declarado no tener conocimiento sobre los extremos de la imputación por lo que no prestó su declaración sobre el derrumbe del túnel de Alarache.

Según explicó la fiscal Bass Werner, en la primera citación se indica que el domicilio de Machado es en la “Zona Calacoto Calle 23 Nº 7676” mientras que la notificación que fue falsificada indica “Zona Calacoto Calle 25 Nº 7878”, cambiando el número de la dirección y la calle, pero además, el documento fue fotocopiado de una orden instruida.

“Hemos llegado a descubrir y realizar las denuncias respectivas en contra de la funcionaria Meliza Quiñónez, que falsificó la cedula de referencia”, explicó la fiscal, Elffy Bass Werner.

La denuncia ya fue presentada ante el Fiscal de Distrito de La Paz y ante el Consejo de la Judicatura. Las denuncias están en tramite y los fiscales tarijeños anunciaron que llegarán hasta las últimas consecuencias, ya que se conoce que en este caso existe la “mano negra de la empresa Queiroz Galvao” y especialmente de su gerente quien es el principal sospechoso.

Por este motivo se realizará la ampliación del proceso penal en contra Aloisio Machado por uso de instrumento falsificado.

“No vamos a dejar que se burlen de la justicia tarijeña y menos del pueblo de Tarija. El señor Machado fue notificado legalmente y por lo tanto dejamos establecido que vamos a ir hasta las ultimas consecuencias en este caso”, sostuvo Bass Werner.

SOSPECHOSO

Por su parte el fiscal, Gilberth Muñoz, manifestó que el principal sospechoso de la falsificación del documento es el gerente de la Queiroz Galvao debido a su interés en el caso, sin embargo, el Ministerio Público de la ciudad de La Paz y el Consejo de la Judicatura son quienes deben llegar a esclarecer la responsabilidad de la funcionaria que falsificó el instrumento favoreciendo al señor Machado.

“Esto ha sido una burla al pueblo al pueblo de Tarija, al Ministerio Público y al poder Judicial de Tarija”, afirmó Muñoz.

El fiscal informó que se presentaron todas las pruebas sobre el caso y se espera que el amparo constitucional presentado en la ciudad de La Paz pueda ser resuelto este jueves en horas de la tarde.

“Nosotros esperamos y confiamos que esto se resuelva de acuerdo a ley, porque ya en casos anteriores se ha resuelto que el juez que conoce primero la causa es quien debe continuar con el proceso, si esto fuera lo contrario estaríamos hablando de un prevaricato, por parte del tribunal que debe resolver el caso”, puntualizó el fiscal.

El grupo Queiroz Galvao, uno de los consorcios más grandes en Brasil y una de las 76 empresas brasileñas que operan en el país, es acusada de haber realizado una mala construcción del túnel falso de Alarache, una obra carretera. La denuncia fue presentada por el diputado nacional, Fernando Barrientos Iñiguez, de Podemos, por los daños económicos realizados en contra del Estado.

Informe Global de la Corrupcion 2007

La corrupción está socavando las bases de los sistemas judiciales a nivel mundial, negando a los ciudadanos el acceso a la justicia y el derecho humano básico a un juicio imparcial y justo, o incluso a veces, simplemente a un juicio, según el Informe Global de la Corrupción 2007: Corrupción en Sistemas Judiciales publicado por Transparency International, la coalición global contra la corrupción. Esa corrupción “inhibe el acceso a la justicia y el resarcimiento por violación de derechos humanos”, y “mina el crecimiento económico dañando la confianza de la comunidad de inversores y dificulta las iniciativas para reducir la pobreza”. Baja un resumen del Informe.



“El trato equitativo frente a la ley es un pilar de las sociedades democráticas. Cuando las cortes ceden ante la corrupción por avaricia o conveniencia política, la balanza de la justicia se inclina y el ciudadano común se ve perjudicado,” declaró Huguette Labelle, Presidenta de Transparency International. “La corrupción judicial implica que la voz del inocente no es escuchada, mientras que los culpables son libres de actuar con impunidad.”



Sacado de Transparenia Internacional y descargalo en español.



o LO PUEDEN VER AQUI:

viernes, 25 de mayo de 2007

En YPFB desaparecen papeles referidos a los petrocontratos

Noticia publicada el 25 de Mayo en La Prensa


Los abogados de la Dirección Jurídica de YPFB denunciaron la desaparición de documentos confidenciales de la empresa, “especialmente” los referidos a los contratos de operación suscritos entre el Estado y las compañías petroleras. Por esto, solicitaron que la Fiscalía de Distrito investigue el caso.

Cuatro abogados de ese despacho hicieron conocer esa irregularidad al director legal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Alejandro Aspiazu, en una carta que enviaron el 15 de mayo y a la que tuvo acceso La Prensa.

“Lamentablemente (...) dentro de la Dirección Legal General vienen desapareciendo documentos oficiales de los archivos, como ser informes legales, cartas, comunicaciones internas y otros, en especial documentación relacionada a los contratos de operación (...) por lo que solicitamos a su autoridad, se formule la denuncia oficial ante el Ministerio Público para el inicio de las investigaciones...”

Ayer, durante todo el día, este diario trató de comunicarse con el presidente de YPFB, Guillermo Aruquipa, para consultarle al respecto, pero hasta el cierre de edición no atendió el requerimiento periodístico.

Indagaciones

Esa denuncia surge en momentos en que la Fiscalía solicitó información a la empresa para esclarecer la negociación y firma de los contratos petroleros, en especial la redacción del Anexo D, relativo a los gastos contables, de los campos San Alberto, San Antonio y Río Hondo.

Alaín De Canedo, uno de los fiscales asignados a ese caso, dijo que por una cuestión de reserva no podía precisar el tipo de papeles que solicitó, pero admitió que cuando el proceso salió a la luz pública la empresa se cerró y no quiso dar datos.

A ese óbice se sumó ayer la paralización de la investigación. Esto debido a la recusación presentada por Manuel Morales Dávila, padre del ex presidente de YPFB Manuel Morales Olivera, a quien Podemos acusa de haber incurrido en irregularidades en la emisión de los anexos D.

El investigador dijo que el recurso no tiene asidero legal porque el Ministerio Público no convocó a declarar a Morales Olivera ni inició oficialmente una pesquisa en su contra.

De Canedo no precisó el tipo de datos que solicitaron a la petrolera estatal, pero admitió que desde que el proceso salió a la luz pública las fuentes se cerraron. A la fecha, la Fiscalía citó a una treintena de funcionarios de la estatal y a miembros de las petroleras Petrobras, Repsol YPF y Total, que operan en los campos de los contratos observados.

Dentro del proceso de investigación, el Ministerio Público convocó al equipo técnico que colaboró con Morales Olivera, los denominados “rugrats”. Esto porque ellos, según fuentes del ramo, participaron en la redacción de los documentos en reuniones que sostuvieron en el piso ocho del edificio de YPFB.

En su momento, el ex asesor legal de la empresa Roberto Botero denunció que en esa oficina retuvieron los contratos varias semanas por órdenes del entonces presidente ejecutivo.

Cuando iniciaron las declaraciones informativas en la Fiscalía, a fines de marzo, los “rugrats” se acogieron al derecho de silencio. Dos semanas después se presentaron voluntariamente. Según De Canedo, todos coincidieron en que no tuvieron nada que ver en la redacción de los contratos y no precisaron quién los elaboró. Sin embargo, uno de ellos, César Santagadea, dijo que un miembro de la empresa Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle Asoc., que había asesorado a Gonzalo Sánchez de Lozada, explicó los documentos.

De Canedo aseguró que parte del equipo de los “rugrats” continúa trabajando en YPFB, el resto se fue con Morales Olivera hace poco más de un mes.

El Directorio pide informe sobre pago de Bs 72 millones

El Directorio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) solicitó ayer un informe al presidente ejecutivo de la empresa, Guillermo Aruquipa, para que responda por los 72 millones de dólares que erogó la compañía por “negligencia” en sus funcionarios.

Según fuentes del sector, el máximo ente de decisión se reunirá esta semana con el objetivo de establecer responsabilidades.

La Prensa denunció ayer que YPFB había pagado en efectivo 72 millones de dólares a las refinerías por el diésel oil que importa, debido a que la estatal petrolera no emitió a tiempo las notas de crédito fiscal (Nocre) con las que cubre ese gasto.

Bolivia produce el 70 por ciento del diésel oil que consume el mercado. El resto lo importa. Como el costo del combustible en el mercado nacional está congelado, Yacimientos paga (subsidia) la diferencia con el precio internacional al internar el carburante.

Para no utilizar recursos propios, el Estado debe emitir las Nocre (papeles) para que la empresa refinadora pueda descargarse el valor ante el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).

Este diario insistió para hablar con el Presidente de YPFB, pero en su oficina de prensa informaron que durante todo el día no habían logrado consultarle al respecto y que no iba a hablar.

miércoles, 23 de mayo de 2007

Hallan indicios penales contra el ex ministro Hugo Salvatierra

Noticia publicada el 23 de Mayo de 2007 en el Periodico La Prensa:


La Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Rural halló indicios de responsabilidad penal y administrativa en contra del ex ministro Hugo Salvatierra y de cuatro ex funcionarios de la entidad por la distribución de tractores del Programa Crediticio de Mejoramiento del Agro.

Si en 10 días Salvatierra no presenta sus descargos, podría enfrentar un juicio de responsabilidades —pues se trata de un ex Ministro— por incumplimiento de funciones, firma de contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.

La ex autoridad aseguró a El Deber que está dispuesto a asumir su defensa porque no cometió ningún delito y dijo sentirse un perseguido político. “Lamento que nunca se me haya convocado a explicar si había alguna irregularidad y que diputados de oposición hubiesen tenido esta documentación antes que yo”.

También pueden ser enjuiciados, pero por la vía ordinaria, Yeris Ivo Peric, quien fue responsable de la Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnología Local y Mecanización del Ministerio; Javier Ernesto Muñoz Pereira, asesor, y los funcionarios Abel Peña Velasco y Darwin Quiroga Vargas.

El informe presentado ayer es el primero de 15 auditorías que se realizan a la gestión de esa ex autoridad, el cual se inició el 23 de enero de 2006 y culminó el 23 de enero de 2007.

Salvatierra fue el principal operador político del MAS en Santa Cruz. Postuló para ser Prefecto de ese departamento en las elecciones de diciembre de 2005. Tras su salida de la cartera de Desarrollo Rural fue designado Delegado Presidencial para la capital oriental, pero renunció. Pugnó por controlar la dirección del partido oficialista en ese departamento, mas perdió.

Según fuentes cercanas al Ejecutivo, las irregularidades sobre la entrega de tractores fueron conocidas dentro del Gobierno cuanto Salvatierra aún era ministro. Éste fue uno de los motivos para su alejamiento.

Las irregularidades

La ministra de Desarrollo Rural, Susana Rivero, informó que la auditoría interna a la Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnología Local y Mecanizada fue practicada luego de que una investigación previa encontrara irregularidades en la dotación de las maquinarias con créditos de España y China.

Las maquinarias debían ser adjudicadas a los pueblos campesinos e indígenas afectados por los desastres naturales en la anterior gestión. La nómina con las solicitudes debía ser remitida por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y la Confederación de Colonizadores de Bolivia (CCB). Empero, Rivero dijo que este requisito no se cumplió.

Producto de la fiscalización se pudo evidenciar la inexistencia de documentación que respalde la entrega de la maquinaria. Tampoco hay una base de datos que haga referencia a la importación de los tractores.

Informó que pese a que se tiene una lista preliminar de a quiénes se entregaron los tractores, los contratos sobre estos préstamos no fueron registrados en la oficina de Derechos Reales ni cumplen los requisitos establecidos en el Decreto 28785. No se verificó si los beneficiarios estaban en la Central de Riesgos de la Superintendencia de Bancos.

No se tiene registros contables sobre posibles depósitos de cuotas iniciales, pues ése era un requisito previo para la entrega de la maquinaria.

Además se estableció que hay inconsistencia en la información que entregó el Fondesif respecto de la información que tiene el Ministerio sobre el número de tractores entregados y los pendientes de dotación.

Se evidenció que no se contrató a una entidad financiera para que recupere los créditos. Tampoco hay registros sobre cronogramas de pago de los préstamos ni formularios de reconocimiento de firmas o solicitudes de crédito, ni fotocopia de cédula de identidad del representante legal. “Lo que es más grave

—dijo Rivero— es que la documentación original en el Ministerio ha sido sustraída, solamente se cuenta con fotocopias”.

El delegado nombrado por esta autoridad el 7 de febrero indagó sobre ese hecho y encontró las pautas iniciales para encargar este informe, que le fue entregado el anterior lunes.

Los créditos debían ser canalizados a través del Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y Apoyo Productivo (Fondesif). Este financiamiento fue autorizado por el Decreto Supremo 28785, del 5 de julio de 2006. Otra normativa, la número 28751, del 20 de junio, autorizó la entrega de 99 tractores agrícolas Fiat que estaban en Puerto de Rosario, Argentina.

Los delitos

Artículo 202 del Código Penal. El que suprimiere, ocultare o destruyere, en todo o en parte, un expediente o documento de modo que pueda resultar perjuicio, incurrirá en la privación de libertad de seis meses a dos años. Este cargo es por la desaparición de la documentación original del Programa Crediticio de Mecanización del Agro.

Artículo 144 del Código Penal. El funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función incurrirá en reclusión de libertad de un mes a un año. El cargo se refiere a la entrega de maquinaria agrícola sin la documentación de respaldo.

Artículo 221 del Código Penal. El funcionario público que a sabiendas celebrare contratos en perjuicio del Estado será sancionado con la privación de libertad de uno a cinco años. El cargo es por los errores en la firma de contratos de venta de los tractores Fiat.

Los trámites que no se completaron

No existe documentación de la entrega de la maquinaria agrícola.

No hay una base de datos de los beneficiados ni cárdex de los créditos.

Tampoco existen certificados de la internación de la maquinaria al país.

Además, los créditos no se inscribieron en una notaría ni en Derechos Reales.

Falta la información de la Central de Riesgos sobre los beneficiarios.

No se tiene un registro con las primeras cuotas pagadas, uno de los requisitos.

La información que tiene el Ministerio no coincide con la del Fondesif.

Toda la información del caso será remitida a la Fiscalía de Santa Cruz.

Salvatierra podría ser sometido a un juicio de responsabilidades como ex autoridad.

lunes, 21 de mayo de 2007

Podemos denuncia más casos de nepotismo en Comibol



Noticia publicada el 21 de Mayo en La Patria
El senador de Podemos, Roger Pinto, denunció, este domingo, nuevos casos de nepotismo, uso indebido de influencias y prolongación indebida de funciones en la Corporación Minera de Bolivia (Comibol).El legislador lamentó que el vicepresidente de Comibol, Grover Alejandro, haya contratado como funcionario de la estatal minera a su hijo Iván Alejandro, a quien se le asignó un salario cercano a los 5.000 bolivianos.
Explicó, también, que a raíz del convenio firmado entre el Gobierno y la Federación de Cooperativistas Mineros, este sector tiene una participación con dos delegados en el Directorio de Comibol, sin embargo, en la actualidad, tres son los representantes de FENCOMIN en esta entidad, “vulnerando ese compromiso gubernamental”.Los directores representantes de los mineros cooperativistas en Comibol son Jorge Cuenca, Esteban Villca y Federico Escóbar, los dos primeros se mantienen en el Directorio cerca de cuatro años, luego de que fueran nombrados en ese cargo durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.“No obstante, Jorge Cuenca tiene a su cuñada Nuvia Rojas trabajando como secretaria en una de las dependencias de la estatal minera y el director Esteban Villca, ha acomodado a su hija Patricia Villca en el cargo de asesora jurídica en Comibol Potosí”, dijo el senador.Pinto al igual que la jefa de Bancada de Podemos en Diputados, Lourdes Millares, expresaron su sorpresa y preocupación sobre estas contrataciones irregulares, como la que involucra al gerente Administrativo Financiero de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Jaime Rossel Maldonado, quien es cuñado del vocero gubernamental, Alex Contreras.Contreras confirmó que Rossel Maldonado es su cuñado, aunque dijo desconocer el cargo que ocupa en la estatal minera; entre tanto el aludido evitó referirse sobre el grado familiar que le une al Vocero de Palacio Quemado.Ante este panorama, La Bancada de Podemos en la Cámara de Diputados envió solicitudes a los 16 ministerios del Poder Ejecutivo para que hagan llegar las planillas de todos los funcionarios con ítemes y a contrato a fin de identificar los supuestos casos de nepotismo, uso indebido de influencias y favoritismos políticos.
La jefa de bancada, Lourdes Millares, indicó que esas solicitudes se hicieron la semana pasada mediante la Presidencia de la Cámara de Diputados, como establece el reglamento interno, por lo que una vez se cuente con esa información se establecerá la cantidad de vínculos familiares y/o partidarios que existen entre autoridades de gobierno, parlamentarios oficialistas con funcionarios estatales.

domingo, 20 de mayo de 2007

La corrupción en Bolivia ¿Cómo evitarla? Parte 4

4.1. De la Administración Pública y el principio de legalidad:
La actividad pública está regulada jurídicamente, en su quehacer rigen ciertos principios como el de legalidad, de raíz constitucional que rige la actuación de todo el estado de derecho. Este asegura el respeto a la normatividad y prelación jurídica, igualdad y razonabilidad jurídica, control y responsabilidad jurídica, consecuencias todas del Estado democrático modelo adoptado para la organización pública.
La legalidad, conformadora y limitadora de la actuación pública, asegura a los administradores a la disposición de la variedad de remedios sustantivos y vías formales para efectivizar la fiscalización y el control de la Administración Pública, La constitución y las leyes definen las atribuciones del poder público, y a ellas debe sujetarse su ejercicio que debe estar también imbuido de un alto sentido de responsabilidad.
4.2. Funcionario Público:
En términos generales, funcionario público es la persona que desempeña funciones públicas, la extensión de este concepto plantea dificultades por esta razón se hace imprescindible una conceptualización más precisa al respecto, algunos consideran que el funcionario es el encargado de actuar junto con los poderes públicos.
Aunque la palabra funcionario es muy difícil de concretar, por las diversas opiniones acerca de su amplitud, cabe destacar que el funcionario es toda persona que desempeñe una función o servicio, por lo general estables y públicos.
Además entre empleado y funcionario se suelen trazar diferencias: la primera, el carácter profesional de empleado, inferior en la jerarquía; y la índole de la directiva y menos estable del funcionario. Por eso un Ministro es funcionario de Estado. El empleado ha de estar forzosamente retribuido, por lo general con sueldo mensual, aunque cada vez más excepcionalmente, hay funcionarios que carecen de retribución o solo perciben determinadas dietas.
3.3. La Corrupción pública, bases de una definición:
Etimológicamente la palabra corrupción procede de la voz latina corrompiere a la vez está formada a partir de la partícula "cum" y del verbo "rumpo", rumpere, rupsi, ruptum, que literalmente significa romper... Sin embargo, en la realidad se le da el significado de "echar a perder" o "podrir".
La forma más común de la infracción a la ley penal en la que incurren los funcionarios públicos y los articulares es el cohecho. A partir de cuyo análisis, destacamos la naturaleza del conjunto de actos sancionados por la ley penal como delitos que atentan contra la función pública y la economía del Estado.
El término cohecho es un delito que desde los romanos, fue considerado como la acción o efecto de sobornar o corromper al funcionario o magistrado.
El delito de corrupción en Bolivia no esta tipificado, y entonces no existe como tal es decir, como tipo penal pues englobar muchas conductas típica, antijurídicas culpables y sancionables, pero en sí mismo no es un delito. Así, "corrupción" no pasa de ser una palabra del lenguaje Standard y sin sustento legal, que se emplea para englobar a diferentes actos presuntamente inmorales uno que están tipificados como delitos y otros que no lo están.
El fenómeno de la corrupción, es universal, es común a todos los países del planeta, por ello que cada legislación particular adopta diversos sistemas relucha contra este flagelo de los que se distinguen, entre otros, básicamente dos: El anglosajón y el denominado continental.
Un instrumento para la lucha es el sistema penal, es preciso puntualizar que una adecuada sistematización y actuación de los tipos penales debe tener su correlación en un sistema de administración de justicia penal ágil y eficiente mediante el cual debe demostrarse que los actos de corrupción no quedan impunes.
La corrupción es, sin duda, el fenómeno más característico de la vida política en las sociedades contemporáneas, no obstante, es preciso puntualizar que no existe un concepto universal e invariable de lo que es la corrupción, aunque en términos simples se la entienda como "el abuso del poder público para obtener beneficio particular". La corrupción implica siempre la violación del interés público para favorecer el interés personal o de grupos.
Para Robert Kligaard, la Corrupción, es "una conducta que se desvía de los deberes formales del rol público por ganancias de interés privado (personal, familiar, grupal), pecuniarias o relacionadas con el status o, que viola las reglas contra el ejercicio de ciertos tipos de conducta de interés privado".

lunes, 14 de mayo de 2007

Alto ejecutivo de Queiroz Galvao puede ir preso

Noticia publicada el 14 de mayo de 2007

El gerente general de la empresa Queiroz Galvao en Bolivia, Aloisio Machado Costa Reis, deberá asistir a una audiencia el próximo 23 de mayo, citado por el juez Instructor Cautelar Segundo en lo Penal de Tarija, Heby Ponce de León, quien puede ordenar su detención o fijar medidas sustitutivas a solicitud del Ministerio Público que investiga la mala construcción del túnel falso en la ruta Tarija-Bermejo.
El grupo Queiroz Galvao —uno de los consorcios más grandes en Brasil y una de las 76 empresas brasileñas que operan en el país— fue demandado por ser ejecutor de la obra, acusado por el diputado Fernando Barrientos Íñiguez, de Podemos, de daños económicos al Estado.

El legislador acusa de responsable a la empresa y ex ejecutivos del Servicio Nacional de Caminos por el desplome del túnel falso de Alarache, en la ruta Tarija-Bermejo, obra que costó 2.717.560 dólares, y donde, además, se incluye el costo de la supervisión técnica, que estuvo a cargo de la empresa Connal.

Fernando Barrientos manifestó su temor de que una maniobra política pueda hacer que la Corte Superior de Justicia de Tarija confirme su resolución declinando competencia para que el caso se traslade al departamento de La Paz, con lo que los ex ejecutivos del Servicio de Caminos estarían a salvo de las medidas cautelares que tenía previsto solicitar la Fiscalía del Distrito.

El Ministerio Público instauró proceso penal donde imputa formalmente y requiere medidas cautelares o sustitutivas a la detención preventiva, por los supuestos delitos de contratos lesivos al Estado y peligro de estrago, contra el principal imputado Aloisio Machado. ANF

sábado, 12 de mayo de 2007

Juez manda a la cárcel al ex dirigente Jaime Burgos

Noticia publicada el 12 de Mayo en La Prensa
El juez noveno de Instrucción en lo Penal, Rolando Sarmiento, ordenó ayer la detención preventiva de los ex dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la Caja de Salud, Jaime Burgos y Nelly Cruz, en el penal de San Pedro y el Centro de Orientación Femenina, de Obrajes, respectivamente, por los supuestos delitos de lavado de dinero y legitimación de ganancias ilícitas en la compra y transferencia de un terreno en El Alto.

La audiencia de medidas cautelares se inició a las 15:10 y finalizó a las 17:15. Estuvo presente la viceministra de Transparencia y Lucha Contra la Corupción, Nardy Suxo, quien expresó su satisfacción por el dictamen del juez, en este caso iniciado por el Ministerio Público.

La determinación fue asumida por la autoridad judicial porque existe riesgo de fuga de los dos imputados.

Terminada la audiencia, Burgos se declaró inocente y aseguró que “el tema es político y dijo que los errores administrativos de los ejecutivos en la entidad dieron lugar a esta situación”.

Durante la audiencia de medidas cautelares, los abogados de la defensa observaron que el fiscal Marco Patiño no pudo probar las acusaciones, aunque, pese a ello, el juez determinó la detención preventiva, lo cual lamentaron y afirmaron que con esa decisión se violó el ordenamiento jurídico.

Burgos es ex dirigente sindical laboral de la Caja Nacional de Salud (CNS) y fue arrestado por instrucción judicial la mañana del pasado jueves. Según las investigaciones, el Sindicato de Trabajadores de la Caja compró el terreno en 1999 a Implabol por 30 mil dólares, para que en sus 10 mil metros cuadrados se construya un policlínico que valdría 670 mil dólares, después Burgos y los otros imputados se apropiaron del terreno y lo ofrecieron al diputado suplente de Podemos Felipe Flores Chipana, en 100 mil dólares, de quien recibieron el cincuenta por ciento como adelanto.

Según las autoridades de la CNS, en este caso están involucrados ex ejecutivos de la institución, que serán investigados.

sábado, 5 de mayo de 2007

DANTE ESCOBAR - caso Focssap



Dante Escóbar debe devolver
daños por $us 21,7 millones

El ex gerente del Focssap cumple
una condena de 11 años de prisión

El juez Tercero de Partido en lo Penal de La Paz, Aníbal Miranda, sentenció a Dante Escóbar Plata, ex ejecutivo del Fondo Complementario del Seguro Social de la Administración Pública (Focssap), y sus presuntos cómplices, al pago de 21,7 millones de dólares por daños civiles que ocasionó al Estado y a más de dos, centenares de ex empleados públicos.
Escóbar tiene tres días, desde su notificación, para cumplir con la sentencia; y sus víctimas, según el juez Miranda, "pueden apersonarse (al juzgado) y solicitar lo que les corresponde en derecho" por daños civiles.

CUMPLE CONDENA
DE 11 AÑOS
Hace poco, el ex gerente del Focssap, que viene cumpliendo una condena de 11 años de prisión, había declarado ante el juez de la causa que sus bienes "exceden superabundantemente el probable, inexistente e imaginario daño civil".
Las investigaciones judiciales estimaron en 20 millones de dólares los bienes que Escóbar tiene, la mayoría consistente en lotes de terrenos, depósitos bancarios y casas, todos embargados para cubrir el daño civil que ocasionó con los delitos que cometió.
Miranda estableció que el "reo rematado (condenado a prisión por el Focssap I)" y sus cómplices deben pagar los siguientes montos de dinero a sus víctimas:
Al Focssap, 141.065.304, 99 bolivianos; al Fondo de Retiro del Empleado Público (Frep), 29.406.802,88; y a otras personas y entidades públicas, la suma de 3.247.177,33. La suma representa el equivalente de 21,7 millones de dólares.

RECLAMAN
SUS APORTES
Hasta ayer, 285 ex empleados públicos, aportantes al Frep, "se apersonaron" para reclamar la devolución de su dinero que Escóbar y sus cómplices se apropiaron. "Los afectados son más", dijo el juez Miranda.
Con anticipación, los representantes legales del Focssap y Frep demandaron el pago de los daños civiles que sufrieron.
En cambio, dos abogados que defendían a Dante Escóbar, sin que se dicte la sentencia de calificación de daños, lograron que el juez de la causa les autorice el pago de 2,3 millones de bolivianos por honorarios. Este hecho fue representado y el desembolso no se cumplió.
El Juzgado Tercero de Partido estableció que la "masa contabilizada" del daño alcanzaba a los 21,7 millones de dólares; y los bienes de Escóbar en 20 millones de dólares.
Aníbal Miranda dijo que "hay que cuantificar algunos otros bienes, como inmuebles, vehículos, cuentas congeladas, líneas telefónicas, joyas, etc.".
Explicó que los bienes de los "reos rematados" serán sometidos a un avalúo y se convocará a remate público.
El dinero que se obtenga será enviada (es enviado) al Tesoro General de la Nación para pagar a las entidades estatales y a las personas particulares, de acuerdo con una lista de prelación y preferidos.