viernes, 31 de octubre de 2014
jueves, 30 de octubre de 2014
Revelan millonaria cifra por corrupción
Según la viceministra de Lucha contra la Corrupción, Yessica Saravia, su despacho cuantificó que los delitos de corrupción han generado al menos Bs 2.000 millones como un presunto daño económico al Estado boliviano.
De acuerdo con Saravia, los daños se están tipificando en el Ministerio Público, luego de los procesos que se están investigando y remarcó que el Viceministerio ha sustanciado 388 denuncias ante la Fiscalía por diversos delitos de corrupción.
La cifra se dio a conocer en el día de la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento del terrorismo que se recordó ayer.
La legitimación de ganancias ilícitas es la actividad que logra legitimar dineros provenientes de actos ilegales, como el narcotráfico, la corrupción, tráfico y trata de personas, terrorismo, secuestro, extorsión, entre otros.
Más detalles
La ministra de Transparencia, Nardi Suxo, durante la celebración del encuentro internacional de Contromafie Internacional realizado del 24 al 26 de octubre en Roma (Italia), junto a las asociaciones y organizaciones comprometidas contra las diversas formas de delincuencia organizada y transnacional, informó de que la justicia en Bolivia aplicó 99 sentencias por delitos contra la corrupción y que hubo una recuperación de bienes en favor del Estado.
Suxo desveló que entre el 2006 y 2014 se recuperaron más de Bs 901 millones.
Las últimas denuncias presentadas ante la Fiscalía por el Gobierno fueron 7 de 42 contratos de riesgo compartido entre cooperativas mineras y empresas privadas, después de la auditoría realizada a la Corporación Minera de Bolivia (Comibol)
De acuerdo con Saravia, los daños se están tipificando en el Ministerio Público, luego de los procesos que se están investigando y remarcó que el Viceministerio ha sustanciado 388 denuncias ante la Fiscalía por diversos delitos de corrupción.
La cifra se dio a conocer en el día de la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento del terrorismo que se recordó ayer.
La legitimación de ganancias ilícitas es la actividad que logra legitimar dineros provenientes de actos ilegales, como el narcotráfico, la corrupción, tráfico y trata de personas, terrorismo, secuestro, extorsión, entre otros.
Más detalles
La ministra de Transparencia, Nardi Suxo, durante la celebración del encuentro internacional de Contromafie Internacional realizado del 24 al 26 de octubre en Roma (Italia), junto a las asociaciones y organizaciones comprometidas contra las diversas formas de delincuencia organizada y transnacional, informó de que la justicia en Bolivia aplicó 99 sentencias por delitos contra la corrupción y que hubo una recuperación de bienes en favor del Estado.
Suxo desveló que entre el 2006 y 2014 se recuperaron más de Bs 901 millones.
Las últimas denuncias presentadas ante la Fiscalía por el Gobierno fueron 7 de 42 contratos de riesgo compartido entre cooperativas mineras y empresas privadas, después de la auditoría realizada a la Corporación Minera de Bolivia (Comibol)
miércoles, 29 de octubre de 2014
Corrupción afecta gobernabilidad en Bolivia
Un informe de la calificadora de riesgos Fitch Ratings, con sede en Nueva York, observa que seis indicadores de gobernabilidad comparan desfavorablemente a Bolivia con relación a otros países, a pesar que durante los últimos años ha mejorado su perfil en la deuda soberana y goza de un sistema bancario estable.
VOZ OFICIAL
Poco después de conocer la calificación en septiembre último, el ministro de Economía, Luis Arce, indicó que las calificadoras de riesgo “no están viendo la verdadera dimensión de lo que está pasando en el país y la calificación otorgada tiene que ver con el comportamiento económico del país a diferencia de lo que ocurre con otras naciones que tuvieron crecimientos negativos o se han ralentizado (retrocedido)”.
El informe de Fitch Ratings muestra que esos indicadores se reflejan en el poco control hacia la corrupción, efectividad gubernamental, estabilidad política, calidad regulatoria y el imperio de la ley.
CIFRAS MACRO
La Fitch dice que a pesar de las mejoras significativas en el índice de Desarrollo Humano, Bolivia es uno de los países más pobres de Latinoamérica entre los exportadores de materias primas; además tiene el PIB per cápita más bajo con relación a otros países.
INFORMACIÓN
Por otra parte, Aesa Ratings, que es la calificadora líder en el mercado boliviano y socia de Fitch Ratings, compartió información con un grupo de periodistas a quienes explicó el alcance y la importancia de su trabajo en el país, sobre todo para el comportamiento de las empresas del sector público/privado con relación al mercado de valores y atracción de inversiones extranjeras.
TENDENCIA POSITIVA
El informe del Fitch Ratings se remonta a agosto de este año, donde hace conocer la calificación a Bolivia de “BB- con tendencia positiva” por su alto nivel de reservas internacionales en el orden del 47% del Producto Interno Bruto (PIB) y depósitos del sector público en el orden del 27% con relación al PIB.
SÓLIDA POSICIÓN
Asegura que Bolivia tiene una sólida posición acreedora, capaz de asumir mayor nivel de endeudamiento, mitigar riesgos por la baja en los precios de las materias primas, crecimiento promedio de 4.9% en los últimos cinco años, que puede subir en base a mayor inversión pública y proyectos de industrialización.
DEBILIDADES
Sin embargo, observa entre las debilidades, la dependencia de las materias primas que aumenta la vulnerabilidad del crecimiento de las cuentas fiscales, externas y términos de intercambio. Aclara que los hidrocarburos significan el 8% del PIB, 57% de los impuestos, 54% de las exportaciones y 33% de la inversión doméstica en 2013.
DEPENDENCIA
Señala que la incertidumbre regulatoria (donde el Estado es juez y parte frente a los privados), riesgos de nacionalización, apreciación real del tipo de cambio y un ambiente de negocios débil limitan la inversión privada; así como la diversificación económica y el desarrollo de nuevas reservas de hidrocarburos.
ENTORNO EMPRESARIAL
Las calificaciones podrían verse afectadas positivamente por: impulso de crecimiento sostenido que permita mejoras en el PIB per cápita; implementación de reformas que mejoren el entorno empresarial y aumentan nuestra confianza en las perspectivas de inversión y la sostenibilidad de las reservas de gas natural; y el fortalecimiento del marco presupuestario, sostiene el documento.
VOZ OFICIAL
Poco después de conocer la calificación en septiembre último, el ministro de Economía, Luis Arce, indicó que las calificadoras de riesgo “no están viendo la verdadera dimensión de lo que está pasando en el país y la calificación otorgada tiene que ver con el comportamiento económico del país a diferencia de lo que ocurre con otras naciones que tuvieron crecimientos negativos o se han ralentizado (retrocedido)”.
El informe de Fitch Ratings muestra que esos indicadores se reflejan en el poco control hacia la corrupción, efectividad gubernamental, estabilidad política, calidad regulatoria y el imperio de la ley.
CIFRAS MACRO
La Fitch dice que a pesar de las mejoras significativas en el índice de Desarrollo Humano, Bolivia es uno de los países más pobres de Latinoamérica entre los exportadores de materias primas; además tiene el PIB per cápita más bajo con relación a otros países.
INFORMACIÓN
Por otra parte, Aesa Ratings, que es la calificadora líder en el mercado boliviano y socia de Fitch Ratings, compartió información con un grupo de periodistas a quienes explicó el alcance y la importancia de su trabajo en el país, sobre todo para el comportamiento de las empresas del sector público/privado con relación al mercado de valores y atracción de inversiones extranjeras.
TENDENCIA POSITIVA
El informe del Fitch Ratings se remonta a agosto de este año, donde hace conocer la calificación a Bolivia de “BB- con tendencia positiva” por su alto nivel de reservas internacionales en el orden del 47% del Producto Interno Bruto (PIB) y depósitos del sector público en el orden del 27% con relación al PIB.
SÓLIDA POSICIÓN
Asegura que Bolivia tiene una sólida posición acreedora, capaz de asumir mayor nivel de endeudamiento, mitigar riesgos por la baja en los precios de las materias primas, crecimiento promedio de 4.9% en los últimos cinco años, que puede subir en base a mayor inversión pública y proyectos de industrialización.
DEBILIDADES
Sin embargo, observa entre las debilidades, la dependencia de las materias primas que aumenta la vulnerabilidad del crecimiento de las cuentas fiscales, externas y términos de intercambio. Aclara que los hidrocarburos significan el 8% del PIB, 57% de los impuestos, 54% de las exportaciones y 33% de la inversión doméstica en 2013.
DEPENDENCIA
Señala que la incertidumbre regulatoria (donde el Estado es juez y parte frente a los privados), riesgos de nacionalización, apreciación real del tipo de cambio y un ambiente de negocios débil limitan la inversión privada; así como la diversificación económica y el desarrollo de nuevas reservas de hidrocarburos.
ENTORNO EMPRESARIAL
Las calificaciones podrían verse afectadas positivamente por: impulso de crecimiento sostenido que permita mejoras en el PIB per cápita; implementación de reformas que mejoren el entorno empresarial y aumentan nuestra confianza en las perspectivas de inversión y la sostenibilidad de las reservas de gas natural; y el fortalecimiento del marco presupuestario, sostiene el documento.
martes, 28 de octubre de 2014
Fiscalía intenta anular las pruebas de irregularidades
A como dé lugar, la comisión de fiscales del caso Rózsa busca anular las pruebas presentadas en el incidente de nulidad absoluta que interpuso el general Gary Prado Salmón.
En especial pretende que no se tomen en cuenta la carta del exfiscal Marcelo Soza y los audios donde se escucha la voz de esta exautoridad entregados por la senadora electa Carmen Eva Gonzales.
Además de los peritajes de las mismas grabaciones presentados por la electa parlamentaria opositora y del periodista Carlos Valverde. En dichos documentos se revela un presunto sembrado de pruebas, compra de testigo y montaje del caso por parte de altos funcionarios del Gobierno.
La comisión de fiscales, integrada por Sergio Céspedes, Marco Antonio Rodríguez, Iván Ortiz, Javier Monasterios y Óscar Vera, solicitaron al presidente del Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, Sixto Fernández, que anule las mencionadas pruebas.
Además que solicitaron la anulación de las declaraciones de los testigos de descargo, entre ellos Boris Villegas, a quien consideran los representantes del Ministerio Público, como parcializados.
Según los fiscales Rodríguez, Monasterio, Ortiz y Céspedes, la defensa cometió irregularidades en la obtención de las pruebas, atentando contra la Constitución y el Código procesal penal.
Tomaron como ejemplo, la misiva de Soza, al sostener de que nunca fue legalizada por la Cancillería boliviana. De la misma manera, indican que los audios no los pidió ningún juez competente y las pruebas periciales fueron hechas por extranjeros desconocidos.
La defensa responde. Por su parte, el abogado Otto Ritter, patrocinante de Prado Salmón, rechazó las afirmaciones de los fiscales. "La carta de Soza está legalizada por la Cancillería brasileña, pero a su similar en Bolivia y el consulado en Brasilia no le dio la gana", afirmó el jurista. Ritter dijo además de que la verdad material es la existencia de la misiva. Sobre las grabaciones, indicó que la Fiscalía nunca encontró peritos nacionales para el audio. Cabe recordar que el caso de los audios se cerró porque Soza confirmó la autenticidad de su voz en los mismos.
En especial pretende que no se tomen en cuenta la carta del exfiscal Marcelo Soza y los audios donde se escucha la voz de esta exautoridad entregados por la senadora electa Carmen Eva Gonzales.
Además de los peritajes de las mismas grabaciones presentados por la electa parlamentaria opositora y del periodista Carlos Valverde. En dichos documentos se revela un presunto sembrado de pruebas, compra de testigo y montaje del caso por parte de altos funcionarios del Gobierno.
La comisión de fiscales, integrada por Sergio Céspedes, Marco Antonio Rodríguez, Iván Ortiz, Javier Monasterios y Óscar Vera, solicitaron al presidente del Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, Sixto Fernández, que anule las mencionadas pruebas.
Además que solicitaron la anulación de las declaraciones de los testigos de descargo, entre ellos Boris Villegas, a quien consideran los representantes del Ministerio Público, como parcializados.
Según los fiscales Rodríguez, Monasterio, Ortiz y Céspedes, la defensa cometió irregularidades en la obtención de las pruebas, atentando contra la Constitución y el Código procesal penal.
Tomaron como ejemplo, la misiva de Soza, al sostener de que nunca fue legalizada por la Cancillería boliviana. De la misma manera, indican que los audios no los pidió ningún juez competente y las pruebas periciales fueron hechas por extranjeros desconocidos.
La defensa responde. Por su parte, el abogado Otto Ritter, patrocinante de Prado Salmón, rechazó las afirmaciones de los fiscales. "La carta de Soza está legalizada por la Cancillería brasileña, pero a su similar en Bolivia y el consulado en Brasilia no le dio la gana", afirmó el jurista. Ritter dijo además de que la verdad material es la existencia de la misiva. Sobre las grabaciones, indicó que la Fiscalía nunca encontró peritos nacionales para el audio. Cabe recordar que el caso de los audios se cerró porque Soza confirmó la autenticidad de su voz en los mismos.
Caso Barcazas Niegan libertad a exgerente de Enabol
La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz negó ayer la modificación a la detención preventiva solicitada por el exgerente de la Empresa Naviera Boliviana (Enabol), Freddy Ballesteros, quien se encuentra desde febrero de 2013 en la cárcel de San Pedro por los presuntos hechos irregulares en la compra de barcazas para el Estado boliviano.
La fiscal del caso, Magaly Gonzales, informó que el Ministerio Público fundamentó ante la autoridad jurisdiccional los riesgos procesales como la obstaculización en el proceso y la fuga del imputado en caso de dar procedente la petición de Ballesteros.
“Hoy (lunes) se llevó a efecto una audiencia de apelación (…) el señor Freddy Ballesteros ha apelado una modificación de medias (cautelares) y la Sala Penal ha confirmado la resolución emitida por la jueza 12va de instrucción en lo penal, la resolución rechazaba la modificación de medidas cautelares”, sostuvo la fiscal.
En octubre y noviembre de 2009, el exgerente general de la Enabol, Contralmirante Freddy Alberto Ballesteros Quiroga, suscribió dos contratos con las empresas Yeunsoo Shipbulding Ltda. Co. y SeAH B&K Duck Sung Sociedad Accidental para la construcción de 16 barcazas y dos empujadores.
Posteriormente, en enero de 2010, subrogó los dos contratos a la empresa General Marine Bussines Co. (GMB), relación contractual en la que generó el desplazamiento patrimonial de aproximadamente 30 millones de dólares.
La fiscal del caso, Magaly Gonzales, informó que el Ministerio Público fundamentó ante la autoridad jurisdiccional los riesgos procesales como la obstaculización en el proceso y la fuga del imputado en caso de dar procedente la petición de Ballesteros.
“Hoy (lunes) se llevó a efecto una audiencia de apelación (…) el señor Freddy Ballesteros ha apelado una modificación de medias (cautelares) y la Sala Penal ha confirmado la resolución emitida por la jueza 12va de instrucción en lo penal, la resolución rechazaba la modificación de medidas cautelares”, sostuvo la fiscal.
En octubre y noviembre de 2009, el exgerente general de la Enabol, Contralmirante Freddy Alberto Ballesteros Quiroga, suscribió dos contratos con las empresas Yeunsoo Shipbulding Ltda. Co. y SeAH B&K Duck Sung Sociedad Accidental para la construcción de 16 barcazas y dos empujadores.
Posteriormente, en enero de 2010, subrogó los dos contratos a la empresa General Marine Bussines Co. (GMB), relación contractual en la que generó el desplazamiento patrimonial de aproximadamente 30 millones de dólares.
lunes, 27 de octubre de 2014
No me amedrentan, dijo Guarachi Golpean a dirigente por denunciar corrupción
Rider Guasico agredió físicamente la noche del domingo al dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Joel Guarachi, por revelar actos de corrupción en el Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc), denunció el afectado.
El hecho se registró en la terminal de Roboré de la provincia Chiquitos del departamento de Santa Cruz, cuando Guarachi se disponía a comprar un boleto a la ciudad de Santa Cruz.
Guasico se acercó a Guarachi, junto a otros dos hombres, reclamándole por su entrevista la mañana de ese día en la Red Erbol, donde hizo conocer que su hermano, Eliomar, desvió los recursos de un proyecto productivo y supuestamente ordenó matar al dirigente de la comunidad 26 de Julio del Beni, Jacobo Soruco, que investigaba el caso.
Guarachi dijo que recibió anteriormente llamadas de muerte de parte de Rider, pero en esta ocasión lo atacó por la espalda, para golpearlo y arañarlo en el rostro.
"En la terminal me encontré con el hermano de Eliomar Guasico, Rider Guasico, que el mismo me amenazó por teléfono la primera vez, cuando fui a ver el proyecto con el Fondo Indígena. Él me amenazó por teléfono a la una y media de la mañana.
Anoche comenzó a burlarse e insultarme y yo le dije: 'no hablo con maleantes y me fui'. Me estaba yendo a buscar mi flota y en eso no más el tipo me brincó, me arañó cerca al ojo y me golpeó en el rostro", relató a Erbol.
Eliomar dijo que hace seis meses perdió el contactó con su hermano y que desconoce las acusaciones que pesan contra él. Guarachi señaló que no lo amedrentarán y que continuará con las investigaciones.
"Estos tipos están reaccionando por denuncia que hemos hecho a través de Erbol, ya están reaccionando ellos, eso no me amedrenta, vamos a seguir con las investigaciones hasta las últimas consecuencias, si es necesario vamos a dar la vida por esclarecer este hecho, por luchar contra la corrupción, vamos a hacerlo", finalizó.
El hecho se registró en la terminal de Roboré de la provincia Chiquitos del departamento de Santa Cruz, cuando Guarachi se disponía a comprar un boleto a la ciudad de Santa Cruz.
Guasico se acercó a Guarachi, junto a otros dos hombres, reclamándole por su entrevista la mañana de ese día en la Red Erbol, donde hizo conocer que su hermano, Eliomar, desvió los recursos de un proyecto productivo y supuestamente ordenó matar al dirigente de la comunidad 26 de Julio del Beni, Jacobo Soruco, que investigaba el caso.
Guarachi dijo que recibió anteriormente llamadas de muerte de parte de Rider, pero en esta ocasión lo atacó por la espalda, para golpearlo y arañarlo en el rostro.
"En la terminal me encontré con el hermano de Eliomar Guasico, Rider Guasico, que el mismo me amenazó por teléfono la primera vez, cuando fui a ver el proyecto con el Fondo Indígena. Él me amenazó por teléfono a la una y media de la mañana.
Anoche comenzó a burlarse e insultarme y yo le dije: 'no hablo con maleantes y me fui'. Me estaba yendo a buscar mi flota y en eso no más el tipo me brincó, me arañó cerca al ojo y me golpeó en el rostro", relató a Erbol.
Eliomar dijo que hace seis meses perdió el contactó con su hermano y que desconoce las acusaciones que pesan contra él. Guarachi señaló que no lo amedrentarán y que continuará con las investigaciones.
"Estos tipos están reaccionando por denuncia que hemos hecho a través de Erbol, ya están reaccionando ellos, eso no me amedrenta, vamos a seguir con las investigaciones hasta las últimas consecuencias, si es necesario vamos a dar la vida por esclarecer este hecho, por luchar contra la corrupción, vamos a hacerlo", finalizó.
domingo, 26 de octubre de 2014
Los nexos brasileños de Andrés Guzmán y el misterio de cómo llegó D’Andréa a Bolivia
La Dirección de Sol de Pando intentó comunicarse con el representante de D’Andréa Agrimport, Roberto Falascina, enviando a su correo un cuestionario el 22 de octubre aún no respondido. Entre las interrogantes que deben esclarecer los empresarios brasileños y también autoridades bolivianas, queda por establecer las circunstancias en las cuales fue posible que una fabricante brasileña de maquinarias atravesando tan severas dificultades legales, económicas y tecnológicas en su propio país, logró un contrato directo para armar en Bolivia fábricas de cartón y papel, consideradas empresas estratégicas del Estado.
En círculos políticos y empresariales del Brasil que conocen los conflictos judiciales y financieros del grupo Falascina, se menciona un nombre que habría sido la clave para que D’Andréa haga negocios con el gobierno boliviano buscando salvarla de una inminente quiebra: Andrés Fermín Guzmán Heredia.
Andrés Guzmán y Olacyr de Morães, en el 2012, cuando acompañaron a la presidenta Dilma Rousseff, con una comitiva empresarial, a un viaje de negocios en Rusia. | Foto Archivo Veja
Andrés Guzmán y Olacyr de Morães, en el 2012, cuando acompañaron a la presidenta Dilma Rousseff, con una comitiva empresarial, a un viaje de negocios en Rusia. | Foto Archivo Veja
Guzmán Heredia fue un habilidoso político y gestor comercial nacido en Cochabamba que se instaló en los años 90 en el Acre boliviano para realizar negocios con el Brasil, rondando entre el éxito y la muerte.
Falleció trágicamente el 4 de abril de este año al ser acribillado por el chofer del famoso “rey de la soya” en el Brasil, Olacyr de Morâes, poco después de que Guzmán salía del palacete del octogenario y corrupto magnate, en São Paulo, con casi 200.000 dólares (en billetes de reales) dentro una maleta que se presume era parte de una extorsión al multimillonario. Andrés Guzmán se jactaba de ser amigo íntimo del viejo Olacyr, viajaban juntos a Europa y alguna vez lo trajo a Bolivia para ver el carnaval de Oruro. La Policía brasileña aún no ha esclarecido cómo y por qué pudo Guzmán extorsionar aquellos $us 200.000 a Morâes; según el chofer que lo baleó no era la primera vez que el boliviano obtenía dinero de ese modo, abusando a su patrón. Se presume que entre ambos empresarios habría existido un vínculo homosexual que se prestó a la extorsión. Olacyr de Morâes no fue imputado ya que su leal chofer asumió toda la responsabilidad penal del asesinato.
EL “OPERADOR” CLAVE DE LOS NEGOCIOS CON BRASIL
Con el talento de un próspero pastor evangélico para los diezmos, Guzmán Hererdia trabajó con el Gobierno de Sánchez de Lozada y asesoró al entonces ministro gonista Alfonso Revollo para entregar la administración del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) a la familia Canhedo, propietaria de la quebrada empresa VASP (qué sorprendente similitud con el caso D’Andréa). Con los buenos dividendos obtenidos del inescrupuloso Wagner Canhedo por esa intermediación que marcó el triste destino del LAB, Andrés Guzmán se compró un curul como Senador suplente por Pando dentro la bancada del partido Podemos que lideraba el ex presidente Jorge Quiroga Ramírez.
Cuando Evo Morales asumió la Presidencia, el senador podemista, fiel a su premisa de que “el poder es para hacer negocios”, se pasó a las filas del MAS y dio su voto en favor de la Ley de Reconducción Comunitaria del Inra, en noviembre del 2006. Con ese paso se abrió un camino expedito hacia el Palacio Quemado y se hizo amigo de mucha confianza de Juan Ramón Quintana, el Ministro de la Presidencia, quien gracias a Guzmán Heredia que trajo un grupo de “consultores” brasileños a Pando, pudo desarrollar una estrategia de alianzas, en las elecciones generales del 2010, con un sector de la élite conservadora pandina que abandonó al ex prefecto Leopoldo Fernández por cuestión de negocios precisamente.
Guzmán Heredia fue el puente para que Quintana establezca un pacto político con el principal líder de la vieja escuela banzerista de Pando, Miguel “Chiquitín” Becerra, quien rompió con Leopoldo Fernández que era respaldado por Tuto Quiroga. El frío pragmatismo con que Quintana, Guzmán y Becerra hicieron la “toma de Pando”, facilitó que sicarios vinculados al narcotráfico en la ruta de la cocaína del Perú al Brasil y que dispararon contra campesinos del MAS durante la masacre de Porvenir, sean bienvenidos en los aparatos de seguridad e inteligencia controlados por el Ministro de la Presidencia.
A Andrés Guzmán se lo vincula también con las gestiones realizadas por la empresa constructora brasileña OAS para adjudicarse la construcción del camino asfaltado entre Cochabamba y Beni, en el polémico proyecto que pretende atravesar el territorio indígena y parque nacional del Tipnis, dentro la amazonia boliviana.
Gestando la gran estafa del papel y del cartón
El 3 de septiembre del año 2007, el Ministro de la Presidencia anunció oficialmente una reunión con la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) para exponerles el plan gubernamental de crear un conjunto de “empresas estratégicas” en el área productiva. Quintana, decía la crónica informativa, “anunció que se discutirá en forma democrática y respetuosa todos los puntos de vista, y las objeciones a la política oficial”. Fue entonces cuando Eduardo Peinado Rivero, el Viceministro de Industrias, hizo su estelar aparición anunciando que“el Ejecutivo prevé impulsar industrias estatales de papel, cartón y vidrio”. El presidente de la CEPB, Roberto Mustafá, expresó sus reparos. “Los empresarios no estamos de acuerdo que existan empresas estatales, todo debe estar en manos privadas para evitar temas de corrupción, favoritismo político. Todo se debe manejar con visión clara y gestión empresarial”,declaró Mustafá premonitoriamente.
Dos días después de la reunión con los empresarios privados, el 5 de septiembre del 2007 —con un enfático impulso del Ministro de la Presidencia— el Gobierno crea simultáneamente las empresas para fabricar papel y cartón, Papelbol en Cochabamba y Cartonbol en Oruro, mediante los sucesivos decretos supremos 29255 y 29256 respectivamente.
Esas empresas instaladas en el occidente del país, además de Lacteosbol, junto a otras como la Empresa Boliviana de Almendras (EBA) y la Cooperativa de Zafreros y Fabriles castañeros (Zafabri) en el norte amazónico (Riberalta), fueron proyectadas y diseñadas y diseñadas con la intervención personal del Ministro de la Presidencia a través de un organismo técnico bajo su directa dependencia, la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), creada en abril del mismo año 2007, de la cual en el año 2010 (cuando Quintana asume la dirección de Ademaf, organismo diseñado por el mismo ex militar para desplegar labores de inteligencia y seguridad del Estado encubiertas como actividades de desarrollo económico en base a las teorías clásicas de la “guerra de baja intensidad”) se desprendió el Servicio de Desarrollo Productivo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem), que bajo tuición de Ministerio de Desarrollo Productivo administra actualmente las “empresas estratégicas” creadas por Quintana en el 2007. La UPRE continúa operando en dicho Ministerio “direccionando” —según los criterios personales, políticos y electorales de Quintana— recursos del programa Evo Cumple que es financiado con fondos venezolanos. Desde el año 2011, esta unidad “técnica y económica” del Ministerio de la Presidencia tiene las manos libres para realizar contrataciones directas, sin necesidad de licitación alguna (aun cuando los montos en juego sean mayores a Bs 20.000), que es exactamente lo que Peinado ya hizo desde su Viceministerio en el 2007 favoreciendo a D’Andréa al margen de toda licitación.
Las fábricas Papelbol y Cartonbol nacieron el año 2007 amarradas a D’Andréa Agrimport que —de manera idéntica a la quebrada VASP en los tiempos de Sánchez de Lozada— llegó a Bolivia para obtener ganancias ilícitas buscando salir de su bancarrota; y también tenía entre sus gestores más activos y convincentes a Andrés Guzmán Heredia, estrecho colaborador del ministro Quintana además de miembro connotado de la Cámara Boliviano Brasileña de Comercio.
En círculos políticos y empresariales del Brasil que conocen los conflictos judiciales y financieros del grupo Falascina, se menciona un nombre que habría sido la clave para que D’Andréa haga negocios con el gobierno boliviano buscando salvarla de una inminente quiebra: Andrés Fermín Guzmán Heredia.
Andrés Guzmán y Olacyr de Morães, en el 2012, cuando acompañaron a la presidenta Dilma Rousseff, con una comitiva empresarial, a un viaje de negocios en Rusia. | Foto Archivo Veja
Andrés Guzmán y Olacyr de Morães, en el 2012, cuando acompañaron a la presidenta Dilma Rousseff, con una comitiva empresarial, a un viaje de negocios en Rusia. | Foto Archivo Veja
Guzmán Heredia fue un habilidoso político y gestor comercial nacido en Cochabamba que se instaló en los años 90 en el Acre boliviano para realizar negocios con el Brasil, rondando entre el éxito y la muerte.
Falleció trágicamente el 4 de abril de este año al ser acribillado por el chofer del famoso “rey de la soya” en el Brasil, Olacyr de Morâes, poco después de que Guzmán salía del palacete del octogenario y corrupto magnate, en São Paulo, con casi 200.000 dólares (en billetes de reales) dentro una maleta que se presume era parte de una extorsión al multimillonario. Andrés Guzmán se jactaba de ser amigo íntimo del viejo Olacyr, viajaban juntos a Europa y alguna vez lo trajo a Bolivia para ver el carnaval de Oruro. La Policía brasileña aún no ha esclarecido cómo y por qué pudo Guzmán extorsionar aquellos $us 200.000 a Morâes; según el chofer que lo baleó no era la primera vez que el boliviano obtenía dinero de ese modo, abusando a su patrón. Se presume que entre ambos empresarios habría existido un vínculo homosexual que se prestó a la extorsión. Olacyr de Morâes no fue imputado ya que su leal chofer asumió toda la responsabilidad penal del asesinato.
EL “OPERADOR” CLAVE DE LOS NEGOCIOS CON BRASIL
Con el talento de un próspero pastor evangélico para los diezmos, Guzmán Hererdia trabajó con el Gobierno de Sánchez de Lozada y asesoró al entonces ministro gonista Alfonso Revollo para entregar la administración del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) a la familia Canhedo, propietaria de la quebrada empresa VASP (qué sorprendente similitud con el caso D’Andréa). Con los buenos dividendos obtenidos del inescrupuloso Wagner Canhedo por esa intermediación que marcó el triste destino del LAB, Andrés Guzmán se compró un curul como Senador suplente por Pando dentro la bancada del partido Podemos que lideraba el ex presidente Jorge Quiroga Ramírez.
Cuando Evo Morales asumió la Presidencia, el senador podemista, fiel a su premisa de que “el poder es para hacer negocios”, se pasó a las filas del MAS y dio su voto en favor de la Ley de Reconducción Comunitaria del Inra, en noviembre del 2006. Con ese paso se abrió un camino expedito hacia el Palacio Quemado y se hizo amigo de mucha confianza de Juan Ramón Quintana, el Ministro de la Presidencia, quien gracias a Guzmán Heredia que trajo un grupo de “consultores” brasileños a Pando, pudo desarrollar una estrategia de alianzas, en las elecciones generales del 2010, con un sector de la élite conservadora pandina que abandonó al ex prefecto Leopoldo Fernández por cuestión de negocios precisamente.
Guzmán Heredia fue el puente para que Quintana establezca un pacto político con el principal líder de la vieja escuela banzerista de Pando, Miguel “Chiquitín” Becerra, quien rompió con Leopoldo Fernández que era respaldado por Tuto Quiroga. El frío pragmatismo con que Quintana, Guzmán y Becerra hicieron la “toma de Pando”, facilitó que sicarios vinculados al narcotráfico en la ruta de la cocaína del Perú al Brasil y que dispararon contra campesinos del MAS durante la masacre de Porvenir, sean bienvenidos en los aparatos de seguridad e inteligencia controlados por el Ministro de la Presidencia.
A Andrés Guzmán se lo vincula también con las gestiones realizadas por la empresa constructora brasileña OAS para adjudicarse la construcción del camino asfaltado entre Cochabamba y Beni, en el polémico proyecto que pretende atravesar el territorio indígena y parque nacional del Tipnis, dentro la amazonia boliviana.
Gestando la gran estafa del papel y del cartón
El 3 de septiembre del año 2007, el Ministro de la Presidencia anunció oficialmente una reunión con la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) para exponerles el plan gubernamental de crear un conjunto de “empresas estratégicas” en el área productiva. Quintana, decía la crónica informativa, “anunció que se discutirá en forma democrática y respetuosa todos los puntos de vista, y las objeciones a la política oficial”. Fue entonces cuando Eduardo Peinado Rivero, el Viceministro de Industrias, hizo su estelar aparición anunciando que“el Ejecutivo prevé impulsar industrias estatales de papel, cartón y vidrio”. El presidente de la CEPB, Roberto Mustafá, expresó sus reparos. “Los empresarios no estamos de acuerdo que existan empresas estatales, todo debe estar en manos privadas para evitar temas de corrupción, favoritismo político. Todo se debe manejar con visión clara y gestión empresarial”,declaró Mustafá premonitoriamente.
Dos días después de la reunión con los empresarios privados, el 5 de septiembre del 2007 —con un enfático impulso del Ministro de la Presidencia— el Gobierno crea simultáneamente las empresas para fabricar papel y cartón, Papelbol en Cochabamba y Cartonbol en Oruro, mediante los sucesivos decretos supremos 29255 y 29256 respectivamente.
 |
| Andrés Guzmán Heredia (izq), asesinado en abril de este año en Sâo Paulo bajo circunstancias escabrosas, Eduardo Peinado (centro) por fin tras las rejas, y Roberto Falascina, el dueño brasileño de D’Andréa, una fábrica de maquinarias agrícolas cuyas chatarras no pueden ser rematadas. Tres personajes, entre otros, claves en el negociado de Papelbol. | Fotomontaje Sol de Pando |
Esas empresas instaladas en el occidente del país, además de Lacteosbol, junto a otras como la Empresa Boliviana de Almendras (EBA) y la Cooperativa de Zafreros y Fabriles castañeros (Zafabri) en el norte amazónico (Riberalta), fueron proyectadas y diseñadas y diseñadas con la intervención personal del Ministro de la Presidencia a través de un organismo técnico bajo su directa dependencia, la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), creada en abril del mismo año 2007, de la cual en el año 2010 (cuando Quintana asume la dirección de Ademaf, organismo diseñado por el mismo ex militar para desplegar labores de inteligencia y seguridad del Estado encubiertas como actividades de desarrollo económico en base a las teorías clásicas de la “guerra de baja intensidad”) se desprendió el Servicio de Desarrollo Productivo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem), que bajo tuición de Ministerio de Desarrollo Productivo administra actualmente las “empresas estratégicas” creadas por Quintana en el 2007. La UPRE continúa operando en dicho Ministerio “direccionando” —según los criterios personales, políticos y electorales de Quintana— recursos del programa Evo Cumple que es financiado con fondos venezolanos. Desde el año 2011, esta unidad “técnica y económica” del Ministerio de la Presidencia tiene las manos libres para realizar contrataciones directas, sin necesidad de licitación alguna (aun cuando los montos en juego sean mayores a Bs 20.000), que es exactamente lo que Peinado ya hizo desde su Viceministerio en el 2007 favoreciendo a D’Andréa al margen de toda licitación.
Las fábricas Papelbol y Cartonbol nacieron el año 2007 amarradas a D’Andréa Agrimport que —de manera idéntica a la quebrada VASP en los tiempos de Sánchez de Lozada— llegó a Bolivia para obtener ganancias ilícitas buscando salir de su bancarrota; y también tenía entre sus gestores más activos y convincentes a Andrés Guzmán Heredia, estrecho colaborador del ministro Quintana además de miembro connotado de la Cámara Boliviano Brasileña de Comercio.
sábado, 25 de octubre de 2014
Por delitos de corrupción Ex alcalde de Machacamarca condenado a 3 años de cárcel
El Tribunal de Sentencia de Huanuni, dependiente del Distrito Judicial de Oruro, emitió sentencia condenatoria contra el ex alcalde de Machacamarca Freddy Callisaya Chinche y el ex oficial mayor técnico de dicho municipio Luis Elio Juaniquina Ajhuacho por los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, condenándolos a 3 años de reclusión.
La denuncia contra dichas exautoridades fue presentada el 2010 por el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción.
Según la denuncia Callisaya autorizó la contratación de la empresa Conspargon, para la ejecución del proyecto "Construcción de Cordones y Aceras Zona Villa Victoria", por valor de algo más de 98.000 bolivianos sin contar con planos, diseños y costos finales debidamente aprobados.
También autorizó el pago a la empresa, dando conformidad a la buena ejecución de la obra, sin observar su acabado final, cuando la obra se encontraba inconclusa y con defectos de construcción.
Por su parte, Luis Elio Juaniquina Ajhuacho suscribió el acta de entrega definitiva sin observar los defectos de la obra omitiendo aplicar la boleta de garantía.
La denuncia contra dichas exautoridades fue presentada el 2010 por el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción.
Según la denuncia Callisaya autorizó la contratación de la empresa Conspargon, para la ejecución del proyecto "Construcción de Cordones y Aceras Zona Villa Victoria", por valor de algo más de 98.000 bolivianos sin contar con planos, diseños y costos finales debidamente aprobados.
También autorizó el pago a la empresa, dando conformidad a la buena ejecución de la obra, sin observar su acabado final, cuando la obra se encontraba inconclusa y con defectos de construcción.
Por su parte, Luis Elio Juaniquina Ajhuacho suscribió el acta de entrega definitiva sin observar los defectos de la obra omitiendo aplicar la boleta de garantía.
viernes, 24 de octubre de 2014
Caso Terrorismo Incidentes de nulidad dilatan declaraciones
Los incidentes de nulidad, interpuestos por la defensa de Gari Prado Salmón e Ignacio Villa Vargas, retrasaron la fase de toma de declaraciones por más de siete meses, en el denominado caso Terrorismo, de no presentarse ningún otro recurso legal, las declaraciones de los siete imputados que restan podrían concluir en dos semanas, pero esto es muy improbable, ya que siendo un proceso de gran relevancia no se descarta nuevos inconvenientes, afirmó Sergio Céspedes, parte de la comisión de fiscales que lleva el caso.
Céspedes recordó que la etapa de declaraciones fue interrumpida el pasado 12 de marzo, cuando el exabogado de la Corte Departamental Electoral de Santa Cruz, Marco Monasterio, tenía que prestar sus declaraciones, esto debido al incidente de nulidad presentado por el hijo y abogado del exmilitar Gari Prado Salmón.
El abogado, del mismo nombre, basó su recurso en la denominada “Carta al Pueblo de Bolivia”, escrita y envida desde Brasil, por el exfiscal del caso Terrorismo I, Marcelo Soza, quien fugó a ese país y solicitó el asilo político.
En esta carta, Soza revela el supuesto montaje del caso, con el fin de anular a la oposición política en Santa Cruz.
“Después, la defensa de Ignacio Villavargas presentó recusación en contra de todo el tribunal, esa recusación ha durado tres meses y ocasionó retardación de justicia. Luego de resuelta esta recusación, se retomó el trámite de los incidentes, para ello, ofrecieron y produjeron la prueba testifical. Ya han agotado ese recurso y ahora corresponde la prueba documental”, informó Céspedes.
Este procedimiento ya se ha fijado para el próximo lunes, el fiscal afirma que hasta el día lunes se dictara resolución sobre el incidente de nulidad. Posterior a esto, se retomará las declaraciones de los siete implicados restantes.
CARTA NO VÁLIDA
Céspedes, como en anteriores ocasiones, afirmó que para el Ministerio Público, la carta escrita por Soza no “tiene valides alguna porque no ha sido obtenida de manera legal y ese es el sustento legal que tiene la Fiscalía”, sostuvo.
Céspedes recordó que la etapa de declaraciones fue interrumpida el pasado 12 de marzo, cuando el exabogado de la Corte Departamental Electoral de Santa Cruz, Marco Monasterio, tenía que prestar sus declaraciones, esto debido al incidente de nulidad presentado por el hijo y abogado del exmilitar Gari Prado Salmón.
El abogado, del mismo nombre, basó su recurso en la denominada “Carta al Pueblo de Bolivia”, escrita y envida desde Brasil, por el exfiscal del caso Terrorismo I, Marcelo Soza, quien fugó a ese país y solicitó el asilo político.
En esta carta, Soza revela el supuesto montaje del caso, con el fin de anular a la oposición política en Santa Cruz.
“Después, la defensa de Ignacio Villavargas presentó recusación en contra de todo el tribunal, esa recusación ha durado tres meses y ocasionó retardación de justicia. Luego de resuelta esta recusación, se retomó el trámite de los incidentes, para ello, ofrecieron y produjeron la prueba testifical. Ya han agotado ese recurso y ahora corresponde la prueba documental”, informó Céspedes.
Este procedimiento ya se ha fijado para el próximo lunes, el fiscal afirma que hasta el día lunes se dictara resolución sobre el incidente de nulidad. Posterior a esto, se retomará las declaraciones de los siete implicados restantes.
CARTA NO VÁLIDA
Céspedes, como en anteriores ocasiones, afirmó que para el Ministerio Público, la carta escrita por Soza no “tiene valides alguna porque no ha sido obtenida de manera legal y ese es el sustento legal que tiene la Fiscalía”, sostuvo.
lunes, 20 de octubre de 2014
Cierran proceso contra exfiscal Soza
En marzo de 2013, la exsenadora, Carmen Eva Gonzales, presentó un audio en el que el exfiscal del caso Terrorismo, Marcelo Soza, citaba datos reveladores del caso Terrorismo y en el que involucraba a autoridades del Órgano Ejecutivo dentro este hecho.
La autoridad judicial sostuvo que al no establecerse la legalidad de las pruebas obtenidas por la parte denunciante no existe razón para continuar con el proceso, además que el caso no se unificó al de Santa Cruz donde se abrió otra investigación en contra de Soza.
“Audios contenidos en un CD donde no se sabe de dónde emerge, de dónde ha sido arribado este elemento probatorio y estos elementos han sido dilucidados a través de un incidente a cuyo efecto el fiscal tomando estos preceptos ha determinado el rechazo”, expresó Rivadeneira.
En tanto, el fiscal a cargo de estas investigaciones, José Villarroel, manifestó que en este caso el juez observó los elementos obtenidos por la exlegisladora con los que instauró un proceso penal por el delito de uso indebido de influencias en contra de Soza.
“Ha resuelto algunos otros incidentes que determinan de que el elemento adjuntado a la denuncia que serían los audios justamente habría vulnerado procedimientos, derechos personales al señor Soza y hemos sido notificados con dicha resolución lo que ha determinado plasmar en una resolución por el juez, una resolución de rechazo”, explicó Villarroel.
En marzo de 2013, la exsenadora opositora, Carmen Eva Gonzales, presentó un audio en el que Soza citaba datos reveladores del caso Terrorismo y en el que involucraba a autoridades del Órgano Ejecutivo dentro este hecho.
Marcelo Soza se encuentra en Brasil y permanece en calidad de refugiado luego de que el 12 de marzo el Comité Nacional para Refugiados (Conare) de ese país aceptará la petición por considerarlo un perseguido político por el Gobierno de Evo Morales.
Soza admitió que esas declaraciones en la grabación eran ciertas. “Las grabaciones que presentó la senadora Carmen Eva Gonzales a medios de comunicación corresponden a mi voz, que fue grabada por Julkar Gabriel Zeballos, un investigador del Ministerio de Gobierno, que trabajó conmigo en el caso terrorismo I”, dijo en entrevista a medios bolivianos en Brasil. (ANF)
CRONOLOGÍA del caso audio
La senadora Carmen Eva Gonzales (CN) presentó, en marzo de 2013, una grabación donde el exfiscal del caso Terrorismo, Marcelo Soza, relató los pormenores de este caso y la “red de extorsión” que operaba al interior del Gobierno.
El audio, de 24 minutos de duración, dio detalles sobre los contactos y nexos que Soza mantenía con la cúpula del actual Gobierno.
HERMANO DEL VICEPRESIDENTE
De inicio, en las grabaciones, Soza menciona una investigación en contra de Raúl García, hermano del vicepresidente Álvaro García, de quien dice: “ A mí me han pasado el dato extraoficial, le están investigando al hermano del Vicepresidente tarde o temprano pum le van a caer (…). Les van a joder hermano al Raúl, se va a destapar, lo van a hacer bajar al Vicepresidente y dice que este último, hace seis meses atrás, dice que este carajo había viajado al exterior, dicen que lo han agarrado con droga”, señaló.
RED DE EXTORSIÓN
Soza también revela cómo el caso sobre supuesto enriquecimiento ilícito, por el cual fue preso el ciudadano norteamericano, Jacob Ostreicher, estaba forzado. A raíz de este caso se destapó la llamada “red de extorsión” que operaba al interior del Gobierno, “sabemos que está forzado”, señaló Soza.
“Quien estaba más arruinado era el Denis (Rodas, exabogado del Ministerio de Gobierno) estaba más jodido, se ha dedicado a extorsionar a un montón de gente (…). Si este último en las audiencias que teníamos íbamos con el (fiscal) Sergio (Céspedes), el Sergio me llama me dice: ‘ese Denis había pedido dinero a mi nombre’”, expresó.
CASO TERRORISMO
Sobre el caso Terrorismo I, Soza afirma en el audio, que Luis Clavijo, ex funcionario del Gobierno estaba implicado por haber armado “negocios” en el tema de los allanamientos.
“Se cae este caso, hermano, se cae el Evo”, afirmÓ Soza a tiempo de indicar que “no le cuentan todo al Presidente” sobre este tema.
Al momento de ser presentado el audio, la legisladora opositora indicó, que envió copias al fiscal general Ramiro Guerrero, a la Asamblea de Derechos Humanos y a organismos internacionales, NNUU, OEA y Unión Europea.
“Esto no puede quedar en el aire..., no puedo decir si la grabación y lo que se dice es verdad o mentira, las autoridades tienen que investigar. El mismo Presidente debe ordenar una investigación, porque este video lo involucra; él debe responder por esto”, dijo.
citas destacadas de la grabación
Entre lo más sobresaliente de ese audio también se destaca:
“Se han perdido las cosas de la oficina. Ha sacado el (entonces viceministro de Gobierno) Pérez. Así están manejando las pruebas (del caso Terrorismo). Pero el Sacha (Llorenti) sabía de este asunto. Yo me he anticipado y al Juan Ramón (Quintana) le dije, al mismo Presidente”.
“Extorsionar, han extorsionado. Se han aprovechado un montón de gente, hermano: (Luis) Clavijo, (Carlos) Subirana, esa Ana Claudia Arruda, la misma Jessica Jordan ¿Después quién más? (Jorge) Pérez y toditos esos...”.
“Con el (ministro) Romero hablamos. ¿Pero sabes qué es lo que pasa? Hay conflicto de intereses. Del Boris (Villegas), del Denis (Rodas) y la última declaración del Wilfredo (Chávez). (Romero) dice: ‘Yo no tenía confianza en el Boris y quería despedirlo y la Nardi Suxo me dice que no’”.
“Les van a joder hermano, al Raúl. Se va a destapar. Lo van a hacer bajar al Vicepresidente. Dice que este último, hace seis meses atrás, más o menos, dicen que había viajado al exterior. Lo habían agarrado con droga, hermano, la embajada”.
La autoridad judicial sostuvo que al no establecerse la legalidad de las pruebas obtenidas por la parte denunciante no existe razón para continuar con el proceso, además que el caso no se unificó al de Santa Cruz donde se abrió otra investigación en contra de Soza.
“Audios contenidos en un CD donde no se sabe de dónde emerge, de dónde ha sido arribado este elemento probatorio y estos elementos han sido dilucidados a través de un incidente a cuyo efecto el fiscal tomando estos preceptos ha determinado el rechazo”, expresó Rivadeneira.
En tanto, el fiscal a cargo de estas investigaciones, José Villarroel, manifestó que en este caso el juez observó los elementos obtenidos por la exlegisladora con los que instauró un proceso penal por el delito de uso indebido de influencias en contra de Soza.
“Ha resuelto algunos otros incidentes que determinan de que el elemento adjuntado a la denuncia que serían los audios justamente habría vulnerado procedimientos, derechos personales al señor Soza y hemos sido notificados con dicha resolución lo que ha determinado plasmar en una resolución por el juez, una resolución de rechazo”, explicó Villarroel.
En marzo de 2013, la exsenadora opositora, Carmen Eva Gonzales, presentó un audio en el que Soza citaba datos reveladores del caso Terrorismo y en el que involucraba a autoridades del Órgano Ejecutivo dentro este hecho.
Marcelo Soza se encuentra en Brasil y permanece en calidad de refugiado luego de que el 12 de marzo el Comité Nacional para Refugiados (Conare) de ese país aceptará la petición por considerarlo un perseguido político por el Gobierno de Evo Morales.
Soza admitió que esas declaraciones en la grabación eran ciertas. “Las grabaciones que presentó la senadora Carmen Eva Gonzales a medios de comunicación corresponden a mi voz, que fue grabada por Julkar Gabriel Zeballos, un investigador del Ministerio de Gobierno, que trabajó conmigo en el caso terrorismo I”, dijo en entrevista a medios bolivianos en Brasil. (ANF)
CRONOLOGÍA del caso audio
La senadora Carmen Eva Gonzales (CN) presentó, en marzo de 2013, una grabación donde el exfiscal del caso Terrorismo, Marcelo Soza, relató los pormenores de este caso y la “red de extorsión” que operaba al interior del Gobierno.
El audio, de 24 minutos de duración, dio detalles sobre los contactos y nexos que Soza mantenía con la cúpula del actual Gobierno.
HERMANO DEL VICEPRESIDENTE
De inicio, en las grabaciones, Soza menciona una investigación en contra de Raúl García, hermano del vicepresidente Álvaro García, de quien dice: “ A mí me han pasado el dato extraoficial, le están investigando al hermano del Vicepresidente tarde o temprano pum le van a caer (…). Les van a joder hermano al Raúl, se va a destapar, lo van a hacer bajar al Vicepresidente y dice que este último, hace seis meses atrás, dice que este carajo había viajado al exterior, dicen que lo han agarrado con droga”, señaló.
RED DE EXTORSIÓN
Soza también revela cómo el caso sobre supuesto enriquecimiento ilícito, por el cual fue preso el ciudadano norteamericano, Jacob Ostreicher, estaba forzado. A raíz de este caso se destapó la llamada “red de extorsión” que operaba al interior del Gobierno, “sabemos que está forzado”, señaló Soza.
“Quien estaba más arruinado era el Denis (Rodas, exabogado del Ministerio de Gobierno) estaba más jodido, se ha dedicado a extorsionar a un montón de gente (…). Si este último en las audiencias que teníamos íbamos con el (fiscal) Sergio (Céspedes), el Sergio me llama me dice: ‘ese Denis había pedido dinero a mi nombre’”, expresó.
CASO TERRORISMO
Sobre el caso Terrorismo I, Soza afirma en el audio, que Luis Clavijo, ex funcionario del Gobierno estaba implicado por haber armado “negocios” en el tema de los allanamientos.
“Se cae este caso, hermano, se cae el Evo”, afirmÓ Soza a tiempo de indicar que “no le cuentan todo al Presidente” sobre este tema.
Al momento de ser presentado el audio, la legisladora opositora indicó, que envió copias al fiscal general Ramiro Guerrero, a la Asamblea de Derechos Humanos y a organismos internacionales, NNUU, OEA y Unión Europea.
“Esto no puede quedar en el aire..., no puedo decir si la grabación y lo que se dice es verdad o mentira, las autoridades tienen que investigar. El mismo Presidente debe ordenar una investigación, porque este video lo involucra; él debe responder por esto”, dijo.
citas destacadas de la grabación
Entre lo más sobresaliente de ese audio también se destaca:
“Se han perdido las cosas de la oficina. Ha sacado el (entonces viceministro de Gobierno) Pérez. Así están manejando las pruebas (del caso Terrorismo). Pero el Sacha (Llorenti) sabía de este asunto. Yo me he anticipado y al Juan Ramón (Quintana) le dije, al mismo Presidente”.
“Extorsionar, han extorsionado. Se han aprovechado un montón de gente, hermano: (Luis) Clavijo, (Carlos) Subirana, esa Ana Claudia Arruda, la misma Jessica Jordan ¿Después quién más? (Jorge) Pérez y toditos esos...”.
“Con el (ministro) Romero hablamos. ¿Pero sabes qué es lo que pasa? Hay conflicto de intereses. Del Boris (Villegas), del Denis (Rodas) y la última declaración del Wilfredo (Chávez). (Romero) dice: ‘Yo no tenía confianza en el Boris y quería despedirlo y la Nardi Suxo me dice que no’”.
“Les van a joder hermano, al Raúl. Se va a destapar. Lo van a hacer bajar al Vicepresidente. Dice que este último, hace seis meses atrás, más o menos, dicen que había viajado al exterior. Lo habían agarrado con droga, hermano, la embajada”.
viernes, 17 de octubre de 2014
Caso Rózsa. Boris Villegas dijo que ministros sabían de irregularidades.
Molesto por el rechazo de la recusación a los jueces del tribunal de sentencia en el caso Rózsa, el abogado Otto Ritter señala que los mencionados juristas responden a órdenes que emanan del Gobierno.
"Los jueces cumplen órdenes desde el Gobierno y por eso rechazan la recusación que hemos presentado", manifestó a los medios de comunicación Ritter.
El pasado miércoles, defensores de 18 imputados presentaron una recusación en contra del presidente del Tribunal de Sentencia, Sixto Fernández y de la jueza ciudadana Sonia Mamani por presunta parcialidad.
Molestia. La juez técnico, Elena Gemio, fue quien se encargó de resolver la recusación presentada, misma que al final fue rechazada y dio vía libre al regreso de Fernández como cabeza del tribunal.
Gemio tomó la determinación luego de que Sonia Mamani se retractó de anteriores declaraciones en las que señalaba a Sixto Fernández por incumplirle promesas y presionarla para que siga en el caso y la que admitía además haber recibido ayuda del Ministerio de Gobierno.
"Yo tengo personalidad, decido por mí misma, nunca he recibido nada, se ha malentendido lo que he dicho", fueron las palabras de Sonia Mamani.
Gemio dio la potestad a Fernández para continuar con el curso del juicio oral, aunque la defensa presentó una apelación para que se resuelva esta recusación rechazada.
Renuncias. Al continuar con el interrogatorio al testigo Boris Villegas, se generó polémica por las permanentes objeciones desde el Ministerio Público a las preguntas de los abogados defensores.
Durante toda la jornada de ayer, solo dos preguntas fueron respondidas por Villegas, debido a que el resto fueron objetadas por los fiscales.
El abogado Gary Prado, defensa de su padre Gary Prado Salmón y de Marco Antonio Monasterio, indignado por las obstaculizaciones continuas de la Fiscalía en el interrogatorio, informó que su defendido Monasterio y otros imputados a quienes también copatrocina, determinaron renunciar al interrogatorio del testigo.
Indicó que tal determinación vale para lo que resta de declaración de Villegas y los próximos testigos Fernando Rivera y Claudia D'arruda.
"No creemos que se esté realizando una correcta administración de justicia. Su autoridad viene vulnerando nuestros derechos constitucionales. Por un lado no hace una correcta administración de justicia y por otra el Ministerio Público no deja preguntar", le dijo Guido Colque, abogado de Ignacio Villa Vargas, al presidente del Tribunal.
El gabinete sabía de anomalías, según Villegas. En la ronda de preguntas de los fiscales, el testigo Boris Villegas aseguró que los ministros y viceministros conocían de las irregularidades del caso, pero que las justificaban.
Indicó que los que tenían pleno conocimiento eran Alfredo Rada, Sacha Llorenti, Wilfredo Chávez, Carlos Romero, Nardi Suxo, Héctor Arce, Rubén Saavedra, Walker San Miguel y todos los que componían el denominado "gabinete jurídico", mismos que minimizaban el actuar irregular. "Todo se tenía que hacer por la patria, porque era un caso de seguridad nacional y de seguridad de Estado y (decían) que por encima de la ley estaba la patria. La patria es indivisible y la patria no se negocia", subrayó Villegas al referirse a las respuestas de altas autoridades y exfuncionarios del Gobierno.
"Los jueces cumplen órdenes desde el Gobierno y por eso rechazan la recusación que hemos presentado", manifestó a los medios de comunicación Ritter.
El pasado miércoles, defensores de 18 imputados presentaron una recusación en contra del presidente del Tribunal de Sentencia, Sixto Fernández y de la jueza ciudadana Sonia Mamani por presunta parcialidad.
Molestia. La juez técnico, Elena Gemio, fue quien se encargó de resolver la recusación presentada, misma que al final fue rechazada y dio vía libre al regreso de Fernández como cabeza del tribunal.
Gemio tomó la determinación luego de que Sonia Mamani se retractó de anteriores declaraciones en las que señalaba a Sixto Fernández por incumplirle promesas y presionarla para que siga en el caso y la que admitía además haber recibido ayuda del Ministerio de Gobierno.
"Yo tengo personalidad, decido por mí misma, nunca he recibido nada, se ha malentendido lo que he dicho", fueron las palabras de Sonia Mamani.
Gemio dio la potestad a Fernández para continuar con el curso del juicio oral, aunque la defensa presentó una apelación para que se resuelva esta recusación rechazada.
Renuncias. Al continuar con el interrogatorio al testigo Boris Villegas, se generó polémica por las permanentes objeciones desde el Ministerio Público a las preguntas de los abogados defensores.
Durante toda la jornada de ayer, solo dos preguntas fueron respondidas por Villegas, debido a que el resto fueron objetadas por los fiscales.
El abogado Gary Prado, defensa de su padre Gary Prado Salmón y de Marco Antonio Monasterio, indignado por las obstaculizaciones continuas de la Fiscalía en el interrogatorio, informó que su defendido Monasterio y otros imputados a quienes también copatrocina, determinaron renunciar al interrogatorio del testigo.
Indicó que tal determinación vale para lo que resta de declaración de Villegas y los próximos testigos Fernando Rivera y Claudia D'arruda.
"No creemos que se esté realizando una correcta administración de justicia. Su autoridad viene vulnerando nuestros derechos constitucionales. Por un lado no hace una correcta administración de justicia y por otra el Ministerio Público no deja preguntar", le dijo Guido Colque, abogado de Ignacio Villa Vargas, al presidente del Tribunal.
El gabinete sabía de anomalías, según Villegas. En la ronda de preguntas de los fiscales, el testigo Boris Villegas aseguró que los ministros y viceministros conocían de las irregularidades del caso, pero que las justificaban.
Indicó que los que tenían pleno conocimiento eran Alfredo Rada, Sacha Llorenti, Wilfredo Chávez, Carlos Romero, Nardi Suxo, Héctor Arce, Rubén Saavedra, Walker San Miguel y todos los que componían el denominado "gabinete jurídico", mismos que minimizaban el actuar irregular. "Todo se tenía que hacer por la patria, porque era un caso de seguridad nacional y de seguridad de Estado y (decían) que por encima de la ley estaba la patria. La patria es indivisible y la patria no se negocia", subrayó Villegas al referirse a las respuestas de altas autoridades y exfuncionarios del Gobierno.
sábado, 11 de octubre de 2014
Vías Bolivia pierde Bs 120 millones por corrupción
El director nacional de Vías Bolivia, José Luis Villasanti, informó ayer que esa entidad estatal deja de percibir al año unos 120 millones de bolivianos por la evasión en trancas, que realizan los transportistas, y por actos de corrupción cometidos por los recaudadores.
“Se pierde (en recaudación) entre un 25 a 30 por ciento entre lo que se llevan los recaudadores y entre lo que no pagan los transportistas. La proyección en recaudación para este año es de 431 millones de bolivianos, y se pierde unos 120 millones por año”, indicó.
Villasanti dijo que con la utilización de trancas automatizadas se espera reducir estas pérdidas, ya que el cobro en el peaje será mediante un sistema informático.
“Es un problema que estamos viendo de solucionar con este sistema, porque a la evasión de transportistas se suma el tema de corrupción que existe dentro de la entidad, es difícil controlar eso”, manifestó.
El sistema a utilizar, agregó, será similar al del B-Sisa. “Con esto podrán pagar directamente desde un tag, es decir, una etiqueta que llevarán en el parabrisas, es como un sticker que tiene un chip”, indicó.
Dijo que el estudio de tarifas óptimas arrojó que se debería cobrar 2 bolivianos, en promedio, a un vehículo liviano.
“Se pierde (en recaudación) entre un 25 a 30 por ciento entre lo que se llevan los recaudadores y entre lo que no pagan los transportistas. La proyección en recaudación para este año es de 431 millones de bolivianos, y se pierde unos 120 millones por año”, indicó.
Villasanti dijo que con la utilización de trancas automatizadas se espera reducir estas pérdidas, ya que el cobro en el peaje será mediante un sistema informático.
“Es un problema que estamos viendo de solucionar con este sistema, porque a la evasión de transportistas se suma el tema de corrupción que existe dentro de la entidad, es difícil controlar eso”, manifestó.
El sistema a utilizar, agregó, será similar al del B-Sisa. “Con esto podrán pagar directamente desde un tag, es decir, una etiqueta que llevarán en el parabrisas, es como un sticker que tiene un chip”, indicó.
Dijo que el estudio de tarifas óptimas arrojó que se debería cobrar 2 bolivianos, en promedio, a un vehículo liviano.
Implican a Ernesto Suárez en 'pacto' con el Gobierno
Marcelo Soza continúa con la ventiladora prendida. En la entrevista concedida a radio Erbol, el exfiscal aseguró que Ernesto Suárez, actual candidato a la vicepresidencia por Unidad Demócrata (UD), también habría negociado con el Gobierno de Evo Morales. Es por esta razón, según Soza, que al igual que el gobernador cruceño, Rubén Costas, Suárez no fue involucrado en el caso Rózsa. "La muestra es que cuando quieren instalar una audiencia en contra suya hacen una pantomima y nunca se realiza", comentó Soza desde su refugio en Brasil. El exfiscal, dijo que primero negoció Rubén Costas y él jaló a Ernesto Suárez con la única intención de hacer una falsa oposición y beneficiarse después en sus procesos.
Soza afirmó que existe un acuerdo pactado entre Rubén Costas y el Gobierno porque hay una protección hacia el Gobernador, quien tiene más de 15 procesos en su contra, pero en ninguno de ellos se ha llevado adelante una audiencia, similar situación con su amigo Suárez. Incluso Soza manifestó que el Gobernador de Santa Cruz, es una pieza clave para manipular y hacer creer a la gente cruceña que iba a estar al lado de ellos, "mas por el contrario los vendió".
Soza sindica a Melgar. Por otro lado, Soza sindicó al excívico Alberto Melgar “amigo íntimo de Suárez”, de tener un presunto pactó con Carlos Romero y Jorge Pérez para que le suspendieran la detención preventiva como imputado en el caso Rózsa. Verónica Suárez, abogada de Melgar, dijo que es una declaración falsa y producto de una bravuconada de Soza, "porque Melgar lo denunció ante el Conare del Brasil por atentar contra sus derechos al meterlo preso". La denuncia contra Suárez fue minimizada por las vocerías de UD, al considerar que se trata de una guerra sucia en su contra, descalificando las declaraciones del exinvestigador del caso.
Soza afirmó que existe un acuerdo pactado entre Rubén Costas y el Gobierno porque hay una protección hacia el Gobernador, quien tiene más de 15 procesos en su contra, pero en ninguno de ellos se ha llevado adelante una audiencia, similar situación con su amigo Suárez. Incluso Soza manifestó que el Gobernador de Santa Cruz, es una pieza clave para manipular y hacer creer a la gente cruceña que iba a estar al lado de ellos, "mas por el contrario los vendió".
Soza sindica a Melgar. Por otro lado, Soza sindicó al excívico Alberto Melgar “amigo íntimo de Suárez”, de tener un presunto pactó con Carlos Romero y Jorge Pérez para que le suspendieran la detención preventiva como imputado en el caso Rózsa. Verónica Suárez, abogada de Melgar, dijo que es una declaración falsa y producto de una bravuconada de Soza, "porque Melgar lo denunció ante el Conare del Brasil por atentar contra sus derechos al meterlo preso". La denuncia contra Suárez fue minimizada por las vocerías de UD, al considerar que se trata de una guerra sucia en su contra, descalificando las declaraciones del exinvestigador del caso.
viernes, 10 de octubre de 2014
Marcelo Soza: 'Hay motivos y pruebas para enjuiciar a Evo'
El exfiscal Marcelo Soza asegura que existen motivos y pruebas suficiente para enjuiciar a Evo Morales sobre el polémico caso Rózsa.
Desde su refugio en Brasil, en una entrevista con radio Erbol, Soza indicó que en más de una oportunidad le advirtió a Morales sobre el posible enjuiciamiento en su contra, si no ordenaba una investigación transparente por parte de organismos internacionales. "Ellos mismos permitían las extorsiones y corrupción en el caso, ellos sabían todo como lo dice el mismo audio de Carlos Subirana, pero nunca me hacían caso. Sería vergonzoso que el presidente, vicepresidente y sus ministros sean perseguidos por la justicia internacional", dijo.
Señala que las autoridades gubernamentales por seguir en el poder, continuarán con "extorsión, persecución y encarcelamiento" a otras personas.
Respaldo. El exfiscal confirmó haber entregado información sobre el caso, a los familiares de las personas involucradas para que estas puedan sentar una denuncia internacional.
Añadió que continuará aportando datos para que salgan a la luz pública los motivos por los que se desarrolló el operativo policial en el hotel Las Américas, donde murieron tres ciudadanos extranjeros. El Día
Otras declaraciones de Marcelo Soza
Pactos
"Santa Cruz estaba convulsionada, no había acceso al oficialismo ni al presidente Evo Morales, por eso necesitaban algo que pudieran manejar desde el gobierno y para justificar una persecución política, por eso logran introducir a Rózsa al medio de los cruceños a través de Rubén Costas".
Limitaciones
"Yo renuncié en varias oportunidades, pero no me dejaban porque yo sabía mucho. Vivía amenazado y ya no podía hacer absolutamente nada, por eso decidimos sacar a luz las cosas que pasaron y ahora hablo porque me siento en la libertad de hacerlo".
Silencio
"Desafié a Evo y al vicepresidente, pero solo salen a insultar. Parece que les dio el complejo de sordomudo porque ni Costas, ni el vicepresidente, ni el presidente hablan y mandan a sus emisarios a denigrar".
Control
"Es hora de que en Bolivia, el Poder Judicial no esté amenazado por el poder político. Es hora de que los jueces tomen conciencia y le dejen de seguir el juego a los políticos".
Fuente: Entrevista en Radio Erbol
Desde su refugio en Brasil, en una entrevista con radio Erbol, Soza indicó que en más de una oportunidad le advirtió a Morales sobre el posible enjuiciamiento en su contra, si no ordenaba una investigación transparente por parte de organismos internacionales. "Ellos mismos permitían las extorsiones y corrupción en el caso, ellos sabían todo como lo dice el mismo audio de Carlos Subirana, pero nunca me hacían caso. Sería vergonzoso que el presidente, vicepresidente y sus ministros sean perseguidos por la justicia internacional", dijo.
Señala que las autoridades gubernamentales por seguir en el poder, continuarán con "extorsión, persecución y encarcelamiento" a otras personas.
Respaldo. El exfiscal confirmó haber entregado información sobre el caso, a los familiares de las personas involucradas para que estas puedan sentar una denuncia internacional.
Añadió que continuará aportando datos para que salgan a la luz pública los motivos por los que se desarrolló el operativo policial en el hotel Las Américas, donde murieron tres ciudadanos extranjeros. El Día
Otras declaraciones de Marcelo Soza
Pactos
"Santa Cruz estaba convulsionada, no había acceso al oficialismo ni al presidente Evo Morales, por eso necesitaban algo que pudieran manejar desde el gobierno y para justificar una persecución política, por eso logran introducir a Rózsa al medio de los cruceños a través de Rubén Costas".
Limitaciones
"Yo renuncié en varias oportunidades, pero no me dejaban porque yo sabía mucho. Vivía amenazado y ya no podía hacer absolutamente nada, por eso decidimos sacar a luz las cosas que pasaron y ahora hablo porque me siento en la libertad de hacerlo".
Silencio
"Desafié a Evo y al vicepresidente, pero solo salen a insultar. Parece que les dio el complejo de sordomudo porque ni Costas, ni el vicepresidente, ni el presidente hablan y mandan a sus emisarios a denigrar".
Control
"Es hora de que en Bolivia, el Poder Judicial no esté amenazado por el poder político. Es hora de que los jueces tomen conciencia y le dejen de seguir el juego a los políticos".
Fuente: Entrevista en Radio Erbol
Suxo le dice a Soza que no le competía indagar el caso
La ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, afirmó ayer que no brindó información al exfiscal Marcelo Soza sobre los implicados en el caso terrorismo, porque investigar ese delito no era atribución, ni competencia suya.
El miércoles Soza aseveró, en entrevista con ERBOL, que Suxo había protegido a los investigados en este caso porque él había solicitado información sobre los bienes de los acusados al Ministerio de Transparencia y esta entidad no accedió al requerimiento fiscal. La ministra señaló que el 22 de febrero de 2011, el exfiscal solicitó que se identifiquen las cuentas bancarias de 39 personas implicadas en el caso.
El 4 de abril de ese año, el Ministerio respondió a Soza y le devolvió su requerimiento. "Le hemos aclarado que, en los delitos de terrorismo y alzamiento armado, esta cartera no tiene ninguna atribución, ni competencia”, argumentó Suxo.
La ministra indicó que Soza, en su calidad de fiscal, pudo haber conseguido la información que requirió por sí mismo.
"El Ministerio Público, en estos casos, directamente el señor Soza, tiene todo el derecho de pedirle a la Unidad de Investigaciones Financieras (la información), lo que significa que este señor, además de prófugo de la justicia, es un ignorante”.
El exfiscal también sostuvo que Raúl García Linera y Suxo forman parte de un mismo grupo al interior del MAS y que pudo ser el hermano del Vicepresidente quien ordenó a la ministra no informar sobre los implicados en terrorismo. Al respecto, Suxo dijo que "el señor Raúl García no es fiscal, juez, abogado, ¿qué tiene que ver? Nada”. E insistió en que Soza es un "ignorante”.
El miércoles Soza aseveró, en entrevista con ERBOL, que Suxo había protegido a los investigados en este caso porque él había solicitado información sobre los bienes de los acusados al Ministerio de Transparencia y esta entidad no accedió al requerimiento fiscal. La ministra señaló que el 22 de febrero de 2011, el exfiscal solicitó que se identifiquen las cuentas bancarias de 39 personas implicadas en el caso.
El 4 de abril de ese año, el Ministerio respondió a Soza y le devolvió su requerimiento. "Le hemos aclarado que, en los delitos de terrorismo y alzamiento armado, esta cartera no tiene ninguna atribución, ni competencia”, argumentó Suxo.
La ministra indicó que Soza, en su calidad de fiscal, pudo haber conseguido la información que requirió por sí mismo.
"El Ministerio Público, en estos casos, directamente el señor Soza, tiene todo el derecho de pedirle a la Unidad de Investigaciones Financieras (la información), lo que significa que este señor, además de prófugo de la justicia, es un ignorante”.
El exfiscal también sostuvo que Raúl García Linera y Suxo forman parte de un mismo grupo al interior del MAS y que pudo ser el hermano del Vicepresidente quien ordenó a la ministra no informar sobre los implicados en terrorismo. Al respecto, Suxo dijo que "el señor Raúl García no es fiscal, juez, abogado, ¿qué tiene que ver? Nada”. E insistió en que Soza es un "ignorante”.
jueves, 9 de octubre de 2014
Soza dice que Suxo protegió a implicados en caso Rózsa
Marcelo Soza aseveró que la ministra de Transparencia, Nardy Suxo, protegió a cruceños implicados en el caso Rózsa. Argumentó que, cuando era fiscal, la funcionaria nunca le brindó información que había requerido para investigar los bienes de los acusados por terrorismo.
"Allí están los requerimientos que hice al Ministerio de Transparencia donde no me respondieron, se hicieron de la ‘vista gorda’ sobre empresas o bienes que tuviesen miembros de Santa Cruz que estaba investigando y seguramente por protección a algunas personas. Y eso está digitado desde la Vicepresidencia”, dijo Soza en una entrevista.
ERBOL trató de contactarse con la ministra a través de teléfono en repetidas ocasiones y a distintas líneas, pero sin éxito.
Soza, quien se encuentra en Brasil con refugio temporal, aseguró que tiene una copia del cuaderno de investigaciones con el que puede demostrar "fácilmente” que "nunca” le dieron la información requerida.
"Tendrá que responder la ministra de Transparencia quien le ordenó (no dar información), si fue Raúl García Linera, porque son del mismo grupo. Hay grupos políticos dentro del MAS y son del mismo grupo que se tapan las cosas”, reveló.
Soza añadió que la Policía también le negó información. "Y lo propio de algunos requerimientos que hice al Comando Departamental y nunca me remitieron ese informe. Entonces yo estaba con las manos atadas y no podía hacer nada sin el consentimiento del Ministerio de Gobierno”, sostuvo.
El exfiscal recordó que se reunió en tres o cuatro oportunidades con el presidente Evo Morales. "Obviamente yo le informaba de todo lo que estaba pasando porque él me solicitaba información. Algunas veces notaba que desconfiaba de algunos de sus ministros, más concretamente de Sacha Llorenti. Me llegó a preguntar esta situación de que Sacha había traído a Kudelka”, señaló.
El martes salió a la luz un audio en que Carlos Subirana, actual candidato del MAS, revela que Sacha Llorenti se reunió con Juan Kudelka, exempleado de Branko Marinkovic, en Buenos Aires y que después el acusado de terrorismo fue traído a La Paz por el Ministerio de Gobierno para declarar contra su exjefe.
"Allí están los requerimientos que hice al Ministerio de Transparencia donde no me respondieron, se hicieron de la ‘vista gorda’ sobre empresas o bienes que tuviesen miembros de Santa Cruz que estaba investigando y seguramente por protección a algunas personas. Y eso está digitado desde la Vicepresidencia”, dijo Soza en una entrevista.
ERBOL trató de contactarse con la ministra a través de teléfono en repetidas ocasiones y a distintas líneas, pero sin éxito.
Soza, quien se encuentra en Brasil con refugio temporal, aseguró que tiene una copia del cuaderno de investigaciones con el que puede demostrar "fácilmente” que "nunca” le dieron la información requerida.
"Tendrá que responder la ministra de Transparencia quien le ordenó (no dar información), si fue Raúl García Linera, porque son del mismo grupo. Hay grupos políticos dentro del MAS y son del mismo grupo que se tapan las cosas”, reveló.
Soza añadió que la Policía también le negó información. "Y lo propio de algunos requerimientos que hice al Comando Departamental y nunca me remitieron ese informe. Entonces yo estaba con las manos atadas y no podía hacer nada sin el consentimiento del Ministerio de Gobierno”, sostuvo.
El exfiscal recordó que se reunió en tres o cuatro oportunidades con el presidente Evo Morales. "Obviamente yo le informaba de todo lo que estaba pasando porque él me solicitaba información. Algunas veces notaba que desconfiaba de algunos de sus ministros, más concretamente de Sacha Llorenti. Me llegó a preguntar esta situación de que Sacha había traído a Kudelka”, señaló.
El martes salió a la luz un audio en que Carlos Subirana, actual candidato del MAS, revela que Sacha Llorenti se reunió con Juan Kudelka, exempleado de Branko Marinkovic, en Buenos Aires y que después el acusado de terrorismo fue traído a La Paz por el Ministerio de Gobierno para declarar contra su exjefe.
Denuncian hecho de corrupción contra un policía y un fiscal
Un nuevo hecho de presunta corrupción contra un policía y un fiscal de materia sale a luz, toda vez que en horas precedentes, el administrador o propietario de un motel, presentó una denuncia en contra de ambos servidores públicos que habrían extorsionado al sujeto pidiéndole 7 mil bolivianos para que no vaya a la cárcel.
La denuncia surge del caso que ocurrió el reciente fin de semana, en el motel California de la zona Norte de la ciudad, donde se encontró a dos personas mayores en compañía de dos mujeres, una de ellas menor de edad, por lo que en principio se tipificaba el caso como corrupción de menores, según informó el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Ronald Zabala.
"A raíz del caso que se habría atendido en horas de la madrugada del sábado reciente en circunstancias en que una menor fue encontrada en el motel California y los presuntos autores de corrupción de menores habrían sido puestos en libertad, el administrador de este centro público presentó ayer por la tarde una denuncia en contra de un fiscal de materia y un policía de la Felcc de Oruro por el presunto delito de corrupción al haber sido extorsionado con 7 mil bolivianos", afirmó el coronel Zabala.
Destacó que tras el hallazgo de la menor en el lugar público, el denunciante habría sido advertido y amenazado con ir a la cárcel precisamente por encontrar a una menor de edad en su establecimiento por lo que se pidieron esa cantidad de dinero. "Ya es de conocimiento del Ministerio Público, del fiscal anticorrupción y del fiscal que estaba de turno y seguramente tomarán acciones en cuanto a la investigación pertinente para que se tomen medidas en contra del fiscal y del policía que son denunciados", finalizó la autoridad policial.
La denuncia surge del caso que ocurrió el reciente fin de semana, en el motel California de la zona Norte de la ciudad, donde se encontró a dos personas mayores en compañía de dos mujeres, una de ellas menor de edad, por lo que en principio se tipificaba el caso como corrupción de menores, según informó el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Ronald Zabala.
"A raíz del caso que se habría atendido en horas de la madrugada del sábado reciente en circunstancias en que una menor fue encontrada en el motel California y los presuntos autores de corrupción de menores habrían sido puestos en libertad, el administrador de este centro público presentó ayer por la tarde una denuncia en contra de un fiscal de materia y un policía de la Felcc de Oruro por el presunto delito de corrupción al haber sido extorsionado con 7 mil bolivianos", afirmó el coronel Zabala.
Destacó que tras el hallazgo de la menor en el lugar público, el denunciante habría sido advertido y amenazado con ir a la cárcel precisamente por encontrar a una menor de edad en su establecimiento por lo que se pidieron esa cantidad de dinero. "Ya es de conocimiento del Ministerio Público, del fiscal anticorrupción y del fiscal que estaba de turno y seguramente tomarán acciones en cuanto a la investigación pertinente para que se tomen medidas en contra del fiscal y del policía que son denunciados", finalizó la autoridad policial.
Soza dice que video de operativo en hotel Las Américas se filtró
Los videos con las imágenes de todo lo que ocurrió en el hotel Las Américas la madrugada del 16 de abril de 2009 -donde fueron abatidos Eduardo Rózsa, Árpád Magyarosi y Michael Dwyer- no solo está en manos de los policías de la Utarc que participaron de esa acción, sino que se ha filtrado y está en poder de “otras personas”, afirmó el exfiscal Marcelo Soza, en una entrevista difundida ayer por la radio Erbol.
Soza, quien se encuentra en Brasil con refugio temporal al igual que su exedecán José Juan Laguna, dijo que cree en la palabra de Laguna, quien la semana pasada afirmó que todos los policías que participaron del operativo cuentan con dicho video para resguardar sus espaldas.
Soza asegura no tener copia del video, pero cree que este documento muestra que Rózsa y los dos extranjeros fueron asesinados. “No había necesidad de matarlos, pero lo hicieron para cubrir que el caso fue montado”.
Asimismo, afirmó que por orden del Ministerio de Gobierno no se le permitió investigar información clave del caso, como la presencia de militares venezolanos en el hotel Las Américas el día del operativo, tampoco la relación entre el español Alejandro Hernández Mora (experto en explosivos) y Rózsa, y la supuesta relación entre empresas españolas con el grupo Rózsa.
Siguen las acusaciones
En la entrevista, Marcelo Soza reiteró que el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, está protegido por el Gobierno, porque tiene más de 15 procesos pero hasta ahora no ha sido llevado a ninguna audiencia. “Esta es una clara demostración de que hay un acuerdo pactado entre Costas y el Gobierno”, dijo y aseguró que el gobernador cruceño sabía del atentado a la casa del cardenal y de cómo se manejaba Rózsa y su grupo.
También, indicó que el ministro Sacha Llorenti ha sido parte de las personas que montaron el caso terrorismo, que no le decía toda la verdad al presidente Evo Morales y fue quien trajo a Juan Kudelka de Argentina.
Además, acusó al abogado Carlos Subirana de extorsionar “a sus propios paisanos de Santa Cruz, utilizando mi nombre, para hacer pensar que yo era el malo”.
Las respuestas
En declaraciones anteriores, Subirana restó importancia a las afirmaciones de Soza y de Laguna. Es más, dijo que estas tienen un trasfondo político y que solo buscan afectar su candidatura.
Por su parte, el gobernador Rubén Costas, en una entrevista difundida ayer por la red Unitel, rechazó las sindicaciones en su contra y recordó que él desde un principio denunció que el caso terrorismo fue un montaje del Gobierno. Con respecto a los procesos que enfrenta, indicó que en todo momento se opuso a prestar declaraciones fuera de la jurisdicción de Santa Cruz
Soza, quien se encuentra en Brasil con refugio temporal al igual que su exedecán José Juan Laguna, dijo que cree en la palabra de Laguna, quien la semana pasada afirmó que todos los policías que participaron del operativo cuentan con dicho video para resguardar sus espaldas.
Soza asegura no tener copia del video, pero cree que este documento muestra que Rózsa y los dos extranjeros fueron asesinados. “No había necesidad de matarlos, pero lo hicieron para cubrir que el caso fue montado”.
Asimismo, afirmó que por orden del Ministerio de Gobierno no se le permitió investigar información clave del caso, como la presencia de militares venezolanos en el hotel Las Américas el día del operativo, tampoco la relación entre el español Alejandro Hernández Mora (experto en explosivos) y Rózsa, y la supuesta relación entre empresas españolas con el grupo Rózsa.
Siguen las acusaciones
En la entrevista, Marcelo Soza reiteró que el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, está protegido por el Gobierno, porque tiene más de 15 procesos pero hasta ahora no ha sido llevado a ninguna audiencia. “Esta es una clara demostración de que hay un acuerdo pactado entre Costas y el Gobierno”, dijo y aseguró que el gobernador cruceño sabía del atentado a la casa del cardenal y de cómo se manejaba Rózsa y su grupo.
También, indicó que el ministro Sacha Llorenti ha sido parte de las personas que montaron el caso terrorismo, que no le decía toda la verdad al presidente Evo Morales y fue quien trajo a Juan Kudelka de Argentina.
Además, acusó al abogado Carlos Subirana de extorsionar “a sus propios paisanos de Santa Cruz, utilizando mi nombre, para hacer pensar que yo era el malo”.
Las respuestas
En declaraciones anteriores, Subirana restó importancia a las afirmaciones de Soza y de Laguna. Es más, dijo que estas tienen un trasfondo político y que solo buscan afectar su candidatura.
Por su parte, el gobernador Rubén Costas, en una entrevista difundida ayer por la red Unitel, rechazó las sindicaciones en su contra y recordó que él desde un principio denunció que el caso terrorismo fue un montaje del Gobierno. Con respecto a los procesos que enfrenta, indicó que en todo momento se opuso a prestar declaraciones fuera de la jurisdicción de Santa Cruz
miércoles, 8 de octubre de 2014
Audio-Video Implican a Subirana y a Llorenti en caso Rózsa
La exsenadora opositora Carmen Eva Gonzales acusó al candidato a diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Carlos Subirana de estar involucrado en el caso denominado terrorismo. El masista dijo que la acusación forma parte de una campaña en contra de su candidatura.
Además, Subirana calificó al actual embajador ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Sacha Llorenti, de ser el "autor intelectual de la trama" en el caso.
La denuncia, realizada en una conferencia de prensa, fue basada en la presentación de un audio de una supuesta conversación telefónica que sostuvo el candidato masista.
“El doctor Subirana es una parte clave de la red de extorsión que se montó en Santa Cruz. Existe, de la voz de Subirana, una demostración de que Sacha Llorenti fue el autor intelectual de la trama y quién llevó a Juan Kudelka a la República Argentina para que policías bolivianos implanten pruebas, compren testigos, e inculpen a personas inocentes”, denunció la exsenadora pandina de Convergencia Nacional y hoy candidata a senadora por Unidad Demócrata.
Se presentó un supuesto audio de Carlos Subirana
En el minuto 2,55 del material audiovisual que presentó Gonzáles del supuesto audio presentado, presuntamente Subirana habló de la existencia de unas cajas negras. Por ello, la exparlamentaria solicitó la intervención de la Fiscalía a fin de revelar la información de dichas cajas.
“Exijo a la Fiscalía que requiera que Subirana y (el exteniente Jorge) Clavijo entreguen las cajas negras en las que se ocultan las tramas del Gobierno”, conminó.
Carlos Subirana, en un breve contacto que sostuvo con una periodista de EL DEBER, dio a entender que la presentación del material forma parte de una campaña en contra de su candidatura.
“Me está yendo bien en mi campaña, que la oposición me envía a una exsenadora”, dijo el candidato.
Además, Subirana calificó al actual embajador ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Sacha Llorenti, de ser el "autor intelectual de la trama" en el caso.
La denuncia, realizada en una conferencia de prensa, fue basada en la presentación de un audio de una supuesta conversación telefónica que sostuvo el candidato masista.
“El doctor Subirana es una parte clave de la red de extorsión que se montó en Santa Cruz. Existe, de la voz de Subirana, una demostración de que Sacha Llorenti fue el autor intelectual de la trama y quién llevó a Juan Kudelka a la República Argentina para que policías bolivianos implanten pruebas, compren testigos, e inculpen a personas inocentes”, denunció la exsenadora pandina de Convergencia Nacional y hoy candidata a senadora por Unidad Demócrata.
Se presentó un supuesto audio de Carlos Subirana
En el minuto 2,55 del material audiovisual que presentó Gonzáles del supuesto audio presentado, presuntamente Subirana habló de la existencia de unas cajas negras. Por ello, la exparlamentaria solicitó la intervención de la Fiscalía a fin de revelar la información de dichas cajas.
“Exijo a la Fiscalía que requiera que Subirana y (el exteniente Jorge) Clavijo entreguen las cajas negras en las que se ocultan las tramas del Gobierno”, conminó.
Carlos Subirana, en un breve contacto que sostuvo con una periodista de EL DEBER, dio a entender que la presentación del material forma parte de una campaña en contra de su candidatura.
“Me está yendo bien en mi campaña, que la oposición me envía a una exsenadora”, dijo el candidato.
Exsenadora presenta audio que involucra a Subirana
La exsenadora y candidata de Unidad Demócrata (UD) por Pando Carmen Eva Gonzales presentó ayer un video de una supuesta conversación entre el candidato a diputado por el MAS Carlos Subirana, y un desconocido, en el cual, según Gonzales, Subirana revela que sabe de las extorsiones y que el caso terrorismo fue armado.
Gonzales indicó que la grabación le llegó de forma anónima y que contiene varias revelaciones de Subirana, entre estas, que el exministro de Gobierno Sacha Llorenti llevó a uno de los acusados del caso terrorismo a Argentina para que policías, junto con Luis Clavijo, siembren pruebas y armen el caso.
Contenido del video
“Si hablo en 24 horas cambiamos de ministro de Gobierno en este país. (...) Se reunieron en un café en Corrientes (Argentina, tengo las facturas de las medialunas que se comieron. (...) Yo también tengo mis cajas negras bien repartidas. Como tu amigo Lucho (Clavijo) tiene repartida en tres lugares, dos en el exterior y una en Bolivia sus cajas negras, que dan cuenta que llegaron en un Hércules en la noche, se fueron a cambiar a Valle Sánchez y el ‘número uno’ dio la instrucción a (Marcos) Farfán de cagar a estos tipos que lo habían pinchao en 2008”, dice una parte de la declaración atribuida a Subirana. Para Gonzales, esto involucra al candidato del MAS en la red de extorsión, por lo que pide que sea investigado.
“Buscan perjudicarme”
Para Subirana, esto es una medida desesperada de la oposición, que no sabe qué hacer para perjudicarlo. “¿Cómo me estará yendo de bien en la C-47 que traen a un candidata de oposición de Pando para intentar perjudicarme?”, expresó al ser consultado sobre la grabación.
El candidato del MAS también hizo notar que el video fue editado y manipulado
Gonzales indicó que la grabación le llegó de forma anónima y que contiene varias revelaciones de Subirana, entre estas, que el exministro de Gobierno Sacha Llorenti llevó a uno de los acusados del caso terrorismo a Argentina para que policías, junto con Luis Clavijo, siembren pruebas y armen el caso.
Contenido del video
“Si hablo en 24 horas cambiamos de ministro de Gobierno en este país. (...) Se reunieron en un café en Corrientes (Argentina, tengo las facturas de las medialunas que se comieron. (...) Yo también tengo mis cajas negras bien repartidas. Como tu amigo Lucho (Clavijo) tiene repartida en tres lugares, dos en el exterior y una en Bolivia sus cajas negras, que dan cuenta que llegaron en un Hércules en la noche, se fueron a cambiar a Valle Sánchez y el ‘número uno’ dio la instrucción a (Marcos) Farfán de cagar a estos tipos que lo habían pinchao en 2008”, dice una parte de la declaración atribuida a Subirana. Para Gonzales, esto involucra al candidato del MAS en la red de extorsión, por lo que pide que sea investigado.
“Buscan perjudicarme”
Para Subirana, esto es una medida desesperada de la oposición, que no sabe qué hacer para perjudicarlo. “¿Cómo me estará yendo de bien en la C-47 que traen a un candidata de oposición de Pando para intentar perjudicarme?”, expresó al ser consultado sobre la grabación.
El candidato del MAS también hizo notar que el video fue editado y manipulado
martes, 7 de octubre de 2014
Bandos de policías se enfrentan por denuncias de corrupción
Cerca al mediodía de ayer se enfrentaron dos bandos de policías en la sede de la Asociación Nacional de Suboficiales, Sargentos, Clases y Policías (Anssclapol) por supuestas denuncias de malversación de fondos contra los dirigentes de esa organización.
Producto de la trifulca se registraron al menos seis heridos, según un efectivo de Bomberos que atendió la emergencia.
El secretario de relaciones públicas de esta institución, Félix Quisbert, informó que se encontraban reunidos en la oficina del presidente de Anssclapol, Javier Quispe, cuando un grupo de unas 20 personas, entre varones y mujeres, ingresó por la fuerza a pedirles que desalojen el edificio. "Directamente se fueron a los golpes”, añadió.
Como prueba enseñó las chapas de las puertas en el suelo, las ventanas y algunas sillas rotas.
Quispe, con la cabeza y el rostro llenos de harina impregnada con gas lacrimógeno, denunció que se llevaron documentos de estados financieros, además de un monitor y dos unidades de procesamiento de computadoras. "Son exdirigentes que quieren regresar a la directiva para cometer malversaciones”.
Los jubilados, al darse cuenta de los destrozos y la violencia, pidieron la ayuda de los policías activos y a empujones desalojaron a los "invasores”.
Desde el otro bando, un miembro del Consejo Superior de Fiscalización de la Región Andina, Jesús Mollo, informó que ellos llegaron a la sede sólo para entregar una carta notariada con la que se pedía a la actual dirigencia que explique el destino de al menos seis millones de bolivianos de aportes realizados desde hace cinco años. "Ellos hacen un mal manejo de los recursos y nos agredieron sin motivo”, sostuvo.
No es la primera vez que los policías de la Anssclapol se enfrentan. El pasado 11 de septiembre hubo otra pelea aparentemente liderada por una comisión interventora que pedía una rendición de cuentas de los aportes que realizaron a la institución verde olivo.
En esa oportunidad desconocieron la dirigencia de Quispe al acusarlo de malversación de fondos y le conminaron a que rinda cuentas de los recursos económicos que aportaron.
Los destrozos
Anssclapol Las oficinas de la Asociación de Suboficiales, Sargentos, Clases y Policías quedaron destrozadas. Tienen los vidrios y puertas rotos, sillas y mesas destrozadas, además varios documentos fueron sustraídos o quemados.
Aportes Los policías piden a los actuales dirigentes la rendición de cuentas de los aportes realizados durante más de cinco años. Algunos calculan que la malversación de fondos superaría los diez millones bolivianos.
Denuncia El caso fue denunciado al Comando General de la Policía.
Producto de la trifulca se registraron al menos seis heridos, según un efectivo de Bomberos que atendió la emergencia.
El secretario de relaciones públicas de esta institución, Félix Quisbert, informó que se encontraban reunidos en la oficina del presidente de Anssclapol, Javier Quispe, cuando un grupo de unas 20 personas, entre varones y mujeres, ingresó por la fuerza a pedirles que desalojen el edificio. "Directamente se fueron a los golpes”, añadió.
Como prueba enseñó las chapas de las puertas en el suelo, las ventanas y algunas sillas rotas.
Quispe, con la cabeza y el rostro llenos de harina impregnada con gas lacrimógeno, denunció que se llevaron documentos de estados financieros, además de un monitor y dos unidades de procesamiento de computadoras. "Son exdirigentes que quieren regresar a la directiva para cometer malversaciones”.
Los jubilados, al darse cuenta de los destrozos y la violencia, pidieron la ayuda de los policías activos y a empujones desalojaron a los "invasores”.
Desde el otro bando, un miembro del Consejo Superior de Fiscalización de la Región Andina, Jesús Mollo, informó que ellos llegaron a la sede sólo para entregar una carta notariada con la que se pedía a la actual dirigencia que explique el destino de al menos seis millones de bolivianos de aportes realizados desde hace cinco años. "Ellos hacen un mal manejo de los recursos y nos agredieron sin motivo”, sostuvo.
No es la primera vez que los policías de la Anssclapol se enfrentan. El pasado 11 de septiembre hubo otra pelea aparentemente liderada por una comisión interventora que pedía una rendición de cuentas de los aportes que realizaron a la institución verde olivo.
En esa oportunidad desconocieron la dirigencia de Quispe al acusarlo de malversación de fondos y le conminaron a que rinda cuentas de los recursos económicos que aportaron.
Los destrozos
Anssclapol Las oficinas de la Asociación de Suboficiales, Sargentos, Clases y Policías quedaron destrozadas. Tienen los vidrios y puertas rotos, sillas y mesas destrozadas, además varios documentos fueron sustraídos o quemados.
Aportes Los policías piden a los actuales dirigentes la rendición de cuentas de los aportes realizados durante más de cinco años. Algunos calculan que la malversación de fondos superaría los diez millones bolivianos.
Denuncia El caso fue denunciado al Comando General de la Policía.
Villegas tiene otra detención preventiva
El exdirector general de Régimen Interior del Ministerio de Gobierno, Boris Villegas, que se encuentra privado de libertad desde diciembre de 2012 por el caso extorsión, tiene desde ayer otra orden de detención preventiva y esta vez por una denuncia presentada por el expresidente del Comité Cívico del Beni, Alberto Melgar Villarroel.
La fiscal departamental del Beni, Willma Blazz Ibáñez, informó en audiencia de solicitud de aplicación de medida cautelar, llevada a cabo en el penal de Palmasola, que un juez cautelar determinó la detención preventiva de Villegas por los delitos de uso indebido de influencias y allanamiento de domicilio, cometidos contra Melgar, cuando estaba detenido en el penal de Mocoví de Beni.
Blazz manifestó que el juez tomó dicha decisión, argumentando que el Ministerio Público demostró la existencia de dichos ilícitos, con todos los elementos de convicción acumulados en la etapa preliminar.
“Durante el desarrollo de la etapa preliminar y preparatoria, se fueron recabando diferentes elementos de convicción como actas, oficios, entrevistas, informes y otros que demuestran la existencia de la comisión de los ilícitos antes mencionados”, dijo.
Melgar relató en su querella que en constantes oportunidades fue interrumpido en su celda por efectivos policiales a la cabeza de Villegas, quien sin autorización alguna lo amedrentaba y vejaba, llegando incluso a pedirle dinero. Hasta que finalmente, de forma irregular y abusiva fue trasladado al penal de Palmasola.
La fiscal departamental del Beni, Willma Blazz Ibáñez, informó en audiencia de solicitud de aplicación de medida cautelar, llevada a cabo en el penal de Palmasola, que un juez cautelar determinó la detención preventiva de Villegas por los delitos de uso indebido de influencias y allanamiento de domicilio, cometidos contra Melgar, cuando estaba detenido en el penal de Mocoví de Beni.
Blazz manifestó que el juez tomó dicha decisión, argumentando que el Ministerio Público demostró la existencia de dichos ilícitos, con todos los elementos de convicción acumulados en la etapa preliminar.
“Durante el desarrollo de la etapa preliminar y preparatoria, se fueron recabando diferentes elementos de convicción como actas, oficios, entrevistas, informes y otros que demuestran la existencia de la comisión de los ilícitos antes mencionados”, dijo.
Melgar relató en su querella que en constantes oportunidades fue interrumpido en su celda por efectivos policiales a la cabeza de Villegas, quien sin autorización alguna lo amedrentaba y vejaba, llegando incluso a pedirle dinero. Hasta que finalmente, de forma irregular y abusiva fue trasladado al penal de Palmasola.
Policía confirma baja del exedecán de Soza
El director nacional de Comunicaciones Sociales y Relaciones Internacionales del Comando General de la Policía boliviana, coronel Abhat Benavidez, confirmó que se dio la baja definitiva al teniente Juan José Laguna Saavedra, exedecán de quien fue fiscal del caso Terrorismo, Marcelo Soza.
Benavidez dijo que la determinación se enmarca en lo establecido en la Ley 101 en su artículo 112 donde estipula que aquel efectivo no asiste durante tres días consecutivo a su fuente laboral es suspendido y dado de baja, además de quitarle los beneficios, informó ANF.
"Él ha dejado de asistir, cada persona que no va tres días a su trabajo inmediatamente se inicia el proceso correspondiente por el artículo 112 y posteriormente ya se ejecuta, es decir él ya no va a cobrar su sueldo porque no está trabajando", expresó el coronel Benavidez.
En tanto, el fiscal general Ramiro Guerrero calificó como "delincuente y extorsionador" a Laguna porque habría afirmado que el asesinato de la periodista Hanalí Huaycho por su conyugue Jorge Clavijo, se debió a que tendría conocimiento del operativo realizado por la Unidad Táctica de Resoluciones de Crisis (Utarc) en el hotel Las Américas de la ciudad de Santa Cruz en abril de 2009 donde se ejecutó a tres extranjeros que presuntamente pretendían dividir el país.
"Ese señor (Juan José Laguna) es un prófugo de la justicia, tiene que venir a rendir cuentas por sus actos de corrupción de extorsión, él es un extorsionar y él debería rendir cuentas en el país y no escaparse y decirlo como quiere y tendríamos que tomar en cuenta las declaraciones de todos los delincuentes que se escapan, hay que tomar con mayor seriedad y responsabilidad", expresó Guerrero.
En ese marco, el candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Jorge Tuto Quiroga cuestionó las acciones del gobierno de Evo Morales, quien permitió y permite que se cometan este tipo de irregularidades con el propósito de perpetuarse en el poder.
"Ahora sale la denuncia que hubieran victimado a esa periodista Hanalí Huaycho cuyo marido participó en el operativo (del hotel Las Américas) y resulta que él (Jorge Clavijo) la victimó y nosotros pensábamos que era otro caso más de agresión de un marido borracho, había sido instrucción del Gobierno para callar a una mujer madre periodista a la que victimaron delante de su hijo", expresó Quiroga.
Por su parte, el exministro de Gobierno y actual candidato a primer senador del MAS por Santa Cruz, Carlos Romero, manifestó que el teniente Laguna estaría siendo financiado en Brasil por el excívico cruceño Branko Marinkovic por lo que estaría realizando declaraciones desde allá.
"No cabe referencia en ese tema seguramente él es uno de los que va a Brasil por instrucción del señor Marinkovic y no habla frente a la justicia boliviana y él advierte irregularidades debiera hacerlo aquí en el país y no hacerlo en campaña electoral desde Brasil", dijo.
Benavidez dijo que la determinación se enmarca en lo establecido en la Ley 101 en su artículo 112 donde estipula que aquel efectivo no asiste durante tres días consecutivo a su fuente laboral es suspendido y dado de baja, además de quitarle los beneficios, informó ANF.
"Él ha dejado de asistir, cada persona que no va tres días a su trabajo inmediatamente se inicia el proceso correspondiente por el artículo 112 y posteriormente ya se ejecuta, es decir él ya no va a cobrar su sueldo porque no está trabajando", expresó el coronel Benavidez.
En tanto, el fiscal general Ramiro Guerrero calificó como "delincuente y extorsionador" a Laguna porque habría afirmado que el asesinato de la periodista Hanalí Huaycho por su conyugue Jorge Clavijo, se debió a que tendría conocimiento del operativo realizado por la Unidad Táctica de Resoluciones de Crisis (Utarc) en el hotel Las Américas de la ciudad de Santa Cruz en abril de 2009 donde se ejecutó a tres extranjeros que presuntamente pretendían dividir el país.
"Ese señor (Juan José Laguna) es un prófugo de la justicia, tiene que venir a rendir cuentas por sus actos de corrupción de extorsión, él es un extorsionar y él debería rendir cuentas en el país y no escaparse y decirlo como quiere y tendríamos que tomar en cuenta las declaraciones de todos los delincuentes que se escapan, hay que tomar con mayor seriedad y responsabilidad", expresó Guerrero.
En ese marco, el candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Jorge Tuto Quiroga cuestionó las acciones del gobierno de Evo Morales, quien permitió y permite que se cometan este tipo de irregularidades con el propósito de perpetuarse en el poder.
"Ahora sale la denuncia que hubieran victimado a esa periodista Hanalí Huaycho cuyo marido participó en el operativo (del hotel Las Américas) y resulta que él (Jorge Clavijo) la victimó y nosotros pensábamos que era otro caso más de agresión de un marido borracho, había sido instrucción del Gobierno para callar a una mujer madre periodista a la que victimaron delante de su hijo", expresó Quiroga.
Por su parte, el exministro de Gobierno y actual candidato a primer senador del MAS por Santa Cruz, Carlos Romero, manifestó que el teniente Laguna estaría siendo financiado en Brasil por el excívico cruceño Branko Marinkovic por lo que estaría realizando declaraciones desde allá.
"No cabe referencia en ese tema seguramente él es uno de los que va a Brasil por instrucción del señor Marinkovic y no habla frente a la justicia boliviana y él advierte irregularidades debiera hacerlo aquí en el país y no hacerlo en campaña electoral desde Brasil", dijo.
sábado, 4 de octubre de 2014
Al Estado Boliviano Proceso por muerte de Hanalí Huaycho
El abogado de la familia Huaycho, Eduardo León, anunció ayer el inicio de un proceso contra el Estado Boliviano por la muerte de la periodista Hanalí Huaycho luego de conocer declaraciones del excustodio del exfiscal Marcelo Soza, teniente Juan Laguna, quien reveló que la periodista llegó a conocer información clasificada sobre la participación de su pareja, el teniente Jorge Clavijo, en el operativo del hotel Las Américas en la ciudad de Santa Cruz donde murió el presunto líder del grupo terrorista Eduardo Rózsá Flores y otras dos personas.
“En el caso de Jorge Clavijo, personaje que lamentablemente quedó con la dignidad por los suelos porque le habría quitado la vida a su esposa, le comento que ese ha sido mero trámite de Inteligencia. Cuando existe filtración de información, existen superiores que ordenan se solucione la fuga de información. Entonces el teniente Jorge Clavijo, como tenía en su poder un video que lo acreditaba y los respaldaba en todo lo que había ocurrido en el hotel Las Américas, recibió la orden de que la información filtrada se solucione de alguna manera. Es por eso que se ve obligado a quitar la vida a su esposa por instrucciones del gobierno para evitar que la noticia llegue a todo el pueblo boliviano”, relató Laguna en entrevista con ERBOL.
Ante esta declaración dijo a EL DIARIO que como defensa se sienten “alarmados por esta declaración (del teniente Laguna) ya que determina y refleja que en los hechos existe una forma de trabajo en la Utarc similar a la mafia siciliana, los que señalan que cuando se filtra información o se puede traicionar alguna información se debe asesinar a esa persona que ha recibido dicha información”.
Luego recordó que pusieron como evidencia que cuando Hanalí Huaycho era enterrada “de manera totalmente inexplicable”, extremo que fue denunciado al Fiscal General, bajo órdenes políticas del actual Ministro de Gobierno (Jorge Pérez) “hicieron una segunda incursión en la casa de Hanalí Huaycho ingresando por la ventana de los baños de la señora”.
Del lugar dijo que se llevaron varios documentos, discos compactos, una computadora además de fotografías, e informes de todo tipo que estaban en la habitación que compartía la pareja.
“Esos elementos que fueron secuestrados no aparecen consignados en el acta de allanamiento y menos en la incautación por lo que Jorge Clavijo actuó no solamente bajo un asesinato pasional, sino lo hizo encubriendo actividades del Estado y que esa información al ser revelada a su esposa se le dio la orden de acabar con su vida”, sostuvo el abogado.
En ese sentido afirmó que bajo ese indicio, proporcionado desde Brasil, “debe ser investigado” y que se espera del Estado una respuesta seria porque en medio hay una persona que ha perdido la vida, luego que las respuestas no sean de “descalificación” y “alternativamente se va a presentar una demanda contra el Estado Boliviano para que sean las autoridades que develen la actuación de Jorge Clavijo en este caso, porque para nosotros actuó como un simple sicario al haber recibido órdenes del Estado y esto no puede permitirse”.
"EVO CONTROLABA"
Laguna aseveró que “el Presidente (Evo Morales), con quien varias veces se reunió el exfiscal, tenía control directo de todo lo que se hacía en las investigaciones del caso terrorismo, lo propio el Vicepresidente que utilizaba a su operador, Raúl García Linera, para hacer y deshacer”.
Recordó además que Soza recibía constantes llamadas de ministerios y hasta el Palacio de Gobierno para ser invitado a reuniones y recibir instrucciones. Precisó que entre quienes se comunicaban con el exfiscal estaban Sacha Llorenti, Juan Ramón Quintana, y Nardi Suxo, además de varios senadores y diputados.
Ratificó que el equipo investigador del caso recibía una “ayuda mensual” desde el Ministerio de Gobierno, paralela al salario.
Sostuvo también que él vio pruebas de comunicaciones, chats, entre Raúl García con Eduardo Rózsa, la cuales fueron destruidas por órdenes del Vicepresidente.
DERECHOS HUMANOS
La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Yolanda Herrera pidió una investigación a profundidad sobre las afirmaciones del teniente Juan José Laguna, quien fuera la mano derecha del ex fiscal del caso terrorismo, Marcelo Soza, que afirmó que Jorge Clavijo asesinó a la periodista Hanalí Huaycho, ya que ella tenía pleno conocimiento del asalto al Hotel Las Américas donde fueron abatidos el húngaro boliviano Eduardo Rózsa-Flores; el húngaro rumano Árpád Magyarosi y el irlandés Michael Martin Dwyer.
“Es una preocupación que la gente tenga que salir del país, estar en seguridad y recién sacar a la luz este tipo de información, lo que nosotros creemos es que tiene que investigarse, esa gente que desde afuera informando este tipo de situación, tiene que tener la suficiente valentía, como para respaldar lo que están planteando y que desde Bolivia y desde las instancias que tienen que ver se haga una investigación, porque sería grave para el avance de los derechos humanos, que el derecho a la vida esté retrocediendo”, añadió.
“En el caso de Jorge Clavijo, personaje que lamentablemente quedó con la dignidad por los suelos porque le habría quitado la vida a su esposa, le comento que ese ha sido mero trámite de Inteligencia. Cuando existe filtración de información, existen superiores que ordenan se solucione la fuga de información. Entonces el teniente Jorge Clavijo, como tenía en su poder un video que lo acreditaba y los respaldaba en todo lo que había ocurrido en el hotel Las Américas, recibió la orden de que la información filtrada se solucione de alguna manera. Es por eso que se ve obligado a quitar la vida a su esposa por instrucciones del gobierno para evitar que la noticia llegue a todo el pueblo boliviano”, relató Laguna en entrevista con ERBOL.
Ante esta declaración dijo a EL DIARIO que como defensa se sienten “alarmados por esta declaración (del teniente Laguna) ya que determina y refleja que en los hechos existe una forma de trabajo en la Utarc similar a la mafia siciliana, los que señalan que cuando se filtra información o se puede traicionar alguna información se debe asesinar a esa persona que ha recibido dicha información”.
Luego recordó que pusieron como evidencia que cuando Hanalí Huaycho era enterrada “de manera totalmente inexplicable”, extremo que fue denunciado al Fiscal General, bajo órdenes políticas del actual Ministro de Gobierno (Jorge Pérez) “hicieron una segunda incursión en la casa de Hanalí Huaycho ingresando por la ventana de los baños de la señora”.
Del lugar dijo que se llevaron varios documentos, discos compactos, una computadora además de fotografías, e informes de todo tipo que estaban en la habitación que compartía la pareja.
“Esos elementos que fueron secuestrados no aparecen consignados en el acta de allanamiento y menos en la incautación por lo que Jorge Clavijo actuó no solamente bajo un asesinato pasional, sino lo hizo encubriendo actividades del Estado y que esa información al ser revelada a su esposa se le dio la orden de acabar con su vida”, sostuvo el abogado.
En ese sentido afirmó que bajo ese indicio, proporcionado desde Brasil, “debe ser investigado” y que se espera del Estado una respuesta seria porque en medio hay una persona que ha perdido la vida, luego que las respuestas no sean de “descalificación” y “alternativamente se va a presentar una demanda contra el Estado Boliviano para que sean las autoridades que develen la actuación de Jorge Clavijo en este caso, porque para nosotros actuó como un simple sicario al haber recibido órdenes del Estado y esto no puede permitirse”.
"EVO CONTROLABA"
Laguna aseveró que “el Presidente (Evo Morales), con quien varias veces se reunió el exfiscal, tenía control directo de todo lo que se hacía en las investigaciones del caso terrorismo, lo propio el Vicepresidente que utilizaba a su operador, Raúl García Linera, para hacer y deshacer”.
Recordó además que Soza recibía constantes llamadas de ministerios y hasta el Palacio de Gobierno para ser invitado a reuniones y recibir instrucciones. Precisó que entre quienes se comunicaban con el exfiscal estaban Sacha Llorenti, Juan Ramón Quintana, y Nardi Suxo, además de varios senadores y diputados.
Ratificó que el equipo investigador del caso recibía una “ayuda mensual” desde el Ministerio de Gobierno, paralela al salario.
Sostuvo también que él vio pruebas de comunicaciones, chats, entre Raúl García con Eduardo Rózsa, la cuales fueron destruidas por órdenes del Vicepresidente.
DERECHOS HUMANOS
La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Yolanda Herrera pidió una investigación a profundidad sobre las afirmaciones del teniente Juan José Laguna, quien fuera la mano derecha del ex fiscal del caso terrorismo, Marcelo Soza, que afirmó que Jorge Clavijo asesinó a la periodista Hanalí Huaycho, ya que ella tenía pleno conocimiento del asalto al Hotel Las Américas donde fueron abatidos el húngaro boliviano Eduardo Rózsa-Flores; el húngaro rumano Árpád Magyarosi y el irlandés Michael Martin Dwyer.
“Es una preocupación que la gente tenga que salir del país, estar en seguridad y recién sacar a la luz este tipo de información, lo que nosotros creemos es que tiene que investigarse, esa gente que desde afuera informando este tipo de situación, tiene que tener la suficiente valentía, como para respaldar lo que están planteando y que desde Bolivia y desde las instancias que tienen que ver se haga una investigación, porque sería grave para el avance de los derechos humanos, que el derecho a la vida esté retrocediendo”, añadió.
viernes, 3 de octubre de 2014
Exfiscal Soza reafirma que el Gobierno trajo a Rózsa
Mientras desde el Gobierno y la Gobernación de Santa Cruz han salido a decir que el testimonio del exteniente de la Policía José Juan Laguna Saavedra, no debe ser considerado creíble, desde Brasil el exfiscal Marcelo Soza ha respaldado las afirmaciones de su exagente de seguridad y aclaró que él no recordaba ese episodio.
Laguna, en una entrevista grabada el viernes 26 de septiembre en Campo Grande (Brasil), afirmó que Soza fue presionado por diferentes ministerios gubernamentales para dirigir políticamente las investigaciones del caso de supuesto terrorismo y afirmó que fue el exjefe de Inteligencia de la Policía Jorge Santiesteban, el encargado de traer al país desde España a Eduardo Rózsa, muerto la madrugada del 16 de abril de 2009 en el operativo del hotel Las Américas junto a Árpád Magyarosi y Michael Dwyer.
El exfiscal, en un contacto a través de Facebook con el diario EL DEBER, indicó que la versión de Laguna con respecto a la llegada de Rózsa al país es cierta y agregó que conoció esta versión en una reunión que tuvo con Santiesteban en el Comando General de la Policía.
En aquel encuentro, de acuerdo con la versión de Laguna, el ex jefe policial habría reclamado a Soza la devolución de los gastos que tuvo que costear para traer a Bolivia al líder de una supuesta célula terrorista.
Soza también indicó que en su declaración a la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare) del 28 de abril de 2014, él puso en evidencia que el gobernador cruceño, Rubén Costas, gozaba de alguna protección por parte de las autoridades gubernamentales, como también lo sugirió Laguna.
Más coincidencias
Las afirmaciones que ha hecho Laguna, respecto a la injerencia que dijo tenía Soza de parte de las autoridades del Gobierno en el caso de supuesto terrorismo, también las hicieron conocer los exasesores del Ministerio de Gobierno Denis Rodas, Fernando Rivera y Boris Villegas, ahora detenidos en Palmasola acusados de vender el arroz de Jacob Ostreicher, prófugo de la justicia.
En diferentes momentos, Rivera, Rodas y Villegas han indicado que desde el ministerio donde ellos trabajaban se manipularon las declaraciones y los testimonios de quienes están involucrados en este caso.
De igual forma, detenidos como Juan Carlos Guedes e Ignacio Villa Vargas dijeron que el proceso ha sido montado, aunque la posición gubernamental, manifestada por el vicepresidente, Álvaro García Linera, es que todo lo que dicen del caso es falso
Santiesteban, en el ‘ojo de la tormenta’
A mediados de mayo de 2011, el entonces general Jorge Renato Santiesteban Claure fue posesionado como el nuevo comandante general de la Policía Nacional, luego de destaparse un caso de placas clonadas en el que estaba implicado el general Óscar Ciro Farfán, antecesor en el máximo cargo de la institución policial.
Este fue el último cargo público que asumió el ex jefe nacional de Inteligencia, ya que casi un año después de esta posesión, el Gobierno decidió retirarlo del cargo en medio de una serie de denuncias en su contra por la investigación de la represión en Chaparina, de supuestos actos de corrupción en el ingreso de cadetes a la Unipol y por presuntas amenazas en contra de la ministra de Lucha Contra la Corrupción, Nardy Suxo.
Laguna, en una entrevista grabada el viernes 26 de septiembre en Campo Grande (Brasil), afirmó que Soza fue presionado por diferentes ministerios gubernamentales para dirigir políticamente las investigaciones del caso de supuesto terrorismo y afirmó que fue el exjefe de Inteligencia de la Policía Jorge Santiesteban, el encargado de traer al país desde España a Eduardo Rózsa, muerto la madrugada del 16 de abril de 2009 en el operativo del hotel Las Américas junto a Árpád Magyarosi y Michael Dwyer.
El exfiscal, en un contacto a través de Facebook con el diario EL DEBER, indicó que la versión de Laguna con respecto a la llegada de Rózsa al país es cierta y agregó que conoció esta versión en una reunión que tuvo con Santiesteban en el Comando General de la Policía.
En aquel encuentro, de acuerdo con la versión de Laguna, el ex jefe policial habría reclamado a Soza la devolución de los gastos que tuvo que costear para traer a Bolivia al líder de una supuesta célula terrorista.
Soza también indicó que en su declaración a la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare) del 28 de abril de 2014, él puso en evidencia que el gobernador cruceño, Rubén Costas, gozaba de alguna protección por parte de las autoridades gubernamentales, como también lo sugirió Laguna.
Más coincidencias
Las afirmaciones que ha hecho Laguna, respecto a la injerencia que dijo tenía Soza de parte de las autoridades del Gobierno en el caso de supuesto terrorismo, también las hicieron conocer los exasesores del Ministerio de Gobierno Denis Rodas, Fernando Rivera y Boris Villegas, ahora detenidos en Palmasola acusados de vender el arroz de Jacob Ostreicher, prófugo de la justicia.
En diferentes momentos, Rivera, Rodas y Villegas han indicado que desde el ministerio donde ellos trabajaban se manipularon las declaraciones y los testimonios de quienes están involucrados en este caso.
De igual forma, detenidos como Juan Carlos Guedes e Ignacio Villa Vargas dijeron que el proceso ha sido montado, aunque la posición gubernamental, manifestada por el vicepresidente, Álvaro García Linera, es que todo lo que dicen del caso es falso
Santiesteban, en el ‘ojo de la tormenta’
A mediados de mayo de 2011, el entonces general Jorge Renato Santiesteban Claure fue posesionado como el nuevo comandante general de la Policía Nacional, luego de destaparse un caso de placas clonadas en el que estaba implicado el general Óscar Ciro Farfán, antecesor en el máximo cargo de la institución policial.
Este fue el último cargo público que asumió el ex jefe nacional de Inteligencia, ya que casi un año después de esta posesión, el Gobierno decidió retirarlo del cargo en medio de una serie de denuncias en su contra por la investigación de la represión en Chaparina, de supuestos actos de corrupción en el ingreso de cadetes a la Unipol y por presuntas amenazas en contra de la ministra de Lucha Contra la Corrupción, Nardy Suxo.
Según Carlos Romero Denuncia de Laguna es guerra sucia de PDC
El exministro de Gobierno y actual candidato a senador por Santa Cruz en el Movimiento Al Socialismo (MAS), Carlos Romero, acusó al Partido Demócrata Cristiano (PDC) de Tuto Quiroga, de realizar "guerra sucia" con las declaraciones del exteniente José Juan Laguna desde Brasil.
"Lo que haya podido decir este señor Laguna sobre manipular el proceso del caso Rózsa desde el Gobierno y la exclusión de Rubén Costas por orden del exministro Sacha Llorenti es parte de una guerra sucia en contra de nosotros", manifestó. Laguna afirmó que fue un jefe policial por orden del Ministerio de Gobierno quien trajo a Rózsa desde España
El ministro era jefe de Laguna. Ante esta acusación, la candidata a diputada uninominal de la C-51, María del Carmen Morales de Prado (PDC), negó que este partido de oposición esté detrás de estas declaraciones, resaltando que jamás han tenido ningún tipo de acercamiento con Laguna, más al contrario, recordó que Romero era Ministro de Gobierno y él en su momento era el jefe máximo del exedecán refugiado en Brasil.
Críticas al Gobierno. "No, nos hace el saco, jamás tuvimos relación con esta gentuza, nunca hemos tenido reuniones con ellos ni los hemos recibido ni antes, ni durante, ni será después", aclaró la aspirante. Aseguró que el MAS le miente al pueblo al tratar de desvirtuar sus responsabilidades en dicho proceso.
"Lo que haya podido decir este señor Laguna sobre manipular el proceso del caso Rózsa desde el Gobierno y la exclusión de Rubén Costas por orden del exministro Sacha Llorenti es parte de una guerra sucia en contra de nosotros", manifestó. Laguna afirmó que fue un jefe policial por orden del Ministerio de Gobierno quien trajo a Rózsa desde España
El ministro era jefe de Laguna. Ante esta acusación, la candidata a diputada uninominal de la C-51, María del Carmen Morales de Prado (PDC), negó que este partido de oposición esté detrás de estas declaraciones, resaltando que jamás han tenido ningún tipo de acercamiento con Laguna, más al contrario, recordó que Romero era Ministro de Gobierno y él en su momento era el jefe máximo del exedecán refugiado en Brasil.
Críticas al Gobierno. "No, nos hace el saco, jamás tuvimos relación con esta gentuza, nunca hemos tenido reuniones con ellos ni los hemos recibido ni antes, ni durante, ni será después", aclaró la aspirante. Aseguró que el MAS le miente al pueblo al tratar de desvirtuar sus responsabilidades en dicho proceso.
jueves, 2 de octubre de 2014
Video Entrevista a José Juan Laguna S.
“Santiesteban trajo a Rózsa de España por orden del Gobierno”
Teniente de Policía, Exjefe de Seguridad de Marcelo Soza
Así lo afirmó el Tte. Laguna en una entrevista concedida a periodistas bolivianos de la Agencia de Noticias Fides (ANF) en Campo Grande, Brasil, donde pidió refugio político. Además, dijo que el exfiscal Marcelo Soza se reunió en varias ocasiones con el presidente Evo Morales
Después de lograr que la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare) de Brasil le otorgue refugio temporal por un año, Laguna rompió el silencio y decidió contar su verdad a periodistas bolivianos el 26 de septiembre en un hotel de Campo Grande.
¿Por qué y cuándo decidió abandonar el país?
Fueron estos últimos días que vine madurando la idea, no encontré otra salida, ya que el jueves 25 debía llevarse a cabo mi audiencia cautelar, en la que la fiscal Rose Marie Barrientos iba a pedir mi detención preventiva. El temor fue perder mi libertad, incluso perder la vida en un centro penitenciario en el país, esto me motivó a dejar a mi familia y estar ahora en este país.
¿En qué caso fue incluido?
En el caso extorsión por medio de un memorial que presentó la exsenadora Carmen Eva Gonzales, donde pide que se investigue a otras personas incluyéndome a mí, pero en ningún momento fui denunciado, no hay una querella contra mí. El fiscal Gómer Padilla me notifica para que preste declaración informativa en calidad de imputado, hecho que denota la mala actuación de estas autoridades.
¿Por qué lo imputan?
En primera instancia por el delito de supuesta extorsión, después lo modifican y me imputan por concusión, por ser un funcionario. Pero en mi caso ninguna conducta se adecua a ese tipo penal. Soy licenciado en Derecho y hablo con propiedad del tema.
¿Es verdad que usted ha recibido presión para acusar a personas?
He sido víctima de constantes expresiones de violencia, fui sometido a vigilancia. Jorge Pérez, cuando era viceministro de Gobierno, por órdenes de Carlos Romero, me ha obligado a firmar una declaración jurada en una notaría de Santa Cruz en la que supuestamente yo tendría conocimiento de que personas inescrupulosas estarían utilizando mi nombre para manchar la gestión del presidente Evo Morales, de Romero y de otros. Bajo la amenaza de iniciar un proceso por extorsión, me obligaron a firmar este documento.
¿Cuándo lo obligaron?
Hace dos o tres meses. Incluso mi abogado fue víctima de agentes del Gobierno, lo interceptaron, lo sacaron de su domicilio y lo tuvieron incomunicado por más de tres horas. En mi caso fui convocado a la oficina de la Felcc de Santa Cruz, donde recibí todas estas amenazas, posteriormente fui obligado a firmar la declaración jurada.
¿Qué dice la declaración?
Les narro los antecedentes. Un día antes aparece en la oficina de la Felcc donde trabajaba, en el distrito policial 7, el Cnl. Tórrez, director nacional de Inteligencia de la Policía boliviana. Viene argumentando que en el interior de Palmasola los acusados del caso terrorismo decían que mi persona iba a echar lodo para manchar la imagen del Gobierno, del Sr. Romero. Yo dije que desconocía esa versión. Incluso fui sindicado de tener acercamientos con la oposición. Al día siguiente, al tomar contacto con el Sr. Pérez en una notaría, me dan el documento, cuyo tenor era que mi persona tomaba conocimiento de que gente inescrupulosa estaría utilizando mi nombre para desprestigiar a Carlos Romero y las gestiones que estaba haciendo en Santa Cruz y que me comprometía a averiguar los nombres de esas personas para informar a las autoridades.
¿En esos momentos Pérez era viceministro o ministro?
Era viceministro, pero venía con órdenes claras, tal como él lo dijo en la oficina, incluso en presencia de funcionarios policiales.
¿A qué apuntaba esto?
Era una forma de tenerme controlado y amedrentado, para que no tome contacto con la prensa.
Usted acompañó al exfiscal Soza durante mucho tiempo.
Así es, han sido casi dos años y medio. En octubre de 2009 fui designado como seguridad del Dr. Soza y fue hasta abril o mayo de 2012.
¿Qué conoce del caso terrorismo?
Lo que podría decir es que existía bastante presión hacia el fiscal Soza por parte de funcionarios del Gobierno. Él recibía constantes llamadas del presidente, de ministros (Juan Ramón Quintana, Sacha Llorenti, luego de Carlos Romero y de Nardi Suxo).
¿El presidente se contactaba de forma directa con él?
Sí, es cierto, incluso el doctor Soza me mostró el libro que el presidente le había regalado.
¿Recuerda la fecha?
Fue una semana y media antes de que el presidente se hubiera puesto mal de salud, pues supuestamente le habían envenenado la comida. Fue un viernes por la noche. Obviamente hubo varias reuniones con el presidente.
¿Fue en La Paz?
Sí, pero no podría precisar el lugar porque jamás llegué hasta el lugar donde se realizaba la reunión.
Se dice que el vicepresidente manejó el caso terrorismo desde el Gobierno.
Voy a decir lo que sé. Cuando comencé a prestar servicio para el fiscal Soza, me pidió que lo lleve a la parte posterior del hospital Obrero, no sé quién es el propietario de ese inmueble, pero en la zona incluso hay un pequeño módulo policial. El fiscal entró al inmueble, llegó un señor de cabello largo con cola de caballo, bigotón y barbón, hasta ese momento yo no lo conocía, pero ahora puedo decir que se trataba de Raúl García Linera, hermano del vicepresidente. (...) El fiscal estaba muy preocupado, acongojado por tanta presión, pues tenía que hacer desaparecer información de que tenía incluido el nombre de Raúl García Linera, que estaba implicado directamente con (Eduardo) Rózsa y el grupo irregular que había llegado a nuestro país.
¿Quiénes participaron del operativo en el hotel Las Américas?
De ese operativo solo sé lo que se dice en la prensa, sé lo que el fiscal aseveró en la prensa, pues yo no estaba al tanto del caso y tampoco estaba prestando servicio.
¿Sabe si Luis Clavijo, Núñez del Prado y Carlos Subirana tuvieron alguna participación en el caso después de la toma del hotel?
He conocido a Luis Norberto Clavijo, como dije en mi declaración ante el juez Sixto Fernández, él era quien manejaba y controlaba la información para realizar los allanamientos en Santa Cruz. Desconozco el cargo que desempeñaba. Núñez del Prado era quien conducía los vehículos donde nos trasladábamos a los inmuebles que iban a ser allanados. Al Sr. Subirana no lo vi en persona, sino en los medios de prensa. El fiscal estaba preocupado porque estas personas se habrían enriquecido extorsionando a personas que nada tenían que ver en el caso. Esa era la información que el fiscal me transmitía.
¿Soza estuvo implicado en caso de extorsión?
Nunca, nunca. Inclusive en el caso que hace referencia Ana Claudia Arruda. Ella dijo que supuestamente un familiar suyo fue testigo de que el fiscal Soza había recibido dinero cuando nos alojamos en su casa. Esa mañana el fiscal, preocupado, me dijo que esta señora había programado una reunión con el exprefecto Zvonko Matkovic y que después de que nos retiramos de la casa ella se había beneficiado con ese dinero.
¿Puede concluir que dentro del tema terrorismo se activó una red de extorsión?
Habría que hacerse un análisis adecuado para determinar este extremo de la red, pues Quintana sabía todo el dinero que la tía de Jessica Jordan, la Sra. Ana Claudia Arruda, habría generado llevando al fiscal y a la comisión de investigadora y a mi persona para amedrentar a las personas y para favorecerse económicamente.
¿La Sra. Arruda operaba para otras personas?
Aparentemente lo hacía de forma independiente, pero se ha visto protección hacia esta persona y hacia Jessica Jordan, lo propio para Sacha Llorenti, para que la ley no los pueda alcanzar.
¿Quiénes son los beneficiarios?
No puedo precisar quiénes son, pero de acuerdo con la versión del fiscal, Ana Claudia Arruda y Clavijo se habrían beneficiado económicamente.
El exasesor Boris Villegas dijo que Sacha Llorenti fue uno de los operadores para forzar las imputaciones contra líderes cívicos y políticos de Santa Cruz?
Escuché decir al fiscal que tenía información de que Sacha Llorenti había viajado a Paraguay o Argentina, no puedo precisar, para recibir dinero que había reunido de los acusados del caso terrorismo, antes de que saliera la acusación.
¿Cree que el caso terrorismo fue un montaje?
En un montaje se habla de algo que no ha sucedido, pero en este caso sí han sucedido. Sí ha habido aportes económicos al grupo irregular, sí hubo gente que ha provisto de vehículos, armas y hospedaje a estas personas. Dentro de la investigación realizada por el fiscal se ha podido conocer que Rózsa fue traído al país por el Gobierno. En una oportunidad fue el general Santiesteban quien nos cobraba el dinero que él habría gastado, pues él en persona trajo a Rózsa desde España y le cobró el dinero al fiscal.
¿El ex comandante general de la Policía?
El ex comandante general. Fue en una reunión en el Comando General. El fiscal sorprendido le dijo: “Pero, general, de qué habla? Él le respondió: “¿Acaso usted no sabía que yo traje a Rózsa desde España?”. Entonces el fiscal le dijo: “Tiene que hablar con Cancillería porque nosotros no manejamos dinero como para reponer eso”. Estas son cosas que uno no puede callar.
¿Quiénes cree que ha solventado? ¿Las logias?
Yo no puedo precisar quiénes financiaron, pero hay documentación de quienes pagaron los hoteles y compraron equipos.
¿A quiénes más habría traído Santiesteban?
Solamente a Rózsa. No fue a título personal, sino por orden que habría recibido y como director de Inteligencia tuvo que hacer lo que hizo.
¿Para qué cree que trajeron a Rózsa?
Para quitarle fuerza y valor, tal vez, a gente que tenía poder económico y social en el oriente boliviano.
¿Por qué cree que no se convocó a Santiesteban?
Lamentablemente, Soza se encontraba presionado porque recibía constantes llamadas de los ministros. Ellos manipulaban y siguen manipulando a la justicia, no permiten que se conozca la verdad.
¿Cree que el caso terrorismo no va más, se cayó?
No, porque este Gobierno quiere sacar sentencia, hace aparecer imputaciones de la nada. Los jueces, amedrentados, van a sacar una resolución a favor de lo que el Gobierno diga.
¿Por qué cree que el gobernador Rubén Costas no fue convocado por Soza?
El fiscal me comentaba que el operador del gobernador Rubén Costas era su hermano, quien salió del país, y que por instrucciones del Gobierno, de Sacha Llorenti no se podía ejecutar la orden de aprehensión contra el gobernador.
¿Hubo protección gubernamental?
No podría decir, solo puede decir que tenía órdenes de no hacer nada contra el gobernador, porque de lo contrario iba a haber problemas.
¿El contacto entre Rózsa y Humberto Costas era un hecho?
De acuerdo con la información que manejaba el doctor, sí.
¿Estas pruebas existen o desaparecieron?
Él me comentó que esa documentación la habían hecho desaparecer, lo mismo que los chats existentes entre Raúl García Linera y Rózsa.
¿Qué le diría al juez si estuviera delante de él?
Todo lo que acabo de decir. En su momento pedí que se levante el secreto profesional, pero ninguna autoridad judicial tuvo el valor de hacerlo
Laguna: 'Gobierno trajo a Rózsa'
El exjefe de seguridad de Marcelo Soza, teniente de Policía, José Juan Laguna Saavedra reveló que el exdirector Nacional de Inteligencia de la Policía y excomandante de la institución verde olivo, Jorge Renato Santiesteban Claure, trajo desde España al húngaro boliviano, Eduardo Rózsa Flores, para activar el plan de descabezamiento a la oposición cruceña, donde el Gobierno habría brindado protección al gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, para evitar ser investigado por las vinculaciones con Rózsa Flores. Laguna también señaló que en una oportunidad el general Santiesteban quiso cobrar dinero al exfiscal Soza por haber traído a Eduardo Rózsa, a lo que Soza respondió que no tenía presupuesto y que en todo caso fuera a la Cancillería a efectivizar el cobro por los gastos del traslado.
¿Control directo? Laguna agregó que si se llega a poner en riesgo su seguridad y la de su familia, responsabilizará al presidente Morales y sus ministros. También lamentó no haber podido despedirse de sus seres queridos debido a que si no abandonaba el país, lo más rápido posible, estaría detenido en el penal de Palmasola. Finalmente reveló que el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera controlaban de manera personal el trabajo del exfiscal Marcelo Soza durante las investigaciones judiciales, que fueron desarrolladas durante los últimos tres años.
El hermano del 'vice'. Por otro lado, señaló que el operador principal, por encargo del vicepresidente, fue Raúl García Linera, quien también convocaba al exfiscal para hacer seguimiento de los operativos judiciales y policiales. También confirmó que durante las investigaciones se desarrolló una red de extorsión que operaba sobre los acusados y que la principal cobradora era la tía de Jessica Jordan, Ana Claudia Arruda, para recaudar dinero que iría a manos del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, quien brindó protección a Arruda para evitar que sea detenida.
Además señaló que Quintana citaba a Soza a las oficinas de Ademaf para impartir instrucciones sobre las investigaciones.
¿Control directo? Laguna agregó que si se llega a poner en riesgo su seguridad y la de su familia, responsabilizará al presidente Morales y sus ministros. También lamentó no haber podido despedirse de sus seres queridos debido a que si no abandonaba el país, lo más rápido posible, estaría detenido en el penal de Palmasola. Finalmente reveló que el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera controlaban de manera personal el trabajo del exfiscal Marcelo Soza durante las investigaciones judiciales, que fueron desarrolladas durante los últimos tres años.
El hermano del 'vice'. Por otro lado, señaló que el operador principal, por encargo del vicepresidente, fue Raúl García Linera, quien también convocaba al exfiscal para hacer seguimiento de los operativos judiciales y policiales. También confirmó que durante las investigaciones se desarrolló una red de extorsión que operaba sobre los acusados y que la principal cobradora era la tía de Jessica Jordan, Ana Claudia Arruda, para recaudar dinero que iría a manos del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, quien brindó protección a Arruda para evitar que sea detenida.
Además señaló que Quintana citaba a Soza a las oficinas de Ademaf para impartir instrucciones sobre las investigaciones.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)