Fiscalía pedirá el encarcelamiento del exgerente del SIN que fue detenido en La Paz

En un operativo organizado por la Fiscalía y la Policía, se allanó la vivienda del exgerente distrital del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Jorge Ledezma, donde fue aprehendido para que pueda realizar su declaración informativa.

El Ministerio Público investiga actos irregulares en su contra y afirma tener indicios suficientes para imputarlo en una primera etapa y solicitar su detención preventiva.

“Se tiene el informe de que el exgerente asumió el cargo en enero de este año y se presume que participó, junto a otros funcionarios, en la emisión de resoluciones determinativas en las que prescribían deudas tributarias de potenciales contribuyentes que habrían pagado montos de dinero para este trámite, a pesar que el gerente operativo indicaba que debía agotarse las instancias administrativas y legales con el fin de velar los intereses del Estado”, informó esta tarde, el fiscal departamental de La Paz, Marco Antonio Cossío.

La comisión de fiscales que investiga el caso, acusa a Ledezma de los presuntos delitos de uso indebido de influencias, cohecho pasivo propio e incumplimiento de deberes.

El allanamiento se realizó la madrugada de este sábado en un inmueble de la zona de Irpavi, parte del macrodistrito de Mallasa (La Paz). La exautoridad presta su declaración informativa, para esclarecer los hechos que se investiga.

“Con las pruebas colectadas, hemos podido sostener la autoría y riesgos procesales. Luego de la declaración informativa y con los elementos que tenga la comisión, se presentará la imputación formal y se solicitará su detención preventiva”, señaló Cossío.

Señaló que Ledezma no opuso resistencia en el allanamiento de su domicilio y su posterior aprehensión, además de que permitió el registro del inmueble.

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MAS afirma que Alcaldía favoreció al grupo económico Toyosa-Tersa

La diputada del MAS-IPSP Valeria Silva afirmó que dos hechos evidencian que el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, dirigido por Soberanía y Libertad (SOL.bo), liderado por Luis Revilla, favoreció al grupo empresarial Toyosa-Tersa.

“Hay un sinfín de ordenanzas, informes técnicos y documentación oficial en los cuales se relaciona de manera directa el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz con el grupo de poder Toyosa-Tersa; la Alcaldía representada por el concejal (Fabián) Siñani y el grupo de poder económico por su esposa, Maricruz Medrano Strelli”, afirmó la legisladora.
Silva recordó que luego de que el 18 de febrero la diputada del MAS-IPSP Betty Yañíquez reveló la vinculación entre la Alcaldía paceña y la empresa Tratamiento Especializado de Residuos Sólidos y Servicios Ambientales (Tersa), tanto Revilla como Siñani indicaron que la señora Maricruz Medrano Strelli (esposa del concejal) “era una abogada externa de la empresa y que solo se dedicaba a asuntos laborales”.
“Mentira, las pruebas que hemos presentado evidencian que hay una estrecha relación comunicacional entre el matrimonio Siñani-Medrano; Siñani representando al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y Medrano representando al Grupo Económico Toyosa-Tersa, ese es el primer elemento”, indicó Silva en declaraciones a la red Patria Nueva.
El documento que certifica la vinculación de Medrano Strelli con Tersa fue firmado el 12 de junio de 2013, ante la notaria de Fe Pública N° 77 de La Paz, Paola Evangelina Rodríguez Zaconeta.
Los empresarios Edwin Santos Saavedra Toledo y Gerónimo Antonio Meleán Eterovic, en su condición de presidente y secretario del directorio de Tersa, respectivamente, otorgaron “poder especial y de representación a favor de los señores Maricruz Medrano Strelli y Sergio Javier Jiménez Terrazas, de profesión abogados (…) para que en su condición de representantes legales, a nombre y representación de la empresa, sus acciones y derechos, de manera conjunta o indistinta, conforme las condiciones que se determinan en el presente mandato, asuman la representación de la empresa Tersa SA”.
A ese elemento se suma un segundo factor que, en opinión de Silva, se constituye en “pruebas del relacionamiento institucional que existía entre la Alcaldía de La Paz y el grupo económico Toyosa-Tersa”.
Sucede que Medrano Strelli también hizo diligencias para el Grupo Saavedra, dueño de Toyosa y accionista de Tersa, ante el Concejo Municipal de La Paz.
De acuerdo con el testimonio 1.151.2015/2015, Edwin Santos Saavedra Toledo otorgó a Medrado Strelli “un poder general de administración” para que realice trámites ante los gobiernos autónomos municipales, gobernaciones, Autoridad de Empresas, Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y “demás entidades, sean estas públicas y/o privadas, Cámaras Nacionales y/o departamentales de industria y comercio”.
Amparado en ello, Medrano Strelli envió, el 23 de octubre de 2017, una nota a la presidencia del Concejo Municipal de La Paz para solicitar copias legalizadas de la ordenanza municipal GAMLP No 538/2016 vinculada al cambio de uso de suelos de predios ubicados en la Curva de Holguin con destino a la ejecución del proyecto impulsado por el Grupo Saavedra. Esa nota fue respondida por Fabián Siñani, el 26 de octubre de 2017.
Frente a ello, Silva expresó que “lamentablemente SOL.bo, antes MSM (Movimiento Sin Miedo), está apoltronado en la Alcaldía de La Paz hace 20 años y, tengo que decir con mucha pena, nadie había fiscalizado, nadie había dejado ver estos contubernios que, como hemos evidenciado los últimos días, vienen de hace mucho tiempo”.
“Aparentemente la red de corrupción y la red de favorecimiento a ciertos grupos de poder económico es muy grande” y “las víctimas de esto somos las paceñas y los paceños (…) y los empresarios que están acostumbrados a hacer las cosas bien, que están acostumbrados a jugar limpio y que en estas situaciones de contubernio no han tenido las posibilidades” de participar en “los contratos millonarios de la Alcaldía de La Paz que hace con sus amigos, con sus socios”, enfatizó.

Revelaciones provocaron renuncias

El colapso de una de las celdas del relleno sanitario de Alpacoma, a cargo de la empresa Tersa, no solo generó una emergencia ambiental por contaminación de basura y lixiviados, sino un remezón en el municipio paceño y la revelación de una posible red de corrupción y favorecimiento.
Por ese hecho, el 13 de febrero, Giovanni Gemio fue apartado del cargo de director del Sistema de Regulación Municipal (Siremu), entidad que debía controlar a la compañía.
Mientras que el concejal Fabián Siñani fue suspendido de la dirección departamental de la alianza Comunidad Ciudadana —conformada por SOL.bo y el FRI— porque su esposa era la representante legal de Tersa.
En tanto, Marcia Romero Sáenz renunció al cargo de asistente de presidencia del Concejo Municipal de La Paz, luego de que se conoció que era esposa de Boris Kuscevic Leyton, “el segundo ejecutivo más importante de Toyosa”, según la diputada Betty Yañíquez.
A ello se suma que Tersa decidió rescindir el contrato que tenía con Medrano Strelli, reportó ayer Página Siete.

MAS-IPSP habla de una “trama de corrupción”

El alcalde Luis Revilla, la empresa Tersa, el concejal Fabián Siñani y la abogada Maricruz Medrano Strelli fueron identificados como parte de una trama de corrupción en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.

De acuerdo con la diputada del MAS-IPSP Valeria Silva, una trama —definida como la acción de “disponer o preparar con astucia o dolo un enredo, engaño o traición”— es lo que sucedió entre el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y el grupo de poder económico Toyosa-Tersa.
Detalló que la empresa Toyosa es propietaria de Tersa, la firma encargada del relleno sanitario de Alpacoma, donde el 15 de enero se registró un deslizamiento de basura y lixiviados.
“Los mismos capitales que han hecho posible que exista Toyota y Tersa son los capitales de Crown. ¿Qué es Crown? Básicamente la empresa que vende los autos más baratos. Toyosa tiene los autos caros; Crown, los autos baratos; ambas empresas más Tersa se formaron con capitales del Grupo Saavedra”, explicó.
Medrado Strelli, esposa de Siñani, fue abogada del Grupo Saavedra e hizo gestiones por diferentes razones ante el municipio de La Paz.
Entre Maricruz Medrano y Fabián Siñani “han corrido muchas cartas y no eran cartas de amor, eran documentos institucionales que evidencian la relación entre el grupo de poder económico Toyosa-Tersa y la Alcaldía de La Paz”, afirmó en el programa El pueblo es noticia, trasmitido por los medios estatales.

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Alcalde denunciado por malversación Concejo de Ichoca exige que Fiscalía cumpla su función

El Concejo Municipal de Ichoca presentó hace tres meses ante la Fiscalía Departamental una denuncia por malversación de cuatro millones de bolivianos de la gestión 2016, contra el alcalde Alejandro Choque, pero al no recibir atención instalaron ayer un piquete de huelga de hambre frente al Ministerio Público.

Bladimir Cañaviri, representante del Consejo Municipal de Ichoca, detalló que la denuncia contra el alcalde del Movimiento al Socialismo (MAS) y su secretario municipal, Jorge Zárate, fue interpuesta el 18 de mayo de 2016, pero hasta la fecha el proceso continúa en etapa preparatoria, sin que se haya realizado la inspección técnica ocular.

Edwin López, presidente del Concejo Municipal, afirmó que la medida de presión surge debido a que sospechan que la Fiscalía incurre en retardación de justicia, “eso es lo malo, solo cuando uno hace manifestaciones convocan y esta mañana (ayer) nos hemos reunido con el doctor Blanco (Edwin Blanco fiscal departamental) y a partir de mañana (hoy) se están movilizando”.

Según López, el alcalde Choque no se ha presentado a trabajar hace varios días y adelantó que para levantar las medidas de protesta, es con la coordinación de reuniones con autoridades de Gobierno, para explicar las observaciones que se tiene al trabajo del alcalde masista.

Por su lado, el abogado informó a EL DIARIO que la malversación de los recursos municipales asciende a cuatro millones de bolivianos, según los resultados de una auditoría realizada al informe de la ejecución de presupuesto de 2016.

“Hay pequeñas obras en las que hay un incremento de precios, por ejemplo, la construcción de un muro perimetral donde cada ladrillo el Alcalde pone que cuesta un boliviano con 90 centavos, cuando preguntando en una proveedora cuesta 70 centavos, con factura”, detalló.

Imputaron a Alcalde de Caquiviri por malversación

La Fiscalía imputó al alcalde de Caquiaviri, Bruno Álvarez, por malversación de recursos económicos y otros delitos. El año pasado, este burgomaestre se hizo conocido porque comunarios lo vistieron de “chola”, como si fuera castigo, por deficiencias en su gestión.

Según la imputación, firmada por el fiscal Ramiro Jarandilla y facilitada por el concejal Salustiano Suntura, el alcalde Álvarez habría incurrido en una millonaria malversación de los recursos del municipio de Caquiaviri de la provincia Pacajes de La Paz.

De acuerdo con la investigación, entre junio y diciembre de 2015, Álvarez emitió 531 cheques por 4.266.216 bolivianos, para manejarlos de forma “discrecional”.

“Retiró los recursos a nombre de funcionarios y terceros no autorizados”, señala la imputación.

Asimismo, el Fiscal sostuvo que el Alcalde hizo estos desembolsos al margen de su presupuesto, debido a que no cumplió los procedimientos para reforma el Programa Operativo Anual (POA).

Incluso, se evidenció que Álvarez procedió a realizar convocatorias públicas en el Sicoes “sin tener presupuesto escrito o previsto para su ejecución”, por un monto de 4.595.415 bolivianos.(Erbol)

Aprehenden a funcionario edil que alertaba de operativos al Katanas

Paola Barriga, abogada de Nohemí Cámara, hija de Marco Cámara recluido en el penal de San Pedro de La Paz, por Trata y Tráfico de Personas en el caso Katanas, informó ayer, que la Fiscalía determinó la aprehensión de Miguel N. C., actual funcionario de la Alcaldía de La Paz, acusado por los delitos de encubrimiento e incumplimiento de deberes.

“Entendemos que él era chofer de una de las dependencias y dentro de esas dependencias él conocía qué días se hacían estas intervenciones a los locales y, por tanto prevenía a Marco Cámara”, explicó a los periodistas.

Barriga detalló que la fiscal asignada al caso, Karina Cuba, pudo colectar muchos elementos de prueba tras una investigación minuciosa, que permitió cotejar los celulares decomisados a Cámara y que algunos resultados serán presentados en audiencia de medidas cautelares ante el juez competente.

Barriga afirma que se encontró varios problemas al momento de pedir información a la Alcaldía y que se la amenazó con procesos penales por dar nombres de funcionarios ediles.

Sin embargo, desde la unidad de Transparencia del municipio se desmintió tal afirmación y se aseguró que se contestaron los requerimientos fiscales que se le pidieron respecto del caso y adelantaron que harán seguimiento del caso.

Caquiaviri y Quillacollo Condenan a prisión a dos exalcaldes por corrupción

La gestión pasada, los comunarios de Caquiaviri (La Paz) vistieron al alcalde con pollera, manta y sombrero como un “castigo” por supuesta mala administración.

David Sinca Mamani, exalcalde de Caquiaviri (La Paz), y Miguel Candia, exalcalde de Quillacollo, fueron sentenciados a cinco y cuatro años de cárcel, respectivamente, por delitos de corrupción, reportó Erbol.

En el caso de Sinca, el Tribunal Primero de Sentencia de Penal de La Paz dictó el jueves su condena por los delitos de malversación y contratos lesivos al Estado. Deberá cumplir su sentencia en el penal de San Pedro, informó el Ministerio de Transparencia.

La exautoridad de Caquiaviri fue denunciada porque adjudicó irregularmente varias obras, entre ellas la construcción de la casa Municipal en Chocorosi y la conclusión del sistema de agua potable de Chocorosi.

El exalcalde de Quillacollo, por su parte, recibió una sentencia en juicio abreviado por los delitos de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes, informó ayer el Ministerio Público.

Las irregularidades por las cuales se condenó a Candia tienen que ver con el proceso de contratación para la construcción del Complejo Deportivo Antofagasta. El sentenciado cumplirá su condena en el penal de San Pablo.

GOBERNACIÓN CRUCEÑA

La Fiscalia General del Estado, al cierre de esta edición, informó también que un funcionario de la Gobernación de Santa Cruz guardará detención preventiva en la cárcel de Mocoví de Trinidad, Beni, por la presunta comisión de los delitos de conducción peligrosa de vehículos y uso indebido de bienes.

La directora nacional anticorrupción de la Fiscalía General del Estado, Willma Blazz Ibáñez, quien explicó que la autoridad jurisdiccional en audiencia de medidas cautelares determinó la detención preventiva de Fernando Almaquio Pariqui, quien protagonizó un accidente de tránsito en la carretera Trinidad – San Joaquín.

“Este ciudadano conducía una vagoneta del Servicio Departamental de Santa Cruz (Sedcam) de la Gobernación de Santa Cruz y llevaba a Evelín Arteaga Alamaquio, Iver Becerra Pardo y Edson Algarañaz Villarroel como pasajeros. En su recorrido, debido al exceso de velocidad el vehículo, sufrió un vuelco de campana provocando lesiones graves y gravísimas a los ocupantes”, explicó.

Cada mes llegan 171 denuncias por retardación y corrupción en Derechos Reales La Paz

Un promedio de 171 denuncias al mes se presentan contra funcionarios públicos de Derechos Reales de La Paz, referidas a casos de retardación de trámites, malos tratos y otros relacionados a corrupción. La situación es calificada de "crónica" al interior del Consejo de la Magistratura distrital La Paz.

Los datos fueron recogidos por la unidad de Transparencia de Derechos Reales, que al primer semestre de este año recibió un total de 1.024 denuncias en contra de sus funcionarios de parte de la gente que se dirige a esta institución para tramitar, por ejemplo, derechos propietarios de bienes inmuebles, folios reales, inscripciones y otros.

Según la representante del Consejo de la Magistratura en La Paz, Mónica Limachi, existen días en que se recaban hasta 20 denuncias en contra de sus dependientes, donde además figuran casos de maltrato hacia la gente. Por esta razón, dio a conocer, se decidió tomar algunas medidas que disminuyan estas denuncias.

La primera tiene que ver con la creación de una oficina de ingreso de observados. Se trata de un espacio para subsanar, en un plazo de 20 días como máximo, todos aquellos trámites que presentan alguna observación. Esta medida busca que desaparezcan los cobros indebidos para apresurar trámites.

"Dentro de 20 días estos observados van a salir con sus registros propietarios, tienen que cumplir con todas sus observaciones y esto va recibir el registrador de derechos reales, no va a recibir cualquier persona", manifestó Limachi a la ANF. Una segunda acción tiene que ver con sanciones y llamadas de atención a los funcionarios de Derechos Reales. Dijo que desde el 9 de julio, día en que ingresó al cargo, emitió 10 llamadas de atención y se abrió dos procesos administrativos por falsedad contra dos funcionarios.

"Toda equivocación por la servidora o servidor de Derechos Reales será pasible a la sanción determinada por los reglamentos vigentes dentro el Órgano Judicial", es uno de los mandatos que se fijó el Consejo de la Magistratura para acabar con la retardación. Una tercera medida tiene que ver con la carga administrativa de cada funcionario.

Por día, precisó Limachi, son alrededor de 400 trámites que recibe Derechos Reales, que se suman a los más de 180 que tienen acumulados los servidores públicos. A la fecha, dijo, esa carga se redujo a 40 por funcionario. "Hemos expedido memorandos para que pronto sean removidos o tengan otra sanción grave, no puede ser que perciban salario y no quieran trabajar", manifestó.

Detienen a exfuncionario edil acusado de extorsión

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de El Alto detuvo al exfuncionario municipal, Ivar Romero, quien fue acusado por vecinos y la dueña de un negocio por una supuesta extorsión.

De acuerdo con un informe brindado por el intendente municipal, Rudy Saavedra, se conoce que el exfuncionario habría aprovechado su conocimiento en el control de inocuidad alimentaria, debido a que anteriormente esta persona cumplía precisamente este tipo de funciones, para llevar adelante un falso operativo de control.

Según información oficial, el acto de suplantación de autoridad que realizó Ivar Romero fue cuando al constituirse en un negocio de broastería exigió que le muestren todos los utensilios que tienen para el preparado del alimento. Ante esto, encontró algunas irregularidades, pero la ilegalidad comenzó cuando el exfuncionario le señaló a los dueños del negocio que de no darle un monto económico a cambio se procedería a su clausura.

Para el efecto mostró una credencial que supuestamente le acreditaba como funcionario de dicha repartición municipal, además, en el momento de su intervención se encontraba con un chaleco empleado por funcionarios municipales, aunque el uniforme era de una anterior gestión, muy diferente a las actuales.

Todas estas irregularidades fueron los que delataron al individuo, por lo que las personas afectadas decidieron llamar a la Policía junto a algunos vecinos, entre quienes lograron que esta persona sea arrestada con la finalidad de que explique por su actitud.

El caso de Ivar Romero se encuentra en los estrados judiciales, siendo que deberá comparecer ante las autoridades teniendo en cuenta del delito que se cometió, a pesar de que por el momento existe un hermetismo sobre el tema en el entorno municipal.

Ivar Romero ya contaba con antecedentes en este tipo de casos, primero al autocalificarse como nuevo Intendente antes de que la actual alcaldesa sea posesionada, posteriormente, a pesar de que dejó de pertenecer a dicha instancia municipal, habría estado realizando operativos de control junto a efectivos municipales, uno de ellos en el que se procedió al decomiso de alimentos relacionados con la noche de San Juan el pasado mes de junio.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Con el objetivo de prevenir este tipo de actitudes ocasionadas por exfuncionarios ediles, el intendente municipal Rudy Saavedra anunció que se están creando credenciales con las que se pueda garantizar que la persona que lo porte es efectivamente parte de su repartición.

“Efectivamente debido a que mucha gente ha dejado de trabajar en la Alcaldía y por el conocimiento que tiene en el manejo de algunos temas, como en el presente caso, está aprovechado esta situación, por eso hemos decidido efectuar un documento de identificación como funcionario municipal con todas las normas de seguridad, que deberá ser presentada en todo momento y lugar que se requiera”, explicó la autoridad.

El Alto Aprehenden a Édgar Patana

El exalcalde de El Alto, Édgar Patana, fue aprehendido anoche tras prestar declaraciones porque no habría pagado los aportes a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) de un exfuncionario que fue trabajador de la gestión 2012, además por recibir un sobre por parte del exburgomaestre Fanor Nava.

Según el abogado Eduardo León, Patana fue convocado ante las autoridades policiales por este hecho y una vez terminada su declaración, será puesto en libertad.

“Hemos tenido la información de que el señor Édgar Patana fue citado dentro del proceso de los videos que involucraban tanto a este imputado como al señor Fanor Nava. De donde habría emergido otro proceso por las AFP, que fue iniciado por exfuncionarios del gobierno municipal de El Alto”, señaló León a radio Fides.

El abogado del diputado Rafael Quispe lamentó que Patana solo haya sido convocado por esta denuncia, pese a que se confirmó que 24 vehículos de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) fueron desmantelados en su gestión.

Sin embargo, en un informe de Cadena “A” se confirmó, pasada las 20.00, que la exautoridad edil, fue aprehendido luego de brindar su declaración informativa .

Según el mismo fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, Patana tiene al menos seis procesos que se investigan.

Uno de los casos que pesa en su contra es la denuncia de la empresa constructora Terra Forte por incumplimiento de contrato; a ello se suma la denuncia del Centro de Estudios Americanos y por último la presunta entrega ilegal de vehículos de Dircavi Oruro a dirigentes de las juntas vecinales de El Alto, situación que fue calificada de ilegal y fuera del convenio firmado entre ambas instituciones.

Por su parte, la abogada de Patana, Valquiria Lira, en contacto telefónico con EL DIARIO, dijo que la resolución de aprehensión se debe por una deuda a las AFP'S por 405 bolivianos. “Estamos sujetos a averiguar qué es lo que ha ocurrido con el proceso. Ahora no tenemos información concreta”, dijo.

En cuanto a la investigación sobre el video donde se ve a Patana recibiendo un paquete del entonces alcalde Fanor Nava, Lira, afirmó que en el curso de las próximas horas se solicitará a Erbol (medio de comunicación que difundió las imágenes) dé a conocer quien fue la persona que entregó a ese medio de comunicación el video, ya que no se puede efectuar una demanda al medio porque su actividad está regida por la ley de Imprenta.

Lapidan a un campesino que denunció corrupción

Clemente Paco murió apedreado en la comunidad Jitulaya, altiplano del departamento de La Paz. El hecho tuvo lugar tras la inauguración de una oficina de campaña del Movimiento Al Socialismo (MAS), según reporte de la radio Erbol.

“Al calor de las bebidas alcohólicas hubo insultos y agresiones verbales entre dos bandos. El difunto había denunciado actos de corrupción en la comunidad, lo que provocó enfado y protestas en gente del MAS. Estaba fichado”, indicaron testigos del hecho.

Más datos indican que existe conmoción en el sector y se detuvo a un presunto autor de la lapidación, que fue trasladado a Escoma. Ayer se realizó el levantamiento oficial del cadáver para hacerle la autopsia.

El domingo tuvo lugar la entrega de un "sillón dental" por parte de la Gobernación paceña, mientras que paralelamente el Movimiento Por la Soberanía (MPS) abría una casa de campaña.

Además, las versiones de Freddy Arias en Moco Moco y Pedro Bendita en Jutilaya explican que el dirigente decidió trasladarse a su domicilio luego del acto público, pero fue interceptado y agredido física y verbalmente.

“Esto no se quedará ahí, tiene que aclararse y sancionarse, no permitiremos que quede en la impunidad como en otras ocasiones”, agregaron.

Además se conoce que Paco antes fue militante del MAS y luego decidió sumarse a las filas del MPS, desde entonces sufrió amenazas.

Vecinos denuncian al subalcalde de la zona Sur por loteamientos

Por segundo día, vecinos inconformes con el nombramiento de Ernesto Villarroel como subalcalde del macrodistrito Sur realizaron bloqueos y tomaron los predios de la Subalcaldía ubicada en Obrajes. El exdirector jurídico del municipio, Fernando Velásquez, denuncia que Villarroel es procesado por loteamiento.

"Ernesto Villarroel ha sido posesionado el viernes sin consenso de las juntas vecinales. Rocha traicionó su compromiso del 3 de enero cuando dijo que las juntas vecinales elegirían a sus candidatos. Villarroel es una persona no grata y procesada que no tiene apoyo de las juntas” señaló el representante de Control Social del Distrito 19 del macrodistrito Sur, Rolando Chipana.

Los vecinos manifestaron que son varias las víctimas de loteamiento por parte de Villarroel que cuenta con un proceso técnico administrativo en el que -como autoridad- estaría siendo juez y parte. Reiteraron que de no ser escuchados recrudecerán sus medidas presión.
Terrenos en Aruntaya


El exdirector jurídico del municipio, Fernando Velásquez, con documentación en mano, ratificó que el nuevo subalcalde de la zona Sur tiene un proceso técnico administrativo por el loteamiento de unos terrenos en Aruntaya. Señaló que fueron los mismos vecinos del lugar quienes dieron la alerta.

"Luego de la denuncia, en la inspección del área se hizo presente el que actualmente pretende ser subalcalde de la zona Sur. Presentó documentos que fueron aprobados en Palca y adjuntó un certificado de jurisdicción de dicho municipio. Sin embargo las unidades correspondientes de la comuna paceña verificaron que se trataba de una propiedad municipal, lo que deja todo el movimiento y venta de este lugar en la ilegalidad”, explicó.

Velásquez afirmó que no puede nombrarse autoridad a quien desconoce e irrespeta los limites de La Paz, "cuando la principal función de este cargo debe ser la defensa de la jurisdicción en un conflicto limítrofe de larga data”. Sostuvo que Villarroel al tener terrenos que están siendo loteados y proyectos de construcción ilegales tiene conflictos de interés y no puede ser autoridad en el macrodistrito .
"Lo tenemos por imposición de Rocha y de seguro su intención será tapar estas ilegalidades regularizando la zona aprovechando su cargo. Sólo esperamos que el proceso en curso, continúe con la independencia que debe tener para evidenciar el delito. Existen descargos que deben ser presentados”, dijo.
Denuncias en Irpavi II

El presidente de la junta vecinal del sector Mirador Alto La Florida, Juan Carlos Flores, señaló que Villarroel tiene procesos penales por agresión y loteamientos de terrenos de familias en Irpavi II.
A su turno, el fiscal de la Acción Comunal del Distrito 19, Ciro Aguilar, señaló que estos "bochornosos actos” del alcalde Omar Rocha han molestado a los habitantes de los distritos del Sur y han generado división.
"Estos actos sólo pueden desembocar en la confrontación porque nuestra Subalcadía no toma determinaciones. Somos más de 200 mil habitantes que necesitamos ser atendidos y que por mucho tiempo hemos sido abandonados. Tras esta afrenta no queda más que masificar las protestas”, dijo.
Página Siete llamó insistentemente al subalcalde de la zona Sur, pero Ernesto Villarroel no contestó los requerimientos.

Video Presentan app para denunciar casos de corrupción en el Gobierno Municipal de La Paz