jueves, 4 de febrero de 2010

Ramírez iba a recibir dinero del crédito del Banco Central

Noticia publicada el 4 de Febrero de 2010 en LA Razon


El fiscal de materia Edward Mollinedo denunció que el ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, y sus socios tenían planificado apropiarse —a través de adjudicaciones a empresas fantasmas— del crédito de $us 1.000 millones otorgado por el Banco Central de Bolivia a la estatal petrolera para inversión en el área hidrocarburífera.

El fiscal sustentó su declaración a partir de mensajes de correo electrónico entre Agustín Tomás Melano, ejecutivo de Catler Internacional, y el fallecido empresario petrolero Jorge O'Connor D'Arlach, dueño de la empresa Uniservice SRL.

“Ya tenían planificado, a través de programas, empresas, de cómo iban a actuar y cómo se iban a apoderar de ese dinero. En los correos hablan claramente de los $us 1.000 millones y de los 175 millones comprometidos para Santos Ramírez para esas actividades”, sostuvo Mollinedo.

Dijo que la ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, entregó un correo electrónico con fecha 25 de enero del 2010 donde se señala: “Jorge. Recibí el correo del señor Gonzalo Aramayo, donde me adjunta el documento sobre la solicitud de los $us 1.000 millones para las futuras inversiones. Quiero señalarte que los $us 200.000 que me pide son imposible de facilitarlos. Espero me entiendas que sólo se cuenta con 175.000 y no más. Si tú conoces de algún inversionista por Estados Unidos sería bueno que los contactemos. No quiero perder el negocio. Agustín”.

Corrupción en Aduana desata su intervención

Noticia publicada el 4 de Febrero de 2010 en La Razon


La presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), Marlene Ardaya, decidió este miércoles intervenir las oficinas de la entidad en todo el país. Lo hizo en coordinación con la ministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, tras hallar indicios de corrupción como el manejo discrecional de recursos económicos e irregularidades en la contratación de personal, entre otros.

Ardaya fue posesionada en el cargo el 25 de enero, en reemplazo del general Wilfredo Vargas. El presidente Evo Morales le dio entonces carta blanca para auditar las anteriores gestiones.

Ayer, Ardaya y Suxo informaron de la intervención en una rueda de prensa conjunta, en la oficina central de la ANB, en La Paz. Ambas autoridades acusaron al actual directorio del ente aduanero de ser parte de la presunta corrupción y de haber permitido la comisión de actos irregulares.

“En una acción conjunta, vamos a hacer la intervención de la Aduana Nacional, dadas las constantes denuncias acumuladas en el Ministerio de Lucha contra la Corrupción y que en años anteriores no las han tomado en cuenta ninguno de los ejecutivos”, sostuvo Ardaya.

Explicó que la medida consistirá en el precintado de oficinas y computadoras —además del relevamiento y verificación de documentación—, en presencia de notarios. “Se va a realizar una auditoría forense”, manifestó.

La titular de la ANB entregó a Suxo documentos que, dijo, contienen “algunos indicios (de corrupción) que se encontraron”. Entre ellos figuraban actas de reunión del directorio que “no se encuentran firmadas por los directores, e incluso ni por el anterior presidente ejecutivo; se muestran acá hechos de corrupción que no tomó en cuenta el anterior ejecutivo”, aseguró.

Entre esos hechos mencionó “la designación de funcionarios en comisión de servicios al exterior de forma irregular”.

También se ha observado, añadió, la existencia de presupuestos asignados por techos, es decir, sin una programación por partidas. “Ello implica decir que habría existido, por lo menos hay algunos indicios de que se han realizado gastos dentro de estas partidas sin ningún control presupuestario”, aseveró Ardaya.

“El directorio que está todavía en funciones está hace más de 10 años, contraviniendo toda disposición legal; pero además, por lo que se ve, es un directorio que ha permitido que haya una especie de gastos reservados”, complementó la ministra Suxo.

Consultada si el directorio era corrupto, Ardaya respondió: “Sí, es correcta la aseveración, puesto que se encuentran cosas irregulares y un manejo discrecional de la administración pública”.

Indicó que al no haber firmado las actas, los directores también incurrieron en delitos tipificados por el Código Penal.

“Es un directorio que ya ha perdido toda competencia, que entre otras cosas esperamos que por dignidad renuncie y si no (lo hace), nosotros tomaremos las medidas legales pertinentes”, sostuvo.

Por otro lado, Ardaya reveló que se ha verificado en algunos memorandos y documentos de gerentes regionales que los mismos “habrían realizado designaciones sin que haya intervenido el máximo ejecutivo y menos la gerencia general, es decir, (hubo) un uso y abuso de la contratación de personal”. Señaló que en la Aduana se puede observar la ausencia de un reglamento “que haya sido compatibilizado de acuerdo con nuestras normas”.

Según Suxo, el Ministerio de Transparencia analizará la documentación recibida y solicitará otra adicional, en caso de ser necesario. “Sabemos que nos van a permitir el acceso a esta información que nos ha sido negada por mucho tiempo”, reclamó.

“Si en la revisión verificamos la existencia de hechos delictivos, por supuesto que los pondremos a conocimiento del Ministerio Público”, aseguró la autoridad.

Ardaya indicó que no se tiene previsto el tiempo que demorará la intervención, que implica el inicio de un proceso de investigación. “No se va a destituir a ningún funcionario de la Aduana, en el caso de los de carrera; la idea es sacarlos con procesos si se comprueban las denuncias”.

De los 1.400 funcionarios que existen en la institución, acotó, el 30% está institucionalizado.

La intervención fue simultánea en las oficinas regionales de la ANB. Así ocurrió por ejemplo en Cochabamba, donde personal de Transparencia y un contingente policial aisló a los funcionarios de la sede regional, la zona franca y el recinto aeroportuario de sus escritorios, documentos y computadoras. En Santa Cruz, comerciantes protestaron porque la medida les impidió hacer sus trámites para retirar mercadería importada. Redacción Central, Cochabamba y Santa Cruz

Hallan una alcoba en la Presidencia

Durante la intervención a la oficina central de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), en La Paz, se evidenció la existencia de una alcoba con frigobar incluido en las dependencias de la Presidencia Ejecutiva.

La actual presidenta de la entidad, Marlene Ardaya, invitó a los medios de comunicación a conocer el dormitorio que, manifestó, “nos llamó la atención cuando nosotros recibimos la oficina de la Presidencia”.

Ese cargo era ocupado antes de su posesión, el 25 de enero, por el general Wilfredo Vargas.
Por su lado, la ministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, dijo que la alcoba tiene un frigobar y una ducha.

“No podemos entender cómo un servidor público pueda tener en su despacho semejantes dependencias”, añadió.

Algo similar aconteció años atrás en la Prefectura de La Paz, cuando el ex prefecto Luis Alberto Chito Valle hizo instalar una confortable habitación en sus oficinas. El escándalo fue conocido como ´Chitoalcoba´.

“Esperamos que por dignidad renuncie (el directorio) y si no (lo hace), tomaremos las medidas legales pertinentes”.
NARDI SUXO, titular de Transparencia.

Gobierno halla en Aduana gastos reservados, viajes VIP y una alcoba

Noticia publicada el 4 de Febrero de 2010 en LA Prensa

El Ministerio de Transparencia intervino la oficina central de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) y cinco gerencias regionales, tras evidenciar gastos reservados, falta de fiscalización del directorio, designaciones irregulares de personal y una alcoba en la presidencia. La nueva autoridad de la entidad, Marlene Ardaya, solicitó al despacho de Gobierno relevar a todo el personal del Control Operativo Aduanero (COA) y un auditoría.

Ésta es la primera vez que se ocupa la Aduana. En 1999, el Fondo Monetario Internacional (FMI) pidió su reestructuración institucional luego de varias denuncias de irregularidades.

La ministra de Transparencia, Nardi Suxo, en declaraciones a los medios de comunicación casi dos horas después de iniciada la acción (09.00), informó que se procedió a precintar las oficinas de los ejecutivos de la Aduana, así como computadoras y discos duros de otros funcionarios de quienes se tenían

observaciones.

La presidenta de la Aduana, Marlene Ardaya, dijo que la intervención fue decidida “dadas las constantes denuncias sobre hechos irregulares que en anteriores gestiones no se investigaron. Se saneará la institución”.

Además, entregó a Suxo documentos que prueban posibles actos irregulares y que involucran a ex autoridades de la Presidencia Ejecutiva de la entidad, miembros del Directorio y gerencias

regionales.

La Prensa intentó comunicarse vía teléfono con los denunciados, Vargas y su directorio, pero no logró el contacto.

El 25 de enero, Marlene Ardaya asumió la administración de la ANB y dejó Impuestos Nacionales. En el acto de posesión, el presidente Evo Morales pidió que se realice un trabajo de limpieza de la corrupción en la Aduana Nacional puesto que fue loteada por las organizaciones sociales.

Su antecesor fue Wilfredo Vargas y antes ocupó el cargo César López, quien fue destituido tras revelarse la fuga de 33 camiones que trasladaban mercadería de contrabando en 2009. También fue presidenta Marcia Morales Olivera.

Entre los papeles entregados a Transparencia figuran actas (de reuniones de Directorio) que no fueron firmadas por los directores, tampoco por Wilfredo Vargas.

Explicó que se encontró que los directores no firmaban las actas después de reuniones del Directorio, acción tipificada en el Código Penal; además permitieron que exista “una especie” de gastos reservados dentro de la ANB.

Según las resoluciones de la Aduana Nacional de 2009, el Directorio está compuesto por dos personas: Alberto Goitia y Gonzalo García Grandi. El primero fue nombrado en 1999.

Según Suxo, este cuerpo colegiado se extendió en sus funciones más diez años, cuando sólo fue elegido por cinco. Por eso se espera que presenten su renuncia, de lo contrario se les iniciará acciones legales.

Añadió que en la Presidencia Ejecutiva existían presupuestos asignados por techos, es decir, se conocía el monto total y no el detalle de su uso, “lo que equivale a decir que hay algunos indicios de que se realizaron gastos de estas partidas sin ningún control presupuestario”.

Además, se verificó la designación de funcionarios en comisión de servicios en el exterior “en forma irregular”.

Esta categoría permite que un empleado público cobre su salario y otros beneficios sin que trabaje en las oficinas de la institución a la que pertenece.

Otra irregularidad fue la existencia de “memorandos en algunos documentos de gerentes regionales” que permitieron designaciones de personal sin la autorización del máximo ejecutivo y tampoco de la Gerencia nacional, “es decir, un uso y abuso de la contratación de personal en la Aduana”.

Además de la existencia de un reglamento del sistema de personal que no fue compatibilizado con el Servicio Civil de acuerdo con las normas nacionales.

Ardaya dijo que de los 1.400 funcionarios que tiene la ANB, sólo el 30 por ciento está institucionalizado, es decir que su designación fue por selección a través de convocatorias públicas.

Añadió que en el caso de los funcionarios de carrera, si se hallan irregularidades resultado de la intervención, se iniciarán procesos, pero aseguró que no habrá despidos injustificados.

Algo que llamó la atención de la nueva autoridad es que al tomar control de la entidad encontró en su despacho un dormitorio habilitado por su antecesor que tiene entre las comodidades una cama, frigobar y una ducha.

Fuentes consultadas por La Prensa dijeron que cuando concluyó la gestión de César López, este lugar sólo era un living reservado con un sillón, dos sillas y una mesa que nunca fue usada.

Suxo informó que junto a la Presidencia de la ANB se solicitó al Ministerio de Gobierno el cambio de todo el personal del COA, porque “hemos podido ver altos indicios de corrupción” .

Tras la intervención, en las inmediaciones de la oficina central de la Aduana, los funcionarios se encontraban sorprendidos porque aproximadamente una decena de policías no los dejaban entrar en su fuente laboral. Tampoco a los ciudadanos que querían entregar correspondencia o realizar algún trámite, quienes tenían el temor de que hubiera una amenaza de bomba. A las 10.30, los empleados entraron hasta la sala de recepción.

Se encontró instalado un dormitorio en el despacho de presidencia.

De 1.400 empleados de la Aduana, el 30% está institucionalizado.

FEPLP brinda su respaldo

La Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP) exigió a la Aduana reencaminar el proceso de institucionalización que se estancó en los últimos años y brindó su respaldo a las acciones tendentes a erradicar la corrupción ejecutadas por la nueva presidenta de la entidad, Marlene Ardaya.

El presidente de la FEPLP, Enrique García, recordó que en 1999 se impulsó una reforma de la entidad que funcionó durante los primero años, pero no fue continuada por los gobiernos de turno.

Parte de las nuevas denuncias de corrupción en la Aduana Nacional tiene que ver con la ausencia de personal idóneo y con honestidad.

Añadió que los interinatos en la presidencia y el Directorio de la entidad frenaron la formulación de políticas de lucha contra el contrabando que es una de las tareas pendientes que ahora debe encarar la nueva administración.

Los empresarios de La Paz piden que la nueva autoridad de la Aduana reimpulse la institucionalización y selección de personal mediante exámenes de competencia y mejore los controles para erradicar el contrabando.

Para destacar

El Directorio de la Aduana define las políticas de la institución, establece sus estrategias administrativas y crea sus normas.

Está conformado por cinco miembros: el presidente de la entidad y cuatro directores.

La Presidencia de la ANB la designa el Presidente del Estado de una terna aprobada por diputados.

Cada administración tiene un periodo de cinco años y no se puede ejercer el cargo dos gestiones consecutivas.

Los directores son nombrados por el Presidente del Estado de una terna aprobada por los diputados.

Sus funciones duran cinco años y sólo pueden ser reelectos después de que transcurra el mismo periodo.

Entre sus atribuciones está el otorgar las licencias a los despachantes de Aduana y a las agencias.

Aprueban el Programa Operativo Anual, el presupuesto, los estados financieros y la designación de funcionarios.