Los viajes a Bolivia de dos empresarios del Lava Jato

Fueron los estrategas de los sobornos para adjudicarse obras públicas. Jorge Enrique Simoes Barata, de la empresa Odebrecht, y Marcos de Moura Wanderley, de la constructora Camargo Correa, arribaron a Bolivia en varias ocasiones para hacer negocios y lograr adjudicarse obras públicas. El primero llegó al país en 52 ocasiones entre 2000 y 2006 y, el segundo, aterrizó en suelo nacional 31 veces entre 2002 y 2008. Algunos de estos viajes coinciden con fechas de cambios de pliegos del contrato y la firma y adjudicación de las obras camineras. EL DEBER accedió al flujo migratorio de los dos empresarios brasileños que radicaban en Lima, Perú.

Ambos tenían viajes a varias partes del mundo y pocas veces se quedaban en la capital peruana, donde representaban a las constructoras. A Bolivia llegan varias veces, según el informe que diseñó la comisión legislativa del vecino país que investiga el caso Lava Jato. Este medio, en su edición anterior, publicó correos electrónicos de los empresarios brasileños que mencionan a Bolivia en cuatro mensajes y en ellos se determina el pago de coimas (capilés) a funcionarios bolivianos de los gobiernos de Eduardo Rodríguez Veltzé y de Evo Morales.

La comisión legislativa dejó a un lado la gestión de Morales y, según la diputada Susana Rivero, no se halló indicios para indagar a exfuncionarios a partir del 22 de enero de 2006. Sin embargo, se investiga a un exministro de Rodríguez Veltzé por los viajes que realizó a Perú y Brasil mientras cumplía funciones públicas. El procedimiento de Marcos de Moura Wanderley era para adjudicarse la carretera Roboré-El Carmen. Este empresario llegó a Bolivia en 31 oportunidades y priorizó sus arribos en las gestiones de los expresidentes de Bolivia Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa.

Aunque también llega con menos intensidad durante los gobiernos de Eduardo Rodrí- guez Veltzé y Evo Morales. Durante la administración de Mesa arribó al país en siete oportunidades y en fechas importantes para sellar la adjudicación de la obra. Todas las salidas son desde el aeropuerto internacional Jorge Chávez, de la capital peruana, y utilizó la extinta aerolínea nacional Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) y otra empresa internacional.

El 12 de octubre de 2005, en el mandato de Rodríguez Veltzé, ingresó a Bolivia vía terrestre por la frontera de Desaguadero. Según un informe de la comisión legislativa peruana, existen tres fechas decisivas en las que Marcos de Moura Wanderley arribó a Bolivia. El 8 de noviembre de 2004, cuando se modifican los pliegos del contrato de adjudicación de la vía Roboré-El Carmen; el 7 de enero de 2005, cuando se adjudica la obra y el 27 de enero de 2005, cuando se firma el contrato. En la primera fecha, el empresario brasileño se queda en el país durante tres días. Llega de Lima y regresa a esa ciudad. En la segunda data llega, se va la misma jornada y utiliza dos aerolíneas comerciales. Y en la última fecha se queda en el país durante dos días. Marcos de Moura Wanderley fue el CEO de la empresa Camargo Correa en Perú. Fue quien mandó correos electrónicos a ejecutivos de la compañía en San Pablo (Brasil) y quien estaba al frente de las negociaciones y pago de sobornos a funcionarios para la construcción de la carretera en el oriente boliviano.

Juicio en Perú
En la actualidad enfrenta un proceso en Perú por lavado de dinero, pero radica en Brasil, donde también aporta con datos a la justicia de ese país. Su abogado en Lima, Fernando Silva, negó culpabilidad de su cliente y señaló que los correos enviados no hablan de coimas, según medios peruanos. Las negociaciones para la construcción de la carretera comenzaron el 20 de agosto de 2004, cuando Mesa promulgó el Decreto Supremo 27693, en el que instruye al extinto Servicio Nacional de Caminos (SNC) licitar las obras. Dos meses después, a través de otros decretos, vuelve a insistir a esa instancia a licitar y suscribir el contrato.

Es el 27 de enero de 2005, en presencia de Mesa, que se firmó el contrato entre el SNC y la empresa Camargo Correa, gestor del financiamiento del 80% de 118, 93 millones de dólares, cubiertos por el Programa de Apoyo a las Exportaciones (Proex) del Banco do Brasil. La contraparte del 20% debía ser cubierta por el Estado boliviano, pero no se logra captar ese monto y el convenio quedó sin efecto por una cláusula de desestimación. El abogado de Mesa, Carlos Alarcón, minimizó la llegada de los empresarios brasileños durante la gestión del ahora candidato presidencial por el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) y apuntó a la comisión legislativa boliviana, que preside la diputada Susana Rivero, de “manipular” datos del caso.

“Nosotros consideramos que todas estas son informaciones manipuladas y tergiversadas por parte de esta comisión (legislativa boliviana) que no tienen una relación directa con las pruebas más relevantes. Las pruebas más concluyentes son los correos electró- nicos que hacen referencia a los sobornos y esas pruebas no fueron tomadas en cuenta por la diputada Rivero”, remarca Alarcón. Susana Rivero es presidenta de la comisión mixta que investiga el pago de estos sobornos.

La diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) informa que esta instancia terminó su informe sobre los casos Odebrecht y Lava Jato y lo entregó a la Asamblea Legislativa para su aprobación. Además, la legisladora explica que esa instancia detectó “movimientos inusuales y sospechosos” de dinero de al menos ocho personas, todos exfuncionarios de los gobiernos de Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez Veltzé, a quienes debe investigarse. Patricia Ballivián, actual gerente del Servicio de Empresas Públicas, que también fue gerente del Servicio Nacional de Caminos y que firmó los contratos con Odebrecht y con Camargo Correa, no es investigada por la comisión de diputados.

Rivero detalla que el primer indicio es la forma en que operaron los enviados de la empresa Camargo Correa en otros países y que realizaron la misma estrategia en Bolivia. Luego compararon las coincidencias de los viajes y reuniones entre ex funcionarios bolivianos y los gestores brasileños, principalmente en Perú. El tercer eje de la investigación es el movimiento inusual y sospechoso de las cuentas y depósitos bancarios de las personas investigadas.

Los viajes de Barata
Marcos de Moura Wanderley realizó también viajes a Bolivia en 12 ocasiones en la última gestión de Sánchez de Lozada, cinco en el Gobierno de Rodríguez Veltzé y, llegó al país días antes de entregar la carretera Roboré-El Carmen, en el mandato de Evo Morales. Sobre los periplos a Bolivia de Jorge Barata, de la empresa Odebrecht, el empresario brasileño realizó viajes al país desde mucho más antes que Mesa asuma el poder, el 17 de octubre de 2003. Llegó 16 veces en la última gestión de Hugo Banzer y en 20 ocasiones en el Gobierno de Jorge Quiroga. Además, arribó al país en siete oportunidades en el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, cinco veces en el de Mesa y dos veces en los mandatos de Rodríguez Veltzé y de Evo Morales.

Odebrecht estuvo a cargo de la construcción de la carretera El Carmen-Arroyo Concepción, que es la continuación de la vía que llega desde Roboré y que fue adjudicada a la constructora Camargo Correa.

Estos tramos, que son parte del corredor bioceánico, fueron entregados el 15 de enero de 2009 en presencia de los presidentes de Bolivia, Evo Morales, y de Brasil, Lula Da Silva. Barata trabajó durante más de 20 años en Perú y entre 2011 y 2016 fue el director ejecutivo de esa constructora en el país vecino. A finales de la gestión pasada, la justicia peruana lo excluyó del caso de la carretera Interoceánica, a cambio de que se convierta en colaborador eficaz. Esto significa que brindará toda la información que tiene sobre los funcionarios que aceptaron sobornos de la firma brasileña. La mayoría de los viajes a Bolivia que realizó Barata provinieron de Perú, pero existen algunos desde Brasil.

En dos ocasiones utilizó vuelos particulares. Rivero explica que la comisión legislativa solamente halló indicios de corrupción y que tras la aprobación del informe en la Asamblea Legislativa Plurinacional el documento pasará al Ministerio Público para que inicie una investigación cruzando datos con sus pares en Perú y Brasil. Por ejemplo, la Fiscalía peruana ya tomó declaraciones a De Moura Wanderley y Barata en territorio brasileño. Alarcón considera que esta investigación tiene fines políticos y que la intención es inhabilitar al candidato del FRI. Las encuestas ponen a Mesa como el principal rival de Morales.

Los casos mochilas afectan el discurso ‘anticorrupción’ de la oposición en la Llajta

Asumieron con la promesa del cambio. La recuperación de Cochabamba de la corrupción y del atraso a la que la llevó la política tradicional fue una de las consignas con la que Demócratas postuló a José María Leyes, el alcalde suspendido de Cochabamba que guarda detención preventiva en la cárcel de San Antonio, por el caso Mochilas II, asediado además por otros cinco procesos penales. Esta situación es utilizada por el MAS a modo de respuesta al dedo acusatorio de la oposición, frente a las denuncias contra el Gobierno nacional.

“Sean verdad o no las denuncias contra el alcalde de Cochabamba, la oposición se ha visto perjudicada porque ese hecho repercutió de manera general. Cuando hablas de la corrupción que ha hecho el MAS con el Fondo Indígena, o la sede del Parlamento de la Unasur, que costó Bs 504 millones y se convirtió en sede cocalera, los masistas responden: ¿Y ustedes?”, explica el concejal del Frente Único, Edwin Jiménez.

Menciona como ejemplo la efeméride cochabambina, del 14 de septiembre, cuando a los concejales y a otras autoridades de la oposición les gritaban “¡mochileros! ¡mochileros!”, mientras otros les preguntaban lo que ocultaban en sus mochilas.

El asambleísta departamental Eduardo Sarmiento, de Demócratas, reconoce que las denuncias son un fuerte golpe a la imagen de la oposición en Cochabamba, y a escala nacional; sin embargo, advierte la celeridad con que la justicia realiza las denuncias contra Leyes, mientras que cuando se trata de oficialistas, demoran meses.

Sobre los insultos en la pasada fecha cívica, el concejal Carlos Coca, de Demócratas, relativiza estas expresiones y se las atribuye a gente pagada por el MAS. Sin embargo, admite que la agrupación se encuentra en crisis y remando a contracorriente, por eso dice que se dedica a hacer política a nivel individual, porque no quiere hundirse en un barco que nadie quiere remar.

La concejal Celima Torrico (MAS), pone el dedo en la llaga cuando asegura que ‘nunca se vio’ este tipo de irregularidades. “Manfred (Reyes Villa) robaba pero hacía; Gonzalo ‘Charly’ Terceros sabía robar; Edwin Castellanos (Cholango) robaba poco. Pero Demócratas, entraron a saquear”, asegura, atribuyendo las frases a los vecinos.

Para el alcalde suplente de Cochabamba, Iván Marcelo Tellería Arévalo, de Demócratas, se quiere mostrar a Leyes como culpable, sin que hayan finalizado los procesos, por lo que recordó que una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Añadió que no perdió las esperanzas, de que Leyes pueda retornar nuevamente a la Alcaldía el próximo año.

División en Demócratas

El concejal Carlos Coca identifica al menos tres fracciones de Demócratas en Cochabamba. Por un lado está el Comité Transitorio Departamental, instaurado por el Comité Ejecutivo Nacional, integrado por asambleístas departamentales; otra fracción ‘aliada’ al MAS, en la que se ubica a la presidenta del Concejo, Karen Suárez, de Demócratas, que ocupó el cargo de alcaldesa hasta el retorno de dos días que tuvo Leyes entre el 28 y 29 de diciembre, cuando se levantó la detención domiciliaria que cumplía por el caso Mochilas I, y que intentó retomar este cargo mediante votación, apoyada por las concejalas Celima Torrico y Rocío Molina, del MAS; en la última fracción se identifica a Coca, y el concejal Édgar Gainza, que apoyaron la designación de Iván Tellería.

El asambleísta Sarmiento, parte del Comité Transitorio, reconoce esta división, y explica que la conformación se debió a la crisis que atravesaron a mediados de año, pero dijo que se resolverá en 2019.

EL DEBER intentó comunicarse con la concejal Suárez, pero no atendió las llamadas. La concejal Torrico explicó que los masistas se abstuvieron inicialmente de votar, pero ante un empantanamiento en la sesión del 5 de diciembre, decidieron participar y apoyar a una mujer por equidad de género.

En noviembre, en medio de las negociaciones de alianzas para las primarias, el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, contó que Leyes exhortó a que no duden en pedir su renuncia “para no dañar al Movimiento Demócrata”; sin embargo, Costas le ratificó su apoyo.

Los procesos penales

Son al menos seis los procesos penales que asedian a Leyes, aunque desde el Concejo advierten que se analizan otros. Los casos por los que se investiga son Mochilas I, II y III; por la compra de material escolar con supuesto sobreprecio, cuyas indagaciones en la actualidad abarcan los periodos entre 2015 y 2018; otro caso es la compra de motos y camionetas para la Policía con supuestas anomalías en la adjudicación, que costaron Bs 980.000; la compra de cámaras de seguridad con supuesto sobreprecio, que costaron Bs 29 millones; y un supuesto sobreprecio de Bs 246.000 en la compra de seguros.

De estos procesos, se desprende una lista de 11 funcionarios, cuyos nombres son reiterativos, tal es el caso del exsecretario Diego Moreno, que se encuentra fuera del país, e incluso la hermana del alcalde, Claudia Leyes, de la que el viceministro de Transparencia, Diego Jiménez, dijo que intervino en la compra de las mochilas chinas.

El caso Mochilas III, presentado por la Contraloría el 18 de diciembre, indaga en la compra de mochilas escolares por Bs 9,6 millones en la gestión 2015-2016, y acusa a Leyes de cinco delitos, tales como uso indebido de influencias o negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; e identifica al menos 10 anomalías ‘graves’, como establecer un precio referencial sin sustento técnico.

De acuerdo a los ediles, la información de los contratos no llegaba al Concejo, debido a una norma municipal que daba vía libre de contratación en montos menores a Bs 70 millones, que fue modificado en esta gestión y se redujo a Bs 10 millones. Cuestionaron también que el alcalde suspendido intentó traspasar sus funciones a gente ‘de confianza’ a través de cuatro decretos municipales que calificó de ‘irregulares’, debido a que el alcalde puede delegar, pero no traspasar sus competencias, que recibió a través del voto.

Pese a la crisis de Demócratas, la concejal Torrico, del MAS, cree que esta situación no garantiza una votación favorable en las elecciones generales de 2019, lo que se deberá lograr con campaña política. Lo mismo opina el concejal Jiménez, que dijo que si la población percibe que se quiere dar un uso político a los casos, lo castigará en las urnas.

Contraloría observa que en Mochilas III sólo se pidió 3 meses de garantía

Un nuevo informe de la Contraloría General del Estado observa que el periodo mínimo de garantía de las mochilas entregadas por la Alcaldía en 2016, caso Mochilas III, era “sólo tres meses de uso normal”.

Señala que ese plazo no contribuía a apoyar a los padres como señalaba el Programa 21 “Servicios de Educación” .

“En el acápite de garantía del proveedor se determina: Deberá brindar una garantía por el lapso de tres meses como mínimo sobre la calidad del producto entregado”, detalla el documento al cual accedió Los Tiempos.

En el Documento Base de Contratación (DBC), en las especificaciones técnicas, se estableció que la lona impermeabilizante tenía que ser de primera calidad y de material duradero en cuanto a calidad y con un tiempo garantizado de uso mínimo de tres meses.

El informe indica que uno de los objetivos del Programa 21 consistía en “apoyar a los padres con la compra de materiales educativos y otros”. Sin embargo, el tiempo de garantía de la mochila “no contribuiría a apoyarlos, toda vez que el calendario escolar comprende 200 días hábiles de trabajo, por lo que el producto sólo iba a cubrir el 30% del periodo escolar”.

Más observaciones

La segunda observación apuntada por la Contraloría General del Estado, según el documento, fueron las deficiencias en la formulación del Programa 21, que tiene como fin dotar de material escolar a los estudiantes, porque fue incorporada en el cuarto reformulado del POA 2015 y el primer reformulado de 2016.

La Contraloría detectó también la falta de sustento en la determinación del precio referencial de las mochilas y útiles escolares, porque la cotización no contempló precios unitarios, sino sólo por la cantidad requerida de 92 mil piezas.

Además, cinco días antes que dos librerías presentaran sus cotizaciones (14 de octubre de 2015), la Unidad Solicitante contaba con el pliego de especificaciones técnicas y el precio referencial de las mochilas escolares por 1,3 millones de bolivianos para el nivel inicial y 9,6 millones de bolivianos para el nivel primario.

La cuarta y última observación se centra en que las enmiendas aprobadas en el DBC no emergieron de la reunión de aclaración de las empresas.

El informe remarca que se identificaron deficiencias de control interno y acciones y omisiones que configuran indicios de delitos.

Otro detalle, remarca el informe de la Contraloría, es que la cantidad de alumnos que se iban a beneficiar con las mochilas escolares no se determinó en base a una estadística de la Dirección Distrital de Educación.

Defensa

El abogado del alcalde José María Leyes, Humberto Trigo, calificó los informes de la Contraloría General como “inconstitucionales”, porque no dan lugar a la defensa y presentación de pruebas de descargo.

ANTECEDENTES: UN PROCESO POR COMPRA EN 2016

El pasado 11 de diciembre, la Contraloría General del Estado presentó una nueva denuncia penal en contra del alcalde electo José María Leyes conocida como Mochilas III.

Esta vez por presuntas irregularidades durante el proceso de contratación “Compra de Mochilas Escolares gestión 2015-2016”.

Los presuntos delitos son: uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica. Además de otros previstos en la Ley 004 de Lucha contra la Corrupción como presunto enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas.

Denuncian a funcionaria por uso indebido de vehículo

Una funcionaria del Gobierno Municipal Autónomo de Santa Cruz de la Sierra ha sido acusada de los presuntos delitos de uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo y uso indebido de bienes y servicios públicos, por el capitán grande de Alto y Bajo Isoso, Gualberto Manuel Gamarra, y por el vicepresidente de la APG Bolivia Nación Guaraní, Pedro Lizárraga Sánchez. Según la denuncia presentada el 15 de noviembre ante la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Departamental, el 15 de octubre la funcionaria municipal, cuyo nombre responde a las siglas M.G.T.F. y que se desempeña en la Unidad de Transparencia y Anticorrupción de la Alcaldía cruceña, se presentó en la propiedad de uno de los denunciantes, ubicada en el cantón Isoso, sección segunda de la provincia Cordillera, a bordo de una camioneta Hilux, marca Toyota, con placa de circulación 4730EKH, que es de uso oficial.

De acuerdo con el denunciante, la acusada insultó a sus trabajadores y a vecinos que se encontraban en el lugar. “Llevar un vehículo oficial a querer tomar por la fuerza unos terrenos que no le pertenecen es un delito y peor aún utilizando bienes del Estado”, expresa el denunciante. EL DEBER intentó conocer la versión de las autoridades del gobierno municipal para saber a quién está asignado este motorizado y qué responde la aludida sobre estas acusaciones, pero no fue posible. La Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, en el artículo 26, indica que la servidora o servidor público que en beneficio propio o de terceros otorgue un fin distinto al cual se hallaren destinados bienes, derechos y acciones pertenecientes al Estado, será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años.

Desfalco Banco Unión Justicia calificó de irregular detención de Rommel Paredes

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió la Sentencia Constitucional 244/2018, publicada en su portal digital la pasada semana, en la que identificó vulneraciones al debido proceso en la detención de Rommel Paredes, uno de los sindicados por el desfalco al Banco Unión. El pronunciamiento judicial permitió que el juez de turno disponga el cese de la detención preventiva en favor de Paredes.

Andrés Zúñiga, abogado de Paredes manifestó que los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional identificaron la existencia de irregularidades por parte de los vocales de la Sala Penal Tercera y Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Iván Córdova y Margot Pérez.

“…Esta Sala advierte que el Auto de Vista 212/2017, es una Resolución lesiva del derecho a un debido proceso en su elemento de fundamentación, motivación y valoración de la prueba. No observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad ni de congruencia; conforme el entendimiento desarrollado de la presente Sentencia Constitucional”, destaca el documento que esta suscrito por los magistrados Julia Cornejo, Carlos Calderón

Tras conocer esta resolución, la parte demandada presentó un recurso legal para la cesación a la detención preventiva de Rommel Paredes. El juez de turno concedió la solicitud, definiendo la detención domiciliaria con custodios, la presentación de cuatro garantes personales, arraigo y una fianza económica de Bs 30 mil.

Zúñiga manifestó que solicitarán la modificación de las condiciones de la determinación judicial, ya que al existir la Sentencia Constitucional se debió otorgar la libertad pura y simple de su cliente, porque no se encontraron indicios de responsabilidad en su contra.

OBSERVACIONES

Según la resolución de la Sala Segunda del TCP, los vocales demandados confirmaron la detención preventiva de Paredes y con relación a la probabilidad de autoría concluyeron éste prestó su nombre para actos ilícitos de lavado de dinero, participó en la adquisición y venta de distintos bienes, que habría hecho depósitos bancarios en China y que hubiese manejado dineros sustraídos del Banco Unión S.A.

Sin embargo, ninguna de estas conclusiones a las que llegaron los vocales fueron respaldadas mediante elementos de convicción suficientes, objetivos y materiales, por lo que se llegó a la conclusión que la decisión fue arbitraria, ya que no logró establecer suficientes razones de hecho o derecho.

Paredes fue imputado el 11 de octubre del 2017 por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, favorecimiento al enriquecimiento ilícito y receptación proveniente de delitos de corrupción. La juez primero anticorrupción Cinthia Delgadillo determinó la detención preventiva en la cárcel de san pedro.

Zúñiga recordó que anteriormente el Tribunal de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Primero, dispuso la anulación parcial del proceso ya que también se encontraron irregularidades en la detención de su cliente.

DESPRECINTADO

Ayer la fiscalía desprecintó el local que Juan Pari alquiló para el funcionamiento de una discoteca, negocio para cuya administración contrató los servicios de Rommel Paredes.

El ambiente estaba cerrado desde hace un año, la fiscal a cargo del caso determinó que ese inmueble quede bajo la tutela del Banco Unión. El propietario del lugar, Javier Albarracín manifestó que resultó afectado por un hecho que no conocía y espera que se le cancelen los alquileres retrasados y se le repongas los daños ocasionados.

Exjefa de cultura municipal giraba cheques sin fondo a víctimas de estafa

Según las investigaciones, junto con un español y con su hija ofrecían planes de viviendas y captaban recursos. También tiene una academia de ballet y, según los padres de los alumnos, le prestaban dinero para compra de vestuario



Por lo menos 20 cheques sin fondo que fueron girados por Iris Grisel Berlioz Abadie a sus prestamistas fueron presentados por la Fiscalía como prueba de una estafa agravada con víctimas múltiples, que se estima en más de $us 700.000. La denunciada, quien fungía como directora de Cultura de la Alcaldía Municipal de Santa Cruz (fue destituida tras conocerse la denuncia, el lunes) y a la vez como cónsul honoraria de Honduras, fue enviada a Palmasola junto con su hija Paola Barrios Berlioz, por orden del juez Roberto Arias.

De acuerdo a las pesquisas, la cónsul aseguraba que manejaba un proyecto de construcción de viviendas de interés social y que los dineros recibidos iban a una cuenta bancaria que permitiría dar solvencia y fluidez al plan habitacional; sin embargo, no existía tal proyecto, señaló el fiscal departamental Mirael Salguero.

“Valiéndose de su influencia ofrecía el plan de vivienda en diversos lugares, especialmente en la zona norte, pero nunca mostraba en físico los terrenos”, explicó la autoridad.

Dentro de las investigaciones que llevan adelante la Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), también se conoció que Berlioz Abadie es propietaria de una escuela de ballet, frente al consulado de Honduras en la zona de Equipetrol, y que estafó a varias personas prestándose dinero con el argumento de la compra de vestuarios, a las cuales al principio pagaba interés, luego devolvía parte del capital y después ya no pagaba, hasta el punto de cancelar con cheques sin fondo.

Testimonios de afectadas

Al menos 10 personas acudieron a la audiencia de Berlioz y al mismo tiempo, en la Felcc, ayer acudieron tres personas más a denunciar.

En el juzgado, Milena Vaca Montero estuvo presente en la audiencia y cargaba un fólder con cinco cheques sin fondo firmados por Iris Grisel Berlioz Abadie y denunció que desde hace más de cuatro años conoce a la cónsul, pues lleva a sus hijas a la academia de ballet.

“Ella se jactaba de hacerle los discursos a autoridades del Concejo y de tener influencias. Así era que empezó pidiendo dinero prestado, primero de $us 3.000 y después otros montos altos. En estos años me llegó a deber $us 290.000. Nunca me pagó. Me decía que incluso se iba a España o a Estados Unidos y que se defendería contratando buenos abogados”, dijo Vaca.

Otra víctima, Vivian Naciff, acudió a la audiencia en silla de ruedas y con equipo de oxígeno. Dijo haber entregado a Iris Grisel Berlioz más de $us 60.000 y nunca le devolvió. “Esa plata era de la venta de mi casa; he quedado sin nada”, dijo entre lágrimas. Su hija también denunció que le entregó otros $us 60.000.

Durante la audiencia, el abogado de Berlioz, Jerjes Justiniano, pidió la libertad irrestricta de su cliente señalando que evidentemente asumió compromisos con contratos de pagos de diversos préstamos que hizo; sin embargo, aseguró que como iba pasando el tiempo la deuda “creció como bola de nieve”, pero manifestó que la Fiscalía vulneró su derecho al incurrir en fallas procedimentales en su detención.

A su vez, Jorge Landívar, secretario de gestión y coordinación de la comuna cruceña, sobre la contratación de una extranjera en la comuna, aseguró que las normas permiten contratar a funcionarios diplomáticos que prestan servicios ad honorem para su país. “La ciudadana hondureña Iris Grisel Berlioz Abadie radica en el país más de 25 años, tiene hijos y ciudadanía boliviana”, aseguró Landívar.

Felcc

El director de la Felcc, Gonzalo Medina, detalló que la ex funcionaria municipal operaba con un ciudadano español y con su hija. Señaló que las denuncias datan de más de tres meses y que se realizaron allanamientos a su domicilio y a la oficina municipal de Cultura, donde se colectó documentación a ser analizada.

Esposa de Juan Pari pide juicio abreviado

Carolina Jerez, esposa de Juan Pari, pidió ser sometida a juicio abreviado por el caso del millonario desfalco al Banco Unión.

Andrés Zuñiga, abogado del amigo y socio de Pari, Romel Paredes, dijo que “el abogado de la señora Carolina Jerez, el doctor José Luis Cayoja, nos informó de manera verbal que su cliente ha pedido un proceso abreviado”.

Jerez no se habría presentado a una audiencia de careo programada con Paredes quien se encuentra detenido en el penal de San Pedro y habría presentado un memorial negándose a participar de esta medida para someterse al proceso abreviado.

Zúñiga detalló que la audiencia de careo entre el socio y la esposa de Pari, fue solicitada ya que en una de sus declaraciones, Jerez afirmó que Paredes fue quien retiró las cámaras de seguridad de la casa donde vivían. Paredes negó que esta acusación fuera cierta y pidió hacer el careo.

Mañana, Paredes se presentará ante el juez del caso para volver a pedir la cesación a su detención preventiva y lograr la detención domiciliaria.

Video Concejal Rocio Molina sobre el caso de las Mochilas Chinas y el Alcalde Jose Maria Leyes

Mochilas II: Un familiar de Leyes en Estados Unidos recibió el dinero de la corrupción

Un familiar del alcalde de Cochabamba, José María Leyes, en Estados Unidos recibió alrededor de 49.000 dólares producto de la venta de las mochilas chinas en 2017, hecho considerado por el viceministro de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Diego Jiménez, como la prueba contundente de como operaba la corrupción en la Alcaldía de Cochabamba.

“Nosotros tenemos una información reveladora, obtuvimos un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF). Aquí está la declaración de divisas que hace el señor Juan de Dios Morales, el empresario de las mochilas, por un viaje a los Estados Unidos (Miami) el 6 de abril con el señor José Miguel Padilla, declaran que llevan 49.000 dólares a ese país”, dijo Jiménez en conferencia de prensa.

Explicó que Morales registró en su declaración jurada que esos recursos son producto de “la venta de mochilas escolares”, por lo que el pago a favor de Leyes se hizo en Estados Unidos y no en Bolivia.

“Tenemos los indicios que se le entregó ese dinero a un familiar del señor Leyes en los Estados Unidos, esa era la forma en la que operaba la corrupción, esas son las prueba contundentes que se analizaron en el caso Mochilas II”, manifestó el viceministro de Transparencia.

Por este caso, Leyes fue enviado al penal de San Antonio de la ciudad de Cochabamba con detención preventiva, calificado como una persecución política por parte de los opositores a la administración del presidente Evo Morales.

“Por eso debemos rechazar de forma contundente las diferentes versiones y aseveraciones del partido Demócratas, que los anteriores días señalaron que este tema sería una persecución y señalan al ministro de Justicia, cuando es nuestro ministro el que pidió la mayor transparencia”, manifestó Jiménez.

A esa transferencia, el Ministerio Público investiga de oficio al alcalde Leyes por legitimación de ganancias ilícitas, en la que se identificó además de movimientos económicos injustificados, la compra de seis vagonetas, carritos de golf y otros, “que en los siguientes días saldrán a la luz”.

Para Jiménez, el alcalde de Cochabamba tiene un “impedimento material” para ejercer sus funciones desde el penal, además señaló que a pesar de la prohibición que emitieron los vocales por el caso Mochilas I, en el único día que ejerció como burgomaestre despidió a varios funcionarios y secuestro información de la comuna.

Video Caso Mochilas II, habla la Concejal del MAS Celima Torrico