lunes, 11 de diciembre de 2017

Caso desfalco Banco Unión Conceden acción de libertad a socio de Pari

La sala Penal Cuarta del Tribunal de Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, a cargo de los vocales Yvan Córdoba y Margoth Pérez, concedió, en su favor, la tutela de acción de libertad presentada por Rommel Paredes, uno de los socios y amigo de Juan Franz Pari, dentro del caso por el millonario desfalco al Banco Unión, como lo informó a EL DIARIO, el abogado Andrés Zúñiga.

La audiencia se desarrolló el pasado viernes y el resultado favorable, también beneficia a otros cinco socios y la familia de Pari.

Zúñiga detalló que la acción de libertad fue presentada ante la injustificada retardación de justicia en la que incurrió la Sala Penal Segunda del mismo TDJ, conformada por Williams Alave y Willi Arias.

Ambos vocales, según la explicación Zúñiga, debían realizar la audiencia de apelación a la detención preventiva que pesa en contra de Paredes y los otros imputados por más de 29 días cuando el plazo legal era de tres días.

Pese a existir notificaciones legales, Alave y Arias suspendieron en cuatro oportunidades la audiencia de apelación y en la última ocasión lo hicieron sabiendo que estaban a tres días de la vacación judicial.

En este sentido, como resultado de la resolución favorable al socio de Pari, se fijó para el próximo martes a las 14.00 la audiencia de apelación, donde Zuñiga espera desvirtuar los riesgos procesales de fuga y posible obstaculización a la investigación y lograr, al menos, a una detención domiciliaria.

ANTECEDENTES

La Fiscalía imputó a Paredes, por los delitos de favorecimiento al enriquecimiento ilícito, receptación proveniente de delitos de corrupción y legitimación de ganancias.

Los cargos son en relación al desfalco perpetrado por Juan Pari el exjefe de operaciones en la agencia de Batallas y Achacachi de donde se afirma sustrajo cerca de 37,6 millones de bolivianos en algo más de un año en los que evadió todos los controles de seguridad.

Entre los indicios en su contra, la Fiscalía señala que como socio en la empresa Contable Cosalt, que Pari creo para lavar el dinero sustraído, Paredes cumplía las funciones de tramitador.

Así mismo se verifico que con el dinero entregado por Pari, tomo a su nombre el traspaso de la discoteca Center Club por la suma de 23.000 dólares.

DESTITUCIÓN

Por otro lado, Zúñiga adelantó que ante la resolución de la Sala Penal Cuarta, que evidencia una vulneración al debido proceso, su cliente se reserva el derecho a una denuncia ante el Consejo de la Magistratura por faltas graves que pueden derivar en la destitución de los vocales Alave y Arias.

Asimismo, Paredes podría iniciar una denuncia penal contra los vocales por el delito de incumplimiento de deberes.

Suspenden otra vez declaración de exdirectora de Migraciones

La declaración informativa que la exdirectora de Migraciones, Cosset Estenssoro, debía prestar hoy a horas 09.00 en la Fiscalía, por una supuesta irregularidad en la emisión de pasaporte para su hijo, fue suspendida sin fecha hasta que le practiquen una pericia psicológica, en relación a la persecución de la que se declaró ser víctima el pasado viernes, por parte del Ministerio.

El viernes, Estenssoro se presentó a declarar pero a su ingreso a la Fiscalía, denunció ser víctima de persecución de parte de un motociclista quien, al ser increpado por Estenssoro, se identificó como miembro del Ministerio de Gobierno.

El incidente se produjo horas antes de la declaración y Estenssoro relató que ante la evidente persecución, cuando ella conducía su vehículo, fue su madre de 68 años quien descendió para interrogar al sujeto y fue cuando le responde ser funcionario de esa cartera de Estado.

Ante este hecho, la defensa legal de la exdirectora de Migración anunció acciones y la Fiscalía determinó dar un cuarto intermedio para que a Estenssoro se le practique una valoración psicológica y se dicte las medidas correspondientes, e indicaron como nueva fecha para la declaración para hoy a las 09.00.

En esta línea, de acuerdo con la información oficial, solo unas horas después de que se suspendiera la audiencia, el fiscal Marco Antonio Vargas emitió una resolución de suspensión de la declaración de Estenssoro, misma que fue notificada el pasado sábado.

“Teniendo en cuenta que mediante acta de suspensión de declaración informativa, se requirió la suspensión y cuarto intermedio de la declaración para el día lunes 11 de diciembre de 2017, a horas 09.00, sin tener en cuenta que se expidió orden forense para valoración psicológica, se repone y se deja sin efecto dicho señalamiento (...) mientras se lleve a cabo la valoración psicológica ordenada a favor de la sindicada”, señala el documento.

ANTECEDENTES

De acuerdo con la denuncia del senador de oposición, Arturo Murillo, Nicolás Ortiz de 23, hijo de Estenssoro, es buscado por la justicia de Estados Unidos, en relación a proceso de violación por el cual está siendo investigado desde diciembre de 2013.

Producto de este caso, el pasaporte de Ortiz está retenido en ese país y ante la inasistencia de Ortiz a las audiencias, Interpol emitió la notificación roja.

Murillo cuestiona del cómo se renovó el pasaporte de Ortiz y cómo en 2014 este abandona Estado Unidos e ingresa al país sin este documento.

Por su lado, Estenssoro negó alguna irregularidad y afirma que su hijo retornó al país antes de que la Interpol emitiera la notificación de búsqueda contra su hijo.

Ahora, la Fiscalía investiga a Estenssoro por uso indebido de influencias, y se indaga una presunta manipulación informática, como detalla la denuncia presentada por el Ministerio de Gobierno.

Asamblea debate informe de Papeles de Panamá

La Asamblea Legislativa en sesión ordinaria trata hoy el informe de las conclusiones de la Comisión Mixta de Investigación de los Papeles de Panamá y se considerará la resolución de Investigación del Proceso de Privatización y Capitalización.

El presidente nato de la Asamblea Legislativa, Álvaro García, convocó a los legisladores para este lunes,11 de diciembre, para conocer los informes finales de ambos casos, tomando en cuenta que las comisiones mixtas de investigación concluyeron con las investigaciones.

La Comisión Mixta de Investigación del Proceso de Capitalización y Privatización de Empresas Estatales presentó un informe final el pasado octubre donde se identificó a tres grupos de poder y 58 autoridades de alto nivel vinculados al proceso de privatización que se efectuó durante los gobiernos neoliberales.

En el caso de la investigación de los Papeles de Panamá, la comisión mixta de investigación presentó el pasado 30 de septiembre el informe final, donde señala que fueron 360 empresas registradas en Bolivia y 198 personas naturales, haciendo un total de 558 personas y empresas que fueron estudiadas, de estas 558 personas y empresas se organizaron en 76 casos de estudio.

PROYECTO

En este proceso de investigación en particular, la comisión planteó la realización de un proyecto de ley de Lucha Contra el Uso de Paraísos Fiscales, esta norma tendrá 21 artículos, mismos que buscan evitar que las personas pretendan cometer ilícitos que no solo provoquen daños a terceros, sino que también afecten a los intereses del Estado.

El diputado disidente de Unidad Demócrata (UD) y ahora con simpatía hacia el oficialismo, Víctor Gutiérrez, manifestó que esta norma otorgará nuevas atribuciones a la Unidad de Investigación Financiera (UIF), instancia que en representación del estado estará a cargo de las investigaciones de los casos de paraísos fiscales.

INFORME POR MINORÍA

En tanto, el diputado Édgar Rendón (PDC) informó que en rechazo al informe del MAS por su “sesgo político”, elaboró un informe por minoría del trabajo de la Comisión Especial Mixta Investigación de los Papeles de Panamá. Dicho informe lo defenderá hoy en la Asamblea Legislativa.

El parlamentario opositor no está de acuerdo con el trabajo que hicieron sus colegas del MAS en la Comisión, y reprochó también que sus colegas “opositores” Víctor Gutiérrez (UD) y Erick Morón (MNR) hayan avalado el informe de la bancada mayoritaria.

“Siempre he insistido en que hubo un sesgo político. Como diputado de oposición he elaborado mi informe por minoría. Lamentablemente los otros dos diputados de oposición se han acoplado al informe de la comisión por mayoría”, declaró el legislador.

No comparte con la orientación que el MAS dio a la investigación a pesar de que reconoce que se hizo un trabajo exhaustivo para terminar en la identificación de personas y empresas que hubieran incurrido en posibles irregularidades.

jueves, 23 de noviembre de 2017

Contador revela detalles de cómo Pari invertía y gastaba sumas millonarias del Banco Unión

Un auxiliar contable identificado como Jorge Manuel M. P. reveló cómo Juan Pari le ordenó repartir elevadas sumas de dinero del Banco Unión a su novia Luciana Regina Cagnola, a familiares y a socios, según documentos a los que accedió ANF.

Jorge Manuel M. P. fue convocado a declarar en octubre ante una comisión de fiscales y reveló cómo Pari, principal acusado del desfalco millonario a la entidad financiera, le mandó a entregar sumas millonarias a distintas personas.

Contó que Pari es su amigo y compañero de colegio y en este año fue contratado por él para que asuma como auxiliar contable en la empresa Saltcon SRL con un sueldo de Bs 7 mil. Entre sus funciones estaba entregar dinero a diferentes personas.

"La actividad del trabajo era que yo debía hacer lo que me decía y me mandaba los depósitos en cinco oportunidades al Banco Unión al señor Luis P.; era para pagar por los muebles de la oficina Saltcon, los depósitos eran de 32 mil a 35 mil bolivianos", manifestó.

Pari en tres ocasiones me pidió depositar en su cuenta del Banco Unión sumas de entre Bs 10 mil a 15 mil, relató.

Luego, dijo, me ordenaba enviar dinero vía Western Unión para su novia, Luciana Regina Cagnola, y fue en tres ocasiones: "primero 5 mil, después 7 mil y la tercera fue entre 5 a 7 mil bolivianos aproximadamente".

"Me daba dinero para comprar pasajes en avión (BoA) la suma de entre Bs 10 mil a 12 mil, para las primeras fiestas que hacía en Santa Cruz, estos pasajes compraba para 9 a 10 personas", relató.

También Juan Pari compró la discoteca Center Club, ubicada en la avenida Perú, en $us 23 mil, y uno de sus socios en ese negocio fue Romer P.

Mencionó que Pari invirtió $us 120 mil aproximadamente para la construcción de una fábrica de placas de yeso.

Además se entregó Bs 1.750.000 a Juan Carlos Gott (dueño de Rent-A-Car), y Bs 350 mil a William Gott para conformar sociedades para la creación de empresas.

Señaló que también se confirió $us 50 mil a René B. G. para inyectar capital a su empresa Curtiembre Comex Madra.

El contador dijo que Miguel Ángel Antezana era socio de Pari y a él en una oportunidad le dio Bs 100 mil, supuestamente para inversiones en una productora de televisión.

Jorge Manuel M. P. confesó que a él, Pari le dio $us 18 mil para la compra de un vehículo BMW-X1. Dijo, según el documento al que accedió ANF, que chocó el motorizado y por eso actualmente está en un taller mecánico de Obrajes.

El dinero "recogía de la casa (de Pari) en Chijini, Juan Franz me entregaba en persona, él sacaba el dinero de su auto, de su guantera, los dineros entregaba a las personas que me indicaba", mencionó.

sábado, 18 de noviembre de 2017

Video Hechos de Corrupcion en el Gobierno del MAS

miércoles, 15 de noviembre de 2017

Gobierno: No fue solo Pari; piden juicio a exautoridades


El ministro de Economía, Mario Guillén, fue interpelado y aseguró que un grupo de personas es responsable del desfalco del Banco Unión de al menos Bs 37,6 millones y que Juan Franz Pari, el principal acusado hasta ahora de perpetrar el fraude financiero, no actuó solo en la entidad. La senadora Carmen Eva Gonzales pidió que se enjuicie a exautoridades y ejecutivos de entidades.

El acto interpelatorio, que se realizó en la 16.ª sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa, fue comparecido por la senadora Gonzales. “Nosotros, como Estado, queremos identificar hasta el último responsable de este problema que nos duele, porque son 11 años de gestión que se han manchado por el robo de un grupo de personas. En eso estoy de acuerdo con la senadora (Gonzales), de que no es solo él, es un grupo de personas y lo que nos queda ahora es meterlos presos a ellos, y empezar a generar mayores controles internos”, manifestó la autoridad de Estado, aunque no especificó quiénes.

La senadora Gonzales había recalcado que sospechaba que Pari no había actuado solo en el fraude que realizó en las agencias de Batallas y Achacachi en el departamento de La Paz.

“Hubo gente que operó en estas actuaciones. ¿Cómo es que estos señores responsables del sistema informático, a pesar de que Pari sustrae esa cantidad millonaria de dinero, hacen cuadrar las cuentas, demostrando que no falta nada?”, se preguntó.

Pero la asambleísta pandina fue más allá y exigió que se enjuicie penalmente a los altos ejecutivos y autoridades responsables del control y fiscalización del Banco Unión, “desde el exministro Luis Arce Catacora, a la ASFI (Autoridad de Fiscalización del Sistema Financiero), a la UIF (Unidad de Investigaciones Financieras), al procurador general, al contralor general y otros”.

La sesión concluyó con la prosecución del orden del día puro y simple, por lo que el interpelado no fue censurado por el plenario. El senador cruceño Óscar Ortiz lamentó que el ministro no identifique quiénes más estaban implicados en el desfalco millonario al Banco Unión.

Reunión de directorio

Entre tanto, hoy a las 17:00, se realiza la junta de accionistas que fue convocada tras conocerse la renuncia colectiva de los directores y del síndico de la entidad financiera estatal, el 27 de octubre.

El gerente general del banco, Rolando Marín, informó que “la junta de accionistas de la entidad financiera del Estado tiene previsto designar al nuevo directorio y síndico”.

En relación a la compra de una póliza para asegurar el dinero de la entidad, Guillén dijo que se espera recuperar los Bs 37,6 millones, “pero significa que no se va a encarcelar a todos los involucrados”.

Fiscal ve que la revelación de Farfán y fallo sobre Melgar no afectan juicio


El fiscal Marco Antonio Rodríguez, que es la parte acusadora en el juicio por supuesto terrorismo y alzamiento armado, señaló que las revelaciones del general retirado de la Policía Ciro Farfán, sobre una supuesta orden de ejecución en el hotel Las Américas, y el rechazo de extradición de Alejandro Melgar por parte de la justicia uruguaya no afectan en el juicio que se desarrolla en Santa Cruz.
“Esas aseveraciones no desvirtúan la presencia de un grupo irregular armado ni la participación de los actuales encausados en el proceso”, afirmó.

Por su parte, el abogado de los acusados, Gary Prado, señaló que la semana pasada estuvo en La Paz tratando de ubicar a Farfán, pero no lo consiguió. “Si bien ya acabó la presentación de testigos, cuando hay un elemento nuevo, que se denomina prueba de reciente obtención, podríamos llamarlo”, explicó.

Rodríguez atribuyó las declaraciones de Farfán, que endilgaban al excomandante de la Policía Jorge Renato Santisteban la orden de ejecutar a Rózsa y a su grupo, a “una confrontación entre dos uniformados” y a un “resentimiento institucional y hacia sus camaradas de parte de Farfán por haber sido dado de baja de la Policía por actos de corrupción”.

Agregó también que la tesis del Ministerio Público es que hubo un cruce de fuego en el hotel Las Américas y que lo respalda una prueba pericial.

Sobre la no extradición de Melgar, señala que “no ha cambiado su condición de acusado; sigue en Bolivia con una causa penal y esperemos que en Uruguay se prosiga la causa como lo han establecido los fallos anteriores”.

Consultado sobre el argumento del fallo que apuntaba a que en Bolivia no se respetó la jurisdicción del proceso, Rodríguez aseveró que cada país es soberano para decidir su tipo de leyes.

Sin embargo, Juan Carlos Guedes, uno de los tres detenidos por este caso, junto con Alcides Mendoza y Zvonko Matkovic, dijo que la no extradición de Melgar es una muestra de que ese país respeta el debido proceso y que “nos va a ayudar mucho a nosotros en una corte penal internacional”.

Mendoza señaló que la declaración de Farfán confirma la tesis de los acusados de que el caso “fue armado por gente del Gobierno”.

Caso taladros Drillmec Imputación a exgerente de contrataciones de YPFB

El Ministerio Público imputó a la exgerenta de contrataciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Paola Oporto, dentro del caso abierto por supuestas irregularidades en el proceso de contratación y adquisición de tres taladros a la empresa italiana Drillmec, por un valor de $us 148,8 millones, informó el abogado Héctor Castellón.

Por su lado, Roger Valverde, abogado de Oporto, informó a EL DIARIO que aún no fueron notificados con dicha resolución, pero que están a la espera de la misma para presentar la defensa correspondiente.

AMPLIACIÓN

Castellón, abogado del expresidente de YPFB Guillermo Achá, expresó su extrañeza respecto a que Oporto “ha sido la única persona que ingresó dos veces a la Fiscalía, ha declarado y después se procedió a una ampliación del plazo, pero no hay ni siquiera día y hora de la audiencia de aplicación de medidas cautelares”, indicó el abogado.

Precisó que Oporto fue imputada por los delitos de conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado, como responsable de los procesos de contrataciones en YPFB.

Castellón reiteró las acusaciones que realizó su cliente y lamentó que ahora se implique en el caso a Oporto, a quien Achá señala por firmar y dar el visto bueno para la firma de contrato de compra de los tres taladros a la empresa italiana Drillmec.

DIFAMACIÓN

Por su lado, el abogado de Oporto señaló que contra Achá se tiene una denuncia por difamación y calumnias, misma que ha sido admitida y también esperan la hora y fecha para la “audiencia de conciliación”, que es lo que compete en este tipo de denuncias de orden privado, según el abogado.

DOMICILIARIA

Achá, quien guarda detención domiciliaria en La Paz, solicitó la modificación de las medidas sustitutivas para que estas se cumplan en la ciudad de Santa Cruz.

Castellón precisó que el 22 de este mes se realizará la audiencia de modificación a las medidas sustitutivas.

“Lo que nosotros queremos hacer es algo esencial, se ha determinado en primera y segunda instancia que Achá tiene domicilio, familia y trabajo, y estos tres se encuentran en Santa Cruz”, apuntó.

Acotó que la apertura de documentos de este caso aún no se ha efectuado y aguardan fecha y hora para que se instale ese acto procesal.

martes, 14 de noviembre de 2017

Tras el millonario fraude, Pari salió del Unión con Bs 81.000 de beneficio



No podía irse sin recibir sus beneficios y la empresa tenía la obligación de pagar. Juan Franz Pari, además de haber sustraído al menos Bs 37,6 millones de la agencia de Batallas y Achacachi (La Paz) del banco Unión y defraudar Bs 800.000 el mismo día en que se despidió como funcionario, cobró también más de Bs 81.000 por beneficios sociales.

Así lo señala el finiquito que recibió de la entidad financiera, luego de trabar por casi seis años seguidos.

“Presentó su carta de renuncia el 4 de agosto de 2017 (retiro voluntario). El 18 de agosto, en el marco de la Ley General de Trabajo y en los plazos establecidos, se realiza la liquidación de sus beneficios sociales por Bs 81.070,81 cumpliendo con los beneficios que por norma están establecidos en el Ministerio de Trabajo”, confirmó el gerente general del banco Unión, Rolando Marín.

El certificado
Pari ingresó el 2 de diciembre de 2011 como cajero de la agencia Juan Pablo II del banco Unión en la ciudad de El Alto (La Paz), donde trabajó hasta el 1 de enero de 2014.

Según el certificado de trabajo, el principal acusado ante la Fiscalía, Juan Pari, fue ascendido como jefe de Operaciones de la agencia de Viacha (La Paz) hasta el 31 de marzo de 2015.

El 1 de abril de 2015 fue trasladado a la agencia de Batallas, también como jefe de Operaciones hasta el 31 de agosto de 2016. El 01 de septiembre de 2016 fue a trabajar a Achacachi hasta el 30 de noviembre de 2016. Por último, el 1 de diciembre de 2016 se trasladó a Batallas. Renunció al banco el 4 de agosto de 2017.

“El último haber básico percibido fue de Bs 7.089”, revela su certificado.

Daño reputacional

Rolando Marín señaló, por su parte, que el fraude de Juan Pari ha sido “un daño reputacional”, pero que las operaciones se han desarrollado con normalidad, sin cambios significativos.

“El banco Unión es uno de los tres principales bancos y con mayor solvencia del país. A octubre de 2017 tiene un patrimonio de $us 267,6 millones y una cartera bruta de $us 2.109,7 millones, como respaldo y seguridad”, señaló.

Interpelación

Hoy, martes, el ministro de Economía, Mario Guillén, deberá responder 27 preguntas acerca del desfalco
en la entidad financiera estatal, solicitada por Carmen Eva Gonzales, senadora
de Unidad Demócrata (UD). La sesión de la Asamblea Legislativa está convocada para las 9:00.

“Es un tema que preocupa porque es una institución pública. Todas las preguntas están dirigidas al hecho y lo que la autoridad debió hacer y no hizo como instancia de control”, explicó Gonzales.

Pari amenaza a esposa de su amigo Alexis Daniel

Juan Franz Pari Mamani, principal acusado del millonario desfalco al Banco Unión, amenazó a la esposa de uno de sus empleados diciéndole "cuídate, ha cagado toda tu descendencia", y por este motivo se le inició otro proceso penal, según revelan documentos a los que accedió ANF.

Viviana V. F. es esposa de Alexis Daniel C. H.; Alexis Daniel fue excompañero de colegio de Juan Franz Pari y fue vinculado en el desfalco al Banco Unión porque pretendía salir del departamento de Pari, ubicado en un edificio de Obrajes, ocultando documentos en medio de dos frazadas que tenía en su poder. Actualmente, Alexis Daniel y Pari guardan detención preventiva por el desfalco millonario a la entidad bancaria.

Según la denuncia interpuesta por Viviana V. F. ante Policía y Fiscalía de Tarija, el 5 de febrero del presente año Pari la amenazó gravemente a ella y a toda su familia porque supuestamente le había hecho algo a Alexis Daniel. (ANF)

Proyectos “fantasmas” del ex Fondo Indígena Rafael Quispe: Melva Hurtado está libre

El diputado opositor, Rafael Quispe, informó ayer que la exdirigente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), Melva Hurtado, recobró su libertad desde el pasado mes de octubre. Aseguró que el Gobierno beneficia a exdirigentes afines al oficialismo que están implicados en el desfalco millonario al ex Fondo Indígena.

“La señora Melva Hurtado está en libertad desde el pasado mes de octubre y no me han notificado para estar presentes en la audiencia. La encontré haciendo fila, ingresó a la Fiscalía y firmó. Me miró con mucha altanería”, aseguró el legislador.

Según Quispe, la exdirigente firma todos los lunes el cuaderno de control jurisdiccional desde el pasado 23 de octubre, Quispe presume que la audiencia de revocatoria de medidas cautelares se llevó a cabo una semana antes de esa fecha. El caso radica en el juzgado segundo de instrucción en lo penal cautelar.

A la vez denunció que los fiscales del caso no le permiten acceder al cuaderno de investigación para verificar que actuaciones está realizando el Ministerio Público.

Quispe es parte denunciante en el caso. El 14 de febrero de 2015 se destapó las irregularidades en esa institución, la Contraloría detectó alrededor de 153 obras solicitadas por las organizaciones sociales, estas no fueron ejecutadas pero causaron un daño económico al Estado porque se desembolsaron al menos Bs 71 millones.

INVESTIGACIÓN

El 5 de diciembre de 2015 el juez anticorrupción Ricardo Pinto determinó la detención preventiva de Hurtado en la cárcel de Miraflores, además del exdirigente de la Csutcb, Remy Vera, fue remitido a la cárcel de San Pedro y la senadora del MAS, Felipa Merino, se benefició con detención domiciliaria.

Hurtado fue presidenta de la Cidob que es afín al Gobierno del MAS, acusada de malversar al menos Bs 21 millones con 13 proyectos que canalizó la entidad, aparece en al menos seis proyectos de ejecución irregular como representante legal.

FAVORECIDOS

La semana pasada se conoció que la exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, se benefició con medidas sustitutivas a la detención preventiva, donde la autoridad jurisdiccional determinó una fianza de Bs 200 mil, hasta el momento continúa recluida en la cárcel de Obrajes.

“Melva Hurtado, quien recibió en sus cuentas particulares del Fondo Indígena también en libertad. Disfrutarán del millonario robo junto a Nemesia Achacollo y otros dirigentes del Gobierno de Evo Morales”, señaló Quispe.

SIN AVANCE

Por último, Quispe indicó que la justicia está liberando a los exdirigentes afines al Gobierno y que esto demuestra que el caso no avanzará en las investigaciones, puesto que desde hace dos años el Ministerio Público no emitió una acusación formal.

En esas circunstancias, anunció un proceso contra Blanco por el delito de “incumplimiento de deberes”. “Ya estamos trabajando para presentar un documento de denuncia penal en contra del señor Edwin Blanco. Estamos muy aterrorizados que este señor favorezca a los que han sido procesados en el Fondo Indígena”, advirtió.

Video Caso Fondo Indigena, Melva Hurtado salio en Libertad

Video Uruguay nego la extradicion de Alejandro Melgar implicado en el Caso Rosza

lunes, 13 de noviembre de 2017

Video A mayor participación estatal, más corrupción

Analistas coincidieron en que la mayor participación estatal en el ámbito de la economía, por ejemplo en el Producto Interno Bruto (PIB) y en la inversión, es una de las razones para que se presenten más casos de hechos irregulares cometidos por funcionarios públicos, lo que va de la mano con la percepción ciudadana de que hay mayor corrupción en el país.

Fue una de las conclusiones del programa Piedra, papel y tinta, conducido por la periodista Lucía Sauma, quien entrevistó al investigador sociopolítico Armando Ortuño y al director del Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia, Farit Rojas. “Cuando crece la torta manejada por el Estado, la corrupción crecerá al ritmo de este crecimiento”, manifestó el primero. Mientras que Rojas remarcó que esto lleva a pensar en la modificación del sistema de gestión estatal, para tener un mejor control que evite o detecte estos casos.

Espere…

Ante ello, los analistas afirmaron que la Ley de Administración y Control Gubernamentales (Safco) fue sobrepasada, porque estaba pensada para un Estado con poca participación en la economía. Asimismo, ante los índices que muestran que la ciudadanía percibe el aumento de la corrupción en Bolivia y en la región, Rojas señaló que la pugna entre oficialismo y oposición, y los medios de comunicación ayudan también a que esta percepción vaya en ascenso. “La lucha política y los medios, sin duda, influyen en este asunto”, complementó Ortuño.



Retrocede la democracia en la región por la corrupción de los políticos

Encuesta de Latinobarómetro 2017. Se consultó a 20.200 personas en 18 países. La gente desconfía de los gobiernos por la falta de eficiencia. Solo el 5% cree que en su país hay “democracia plena”. Temen a la crisis económica y a la depredación ambiental

La mayoría de los latinoamericanos cree que la democracia es el mejor sistema de Gobierno, pero muestra una alta insatisfacción sobre su funcionamiento actual y desaprueba la gestión de los gobiernos de la región y de los políticos, según los resultados del Latinobarómetro 2017.
Esta vigésima medición se realizó entre el 22 de junio y el 28 de agosto pasado, con la aplicación de 20.200 cuestionarios en 18 países, y sus resultados tienen un margen de error del 3 %.
"Tenemos una democracia enferma, que está en franco retroceso", advirtió la directora fundadora de Latinobarómetro, Marta Lagos, en diálogo con EL DEBER.
De acuerdo al sondeo, el 53 % de los latinoamericanos cree que la democracia es preferible a cualquier otra forma de Gobierno, aunque ese nivel está ocho puntos por debajo del "pico" registrado en 2010.
Según Lagos, la mejor percepción que había hace siete años coincidía con "hiperpresidentes" en la región, con altos niveles de aprobación.
Tan solo un 5 % de los encuestados considera que en su país hay "democracia plena" y solo un tercio se mostró satisfecho con el funcionamiento de la democracia, en tanto que un 75 % considera que su nación está gobernada por unos cuantos grupos poderosos en beneficio de intereses privados.
A la hora de evaluar la gestión del Gobierno de su país, en promedio, apenas el 36 % la aprueba, aunque el nivel de aprobación es mayor en Nicaragua (67 %), Ecuador (66 %) y Bolivia (57%) y muy por debajo de la media en México (20 %), El Salvador (17 %) y Brasil (6 %). "No hay ningún indicador que nos diga que la democracia va mejor. La democracia va mal en muchos países de la región", aseveró Lagos.
Venezuela, la peor de todas
La encuestadora chilena observó que, en general, hay mucha preocupación por la situación de Venezuela, "pero el resto de los países, si bien no son enfermos terminales, tienen diabetes democrática, una enfermedad que todo el mundo tiene, que nadie ve y que, si no se trata, mata igual".
Por otro lado, el estudio revela un alto nivel de desconfianza en las instituciones. La confianza muestra en 2017 un retroceso en todos los casos, aunque llega a extremos de apenas el 15 % en el caso de los partidos políticos, mientras que el mayor nivel de confianza es para la Iglesia católica (65 %).
La encuesta también hace foco, entre otros temas, en la corrupción, que para uno de cada diez latinoamericanos es el principal problema de su país, aunque esa proporción crece significativamente en países como Brasil (31%) y Colombia (19%).
Asimismo, un 62% de los consultados considera que en los últimos dos años no se ha progresado en reducir la corrupción en el Estado y un 53 % cree que su Gobierno actúa "mal" en la lucha contra este flagelo.
Economía, peor que antes
En cuanto a la economía, los resultados son dispares: un 54 % afirma que su ingreso le alcanza para cubrir sus necesidades, un 24 % admite que no tiene suficiente comida para alimentarse, un 41 % está preocupado ante la posibilidad de quedar desempleado y solo un 25 % considera que su país está progresando económicamente. Con todo, un 47% confía en que la situación económica mejorará en 2018.
"Tenemos una región bipolar, del éxito económico y de la pobreza", marcó Lagos, quien señaló que "nunca había habido tanta gente a la que le alcanzara para llegar a fin de mes".
"Pero eso no quita que dos de cada diez latinoamericanos no tengan suficiente comida para alimentarse, empezando por Venezuela, donde seis de cada diez venezolanos no tienen para alimentarse", sostuvo.
El clima, una preocupación
Siete de cada diez latinoamericanos consideran que hay que darle prioridad a la lucha contra el cambio climático sin importar sus consecuencias negativas en el crecimiento económico, según los resultados del Latinobarómetro 2017.
"La gente en América Latina se inclina mayoritariamente por la prevención del medioambiente y la lucha contra el cambio climático", alertó Lagos, lo cual va en contradicción con las políticas desarrollistas de varios gobiernos de la región.
El estudio de opinión pública indica que el 71 % de los latinoamericanos considera prioritario atender el cambio climático, más allá del impacto económico, aunque hay países donde la preocupación es mayor.
Colombia (85 %), Ecuador (80 %) y Chile (78 %) encabezan el ranking de ciudadanos que mayor prioridad le dan a esta problemática, mientras que los índices más bajos se registran en Honduras (62 %), Guatemala (60 %) y República Dominicana (60 %).
Lagos indicó que el alto nivel de prioridad que se le da a este asunto en la región está relacionado al hecho de que los latinoamericanos "han vivido la depredación, aluviones, el exceso de nieve, de lluvias, los desastres naturales cada vez más frecuentes y violentos".
Latinobarómetro es una encuesta a mayores de 18 años de 18 países de la región (Centroamérica, Sudamérica y México) representativa de la población de 600 millones de habitantes de América Latina.



La gente desconfía de la gestión democrática

Ricardo Paz Ballivián



No hay en la región una insatisfacción con la democracia, sino con los políticos que la administran. Lo que está en cuestión es la gestión democrática de los gobiernos en América Latina.
Obviamente, estos gobiernos están infectados de manera considerable por el lastre de la corrupción.
Esto genera en la gente una repulsa muy grande a lo que están haciendo los gobernantes. No hay que confundir esto con insatisfacción con la democracia como sistema político, creo que esto no está ocurriendo, la democracia está plenamente consolidada en la región.
La población está señalando que la democracia no tiene los controles suficientes para fiscalizar el uso de recursos públicos.
Los datos que muestran la encuesta de Latinobarómetro es un llamado de atención a los gobernantes, más que al sistema democrático.
Por supuesto que la gente entiende que la democracia tiene asignaturas pendientes muy grandes. Pero, más que todo está cuestionada la falta de democracia económica, donde unos pocos sectores se llevan la mayor parte de la torta. Esto tiene que ver con la desigualdad social, que todavía está vigente y se ha incrementado de forma considerable en la región en los últimos años.
También por los atropellos a las libertades ciudadanas y los derechos de la población, e incluso, la vigencia plena del Estado de derecho que ha estado en cuestión en varios países, como el caso de Venezuela.
Todos estos elementos contribuyen a que la gente piense que no haya una democracia plena. Ahora, una democracia plena es una utopía, porque siempre van a haber carencias.
Pero sigo pensando que es más un llamado de atención a los gobernantes, más que al sistema como tal.
Sobre la visión negativa sobre los políticos, en general, la gente tiende a echarle la culpa de todos los males. Eso no quita que, en muchos casos, se trata de un dato real, dado que no han logrado dar resultados concretos sobre asuntos clave de la sociedad, como la corrupción, la pobreza y el desempleo.
Paradójicamente, hay cierta esquizofrenia, porque por un lado los critican, pero por el otro también los votan.
En el caso del Gobierno de Evo Morales, con un alto nivel de apoyo a su gestión (57%) está claro que el presidente ha tenido momentos estelares con un promedio del 50%, más o menos.
Morales y el MAS tienen un apoyo muy grande en el área rural y esto los favorece mucho, donde tiene un apoyo de más del 80% y en las áreas urbanas apenas llega al 30%, donde hay una visión más crítica del Gobierno.




Diputado Quispe asegura que Melva Hurtado está libre desde octubre

Se trata de una de las implicadas en el caso Fondo Indígena. La exdirigente fue acusada de haber recibido en su cuenta personal más de 20 millones de bolivianos para proyectos que no se ejecutaron


El diputado Rafael Quispe informó este lunes que la exdirigenta de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), Melva Hurtado, logró recobrar su libertad desde el pasado mes de octubre, después de pasar casi dos años encarcelada por estar implicada en el desfalco millonario al exFondo Indígena.

"La señora Melva Hurtado en el mes de octubre ha salido en libertad, otra vez más se confirma que la jueza no me ha notificado o no ha notificado a mi abogado para que estemos presentes (en la audiencia donde se asumió esa decisión) pese a que también soy denunciante y querellante", afirmó Quispe.

Agregó que la mañana de este lunes vio a Hurtado haciendo fila para firmar el libro de registro de asistencia judicial.

Asimismo, Quispe dijo que las autoridades judiciales no le permitieron acceder al cuaderno de investigaciones y desconoce con qué medida sustitutiva logró beneficiarse Hurtado.

El diputado remarcó que Hurtado está implicada en el caso porque "en sus cuentas particulares se depositó más de 21 millones de bolivianos".

Hurtado fue encarcelada en el penal de Miraflores en diciembre de 2015.

La semana pasada, también se conoció que la exministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, logró una orden de detención domiciliaria, pero en su caso aún no dejó la cárcel porque antes debe pagar una fianza económica 200 mil bolivianos.

No refutan a Farfán; insisten en la extradición de Melgar


“No estamos tratando de desmentir, sino que más bien estamos diciendo que después de ocho años que aparezca un comandante a dar esas opiniones cuando es su momento pudo decirlo”, dijo el director jurídico del Ministerio de Gobierno, Filemón Sandoval sobre las afirmaciones del excomandante de la Policía Ciro Farfán, sobre el caso terrorismo.

En una entrevista con Fides, Farfán acusó al coronel Jorge Santiesteban de ordenar al capitán Wálter Andrade ejecutar a los tres extranjeros alojados en el hotel Las Américas, el 16 de abril de 2009.

Explicó que tendrá que ser la defensa de los acusados la que vea si es pertinente o no presentar algún incidente frente a esas aseveraciones, pero indicó que esos aspectos debieron ser considerados durante la etapa investigativa en la preparación del proceso judicial por las figuras penales de alzamiento armado y terrorismo.

A su vez, el ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Huanacuni, aseguró que Bolivia insistirá en la extradición de Alejandro Melgar, acusado de financiar y apoyar con la logística al grupo de Eduardo Rózsa. La justicia uruguaya rechazó el pedido de extradición aduciendo que en Bolivia no se respetó el debido proceso al llevar el caso a La Paz y no en la jurisdicción natural, Santa Cruz, donde se suscitaron los hechos.
“Somos respetuosos de las instancias; vamos a seguir agotando los mecanismos democráticos internacionales. Los recursos tienen que ser presentados en el tiempo oportuno y Bolivia va a seguir cumpliendo el derecho internacional que nos da recursos para pedir la extradición", aseveró.

Video MAS Corrupcion en Bolivia, Contador de YPFB quedo Arrestado

viernes, 10 de noviembre de 2017

Realizaba cobros ilegales Captura del contador de YPFB

El personal del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) capturó en flagrancia al contador de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), realizando cobros ilegales para gestionar el pago de sueldos de funcionarios que estaban a contrato en la estatal de hidrocarburos.

La denuncia en contra del contador fue formalizada por la notaria que reportó el delito a la Unidad de Transparencia de la estatal petrolera y se dispuso a abrir una investigación.

El contador cobró una “coima” de dos mil bolivianos con el compromiso de gestionar el pago de 72 mil bolivianos en favor de una notaria, quien trabajó en YPFB durante las gestiones 2015 – 2016. Aparentemente la Notario tenía que cobrar 100 mil bolivianos.

“El principal delito está vinculado al cohecho tipificado como la entrega de dineros para que un funcionario haga o deje de hacer algo en favor de una tercera persona”, dijo el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Johnny Aguilera.

OPERATIVO

Conocida la denuncia los efectivos del DACI y el Ministerio Público realizaron un operativo en un céntrico hotel, donde el contador citó a la notaria. En esas circunstancias es sorprendiendo en flagrancia en posesión de los 2 mil bolivianos entregados.

El director de la Felcc explicó que el funcionario pidió a la notaria 7.000 de los cuales logró cobrar 2.000. La deuda institucional alcanza a 72.000 bolivianos y el acuerdo apuntaba a realizar gestiones internas para cubrir el pago total antes de fin de año.

El dinero fue colectado como elemento indiciario y el funcionario de apellido Juárez, con 20 años de servicio, fue puesto a disposición del Ministerio Público a la espera de la audiencia de medidas cautelares por el delito de cohecho.

Sin embargo, la Fiscalía amplió la figura a los delitos de uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo e incumplimiento de deberes, que acreditaría una detención preventiva porque el dinero fotocopiado con anterioridad fue encontrado en los bolsillos del funcionario.

Detención domiciliaria Achacollo no tiene para fianza

La exministra de Desarrollo Rural y Tierras Nemesia Achacollo, que logró ser beneficiada con la detención domiciliaria, asegura que no podrá efectivizar esta medida debido a que no cuenta con los 200 mil bolivianos que la juez le fijó para su fianza.

NO TIENE RECURSOS

“No existe la posibilidad económica de cancelar esta fianza, es de imposible cumplimiento, así que la defensa va a interponer otras medidas legales”, detalló Milko Suaznabar, abogado de la exautoridad, a tiempo de precisar que esa es la razón por la cual su cliente sigue encarcelada.

Achacollo se encuentra recluida en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores desde hace más de 13 meses, en el marco de la investigación sobre el millonario desfalco al ex Fondo Indígena.

De acuerdo con la explicación de Suaznabar, en audiencia de cesación a la detención preventiva que se realizó la semana pasada, se logró desvirtuar el riesgo procesal de fuga, con la presentación de documentos que acreditan un domicilio y una certificación de trabajo, otorgada por la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz).

“Se ha desvirtuado los riesgos procesales de familia, domicilio, trabajo y la posibilidad de que pueda fugar del territorio nacional, estableciendo que no sale del país desde el momento en que dejó de ser ministra y hasta el momento está aprehendida, es decir ella tiene un flujo migratorio, solo del tiempo que es autoridad nacional”, detalló Suaznabar a EL DIARIO.

El jurista evitó explicar cuál será la acción legal que asumirá para lograr que la detención domiciliaria se concrete, pero señaló que de cumplirse con los requisitos, Achacollo deberá estar confinada al interior de su domicilio, en la ciudad de Montero, en Santa Cruz.

JUEZ NO HABLA

La resolución que señala la detención domiciliaria en favor de la exministra Achacollo fue dictada por la juez segunda de materia en lo penal cautelar Wiat Belzu.

Varios medios de comunicación se presentaron al despacho de la juez para confirmar la información, pero pese a estar en su oficina envió a decir con sus subalternos que había salido y se encontraba en reunión en el Consejo de la Magistratura.

NO HAY INVESTIGACIÓN

Por su lado, el diputado opositor Rafael Quispe expresó su molestia porque a más de dos años de iniciadas las investigaciones, por el desfalco al ex Fondo Indígena, la Fiscalía no tiene avances en la investigación y no existe una resolución conclusiva de acusación en contra de la exministra Achacollo.

FAVORITISMO

Quispe señaló como responsable de esta falta de resultados al fiscal distrital de La Paz, Edwin Blanco, y anunció tomar medidas legales. “Vamos a interponer dos procesos penales por incumplimiento de deberes porque no hay acusación formal, no hay actos investigativos”, declaró.

Para el legislador, la resolución de la juez Belzu constituye en “un favoritismo político”, quien además presidía el Directorio del exfondo Indígena.

ANTECEDENTES

El caso del Fondo Indígena se abrió en 2015, después que la Contraloría General reveló un presunto daño económico de 71 millones de bolivianos. Advirtió sobre la existencia de proyectos “fantasma” y de aquellos planes retrasados que pese a los recursos que recibieron no existían los descargos.

Tras la intervención al Fondo Indígena, se identificó un presunto daño económico de 102 millones de bolivianos y al menos 30 proyectos “fantasma”.

jueves, 9 de noviembre de 2017

Farfán acusa a Santiesteban de ser el responsable del asalto al Hotel Las Américas en 2009



El operativo en el Hotel Las Américas, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que se desarrolló la madrugada del 16 de abril de 2009 y donde fueron abatidos tres supuestos mercenarios, entre ellos el húngaro-boliviano Eduardo Rósza, fue responsabilidad del excomandante de la Policía Boliviana coronel Jorge Santiesteban, aseguró este miércoles otro excomandante policial, Óscar Ciro Farfán.

"Jorge Santiesteban quien fungía de director nacional de Inteligencia. Él estaba a cargo del grupo UTARC a cargo del capitán (Wálter) Andrade. Él ordenó que los ejecutaran y lo digo así, si quiere vuelvo a repetir. Y lo espero don Santiesteban en la Fiscalía, ahí podemos ampliar esta situación, pero le digo que usted es el responsable de la muerte", declaró Farfán, durante una entrevista al programa El Café de la Mañana de Radio Fides.

Dijo desconocer quién dio la orden a Santiesteban, aunque dijo que supone, sin citar nombres, que fue alguien del Órgano Ejecutivo.

"Ahora no me interesa saber quién le haya ordenado y de quién ha recibido las instrucciones, pero es usted el asesino y ha obligado al capitán Andrade por entonces, para que ejecuten a esos ciudadanos. Esa es la realidad. Entonces ese el favor que le tenía la política para poner en el cargo (de Comandante de la Policía) y defenestrarme", añadió el excomandante.

En el operativo murieron Rózsa, el húngaro-rumano Arpad Magyarosi y el irlandés Michael Dwyer y fueron detenidos el boliviano Mario Tadic y el húngaro Elod Tóásó, quienes cumplieron una condena y fueron liberados.

El Gobierno los acusó de terrorismo con fines separatistas y de ser finaciados por sectores conservadores del departamento de Santa Cruz. Por el hecho, el Ministerio Público abrió dos procesos denominados Terrorismo I y Terrorismo II; éste último incluyó a supuestos financiadores de la célula terrorista.

Santiesteban fue designado Comandante de la Policía Boliviana en 2011 y removido en mayo de 2012. Precisamente, Santiesteban relevó en el cargo a Farfán quien fue alejado del cargo por decisión del Ejecutivo. (08/11/2017)


Fijan fianza de Bs 200.000 para que Achacollo salga de prisión; la exministra dice que no tiene recursos



El Juzgado Segundo de Instrucción en lo Penal Cautelar dispuso la detención domiciliaria para la exministra de Desarrollo Rural y Tierras Nemesia Achacollo, principal acusada en el caso del Fondo Indígena. Podrá acceder a este beneficio una vez que pague una fianza de Bs 200.000.

La información fue confirmada la mañana de este jueves por el abogado de la procesada por hechos de corrupción, Milko Suaznabar, quien además explicó que su defendida continúa recluida en el centro penitenciario de Obrajes debido a que le es “imposible” pagar la fianza.

“Evidentemente la juez de garantías ha compulsado los antecedentes, ha establecido que ya no debería mantenerse esta privación de libertad o detención preventiva aplicando medidas menos gravosas, cual es la detención domiciliaria”, informó.

Explicó que la decisión fue adoptada el pasado viernes 3 de noviembre, aunque su defendida continúa en prisión debido a que no cuenta con los recursos suficientes para pagar la fianza. “Se le ha impuesto una fianza de 200.000 bolivianos, misma que es de imposible cumplimiento, por lo que a la fecha se mantiene privada de libertad”.

Anunció que asumirán otras medidas legales para activar este beneficio, de tal manera que Achacollo pueda defenderse desde su domicilio en la localidad de Montero, en Santa Cruz de la Sierra.

El diputado de la oposición de Unidad Demócrata, Rafael Quispe, acusó al fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, de haber permitido esto, debido a su demora en la presentación de una acusación formal contra la exautoridad. Dijo que actuó por “favoritismo político” y anunció que activará un proceso en su contra.

“El causante es el señor Edwin Blanco, fiscal departamental, quien en dos años de gestión no ha hecho ninguna acusación formal…Le vamos a seguir un proceso penal por incumplimiento de deberes, vamos a apelar la decisión”, anunció. (09/11/2017)

Uruguay niega la extradición de Alejandro Melgar, acusado por el caso terrorismo



La Suprema Corte de Justicia (SCJ) de Uruguay rechazó la extradición del boliviano-uruguayo Alejandro Melgar, acusado en Bolivia por el caso terrorismo. El diario El País de Uruguay asegura que de esta manera culmina el proceso de extradición más largo que fue analizado por la justicia de este país.

Melgar estaba en prisión desde el 23 de abril de 2012, cuando fue detenido en el Aeropuerto de Carrasco por la policía uruguaya.

Según señala El País, el fallo de la Corte cuestiona un decreto del gobierno boliviano que estableció que los casos de terrorismo debían ser analizados por la Justicia de La Paz y no donde ocurrieron los hechos, Santa Cruz de la Sierra. Este hecho fue determinante para que se niegue la solicitud de la justicia boliviana.

"No pueden caber dudas acerca de que la jurisdicción originalmente competente era la emplazada en la ciudad de Santa Cruz (lugar donde se cometieron aquellos actos) y no la postrera consolidada por el Poder Ejecutivo boliviano en la ciudad de La Paz", dice el fallo de la Corte.

La Corte advirtió que basta con la "notoria violación" de la regla de no ser juzgado por un juez de excepción como lo dispuso el gobierno de Bolivia para denegar el pedido de extradición.

Excomandante apunta a Santiesteban en ejecuciones a grupo de Rózsa

El excomandante general de la Policía Boliviana, Ciro Oscar Farfán Medina (2011), reveló que el coronel Jorge Santiesteban, en su calidad de jefe nacional de Inteligencia y responsable de la Unidad Táctica de Resolución de Crisis (Utarc), ordenó al capitán Walter Andrade ejecutar a los tres extranjeros alojados en el hotel Las Américas, el 16 de abril de 2009 en la ciudad de Santa Cruz.

En esa oportunidad murieron el boliviano-húngaro Eduardo Rózsa, el rumano Arpad Magyarosi y el irlandés Michael Dwyer, acusados por el Gbierno de integrar una célula supuestamente terrorista para provocar la división interna del país, que posteriormente se conoció con el nombre de “terrorismo-separatista”.

Andrade era un policía que trabajaba para Inteligencia del Ministerio de Gobierno y logró infiltrarse en el grupo de Rózsa para hacer seguimiento a los extranjeros que llegaron al país entre 2008 y 2009 y se asentaron en la ciudad de Santa Cruz, supuestamente financiados por la oposición política y empresarial al gobierno de Evo Morales.

FAVOR POLÍTICO

“Jorge Renato Santiesteban que es de mi curso, ingresó al Comando sin méritos, porque siempre fue el último en los estudios de la Academia, entró por un favor político. Él está comprometido y con el tiempo tendrá que rendir cuentas a la justicia, en el caso del hotel Las Américas, donde ordenó que el Capitán Andrade los ejecute a los supuestos terroristas”, declaró en entrevista con el Café de la Mañana de radio Fides.

El entrevistador le pidió repetir la aseveración, considerando la importancia de sus afirmaciones. “Claro que sí” respondió Farfán. ¿Quién ordenó? le volvieron a preguntar y la respuesta fue contundente: “Jorge Santiesteban quien fungía de director nacional de Inteligencia. Él estaba a cargo del grupo Utarc a cargo del capitán Andrade. Él ordenó que los ejecutaran y lo digo así, si quiere vuelvo a repetir. Y lo espero don Santiesteban en la Fiscalía, ahí podemos ampliar esta situación, pero le digo que usted es el responsable de la muerte. Ahora no me interesa saber quién le haya ordenado y de quién ha recibido las instrucciones, pero es usted el asesino y ha obligado al capitán Andrade por entonces, para que ejecuten a esos ciudadanos. Esa es la realidad. Entonces ese el favor le tenía la política para poner en el cargo (de Comandante de la Policía) y defenestrarme”, afirmó.

Ciro Farfán duró casi dos meses en el cargo y fue destituido por lo que él considera una tramoya armada por Santiesteban para que éste asuma el cargo de Comandante General de la Policía.

Farfán fue acusado de utilizar autos con placas clonadas y desde entonces existe una marcada rivalidad.

Durante el juicio del caso terrorismo en Santa Cruz, Ignacio Villa Vargas ‘El Viejo’ también acusó al capitán Andrade y otros efectivos policiales, de sembrar pruebas en el hotel Las Américas.

‘El Viejo’ también fue soplón del gobierno y testigo clave del caso terrorismo, manejado por el entonces fiscal Marcelo Soza, hoy con refugio político en Brasil.

Villa Vargas recibió en pago 35 mil dólares de parte de Carlos Núñez del Prado, funcionario del Ministerio de Gobierno (ya fallecido), pero que cuando ocurrió el caso del video-soborno, acompañó a ‘El Viejo’ hasta la frontera con Argentina para que huyera del país, tras implicar a varias personas claves en el caso terrorismo y desatar una dura persecución política contra líderes cívicos y empresarios cruceños opositores.

El caso terrorismo actualmente sigue radicado en la ciudad de Santa Cruz, sin que exista sentencia contra tres detenidos preventivos que cumplieron ocho años en la cárcel. (Erbol)

Los Millones del alcalde de Warnes Mario Cronenbold



miércoles, 8 de noviembre de 2017

Santos Ramírez es procurador de San Pedro, pero ayudó a Pari


El expresidente de YPFB Santos Ramírez emitió un memorial y lo firmó como abogado. En ese documento solicitó que se entregue una copia del cuaderno de investigaciones a Juan Franz Pari, principal acusado del millonario desfalco al Banco Unión. Ayer aclaró que lo hizo como delegado procurador. Pero él ejerce esa función para el penal de San Pedro y el procesado está en Chonchocoro.

Ramírez está recluido en San Pedro desde 2009, cumple una condena de 12 años por corrupción.

El fin de semana se conoció el memorial y los medios de comunicación informaron que Pari había contratado a Ramírez como abogado defensor.

Ayer, Ramírez declaró: “Soy el delegado procurador del penal. Cuando me piden que haga algún memorial para una salida médica, cuando fallece algún pariente, por emergencia en el hospital de clínicas o para pedir fotocopias de algo, sin hacer copatrocinios o abogado de la causa, tengo la obligación, de acuerdo a la Ley 2298, de cooperar a todos los privados de libertad”, manifestó.

Esa norma establece que los delegados procuradores son designados por el director del establecimiento, de las ternas propuestas por los internos.

La designación dura un año. Los requisitos son: haber cumplido dos quintas partes de la pena impuesta; no haber incurrido en otro delito durante su permanencia en el establecimiento; no haber incurrido en faltas graves o muy graves en el último año; y no estar condenado a pena que no admita indulto.

Los delegados procuradores pueden salir del establecimiento penitenciario durante horarios y días hábiles, debiendo retornar al final de la jornada. Si el director lo considera pertinente, podrá disponer del personal de seguridad necesario, para las salidas del delegado procurador.

Entre sus obligaciones están averiguar el estado del proceso del interno que lo solicite, informándole sobre el resultado de su gestión; realizar para el interno que lo solicite, trámites legales relacionados con su proceso, y, registrar diariamente en el Libro de Autoayuda Legal las solicitudes y las acciones realizadas.

La duda radica en por qué Ramírez ayudó e incluso habría visitado a Pari, en Chonchocoro, cuando es delegado de San Pedro.
El gobernador de la cárcel, Nelson Mora, no quiso responder a este medio y dijo que requería una autorización de las autoridades de Régimen Penitenciario. EL DEBER intentó conocer la versión del director de Régimen Penitenciario, Jorge López, pero estuvo en una reunión en el Ministerio de Gobierno durante todo el día y no pudo atender el requerimiento presentado.

Familia de cajera del Unión exige sanción contra ejecutivos del banco


Envueltas en llanto, la madre y otras familiares de Soledad F., la cajera y el control dual de la agencia de Batallas del Banco Unión, exigió la liberación de la ahora imputada y pidió que se sancione al directorio y la gerencia de la entidad financiera.

"¿Dónde está el directorio del banco? ¿los gerentes?, ¿dónde está la Asfi (Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero)? ¿Por qué tienen que pagar los más humildes? Mi hija era mi sustento porque yo estoy enferma", manifestó Martha Balboa.

Además, contó que su hija, de 26 años, era víctima de hostigamiento de Juan Pari, principal acusado del desfalco de Bs 37,6 millones del Banco Unión, con quien debió aplicar el control dual en la agencia y evitar que Pari ingresara solo a bóvedas.

"Él le decía cosas inapropiadas. Palabras que no son de un profesional. Ahora me entero que Pari no había sido profesional", dijo.

La familia no tiene un centavo y tuvo que dejar que un abogado de oficio, la defienda en la audiencia de medidas cautelares que se realiza en La Paz, junto a Secundino Pari, padre de Juan Pari.

Envían a la cárcel al padre de Pari y a una cajera por desfalco

La juez Primero Anticorrupción, Cinthya Delgadillo, determinó la detención preventiva de Secundino Pari, padre de Juan Franz Pari, acusado del desfalco del Banco Unión. Soledad F., cajera con control dual de la agencia de Batallas de la entidad bancaria corrió la misma suerte por considerar indicios de culpabilidad.

“Secundino Pari está procesado por delitos de receptación de bienes provenientes de la corrupción, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y asociación delictuosa. Soledad F., es imputada por delitos financieros y asociación delictuosa. La autoridad jurisdiccional ha dispuesto la detención preventiva en el penal de San Pedro y en el penal femenino de Miraflores”, explicó el fiscal Daniel Ayala.
Soledad F. cumplirá su detención preventiva en la cárcel de Miraflores en La Paz. Foto APG

El vicepresidente Álvaro García Linera aseguró este martes en una conferencia de prensa, que no se va a proteger a ningún responsable del fraude ocurrido en el Banco Unión (Bs 37,6 millones) y pidió cárcel para los involucrados. "Hay que castigar a todos los responsables, meterlos a todos a la cárcel sin excepción. No sé va a proteger a nadie".

Además, sugirió mejorar los controles para evitar un desfalco como el que realizó Juan Pari, aunque aseguró que el sistema financiero se mantiene sólido.

Toda la familia Pari, en la cárcel y Juan Franz aún no aclara dónde está el dinero


Con la detención preventiva de Secundino Pari establecida anoche, toda la familia cercana del principal acusado del fraude financiero de la agencia de Batallas del Banco Unión, Juan Pari, está implicada y detenida preventivamente.

Pese a ello, el exfuncionario de la entidad financiera aún no aclaró sobre los responsables del desfalco ni dónde se encuentran los Bs 37,6 millones que supuestamente sustrajo durante 10 meses, porque ayer se acogió al derecho al silencio ante los fiscales.

Al mismo tiempo, la juez Primero Anticorrupción Cinthya Delgadillo, determinó la detención preventiva de Soledad F. por considerar indicios de culpabilidad contra la cajera y encargada del control dual de la agencia de Batallas (La Paz), del Banco Unión donde se sustrajeron los recursos.

“Secundino Pari está procesado por delitos de receptación de bienes provenientes de la corrupción, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y asociación delictuosa. Soledad F. es imputada por delitos financieros y asociación delictuosa. La autoridad jurisdiccional ha dispuesto la detención preventiva en el penal de San Pedro y en el penal femenino de Miraflores”, explicó el fiscal Daniel Ayala, luego de concluida la audiencia de medidas cautelares, alrededor de las 19:00 de ayer.

La familia Pari

Después de allanar la casa de la familia Pari, el pasado 10 de octubre, la Fiscalía aprehendió a la madre de Pari, Nancy M. M.; su hermano José G. P. M.; su esposa Carolina C. J. L.; y su cuñada María F. J. L.

El Ministerio Público pudo establecer en esa primera instancia que los familiares conocían los hechos ilícitos investigados, se beneficiaron de regalos con los recursos supues- tamente sustraídos e incluso tenían en su casa un circuito cerrado de cámaras de seguridad.

Vuelve a Chonchocoro

Mientras el padre esperaba la audiencia de medidas cautelares, Juan Pari se aprestaba a declarar ante la comisión de fiscales que investiga el caso del desfalco del estatal Banco Unión.

Sin embargo, durante la mañana de ayer, después de estar un poco más de tres horas en la Fiscalía y sin haber ampliado su declaración informativa, Pari regresó al penal de Chonchocoro, donde guarda detención preventiva.

La pasada semana, en un memorial de solicitud de ampliación de declaración, Pari se aprestaba a liberar de responsabilidades a miembros de su familia, su novia y al dueño de un rent-a-car, que están imputados en el caso.

Marcelo Guerra, abogado de Pari, apenas explicó a los periodistas que “no declaró nada, porque está mal, tiene problemas de salud”.

Defienden a la cajera

Alejandro Nogales, abogado defensor de la cajera Soledad F., dijo que la imputada no tuvo ninguna participación en el caso que se investiga y observó que el tipo penal que impuso el Ministerio Público “está totalmente alejado de la realidad jurídica”, considerando que se debió haber impuesto incumplimiento de deberes y no el delito que estableció la Fiscalía.

Lamentó la detención preventiva, situación legal que ha sido apelada. Explicó que la mujer de 26 años, solo tenía el cargo de cajera y la calidad de ‘control dual’ se aplicaba cuando podía acompañar a Pari a que ingrese el dinero “y nada más”.

Envueltas en llanto, Martha B, la madre y otras familiares de Soledad F., exigieron la liberación de la ahora imputada y pidieron que se sancione al directorio de la entidad financiera y no a las personas de escasos recursos, como ellas.

miércoles, 1 de noviembre de 2017

Fiscalía sospecha que esposa de Pari distribuía dinero del Banco Unión



La Fiscalía sospecha que Carolina Jerez, esposa del principal acusado del desfalco del Banco Unión, Juan Pari, era la encargada de distribuir dinero del robo a a los socios de su pareja.

"Hay en el cuaderno de investigaciones, declaraciones de que esta persona sí tenía conocimiento y también ella era la que entregaba dinero a los socios”, señaló el fiscal Erlan Almanza a El Deber.

Sin embargo, la aludida afirmó ayer al mismo diario que nunca había visto “un solo centavo” del desfalco y aseguró que no sabía que su expareja sacaba dinero del Banco Unión.

Jerez se encuentra con detención preventiva en el penal de Obrajes, en La Paz.

Asimismo, Jerez aparece en una presunta foto difundida en redes sociales en ls que se la ve de compras y cargando bolsas en un vehículo.

Entretanto, la Fiscalía decidió citar a los policías que vigilaban la agencia rural de Batallas, en La Paz, lugar desde donde Pari operó el desfalco.

Pari es acusado de desfalcar 37,6 millones de bolivianos del banco Unión. Hay 25 personas detenidas por presuntamente haber colaborado en el robo.

Suman 16 vehículos Incautaron el Mercedes Benz que Pari regaló a su esposa

El lujoso Mercedes Benz que regaló a su esposa, Carolina del Coral Jeréz, el principal involucrado en el desfalco al Banco Unión, Juan Franz Pari, fue incautado ayer por el Ministerio Público, a la vez que avanza en la recuperación de los más de 37,6 millones de bolivianos que robó de esa institución, por más de un año, sin ser detectado.

El informe fue proporcionado por el fiscal Erlan Almanza, quien mencionó que con este vehículo suman 16 los motorizados secuestrados que se presumen fueron comprados con parte del dinero desfalcado por Pari, quien cumplió funciones de jefe de operaciones en las agencias de Batallas y Achacachi de la institución bancaria.

De acuerdo con la imputación presentada contra la esposa de Pari, la Fiscalía la sindicó de haber conocido el desfalco que su esposo realizaba al Banco Unión, además que disfrutó de la compra de varios muebles e inmuebles.

Antes de recibir el regalo, Carolina Jerez fue testigo de la adquisición de otros dos vehículos y que el último, “lo dio como parte de pago para la compra de un automóvil Mercedes Benz de color negro, pese a que la misma no sabía conducir. Posteriormente tuvo también pleno conocimiento del regalo de un Chevrolet Camaro a su cuñado José Pari Mamani (hermano menor del imputado), quien, sin embargo, nunca denunció y consintió los regalos de estos motorizados costosos”, señala la imputación.

El 10 de octubre, Carolina Jerez fue enviada al Centro de Orientación Femenina de Obrajes, donde guarda reclusión, junto a la madre de Pari y su amante, la argentina Luciana Cagnola.

En el caso de la amante, en un acto de ostentación típico de Pari, publicó un video en el cual además de mostrar el momento que le obsequiaba el vehículo, afirma ser quien diseñó parte del mismo y le asegura que es el más caro de Bolivia.

lunes, 23 de octubre de 2017

Tras 2 años de la caída del puente aún no hay responsables

La obra colapsó el 22 de octubre de 2015 y la Alcaldía presentó denuncias contra cinco personas que fueron imputados: el exalcalde Edwin Castellanos; el diseñador y supervisor, Nelson Vega; el exoficial mayor de Infraestructura, Sergio Rodríguez; el exoficial mayor Financiero, Oswaldo Delgadillo, y la empresa constructora Álvarez. La Fiscalía amplió la investigación e imputó al fiscal de obra, Óscar Cortez.

El proceso de investigación contra los presuntos responsables continúa y los peritajes aún son realizados. “Nosotros hemos seguido con todos los procedimientos legales correspondientes y lamentablemente la justicia no acompaña y no hay nadie rindiendo cuentas”, señaló el secretario general de la Alcaldía de Cercado, Ricardo Pol.

“Nadie dice nada de esta situación, este puente va a quedar como un elefante blanco y eso no se debe permitir (…). Tiene que haber cárcel para los culpables, no es posible que todo esto quede impune”, manifestó Villarroel.

Entretanto, aún se espera el informe de una auditoría realizada por la Contraloría General del Estado que determine el daño civil para la devolución de 12 millones de bolivianos que se invirtió en el puente.

“No hay un dictamen definitivo por parte de la Contraloría. No se puede tocar nada de esta infraestructura mientras no se defina quiénes son los culpables y en qué medida son culpables. Nosotros como Alcaldía podríamos intervenir la obra pero sería alterar pruebas y cometer delitos”, explicó Pol.

Los vecinos del Distrito 5 anunciaron que esperarán 15 días para que comiencen a visibilizarse las responsabilidades y haya una respuesta de la Contraloría, caso contrario realizarán un “bloqueo total” en toda la zona sur de la ciudad.

viernes, 20 de octubre de 2017

Video MAS Corrupcion en Bolivia en las empresas estatales, ahora en EMAPA

Encarcelan nuevamente al exgerente de Bolivia TV implicado en corrupción


Las autoridades judiciales de la Sala Penal Segunda de La Paz determinaron este jueves que el exgerente de Bolivia TV, Gustavo Portocarrero, nuevamente sea detenido preventivamente, en esta ocasión, en el penal de San Pedro porque presuntamente está implicado en hechos de corrupción en el canal estatal, informó a ANF el fiscal Daniel Ayala.

"Se ha revocado las medidas sustitutivas del cual estaba gozando el señor Portocarrero”, señaló Ayala a ANF.

El fiscal explicó que las autoridades de la Sala penal Segunda refirieron que la jueza que dio la detención domiciliaria a Portocarrero hizo una incorrecta valoración de los argumentos presentados en este caso, por ello se pidió la revocatoria de esa medida sustitutiva.

Denuncian corrupción en EMAPA y un daño económico de Bs. 150.000

Los ministros de Justicia y de Desarrollo Productivo, Héctor Arce y Eugenio Rojas, informaron hoy por la tarde, en una conferencia de prensa, sobre actos de corrupción en la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) que generaron un daño económico estimado en 150.000 bolivianos.

Según la explicación de Arce, un ciudadano de nombre Pablo A. P. se hacía pasar por representante de 13 granjas agrícolas de la Asociación de Productores Agropecuarios de Alimentos (CIOEC) de Santa Cruz para adquirir maíz subvencionado de EMAPA, producto que nunca llegó a las granjas.

Por esa razón se intervino las oficinas de EMAPA en Santa Cruz y La Paz, y se detuvo a cuatro de seis funcionarios acusados de ser cómplices de Pablo A. P., quien aún estaría prófugo.

Los detenidos son Renán A., jefe de la Unidad de Comercialización de EMAPA; Álvaro M., responsable Regional; Marco P., responsable de ventas de Almacenes; y Gabriela E., jefa de Ventas y Comercialización.

De momento se busca a Gabino S., técnico de Gestión de Santa Cruz, y Nelson R., supervisor de Comercialización, quienes también están involucrados.

Los detenidos son acusados por los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, falsedad ideológica, uso de instrumentos falsificados y negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas.

"En la mañana de hoy, se han intervenido las oficinas, se han detenido a las personas, se las ha puesto a disposición del Ministerio Público. Asimismo, se ha incautado una gran cantidad de documentación, esa documentación ha sido puesta a conocimiento del Ministerio Público para que se realicen las investigaciones”, señaló el Ministro de Justicia.

"Se ha detenido a estos funcionarios para que expliquen realmente cómo ha sido la relación con este señor (Pablo A. P.). En qué momentos, en qué circunstancias vendieron a este señor presentando que no eran legales las documentaciones necesarias de las 13 granjas que están en Santa Cruz”, indicó también el Ministro de Desarrollo Productivo.

miércoles, 18 de octubre de 2017

Funcionario de Digcoin es detenido por venta de boletas

Un funcionario de la Dirección General de Comercialización e Industrialización de la Hoja de Coca (Digcoin) fue aprehendido por el delito de cohecho pasivo propio, luego de que fuera encontrado en poder de 700 bolivianos que se presume le fueron entregados para que emita boletas de control de coca que no existía, según informó el jefe de la División Anticorrupción de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), mayor Fernando Guarachi.

El funcionario de Digcoin, identificado como Pablo L., fue aprehendido a denuncia de otros funcionarios, en la tranca de La Rinconada.

El sujeto tenía siete boletas comunales de coca, entre las cuales estaba el dinero, entregado por dos taxistas que le dieron el monto a encargo de terceras personas que aún no son identificadas.

Guarachi explicó que muchas veces los productores de coca no tienen la cantidad necesaria para la comercialización, “lo que ellos hacían era conseguir el sello de revisión, comprar la coca en el mercado legal y revenderla a precios más altos en otros departamentos”, señaló.

El sujeto fue remitido ante la Fiscalía y el fin de semana un juez cautelar determinó dar medidas sustitutivas otorgándole detención domiciliaria, detalló el jefe policial.

León revela a los diseñadores de la mentira en el caso Zapata



El abogado Eduardo León confirmó en el programa ‘Ácido sulfúrico’, de radio Laser, que el caso Zapata, montado para dañar la imagen del presidente Evo Morales, contuvo una mentira basada en la existencia de un niño y que ahora revela a sus autores intelectuales y materiales.

“Evidentemente mi persona ha señalado que en un 90% la señora (Gabriela) Zapata había mentido sobre ese caso y ese 10% que hace al 100% es por el cual aún existe la verdad, más allá de que la señora ha sido calificada por Wálter Zuleta (prófugo) como una mitómana”.

León, con detención domiciliaria, dijo que un sector de la política criolla teme que la opinión pública conozca en detalle el fondo de la trama que se montó para desgastar al Presidente.

“El poder político teme y sabe que existe prueba evidente y es ese 10% que ha dado lugar que ahora aparezca, de la nada, el señor Wálter Zuleta siendo el propiciador, el autor con la señora (Ximena) Fortún, de haber organizado y orquestado todo este proceso del menor”, indicó.

El presidente del Senado, José Alberto Gonzales, aseguró que en esta ‘novela’ se utilizó el nombre del Presidente, de familias y de niños.

“Es una trampa patética que hoy sigue arrojando nuevos capítulos, y sobre la participación de Samuel Doria Medina, es parte de la misma trama porque hubo gente que se quiso aprovechar y puede ser que tuvo éxito, pero no nos dejó bien como sociedad, es una manifestación de algunas miserias”, aseguró.

Al respecto, la presidenta de la Cámara Baja, Gabriela Montaño, aseguró que queda absolutamente claro que hubo un complot en el que incluso se pagaron miles de dólares para que se pueda generar una mentira que confundió a la población de cara al referendo del 21 de febrero de 2016.

“Es un elemento más, no el único, que demuestra que el 21 de febrero fue un día en el que se dañó de la peor manera”.
“Es un elemento más, no el único, que demuestra que el 21 de febrero fue un día en el que se dañó de la peor manera”.

martes, 17 de octubre de 2017

EEUU protege a Goni y a Carlos Sánchez Berzaín



El presidente Evo Morales escribió ayer en su cuenta de Twitter que los crímenes de lesa humanidad, como los cometidos hace 14 años en la masacre de octubre durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, no pueden quedar impunes.

“¡Justicia! es el grito de víctimas de Sánchez de Lozada y colaboradores. Asesinatos y sacrificio de compatriotas no pueden quedar impunes”, dice el tuit del Jefe de Estado.

El canciller Fernando Huanacuni dijo a Cambio que Estados Unidos protege a Goni y a Carlos Sánchez Berzaín al no dar curso al trámite de extradición, y ambos “hoy se presentan como grandes demócratas, cuando no lo son”.

“La Cancillería, en las diferentes etapas, siempre ha cumplido con todos los requerimientos en el marco de la extradición. Sabemos todo lo que ha ocurrido en octubre de 2003, hubo masacre, esa es la palabra correcta”, aseveró.

Hace 14 años, recordó Huanacuni, ciudadanos bolivianos y bolivianas, que defendían un recurso vital e importante para el país (el gas, para que no sea exportado a Chile), fueron masacrados.

“Los que lideraron y ejecutaron toda esa masacre, hoy están siendo protegidos por el imperio. Eso es evidente, sino no estuvieran ahí apoyados por Estados Unidos, gestando vulneraciones a la democracia, no sólo de Bolivia, sino del continente”, subrayó.

Falta de voluntad política
El Gobierno cumplió todos los procedimientos jurídicos para la extradición, los familiares también lo hicieron con los requisitos establecidos por las cortes, pero la falta de voluntad política de Estados Unidos los protege.

Goni y Sánchez Berzaín “vulneraron el derecho a la vida y la democracia, el respeto a la vida profunda. Por lo tanto, lo digo como persona y Cancillería que están siendo protegidos por el imperio”, insistió el Ministro.

Los presidentes George Bush y Barack Obama no dieron curso a la solicitud, y Donald Trump no se pronunció. De esa manera frustran la posibilidad de que Goni y sus colaboradores rindan cuentas ante la justicia boliviana, como demandan las víctimas y los familiares de las cruentas jornadas.

Contexto

La primera rebelión contra el gobierno de Goni se dio en febrero de 2003, en rechazo al ‘impuestazo’ al salario.
La segunda, y que significó su caída, se registró por el intento de vender gas natural a Chile, sin importar la histórica demanda marítima boliviana.

- 14 años se cumplen hoy de la huida de Goni a EEUU, luego de poner su cargo a consideración del Congreso.

- 67 muertos y 420 heridos, especialmente en la ciudad de El Alto, es el saldo que dejó la denominada masacre de octubre.

Sólo falta extraditar a Sánchez de Lozada



En 2004 y 2005 no se hizo nada por extraditar a Goni, pero en 2006, con la llegada al Gobierno del presidente Evo Morales, se efectuaron las primeras gestiones que no se concretan porque EEUU lo protege.

Abel Mamani, exministro de Agua y que en 2003 era dirigente vecinal del Distrito 3 de la ciudad de El Alto, recuerda que, después de que Gonzalo Sánchez de Lozada encontró refugió en EEUU, el 17 de octubre de ese año se aprobó la Agenda de Octubre, y uno de los principales puntos era su extradición.

“El encubrimiento del Gobierno de Estados Unidos no da curso a esta demanda de los bolivianos. Goni cuando estaba en funciones ordenó a las Fuerzas Armadas masacrar al pueblo alteño, a los movilizados”, explicó.

Mamani, que participó en esas jornadas, refiere que el único punto pendiente de la agenda de Octubre es la extradición del expresidente. Los demás puntos, como la nacionalización de los hidrocarburos, se dieron el 1 de mayo de 2006. También está en marcha el proceso de industrialización, como la Planta de Urea, que incluye la creación de empresas públicas.

Además se recuperaron las empresas estratégicas como Entel y otras.

“Ojalá el Gobierno de Estados Unidos reflexione y dé curso a la extradición para que Goni pague sus culpas por el genocidio que desató en el país hace 14 años”, añadió.

La Central Obrera Regional (COR) y la Federación de Juntas Vecinales de El Alto realizarán hoy una concentración para rendir homenaje a las víctimas. En tanto que la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) protagonizará una marcha desde la Ceja de El Alto hacia la plaza San Francisco, de la ciudad de La Paz, donde se desarrollará un programa especial.

jueves, 12 de octubre de 2017

A 14 años de Octubre, en EEUU avanza un juicio civil y se estanca extradición de Goni

El expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada (Goni) cumple 14 años en Estados Unidos, similar tiempo de la revuelta social que acabó con su dimisión y más de 60 muertos. El trámite de extradición no avanza y permanece en el Departamento de Estado, en Washington.

No ocurre lo mismo con otra alternativa encauzada en busca de justicia en la vía civil. La etapa final podría culminar en el primer semestre de 2018 con un juicio oral que acabará con un sentencia y la fijación de una resarcimiento.

"Por la información que tenemos los procesos (de extradición) siguen entrabados en el ámbito de la esfera diplomática. No hay una respuesta ni afirmativa ni negativa. Es algo que de alguna manera habíamos augurado hace bastante tiempo: Estados Unidos estaban protegiendo y seguirán protegiendo a Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín. El tiempo nos ha dado la razón", indicó el abogado de las víctimas de octubre, Rogelio Mayta.

Sánchez de Lozada, Sánchez Berzaín y Jorge Berinduague huyeron al país del norte tras los hechos de violencia de octubre de 2003, cuando el Gobierno sacó a las Fuerzas Armadas a las calles para aplacar una movilización social que tuvo como epicentro El Alto.


Sánchez de Lozada, que había ganado las elecciones de 2002 y asumido la presidencia con una de las últimas alianzas políticas, ya en febrero enfrentó un motín policial, que acabó con la muerte de militares y policías en un enfrentamiento en el mismo centro del poder político, plaza Murillo.

La ciudad de La Paz estaba bloqueada y huyó junto a su familia en helicóptero desde La Paz a el aeropuerto de El Alto, desde donde, con una escala en Santa Cruz, se dirigió al país del norte. Envió su carta de renuncia y ese 17 de octubre fue aceptada en el Legislativo tras ser leída.

En una semana de choques entre ciudadanos y militares en la ciudad de El Alto más de 60 personas perdieron la vida por impacto de bala y otras 400 resultaron con heridas de distinta gravedad.

Carlos Mesa asumió la presidencia de Bolivia en sucesión constitucional.

Un juicio de responsabilidades fue instaurado en 2004 y en 2011 fue emitida la primera sentencia condenando a siete responsables de la masacre, entre ellos cinco exjefes militares. El expresidente fue declarado rebelde y se inició los trámites de extradición, que hasta el momento no dieron resultado.

El trámite reiniciado luego de subsanar observaciones de Washington permanece en el Departamento de Estado de EEUU sin mayores avances. Una situación contraria ocurre con un proceso civil instaurado por un grupo de víctimas.

Quien fuera jefe del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) reapareció en octubre de 2014 en un aeropuerto de Estados Unidos. Una fotografía del hecho fue publicada en redes sociales.

Mientras que el también conocido como Zorro en la política es una persona activa en la red social Twitter, desde donde cuestiona a la administración de Evo Morales y recientemente publicó una foto de una reunión con el secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagero. No hace referencia, por lo menos últimamente a lo ocurrido en 2003.

La Acción Civil, admitida en 2013, concluyó con la Etapa de Descubrimiento. Según Mayta esa etapa concluyó en agosto pasado e incluyó la presentación de los últimos alegatos por las partes y la declaración de testigos.



"Este proceso avanzó significativamente. Todo este año fue un año de trabajo intenso del equipo jurídico que ayuda a llevar adelante esta demanda. Antes de ingresar a juicio hay una etapa que se denomina Etapa de Descubrimiento que finalizó en agosto pasado con la presentación de las pruebas de uno y otro lado; se tomó declaraciones de testigos. Adicionalmente se tomó las declaraciones de Sánchez Berzaín y Sánchez de Lozada; esto nos hace ver que el proceso está encaminado y esperamos que en el primer semestre del 2018 podamos tener un juicio oral en Estados Unidos", expresó el abogado.

No obstante, Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín aún tienen opción de presentar un alegato más donde -según Mayta- podrían requerir no considerar la causa debido a deficiencias en las pruebras.



"Es un último obstáculo", remarcó el abogado, quien precisó que de ser desahuciado este recurso las exautoridades irían a un juicio oral que sería resuelto en un tiempo breve, incluso en unas "cuantas semanas".

La naturaleza de la acción civil presentada contra las exautoridades de Estado busca también el resarcimiento a las víctimas de la masacre, pero -según Mayta- lo que se busca también es sentar precedente que permita a futuro lograr su extradición.

En memoria de las víctimas, este jueves habrá una misa en la Alcaldía quemada de El Alto, epicentro de un conflicto que derivó en la dimisión de Goni y el inicio de un proceso que acabó con lo que se denominó la democracia pactada al asumir el poder Evo Morales con más del 50% del apoyo ciudadano.

Mucho de los heridos en esas violentas jornadas ya perdieron la vida.

Sánchez Berzaín va al banquillo de acusados por la masacre de octubre de 2003

El exministro de Defensa y Gobierno Carlos Sánchez Berzaín fue al banquillo de acusados por primera vez en el juicio que se le sigue en Estados Unidos, por la masacre de octubre de 2003. El expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada volvió a declarar por el caso.

Sánchez Berzaín, también conocido como el Zorro, escapó a Estados Unidos el 17 de octubre de 2003. Huyó junto con el gobernante de entonces Sánchez de Lozada (Goni), tras una rebelión contra las medidas estatales. En estas protestas murieron 58 personas y centenares quedaron heridas.

Desde entonces han pasado casi 14 años y la exautoridad nunca fue sentada en el banquillo de los acusados... hasta el miércoles 16 y el jueves 17 de agosto de este año.

Entonces —durante siete horas en dos días seguidos, en el bufete de Akin Gump Strauss Hauer & Feld, de Miami— tuvo que responder al proceso civil que se le sigue. Él está acusado de asesinato y ejecuciones extrajudiciales.


El abogado Thomas Becker fue testigo de este interrogatorio. Cuenta que el Zorro respondió tranquilamente a las preguntas. “Estaba confiado, muy confiado”, añade. Por su parte, el abogado de las víctimas de octubre, Rogelio Mayta, añade: “Sánchez Berzaín estaba arrogante, como siempre”.

Sánchez Berzaín pidió que se le hagan las preguntas en inglés, pues adujo que no entendía español, cuenta Mayta. Así ganó tiempo en la traducción y evitó que se le hagan más preguntas.

Durante la interpelación, el Zorro mantuvo su tesis de inocencia. “Dice que no es culpable y que en 2003 había un foco guerrillero. Añade que había un foco guerrillero en Bolivia y había protestas y marchas ilegales”, cuenta el abogado de Harvard, Becker.

SER desconocía que Roca sea dueño de Torres Suant


Ante las declaraciones del empresario cruceño Humberto Roca, radicado en EEUU, de que el edificio Torres Suant, del barrio Urbarí, es de su propiedad, en el mismo donde han sido embargados 34 departamentos por deudas tributarias, el secretario de Recaudaciones de la comuna, Joaquín Crapuzzi, indicó que desconocía la identidad del propietario del inmueble, añadiendo que más bien figura otra persona con apellidos diferentes.

“He leído el periódico y me he visto sorprendido por las declaraciones de Roca, mandé revisar la documentación y ninguno de los 34 apartamentos embargados en esta primera fase está a su nombre, la deuda global de una de las torres es de Bs 200.000, por una gestión, pero la deuda total es de Bs 600.000, por lo que habrá nuevas intervenciones en ese edificio”, explicó.

Indicó que el lunes, cuando se hizo la incautación, se apersonaron dos propietarios de departamentos y cancelaron sus deudas, una por Bs 7.000 y la otra por 9.000; así como también acudieron otros dos dueños para gestionar el pago de los tributos en cuotas.

Dijo que hay otros departamentos con deudas menores, pero los propietarios dejaron de pagar sus impuestos. “En 2009 se hizo la inscripción del edificio, ahora, que el que los mandó construir no haya hecho las transferencias, ese es un problema de él y de los compradores”, agregó.

Por su parte, Roca recordó que el bien está con anotación preventiva dentro de los procesos que le sigue el Estado. “He pedido a mis abogados que negocien con la comuna un plan de pagos; solo espero que den buen uso a ese dinero porque la corrupción en la Alcaldía es terrible”, anotó vía Skype. /Igor Ruiz

miércoles, 11 de octubre de 2017

Roca: “Pediremos a la Alcaldía un plan de pago; ojalá den buen uso al dinero”


La Secretaría de Recaudaciones (SER) de la Alcaldía embargó 34 apartamentos de Torres Suant, ubicadas en el segundo anillo y barrio Urbarí, por una deuda de Bs 200.000 por concepto de impuesto a la propiedad de inmuebles de 2011. Estas torres son de propiedad de la familia del empresario Humberto Roca, expresidente de Aerosur, que radica en Estados Unidos desde 2012. EL DEBER conversó con él vía Skype.

¿Qué opinión tiene sobre el embargo de los 34 apartamentos?
Esos apartamentos son parte del patrimonio de mi familia, que fue perjudicada por acciones del Gobierno. El Gobierno, de forma irregular, arbitraria y fuera de norma, realizó las anotaciones preventivas de esos bienes. En realidad esos apartamentos no están terminados, están es construcción. Entonces, el embargo es a la construcción, no a los apartamentos. Esa construcción quedó en una situación jurídica rara. Nosotros hemos enviado personas a la comuna para que negocien un plan de pago. Me parece muy bien que la Alcaldía cobre los tributos, pero lo que hay que cobrarle a la Alcaldía es que haga un buen uso de esas recursos, porque la corrupción en la Alcaldía es terrible.

¿A cuánto asciende la deuda?
No sé, pero hay que ver que el precio sea justo, porque no se olvide que son apartamentos sin terminar, aunque hay algunos que sí están habitados. Hay que verificar cuánto es el valor catastral para proceder a un plan de pago.

Hemos pedido a los abogados que vayan y hagan una negociación para un plan de pago. Reitero, me parece bien que cobren, además hemos visto que han hecho un buen show mediático para que todos los contribuyentes paguen sus impuestos. Ojalá que esos montos no se vayan al bolsillo de algunos.


¿En manos de quién están las torres?

Ese inmueble formaba parte del patrimonio de mi familia, así como muchos más que acabaron en manos de otras personas como una quinta que pertenecía a mi mamá, que murió hace poco. Aparecieron unos tipos, se entraron a la quinta aduciendo que era de ellos, falsificaron todos los papeles, incluso la Alcaldía les aprobó los planos. Esa quinta perteneció a mi tatarabuelo.

Somos la única familia de Bolivia que ha recibido la furia y la rabia de este Gobierno por haberle dicho que no sean corruptos, que respeten las normas.

¿Hay gente que ha pagado por esos apartamentos pero no están a su nombre?
Sí, por el accionar abusivo e ilegal del Gobierno. Hay propietarios que han comprado, han pagado, se les dio la transferencia pero al momento de ponerlos a su nombre se vieron imposibilitados de hacerlo, porque esos bienes fueron anotados preventivamente.

¿Cuántos apartamentos se estaban construyendo en las cuatro torres?
En total eran 200 y tantos. La torre amarilla no fue terminada por la anotación preventiva.

¿Qué gestiones está haciendo para recuperar sus bienes?
Hemos intentado de todo, inclusive un tiempo en la Alcaldía no nos dejaron pagar impuestos. A ninguna persona de mi familia ni a mí nos permiten dar poderes en los consulados. Está prohibido. En otras palabras, a nosotros nos han quitado hasta la nacionalidad. Es una situación increíble. Ya no soy boliviano, no sé de dónde soy, no tengo pasaporte, no tengo carné de identidad, no tengo nada.

¿No teme perder sus bienes?
Ya he perdido tanto, pero felizmente fueron bienes materiales, no perdí a mi familia, con excepción de mi mamá, que murió amargada por su quinta. (...) Hay mucha gente en Santa Cruz que se aprovechó de todos mis bienes, yo básicamente lo tengo por perdido porque no existe una acción legal posible para recuperarlos. Pero eso sí, yo no he quedado debiendo ni un peso a ningún banco ni a ninguna institución boliviana y esos impuestos serán pagados. ¿Qué pasará después con esos bienes? Vaya uno a saber. Independientemente de esto tengo una demanda contra Bolivia por las irregularidades que se han cometido contra mi persona y mi familia, la demanda será procedente.

¿Si dice que antes no pudo pagar su impuesto, cree que ahora podrá hacerlo?
Mire, yo siempre he tenido intenciones de pagar todo lo que en justicia y en sentimiento me corresponden. Lo que me he negado a pagar es todo aquello que me achacan. En este caso de los inmuebles, vamos a ajustarnos a un plan de pago. Felicito a la Alcaldía por exigir el pago de los impuestos, pero hay que fiscalizar para que ese dinero no vaya a la corrupción. Hemos recibido algunas llamadas de amigos de funcionarios que dicen: Nosotros lo arreglamos.

Pero yo ya escarmenté, no voy a ser permisivo con nada. Todo lo de Bolivia lo tengo ya por perdido, para mí no existen, hemos perdido el 95% de todos nuestros bienes y activos. Todo el patrimonio por el que trabajé durante más de 30 años está en manos de gente inescrupulosa, mentirosa y cínica. Destruyeron Aerosur, una empresa hermosa, encima me achacaron a mí. Acá me enteré de que yo había sido un palo blanco, imagínese. Qué vamos a hacer, c'est la vie.