martes, 17 de octubre de 2017

EEUU protege a Goni y a Carlos Sánchez Berzaín



El presidente Evo Morales escribió ayer en su cuenta de Twitter que los crímenes de lesa humanidad, como los cometidos hace 14 años en la masacre de octubre durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, no pueden quedar impunes.

“¡Justicia! es el grito de víctimas de Sánchez de Lozada y colaboradores. Asesinatos y sacrificio de compatriotas no pueden quedar impunes”, dice el tuit del Jefe de Estado.

El canciller Fernando Huanacuni dijo a Cambio que Estados Unidos protege a Goni y a Carlos Sánchez Berzaín al no dar curso al trámite de extradición, y ambos “hoy se presentan como grandes demócratas, cuando no lo son”.

“La Cancillería, en las diferentes etapas, siempre ha cumplido con todos los requerimientos en el marco de la extradición. Sabemos todo lo que ha ocurrido en octubre de 2003, hubo masacre, esa es la palabra correcta”, aseveró.

Hace 14 años, recordó Huanacuni, ciudadanos bolivianos y bolivianas, que defendían un recurso vital e importante para el país (el gas, para que no sea exportado a Chile), fueron masacrados.

“Los que lideraron y ejecutaron toda esa masacre, hoy están siendo protegidos por el imperio. Eso es evidente, sino no estuvieran ahí apoyados por Estados Unidos, gestando vulneraciones a la democracia, no sólo de Bolivia, sino del continente”, subrayó.

Falta de voluntad política
El Gobierno cumplió todos los procedimientos jurídicos para la extradición, los familiares también lo hicieron con los requisitos establecidos por las cortes, pero la falta de voluntad política de Estados Unidos los protege.

Goni y Sánchez Berzaín “vulneraron el derecho a la vida y la democracia, el respeto a la vida profunda. Por lo tanto, lo digo como persona y Cancillería que están siendo protegidos por el imperio”, insistió el Ministro.

Los presidentes George Bush y Barack Obama no dieron curso a la solicitud, y Donald Trump no se pronunció. De esa manera frustran la posibilidad de que Goni y sus colaboradores rindan cuentas ante la justicia boliviana, como demandan las víctimas y los familiares de las cruentas jornadas.

Contexto

La primera rebelión contra el gobierno de Goni se dio en febrero de 2003, en rechazo al ‘impuestazo’ al salario.
La segunda, y que significó su caída, se registró por el intento de vender gas natural a Chile, sin importar la histórica demanda marítima boliviana.

- 14 años se cumplen hoy de la huida de Goni a EEUU, luego de poner su cargo a consideración del Congreso.

- 67 muertos y 420 heridos, especialmente en la ciudad de El Alto, es el saldo que dejó la denominada masacre de octubre.

Sólo falta extraditar a Sánchez de Lozada



En 2004 y 2005 no se hizo nada por extraditar a Goni, pero en 2006, con la llegada al Gobierno del presidente Evo Morales, se efectuaron las primeras gestiones que no se concretan porque EEUU lo protege.

Abel Mamani, exministro de Agua y que en 2003 era dirigente vecinal del Distrito 3 de la ciudad de El Alto, recuerda que, después de que Gonzalo Sánchez de Lozada encontró refugió en EEUU, el 17 de octubre de ese año se aprobó la Agenda de Octubre, y uno de los principales puntos era su extradición.

“El encubrimiento del Gobierno de Estados Unidos no da curso a esta demanda de los bolivianos. Goni cuando estaba en funciones ordenó a las Fuerzas Armadas masacrar al pueblo alteño, a los movilizados”, explicó.

Mamani, que participó en esas jornadas, refiere que el único punto pendiente de la agenda de Octubre es la extradición del expresidente. Los demás puntos, como la nacionalización de los hidrocarburos, se dieron el 1 de mayo de 2006. También está en marcha el proceso de industrialización, como la Planta de Urea, que incluye la creación de empresas públicas.

Además se recuperaron las empresas estratégicas como Entel y otras.

“Ojalá el Gobierno de Estados Unidos reflexione y dé curso a la extradición para que Goni pague sus culpas por el genocidio que desató en el país hace 14 años”, añadió.

La Central Obrera Regional (COR) y la Federación de Juntas Vecinales de El Alto realizarán hoy una concentración para rendir homenaje a las víctimas. En tanto que la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) protagonizará una marcha desde la Ceja de El Alto hacia la plaza San Francisco, de la ciudad de La Paz, donde se desarrollará un programa especial.

jueves, 12 de octubre de 2017

A 14 años de Octubre, en EEUU avanza un juicio civil y se estanca extradición de Goni

El expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada (Goni) cumple 14 años en Estados Unidos, similar tiempo de la revuelta social que acabó con su dimisión y más de 60 muertos. El trámite de extradición no avanza y permanece en el Departamento de Estado, en Washington.

No ocurre lo mismo con otra alternativa encauzada en busca de justicia en la vía civil. La etapa final podría culminar en el primer semestre de 2018 con un juicio oral que acabará con un sentencia y la fijación de una resarcimiento.

"Por la información que tenemos los procesos (de extradición) siguen entrabados en el ámbito de la esfera diplomática. No hay una respuesta ni afirmativa ni negativa. Es algo que de alguna manera habíamos augurado hace bastante tiempo: Estados Unidos estaban protegiendo y seguirán protegiendo a Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín. El tiempo nos ha dado la razón", indicó el abogado de las víctimas de octubre, Rogelio Mayta.

Sánchez de Lozada, Sánchez Berzaín y Jorge Berinduague huyeron al país del norte tras los hechos de violencia de octubre de 2003, cuando el Gobierno sacó a las Fuerzas Armadas a las calles para aplacar una movilización social que tuvo como epicentro El Alto.


Sánchez de Lozada, que había ganado las elecciones de 2002 y asumido la presidencia con una de las últimas alianzas políticas, ya en febrero enfrentó un motín policial, que acabó con la muerte de militares y policías en un enfrentamiento en el mismo centro del poder político, plaza Murillo.

La ciudad de La Paz estaba bloqueada y huyó junto a su familia en helicóptero desde La Paz a el aeropuerto de El Alto, desde donde, con una escala en Santa Cruz, se dirigió al país del norte. Envió su carta de renuncia y ese 17 de octubre fue aceptada en el Legislativo tras ser leída.

En una semana de choques entre ciudadanos y militares en la ciudad de El Alto más de 60 personas perdieron la vida por impacto de bala y otras 400 resultaron con heridas de distinta gravedad.

Carlos Mesa asumió la presidencia de Bolivia en sucesión constitucional.

Un juicio de responsabilidades fue instaurado en 2004 y en 2011 fue emitida la primera sentencia condenando a siete responsables de la masacre, entre ellos cinco exjefes militares. El expresidente fue declarado rebelde y se inició los trámites de extradición, que hasta el momento no dieron resultado.

El trámite reiniciado luego de subsanar observaciones de Washington permanece en el Departamento de Estado de EEUU sin mayores avances. Una situación contraria ocurre con un proceso civil instaurado por un grupo de víctimas.

Quien fuera jefe del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) reapareció en octubre de 2014 en un aeropuerto de Estados Unidos. Una fotografía del hecho fue publicada en redes sociales.

Mientras que el también conocido como Zorro en la política es una persona activa en la red social Twitter, desde donde cuestiona a la administración de Evo Morales y recientemente publicó una foto de una reunión con el secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagero. No hace referencia, por lo menos últimamente a lo ocurrido en 2003.

La Acción Civil, admitida en 2013, concluyó con la Etapa de Descubrimiento. Según Mayta esa etapa concluyó en agosto pasado e incluyó la presentación de los últimos alegatos por las partes y la declaración de testigos.



"Este proceso avanzó significativamente. Todo este año fue un año de trabajo intenso del equipo jurídico que ayuda a llevar adelante esta demanda. Antes de ingresar a juicio hay una etapa que se denomina Etapa de Descubrimiento que finalizó en agosto pasado con la presentación de las pruebas de uno y otro lado; se tomó declaraciones de testigos. Adicionalmente se tomó las declaraciones de Sánchez Berzaín y Sánchez de Lozada; esto nos hace ver que el proceso está encaminado y esperamos que en el primer semestre del 2018 podamos tener un juicio oral en Estados Unidos", expresó el abogado.

No obstante, Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín aún tienen opción de presentar un alegato más donde -según Mayta- podrían requerir no considerar la causa debido a deficiencias en las pruebras.



"Es un último obstáculo", remarcó el abogado, quien precisó que de ser desahuciado este recurso las exautoridades irían a un juicio oral que sería resuelto en un tiempo breve, incluso en unas "cuantas semanas".

La naturaleza de la acción civil presentada contra las exautoridades de Estado busca también el resarcimiento a las víctimas de la masacre, pero -según Mayta- lo que se busca también es sentar precedente que permita a futuro lograr su extradición.

En memoria de las víctimas, este jueves habrá una misa en la Alcaldía quemada de El Alto, epicentro de un conflicto que derivó en la dimisión de Goni y el inicio de un proceso que acabó con lo que se denominó la democracia pactada al asumir el poder Evo Morales con más del 50% del apoyo ciudadano.

Mucho de los heridos en esas violentas jornadas ya perdieron la vida.

Sánchez Berzaín va al banquillo de acusados por la masacre de octubre de 2003

El exministro de Defensa y Gobierno Carlos Sánchez Berzaín fue al banquillo de acusados por primera vez en el juicio que se le sigue en Estados Unidos, por la masacre de octubre de 2003. El expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada volvió a declarar por el caso.

Sánchez Berzaín, también conocido como el Zorro, escapó a Estados Unidos el 17 de octubre de 2003. Huyó junto con el gobernante de entonces Sánchez de Lozada (Goni), tras una rebelión contra las medidas estatales. En estas protestas murieron 58 personas y centenares quedaron heridas.

Desde entonces han pasado casi 14 años y la exautoridad nunca fue sentada en el banquillo de los acusados... hasta el miércoles 16 y el jueves 17 de agosto de este año.

Entonces —durante siete horas en dos días seguidos, en el bufete de Akin Gump Strauss Hauer & Feld, de Miami— tuvo que responder al proceso civil que se le sigue. Él está acusado de asesinato y ejecuciones extrajudiciales.


El abogado Thomas Becker fue testigo de este interrogatorio. Cuenta que el Zorro respondió tranquilamente a las preguntas. “Estaba confiado, muy confiado”, añade. Por su parte, el abogado de las víctimas de octubre, Rogelio Mayta, añade: “Sánchez Berzaín estaba arrogante, como siempre”.

Sánchez Berzaín pidió que se le hagan las preguntas en inglés, pues adujo que no entendía español, cuenta Mayta. Así ganó tiempo en la traducción y evitó que se le hagan más preguntas.

Durante la interpelación, el Zorro mantuvo su tesis de inocencia. “Dice que no es culpable y que en 2003 había un foco guerrillero. Añade que había un foco guerrillero en Bolivia y había protestas y marchas ilegales”, cuenta el abogado de Harvard, Becker.

SER desconocía que Roca sea dueño de Torres Suant


Ante las declaraciones del empresario cruceño Humberto Roca, radicado en EEUU, de que el edificio Torres Suant, del barrio Urbarí, es de su propiedad, en el mismo donde han sido embargados 34 departamentos por deudas tributarias, el secretario de Recaudaciones de la comuna, Joaquín Crapuzzi, indicó que desconocía la identidad del propietario del inmueble, añadiendo que más bien figura otra persona con apellidos diferentes.

“He leído el periódico y me he visto sorprendido por las declaraciones de Roca, mandé revisar la documentación y ninguno de los 34 apartamentos embargados en esta primera fase está a su nombre, la deuda global de una de las torres es de Bs 200.000, por una gestión, pero la deuda total es de Bs 600.000, por lo que habrá nuevas intervenciones en ese edificio”, explicó.

Indicó que el lunes, cuando se hizo la incautación, se apersonaron dos propietarios de departamentos y cancelaron sus deudas, una por Bs 7.000 y la otra por 9.000; así como también acudieron otros dos dueños para gestionar el pago de los tributos en cuotas.

Dijo que hay otros departamentos con deudas menores, pero los propietarios dejaron de pagar sus impuestos. “En 2009 se hizo la inscripción del edificio, ahora, que el que los mandó construir no haya hecho las transferencias, ese es un problema de él y de los compradores”, agregó.

Por su parte, Roca recordó que el bien está con anotación preventiva dentro de los procesos que le sigue el Estado. “He pedido a mis abogados que negocien con la comuna un plan de pagos; solo espero que den buen uso a ese dinero porque la corrupción en la Alcaldía es terrible”, anotó vía Skype. /Igor Ruiz

miércoles, 11 de octubre de 2017

Roca: “Pediremos a la Alcaldía un plan de pago; ojalá den buen uso al dinero”


La Secretaría de Recaudaciones (SER) de la Alcaldía embargó 34 apartamentos de Torres Suant, ubicadas en el segundo anillo y barrio Urbarí, por una deuda de Bs 200.000 por concepto de impuesto a la propiedad de inmuebles de 2011. Estas torres son de propiedad de la familia del empresario Humberto Roca, expresidente de Aerosur, que radica en Estados Unidos desde 2012. EL DEBER conversó con él vía Skype.

¿Qué opinión tiene sobre el embargo de los 34 apartamentos?
Esos apartamentos son parte del patrimonio de mi familia, que fue perjudicada por acciones del Gobierno. El Gobierno, de forma irregular, arbitraria y fuera de norma, realizó las anotaciones preventivas de esos bienes. En realidad esos apartamentos no están terminados, están es construcción. Entonces, el embargo es a la construcción, no a los apartamentos. Esa construcción quedó en una situación jurídica rara. Nosotros hemos enviado personas a la comuna para que negocien un plan de pago. Me parece muy bien que la Alcaldía cobre los tributos, pero lo que hay que cobrarle a la Alcaldía es que haga un buen uso de esas recursos, porque la corrupción en la Alcaldía es terrible.

¿A cuánto asciende la deuda?
No sé, pero hay que ver que el precio sea justo, porque no se olvide que son apartamentos sin terminar, aunque hay algunos que sí están habitados. Hay que verificar cuánto es el valor catastral para proceder a un plan de pago.

Hemos pedido a los abogados que vayan y hagan una negociación para un plan de pago. Reitero, me parece bien que cobren, además hemos visto que han hecho un buen show mediático para que todos los contribuyentes paguen sus impuestos. Ojalá que esos montos no se vayan al bolsillo de algunos.


¿En manos de quién están las torres?

Ese inmueble formaba parte del patrimonio de mi familia, así como muchos más que acabaron en manos de otras personas como una quinta que pertenecía a mi mamá, que murió hace poco. Aparecieron unos tipos, se entraron a la quinta aduciendo que era de ellos, falsificaron todos los papeles, incluso la Alcaldía les aprobó los planos. Esa quinta perteneció a mi tatarabuelo.

Somos la única familia de Bolivia que ha recibido la furia y la rabia de este Gobierno por haberle dicho que no sean corruptos, que respeten las normas.

¿Hay gente que ha pagado por esos apartamentos pero no están a su nombre?
Sí, por el accionar abusivo e ilegal del Gobierno. Hay propietarios que han comprado, han pagado, se les dio la transferencia pero al momento de ponerlos a su nombre se vieron imposibilitados de hacerlo, porque esos bienes fueron anotados preventivamente.

¿Cuántos apartamentos se estaban construyendo en las cuatro torres?
En total eran 200 y tantos. La torre amarilla no fue terminada por la anotación preventiva.

¿Qué gestiones está haciendo para recuperar sus bienes?
Hemos intentado de todo, inclusive un tiempo en la Alcaldía no nos dejaron pagar impuestos. A ninguna persona de mi familia ni a mí nos permiten dar poderes en los consulados. Está prohibido. En otras palabras, a nosotros nos han quitado hasta la nacionalidad. Es una situación increíble. Ya no soy boliviano, no sé de dónde soy, no tengo pasaporte, no tengo carné de identidad, no tengo nada.

¿No teme perder sus bienes?
Ya he perdido tanto, pero felizmente fueron bienes materiales, no perdí a mi familia, con excepción de mi mamá, que murió amargada por su quinta. (...) Hay mucha gente en Santa Cruz que se aprovechó de todos mis bienes, yo básicamente lo tengo por perdido porque no existe una acción legal posible para recuperarlos. Pero eso sí, yo no he quedado debiendo ni un peso a ningún banco ni a ninguna institución boliviana y esos impuestos serán pagados. ¿Qué pasará después con esos bienes? Vaya uno a saber. Independientemente de esto tengo una demanda contra Bolivia por las irregularidades que se han cometido contra mi persona y mi familia, la demanda será procedente.

¿Si dice que antes no pudo pagar su impuesto, cree que ahora podrá hacerlo?
Mire, yo siempre he tenido intenciones de pagar todo lo que en justicia y en sentimiento me corresponden. Lo que me he negado a pagar es todo aquello que me achacan. En este caso de los inmuebles, vamos a ajustarnos a un plan de pago. Felicito a la Alcaldía por exigir el pago de los impuestos, pero hay que fiscalizar para que ese dinero no vaya a la corrupción. Hemos recibido algunas llamadas de amigos de funcionarios que dicen: Nosotros lo arreglamos.

Pero yo ya escarmenté, no voy a ser permisivo con nada. Todo lo de Bolivia lo tengo ya por perdido, para mí no existen, hemos perdido el 95% de todos nuestros bienes y activos. Todo el patrimonio por el que trabajé durante más de 30 años está en manos de gente inescrupulosa, mentirosa y cínica. Destruyeron Aerosur, una empresa hermosa, encima me achacaron a mí. Acá me enteré de que yo había sido un palo blanco, imagínese. Qué vamos a hacer, c'est la vie.

martes, 10 de octubre de 2017

El 59% de los bolivianos cree que creció la corrupción


Según el reciente informe publicado por la organización Transparencia Internacional (TI), el 59% de los bolivianos que fueron parte de una encuesta cree que la corrupción se ha incrementado en Bolivia en el último tiempo.

La encuesta fue realizada por la empresa Latinobarómetro y Servicios de Investigación de Mercados entre mayo y diciembre de 2016. De la misma participaron un total de 22.203 personas pertenecientes a 20 países de Latinoamérica y el Caribe.

Los resultados de las consultas fueron publicados ayer bajo el nombre de Las Personas y la Corrupción: América Latina y el Caribe. En ella se puede ver que Bolivia ocupa el puesto 12 de los 20 países de la encuesta.

“Los ciudadanos de Venezuela, Chile, Brasil y Perú fueron particularmente críticos, tres cuartos dijeron que la corrupción estaba en aumento (del 78% al 87%)”, señala el informe.



León pide levantar secreto profesional

El abogado Eduardo León presentó ayer una solicitud para que una juez levante el secreto profesional y le autorice hacer público varios documentos y comunicaciones que Gabriela Zapata mantenía con ministros.

Suleika Lanza, abogada de León, confirmó que el pedido fue presentado ante la juez noveno de materia en lo penal, Regina Santa Cruz.

“Lo que corresponde ahora es que se nos otorgue la autorización para revelar estos hechos, actos, pruebas, de llamadas, comunicaciones y contactos entre altas autoridades del Estado y la señora Gabriela Zapata”, aseveró ayer León en puertas de la Fiscalía.

El abogado señala que lo que tiene en su poder son pruebas materiales y no solo declaraciones sueltas o afirmaciones de su excliente Zapata.

“El poder político sabe a que nos referimos, por ejemplo, son comunicaciones permanentes que se han tenido entre Zapata, ministros y dignatarios de Estado”, afirmó.

Señaló que estas pruebas ponen en riesgo su vida, pero incluso está dispuesto a que las voces que se tiene en algunos audios sean sometidos a pericias, para comprobar que el Gobierno tenía conocimiento de las acciones que realizaba Zapata.

Por otro lado, la abogada Lanza señaló que en la Fiscalía departamental se presentó una denuncia contra la fiscal Karina Cuba por el delito de incumplimiento como titular del caso de trata de personas que se sigue por la suplantación del hijo de la expareja del presidente Evo Morales.

Lanza señala que del cuaderno de investigaciones se han extraviado varias pruebas, entre ellas la declaración ampliatoria de Zapata, además que hasta la fecha no se tiene el desdoblamiento de la reconstrucción de los hechos e inspección de los lugares donde un menor de cinco años fue utilizado para suplantar a un supuesto hijo que Zapata había concebido.

En esa línea, el abogado León pidió que se levante el secreto profesional a su persona para que revele la información y documentos “clave” dentro del caso Zapata, que incluso vinculan al presidente Evo Morales y a su entorno familiar, al igual que a otras autoridades de Estado.

“Van a caer muchas personas, va a llegar a afectar al Presidente del Estado y no solo a él, sino a su entorno familiar (del mandatario) porque hubo una relación de familia. (Gabriela) Zapata era tratada en calidad de familiar. Hay cosas que no se pueden negar observando las pruebas”, declaró.

59% cree que aumentó la corrupción

La mayoría de los bolivianos, en un porcentaje del 59%, considera que la corrupción se ha incrementado en el país, según un informe publicado este lunes por Transparencia Internacional (TI).

El reporte denominado “Las Personas y la Corrupción: América Latina y el Caribe”, contiene información de encuestas realizadas en 20 países de Latinoamérica, sobre las experiencias de los ciudadanos con la corrupción.

PERCEPCIÓN

Bolivia ocupa el lugar 12 en el índice de personas que creen que la corrupción aumentó en su país, mientras que en el primer puesto está Venezuela donde el 87% sostiene que la corrupción ha aumentado.

Otro dato que destaca es que el 53% de los bolivianos cree que su gobierno hace las cosas mal respecto a combatir la corrupción, y que el 32%, por el contrario, tiene una buena impresión del desempeño gubernamental en este tema.

SOBORNOS

Asimismo, según el reporte, el 28% de los encuestados en Bolivia admitió haber pagado sobornos a funcionarios para recibir servicios públicos, ya sea en la escuela, policía, tribunales, salud o trámites gubernamentales.

El estudio señala que la mayoría de los sobornos reportados por bolivianos fueron en servicios de salud, seguido de la escuela, servicio públicos, policía y documento de identidad.

TI: Uno de cada tres latinos paga algún tipo de soborno

TRANSPARENCIA. Casi un tercio de los latinoamericanos pagaron sobornos en el último año para acceder a servicios públicos, como salud o justicia, en una práctica que no diferencia género ni clase social, según una encuesta de la ONG Transparencia Internacional (TI) en todo el mundo.


El sondeo, realizado a domicilio a más de 22.000 personas de 20 países de América Latina y el Caribe, revela un cuadro de rampante corrupción en la región, con especial recelo de los ciudadanos hacia su policía y los políticos, y ante el cual la respuesta gubernamental es considerada insuficiente. El soborno representa un modo de enriquecerse para unos pocos y un gran obstáculo para acceder a servicios públicos clave, en especial para los sectores más vulnerables de la sociedad. El sistema termina arrastrando a parte de la población. Un 29% de los ciudadanos que usaron seis servicios públicos (educación, atención médica, adquisición de documentos de identidad, policía, servicios básicos y tribunales) pagaron algún soborno en los 12 meses anteriores, según TI. La organización calcula que ello representa unas 90 millones de personas, sin mayores diferencias entre género, edad y clase social, aunque acotó que los pagos de sobornos pueden ser una carga desproporcionadamente mayor para los más pobres. “El soborno representa un modo de enriquecerse para unos pocos y un gran obstáculo para acceder a servicios públicos clave, en especial para los sectores más vulnerables de la sociedad”, dijo el presidente de Transparencia Internacional, José Ugaz, citado en un comunicado. El reporte destacó que a pesar de las recientes manifestaciones anticorrupción en Brasil, Guatemala y Venezuela, casi dos tercios (62%) de los encuestados afirmaron que la corrupción había aumentado. ¿Los más corruptos? Policías y políticos, según 47% de los consultados. En el caso de la policía, se eleva a 73% en Venezuela, y 69% para los políticos en Paraguay. También, más de la mitad de los encuestados reprueba la respuesta de los gobiernos, especialmente los venezolanos y los peruanos, con 76% y 73% respectivamente. “Los latinoamericanos y caribeños están siendo defraudados por sus gobiernos, su clase política y los líderes del sector privado”, dijo Ugaz, destacando que el escándalo brasileño del Lava Jato “demuestra que la corrupción está ampliamente extendida” en la región. Por el contrario, la gran mayoría (70%) confía en que los ciudadanos pueden tener un papel positivo en la lucha contra la corrupción, especialmente en Brasil (83%), donde los escándalos millonarios tienen acorralada a prácticamente toda la clase política. “El soborno es una experiencia demasiado habitual” en la región, según la ONG.

sábado, 7 de octubre de 2017

viernes, 6 de octubre de 2017

Ordenan incinerar arroz que incautaron a Ostreicher


Las 69.000, 82 fanegas de arroz, equivalentes a casi 8.000 toneladas, que el 5 de noviembre de 2011 fueron recepcionadas por la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) no sirven ni para abonar la tierra y serán destruidas.

Marcelo Gutiérrez, director nacional de Dircabi, indicó que se recibió dos informes que confirman que las 25.916 fanegas de grano de oro y las 49.166 de Epagri, cosechadas de las propiedades El Cruce I y Los Tucanes, “ya no tienen ningún valor comercial” y “tienen un gran porcentaje de contaminación” por lo que se ha resuelto quemarlas.

La millonaria cosecha, cuyo valor comercial era de $us 1,5 millones, ahora es el nido de ratas y hongos que se expande y afectan a los cultivos de los agricultores de la provincia Guarayos, en el límite de Santa Cruz y Beni.

Dircabi recibió quejas de los cuidantes de las propiedades incautadas y de los pobladores. “El mal olor se siente a kilómetros”, agregó Gutiérrez, sin marcar la fecha de la destrucción.

Por el deterioro y despilfarro del arroz, hace tres semanas Mirtha Encarnación Jiménez Bejar, ex directora nacional de Dircabi, fue enviada a Palmasola. Gutiérrez evitó la monetización del grano generando pérdidas millonarias.

El proceso por legitimación de ganancias ilícitas en contra de Ostreicher, de Claudia Rodríguez y Maximiliano Dorado (preso en Brasil), entre otros, continúa. El

tribunal de sentencia que es presidido por Gladis Alba fijó el juicio para este mes, pero se postergó. Ahora se envió un exhorto a Brasil para que informe sobre la situación de Dorado.

El 11 de septiembre Ostreicher habló con EL DEBER y expresó su intención de retornar al país.

Rechazan por sexta vez que Achacollo abandone la cárcel

Nemesia Achacollo, exministra de Desarrollo Rural, deberá permanecer en la cárcel de Miraflores en La Paz. Hoy la juez segundo de instrucción en lo penal, Wiat Belzu, rechazó, por sexta vez, el pedido de cesación a la detención preventiva que interpuso la defensa de la exautoridad.

Involucrada en el caso Fondo Indígena, la mujer permanece tras las rejas por más de 14 meses, tras que fuera remitida a ese penal en agosto de 2016. Es acusada por incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y favorecimiento al enriquecimiento ilícito.



Al igual que en planteamientos anteriores, la defensa de Achacollo solicitó que se la beneficie con detención domiciliaria y estuvo dispuesta a pagar una fianza de 20.000 bolivianos, aspectos que no fueron suficientes para que deje el recinto carcelario para mujeres.

La exministra está involucrada en el proceso judicial por los presuntos malos manejos en el Fondo Indígena. Las denuncias de irregularidades datan de hace más de dos años y hasta ahora no se instaló el juicio contra los responsables.


jueves, 5 de octubre de 2017

martes, 3 de octubre de 2017

Juez ratifica detención domiciliaria para expresidente de la estatal YPFB por caso Taladros



La Fiscalía pidió que se le revocara la detención domiciliaria al expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Guillermo Achá por el caso Taladros, pero la Justicia decidió rechazar el pedido de enviarlo a la cárcel y ratificó las medidas sustitutivas a la detención en La Paz.

"Yo esperaba que pueda darse la oportunidad de trabajar y estar con mi familia, son cuatro meses que estoy lejos de ellos. Yo tengo un trabajo, una familia en la ciudad de Santa Cruz y esperaba retornar allá. Voy a esperar que la investigación continúe porque tengo certeza, la convicción de que realmente por lo menos yo no he hecho absolutamente nada", dijo el exhombre fuerte de la estatal petrolera.

Desde el 21 de junio pasado permanece en detención domiciliaria por el caso Taladros y fue imputado por los delitos de conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado, uso indebido de influencias, incubrimiento e incumplimiento de deberes por irregularidades en el proceso de adjudicación a la empresa italiana Drillmec para la provisión de tres equipos de perforación por $us 148 millones.


"Yo espero que se aclare todo. He tenido una afectación muy grande debido a estas peculiaridades que se han ido dando. Son once años de trabajo en YPFB y creo que hice bien las cosas", insistió.

Iván Córdova, presidente de la Sala Penal, ratificó la detención domiciliaria para la exautoridad, en tanto que su abogado, Héctor Castellón, consideró como excesiva la sanción y advirtió que el tribunal observó que el Ministerio Público no pudo comprobar los delitos contra su cliente.



"Se ha demostrado que tiene un trabajo en Santa Cruz, y la familia y el domicilio está en Santa Cruz no se entiende por qué la detención es en La Paz, es un contrasentido", aseguró el abogado.

Más temprano, por el mismo caso se suspendió la audiencia de cesación a la detención preventiva de Cinthia Novillo, quien desde junio guarda detención en el penal de mujeres de la zona de Obrajes. (02/10/2017)


domingo, 1 de octubre de 2017

En 5 casos de corrupción en las FFAA se calcula un daño económico de casi $us 40 millones

En la audiencia de Rendición Pública de Cuentas parcial de 2017, el Ministerio de Defensa reveló que en los procesos “más relevantes” de corrupción en las Fuerzas Armadas (FFAA) se ha establecido un daño económico de casi $us 40 millones.

La información fue proporcionada por el director Jurídico del Ministerio de Defensa, Manuel Porcel, quien en su exposición mencionó solo cinco “procesos penales relevantes iniciados por el Ministerio de Defensa” que dejaron un millonario daño económico al Estado.

El primer caso es el denominado Barcazas chinas/Enabol, en la que 21 personas están implicadas en la compra “fraudulenta” de 16 barcazas y dos empujadores, ocasionando un daño económico de $us 28,9 millones. Los involucrados fueron acusados por los delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, entre otros. En este proceso se espera que la autoridad jurisdiccional fije fecha y hora para el inicio del juicio oral.

El segundo hecho relevante tiene que ver con la quiebra de la Empresa de Construcciones del Ejercito (ECE), que dejó un daño económico de al menos 60.919.828 bolivianos, monto que fue un anticipo para la ejecución de seis obras en distintos puntos del país. Por este hecho fueron detenidos varios militares, entre ellos el exgerente de la ECE, Nikita Apaza López, por los supuestos delitos de incumplimiento de contratos, malversación de recursos y enriquecimiento ilícito.

Porcel detalló un tercer proceso penal seguido por Defensa denominado caso cemento asfaltico. La irregularidad se suscitó en el Comando de Ingeniería del Ejercito que ocasionó un daño de 10 millones de bolivianos aproximadamente. Por este hecho fue procesado el general Mario Merino Revollo y otras personas por los delitos de incumplimiento de contratos, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.

El abogado dijo que un cuarto proceso está vinculado al caso aviones T-33 en la que son procesadas varias personas por delitos de negociaciones incompatibles con el Estado, incumplimiento de deberes contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos y conducta antieconómica. Este hecho ocasionó un daño económico de al menos 5.392.332 bolivianos.

Mencionó que se sigue un quinto hecho de corrupción en contra del Almirante Freddy Ballesteros (también implicado en el caso Barcazas) y otros, son imputados por delitos de incumplimiento de deberes, peculado y enriquecimiento ilícito. El daño económico en este caso es de 3.335.662 bolivianos aproximadamente

El Ministerio de Defensa sigue el proceso contra varias personas comprometidas en la entrega de los misiles chinos de propiedad del Ejército boliviano a Estados Unidos. El caso terminó con sentencias mínimas del Tribunal Supremo de Justicia en contra de los implicados, el Gobierno interpuso una denuncia por prevaricato en contra de los magistrados en la Asamblea Legislativa.

Finalmente Porcel señaló que a la fecha siguen 340 procesos, mismos que corresponden a ámbitos penales, civiles, coactivos fiscales, entre otros. (EL PAIS)

Video Diputado Manuel Canelas explica la investigacion al Caso Papeles de Panama

Aprueban investigación sobre “Papeles Panamá” y proyecto de ley contra uso de paraísos fiscales

La comisión mixta que investiga los “Papeles de Panamá” aprobó el sábado por la noche el informe final de su investigación, que involucra a empresarios bolivianos con la creación de empresas offshore, y el proyecto de ley de lucha contra el uso de paraísos fiscales, último que prevé ser remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) en las próximas horas.

“Concluimos con un informe que nosotros pensamos que cumple las expectativas (...), para ser más efectivos en la lucha contra los paraísos fiscales y de ahí se deriva una cosa fundamental para ser más efectivos en el futuro, que es una ley de lucha contra los paraísos fiscales”, dijo el presidente de esa comisión legislativa, Manuel Canelas.

Explicó que, durante la investigación, que se realizó en 14 meses a empresarios y políticos involucrados con la creación de empresas “offshore” en Panamá, se hizo un análisis de los casos más relevantes por tener indicios de haber cometido irregularidades al llevar sus capitales a paraísos fiscales.

Canelas dijo que el informe conclusivo plantea recomendaciones a la ALP para evitar que las personas cometan ilícitos que afecten a los intereses del Estado, sin descartar la modificación de normas y estructuras institucionales.

“La ley debe promover el ajuste normativo en diferentes ámbitos (...), a nivel de la Unidad de Investigaciones Financieras, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas”, reseña el proyecto de ley de lucha contra el uso de paraísos fiscales.

Canelas remarcó la importancia de la investigación de capitales que fueron derivados a paraísos fiscales, porque afectan al Estado y a la sociedad en general.

“Los paraísos fiscales le afectan a toda la gente y nosotros queríamos poner un primer grano de arena para que los bolivianos entiendan que la existencia de cuentas en Bahamas, en las Islas Vírgenes y en Panamá, donde algunos de los grandes empresarios o políticos bolivianos se llevan su dinero, afecta inmediatamente a un ciudadano boliviano”, sostuvo.

Finalmente, el legislador detalló que el informe conclusivo de esa instancia legislativa establece que, además de las 360 empresas registradas en Bolivia, fueron investigadas 198 personas naturales, de las cuales se abrieron 76 casos de estudio.

El 13 de mayo de 2016, la ALP creó la Comisión Especial Mixta para investigar la posible vulneración de la normativa nacional y la afectación del interés público con actividades y transacciones de empresas o entidades “offshore”, después que se destapó el caso “Papeles de Panamá”.(ABI)

viernes, 29 de septiembre de 2017

Arresto domiciliario para exgerente de Bolivia TV

La Paz.- La jueza Cuarto Anticorrupción de La Paz, Melina Lima, dispuso la cesación a la detención preventiva del exgerente de Bolivia TV, Gustavo Portocarrero, implicado en hechos de corrupción en el canal estatal.

“La jueza ha dispuesto la detención domiciliaria con autorización de salidas a trabajo”, señaló Mónica Ramírez, abogada del acusado.

La jurista dijo que en la audiencia de cesación a la detención preventiva se han enervado varios riesgos procesales como el de fuga y por ello la jueza dispuso la detención domiciliaria para Portocarrero.

El exgerente del canal estatal estuvo recluido en el penal de Patacamaya por 70 días aproximadamente, tras ser implicado en los delitos de conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado, porque habría firmado el proceso irregular de contratación de la empresa Autored SRL para la implementación de un proyecto televisivo por 25 millones de bolivianos.

Ramírez señaló que en el proceso de investigación se fue esclareciendo el caso y se verificó que los equipos adquiridos mediante el mencionado proyecto están en ambientes de Bolivia TV, solo con otros códigos, lo que certifica que fueron entregados al canal estatal.

La abogada lamentó que existan muchas incongruencias en el caso como decir que los equipos comprados no están y luego aparezcan con otros códigos.

Mencionó que los 25 millones de bolivianos los tiene la empresa Autored SRL. “Es lo que también ha cuestionado la defensa técnica, que por qué no se los ha imputado a los encargados de la entrega de este proyecto, si dicen que hay contratos lesivos al Estado”, apuntó.

La audiencia de Portocarrero se llevó a cabo el miércoles. Por este caso solo queda con detención preventiva en el penal de San Pedro Rubén Darío M. Ch., exgerente técnico del canal estatal. (ANF)

Papeles de Panamá: Comisión identifica unos cuatro delitos



La Comisión Especial Mixta que investiga los Papeles de Panamá identificó al menos cuatro delitos en los seis casos en los que concentró su atención en más de un año de trabajo.

El diputado de Unidad Demócrata (UD) y miembro de la Comisión legislativa Víctor Gutiérrez informó a Cambio que producto de la investigación realizada se pudieron identificar cuatro delitos penales que serán puestos a conocimiento del pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

“Hay indicios de responsabilidad en casos de legitimación de ganancias ilícitas, comprobados en más de un caso, estelionato, organización criminal y asociación delictuosa”, afirmó.

Los casos que investigó esta instancia del legislativo fueron: Entel Bolivia International Limited, Comteco, Kreidler, Romero, Marinkovic y Akapana.

Toda vez que el miércoles se suspendió la sesión ordinaria donde se debía afinar el contenido del informe, ésta fue convocada para el sábado a las 12.30 en el Hemiciclo de la Comisión de Constitución y Legislación Electoral.

En el encuentro se revisará el proyecto de norma que será presentado al pleno de la Asamblea Legislativa. El diputado anticipó que ésta contendrá entre 15 y 18 artículos, toda vez que fue comprimida, pero sin quitar su esencia, que tiene el objetivo de sancionar la migración de capitales a los paraísos fiscales.

Valoración

La presidenta de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, Susana Rivero, presume que en la investigación sobre los Papeles de Panamá se cometieron varios ilícitos que serán conocidos en el informe final.

“No he visto aún el informe final de Papeles de Panamá, pero hay presumiblemente varios ilícitos, no sólo de Samuel Doria Medina, sino de varios otros grupos empresariales”, sostuvo.

La legisladora se refirió al tema cuando abordó las sanciones que serán incluidas en el nuevo Código del Sistema Penal Boliviano y hacen referencia a la comisión de delitos relacionados con la evasión al pago de tributos.

“Se puede sancionar por la vía penal a las personas naturales, que somos todos de manera individual, a las personas naturales a través de sí mismas o representante legal, y también se está trabajando un procedimiento para sancionar a las personas jurídicas, es decir a las empresas”, declaró.

El 16 de junio de 2016, la Comisión Especial Mixta de Investigación de los Papeles de Panamá inició su trabajo.

En la fase inicial de su trabajo, esta comisión recibió el asesoramiento de expertos nacionales e internacionales que aportaron con su experiencia en la forma como abordar el tema.

jueves, 28 de septiembre de 2017

Caso misiles chinos Gobierno analiza proceso por vía militar

El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, informó que el Gobierno analiza la posibilidad de abrir un nuevo proceso de investigación mediante la justicia militar contra los implicados en la desactivación y entrega de 36 misiles chinos a Estados Unidos el 2005. El objetivo es que los responsables del hecho no queden en la impunidad.

“Estamos viendo por la vía de la justicia militar tomar las acciones contra los militares que incurrieron en este delito grave cuando entregó el material estratégico del país a una potencia extranjera. Estamos analizando, porque hay un principio jurídico y dice que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, pero (hasta ahora solo) han sido juzgados en la vía civil y queda todavía la vía militar”, explicó Ferreira.

El pasado 30 de agosto, el Tribunal Supremo de Justicia dictó una sentencia de tres años de cárcel contra ocho implicados en la desactivación de 36 misiles chinos por el Gobierno de Estado Unidos. Este pertenecía a las Fuerzas Armadas de Bolivia.

IMPLICADOS

Los militares que fueron sentenciado en este caso son el excomandante de las Fuerzas Armadas almirante Marco Antonio Justiniano y el exjefe del Ejército, general Marcelo Antezana, quienes fueron condenados a tres años de cárcel.

En tanto, el general Víctor Hugo Cuéllar Balcazar recibió una sentencia de dos años y seis meses. Los coroneles David Torricos Vargas, Ciro Valdivia Murguía y Wilbert Sánchez fueron sentenciados a dos años, otros dos implicados fueron absueltos. Estos militares podrían ser sometidos a la justicia militar.

Ferreira señaló que están evaluando cuáles serían los delitos por los que pueden ser procesados, tomando en cuenta el principio jurídico que ninguna persona puede ser juzgada dos veces por un mismo delito.

Esta sentencia fue calificada de “benévola” por parte de las autoridades de gobierno, el presidente Evo Morales instruyó el inicio de un juicio de responsabilidades en contra los seis magistrados del TSJ.

RATIFICACIÓN

El comité del Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados convocó ayer a las partes demandantes de los dos procesos contra los magistrados, la procuradora interina, Erika Chávez y el expresidente Carlos Mesa se presentaron en este acto.

Con relación a la denuncia presentada por el Ministerio de Justicia, Defensa y la Procuraduría General del Estado se ratificó la demanda contra las seis autoridades judiciales por los delitos de prevaricato, resoluciones contrarias a la constitución, e incumplimiento de deberes.

Por otra parte, el expresidente Carlos Mesa no pudo confirmar su denuncia contra los magistrados debido a que el Tribunal Supremo de Justicia no remitió la fotocopia legalizada de la sentencia, donde suprimió el párrafo final de la sentencia que implica a la exautoridad en el caso.

La secretaria del comité del Ministerio Público, Betty Yañíquez, decidió postergar la audiencia de ratificación de la denuncia hasta contar con toda la documentación respectiva.

Por ultimo, Yañíquez indicó que los magistrados del TSJ fueron convocados para la próxima semana a declarar ante este comité.

miércoles, 27 de septiembre de 2017

martes, 26 de septiembre de 2017

Comisión entregará informe del caso papeles de Panamá

La Comisión Especial Mixta del Legislativo que investiga los papeles de Panamá presentará el viernes el informe final al pleno de la Asamblea Legislativa, en el mismo, se prevé que los antecedentes de al menos tres de las seis empresas indagadas serán remitidos al Ministerio Público porque se encontraron presuntos indicios de desvío de recursos.

“Esta es la semana definitiva del trabajo de la comisión, vamos aprobar el proyecto de ley que hemos discutido internamente junto a los casos que hemos tratado y que serán remitidos vía informe al pleno de la Asamblea Legislativa hasta el viernes”, informó el diputado disidente de la oposición, Víctor Gutiérrez.

El 13 de mayo de 2016, la Asamblea Legislativa creó la Comisión Especial Mixta para investigar la posible vulneración de la normativa nacional y la afectación del interés público con actividades y transacciones de empresas o entidades offshore (paraísos fiscales), después que se destapó el caso Papeles de Panamá.

IMPLICADOS

Gutiérrez indicó que se investigaron a seis empresas de los cuales los antecedentes de tres de estas serán remitidos al Ministerio Público para que sean investigadas por esta instancia, tomando en cuenta que se identificaron supuestos indicios de desvío de recursos.

No quiso dar mayores detalles sobre las empresas que serán investigadas, con la finalidad de no entorpecer el proceso.

PROYECTO DE LEY

Por otra parte indicó que presentaran un proyecto de ley para evitar la fuga de recursos al extranjero, donde se plantean la modificación de algunos artículos del Código de Comercio y al Código Tributario. El proyecto cuenta con 31 artículos y las sanciones son de acuerdo al tipo penal.

miércoles, 20 de septiembre de 2017

Alcalde de Achacachi pide 'garantías' para dialogar; descarta corrupción


Édgar Ramos, alcalde de Achacachi, electo bajo la sigla del MAS, solicitó garantías para entablar un diálogo con el sector que pide su renuncia. Ratificó que no renunciará y tampoco pedirá licencia para ser investigado por las denuncias de malos manejos.

"Estamos dispuestos a dialogar. Tiene que haber garantías personales, garantías a mi persona, porque se ha mostrado llamadas, secuestros, entonces qué garantías puedo tener. Yo solo soy una persona", dijo desde la plaza Murillo en La Paz.

Son casi ocho meses de conflicto, tras los hechos violentos de febrero, cuando existieron quemas y saqueos en ese municipio de la provincia Omasuyus. Al reactivarse el problema, hace semanas, se instaló un bloqueo en la vía a Copacabana y vigilias en la sede de Gobierno.

"He manifestado que voy a cumplir mi mandado. He dicho de que nos sometemos a la Constitución Política del Estado. Tampoco puedo pedir licencia porque no hay las pruebas que ellos mencionan", explicó la autoridad.



Justificó que no existen hechos de corrupción y que las "obras millonarias" que se mencionan son para una serie de trabajos en la plaza principal de Achacachi. "No hay daño económico. No hay que creer en todas las publicaciones del ‘Face'", dijo el titular.



martes, 19 de septiembre de 2017

Acusado en caso de Ostreicher cae preso otra vez en Brasil


El brasileño Maximiliano Dorado Munhoz Filho, uno de los principales personajes que junto al estadounidense Jacob Ostreicher y otros, figura como acusado por la Fiscalía antinarcóticos por delito de tráfico de sustancias controladas, no podrá estar presente en el juicio que se inicia este jueves 21 porque de nuevo cayó preso en su país, Brasil.

La Fiscalía de Santa Cruz, a través de los integrantes de la comisión Rosmery Barrientos, Freddy Guzmán y Carlos Robles, conoció que Maximiliano Dorado, más conocido como ‘Niño de oro’ en Brasil logró salir con medidas precautorias y sustitutivas. Los organismos de seguridad judicial le habían colocado un chip para tener un control sobre sus movimientos. Sin embargo, Dorado había logrado zafarse de ese control y de nuevo ingresó a Bolivia burlando los controles. Cuando regresó a Brasil fue detectado y de nuevo enviado a prisión.

La Fiscalía de Santa Cruz gestionó y, según informes, logró notificar por edicto a Dorado, por lo que si no acude a la audiencia del 21 será declarado rebelde.
Es acusado por el delito de legitimación de ganancias ilícitas junto a Ostreicher, los colombianos John Wilson Díaz y Claudia Liliana Rodríguez Espitia. Asimismo Aníbal Ezequiel Gómez Filho, Ozzie Dorado Lozado y otros.

Expulsión del ‘Niño de oro’
Informes de la Felcn señalan que Dorado fue detenido en Santa Cruz el 29 de diciembre de 2010 para ser expulsado a Brasil, donde tenía cuentas pendientes por narcotráfico y el asesinato de dos policías brasileños.

Era uno de los traficantes más buscados del estado de Rondonia con un prontuario que se remonta a 1995. En Bolivia al ‘Niño de oro’ la Felcn lo acusa de haber montado laboratorios de cristalización y de ser uno de los proveedores de cocaína peruana y brasileña a los mercados del centro oeste y sudeste de Brasil.

sábado, 16 de septiembre de 2017

Caso de privatización de Vinto salpica a Tuto



El gobierno del expresidente Jorge Quiroga Ramírez conoció las irregularidades en la adjudicación de la empresa Metalúrgica de Vinto a Gonzalo Sánchez de Lozada y no hizo nada, aseguró ayer el diputado del MAS-IPSP Javier Zavaleta.

El legislador, que preside la Comisión Especial Mixta que Investiga la Privatización y Capitalización, indicó que el exjefe de Estado no tuvo la “capacidad para iniciar una investigación y ajustar los atropellos que se dieron en esa época”.

Mencionó que la irregularidad se dio en la forma como se adjudicó dicha empresa la Compañía Minera del Sur (Comsur), propiedad del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada.

“Ésa es una prueba palpable de cómo se manejó la propiedad del Estado durante los gobiernos neoliberales”, sostuvo Zavaleta.

“De todas maneras estamos analizando esto y viendo si corresponde iniciar procesos penales para los responsables de aquel entonces, y eso lo vamos a conocer a finales de septiembre”, anticipó.

El senador del MAS-IPSP Rubén Medinaceli informó a Cambio que la empresa metalúrgica de Vinto fue dividida en dos unidades económicas: una es la Vinto Estaño, que fue vendida en $us 14,7 millones (su costo original fue de $us 140 millones), y la de Antimonio, cedida en $us un millón 100 mil (su valor original fue de $us 3,1 millones).

Medinaceli indicó que al final ambas empresas fueron a parar a manos del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su entonces empresa Comsur.

En 2007, el gobierno del presidente Evo Morales recuperó la empresa Metalúrgica de Vinto.

Interpol desactivó orden de captura internacional para Jacob Ostreicher


La orden de captura internacional con sello rojo, a través de la que Interpol puede detener al empresario estadounidense Jacob Ostreicher en cualquier parte del mundo para que responda ante la justicia por la acusación de legitimación de ganancias ilícitas, fue desactivada por la falta de documentación idónea que Bolivia aún no acreditó para hacer viable su extradición desde Estados Unidos, donde permanece desde hace cuatro años.

EL DEBER tuvo acceso a un documento oficial sobre esta decisión, que data de marzo de este año y que está en los expedientes del Tribunal Primero de Sentencia, donde radicó el proceso y que fijó para el 21 de este mes la primera audiencia de juicio oral en el caso Ostreicher, donde además del empresario estadounidense se juzgará a otras personas.

Comunicación desde Francia
En marzo, la Secretaría General de Interpol desde su sede en Lyon (Francia), comunicó de manera oficial a la Oficina Central Nacional de Interpol en La Paz que Bolivia no ha hecho ningún esfuerzo para extraditar a Ostreicher de Estados Unidos, a pesar de conocer su ubicación a través de numerosas fuentes abiertas que viola el propósito de la difusión roja emitida en su contra.

Los cuestionamientos y requerimientos fueron realizados por mandato de la 99 reunión de la Comisión de Control de Interpol en Lyon, ante la Oficina Central Nacional de Interpol de La Paz. Por lo tanto, Ostreicher tiene libre acción para el tránsito en todo su país y otros, a pesar de existir acciones judiciales contra él en Bolivia.

La Fiscalía responde
Tras tomar conocimiento de la resolución de Interpol, la comisión de fiscales de sustancias controladas, integrada por Rosmery Barrientos, Freddy Guzmán y Carlos Robles, acumuló documentación judicial complementaria y remitió a la Fiscalía General de Sucre para que, a través de sus unidades especializadas, realicen los trámites de rigor y se pueda hacer llegar, vía Cancillería, a los organismos judiciales estadounidenses.

Sin embargo, oficiales de la Interpol que pidieron el anonimato aseguraron que la comunicación desde la sede en Francia es correcta producto de que las autoridades de Bolivia no cumplieron en el tiempo prudente la presentación de documentación para hacer posible la extradición de Ostreicher. Por esa razón es que la Interpol se vio obligada a levantar y desactivar el sello rojo del acusado.

El juicio oral sin detenidos

Pese a esta situación, el juicio fue fijado para el 21 de este mes en el Tribunal Primero de Sentencia, a la cabeza de la jueza Gladis Alba. A la fecha no existe ninguna persona detenida en el proceso, que data de 2011.

Entre los acusados por legitimación de ganancias ilícitas figura Ostreicher y la colombiana Claudia Liliana Rodríguez Espitia, que goza de libertad con medidas sustitutivas. También están acusados el colombiano Jhon Wilson Díaz que según la Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), está involucrado en el envío de 944 kilos de cocaína desde Argentina en un avión que fue interceptado en España. Maximiliano Dorado Muñoz Filho, preso en Brasil por narcotráfico, y su hermano Ozzie Dorado Lozada, del que se desconoce su paradero.

El juicio por legitimación, contra Ostreicher se inició durante la gestión 2011, después de denuncias que señalan que Claudia Liliana Rodríguez, en menos de dos años, movió cerca de $us 30 millones. Ostreicher llegó a Bolivia y la denunció por haber despilfarrado el dinero y de apropiarse de millonarios bienes que estaban destinados a la producción agrícola en extensas tierras por Ascensión de Guarayos. A mediados de 2011 Ostreicher también es detenido y logra su libertad, después de casi dos años de detención. El actor Sean Penn llegó para prestarle ayuda, hasta que a fines de 2013 sale de Bolivia y el Gobierno lo acusa de fuga. Salió de la cárcel tras denunciar ser víctima de una red de extorsión desde las esferas del Gobierno.

Cronología

2011
Cae preso en la cárcel
Jacob Ostreicher fue preso tras denunciar a la colombiana Claudia Liliana Rodríguez.

2012
Rehén de la justicia
En noviembre de 2012 sale de la cárcel y es internado. Su primera declaración fue: “soy un rehén de la justicia boliviana”.

2013
La red de extorsión
Ostreicher denunció y se desbarató una red de extorsión con la caída de funcionarios estatales entre ellos fiscales.

2014
La fuga de Ostreicher
A fines de 2013 Ostreicher sale de Bolivia y aparece en Estados Unidos. Sean Penn confirma que lo ayudó y lo esperó en Perú.

2015
En Estados Unidos
El Congreso de Estados Unidos recibió la testificación del actor Sean Penn, que acusó de corrupta a la justicia y Fiscalía de Bolivia.

300
La actual acusación
Solo la acusación actual contra Ostreicher tiene 300 páginas. Todo el caso está acumulado en un expediente de 45 cuerpos, uno de los más voluminosos y complejos para los jueces.

Una exdirectora de Dircabi, a la cárcel por el arroz de Ostreicher


La ex directora nacional de la Dirección de Bienes Incauta dos (Dircabi) Mirtha Encarnación Jiménez Bejar fue enviada a la cárcel de Palmasola por orden del juez cautelar Martín Camacho, tras ser imputada por la Fiscalía respecto al supuesto despilfarro y deterioro de 8.400 toneladas de arroz del empresario estadounidense Jacob Ostreicher.

Los fiscales Nancy Carrasco y Luis Montaño fundamentaron que la exautoridad de Dircabi se opuso a la monetización de más de 8.400 toneladas de arroz (42.000 fanegas), ocasionando una pérdida de al menos $us 1,5 millones, que según la norma tendrían que ser destinados a obras sociales, especialmente de rehabilitación de ciudadanos atrapados en el mundo de las drogas.

De acuerdo con los fundamentos de la Fiscalía las pesquisas se inician de la incautación de 13.254 toneladas de arroz, depositadas en Dircabi el 5 de noviembre de 2011, de las que se registra como dueña la colombiana Claudia Liliana Rodríguez Espitia y que en los estrados judiciales Jacob Ostreicher aseguró ser el único y real propietario.

Mirtha Jiménez, en su defensa material, afirmó frente al juez que desde hace seis meses es acusada por agentes del Ministerio de Gobierno.
Señaló que “esto es una venganza hacia mi persona. Si me callé fue por respeto al ministro y al presidente y aun así sigo callada. Pero si algo le pasa a mi hijo o a mí, voy a responsabilizar a quienes me están haciendo esto”, indicó tras concluir la audiencia. Luego fue trasladada por agentes policiales hasta la cárcel de Palmasola.

martes, 12 de septiembre de 2017

Llamarán al contralor a explicar el caso taladros


El senador Oscar Ortiz presentó una Petición de Informe Oral al Contralor General del Estado, Henry Ara, para que haga conocer el informe de auditoría por el caso de la supuesta compra irregular de taladros en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), ya que el pasado 5 de julio, la autoridad señaló que había 19 funcionarios de la empresa estatal con indicios de responsabilidad y que iban a ser remitidos al Ministerio Público.

“El 5 de junio, en las puertas del Senado, el Contralor declaró ante los medios de comunicación que haría público, un informe que establecía indicio de responsabilidades penales para una serie de funcionaros de YPFB. Pero han pasado más de dos meses desde su declaración y no conocemos si presentó el informe al Min Publico y tampoco lo ha hecho público”, dijo el asambleísta.

Por ello, la petición de informe oral, quiere obligar al Contralor, a presentarse ante el Senado y “lograr evitar que el caso quede sepultado bajo ese manto de protección y silencio con la cual el Gobierno pretende que quede en el olvido”

UIF asumirá investigación de paraísos fiscales



Por mandato de una ley, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) tendrá la potestad para indagar el desvío de recursos a los paraísos fiscales, anticipó el diputado de Unidad Demócrata (UD) Víctor Gutiérrez.

La norma se encuentra en etapa de elaboración por los integrantes de la Comisión Mixta que investiga los Papeles de Panamá.

“A partir del proyecto de ley que proponemos, le corresponderá a la UIF continuar con la labor que nosotros estamos dejando, y a partir de ese momento el Estado boliviano contará con la entidad que luche, investigue y sancione a quienes corresponda”, declaró.

La propuesta es consecuencia de la docena de casos que se llegaron a conocer en esa comisión y la cantidad de dinero que fue a parar a los paraísos fiscales.

En esta semana, la comisión ingresará a la última etapa de investigación. Para el jueves 14 de septiembre se convocó al empresario Samuel Doria Medina y a varios miembros de su familia para que amplíen información sobre la creación de su empresa off shore Akapana.

De acuerdo con la pesquisa, la empresa fue creada para realizar la venta de acciones de Soboce (Sociedad Boliviana de Cemento) a la empresa mexicana Grupo de Cemento de Chihuahua.

La comisión parlamentaria inició su trabajo el 16 de junio de 2016, y debe concluir su labor el 30 de septiembre.

viernes, 8 de septiembre de 2017

Jueza rechaza que Ramos deje la cárcel de Obrajes

La jueza segunda de Instrucción Penal, Wiat Belzu, rechazó que la exministra Julia Ramos deje la cárcel de Obrajes en La Paz, donde permanece con detención preventiva dentro de la investigación por los malos manejos en el Fondo Indígena.

Un recurso de cesación a esa medida cautelar fue presentado por la defensa jurídica de la también exdirigenta campesina, pero la evaluación realizada por la administradora de justicia determinó que siga privada de libertad.

Ramos permanece recluida en el centro penitenciario desde diciembre de 2015, luego de ser acusada de malos manejos de recursos en ocho proyectos "fantasma" cuando era integrante del directorio del Fondo Indígena.

Dentro del proceso judicial también está involucrada la exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, y otros exdirigentes de organizaciones afines al MAS. En su momento el ministro de Justicia y Transparencia, Héctor Arce, dijo creer en la inocencia de las dos mujeres.

"Nosotros somos el único Gobierno en la historia de este país que tiene presas preventivamente a dos exministras, en mi modesto criterio legal, inocentes y acusadas por ser la MAE (Máxima Autoridad Ejecutiva), por todas esas triquiñuelas jurídicas que rompen el principio de la veracidad que debe existir en el derecho penal y la responsabilidad penal", dijo hace días la autoridad, según ANF.

Sustraen información de la Comisión Papeles de Panamá



Las oficinas de la Comisión Especial Mixta de Investigación de los Papeles de Panamá, ubicadas en la calle Ayacucho, frente a la Utop, fueron objeto de robo, denunció a Cambio el diputado Víctor Gutiérrez.

El hecho se habría registrado hace un par de semanas, se encuentra en proceso de investigación en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), indicó el legislador.

Gutiérrez precisó que de las oficinas que tiene dicha comisión Legislativa se llevaron una computadora y un data show.

“Pero esto no sucede por primera vez, también se entraron a la oficina del diputado (Manuel) Canelas que dirige un Comité para robar información”, sostuvo.

De acuerdo con el diputado, en el equipo que se llevaron se encuentra información referida al trabajo de investigación que lleva adelante dicha Comisión sobre los paraísos fiscales.

A Gutiérrez le llamó la atención que la sustracción se haya registrado frente a las dependencias de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (Utop) y no se tenga referencia alguna.

“No hay una información clara, la Policía no le dio la importancia del caso, y nos resulta llamativo este incidente porque sólo se robaron la computadora con información”, afirmó.

“Por razones de seguridad tomamos los recaudos hace meses, y la información está asegurada, además varios de nosotros tenemos una copia, y no nos sorprenderán”, señaló.

CASO AKAPANA

En cuanto a la sesión de ayer, el diputado Gutiérrez indicó que a 22 días de que culmine el trabajo de la Comisión se elaboró la última citación a los personeros de la empresa Akapana, que involucra a la familia del empresario y jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina.

La pesquisa se abrió por la supuesta vinculación de la familia de Doria Medina con la creación de una empresa off shore en Panamá para evitar el pago de impuestos por la venta de acciones de la empresa Soboce.

En la oportunidad, —dijo— se aprobó un cuestionario para que sea respondido por los representantes de dicha empresa el jueves.

“Ellos verán si concurren al citatorio que les estamos haciendo, y con esta empresa hemos cerrado el trabajo de la Comisión”, apuntó el diputado de Unidad Demócrata (UD).

El caso Papeles de Panamá se conoció luego de la revelación de 11 millones de documentos de la firma de abogados con sede en Panamá Mossack Fonseca.

jueves, 7 de septiembre de 2017

Caso trata de personas Amiga de Gabriela Zapata logra salir de la cárcel

María del Carmen Arce, implicada en el caso de trata de personas, donde se investiga la utilización de un menor para hacerlo pasar por hijo del presidente Evo Morales y su expareja, Gabriela Zapata, fue beneficiada con la cesación a la detención preventiva informó ayer Eduardo León.

El 04 de agosto pasado, la juez noveno cautelar, Regina Santa Cruz, negó el pedido de cesación a la detención preventiva presentado por Carmen Arce, debido a que no se logró certificar el domicilio donde guardará la detención domiciliaria solicitada.

En esa oportunidad, José Luis Cayoja, abogado de Arce, explicó a EL DIARIO que luego de desvirtuar los riesgos procesales de fuga y obstaculización a la investigación solamente faltaba acreditar un domicilio para que su cliente logre salir de la cárcel.

“Creemos que corresponde la cesación a la detención preventiva de mi cliente, por todo el proceso de investigación que ya se ha realizado y en la que se ha establecido que la participación es mínima en relación de los otros coimputados, por lo que tenemos la esperanza de que nuestro pedido será concedido más adelante”, explicó el abogado a EL DIARIO.

DUDAS

Sin embargo, para León, “lo que hizo la jueza (que conoció el caso) fue liberar a una de las principales autoras, que es Carmen Arce y a quien le ha otorgado cesación a la detención preventiva”, afirmó.

jueves, 31 de agosto de 2017

Alcalde denunciado por malversación Concejo de Ichoca exige que Fiscalía cumpla su función

El Concejo Municipal de Ichoca presentó hace tres meses ante la Fiscalía Departamental una denuncia por malversación de cuatro millones de bolivianos de la gestión 2016, contra el alcalde Alejandro Choque, pero al no recibir atención instalaron ayer un piquete de huelga de hambre frente al Ministerio Público.

Bladimir Cañaviri, representante del Consejo Municipal de Ichoca, detalló que la denuncia contra el alcalde del Movimiento al Socialismo (MAS) y su secretario municipal, Jorge Zárate, fue interpuesta el 18 de mayo de 2016, pero hasta la fecha el proceso continúa en etapa preparatoria, sin que se haya realizado la inspección técnica ocular.

Edwin López, presidente del Concejo Municipal, afirmó que la medida de presión surge debido a que sospechan que la Fiscalía incurre en retardación de justicia, “eso es lo malo, solo cuando uno hace manifestaciones convocan y esta mañana (ayer) nos hemos reunido con el doctor Blanco (Edwin Blanco fiscal departamental) y a partir de mañana (hoy) se están movilizando”.

Según López, el alcalde Choque no se ha presentado a trabajar hace varios días y adelantó que para levantar las medidas de protesta, es con la coordinación de reuniones con autoridades de Gobierno, para explicar las observaciones que se tiene al trabajo del alcalde masista.

Por su lado, el abogado informó a EL DIARIO que la malversación de los recursos municipales asciende a cuatro millones de bolivianos, según los resultados de una auditoría realizada al informe de la ejecución de presupuesto de 2016.

“Hay pequeñas obras en las que hay un incremento de precios, por ejemplo, la construcción de un muro perimetral donde cada ladrillo el Alcalde pone que cuesta un boliviano con 90 centavos, cuando preguntando en una proveedora cuesta 70 centavos, con factura”, detalló.

sábado, 26 de agosto de 2017

Un exalcalde del Trigal es enviado a Palmasola


El exalcalde del municipio del Trigal Rimel Cabrera Castro fue enviado a la cárcel de Palmasola como medida preventiva por orden de la jueza Primero Anticorrupción, Albania Caballero, en audiencia realizada el jueves.

Cabrera enfrenta un proceso por supuesta malversación de fondos que se desembolsaron para el alcantarillado de dicho municipio. Además, está acusado por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

Isabel Mercado, alcaldesa actual del Trigal, informó de que después de varias audiencias suspendidas por diversos motivos, finalmente el jueves por la mañana se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares.

Explicó que en septiembre de 2014, la Gobernación de Santa Cruz entregó un cheque por Bs 2.806.224 al exalcalde para la construcción del alcantarillado sanitario. En diciembre de ese año se desembolsó Bs 1.464.199 a favor de la empresa Escreador Construcciones, quedando un saldo de Bs 1.341.925, cuyo destino se desconoce./JCA.

viernes, 18 de agosto de 2017

Aprehenden a exalcalde de Puerto Suárez, Roberto Vaca


El exalcalde de Puerto Suárez, Roberto Vaca Yorge, fue aprehendido hoy para que responda ante la justicia por los presuntos delitos de malversación de fondos, peculado culposo, asociación delictuosa, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

La exautoridad es procesada por la Fiscalía Anticorrupción, a denuncia del Ministerio de Transparencia, junto con otras siete personas, todos exfuncionarios del gobierno municipal de Puerto Suárez.

Según la acusación, estos imputados deben responder por una supuesta malversación de Bs 6.507.809, dinero desembolsado por la Gobernación de Santa Cruz para la ejecución de tres obras que no se ejecutaron: la mejora del estadio Oswaldo El Hage (abandonado), la pavimentación de calles y avenidas, y el enmallado del estadio Suárez Arana.

Vaca estuvo con detención preventiva luego de ser declarado en rebeldía, pues valiéndose de argucias jurídicas logró que unas seis veces se suspenderían las audiencias cautelares. También interpuso acciones de libertad y amparo constitucional, pues se declaró inocente.

No obstante, como incumplió la disposición del juez de presentarse cada 15 días ante la Fiscalía, el juez Tercero de Instrucción en lo Penal y Anticorrupción, Carlos Martín Camacho ordenó su detención, acción que se ejecutó hoy por la mañana. Vaca Yorge fue conducido a las celdas del módulo policial de Los Tusequis a la espera de su audiencia.

La Fiscalía pedirá que se le revierta su medida sustitutiva y sea enviado a la cárcel de Palmasola, de forma preventiva.

miércoles, 16 de agosto de 2017

Jueza anula certificado de nacimiento del hijo de Evo Morales y Zapata

La jueza Mitzi Mejía del Juzgado Público Tercero de Familia anuló la partida de nacimiento del hijo de Gabriela Zapata y el presidente Evo Morales, cuyo reconocimiento estaba registrado en Cochabamba, en fecha 30 abril de 2007, informó el abogado y apoderado del jefe de Estado, Ricardo Velásquez.

“Ha finalizado el caso que trató una demanda de la nulidad de la partida de nacimiento del supuesto niño Ernesto Fidel Morales Zapata, en razón de que en este juicio se ha comprobado que se ha utilizado un certificado de nacido vivo. La jueza ha declarado probada la demanda y como consecuencia ha declarado nulo el certificado”, señaló según el reporte de ANF.

Este caso fue iniciado a solicitud del Presidente después de que en otro proceso judicial contra Zapata, la jueza Jacqueline Rada determinó en mayo de 2016 la inexistencia física de Ernesto Fidel, mientras su certificado de “nacido vivo” seguía vigente.

La determinación de la jueza Mejía se dio a conocer en presencia de Zapata, quien llegó aproximadamente a las 09.45 al juzgado, donde la audiencia fue instalada cerca de las 10.45 y concluyó a las 11.15.

Zapata, tras escuchar la decisión judicial, no quiso emitir ninguna declaración pública, sin embargo, en junio pasado, a través de su abogado Jorge Tamayo, reconoció que nunca existió el “hijo” que inicialmente aseguró haber tenido con el presidente Morales.

En una anterior entrevista con EL DIARIO, Tamayo adelantó que si la juez anulaba la partida de nacimiento de Ernesto Fidel Morales Zapata, el menor que fue reconocido por el presidente Morales el 30 abril de 2007, Zapata no presentará ninguna apelación.

El abogado apoderado del presidente Morales inició una demanda para solicitar la anulación del certificado de nacimiento, emitido por la notario de fe pública Ivette González Egüez, en la ciudad de Cochabamba.

Según la explicación de Tamayo, Zapata no está interesada en que el certificado de nacimiento continúe vigente, “más bien a la señora Zapata, lo que le interesa es que todos estos procesos, estas investigaciones, lleguen a la verdad histórica de los hechos. Sobre este tema, en específico, la señora Zapata ha manifestado que si la autoridad judicial determina la nulidad del certificado de nacimiento, ella no va a poner objeción alguna”, declaró Tamayo.

lunes, 14 de agosto de 2017

Aprehenden al director nacional de Tránsito por vínculos con extosionadores



El director nacional de Transito, coronel Mauricio Rocabado, fue aprehendido la noche de este viernes en La Paz y se lo acusa de estar vinculado con dos sujetos que fueron denunciados por conspiración y extorsión, informó el comandante General de la Policía Boliviana, general Abel De la Barra.

De acuerdo con la relación de hechos que informó el jefe policial, la noche del viernes Rocabado estaba reunido en las oficinas de Tránsito con Antonio F. y Pedro Y., ambos con antecedentes penales. Según las sospechas del comandante de la Policía intentaban “conspirar” contra su gestión.

“Lamentablemente esta noche en una oficina policial, con un jefe policial. Estos señores se habrían reunidos para conspirar, para planificar otra vez una serie de denuncias que se le atribuirían al comandante general de la Policía”, afirmó De la Barra.

Detalló que ambas personas fueron denunciadas con anterioridad por De la Barra debido a que publicaron acusaciones falsas en las redes sociales y pedían dinero a sus víctimas para borrar esos contenidos.

Rocabado fue conducido a oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) donde deberá prestar su declaración ante un fiscal. (12/08/2017)

sábado, 5 de agosto de 2017

Aprehenden a juez y abogado por supuesta corruptela



El Ministerio Público ordenó la aprehensión de David Caicedo (juez del Juzgado Público Civil Comercial 22 de Santa Cruz) y de Miguel Ángel Brito (Abogado particular), por los supuestos delitos de corrupción en el ejercicio de sus funciones.

La información fue proporcionada por el fiscal Departamental de Santa Cruz, Freddy Larrea Melgar, quien sostuvo que se tiene suficientes elementos de convicción que demuestran la participación de Caicedo y Brito en hechos ilícitos.

El servidor público del Órgano Judicial de Santa Cruz está siendo investigado por la presunta comisión de los delitos de prevaricato y consorcio de jueces, fiscales, policías y abogados.

"Aproximadamente a las 08:30 del viernes 4 de agosto, Lisseth Vanessa L. A., presentó una denuncia argumentando que Caicedo, ha emitido una serie de resoluciones favoreciendo al abogado Miguel Ángel Brito, quien tendría ingreso a ese juzgado y al mismo tiempo actuaría como si fuera funcionario", señala un comunicado de la Fiscalía.

El documento añade que se encontraron evidencias e indicios de las irregularidades cometidas en el ejercicio de sus funciones del juez, por tanto se procedió a la aprehensión de los sindicados al haber sido encontrado en flagrancia.

“La Fiscalía Corporativa de Anticorrupción Nº 1, en próximas horas presentará la imputación formal para que la autoridad jurisdiccional determine la situación jurídica de los aprehendidos”, finalizó Larrea.

Trata de Personas Niegan pedido de cesación a amiga de Gabriela Zapata

La juez noveno cautelar, Regina Santa Cruz, negó el pedido de cesación a la detención preventiva presentado por María del Carmen Arce, amiga de la expareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata, debido a que no se logró certificar un domicilio para que guarde la detención domiciliaria solicitada.

José Luis Cayoja, abogado de Arce, manifestó que si bien la juez no concedió la modificación de la medida cautelar, se dejó establecido que solo subsiste la duda por el documento que acredite con exactitud el domicilio de su defendida.

Cayoja adelantó que no planteará la apelación e intentarán una nueva cesación subsanando las observaciones hechas por la juez.

“Creemos que corresponde la cesación a la detención preventiva de mi cliente, por todo el proceso de investigación que ya se ha realizado y en la que se ha establecido que la participación es mínima en relación de los otros coimputados, por lo que tenemos la esperanza de que nuestro pedido será concedido más adelante”, explicó el abogado a EL DIARIO.

La audiencia se desarrolló ayer desde las 11 de la mañana y duró cerca de dos horas donde la Fiscalía no intervino y se limitó a conocer la resolución.

Cayoja, afirmó que esta es otra prueba de que no existe acuerdo con la Fiscalía, como lo había manifestado el abogado Eduardo León que asegura que se ha ofrecido acuerdos a varios imputados para implicarlo.

En este sentido, informó que no han sido notificados con el rechazo del proceso abreviado que habían solicitado ante la Fiscalía.

Que si bien se conoce por medios de comunicación, aún no se analiza replantear este pedido.

Caso Katanas Detención domiciliaria para enviado de Cámara

Marcelo Vargas, imputado por supuesta extorsión y asociación criminal, fue beneficiado con detención domiciliaría por el juez cautelar 11º Hugo Huacani, quien también determinó libertad para la segunda implicada, Claudia Gutiérrez.

Ambos en su calidad de facilitadores del Ministerio de Educación ingresaron al Penal de Mujeres de Miraflores, enviados por Marco Cámara, para extorsionar a una víctima de trata y tráfico de personas a la que pidieron que levante su denuncia.

El miércoles 2 de agosto, una mujer de nacionalidad paraguaya, que había denunciado a Cámara por delito de trata, y se encuentra recluida en el penal de Miraflores, por otro delito relacionado al infanticidio de su hija, puso sobre aviso a la guardia del penal, sobre una visita sospechosa que pedía hablar con ella.

Una hora después, la abogada Paola Barriga, informó que una pareja había sido aprehendida en acción directa, denunciados por la reclusa, quien aseguró que Vargas le dijo que disimulara y fingiera conocerla para luego decirle que venía de parte de Marco Cámara y le ofrecía 3.000 dólares a cambio de que retire la denuncia por trata.

En la audiencia cautelar, realizada ayer, en el juzgado sexto cautelar, donde Huacani es suplente, la fiscal asignada, Magali Bustamante, presentó el informe policial, donde se detalla que Vargas trató de borrar mensajes de WhatsApp que tenía con una persona, a quien le indicaba que conocía a Cámara hace 10 años, cuando trabajó en uno de esos centro nocturnos.

Pese a esos indicios y que aún no se ha tomado declaraciones de otros testigos, ni de Cámara, Huancani dispuso la detención domiciliaria con arraigo en un domicilio que no fue especificado, además del arraigo y la presentación de dos garantes solventes que en caso de fuga deberán pagar Bs 5.000 para la recaptura.

Sobre Claudia Gutiérrez, el juez Huacani la benefició con libertad, señalando que el informe policial no la mencionaba y su autoridad no halló indicios en su contra, pero determinó que la misma debe presentarse ante la fiscalía cada 15 días y también presentar garante solvente.

Ante esta determinación, la fiscal Bustamante observó que el juez Huacani no valoró de manera adecuada la relación de hechos expuestos en la audiencia, por lo que presentará la apelación correspondiente.

“A criterio del Ministerio Público, el juez no ha operado con la imparcialidad que debe regir en las actuaciones de una autoridad judicial. Ha hecho una especial incidencia sobre lo vertido por los abogados de la defensa; no obstante, se han limitado bastante los riesgos procesales que se le han presentado”, afirmó Bustamante.

En el caso de la imputada, Bustamante explicó que existían indicios que la señalaban como cómplice, pese a que no se la menciona en el informe policial, ya que ambos portaban credenciales del Ministerio de Justicia y la presencia de esta señorita facilitó que Vargas se acerque a la mujer para hacer la oferta.

En la audiencia, la defensa presentó certificados de trabajo de instituciones no gubernamentales, con las cuales brindaban apoyo a niños que se encuentran internos junto a sus padres, en San Pedro, Obrajes y Miraflores.

Po su lado, la abogada Barriga señaló que el Ministerio de Educación iniciará un proceso paralelo, debido a que se utilizaron credenciales de esta institución, pero este tema no tocará en el caso.

jueves, 3 de agosto de 2017

Róger Gonzales niega acusaciones por corrupción



Un día después de que más de un millar de transportistas marcharan para denunciar supuestos actos de corrupción en la dirección de la Federación de Transportistas 16 de Noviembre, el líder de ese sector, Róger Gonzales, negó ayer las acusaciones que enfrenta de supuesto enriquecimiento ilícito y anunció de manera voluntaria que se presentará en el Ministerio Público para responder a esa denuncia.

Gonzales llegó a la sede de los transportistas a las 10:30 para dar una conferencia de prensa junto a su directorio y así responder a sus detractores.

Esa sede está bajo llave y tiene custodia policial.

“Han mellado mi dignidad, la de mi familia y la de mi directorio”, dijo el asambleísta departamental por el MAS al empezar a hacer sus descargos de las acusaciones que le hace el diputado del MAS y exlíder del Sindicato de Micros 24 de Septiembre, Mario Guerrero, en las que lo sindica de no rendir cuentas de más de $us 500.000 que dio el Gobierno para construir un surtidor y de no explicar a qué personas entregó las 220 viviendas financiadas por el Estado.

Dijo que el surtidor no opera porque falta terminar de construir el tendido eléctrico para conectar a las bombas del surtidor; en el tema de las casas afirmó que él se limitó a validar lo que hizo el anterior directorio. Además negó participación en la rifa de un vehículo para financiar su campaña en 2015.

miércoles, 2 de agosto de 2017

Bohórquez ante un juez por presunta corrupción


​​​​​​Jorge Bohórquez, director nacional de Derechos Reales, fue imputado por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias, beneficio en razón del cargo y concusión. Su audiencia se inició pasada las 10:00 de este miércoles en el Juzgado Tercero de Instrucción Penal a cargo del juez Martín Camacho.

El representante del Ministerio Público explicó que con la imputación formal contra Bohórquez se busca la detención preventiva ante la probabilidad de autoría y los riesgos procesales.

martes, 1 de agosto de 2017

Zvonko Matkovic: "La etapa de ilusiones murió hace tiempo"


La primera impresión que da Zvonko Matkovic es la de un hombre entero. En la firmeza de su voz, casi no se percibe a un preso sin sentencia al que, en siete años, le negaron el derecho a defenderse en libertad más de una docena de veces.

Acusado por el caso terrorismo, Zvonko (38) está en la cárcel de Palmasola y pese al ‘sabor amargo’ de la última audiencia, en la que otra vez le negaron la libertad, está tranquilo y hasta tiene tiempo para los chistes. “El día que me pregunten qué es lo que más me dolió de la cárcel es que lo hagan orientista a mi hijo”, dice en medio de risas el bluminista que le tiene "cariño" a Destroyers.

En una conversación en exclusiva con EL DEBER, Zvonko hizo un repaso de lo bueno y lo malo de su estadía en la cárcel, de la relación con Milan (el hijo al que dejó de criar cuando era un bebé), y de su deseo de libertad, que –como el mismo reconoce- es menor que su terquedad.

¿Cómo recibiste el resultado de la audiencia?

Ya estoy demasiado curado de este tema, no me arma ni me desarma. Tenía esperanza y que te digan que 'no', obviamente duele, sobre todo por mi hijo de 9 años quien ha tenido que crecer de forma desproporcionada.

¿Cómo fue la noche anterior a la audiencia?

No me ilusioné, esa etapa de ilusiones ya murió hace tiempo. Las primeras veces que me negaban la libertad era devastador, era salir y volver al cuarto a mascar rabia, pero esa etapa ya pasó. Volví con un sabor amargo, pero luego me senté a charlar con los amigos ahí afuera.
Zvonko Matkovic, detenido sin setencia, por el caso terrorismo,
desde hace siete años (Foto: Archivo)

Otros acusados por este caso se declararon culpables y ahora están en su casa. ¿Te has planteado seguir ese camino o vas a insistir en tu inocencia?

Hay gente que tras declararse culpable se fue a su casa con una sentencia de cuatro años. Yo estoy hace más de siete porque sigo diciendo que soy inocente y que me quiero defender en libertad. No les pido nada más, no quiero que me declaren inocente, solo quiero que me dejen defender en libertad.

A veces te dicen ‘declárate culpable y te vas, el que quiere seguir preso sos vos porque si te declaras culpable te vas’. ¿Pero crees que los voy a estar salvando a ellos y que voy a decir que todo lo que yo reclamo es mentira? Hazme el favor. Prefiero pelear por lo que considero que es correcto y no por lo que me conviene.

La desesperación de la gente (que se declaró culpable) los llevó a no poder seguir adelante con una lucha que era justa. No voy a decir si lo hicieron bien o mal porque solo quien está sufriendo esto, sabe cuánto puede aguantar.

¿Y cuánto puede aguantar Zvonko?

Todo lo que sea necesario, no voy a buscar libertad a cualquier precio. Para mí no es más importante estar en mi casa que demostrar que esto estuvo mal hecho.

He comprobado muchas cosas que se hicieron mal en este caso, nosotros hemos hecho huir al fiscal Soza, él dejó una carta diciendo que todo fue armado para destruir a la oposición de Santa Cruz y hay tres personas sentenciadas que confirman lo que Soza hizo. ¿Crees que yo voy a estar firmando un abreviado que dice que soy culpable simplemente por salir de la cárcel? La verdad es que mi terquedad es más grande que eso. No lo voy a hacer.
Con su hijo de 9 años, Milan Matkovic

¿Te ves como un icono de este caso?

Quizás la cara visible, pero no porque yo lo haya buscando sino que las cosas se dieron así; por ejemplo, cuando sale un audio de Marcelo Soza diciendo que le pidió plata a mi padre.

¿Cómo es tu día a día en prisión?

Cuando no hay audiencia viene gente a visitarme, estoy con los muchachos, me siento a charlar y hacemos turnos para preparar el almuerzo, parece un internado. También jugamos billar o veo una película. Es como si el tiempo se detuviera aquí adentro.

Dentro de todo lo malo que puede ser vivir en la cárcel, ¿estás sacando algo positivo?

Por supuesto. Aprendes a relacionarte con todo tipo de personas, haces buenas amistades y, sobre todo, te das cuenta de qué sembraste cuando no estabas acá. A mí me siguen visitando amigos permanentemente y me complace ver que fui querido.
Zvonko junto con su madre y su hijo

¿Cómo es tu relación con tu hijo? ¿te pregunta muchas cosas sobre tu situación?

Él sabe que su padre está peleando una lucha muy difícil por lo que considera correcto y sabe que no me voy a declarar culpable. Cuando viene a visitarme no hablamos de estas cosas, alguna vez me ha preguntado cuándo voy a salir, pero tratamos de aprovechar el tiempo juntos. Es un niño muy sensible y trata de no ponerme mal a mí.

(…) Lo han hecho crecer más de lo que debería, yo entré a la cárcel cuando él tenía poco más de un año, no debe tener ni una sola memoria de lo que fue nuestra vida juntos.

¿Cómo pasas días como Navidad, Año Nuevo o tu cumpleaños?

Nunca los he pasado con él. La Navidad es para los niños y yo no lo quiero traer aquí, dejo que la pase con los abuelos. En Año Nuevo la pasamos entre los que estamos aquí, pero nada tengo que celebrar. Los cumpleaños depende de dónde me toque y se viene todo el mundo, la última vez éramos como 50 personas aquí. La satisfacción más grande que me ha traído este lugar es darme cuenta de que a uno le tienen mucho cariño.

¿Cómo era tu día a día antes de estar aquí?

A los 21 años me gradué de economista y empecé a trabajar en los negocios de familia. Trabajaba en la mañana y en la tarde. A los 25 años me casé, tenía mi familia y estaba empezando nuevos proyectos. Todo se cortó, pero prefiero no pensar en eso porque me voy a enloquecer. Es lo que me tocó, a veces en la vida te toca ganar y otras te toca perder.
El día en el que lo posesionaron como segundo vicepresidente
del Comité Pro Santa Cruz en mayo de este año (Foto: Archivo)

¿Te has puesto a pensar qué vas a hacer el día que estés libre?

Estar con mi hijo y con la gente que nunca me abandonó.

Te han negado la libertad más de 12 veces y estás preso hace siete años sin sentencia pero no se te ve desesperado. ¿Qué puede quebrar a Zvonko Matkovic?

Nada que tenga que ver con esto. Mi padre y madre me dan pena porque son ellos quienes más sufren, eso es lo que más me duele.