domingo, 25 de febrero de 2018

Realizarán inspección técnica en caso taladros de YPFB

El Ministerio Público anunció para el 1 de marzo la realización de la Inspección Técnico Ocular (ITO), seguida de reconstrucción en el caso taladros Drillmec de YPFB, en el cual se procesa al expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Acha, junto a otros funcionarios.

Roger Valverde, abogado de la exjefe de contrataciones de YPFB, Paola Oporto, una de las últimas funcionarias que fue imputada dentro de este proceso, confirmó el anuncio a tiempo de referir la importancia de la información que pueda emerger de este proceso, aunque con el tiempo es un elemento que no favorece.

YPFB adjudicó el contrato para la compra de tres taladros por $us 148 millones a la empresa italiana Drillmec a pesar de haber cometido, al menos, 10 vicios de nulidad en el proceso de contratación, según detalla el informe de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos, emitido en 2016.

Ante el escándalo por las posibles irregularidades en el contrato, el ahora expresidente, Guillermo Achá, fue suspendido y destituido del cargo a otros 15 subalternos que también son procesados en la vía penal.

“Esa inspección (ITO) tiene que llevarla adelante el Ministerio Público en instalaciones de YPFB (...). Aunque nosotros, de verdad, consideramos que muy poco se va a poder obtener de esa inspección, después de tanto tiempo”, aseveró Valverde. Similar criterio tiene Héctor Castellón, abogado de Guillermo Achá.

El expresidente de YPFB cuenta con detención domiciliaria y en sus declaraciones apuntó como a una de las responsables de las irregularidades a Oporto que, a su vez, le abrió un proceso de acción privada por difamación.

OBSERVACIONES

“Veamos lo absurdo de la ITO, no es pertinente, jurídicamente hablando, en la reconstrucción, qué se va decir, ¿con este bolígrafo se ha firmado el contrato?, ¿en esta computadora se ha escrito?, no hay una relación con lo que se está investigando”, aseveró Castellón.

A su vez, para la defensa de Achá existen varias observaciones en el proceso, por el cual cree que todos los involucrados deben ser sobreseídos, pues no existe daño económico luego de que se suspendió el contrato con Drillmec.

Castellón cree que una de las cosas que busca la Fiscalía es entablar un careo entre los imputados para lograr algún indicio en una investigación que afirma no tiene avances.

Valverde, por su parte, refirió que no existe certeza acerca de qué parte de la extensa relación de hechos pretende reconstruir la Fiscalía, considerando que lo sustancial de esa adjudicación de contrato en favor de Drillmec se realizó en Santa Cruz.

La ITO se realizará en La Paz, y para este acto deben estar presentes todos los imputados que se encuentran recluidos en diferentes centros penitenciarios, cuatro de ellos en Palmasola de Santa Cruz.

ANTECEDENTES

El caso de corrupción fue hecho público por el senador Óscar Ortiz (UD); en su calidad de denunciante señala que el proceso denominado “Adquisición de tres equipos de perforación” está plagado de vicios de nulidad y actos poco transparentes.

A la fecha, se conoce de 15 funcionarios de YPFB y un particular (representante de Drillmec) que fueron denunciados ante la Fiscalía por presuntas irregularidades en el proceso de contratación.

La primera convocatoria para la adquisición de los tres taladros contempló como precio referencial el monto de $us 117,7 millones, establecido en el Documento Base de Contratación (DBC), pero fue declarada desierta porque las empresas en carrera no cumplieron con las especificaciones técnicas. Sin embargo, la segunda convocatoria subió el precio referencial a $us 165,4 millones a pesar de haber eliminado ítems por más de $us 12 millones contemplados en la primera versión.

El resultado de la convocatoria pública de ofertas concluyó con la adjudicación a la empresa Drillmec SPA, habiéndose firmado el contrato con YPFB el 7 de diciembre de 2016 por un valor de $us 148,8 millones.

Mediante resolución del directorio de YPFB, 47/2016, se autorizó el proceso de contratación de referencia que en su artículo segundo indica: "El presidente ejecutivo de YPFB queda encargado de la ejecución y cumplimiento de la presente resolución, en el marco de la normativa vigente".

Según índice mundial de percepción Bolivia ocupa puesto 112 de corrupción

Bolivia ocupa el puesto 112, de 180 países, y está entre los de menor transparencia. Entre los países sudamericanos, Uruguay se destaca en la mejor calificación, ocupando el puesto 23 en el ranking mundial, según el índice de Transparencia Internacional (TI) citado por Fundación Jubileo.

A partir del año 2012, desde cuando son comparables los datos del índice, Bolivia ha ido reduciendo su puntaje, lo que significa el incremento de la percepción de corrupción. No obstante, el 2017 mejoró un peldaño respecto al año anterior.

La escala empleada por TI es de 0 a 100, donde cero equivale a muy corrupto y 100 a muy transparente. El índice para Bolivia se mantuvo en 33 durante las dos últimas gestiones.

Los datos para el cálculo y posición de Bolivia de la gestión 2017 se sustentan en seis fuentes de información.

En la calificación de percepción de transparencia, el promedio de Sudamérica es de 39,8 sobre 100. Bolivia está por debajo, lo que significa una situación desfavorable en la percepción de la corrupción. En peor situación están Ecuador, Paraguay y Venezuela.

En el promedio mundial, Bolivia se encuentra por debajo de la puntuación media de 43. En 2017, más de dos tercios de los países en el mundo obtuvieron una puntuación inferior a 50.

Comparando los datos a nivel sudamericano, Uruguay es el país mejor posicionado con un puntaje de 70 en el IPC y ocupa la posición 23; en contrapartida Venezuela es el peor calificado, con un puntaje de 18 y en la posición 169.

TI OBSERVA DEMASIADA LENTITUD

En el análisis general, Transparencia Internacional advierte una preocupación por una mayor fragilidad en las garantías para la prensa y las organizaciones no gubernamentales (ONG).

A pesar de los esfuerzos por combatir la corrupción, la mayoría de los países están avanzando con demasiada lentitud.

TI menciona que en la región se dieron pasos contra la corrupción en varios países, pero todavía no existen políticas generales para abordar las causas históricas y estructurales de estas malas prácticas.

Los países que han priorizado la lucha contra la corrupción y crean políticas nacionales a través del consenso y la participación pública y política están mejor posicionados para dar un importante salto cualitativo, sostiene el informe.

Por el contrario, aquellos países que no priorizan los problemas de corrupción de esta manera pueden perder terreno año tras año.

Recomienda, para América, promover un enfoque integral que aborde cuestiones estructurales clave, incluida la financiación política, la contratación pública y el fortalecimiento de instituciones jurídicas independientes, sólidas y flexibles.

ALIANZAS CONTRA LA CORRUPCIÓN

En criterio de Fundación Jubileo, el estudio de Transparencia Internacional debe llamar a unir esfuerzos entre Estado y sociedad para una lucha más efectiva e integral contra la corrupción.

El manejo de los recursos públicos implica una gran responsabilidad de servicio a la ciudadanía, porque repercute en sus condiciones de vida. En la medida en que haya una toma de conciencia se sentarán las bases para la lucha contra la corrupción.

Para lograr estos propósitos es conveniente recuperar la experiencia de varios países que han tenido avances con la activa participación ciudadana y garantizando el libre ejercicio de derechos. La transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información son factores fundamentales.

Estos pasos requieren de voluntad política traducida en el fortalecimiento de la institucionalidad del Estado, lo que repercute en una mayor credibilidad y legitimidad de la autoridad pública. Lograr ese resultado es también un desafío para fortalecer el sistema democrático, apuntó Jubileo. (ANF)

lunes, 19 de febrero de 2018

Caso Banco Unión: Juan Pari denuncia red de extorsión e involucra a fiscal

Documentos a los que accedió ANF revelan que Juan Franz Pari, presunto autor del desfalco millonario al Banco Unión, interpuso una demanda penal contra una presunta red de extorsión que involucra a los implicados en el caso y a un fiscal del Ministerio Público de La Paz.

La denuncia fue presentada el pasado viernes 16 y están a la espera si la Fiscalía Departamental dará curso o no a la querella que planteó Pari, actualmente detenido en la cárcel de Chonchocoro.

En la denuncia Pari relata cómo en el momento de su aprehensión en septiembre de 2017, mientras estaba en celdas judiciales de La Paz, los hermanos Juan Carlos y Willliam Gott prometieron resolver su situación jurídica pagando al fiscal del caso, Erlán Almanza.

“Me prometieron que todo resolverían con dinero”, asegura Pari en su denuncia a la que accedió ANF. Acotó que conoció al mencionado fiscal en las celdas judiciales. “Vino el señor Almanza (a celdas) y me visitó es ahí que lo conozco”.

Pari relata que sostuvo una reunión en fecha 5 de octubre del año pasado con los hermanos Gotts y el fiscal Almanza en las celdas (judiciales) y es ahí donde entregó una suma de dinero para que resuelvan su caso, aunque no se especifica si la entrega fue a los hermanos o al fiscal y cuál el monto que supuestamente pagó.

“Estando yo en celdas judiciales, también aprehendieron a Juan Carlos Gott, y es ahí donde nos reunimos”, señala Pari.

Según Pari, los hermanos Gott se beneficiaron con parte del dinero desfalcado al Banco Unión y luego lo habrían extorsionado prometiéndole que harían desaparecer las pruebas en su contra a cambio de grandes sumas de dinero.

En su denuncia, Pari señala “haber conocido y caído en manos de personas ambiciosas, peligrosas, sañosas, y habiendo sido víctima de ilícitos en mi contra, en apego estricto de la Constitución Política del Estado, el Código Penal, siendo víctima de parte de los señores Juan Carlos Gott, William Gott, Edwin S. G., y Erlan Almanza, ante vuestra autoridad conforme los derechos y garantías constitucionales, presento denuncia contra (estos) señores”.

Pari está recluido preventivamente en el penal de Chonchocoro porque es el acusado principal del desfalco de 37,6 millones de bolivianos al Banco Unión. Los hermanos Juan Carlos y William Gott también guardan detención preventiva.

Según la agencia ANF intentó contactarse con el fiscal Almanza para conocer su versión sobre esta denuncia, pero la autoridad no respondió a las llamadas de este medio. En una ocasión una mujer respondió el celular del mencionado fiscal y pidió que “volvamos a llamar en media hora, luego de ese tiempo se intentó nuevamente la comunicación pero ya no respondieron”.

Este medio también intentó contactarse con el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, para conocer respecto a las denuncias pero tampoco contestó a su celular.

El 28 de septiembre de 2017 se reveló el desfalco al Banco Unión donde el Estado tiene, al menos, 80% de las acciones. El caso adquirió características de escándalo porque una persona, Pari, en su calidad de jefe de Operaciones de la sucursal del Banco en el municipio de Batallas, durante un año sustrajo los Bs 37,6 millones.

Las autoridades reconocieron que se burlaron todos los sistemas de seguridad, por lo que presuntamente nadie se dio cuenta que el Banco Unión era desfalcado de manera sistemática. El caso sigue en investigación.

domingo, 18 de febrero de 2018

Detención domiciliaria para dos militares vinculados al desfalco en el Ministerio de Defensa

El Juzgado Primero Anticorrupción de La Paz dispuso la detención domiciliaria de dos militares vinculados en el desfalco millonario en el Ministerio de Defensa, informó el fiscal Daniel Ayala.

Entre 2013 y 2014, ambos militares eran funcionarios del Ministerio de Defensa y en ese entonces firmaron varios cheques presuntamente de forma ilegal en favor de dos personas particulares que no tienen ninguna relación con esa cartera de Estado.

“Nueve cheques ha firmado este señor Sergio C. y el señor Jorge O. ha firmado tres cheques, uno por Bs 11 millones, esto sin el respaldo respectivo”, señaló el fiscal.

Por eso el Ministerio Público imputó al primero por los delitos de favorecimiento al enriquecimiento ilícito, incumplimiento de deberes y encubrimiento, mientras el segundo solo fue procesado por los dos primeros

El abogado de los acusados, Carlo Brito, dijo que para hacer efectiva la detención domiciliaria sus defendidos deben presentar dos garantes cada uno además del arraigo.

El jurista no descartó apelar la medida y pedir la libertad pura y simple porque dijo que ambos militares no tienen responsabilidad en el caso.

"No existe un elemento que establezca la participación o la autoría de mis defendidos en este tema porque ellos solamente como directores han firmado estos cheques y además ese dinero ya ha sido devuelto al Ministerio de Defensa, y los verdaderos involucrados, los responsables de este hecho ya están presos", manifestó Brito.

El desfalco de Bs 3,5 millones en el Ministerio de Defensa fue detectado en 2015 cuando los principales vinculados en el caso de manera sospechosa iniciaron la devolución de estos recursos; el hecho recién se denunció en la Fiscalía en 2017. Hay más de cinco personas procesadas por este hecho, entre los cuales figuran militares, exfuncionarios y particulares.

domingo, 11 de febrero de 2018

Pari asegura que no se hallará dinero sustraído del Banco Unión


Juan Pari, principal sospechoso de la sustracción de Bs 37,6 millones de dos sucursales del Banco Unión, confirmó ante la Fiscalía departamental de La Paz, que jamás se encontrará el dinero en efectivo.

“No se ha podido encontrar ningún dinero en efectivo, toda vez que en su declaración ampliatoria, Juan Pari asegura que invirtió todo el dinero y sustentó que jamás se va a encontrar ningún dinero en efectivo”, informó el fiscal Erlan Almanza, quien investiga el caso.

Almanza informó ayer que el juez segundo anticorrupción, Alan Zárate, determinó enviar a detención preventiva en la cárcel de San Pedro de Oruro, a Pablo Armijo, socio y abogado de Juan Pari.

Por un error involuntario, en la edición de hoy, se publicó la foto del fiscal Erlan Almanza, con el pie de foto que indica que se trataría de Pablo Armijo, que no es correcto.

jueves, 8 de febrero de 2018

Caso desfalco al Banco Unión Armijo puso casa a nombre del padre de Pari

De acuerdo con la imputación presentada por la Fiscalía, entre los varios trámites que realizó el abogado Pablo Armijo, está la minuta de traspaso para colocar un inmueble ubicado en la zona Sopocachi, a nombre de Segundino Pari, padre del exjefe de operaciones de la agencia del Banco Unión en Batallas, Juan Franz Pari Mamani, principal sindicado del desfalco de 37,6 millones de bolivianos a esa institución.

Armijo fue aprehendido el lunes, luego de prestar declaración informativa, ayer el juez segundo anticorrupción de La Paz, Alan Zarate, determinó enviarlo con detención preventiva al penal de San Pedro en Oruro, luego de hallar indicios de la presunta participación de esta persona en los hechos que se investigan.

COMPUTADORAS

El fiscal asignado al caso, Erlan Almanza, imputó a Armijo por los delitos de obstrucción a la investigación, favorecimiento al enriquecimiento ilícito y asociación delictuosa.

Almanza detalló que junto a Romel Paredes, otro de los socios y amigo de colegio de Pari, Armijo estuvo a cargo de la tramitación de los documentos de constitución de la empresa Saltcon, además de la compra y venta de vehículos e inmuebles.

En audiencia, Almanza detalló que entre los indicios en contra de Armijo está la declaración de otro investigado que señala que el día de la detención de Pari y su novia, en septiembre de 2017, el abogado, junto a otras dos personas, se presentó en las oficinas de Pari para retirar los equipos de computación de Saltcon que a la fecha se desconoce el paradero.

Para lavar el dinero sustraído al Banco Unión, Pari creó en colaboración de cuatro amigos de colegio, la empresa Saltcon.

Con esa empresa, Pari había planificado captar a socios para invertir en diferentes negocios, como lo hizo con los hermanos Juan Carlos y William Gott, ambos detenidos por haber recibido parte del dinero del Banco Unión.

Entre los negocios que la Fiscalía afirma que el abogado Armijo legalizó, está la compra de la discoteca "Center Club", ubicada en la avenida Perú. "También tenemos los documentos de constitución de la empresa AURA con los hermanos Gott, todos esos proyectos, era él quien los realizaba para Pari y otras personas", detalló el fiscal.

CASA

Asimismo, se mencionó que en la declaración informativa de Segundino Pari, este primero negó conocer que el inmueble incautado en la zona de Sopocachi que fue registrado a su nombre en Derechos Reales, pero aseguró que el único documento referido a ese domicilio le fue presentado por Armijo, quien le pidió que firmara.

CONTRADICCIÓN

Al término de la audiencia, Armijo, con el rostro cubierto por una gorra y barbijo, fue escoltado a celdas judiciales y negó dar su versión.

Por su lado, Sonia Verástegui, abogada de Armijo, negó los cargos y señaló que hay varios aspectos de la imputación que son contradictorios.

Respecto de que su cliente haya sido quien retiró los equipos de computación de Saltcon, la abogada señaló que es una contradicción de la Fiscalía, decir que Armijo fue quien representó a Pari y su pareja, Luciana Cagnola, en la declaración informativa del 26 de septiembre y que esa misma noche retiró los equipos.

ERA SOLAMENTE EMPLEADO

"No es evidente que sea socio (de Saltcon), él (Armijo) ha sido contratado para ser asesor jurídico, obedecía órdenes de su inmediato superior", aseveró a EL DIARIO Verástegui.

Negó que su cliente haya realizado los trámites señalados por la Fiscalía, y que Armijo solo presentó "proyecciones" de documentos.

Sobre el domicilio puesto a nombre del padre de Pari, Verástegui señaló que se debe esperar aún varios informes, pero Armijo "no realizó el trámite para colocar el inmueble a nombre del señor Pari, lo que sí hizo, fue las proyecciones de minutas, en las que intervino por la condición de asesor jurídico que él tenía", afirmó la abogada.

Según los datos proporcionados por la abogada y el fiscal Almanza, con un sueldo de 7.000 bolivianos, Armijo solo trabajó por mes y medio en Saltcon, antes de que Pari fuera aprehendido en la plaza Isabela Católica.

Armijo había renunciado a su trabajo en una universidad privada y antes de eso, en marzo, participó, como abogado libre, en la elaboración de constitución de Saltcon, cuyo gerente era Pari.

sábado, 3 de febrero de 2018