viernes, 30 de octubre de 2009

Perú rechaza el asilo de “Chito” Valle y se pedirá su detención

Noticia publicada el 30 de Octubre 2009 en La Razon



El Gobierno de Perú le negó asilo político al ex prefecto de La Paz Luis Alberto Chito Valle, acusado de corrupción por un monto superior a 17 millones de dólares durante su gestión (1997-1999). La comisión que evaluó su caso consideró que no cabía el argumento de perseguido político para otorgarle el beneficio.

El diario peruano El Comercio publicó ayer que la Comisión Multisectorial, que evalúa los pedidos de asilo al Gobierno peruano, rechazó, por segunda vez, darle el beneficio a Valle. Arguyó que “afronta una acusación por corrupción desde cuando se desempeñaba como prefecto de La Paz, durante la época en la que su suegro, Hugo Banzer (ADN), era presidente (1997-2001)”.

La publicación agrega que la respuesta a la solicitud de Valle fue distinta a la que recibieron tres ministros de Gonzalo Sánchez de Lozada, que sí recibieron asilo político en ese país, es decir Javier Torres-Goitia, Mirtha Quevedo y Jorge Torres.

Éstos son procesados en Bolivia por su presunta responsabilidad en el caso Octubre del 2003.
El gobierno de Evo Morales tramita ante la Cancillería de Perú la extradición de las ex autoridades de Estado.

El diario peruano añade que “ellos (los tres ex ministros) han sido acusados por participar en un gabinete en el que se aprobó que la Policía boliviana actúe en los desmanes de El Alto”. La Comisión Multisectorial consideró que al tratarse de un acto político sí eran perseguidos políticos.

Aunque el Gobierno de Perú no le otorgó el beneficio de asilo, Valle podría quedarse en ese país como turista o incluso pedir la residencia, según El Comercio.

Al respecto, Rolando Rivero, el fiscal de recurso que investiga la denuncia contra Valle en Sucre, anunció que solicitará a Perú la detención preventiva del ex prefecto para evitar su posible fuga a un tercer país, reportó PAT.

En tanto que el fiscal Milton Mendoza calificó de “positiva la decisión del vecino país de rechazar el pedido de asilo político”.

Mendoza recordó que el ex prefecto “está buscado por la justicia boliviana por hechos de corrupción cometidos durante su gestión prefectural en el departamento de La Paz”.

Indicó que sobre el ex prefecto pesa un mandamiento de aprehensión y en cuanto las fuerzas de la Interpol lo encuentren, se procederá a su extradición. Además afirmó que la posición asumida por Perú “servirá de precedente para todos quienes pretendan escapar de la justicia”.

Hace una semana, se informó que dos venezolanos y un boliviano solicitaron asilo al Gobierno de Perú. De acuerdo con la agencia de noticias AFP, el boliviano era el ex prefecto de La Paz, Luis Alberto Valle Ureña.

LAS ACUSACIONES

Caso Bamin • Hace 10 años comenzó un juicio de responsabilidades contra Valle por los casos Banco Minero, por $us 7,1 millones, y la compra de muebles a La Cuisine por $us 210.049.

“Chitochatarra y casa” • Una casa de la Prefectura, en la calle Antonio Gallardo, fue vendida en $us 100 mil. Vendió vehículos como chatarra en $us 2 millones. Después transfirió 8,2 millones de dólares a Ferreco.

Recusación • El juicio oral contra Valle comenzó el 22 de septiembre del 2008, pero desde el 4 de marzo del 2009 la ex autoridad recusó en seis ocasiones a los jueces, luego desapareció.

Libre • El 27 de febrero del 2007, el ex prefecto fue detenido por solicitud de la Corte Suprema por la venta ilegal de vehículos. El 2 de marzo salió en libertad por un fallo de la Corte de Superior de Distrito de Sucre.

miércoles, 14 de octubre de 2009

Comerciantes piden investigar a Quintana en caso 33 camiones

Noticia publicada el 14 de Octubre de 2009 en La Prensa


Erbol y La Prensa.- Los propietarios de los 33 camiones, implicados en supuestos hechos de contrabando en Pando, ganaron un amparo constitucional, recurso que posibilita incluir al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y al prefecto de ese departamento, Rafael Bandeira, en la investigación por este delito.

El recurso legal fue presentado ante la Corte de Distrito de Pando y resultó procedente.

La noche entre el 26 y el 27 de julio de 2008 salieron de la Zona Franca (Zofra) de Cobija 33 camiones con mercadería, que no había sido desaduanizada, con destino a la frontera con Brasil. En esa oportunidad, el líder de los transportistas Jesús Chambi alegó contar con la autorización de Juan Ramón Quintana para pasar el punto de control aduanero.

Los vehículos fueron detenidos en Santa Rosa del Abuná y liberados por la fuerza por los comerciantes el 23 de agosto.

El caso estalló a finales de ese año a raíz de la declaración que hizo el ex presidente de la Aduana César López. Quintana y Bandeira se vieron involucrados por las acusaciones del militar retirado, quien fue titular de la entidad de control hasta noviembre del año pasado, cuando fue destituido por el Gobierno.

La Prensa denunció en diciembre de 2008 que los comerciantes habían tomado contacto con el presidente Evo Morales mediante dos cartas en que le pedían una salida para los camiones que entonces estaban retenidos.

La comisión especial de Diputados, controlada por la mayoría oficialista, que investigó el caso y que hizo de cabeza de Ministerio Público quitó a ambas autoridades responsabilidad penal y administrativa.

En la Corte de Distrito de Pando, la Aduana abrió un caso por el que quedaron imputadas una treintena de personas, entre comerciantes y transportistas; esta causa está abierta desde antes de que los parlamentarios tomen conocimiento del caso.

Su abogado, Aurelio Valenzuela, indicó que el amparo ganado abre las puertas a que Quintana y Bandeira también sean investigados. Adelantó que se harán las acciones necesarias para que sus defendidos no sean los únicos acusados en Cobija.

“Ese recurso salió procedente y a partir de ahora vamos a intentar que todas las personas

sean procesadas bajo una misma medida de tipo penal que se está calificando en este proceso; vale decir que si todas las personas tienen responsabilidad de contrabando, todas tienen que ser procesadas, desde el más grande hasta el más pequeño y no como se viene haciendo, (con) una distinción en lo que es el Ministro, lo que es el Prefecto y lo que son los transportistas y los dueños de la mercadería”.

De acuerdo con el abogado, sólo a los transportistas y los dueños de la mercadería les imputaron los delitos de contrabando y sustracción de prendas aduaneras, quedando exonerados Quintana y Bandeira.

“Los transportistas me han confesado que están absolutamente frustrados porque el Ministro de la Presidencia los ha abandonado en este tema y se ha convertido en un elemento acusador contra ellos siendo de que él es una persona que participó activamente y prácticamente ha inducido, ha instigado y ha coordinado esta acción que se ha cometido de los 33 camiones”.

Este medio trató de comunicarse con el prefecto Bandeira; sin embargo, éste no contestó su teléfono celular.

El 7 de mayo de este año, una comisión multipartidaria de la Cámara de Diputados investigó el supuesto contrabando de 33 camiones en Pando y presentó un informe en el que concluye que se hallaron indicios del delito de contrabando. Este documento fue remitido a la Fiscalía General de la República para que continúe con la investigación y determine el inicio de un juicio contra los involucrados en este caso.

El diputado Javier Zavaleta (MSM), quien fue presidente de la comisión multipartidaria, indicó que el Ministerio Público es la instancia que decidirá si se incluye en este proceso a esas dos autoridades o se abre una nueva investigación en la Fiscalía.

De acuerdo con el informe legislativo, se imputa formalmente la comisión de delitos e incumplimiento de deberes al teniente miembro del Control Operativo Aduanero (COA) Cristian Deheza Lugones, al ex presidente de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) general Cesar López Saavedra, al ex gerente regional de la Aduana Regional de La Paz Luis Fernando Sánchez y al administrador de la Aduana de Cobija, Mario Vásquez Peñaranda.

Este informe, que fue aprobado por la mayoría del Movimiento Al Socialismo en la Cámara Baja, desliga de toda culpa y responsabilidad al Prefecto interino del departamento de Pando, al ministro Quintana y a sus colegas de Defensa, Walker San Miguel, y de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce, por no existir ningún indicio en su contra. Estas dos autoridades fueron implicadas porque son cabeza del Comando Conjunto.

Datos

Este caso fue investigado por una comisión multipartidaria durante ocho meses.

No hubo consenso y se presentaron tres informes al Pleno de la Cámara de Diputados.

Uno fue presentado por el diputado Zavaleta, otro por el MAS y otro por la oposición.

Un fallo reaviva el lío de los 33 camiones

Noticia publicada el 14 de Octubre de 2009 en La Prensa

El abogado de los transportistas y comerciantes implicados en la fuga de 33 camiones con contrabando en Cobija (Pando), Aurelio Valenzuela, dijo que buscará que el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, sea procesado por el hecho; luego que un amparo constitucional resultara favorable a sus clientes.

En julio del 2008, los 33 camiones evadieron el control de la Aduana, con el argumento de que tenían el permiso del ministro Quintana para pasar. Aunque fueron retenidos durante un mes, huyeron por la fuerza tras rebasar a los efectivos del Control Operativo Aduanero (COA).

“Los transportistas me han confesado de que están absolutamente frustrados porque el Ministro de la Presidencia los ha abandonado en este tema y se ha convertido en un elemento acusador contra ellos siendo de que él es una persona que participó activamente y prácticamente ha inducido, ha instigado y ha coordinado esta acción que se ha cometido de los 33 camiones”, dijo Valenzuela, según la Red Erbol.

En ese sentido, explicó, “hemos presentado el recurso de amparo constitucional porque se está vulnerando el derecho al trabajo; se ha secuestrado camiones, los transportistas están sin trabajo y la gente ha perdido su mercadería, son los únicos perjudicados”. Luego, agregó que “ese recurso salió procedente y a partir de ahora vamos a intentar que todas las personas sean procesadas bajo una misma medida de tipo penal, que (es la que) se está calificando en este proceso”.

En contacto telefónico con La Razón, el abogado indicó que se encontraba en la Fiscalía de Pando y que “estaba trabajando en el tema”; por lo que pidió que lo llamaran dentro de media hora. No volvió a contestar su celular.

La comisión de diputados que investigó los hechos acaecidos en Pando elaboró un informe, que luego fue aprobado por la Cámara Baja, en la que el oficialista MAS ostenta la mayoría.

El documento libera de responsabilidad en el caso al ministro y al prefecto de Pando, Rafael Bandeira, entonces jefe del Comando Conjunto de esa región.

“En el informe de la omisión se lo sustrae de cualquier responsabilidad al ministro Quintana y al prefecto Bandeira y sólo propone el tema de responsabilidad administrativa. Sólo ellos (los transportistas y comerciantes) fueron perjudicados, se los está imputando por los delitos de contrabando y sustracción de prensas aduaneras”, declaró.

Este medio intentó conocer la versión del presidente de la comisión, Javier Zavaleta (MSM-MAS), pero su secretaria señaló que éste estaba en una reunión.

En tanto que el diputado Arturo Murillo (UN) —también miembro de la comisión— señaló a La Razón que el fallo judicial “abre la posibilidad de que puedan ser juzgados Quintana, Bandeira, Jesús Chambi (dirigente de los comerciantes) y todos los que fueron excluidos por los parlamentarios masistas”. Anunció que este mes presentará su informe de minoría sobre el tema. José Pimentel, uno de los diputados del MAS que firmó el informe, señaló: “Lo que nosotros hemos podido ver es que no ha habido ninguna participación, directa o indirecta, del ministro (Quintana) en el hecho de contrabando, que se ha circunscrito a los contrabandistas y a los funcionarios del COA”.

Los antecedentes datan del 2008

26 de julio • Una flota de 33 camiones evadió el control aduanero en la tranca del kilómetro 19, en Cobija (Pando). Los dueños de la mercadería dijeron tener el permiso del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.

27 de julio • Los vehículos llegaron a la localidad de Santa Rosa del Abuná, a 180 kilómetros de Cobija, donde fueron interceptados por efectivos del Comando Conjunto. En ese lugar permanecieron detenidos 27 días.

30 de julio • El Ministro de la Presidencia se reunió con los comerciantes de Pando y con autoridades de la Aduana Nacional en el Palacio de Gobierno (La Paz), para encontrar una salida a lo acontecido en Cobija.

23 de agosto • Pobladores y comerciantes de Puerto Evo, a donde se dirigía la mercancía, rebasaron a los efectivos aduaneros que custodiaban los camiones y fugaron con ellos a la localidad fronteriza con Brasil.

martes, 6 de octubre de 2009

Fiscalía arresta a Dips por presunto desfalco en Cotel


Noticia publicada el 6 de Octubre en La Prensa

El ex ejecutivo de Cotel Fernando Dips fue aprehendido e imputado ayer por la Fiscalía por la supuesta comisión de los delitos de atentado contra la seguridad de los servicios públicos, asociación delictuosa, estafa y conducta antieconómica, que incluye un aparente desfalco en la telefónica de aproximadamente ocho millones de dólares.

Dips fue arrestado, alrededor de las 15.00, en inmediaciones de su domicilio en la zona Sur por un investigador de la Fiscalía, quien lo aprehendió y llevó a donde el fiscal Félix Peralta.

El Ministerio Público emitió y envió el viernes, según ese Fiscal, la citación para que Dips se presentara a las 09.00 de este lunes, para dar su declaración informativa, pero no se presentó.

Por la tarde, la declaración del ex ejecutivo se prolongó por encima de las 21.00.

Pasó la noche en las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), donde esperará la audiencia en el Juzgado Tercero de Instrucción en lo Penal Cautelar, donde hoy, según Peralta, el Ministerio Público formalizará la imputación.

Como en anteriores oportunidades, Dips negó los cargos y acusó al interventor de la Cooperativa de Teléfonos La Paz (Cotel), César Böhrt, de buscar una revancha política para favorecer al oficialismo con los recursos de la telefónica.

Böhrt fue designado interventor por el Viceministerio de Cooperativas, dependiente del Ministerio de Trabajo, tras una huelga de trabajadores de Cotel y presiones de vecinos de La Paz y El Alto que exigían la salida de Dips del cargo de presidente del Comité de Administración, y de Jaime Siles, ahora ex presidente del Comité de Vigilancia.

El 21 de julio presentó en la Fiscalía de La Paz una acusación contra Dips, Siles y diez ex consejeros por los delitos antes mencionados, que incluyen la compra de ITS (Televisión Satelital Cable Color), en Santa Cruz de la Sierra, en 7,4 millones de dólares, lo que representaría un sobreprecio de 6,4 millones de dólares.

Por entonces, Böhrt explicó a los medios que “en junio de 2008 ITS tenía un valor total de cuota de capital de 757.680 dólares y los ex consejeros pagaron 7,4 millones de dólares. Esta información se desprende de los contratos que suscribieron la empresa y la cooperativa”.

De acuerdo con una auditoría de Acevedo & Asociados, los ex consejeros de Cotel pagaron además 1,8 millones de dólares por 4.785 abonados fantasmas en la compra del total de abonados de Supercanal.

Según la explicación hecha por Böhrt, Supercanal y Cotel declararon 25.000 abonados, por lo que acordaron una transferencia por 9,5 millones de dólares, cuando en realidad no eran más que 20.215 abonados.

Los ex consejeros de Administración y Vigilancia también “se beneficiaron gratuitamente con 60.288 litros de gasolina para sus vehículos particulares, por 31.862 dólares”.

Consumieron por llamadas de celulares 33.366 dólares. Cobraron pasajes y viáticos por más de medio millón de bolivianos, afirmó el interventor ante los fiscales asignados a este caso.

Peralta puntualizó que las cifras presentadas por Böhrt al Ministerio Público están bajo evaluación y anunció que en las próximas horas se conocerá el monto final del supuesto desfalco cometido por Dips, Siles y los otros supuestos responsables.

Los otros ex directivos implicados en la causa son: Ramy Pardo Hernánz, Cecilia Mazi Silva, Víctor Roque Guerra, Omar Sadud Guillén y Fernando Arraya Araúz, y de Vigilancia, además de Siles Hoyos, Felipe Armando Jiménez, Limbert Ayarde Velasco y Daniel Aliaga Forges.

El pasado mes, el Interventor despidió a 40 empleados, entre ellos gerentes, jefes de departamento y administrativos, como consecuencia de la querella criminal y procesos administrativos iniciados contra los ex consejeros, ex gerentes y el personal involucrado en delitos en Cotel.

La auditoría estableció también que la telefónica sufrió la pérdida de 99 millones de bolivianos entre enero de 2008 y junio de 2009 por la explotación de seis de sus 11 servicios, que tienen déficit y no ganancias.

Antecedentes

Cotel fue intervenida por el Gobierno en junio de este año por tres meses.

En septiembre, el Ministerio de Trabajo amplió esa intervención hasta fin de 2009.

Dips es acusado de cometer delitos económicos contra la cooperativa paceña.

El ex ejecutivo fue aprehendido a las 15.00 de este lunes en un barrio de la zona Sur.

La Fiscalía presentará hoy la imputación a Constancio Alcón, del Juzgado Tercero Cautelar.

Ramírez es el nuevo delegado de los presos

Noticia publicada el 6 de Octubre de 2009 en La Razon

El ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez es ahora el delegado de los presos de la sección “Posta” del penal de San Pedro de La Paz, donde se encuentra detenido desde el 12 de febrero, acusado de corrupción en la estatal petrolera.

La elección se realizó el domingo pasado. El rival de Ramírez fue Dante Escóbar, el principal responsable del millonario fraude en el Fondo Complementario de Seguridad Social de la Administración Pública (Focssap).

Según Jaime Alarcón, recluso de la sección “Kenko” del penal de San Pedro, Ramírez obtuvo 45 votos a favor y Escóbar, 35.

El interno aclaró que el ex presidente de YPFB no es delegado de toda la población carcelaria sino sólo de los internos de la “Posta”. El representante de todos los presos es Roberto Vildoso.

Informó de que en “La Posta” hay 80 personas recluidas.

sábado, 3 de octubre de 2009

Santos Ramírez es candidato a delegado de la sección La Posta

Noticia publicada el 3 de Octubre de 2009 en La Prensa


El destituido presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez busca ser elegido hoy delegado de la sección La Posta del penal de San Pedro, donde se encuentra recluido desde el viernes 13 de febrero.

Unidad, Organización y Acción por Nuestros Derechos es el nombre de la fórmula que postula a Ramírez, cuyo único contrincante es el ex mayor Freddy Cáceres, condenado a 22 años de presidio por el asalto de una remesa de Prosegur, el 14 de diciembre de 2001, en la avenida Kantutani.

La de ayer fue una jornada de fiesta en la sección VIP del penal. Ramírez ofreció a las 07.30 un “desayuno de compañerismo” para los aproximadamente 100 recluidos en esa sección de la cárcel.

A las 10.30, el candidato invitó a los internos de La Posta una “salteñada por la amistad”.

Alrededor de las 13.30 hubo una “lechonada” para los votantes y a las 18.00 se llevó a cabo la ceremonia de entrega de galardones a los ganadores de un torneo interno de fútsal.

Por la noche se efectuó la denominada “Rifa por la Unidad”, cuyos premios fueron un televisor, una radio, cinco cafeteras y cuatro relojes de pared.

José Luis Terán, detenido por delitos relativos a la Ley 1008, es postulante al cargo de secretario general.

La comisión revisora del cumplimiento de los requisitos confirmó que Ramírez es propietario de una celda en ese sector.

El ex ejecutivo de la estatal petrolera pagó 2.800 dólares por ese ambiente y adeudaba 140 dólares por concepto de comisión de transferencia, de acuerdo con el artículo 16 de la normativa interna de los reos.

Para no tropezar con problemas, Ramírez pagó a los delegados de la sección esa comisión y quedó plenamente habilitado para competir en los comicios internos.

La Posta

La sección La Posta es un sector aislado de la población penitenciaria de San Pedro.

El lugar es considerado el lugar VIP de la cárcel. Las celdas son las más costosas.

En ese sitio está también recluido el ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández.

Otros detenidos por el caso de YPFB son Luis Fernando Córdoba y Javier Navia.