viernes, 29 de septiembre de 2017

Arresto domiciliario para exgerente de Bolivia TV

La Paz.- La jueza Cuarto Anticorrupción de La Paz, Melina Lima, dispuso la cesación a la detención preventiva del exgerente de Bolivia TV, Gustavo Portocarrero, implicado en hechos de corrupción en el canal estatal.

“La jueza ha dispuesto la detención domiciliaria con autorización de salidas a trabajo”, señaló Mónica Ramírez, abogada del acusado.

La jurista dijo que en la audiencia de cesación a la detención preventiva se han enervado varios riesgos procesales como el de fuga y por ello la jueza dispuso la detención domiciliaria para Portocarrero.

El exgerente del canal estatal estuvo recluido en el penal de Patacamaya por 70 días aproximadamente, tras ser implicado en los delitos de conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado, porque habría firmado el proceso irregular de contratación de la empresa Autored SRL para la implementación de un proyecto televisivo por 25 millones de bolivianos.

Ramírez señaló que en el proceso de investigación se fue esclareciendo el caso y se verificó que los equipos adquiridos mediante el mencionado proyecto están en ambientes de Bolivia TV, solo con otros códigos, lo que certifica que fueron entregados al canal estatal.

La abogada lamentó que existan muchas incongruencias en el caso como decir que los equipos comprados no están y luego aparezcan con otros códigos.

Mencionó que los 25 millones de bolivianos los tiene la empresa Autored SRL. “Es lo que también ha cuestionado la defensa técnica, que por qué no se los ha imputado a los encargados de la entrega de este proyecto, si dicen que hay contratos lesivos al Estado”, apuntó.

La audiencia de Portocarrero se llevó a cabo el miércoles. Por este caso solo queda con detención preventiva en el penal de San Pedro Rubén Darío M. Ch., exgerente técnico del canal estatal. (ANF)

Papeles de Panamá: Comisión identifica unos cuatro delitos



La Comisión Especial Mixta que investiga los Papeles de Panamá identificó al menos cuatro delitos en los seis casos en los que concentró su atención en más de un año de trabajo.

El diputado de Unidad Demócrata (UD) y miembro de la Comisión legislativa Víctor Gutiérrez informó a Cambio que producto de la investigación realizada se pudieron identificar cuatro delitos penales que serán puestos a conocimiento del pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

“Hay indicios de responsabilidad en casos de legitimación de ganancias ilícitas, comprobados en más de un caso, estelionato, organización criminal y asociación delictuosa”, afirmó.

Los casos que investigó esta instancia del legislativo fueron: Entel Bolivia International Limited, Comteco, Kreidler, Romero, Marinkovic y Akapana.

Toda vez que el miércoles se suspendió la sesión ordinaria donde se debía afinar el contenido del informe, ésta fue convocada para el sábado a las 12.30 en el Hemiciclo de la Comisión de Constitución y Legislación Electoral.

En el encuentro se revisará el proyecto de norma que será presentado al pleno de la Asamblea Legislativa. El diputado anticipó que ésta contendrá entre 15 y 18 artículos, toda vez que fue comprimida, pero sin quitar su esencia, que tiene el objetivo de sancionar la migración de capitales a los paraísos fiscales.

Valoración

La presidenta de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, Susana Rivero, presume que en la investigación sobre los Papeles de Panamá se cometieron varios ilícitos que serán conocidos en el informe final.

“No he visto aún el informe final de Papeles de Panamá, pero hay presumiblemente varios ilícitos, no sólo de Samuel Doria Medina, sino de varios otros grupos empresariales”, sostuvo.

La legisladora se refirió al tema cuando abordó las sanciones que serán incluidas en el nuevo Código del Sistema Penal Boliviano y hacen referencia a la comisión de delitos relacionados con la evasión al pago de tributos.

“Se puede sancionar por la vía penal a las personas naturales, que somos todos de manera individual, a las personas naturales a través de sí mismas o representante legal, y también se está trabajando un procedimiento para sancionar a las personas jurídicas, es decir a las empresas”, declaró.

El 16 de junio de 2016, la Comisión Especial Mixta de Investigación de los Papeles de Panamá inició su trabajo.

En la fase inicial de su trabajo, esta comisión recibió el asesoramiento de expertos nacionales e internacionales que aportaron con su experiencia en la forma como abordar el tema.

jueves, 28 de septiembre de 2017

Caso misiles chinos Gobierno analiza proceso por vía militar

El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, informó que el Gobierno analiza la posibilidad de abrir un nuevo proceso de investigación mediante la justicia militar contra los implicados en la desactivación y entrega de 36 misiles chinos a Estados Unidos el 2005. El objetivo es que los responsables del hecho no queden en la impunidad.

“Estamos viendo por la vía de la justicia militar tomar las acciones contra los militares que incurrieron en este delito grave cuando entregó el material estratégico del país a una potencia extranjera. Estamos analizando, porque hay un principio jurídico y dice que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, pero (hasta ahora solo) han sido juzgados en la vía civil y queda todavía la vía militar”, explicó Ferreira.

El pasado 30 de agosto, el Tribunal Supremo de Justicia dictó una sentencia de tres años de cárcel contra ocho implicados en la desactivación de 36 misiles chinos por el Gobierno de Estado Unidos. Este pertenecía a las Fuerzas Armadas de Bolivia.

IMPLICADOS

Los militares que fueron sentenciado en este caso son el excomandante de las Fuerzas Armadas almirante Marco Antonio Justiniano y el exjefe del Ejército, general Marcelo Antezana, quienes fueron condenados a tres años de cárcel.

En tanto, el general Víctor Hugo Cuéllar Balcazar recibió una sentencia de dos años y seis meses. Los coroneles David Torricos Vargas, Ciro Valdivia Murguía y Wilbert Sánchez fueron sentenciados a dos años, otros dos implicados fueron absueltos. Estos militares podrían ser sometidos a la justicia militar.

Ferreira señaló que están evaluando cuáles serían los delitos por los que pueden ser procesados, tomando en cuenta el principio jurídico que ninguna persona puede ser juzgada dos veces por un mismo delito.

Esta sentencia fue calificada de “benévola” por parte de las autoridades de gobierno, el presidente Evo Morales instruyó el inicio de un juicio de responsabilidades en contra los seis magistrados del TSJ.

RATIFICACIÓN

El comité del Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados convocó ayer a las partes demandantes de los dos procesos contra los magistrados, la procuradora interina, Erika Chávez y el expresidente Carlos Mesa se presentaron en este acto.

Con relación a la denuncia presentada por el Ministerio de Justicia, Defensa y la Procuraduría General del Estado se ratificó la demanda contra las seis autoridades judiciales por los delitos de prevaricato, resoluciones contrarias a la constitución, e incumplimiento de deberes.

Por otra parte, el expresidente Carlos Mesa no pudo confirmar su denuncia contra los magistrados debido a que el Tribunal Supremo de Justicia no remitió la fotocopia legalizada de la sentencia, donde suprimió el párrafo final de la sentencia que implica a la exautoridad en el caso.

La secretaria del comité del Ministerio Público, Betty Yañíquez, decidió postergar la audiencia de ratificación de la denuncia hasta contar con toda la documentación respectiva.

Por ultimo, Yañíquez indicó que los magistrados del TSJ fueron convocados para la próxima semana a declarar ante este comité.

miércoles, 27 de septiembre de 2017

martes, 26 de septiembre de 2017

Comisión entregará informe del caso papeles de Panamá

La Comisión Especial Mixta del Legislativo que investiga los papeles de Panamá presentará el viernes el informe final al pleno de la Asamblea Legislativa, en el mismo, se prevé que los antecedentes de al menos tres de las seis empresas indagadas serán remitidos al Ministerio Público porque se encontraron presuntos indicios de desvío de recursos.

“Esta es la semana definitiva del trabajo de la comisión, vamos aprobar el proyecto de ley que hemos discutido internamente junto a los casos que hemos tratado y que serán remitidos vía informe al pleno de la Asamblea Legislativa hasta el viernes”, informó el diputado disidente de la oposición, Víctor Gutiérrez.

El 13 de mayo de 2016, la Asamblea Legislativa creó la Comisión Especial Mixta para investigar la posible vulneración de la normativa nacional y la afectación del interés público con actividades y transacciones de empresas o entidades offshore (paraísos fiscales), después que se destapó el caso Papeles de Panamá.

IMPLICADOS

Gutiérrez indicó que se investigaron a seis empresas de los cuales los antecedentes de tres de estas serán remitidos al Ministerio Público para que sean investigadas por esta instancia, tomando en cuenta que se identificaron supuestos indicios de desvío de recursos.

No quiso dar mayores detalles sobre las empresas que serán investigadas, con la finalidad de no entorpecer el proceso.

PROYECTO DE LEY

Por otra parte indicó que presentaran un proyecto de ley para evitar la fuga de recursos al extranjero, donde se plantean la modificación de algunos artículos del Código de Comercio y al Código Tributario. El proyecto cuenta con 31 artículos y las sanciones son de acuerdo al tipo penal.

miércoles, 20 de septiembre de 2017

Alcalde de Achacachi pide 'garantías' para dialogar; descarta corrupción


Édgar Ramos, alcalde de Achacachi, electo bajo la sigla del MAS, solicitó garantías para entablar un diálogo con el sector que pide su renuncia. Ratificó que no renunciará y tampoco pedirá licencia para ser investigado por las denuncias de malos manejos.

"Estamos dispuestos a dialogar. Tiene que haber garantías personales, garantías a mi persona, porque se ha mostrado llamadas, secuestros, entonces qué garantías puedo tener. Yo solo soy una persona", dijo desde la plaza Murillo en La Paz.

Son casi ocho meses de conflicto, tras los hechos violentos de febrero, cuando existieron quemas y saqueos en ese municipio de la provincia Omasuyus. Al reactivarse el problema, hace semanas, se instaló un bloqueo en la vía a Copacabana y vigilias en la sede de Gobierno.

"He manifestado que voy a cumplir mi mandado. He dicho de que nos sometemos a la Constitución Política del Estado. Tampoco puedo pedir licencia porque no hay las pruebas que ellos mencionan", explicó la autoridad.



Justificó que no existen hechos de corrupción y que las "obras millonarias" que se mencionan son para una serie de trabajos en la plaza principal de Achacachi. "No hay daño económico. No hay que creer en todas las publicaciones del ‘Face'", dijo el titular.



martes, 19 de septiembre de 2017

Acusado en caso de Ostreicher cae preso otra vez en Brasil


El brasileño Maximiliano Dorado Munhoz Filho, uno de los principales personajes que junto al estadounidense Jacob Ostreicher y otros, figura como acusado por la Fiscalía antinarcóticos por delito de tráfico de sustancias controladas, no podrá estar presente en el juicio que se inicia este jueves 21 porque de nuevo cayó preso en su país, Brasil.

La Fiscalía de Santa Cruz, a través de los integrantes de la comisión Rosmery Barrientos, Freddy Guzmán y Carlos Robles, conoció que Maximiliano Dorado, más conocido como ‘Niño de oro’ en Brasil logró salir con medidas precautorias y sustitutivas. Los organismos de seguridad judicial le habían colocado un chip para tener un control sobre sus movimientos. Sin embargo, Dorado había logrado zafarse de ese control y de nuevo ingresó a Bolivia burlando los controles. Cuando regresó a Brasil fue detectado y de nuevo enviado a prisión.

La Fiscalía de Santa Cruz gestionó y, según informes, logró notificar por edicto a Dorado, por lo que si no acude a la audiencia del 21 será declarado rebelde.
Es acusado por el delito de legitimación de ganancias ilícitas junto a Ostreicher, los colombianos John Wilson Díaz y Claudia Liliana Rodríguez Espitia. Asimismo Aníbal Ezequiel Gómez Filho, Ozzie Dorado Lozado y otros.

Expulsión del ‘Niño de oro’
Informes de la Felcn señalan que Dorado fue detenido en Santa Cruz el 29 de diciembre de 2010 para ser expulsado a Brasil, donde tenía cuentas pendientes por narcotráfico y el asesinato de dos policías brasileños.

Era uno de los traficantes más buscados del estado de Rondonia con un prontuario que se remonta a 1995. En Bolivia al ‘Niño de oro’ la Felcn lo acusa de haber montado laboratorios de cristalización y de ser uno de los proveedores de cocaína peruana y brasileña a los mercados del centro oeste y sudeste de Brasil.

sábado, 16 de septiembre de 2017

Caso de privatización de Vinto salpica a Tuto



El gobierno del expresidente Jorge Quiroga Ramírez conoció las irregularidades en la adjudicación de la empresa Metalúrgica de Vinto a Gonzalo Sánchez de Lozada y no hizo nada, aseguró ayer el diputado del MAS-IPSP Javier Zavaleta.

El legislador, que preside la Comisión Especial Mixta que Investiga la Privatización y Capitalización, indicó que el exjefe de Estado no tuvo la “capacidad para iniciar una investigación y ajustar los atropellos que se dieron en esa época”.

Mencionó que la irregularidad se dio en la forma como se adjudicó dicha empresa la Compañía Minera del Sur (Comsur), propiedad del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada.

“Ésa es una prueba palpable de cómo se manejó la propiedad del Estado durante los gobiernos neoliberales”, sostuvo Zavaleta.

“De todas maneras estamos analizando esto y viendo si corresponde iniciar procesos penales para los responsables de aquel entonces, y eso lo vamos a conocer a finales de septiembre”, anticipó.

El senador del MAS-IPSP Rubén Medinaceli informó a Cambio que la empresa metalúrgica de Vinto fue dividida en dos unidades económicas: una es la Vinto Estaño, que fue vendida en $us 14,7 millones (su costo original fue de $us 140 millones), y la de Antimonio, cedida en $us un millón 100 mil (su valor original fue de $us 3,1 millones).

Medinaceli indicó que al final ambas empresas fueron a parar a manos del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su entonces empresa Comsur.

En 2007, el gobierno del presidente Evo Morales recuperó la empresa Metalúrgica de Vinto.

Interpol desactivó orden de captura internacional para Jacob Ostreicher


La orden de captura internacional con sello rojo, a través de la que Interpol puede detener al empresario estadounidense Jacob Ostreicher en cualquier parte del mundo para que responda ante la justicia por la acusación de legitimación de ganancias ilícitas, fue desactivada por la falta de documentación idónea que Bolivia aún no acreditó para hacer viable su extradición desde Estados Unidos, donde permanece desde hace cuatro años.

EL DEBER tuvo acceso a un documento oficial sobre esta decisión, que data de marzo de este año y que está en los expedientes del Tribunal Primero de Sentencia, donde radicó el proceso y que fijó para el 21 de este mes la primera audiencia de juicio oral en el caso Ostreicher, donde además del empresario estadounidense se juzgará a otras personas.

Comunicación desde Francia
En marzo, la Secretaría General de Interpol desde su sede en Lyon (Francia), comunicó de manera oficial a la Oficina Central Nacional de Interpol en La Paz que Bolivia no ha hecho ningún esfuerzo para extraditar a Ostreicher de Estados Unidos, a pesar de conocer su ubicación a través de numerosas fuentes abiertas que viola el propósito de la difusión roja emitida en su contra.

Los cuestionamientos y requerimientos fueron realizados por mandato de la 99 reunión de la Comisión de Control de Interpol en Lyon, ante la Oficina Central Nacional de Interpol de La Paz. Por lo tanto, Ostreicher tiene libre acción para el tránsito en todo su país y otros, a pesar de existir acciones judiciales contra él en Bolivia.

La Fiscalía responde
Tras tomar conocimiento de la resolución de Interpol, la comisión de fiscales de sustancias controladas, integrada por Rosmery Barrientos, Freddy Guzmán y Carlos Robles, acumuló documentación judicial complementaria y remitió a la Fiscalía General de Sucre para que, a través de sus unidades especializadas, realicen los trámites de rigor y se pueda hacer llegar, vía Cancillería, a los organismos judiciales estadounidenses.

Sin embargo, oficiales de la Interpol que pidieron el anonimato aseguraron que la comunicación desde la sede en Francia es correcta producto de que las autoridades de Bolivia no cumplieron en el tiempo prudente la presentación de documentación para hacer posible la extradición de Ostreicher. Por esa razón es que la Interpol se vio obligada a levantar y desactivar el sello rojo del acusado.

El juicio oral sin detenidos

Pese a esta situación, el juicio fue fijado para el 21 de este mes en el Tribunal Primero de Sentencia, a la cabeza de la jueza Gladis Alba. A la fecha no existe ninguna persona detenida en el proceso, que data de 2011.

Entre los acusados por legitimación de ganancias ilícitas figura Ostreicher y la colombiana Claudia Liliana Rodríguez Espitia, que goza de libertad con medidas sustitutivas. También están acusados el colombiano Jhon Wilson Díaz que según la Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), está involucrado en el envío de 944 kilos de cocaína desde Argentina en un avión que fue interceptado en España. Maximiliano Dorado Muñoz Filho, preso en Brasil por narcotráfico, y su hermano Ozzie Dorado Lozada, del que se desconoce su paradero.

El juicio por legitimación, contra Ostreicher se inició durante la gestión 2011, después de denuncias que señalan que Claudia Liliana Rodríguez, en menos de dos años, movió cerca de $us 30 millones. Ostreicher llegó a Bolivia y la denunció por haber despilfarrado el dinero y de apropiarse de millonarios bienes que estaban destinados a la producción agrícola en extensas tierras por Ascensión de Guarayos. A mediados de 2011 Ostreicher también es detenido y logra su libertad, después de casi dos años de detención. El actor Sean Penn llegó para prestarle ayuda, hasta que a fines de 2013 sale de Bolivia y el Gobierno lo acusa de fuga. Salió de la cárcel tras denunciar ser víctima de una red de extorsión desde las esferas del Gobierno.

Cronología

2011
Cae preso en la cárcel
Jacob Ostreicher fue preso tras denunciar a la colombiana Claudia Liliana Rodríguez.

2012
Rehén de la justicia
En noviembre de 2012 sale de la cárcel y es internado. Su primera declaración fue: “soy un rehén de la justicia boliviana”.

2013
La red de extorsión
Ostreicher denunció y se desbarató una red de extorsión con la caída de funcionarios estatales entre ellos fiscales.

2014
La fuga de Ostreicher
A fines de 2013 Ostreicher sale de Bolivia y aparece en Estados Unidos. Sean Penn confirma que lo ayudó y lo esperó en Perú.

2015
En Estados Unidos
El Congreso de Estados Unidos recibió la testificación del actor Sean Penn, que acusó de corrupta a la justicia y Fiscalía de Bolivia.

300
La actual acusación
Solo la acusación actual contra Ostreicher tiene 300 páginas. Todo el caso está acumulado en un expediente de 45 cuerpos, uno de los más voluminosos y complejos para los jueces.

Una exdirectora de Dircabi, a la cárcel por el arroz de Ostreicher


La ex directora nacional de la Dirección de Bienes Incauta dos (Dircabi) Mirtha Encarnación Jiménez Bejar fue enviada a la cárcel de Palmasola por orden del juez cautelar Martín Camacho, tras ser imputada por la Fiscalía respecto al supuesto despilfarro y deterioro de 8.400 toneladas de arroz del empresario estadounidense Jacob Ostreicher.

Los fiscales Nancy Carrasco y Luis Montaño fundamentaron que la exautoridad de Dircabi se opuso a la monetización de más de 8.400 toneladas de arroz (42.000 fanegas), ocasionando una pérdida de al menos $us 1,5 millones, que según la norma tendrían que ser destinados a obras sociales, especialmente de rehabilitación de ciudadanos atrapados en el mundo de las drogas.

De acuerdo con los fundamentos de la Fiscalía las pesquisas se inician de la incautación de 13.254 toneladas de arroz, depositadas en Dircabi el 5 de noviembre de 2011, de las que se registra como dueña la colombiana Claudia Liliana Rodríguez Espitia y que en los estrados judiciales Jacob Ostreicher aseguró ser el único y real propietario.

Mirtha Jiménez, en su defensa material, afirmó frente al juez que desde hace seis meses es acusada por agentes del Ministerio de Gobierno.
Señaló que “esto es una venganza hacia mi persona. Si me callé fue por respeto al ministro y al presidente y aun así sigo callada. Pero si algo le pasa a mi hijo o a mí, voy a responsabilizar a quienes me están haciendo esto”, indicó tras concluir la audiencia. Luego fue trasladada por agentes policiales hasta la cárcel de Palmasola.

martes, 12 de septiembre de 2017

Llamarán al contralor a explicar el caso taladros


El senador Oscar Ortiz presentó una Petición de Informe Oral al Contralor General del Estado, Henry Ara, para que haga conocer el informe de auditoría por el caso de la supuesta compra irregular de taladros en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), ya que el pasado 5 de julio, la autoridad señaló que había 19 funcionarios de la empresa estatal con indicios de responsabilidad y que iban a ser remitidos al Ministerio Público.

“El 5 de junio, en las puertas del Senado, el Contralor declaró ante los medios de comunicación que haría público, un informe que establecía indicio de responsabilidades penales para una serie de funcionaros de YPFB. Pero han pasado más de dos meses desde su declaración y no conocemos si presentó el informe al Min Publico y tampoco lo ha hecho público”, dijo el asambleísta.

Por ello, la petición de informe oral, quiere obligar al Contralor, a presentarse ante el Senado y “lograr evitar que el caso quede sepultado bajo ese manto de protección y silencio con la cual el Gobierno pretende que quede en el olvido”

UIF asumirá investigación de paraísos fiscales



Por mandato de una ley, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) tendrá la potestad para indagar el desvío de recursos a los paraísos fiscales, anticipó el diputado de Unidad Demócrata (UD) Víctor Gutiérrez.

La norma se encuentra en etapa de elaboración por los integrantes de la Comisión Mixta que investiga los Papeles de Panamá.

“A partir del proyecto de ley que proponemos, le corresponderá a la UIF continuar con la labor que nosotros estamos dejando, y a partir de ese momento el Estado boliviano contará con la entidad que luche, investigue y sancione a quienes corresponda”, declaró.

La propuesta es consecuencia de la docena de casos que se llegaron a conocer en esa comisión y la cantidad de dinero que fue a parar a los paraísos fiscales.

En esta semana, la comisión ingresará a la última etapa de investigación. Para el jueves 14 de septiembre se convocó al empresario Samuel Doria Medina y a varios miembros de su familia para que amplíen información sobre la creación de su empresa off shore Akapana.

De acuerdo con la pesquisa, la empresa fue creada para realizar la venta de acciones de Soboce (Sociedad Boliviana de Cemento) a la empresa mexicana Grupo de Cemento de Chihuahua.

La comisión parlamentaria inició su trabajo el 16 de junio de 2016, y debe concluir su labor el 30 de septiembre.

viernes, 8 de septiembre de 2017

Jueza rechaza que Ramos deje la cárcel de Obrajes

La jueza segunda de Instrucción Penal, Wiat Belzu, rechazó que la exministra Julia Ramos deje la cárcel de Obrajes en La Paz, donde permanece con detención preventiva dentro de la investigación por los malos manejos en el Fondo Indígena.

Un recurso de cesación a esa medida cautelar fue presentado por la defensa jurídica de la también exdirigenta campesina, pero la evaluación realizada por la administradora de justicia determinó que siga privada de libertad.

Ramos permanece recluida en el centro penitenciario desde diciembre de 2015, luego de ser acusada de malos manejos de recursos en ocho proyectos "fantasma" cuando era integrante del directorio del Fondo Indígena.

Dentro del proceso judicial también está involucrada la exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, y otros exdirigentes de organizaciones afines al MAS. En su momento el ministro de Justicia y Transparencia, Héctor Arce, dijo creer en la inocencia de las dos mujeres.

"Nosotros somos el único Gobierno en la historia de este país que tiene presas preventivamente a dos exministras, en mi modesto criterio legal, inocentes y acusadas por ser la MAE (Máxima Autoridad Ejecutiva), por todas esas triquiñuelas jurídicas que rompen el principio de la veracidad que debe existir en el derecho penal y la responsabilidad penal", dijo hace días la autoridad, según ANF.

Sustraen información de la Comisión Papeles de Panamá



Las oficinas de la Comisión Especial Mixta de Investigación de los Papeles de Panamá, ubicadas en la calle Ayacucho, frente a la Utop, fueron objeto de robo, denunció a Cambio el diputado Víctor Gutiérrez.

El hecho se habría registrado hace un par de semanas, se encuentra en proceso de investigación en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), indicó el legislador.

Gutiérrez precisó que de las oficinas que tiene dicha comisión Legislativa se llevaron una computadora y un data show.

“Pero esto no sucede por primera vez, también se entraron a la oficina del diputado (Manuel) Canelas que dirige un Comité para robar información”, sostuvo.

De acuerdo con el diputado, en el equipo que se llevaron se encuentra información referida al trabajo de investigación que lleva adelante dicha Comisión sobre los paraísos fiscales.

A Gutiérrez le llamó la atención que la sustracción se haya registrado frente a las dependencias de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (Utop) y no se tenga referencia alguna.

“No hay una información clara, la Policía no le dio la importancia del caso, y nos resulta llamativo este incidente porque sólo se robaron la computadora con información”, afirmó.

“Por razones de seguridad tomamos los recaudos hace meses, y la información está asegurada, además varios de nosotros tenemos una copia, y no nos sorprenderán”, señaló.

CASO AKAPANA

En cuanto a la sesión de ayer, el diputado Gutiérrez indicó que a 22 días de que culmine el trabajo de la Comisión se elaboró la última citación a los personeros de la empresa Akapana, que involucra a la familia del empresario y jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina.

La pesquisa se abrió por la supuesta vinculación de la familia de Doria Medina con la creación de una empresa off shore en Panamá para evitar el pago de impuestos por la venta de acciones de la empresa Soboce.

En la oportunidad, —dijo— se aprobó un cuestionario para que sea respondido por los representantes de dicha empresa el jueves.

“Ellos verán si concurren al citatorio que les estamos haciendo, y con esta empresa hemos cerrado el trabajo de la Comisión”, apuntó el diputado de Unidad Demócrata (UD).

El caso Papeles de Panamá se conoció luego de la revelación de 11 millones de documentos de la firma de abogados con sede en Panamá Mossack Fonseca.

jueves, 7 de septiembre de 2017

Caso trata de personas Amiga de Gabriela Zapata logra salir de la cárcel

María del Carmen Arce, implicada en el caso de trata de personas, donde se investiga la utilización de un menor para hacerlo pasar por hijo del presidente Evo Morales y su expareja, Gabriela Zapata, fue beneficiada con la cesación a la detención preventiva informó ayer Eduardo León.

El 04 de agosto pasado, la juez noveno cautelar, Regina Santa Cruz, negó el pedido de cesación a la detención preventiva presentado por Carmen Arce, debido a que no se logró certificar el domicilio donde guardará la detención domiciliaria solicitada.

En esa oportunidad, José Luis Cayoja, abogado de Arce, explicó a EL DIARIO que luego de desvirtuar los riesgos procesales de fuga y obstaculización a la investigación solamente faltaba acreditar un domicilio para que su cliente logre salir de la cárcel.

“Creemos que corresponde la cesación a la detención preventiva de mi cliente, por todo el proceso de investigación que ya se ha realizado y en la que se ha establecido que la participación es mínima en relación de los otros coimputados, por lo que tenemos la esperanza de que nuestro pedido será concedido más adelante”, explicó el abogado a EL DIARIO.

DUDAS

Sin embargo, para León, “lo que hizo la jueza (que conoció el caso) fue liberar a una de las principales autoras, que es Carmen Arce y a quien le ha otorgado cesación a la detención preventiva”, afirmó.