sábado, 29 de junio de 2013

Cochabamba Juez manda a prisión a exjefe de Alcaldía acusado por corrupción

La directora de Asesoría Legal de la Alcaldía, Cin-thia Escobar, informó que el exoficial mayor de la Alcaldía Roberto Orgaz (foto) tiene detención preventiva.

Durante la gestión de Gonzalo Terceros, Orgaz ocupaba el cargo de Oficial Mayor Financiero. De acuerdo a la denuncia formalizada por Asesoría Legal, se hizo pasar por funcionario público.

“Le han dado detención preventiva por la presunta comisión de contribuciones y ventajas ilegítimas”, expresó Escobar.

La audiencia cautelar se desarrolló el miércoles.

El exfuncionario fue sindicado de garantizarle a la propietaria de una constructora la licitación de la edificación de la unidad educativa Nórdico Boliviano, valuada en 1.5 millones de bolivianos, a cambio del pago del 1 por ciento de ese monto.

La autoridad explicó que ahora se procederá a la investigación para llegar a la acusación y luego el juicio oral. La etapa preparatoria tiene un plazo de seis meses.

La directora jurídica exhortó a la población a denunciar cualquier tipo de irregularidad ante la dirección de Asesoría Legal o la de Transparencia en la Alcaldía.

“No hay cobro que pueda hacerles ningún tipo de funcionario y/o persona particular a nombre de la Alcaldía”, dijo agregando que en el momento en el que cualquier persona pida comisiones por procesos de licitación se debe denunciar el caso.

TCP instala oficinas anticorrupción en todo el país

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) habilitó oficinas en todo el país para que la ciudadanía en general pueda presentar denuncias de hechos de corrupción, principalmente en los tribunales constitucionales, informó Rudy Flores presidente de esta instancia judicial.

El presidente del TCP sostuvo que estas implementaciones tienen la finalidad de desarrollar un trabajo en beneficio de la población litigante sin que éstos paguen diferentes montos de dineros para agilizar sus procesos.

Flores dijo que en cada oficina departamental existirá un ánfora para la presentación de las denuncias que pudieran comprometer a los Tribunales o jueces de garantía por los mismos magistrados o servidores de esta instancia judicial.

Suxo suma otras cuatro denuncias contra Pinto

La ministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo (f), informó que el senador opositor Róger Pinto, condenado a un año de reclusión por tres delitos, tiene otras cuatro denuncias en su contra.

"De las cuales, dos tienen imputación formal, pero aún continúan los procesos", explicó. El parlamentario de Convergencia Nacional se encuentra hace más de un año refugiado en la Embajada del Brasil en La Paz, donde solicitó asilo político al vecino país, pero hasta la fecha no logra conseguir el salvoconducto del Gobierno de Evo Morales y ahora con la sentencia en su contra se agrava su situación./ABI

viernes, 28 de junio de 2013

Revelan presión oficial a jueces en un nuevo audio

La senadora opositora Carmen Eva Gonzales sorprendió ayer a la prensa cruceña con un nuevo audio en el que supuestamente habla el exabogado del Ministerio de Gobierno, Denis Rodas, relatando cómo, por encargo del presidente Evo Morales, el ministro de Gobierno Alfredo Rada, y el viceministro presionaron a jueces y fiscales de La Paz para declarar la culpabilidad de unos brasileños que presuntamente estafaron a otros compatriotas en la instalación de una empresa.

En el CD que la legisladora entregó a los periodistas se observan fotografías de las personas involucradas y de la cadena de mando que siguieron.

Cómo comenzó todo. Según el audio y un documento de ayuda memoria entregado por Gonzales, todo se inicia cuando el brasileño Anderson Giovanni Da Rocha, apodado "el Mero Mero", representante de la empresa maderera "Global Forest", en julio del 2010 llega a Bolivia para presentar una querella contra Jefferson Kill y Claudiney Kolidey, de su misma nacionalidad, quienes fueron acusados de una estafa de 2 millones de dólares.

Una vez en la sede de Gobierno toma contacto con personeros del Ministerio de Gobierno, entre ellos el abogado Rodas, para ejercer presión.

Ocurre que Jefferson Kill y Claudiney Kolidey fueron encomendados a abrir una empresa filial de la Global, llamada "New Forest", pero estos desobedecen y abren otras dos compañías de nombre "Oro Verde" y "Maderas S.R.L", con las cuales se dedican a la compra y comercialización de madera.

Amigo de Lula. Según dice supuestamente Rodas en el audio que Anderson Giovanni Da Rocha, es amigo del expresidente Ignacio Lula Da Silva y este fue quien le recomendó que hablara directamente con Evo Morales, para esclarecer el caso.

Es así que presuntamente Rodas es quien realiza un operativo en la ciudad de El Alto donde detienen a los acusados y secuestran madera y un vehículo Toyota Prado sin estrenar.

Presión a jueces y fiscales. A partir de ahí empiezan a presionar a jueces y representantes del Ministerio Público. Designan al fiscal César Fiorilo y a Isabelino Gómez, (antes que sea nombrado Fiscal de Distrito de Santa Cruz).

Sin embargo, los detenidos alegan inocencia y presentan una acción de libertad que fue declarada procedente, pero Rodas visita al juez Orlando Rodas, de La Paz y lo obliga a que revoque la orden.

Es así que el caso pasa a manos de la juez Betty Yañíquez (antes que sea nombrada Fiscal de Distrito de La Paz) y esta declara la revocatoria de la orden y quedan presos.

La misma historia de Ostreicher. Ahora, han pasado tres años y los dos empresarios brasileños detenidos han acusado paralización del caso e injerencia de los ministerios de Gobierno y Transparencia.

"Todo se arregla con kivos (plata)" dice supuestamente Villegas en la grabación y para hacer ese trabajo recibieron dinero, pero él se alejó del caso, pero los brasileños siguen presos.

La senadora Gonzales señala que una vez más se demuestra que el caso Ostreicher, donde le pedían 50 mil dólares al estadounidense para dejarlo en libertad, es uno de los tantos casos sobre cómo desde el Ejecutivo ordenaban que se meta preso o se saque a alguien, especialmente si son opositores al régimen o tienen alguna vinculación ideológica.

Juicio a Soza
Citaciones tienen que ver con el esclarecimiento de la verdad

A 25 personas. La senadora Carmen Eva Gonzales pidió que citaran para demostrar todo lo que sabían sobre las supuestas extorsiones en las que habría incurrido el entonces fiscal del caso Rózsa, Marcelo Soza.

Gente conocida. Dijo que entre ellos figuran el ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, Raúl García Linera, hermano del Vicepresidente, el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, el empresario Cristóbal Roda, entre otros.

"En el caso de alguna gente conocida en Santa Cruz solamente es como testigos porque ellos sabían de estas extorsiones", dijo.

Corrupción
Dueño de Lotex se declara otra víctima

El expresidente de Lotex, José María Peñaranda, señala en una denuncia enviada a diversas instituciones haber sido víctima de la red de extorsión impulsada por los asesores jurídicos de varios ministerios.

Le ofrecieron protección. En una carta remitida a la Fiscalía General y a las comisiones de derechos humanos de las cámaras legislativas, Peñaranda indica que “la banda de extorsionadores escogía muy bien a sus víctimas; en mi caso la encabezó el señor Boris Villegas que se encuentra hoy detenido en Palmasola por delitos cometidos contra varios empresarios notables. Este señor se apersonó a la empresa Lotex de la cual yo fui representante legal y Presidente Ejecutivo, de marzo del 2006 a diciembre del 2009, a tratar de vender protección a la empresa, como lo hacía con el resto de las otras empresas del rubro del juego, aduciendo que manejaba el Poder Judicial y representaba a altas esferas del Poder Ejecutivo. Me negué a pagar y así acceder a dicha extorsión en variadas ocasiones, con la seguridad de que la empresa mientras la dirigí nunca actuó en contra de la ley, y consideraba que no tenía por qué pagar protección. No me imaginé que luego se podría armar semejante proceso penal mentiroso y actos temerarios e ilegales en mi contra, que derivó en mi injusto encarcelamiento”.

Caso paralizado. En otro párrafo de la misiva, el empresario menciona a los integrantes de la red de extorsión que participaron en su procesamiento, nombrando a Boris Villegas, Francisco Núñez del Prado, Fernando Rivera, Isabelino Gómez, Edward Mollinedo, Aldo Ortiz y Harry Suaznábar.

Dice que en más de tres años no han podido presentar una sola prueba en su contra.

jueves, 27 de junio de 2013

Calvimontes denuncia corrupción en dos cajas



El ministro de Salud, Juan Carlos Calvimontes, denunció ayer que en dos entidades de la seguridad social se detectaron casos de corrupción. El más recurrente es la entrega de fichas para las consultas médicas.

Explicó que en la Caja Petrolera y la Caja Nacional de Salud hay funcionarios que entregan una o más fichas, de las consultas más requeridas, a sus conocidos para que luego las vendan entre los asegurados que requieren el servicio.

“Hay casos, casitos y casotes. Lamentablemente sólo sancionaron los casitos; y los casos y casotes no, porque hay una estructura que no permite visibilizar el seguimiento”, dijo en la presentación del software para digitalizar las historias clínicas de la consulta externa en la Caja Petrolera de Salud.

Gobierno identifica problemas en 70 proyectos del 'Evo cumple'



"En todo programa existen buenos proyectos y algunos malos proyectos, en realidad el programa Evo Cumple tiene 70 proyectos con problemas, porque las Alcaldías, los Gobiernos Municipales no han podido ejecutar adecuadamente, se han retrasado o porque algunas empresas han fallado", dio a conocer la autoridad, que no brindó mayores detalles respecto a estos casos.

Dávila dijo que estos 70 proyectos, de los más de 3.000 que posee este programa, sólo significarían un tres por ciento de falla, por lo que considera que la "tasa de proyectos con problemas es mínima", pero precisó que, igualmente, deben ser investigados por las instancias correspondientes.

Por su parte, el contralor General del Estado, Gabriel Herbas, identificó irregularidades en diez proyectos del programa "Evo Cumple", de los cuales dos fueron remitidos al Ministerio Público para que sean investigados y los ocho restantes aún están siendo auditados. Las obras se encuentran, por ejemplo, en los municipios de Warnes en Santa Cruz y Quillacollo en Cochabamba.

El pasado 6 de junio, desde Santa Cruz, el presidente Evo Morales reconoció que este programa tenía "pequeños problemas", los cuales representaban menos del cinco por ciento. Al igual que Dávila, no especificó los casos.

La ministra acotó que existen mecanismos "legales y adecuados para poder sancionar a las personas que han incumplido en la ejecución" de las obras, por lo que espera que las autoridades competentes, como la Contraloría General del Estado, asuman cartas en el asunto.

Dávila desestima denuncias de Doria Medina

Respecto a la denuncia del líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, sobre un total de 385 proyectos que tendrían una ejecución física del cero por ciento, la ministra dijo que tal situación es falsa, más aun cuando se tienen gran cantidad de obras concluidas.

"Eso es absolutamente falso, muchísimos de los proyectos ya tienen ejecución y muchísimos proyectos ya están terminados, por lo tanto que presente las pruebas ante la Contraloría si es que dice que eso es así, nosotros decimos que eso es falso", afirmó.

En ese marco, dijo que existe un propósito político de Doria Medina para perjudicar al Gobierno cuestionando este programa.

Prueba de ello, señaló, son las "mentiras" que vertió cuando sostuvo que existían preferencias para entregar recursos del "Evo Cumple" a los alcaldes, cuando son varios los municipios que se benefician de este programa, "excepto la ciudad de La Paz, que nunca ha participado en las reuniones convocadas por el presidente".

La controversia generada por este programa inició el pasado 28 de mayo, cuando Samuel Doria Medina denunció el manejo discrecional de más de 438 millones de dólares en los períodos 2006 - 2011.

Abogados apuestan a nueva ley para sancionar a corruptos

El proyecto de la nueva Ley de Abogacía, que fue aprobado en grande y en detalle el martes por la Cámara de Senadores, fue consensuado por los abogados, que consideran la norma como un instrumento que permitirá identificar a los asociados que se involucren en actos de corrupción y así puedan ser sancionados.
El presidente del Colegio Nacional de Abogados, Marcelo Arrázola, afirmó que en la gestión 2009, tras un fallo del Tribunal Constitucional, hubo incertidumbre porque el Poder Ejecutivo pretendía acabar con los colegios de abogados y que después costó mucho llegar a consensuar la nueva ley, que da potestad a los juristas de matricularse en el Ministerio de Justicia y también en los organismos agremiados. La nueva disposición establece que ambas instancias tendrán sus tribunales de ética para procesar a los acusados de hechos irregulares.

Aumentan los asociados
Marcelo Arrázola afirmó que en Santa Cruz no afectó la incertidumbre por la intención de cerrar los colegios sino que aumentó el número de asociados. Ahora hay 10.300 juristas matriculados y cada mes juran un promedio de 50. Para Arrázola, con la nueva ley que debe ser promulgada, ganan todos, no solo los abogados /GAG

Salud denuncia corrupción en entrega de fichas a los pacientes de la Caja Petrolera

El ministro de salud, Juan Carlos Calvimontes, señaló que hay niveles de corrupción en la entrega de fichas a los pacientes en la Caja Petrolera, ya que se ha podido evidenciar que malos funcionarios pasan mediante un sobre varias fichas a personas inescrupulosas que hacen su negocio con la venta de las mismas.

“Como un funcionario de base de la institución hemos reflexionado, sobre algunos problemas que se presentan cuando se trata de mejorar la calidad de atención. Con este fin se presentó el Sistema Informático para mejorar la Consulta Externa y el Sistema de Correspondencia, les he pedido a los funcionarios que hagan bien este trabajo”, dijo al cuestionar la falta de control en la entrega de fichas, donde se ha identificado algunos casos o niveles de corrupción, donde personas inescrupulosas se habrían dedicado hace un tiempo a comercializar las fichas para las consultas no solamente en la Caja Petrolera sino en otras instituciones relacionadas con la aseguradora.

“Esta es una tarea que la Caja Petrolera debe resolver lo antes posible y por otra parte se debe mejorar la calidad de atención en lo externo, con la implementación del sistema informático en la institución de salud, creemos que sí habrá una mejora ostensible y un mayor control para evitar que personas inescrupulosas hagan negocio con la salud de las personas”, afirmó.

Estos denominados clanes que se dedican a lucrar con la salud de la gente, como el caso concreto de la venta de fichas en las Cajas de Salud y en algunos hospitales de tercer nivel tienen que tener una sanción, los casos de corrupción en algunas circunstancias han sido sancionados, pero "sólo en algunos casos leves, en los casos grandes generalmente no son sancionados, porque existe una estructura que no permite viabilizar la falta en la que incurren aquellas personas involucradas en actos de corrupción que en definitiva afectan a la seguridad social”, enfatizó.

De acuerdo a la autoridad se conoce perfectamente los casos de corrupción que fueron denunciados, “ahora la Caja Petrolera está haciendo los esfuerzos necesarios para terminar con esos actos irregulares en la venta de fichas para consulta externa y ese es el tema concreto de Santa Cruz, donde se detectó la venta ilegal de fichas”.

Por otra parte, dijo, que se ha identificado a los funcionarios que hacían malos manejos en el departamento de cotizaciones, ahora los ejecutivos de esta Caja están en la tarea de recuperar las moras que se dan, por concepto de atención a las diversa empresas, donde se presta atención médica.

“Los ejecutivos de la Caja Petrolera están poniendo en orden su casa y han comenzado el cobro de las moras a las empresas, por la prestación de servicios médicos que hace esta institución, con este fin se inició el control de las irregularidades y en esta tarea se ha encontrado a cuatro funcionarios en estos actos de corrupción, sin embargo existe la posibilidad de que haya más funcionarios involucrados en otras regionales de la Caja Petrolera, razón por la que se hizo la convocatoria a todos los funcionarios y gente vinculada con esta institución a que siga la lucha frontal contra la corrupción en esta entidad de seguros”, manifestó.

Senadora tiene otro audio y demanda detener a Soza

La senadora opositora Carmen Eva Gonzales, en Santa Cruz, anunció ayer la presentación de nuevos audios de un caso de corrupción y ratificó la denuncia por presunta extorsión y uso indebido de influencias contra el exfiscal del caso Rózsa, Marcelo Soza, a tiempo de pedir al fiscal Gomer Padilla la presencia de 25 personas, entre ellas el gobernador Rubén Costas y Raúl García Linera, hermano del vicepresidente Álvaro García, en calidad de testigos.

La legisladora compareció a las 16:30 a la Fiscalía de Distrito de la avenida Monseñor Rivero y fue interrogada sobre las pruebas que tiene como fundamentos a dos audios en los que, según estudios periciales independientes, corresponden a la voz de Marcelo Soza y en los cuales el mencionado ahora exrepresentante del Ministerio Público admitiría hechos de corrupción y sobre el supuesto montaje por parte del Gobierno central del caso terrorismo para contrarrestar a la dirigencia cruceña que promovía la autonomía en el año 2008.

Los delitos. La senadora Gonzales, dijo ayer que ha presentado la denuncia contra Soza y contra quienes resulten encubridores por los delitos de cohecho pasivo propio, prevaricato fiscal, extorsión, uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo y consorcio ilegal.

Por esa razón pide la detención preventiva del fiscal Marcelo Soza antes que se dé a la fuga y considerando que “es experto en aparecer y desaparecer” como ha ocurrido varias veces aprovechando la protección que tiene de las autoridades de Gobierno.

El memorial presentado a la Fiscalía por la senadora Carmen Eva Gonzales acompaña recortes de prensa con declaraciones de Ana Claudia Arruda admitiendo que Soza estuvo en su casa de la avenida Alemania, donde los empresarios Cristóbal Roda y Zvonko Matkovic le entregaron dos sobres y que Soza le pidió entretenerlos para que no se juntaran en la misma casa.

También pidió que se convoque a declarar al gobernador Rubén Costas por las declaraciones que realizó en sentido que tiene conocimiento quiénes fueron extorsionados por Soza.

Convocatoria
Hay 25 personas en la lista

Figuran. El abogado Carlos Subirana, Ana Claudia Arruda Flores, (supuesta tía de Jessica Jordan y en cuya casa Soza habría cometido la extorsión), el periodista Carlos Valverde Bravo, el gobernador Rubén Costas, el ex agente del Gobierno Luis Nolberto Clavijo, Francisco Cirbián, Roly Aguilera, Zvonko Matkovic Fleig y su hijo Zvonko Matkovic, el empresario Cristóbal Roda, los exabogados, Denis Rodas Limachi, Fernando Rivera Tardío, Boris Villegas, los fiscales Sergio Céspedes, Isabelino Gómez, Harry Suaznábar, César Romano, Sacha Llorentty, el ministro Juan Ramón Quintana, Jessica Jordan, Raúl García Linera, Richard Efre Cerda y Gustavo Torrico.

miércoles, 26 de junio de 2013

Fiscalía tramita unos 300 procesos por corrupción

Los tres fiscales anticorrupción de la Fiscalía Departamental de Chuquisaca tienen en investigación al menos 300 expedientes en contra de funcionarios públicos, en su mayoría por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes y están en la fase de la audiencia conclusiva, aún no hay casos con sentencia.
Hay algunos casos de supuesta corrupción que están en estrados judiciales por más de cuatro años como el presunto desvío de cigarrillos en la Aduana donde están involucrados algunos ex funcionarios de la Alcaldía de Sucre y un ex fiscal de sustancias controladas. El proceso penal está con acusación.
Asimismo, existe otro proceso que no concluye desde hace más de dos años contra el ex jefe de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (DIPROVE), coronel Mario Moyano, imputado por supuesto cobro de dineros para agilizar el trámite de nacionalización de vehículos chutos.
Sobre el caso de la Aduana, la fiscal anticorrupción, Irma Armella, explicó que el juicio está en la fase de la audiencia conclusiva, una juez dio curso a algunos incidentes de los acusados que intentaban cerrar el proceso pero la Fiscalía apeló la decisión.
Armella informó también que la investigación contra un ex Director de DIPROVE, continúa en la etapa preparatoria de juicio porque se amplió la investigación en contra del oficial de Policía por otros delitos.
Como esos, hay varios procesos que aún están en la fase de investigación preliminar, otros en la fase conclusiva y algunos en juicio, dicen los fiscales.
La fiscal Armella señaló que en la gestión 2010 había sólo un fiscal anticorrupción, en cambio ahora son tres, precisamente porque las denuncias se incrementaron.
“Los hechos de corrupción generalmente son complejos, requieren de mayor dedicación quizá es necesario más personal, pero se cumple con lo que manda el procedimiento”, aseguró la autoridad.
Otro fiscal de la unidad anticorrupción, Roberto Ramírez, aseveró que su despacho tramita un promedio de 100 causas que en su mayoría se trata de delitos por incumplimiento de deberes de funcionarios públicos.
Aseguró que gran parte de los procesos están en la etapa conclusiva a la espera de que se asuma algún tipo de determinación ante un juez, siempre precautelando el cumplimiento de los plazos procesales para no dejar en situación e incertidumbre a las partes que están interviniendo en el proceso.

Fiscales

La Fiscalía Departamental tiene tres fiscales asignados en la unidad anticorrupción; hasta hace dos años, sólo había un fiscal que investigaba esos casos.

Contraloría identifica irregularidades en 10 proyectos "Evo Cumple"

El contralor General del Estado, Gabriel Herbas, dio a conocer hoy que se identificó irregularidades en diez proyectos del programa "Bolivia Cambia, Evo Cumple", de los cuales dos fueron remitidos al Ministerio Público para que sean investigados y los ocho restantes aún están siendo auditados.

Herbas indicó que de las diez observaciones, al menos cuatro estarían en el municipio de Quillacollo en Cochabamba y una en Warnes, Santa Cruz. No precisó el dato de las restantes cinco.

"La Contraloría en los municipios que ha revisado hemos encontrado entre ocho y diez casos, en los que algunos casos todavía estamos interviniendo (…). La Contraloría ha hecho auditoría en el programa de referencia, principalmente aquellos recursos que han ingresado vía municipios y en este caso los hemos remitido como denuncia penal", manifestó Herbas.

Agregó que las irregularidades identificadas hacen referencia a obras financiadas con este programa gubernamental, las cuales estarían inconclusas, como es el caso del municipio de Quillacollo, donde el exalcalde estaría preso por no haber construido un matadero, una escuela y un campo deportivo.

En Warnes se identificó una obra inconclusa con un paso a desnivel a la salida del Aeropuerto de Viru Viru, "ahí la Alcaldía no adquirió los terrenos que eran de carácter privado para que este paso a desnivel pudiera concluirse, entonces quedó como una obra inconclusa", señaló.

Respecto a la reciente denuncia de Doria Medina sobre 385 proyectos del programa "Evo Cumple", que tendrían una ejecución física del cero por ciento, Herbas indicó que el documento que se le envió solamente es un listado de las obras cuestionadas, por lo que se requerirá más datos. Sin embargo, dijo que se enviará esta información a la Subcontraloría.

"Veremos en qué municipios están ubicados y veremos qué tratamiento le damos", afirmó.

El 28 de mayo Samuel Doria Medina denunció el manejo discrecional de más de 438 millones de dólares en los períodos 2006-2011 en el programa "Evo Cumple".

Ayer envió a la Contraloría el informe de 385 "proyectos fantasmas" de este programa, los cuales tendrían una ejecución física del cero por ciento, pese a existir un desembolso de más de 18 millones de dólares para su ejecución en distintos municipios del país.

Registran unas 60 denuncias contra alcaldes de Potosí

La ministra de Trasparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, informó que su despacho tiene 60 denuncias de corrupción contra alcaldes del departamento de Potosí, casos que según la autoridad no tienen mayores avances en la justicia.
Suxo se reunió ayer con el presidente del Tribunal de Justicia Departamental, Wilfredo Ramos y el Fiscal de Distrito, José Luis Barrios, y pidió a ambas autoridades agilicen los diferentes casos que se presentaron ante estas instancias judiciales.
De acuerdo al informe de Transparencia existen dos casos importantes, el primero referido a la denuncia contra el ex alcalde de Villazón, Edgar Poquechoque, por las irregularidades en la construcción del proyecto "Complejo deportivo originario del sud del municipio de Villazón".
El segundo caso contra Mario Villca ex juez de Sentencia, acusado por prevaricato por dejar sin efecto los mandamientos de detención contra Roberto Landívar y otros ejecutivos del Ex Banco Bidesa. ANF

Cochabamba Aprehenden a exOficial Mayor de Chaly por corrupción

Un exfuncionario de la Alcaldía de Cochabamba fue aprehendido ayer acusado de corrupción. El hombre fue sindicado de garantizarle a la propietaria de una constructora la licitación de la edificación de la unidad educativa Nórdico Boliviano, valuada en 1.5 millones de bolivianos, a cambio del pago del 1 por ciento de ese monto.

El aprehendido, que durante la gestión del alcalde Gonzalo Terceros ocupaba el cargo de Oficial Mayor Financiero, fue identificado como Roberto Carlos Orgaz Siles, ayer en la fuerza anticrimen. De acuerdo a la denuncia formalizada por la directora de Asesoría Legal de la Alcaldía, Cinthia Escóbar, el hombre se hizo pasar por funcionario público.

Desaparecen de la Fiscalía 119 mil dólares en custodia

Hace dos años una comerciante orureña fue interceptada en el aeropuerto Jorge Wilstermann con 119.000 dólares en su equipaje. Policías y fiscales de Sustancias Controladas retuvieron a la mujer para investigar si el dinero que llevaba a otro departamento provenía del narcotráfico.

El dinero fue secuestrado por los dos fiscales de Sustancias Controladas, quienes verificaron, durante las investigaciones preliminares, que el origen de la suma no estaba vinculado con el tráfico de drogas y no había elementos o indicios para abrir una investigación por el delito de legitimación de ganancias ilícitas.

El caso fue remitido a la Fiscalía Anticorrupción (PIA) y los fiscales de Sustancias Controladas entregaron a una fiscal del PIA la documentación acumulada y los 119.000 dólares secuestrados. Existe un acta de entrega oficial. De acuerdo a procedimiento, la funcionaria de la Fiscalía Anticorrupción debía guardar el dinero en la caja fuerte de la Fiscalía de Distrito, pero no lo hizo. Según ella, guardó el dinero en la caja fuerte de la Fiscalía de Sustancias Controladas porque una fiscal de esa repartición la guió a que los guardara allí, pero no tiene ningún acta de recepción o entrega que respalde su versión.

Lo cierto es que los 119.000 dólares no están en ninguna caja fuerte. La semana pasada, representantes de la Fiscalía de Sustancias Controladas enviaron una nota al Fiscal de Distrito haciéndole conocer que el dinero le fue entregado hace dos años a la fiscal del PIA y que no ingresó de nuevo a la caja fuerte de esa unidad especializada.

Este diario llamó al Fiscal de Distrito, Freddy Torrico, para conocer el avance en la investigación de este delito. Éste se encontraba en un foro, en Sucre, y respondió que “el caso está en proceso de investigación porque no hay nada que ocultar”. La autoridad adelantó que el jueves en su oficina brindará más información acerca de lo sucedido en este caso.

Por su presencia en el foro, el Fiscal no pudo explicar si el caso era investigado en el marco del Código Penal o de la Ley 004, bautizada como Marcelo Quiroga Santa Cruz, que en su artículo 26 señala que “La servidora pública o el servidor público que en beneficio propio o de terceros otorgue un fin distinto al cual se hallaren destinados bienes, derechos y acciones pertenecientes al Estado o a sus instituciones, a las cuales tenga acceso en el ejercicio de la función pública, será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años”.

Empresario regala dinero en rechazo a la corrupción



El cofundador de la empresa de helados Ben & Jerry's, Ben Cohen, se instaló ayer durante dos horas en Nueva York para regalar a los transeúntes billetes de dólar en los que imprimió mensajes contra la corrupción en Washington.

“En Estados Unidos no tenemos buenas regulaciones medioambientales o políticas energéticas y todo es porque las grandes corporaciones pagan a los políticos para que no se aprueben leyes que mejoren la situación”, dijo a EFE el empresario y activista.

Ataviado con una camiseta en la que se podía leer “El sistema no está roto, está amañado”, Cohen aparcó en la plaza Union Square su “Amend-O-Matic StampMobile”, una furgoneta que arrastra un gigante mecanismo de aspecto circense con el que imprimió diferentes lemas en billetes de dólar que después los regaló.

La máquina, en la que se puede ver una gran careta de un hombre al que de manera intermitente le sale un fajo de billetes por la boca, va imprimiendo lemas como “No utilizarse para sobornar a políticos” o “Imprime tu dinero para sacarlo de los políticos”.

El singular automóvil atrajo a decenas que, además de recibir los dólares que imprimía Cohen, también entregaban sus propios billetes para que quedasen estampados, aunque no sin una gran dosis de incredulidad ante esta protesta.

“Los políticos deberían ser lo que son y no lo que la gente que les da dinero quiere que sean”, dijo el neoyorquino Patrick Malone sujetando uno de esos “panfletos”.

El proceso se encuentra estancado y cinco jueces se excusan de llevar el caso

El caso de la red de extorsión que operaba desde las propias esferas del Ministerio de Gobierno, se encuentra estancado porque se han excusado cinco jueces que realizan el control jurisdiccional de las investigaciones.

“Estamos con las manos atadas”, dijo ayer el fiscal Ángel Álvarez expresando su preocupación por esa situación.

Se trata de la investigación de la presunta red extorsiva que supuestamente exigió 50.000 dólares al judío-norteamericano Jacob Ostreicher, para dejarlo en libertad por un proceso de legitimación de ganancias ilícitas.

LOS JUECES QUE SE APARTARON DEL CASO

Las excusas comenzaron luego de que fuera apartado del proceso el juez sexto de Instrucción Cautelar, Juan José Subieta. A partir de ahí se han excusado Pablo Banegas, Valeria Salas, Fátima Eneas Gentile, Wilson Arévalo, Moisés Chaile Vilte y Estrella Montaño.

En el Palacio de Justicia se informó que, de continuar así, tal vez el caso radique en la Villa Primero de Mayo o, de lo contrario, se haga cargo algún juez de la provincia más cercana.

Las causas de las excusas alegadas por los jueces son amistad o enemistad con los abogados defensores de los imputados.

Inclusive, de manera sui generis, el proceso radicó donde el magistrado Wilson Arévalo que es uno de los coimputados, explicó el fiscal Álvarez. Por esa causa de oficio planteó no atender el caso.

JUICIO ABREVIADO

Inclusive ha quedado paralizado el juicio abreviado al que aceptaron someterse dos procesados, el exfuncionario de Bienes Incautados Miguel Gutiérrez y el diligenciero de los exabogados del gobierno Gustavo Wagner Céspedes, tras admitir su culpabilidad a fin de recibir una pena mínima.

El proceso abreviado es una figura legal incorporada en el Nuevo Código de Procedimiento Penal a partir del 2001.

martes, 25 de junio de 2013

El Comando instruirá la baja de dos policías

El Comando General de la Policía Boliviana instruirá que dos uniformados, un coronel en retiro y un suboficial, sean dados de baja de la institución luego de haber protagonizado actos delictivos en Yacuiba (Tarija) y El Alto, respectivamente, una vez que sean condenados.

“Nosotros no vamos a tapar nada. Somos una familia grande y tenemos que revisar muchos aspectos. Automáticamente esas personas serán dadas de baja (una vez que sean sentenciadas). Nos regimos a las leyes”, aseveró el comandante policial.

No obstante, la primera sanción será la suspensión de las funciones y los beneficios que recibían ambos policías luego de que los dos ya fueron imputados por el Ministerio Público.

El primer hecho ocurrió la semana pasada cuando el coronel en retiro Fernando Saucedo, de 58 años de edad, propinó una golpiza a una adolescente de 16 años. El uniformado admitió el hecho y dijo que lo hizo porque se confundió con su pareja.

Saucedo fue llevado a la cárcel de Morros Blancos de Tarija por intento de homicidio.

La madrugada del viernes, un suboficial de la Policía mató con un disparo en la cabeza a su pareja, Jéssica Quispe, que tenía el grado de cabo.

Luego de unas horas, fue detenido y confesó el hecho; sin embargo, la norma de la Policía (Ley 101 de Régimen Disciplinario) establece que para dar de baja a un efectivo, necesita estar condenado por el ente penal.

domingo, 23 de junio de 2013

“Hay corrupción en todos los niveles; eliminarla es un desafío de Bolivia”

Las preguntas incómodas no le molestan, solo le quitan una sonrisa. Es un embajador abierto y responde con claridad en un diálogo con EL DEBER. Así se mostró Tim Torlot, jefe de delegación de la Unión Europea en Bolivia. Se le consultó sobre narcotráfico, justicia, demanda marítima y hasta relección. El diplomático, que está en Bolivia desde noviembre de 2012, cree que uno de los problemas centrales del país es la corrupción, que está en toda la estructura del Estado y que el desafío del Gobierno es bajar la producción de coca.

Las relaciones entre la Unión Europea (UE) y el Gobierno boliviano se han ampliado en los últimos años, ¿a qué se debe?

La Unión Europea está aquí desde hace mucho tiempo, lo que sí tenemos son relaciones mucho más amplias con el Gobierno. En el pasado nos han visto, sobre todo, con un programa muy importante de cooperación, apoyando el proceso de cambio; en este periodo, con más de 400 millones de dólares. Sin embargo, las relaciones en los últimos años se han ampliado también a un diálogo político muy franco, muy amplio y de respeto mutuo. Creo que esa es la diferencia más importante en nuestro relacionamiento.

¿A qué se refiere cuando habla de diálogo político?

Bolivia para nosotros es un país con muchas oportunidades, con procesos de reformas muy importantes, con una economía fuerte, con quien la Unión Europea quiere tener relaciones comerciales, políticas, sociales, culturales. Por eso, el diálogo se da tocando temas que nos afectan, tanto en la economía, como en el medioambiente; también hablamos del cambio climático, de la posibilidad de hacer negocios entre las dos regiones, de inversiones, de tratados de libre comercio; asimismo, de temas en los que el Gobierno boliviano quiere nuestro apoyo, por ejemplo en la lucha contra el narcotráfico, en la democracia, en el sistema electoral, los derechos humanos, la justicia.

Usted menciona que uno de los temas importantes de la cooperación es el narcotráfico, ¿cómo ve la UE el manejo de este tema?

Es un país con un desafío grande por la producción, sobreproducción de la hoja de coca que se usa para la fabricación de pasta base y de clorhidrato de cocaína. Es un país donde desgraciadamente hay tráfico de drogas a través de sus fronteras y nos afecta mucho porque un porcentaje importante de los estupefacientes que se producen y se trafican a través de Bolivia terminan en Europa.

Apoyamos la política integral del Gobierno, la mezcla buena del control social, de trabajar con los cocaleros para fiscalizar el nivel de producción y fijar metas para la cantidad de cultivos; apoyamos también el desarrollo integral para dar otras oportunidades económicas a las comunidades productoras de coca y, por supuesto, el lado más fuerte de la interdicción. Y esta política, de los tres pilares, para las circunstancias de Bolivia, nos parece absolutamente correcta. Estamos respaldando económica y políticamente los esfuerzos en este campo. Es un desafío enorme porque los narcotraficantes están muy bien organizados, tienen mucho dinero. Además, este país tiene el problema de debilidad en el estado de la ley, debilidades en cuanto a corrupción, entonces es un desafío muy grande para Bolivia, trabajando con la comunidad internacional.

La UE apoyó a Bolivia en el estudio del mercado legal de la coca, ¿cuál fue el resultado de ese estudio?

Son ocho informes en dos etapas. No-sotros hemos pagado los ocho informes. Empezamos el trabajo en 2008 y se terminó en 2010, 2011. Esperamos, animamos al Gobierno a publicarlos. Nosotros no los hemos visto, no sabemos lo que contienen. La segunda etapa son cuatro informes complementarios que ha pedido el Gobierno y que los ha pagado. La UE no está involucrada en la preparación o pago de estos últimos informes, y el Gobierno creo que espera la publicación de los mismos, para dar a conocer todos en el mismo momento.

¿Qué dicen los resultados de los primeros ocho informes sobre la extensión de plantaciones de coca?

No sé, francamente pagamos los estudios pero es el Gobierno mismo a través de nuestro apoyo presupuestario y sectorial, quien los pide, entonces son ellos los clientes comerciales. La gente que los ha preparado, por ejemplo el INE, entrega los informes al Gobierno y no a los otros. Esa es la manera en que hacemos. Más del 75% de nuestra cooperación a Bolivia se entrega directamente al Gobierno; son fondos europeos que se dan como apoyo presupuestario para pagar programas, metas, objetivos que tiene el Gobierno; es decir son donaciones directas. Por supuesto, no es una donación sin control, nos ponemos de acuerdo sobre metas específicas.

Pero, ¿cómo saber que hay sobreproducción si no se sabe cuánta coca se va a fines ilícitos?

Los informes que vamos a ver, ojalá este año, van a especificar científicamente el nivel requerido de producción, pero aun sin esta cifra científica el compromiso del Gobierno es reducir los niveles de producción y están haciendo eso con nuestro apoyo, incluso sin estadísticas específicas.

¿Cómo apoyará la UE en el caso de la interdicción?

Hemos entrado en febrero o marzo de este año y hemos anunciado dos proyectos nuevos, cada uno de un millón y medio de dólares, en el campo de la interdicción. Es un proyecto con Conaltid (Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas) para centros de formación e incluso centros móviles para la Felcn (Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico). Es un área nueva para nosotros. El otro proyecto es respaldando a la Dirección General de Migración, controlando flujos de personas y por supuesto de bienes a través de las fronteras.

Otra de las áreas que apoya la UE es la justicia, ¿cuál cree que es la principal debilidad en la justicia boliviana?

Creo que hay corrupción en todos los niveles del sistema de justicia, adentro del Gobierno y en niveles de municipalidades, gobernaciones, en la Policía, dentro del Poder Judicial, como se ha visto en el caso de las extorsiones. Eliminar, deshacerse de la corrupción es un desafío enorme, porque es un país de bajo, mediano ingreso; entonces, si no hay el compromiso fuerte a través de toda la sociedad de deshacerse de la corrupción con un esfuerzo enorme del lado policial, judicial, político, es imposible.

Creo que la corrupción es la cosa más importante, no hay confianza del pueblo en los sistemas de justicia, eso se ha visto en encuestas públicas; no hay acceso a la justicia para todos y hay desigualdades en el sistema. Se puede pagar, sobornar para salir de la cárcel, pero la gran mayoría de los presos no puede comprar su libertad; entonces se trata de corrupción y se trata de condiciones en el Poder Judicial, porque no hay la capacidad física para tratar todos los casos que necesitan ir a juicio. Sin embargo, también falta la capacidad de administración de justicia, incluso a niveles de los jueces.

¿Cuáles son los desafíos de los derechos humanos en Bolivia?

El tema de justicia tiene sus debilidades, el tema de las cárceles, donde más del 80% de los presos están sin sentencia; esto representa una brecha de sus derechos humanos. Creo que este es el desafío más grande para Bolivia en cuanto a derechos humanos.

Apoyamos al tema de una sociedad civil más fuerte, una oposición política fuerte que analiza y critica las políticas de Gobierno. Una sociedad necesita sindicatos fuertes, necesita una prensa libre, transparente, responsable con la libertad de expresión, necesita un sistema fuerte de organizaciones no gubernamentales.

¿Qué opina de la nueva Ley de Migraciones que se ha aprobado recientemente en Bolivia?

No conozco mucho de esa ley, pero la migración boliviana en Europa es muy importante, a pesar de la crisis económica que tenemos en ese continente. Creemos que la migración legal es muy importante. Creo que el movimiento libre de personas en el mundo para el comercio, para la estabilidad, el entendimiento entre pueblos es muy importante. Hoy el mundo es global y necesita este intercambio de personas, pero también necesita restricciones.

¿La UE apoyará económicamente para el cumplimiento de la Agenda 2025?

Para mí es una agenda de largo plazo, es una visión que articula las ambiciones del Gobierno en muchas áreas y muchos de los pilares de la Agenda Patriótica son también los pilares del proceso de cambio.

No podemos apoyar en todo, pero vamos a concentrarnos en dos o tres sectores para esa agenda. Estamos discutiendo ahora en qué apoyaríamos los siete años que vienen.

¿Entonces no se definió aún el monto de la cooperación para estos próximos siete años?

Para recursos vamos a esperar las discusiones en Bruselas, a nivel de 28 países que contribuyen al presupuesto europeo; vamos a saber a finales de año, pero siempre hemos dicho que vamos a seguir con un mismo nivel, pese a la crisis (que hay en Europa). Más o menos los recursos alcanzarían 243 millones de euros para estos siete años.

¿Qué opina de la demanda marítima que presentó Bolivia contra Chile?, ¿cree que es el camino correcto para solucionar ese conflicto?

Es un tema bilateral. Tenemos relaciones muy buenas con Chile, tenemos relaciones muy buenas con Bolivia. Esperamos una solución rápida al de- sacuerdo entre los dos países pero no nos metemos con el caso en La Haya. Creo que es bueno para Bolivia, para Chile, para la región tener buenas relaciones entre ambos países y en el momento pasan por una fase bastante negativa. Por el bienestar de todos debería darse una resolución del tema cuanto antes.

¿Cree que fortalece la democracia la relección continua de un presidente y vicepresidente?

Es una decisión para Bolivia, la UE y sus estados miembros no tienen opinión en eso. Por supuesto es una pregunta constitucional, respetamos las decisiones del Tribunal Constitucional. Represento a 28 países donde hay sistemas diferentes, entonces cada país necesita elegir su sistema más adecuado y no voy a decir más sobre esto.

PERFIL

Representa a la Unión Europea en Bolivia tiene la voz de 28 países y su relación con el nuestro

Cargo: embajador y jefe de la delegación de la UE

Edad: 55 AÑOS

Ciudad: La Paz

La llegada al país

Hace siete meses, Timothy Torlot llegó a Bolivia y pese a su corta estadía, se enteró de la realidad boliviana. El jefe de Delegación es un diplomático británico de carrera y tiene estudios universitarios en la Universidad de Oxford, en el Reino Unido. Trabajó en el servicio exterior de su país por más de 30 años. Su último cargo, en 2011, fue como jefe del Grupo Yemen, país en el que previamente fue embajador durante más de tres años.

En 2005-06 fue jefe adjunto de misión en la embajada británica en Irak. Entre 1997 y 2001 se desempeñó como jefe de la sección comercial de la embajada británica en Santiago de Chile. Su experiencia diplomática abarca países del Medio Oriente y Nueva Zelanda, entre otros.

El embajador Torlot dirige además de las relaciones políticas y económicas, un programa de apoyo a Bolivia de más de 300 millones de Euros ($us 386 millones) entre el periodo 2007 – 2013.

viernes, 21 de junio de 2013

La Policía anuncia que sacará de sus filas a efectivos corruptos

“Nos estamos constituyendo en Santa Cruz para que junto al pueblo celebremos este magno acontecimiento institucional que entre los desafíos esta la restructuración, eliminar la corrupción separando a malos funcionarios, el mejorar el servicio a la sociedad y contar con policías de la revolución y el cambio”, declaró Alberto Aracena a la agencia estatal de noticias ABI.

Aracena enfatizó que su gestión apunta a que los uniformados se especialicen en la prevención efectiva del delito, combatir contra el crimen organizado y crímenes conexos.

En el 187 aniversario de la Policía, que presa de una crisis de descrédito por la población, se ha previsto la exhibición de la Parda Policial, uno de los mejores destacamentos de la fuerza del orden.

La Policía boliviana fue creada el 24 de junio de 1826 por el Mariscal Antonio José de Sucre.

Aracena reivindicó la vocación de servicio a la sociedad al sostener que “ la Policía se encuentra en pleno proceso de transformación y quiere mostrar ante su sociedad y la patria como una institución absolutamente remozada, consciente de sus obligaciones y de sus deberes”.

“Su Policía está con su pueblo y permanentemente no escatimara esfuerzos con tal de satisfacer la demanda de seguridad en el país como la está haciendo con el Plan Chachapuma”, indicó a la ABI.

Tóásó dice que en el asalto 'nos dispararon a matar'

El juicio oral del caso Rózsa late como la vida misma... o la muerte. Mientras el considerado testigo clave, Ignacio Villa Vargas, alias "el Viejo" no dejaba de recibir felicitaciones por su cumpleaños número 66, el húngaro Elöd Tóásó sentado frente al estrado sufría con un traductor poco diestro recordando la madrugada del 16 de abril del 2009, cuando agentes policiales "les dispararon a matar", mientras dormían en el hotel Las Américas de Santa Cruz.

"Es falso que me tocaron la puerta y me preguntaron mi nombre, dispararon varios balazos a la puerta, dispararon a matarme y eso hicieron en las otras habitaciones", dijo el extranjero de 31 años que estaba en el cuarto 455.

Quedaron sobrevivientes. Tóásó dijo que a pesar que le cubrieron el rostro pudo ver a su lado izquierdo otra persona enmanillada y por el tatuaje en el hombro presume que se trataba del húngaro-rumano Arpad Magyarosi y cree que a él lo dejaron morir. "Lo dejaron ahogarse en su propia sangre", dijo.

Tóásó estaba en el cuarto piso del hotel junto al supuesto jefe de la célula subversiva, Eduardo Rózsa, el rumano Arpad Magyarosi, el irlandés Michel Dweyer y el boliviano croata Mario Tadic.

De los cinco, solamente quedaron vivos, él y Mario Tadic. "No me explico por qué a Rózsa, Dwyer y Magyarosi no los llevaron a un hospital que está a 200 metros del hotel", dijo.

Ganará el juicio. Tóásó no ha perdido las esperanzas y cree que como existen tantas violaciones a los derechos humanos, ganará el proceso al Estado y todos los culpables pagarán. Para eso existen videos sobre el montaje de pruebas y exámenes de balística que se realizaron en Rumania e Irlanda que certifican que no hubo cruce de disparos.

El Tribunal a cargo del juez Sixto Fernández escuchó las declaraciones hasta después del mediodía y fijó nueva audiencia para el 29 de julio, después de la vacación judicial.

"A ellos los mataron. No les prestaron auxilio en un hospital que queda a 200 metros. Y tampoco los asistieron por un médico cuando se estaban desangrando".

Elöd Tóásó
Procesado

"Ignoraron maliciosamente más de 35 informes forenses. Por eso no me dieron garantías y tengo que asistir al juicio a pesar del riesgo que corre mi vida".

Ronald Castedo
Exdirectivo de Cotas

Español acusa a exfiscal de pedirle $us 100 mil

El ciudadano español Julio Ángel Picazo denunció en un medio televisivo de su país, a la exfiscal Janeth Velarde, de pedirle $us 100 mil a cambio de su libertad del penal de Palmasola.

Picazo, quien ahora está en España, dijo que por temas de negocios viajó a Santa Cruz de la Sierra y en el aeropuerto Viru Viru fue detenido acusado de narcotráfico.

Al declararse inocente de las acusaciones en su contra, Velarde quien actualmente guarda detención en Palmasola sindicada de ser parte de la red de extorsión destapada por Jacob Ostreicher, lo extorsionó con la exagerada suma de dinero. Como no accedió al chantaje, recordó que tuvo que permanecer detenido por 11 meses, hasta que fue favorecido con medidas sustitutivas a la detención después que cambiaron de fiscal. Sin embargo, al relatar que no se les entregó sus documentos personales, salió del país vía la frontera brasileña y de allí con un salvoconducto, se trasladó hasta su tierra natal sin sus papeles.

Desde esa nación, anunció con demandar al Gobierno boliviano, por una supuesta detención injusta y la violación a sus derechos fundamentales y de extorsión.

Que vuelva al país para defenderse. Por su parte, la fiscal del Distrito de Santa Cruz, Marina Flores, conminó a Picazo de retornar a Bolivia para defenderse y demostrar su inocencia como manda la ley. "Este señor fue detenido al ser sorprendido con una maleta de doble fondo que contenía cocaína, por lo que se pedirá la revocatoria al incumplir sus medidas sustitutivas", comentó Flores. Aclaró que investigará a la exfiscal por la supuesta extorsión.

jueves, 20 de junio de 2013

Los acusados de la red encienden la ventiladora

Dos procesados en la presunta red de extorsión han solicitado ampliar voluntariamente sus declaraciones con la finalidad de revelar nombres de "ministros y viceministros" de los que recibían órdenes en casos emblemáticos, principalmente de origen político contra opositores al régimen de Evo Morales.

Uno de ellos es Boris Villegas, un exasesor jurídico del Ministerio de Gobierno quien fue observado en la represión a los indígenas de la octava marcha indígena hacia La Paz.
Su abogado defensor, Carmelo Alberio informó que "cansado que le den la espalda" Villegas va a decir de dónde partió la orden para atacar a los indígenas ese 25 de septiembre del 2011.

Por eso es que ha solicitado día y hora para dar una declaración ampliatoria.

La cadena de mando. El exdefensor del Pueblo, Waldo Albarracín, consideró importante cualquier testimonio que permita avanzar hacia arriba porque no es lógico que la Policía haya actuado en forma autónoma, pues ese tipo de operativos son estrechamente coordinados por el propio Palacio de Gobierno.

Asimismo, Aida Camacho, abogada del Movimiento Sin Miedo y de la parte acusadora del caso Chaparina, dijo que el presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera, el exministro de Gobierno Sacha Llorentty y otras autoridades hicieron el monitoreo de la represión policial a la marcha indígena desde la Casa Presidencial, ubicada en la zona San Jorge de la ciudad de La Paz y que tenían en el centro de operaciones al entonces abogado del ministerio de Gobierno, Boris Villegas.

Asimismo el exabogado, Fernando Rivera amenazó con revelar otros entretelones si es que hoy por quinta vez no lo trasladan a una apelación a una orden de detención por el caso de la presunta red de extorsión.

Declaró fiscal Mollinedo. El último en prestar su testimonio ante la comisión de fiscales ha sido el exfiscal ahora detenido Edward Mollinedo, en el penal de Palmasola. También lo hizo a petición propia y según han comentado que hizo importantes revelaciones que no se han podido conocer.

Análisis
Manejaban varios casos de origen político

Casos emblemáticos. Manejaban Boris Villegas y Fernando Rivera, exabogados del Ministerio de Gobierno, entre ellos el caso terrorismo de Santa Cruz, el caso de Porvenir en Pando, el caso 24 de mayo en Chuquisaca, además de la represión a la marcha indígena en Chaparina, que eran patrocinados por el Palacio.

Jefes policiales deben devolver Bs 2,2 millones



El comandante general de la Policía, Alberto Aracena, dijo que hará devolver alrededor de Bs 2,2 millones por un bono al cargo que estaba siendo pagado de las arcas del Tesoro General del Estado de manera irregular a por lo menos 52 jefes policiales.

Aracena indicó que comenzaron las pesquisas para ‘individualizar’ a los responsables del pago, y agregó que otros 15 funcionarios policiales fueron puestos ante el Ministerio Público por indicios de corrupción.

“Lamentablemente en el seguimiento de transparencia que estamos haciendo se han detectado algunas irregularidades. Es evidente lo que se denuncia y solicitamos el corte del bono. Después se informó a la Inspectoría para que investigue y se proceda a la recuperación del dinero que fue pagado de manera ilegal”, declaró el comandante. Estos bonos son entregados a coroneles y generales que están por jubilarse.

El 21 de mayo, EL DEBER denunció que ex jefes policiales que han cumplido altas funciones en las gestiones 2001, 2006 y 2009 recibían un pago irregular establecido en el reglamento interno de asignación del bono al cargo. El beneficio se pagaba desde 2012.

Según estimaciones de este diario, desde agosto, cuando se aprobó el reglamento por el excomandante de la Policía Víctor Santos Maldonado, hasta esta fecha, al menos 56 exautoridades de las gestiones mencionadas recibieron Bs 2,2 millones. Hace un mes se pidió una explicación sobre este bono irregular a Maldonado, que dijo que se contactaría con este medio, pero no lo hizo.

Otros casos

Aracena indicó que en los últimos días ha denunciado ante el Ministerio Público a 15 policías por varios hechos de corrupción.

Ocho de estos funcionarios policiales fueron encontrados recibiendo dinero para traficar los destinos con sus mismos camaradas. Los demás “realizaban malos manejos en la parte administrativa en el Comando General”, declaró Aracena, sin especificar los delitos. Todos ellos fueron denunciados en la Fiscalía

Elöd Tóásó revela torturas y afirma que hubo asesinatos

El húngaro Elöd Tóásó, uno de los procesados por el caso de supuesto terrorismo, empezó ayer su declaración ante el tribunal de sentencia y reveló que fue víctima de torturas y que en el hotel Las Américas hubo asesinato de personas durante un asalto policial en abril de 2009.

Su declaración, que se inició alrededor de las 11:00, fue interrumpida en la tarde por una demanda de acción de libertad que presentó Ronald Castedo en contra de los jueces del tribunal, los fiscales y dos forenses del Instituto de Investigación de Sucre.

Tóásó se sentó frente a los juzgadores, acompañado por su traductor y comenzó su testimonio, diciendo que la madrugada del 16 de abril de 2009 los policías tomaron por asalto el hotel Las Américas, lo hicieron sin orden judicial y sin la presencia de un fiscal, bajo el pretexto de que había una organización terrorista.

“Me torturaron y hubo asesinatos. No respetaron mis derechos, jamás declaré con traductor, no respetaron mi lengua nativa y presentaron documentos falsos, mintiendo”, dijo el extranjero, que junto a Mario Tadic, sobrevivió al operativo donde murieron Eduardo Rózsa, Magyarosi Árpad y Michael Dwyer.

Asimismo, señaló que hay declaraciones de funcionarios del hotel que indican que él no salió del alojamiento la noche en que atentaron contra la casa del cardenal Julio Terrazas.

“No se podía salir del hotel en la noche, porque pegaban con cadenas, pero los policías entraron a tiros. Dicen que hubo enfrentamiento, pero cómo es posible que desde el cuarto piso uno pueda disparar hasta la puerta del primero, todo es mentira”, indicó. Hoy Tóásó seguirá con su declaración, a partir de las 9:30.

Castedo pierde un recurso

El expresidente de Cotas, Ronald Castedo perdió la tarde de ayer un recurso de acción de libertad que presentó a través de sus abogados en contra de quienes lo juzgan y lo acusan de ser parte de un presunto grupo terrorista.

El juez Jhonny Zenteno no consideró suficientes los argumentos del sindicado, que pidió ser juzgado de manera independiente por su grave estado de salud, y decidió declarar improcedente el recurso solicitado por Castedo.

Los médicos del procesado, el cardiólogo Carlos Vaca y la sicóloga Lourdes Heredia, ratificaron la gravedad del padecimiento de su paciente, que, según ellos, necesita reposo permanente

Versión fiscal

1 El fiscal Sergio Céspedes reveló que la declaración del húngaro es solo una versión que debe ser probada dentro del juicio.

2 Los acusadores dicen desconocer las versiones de funcionarios del hotel Las Américas, sobre la versión de que Rózsa y Tóásó no salieron del lugar la noche del atentado a la casa del cardenal.

3 Niegan conocer sobre la neutralización de las cámaras de filmación del hotel.

miércoles, 19 de junio de 2013

Sindican a Delgado de traficar influencias

La "librepensante" dio plazo hasta mañana para que se presenten las pruebas en su contra.

La bancada de Diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS) prohibió a la "librepensante" Rebeca Delgado formular todo comentario referido al proceso de cambio y sus actores, ademas de sindicarla de haber ejercido tráfico de influencias en el Órgano Judicial.

La aludida dijo que mantendrá una posición crítica hacia el partido de Gobierno y emplazó a sus detractores a demostrar las acusaciones vertidas en su contra.

El pasado lunes. el presidente Evo Morales calificó al grupo de los autodenominados "librepensantes" de "libre opositores" y dijo que el pueblo es "el cernidor que decantó" a todas las personas que ahora critican el proceso de cambio.

Fue la reacción del Jefe del Estado y principal dirigente del MAS a las críticas lanzadas por Delgado y los "librepensantes".

Censura en el MAS. La jefa de la bancada de diputados masistas, Flora Aguilar, dijo que "como bancada nacional pedimos (a Rebeca Delgado) que no utilice el nombre del presidente Evo Morales, que no utilice el nombre del vicepresidente Álvaro García Linera, de las organizaciones sociales, de los asambleístas plurinacionales, ni que utilice al proceso de cambio porque sólo está cayendo en el oportunismo político. No se lo vamos a permitir".

Aguilar afirmó que Delgado fue "la más privilegiada por el Presidente" por los distintos cargos que ocupó bajo este Gobierno y que, de un tiempo a esta parte, los cambios en su conducta surgieron por no haber sido ratificada como Presidenta de la Cámara de Diputados.

"Entonces, empezó a cuestionar al intrumento, después de perder todo ese privilegio, después de perder el poder".

En respuesta, Rebeca Delgado dijo que se siente "preocupada por la actitud tomada por algunos voceros de la cúpula del Vicepresidente, porque dan la impresión de que no se puede criticar nada, lo que implica que no vamos a poder fortalecer la democracia interna del partido".

Tráfico de influencias. Además, la jefa de la bancada oficialista dijo que Delgado incurrió en tráfico de influencias en la justicia, tema que fue tratado en una reunión de bancada en presencia de la asambleísta en cuestión.

"Se le exigió (a Delgado) no sólo disciplina sino, ante todo, cambiar esas actitudes vinculadas con el tráfico de influencias dentro del Órgano Judicial”.

En respuesta, Delgado dio un plazo hasta el jueves a la Jefa de su bancada para respaldar las denuncias en su contra. “No conozco de la acusación, por eso emplazo a la diputada Flora Aguilar que ha hecho una denuncia y una acusación para que hasta el día jueves presente esa denuncia por tráfico de influencias”.

En caso contrario, advirtió de que iniciará una acción penal en contra de la asambleísta, a causa de que habrá cometido delitos en contra de su honor.

Acoso político. Delgado, finalmente, dijo que este tipo de acusaciones son una forma de amedrentar a quienes no piensan igual que el Vicepresidente, por lo que se está en presencia de una forma de acoso político, por lo que tomará las medidas legales necesarias".

Rebeca Delgado participó días atrás de una reunión con varios disidentes del MAS. En la oportunidad, se analizaron las debilidades y fortalezas del proceso, aunque los asistentes a ese encuentro fueron calificados como golpistas y opositores por los organismos propios del MAS.

2 diputados del MAS, Rebeca Delgado y Samuel Pamuri, son cuestionados por su partido.


"Somos un sector crítico al Vicepresidente, no al Presidente. Son dirigentes, organizaciones y personas críticas a este proceso".

Rebeca Delgado -

ASAMBLEÍSTA DEL MAS

martes, 18 de junio de 2013

Alejan a fiscal del caso de los audios de Soza

El fiscal Genaro Quenta fue aparado del caso que investiga al exfiscal Marcelo Soza con relación a los audios presentados por la senadora Carmen Eva Gonzales.

El hecho ocurrió un día después de que el mencionado representante del Ministerio Público de La Paz opinara que no procedía el archivo de obrados del caso.

Quenta, sorprendido por el hecho, dijo ayer a la Red ATB que el pedido de Marcelo Soza de cerrar el caso no es viable legalmente.

"Hay un trámite de incidente de actividad procesal defectuosa que tiene que resolverse en una audiencia por el juez sexto de Instrucción en lo Penal; sin embargo, la anterior semana, el miércoles, se ha recibido un memorándum del Dr. Ponce, fiscal departamental, haciéndome conocer reasignación de funciones", dijo.

No puede extinguirse. El fiscal Quenta señala acerca de la determinación del fiscal de Distrito, de alejarlo a través de un memorial de la investigación del caso denominado audios, que involucra al exfiscal Marcelo Soza: "La posición del suscrito fiscal cuando presenté el memorial al Dr. Rivadeneira, juez Sexto de Instrucción en lo Penal, era que el caso no puede extinguirse porque legalmente no es posible".

La posición del fiscal Soza. El argumento expuesto por el exfiscal Marcelo Soza es que el CD de audio que lo comprometería con la supuesta red de extorsión, presentado por la senadora Carmen Eva Gonzales, habría sido obtenido de manera ilegal, según dijo en la petición que realizó a través de su abogado al juez Sexto de Instrucción en lo Penal.

Soza señaló que esa supuesta prueba no podía ser utilizada para abrirle un proceso, pues carecía de toda validez jurídica.

Faltan los peritajes. El alejamiento de Genaro Quenta ocurre cuando ni siquiera se habían realizado los peritajes correspondientes, siendo que la senadora Gonzales y el periodista Carlos Valverde habían logrado que estudios audiovisuales de Brasil y de España certificaran que era la voz de Soza.

Juicio político. La senadora Carmen Eva Gonzales dijo que el hecho confirma que el juicio contra el fiscal Marcelo Soza no es manejado en forma independiente por la justicia o en este caso por el Ministerio Público.

La legisladora recordó que en los audios el mismo fiscal Soza confirma que el caso terrorismo fue un montaje del Gobierno y hasta se atrevió a decir cuántas personas eran inocentes en el juicio que se ventila en Santa Cruz.

En ese sentido, señaló que de todas maneras no descansará hasta no ver en la cárcel a quienes buscando mantenerse en el poder o neutralizar a sus enemigos políticos no dudan en utilizar cualquier tipo de artimañas, sin importarles la vida, la libertad y el sufrimiento de sus familiares al verse alejados de ellos.

lunes, 17 de junio de 2013

Quintana estaría vinculado con empresario brasileño que estafó a la Alcaldía de Cobija

Una vez que la alcaldesa Reis fue absuelta en un juicio que abortó debido a presuntas presiones del Ministro de la Presidencia, dirigentes vecinales que reclaman por el abandono de una escuela a medio construir a cargo de un empresario brasileño que fugó a su país con los dineros del programa “Bolivia Cambia, Evo Cumple”, exigen al ministro Quintana aclare la situación en vista de que la Alcaldesa deslindó su responsabilidad al alegar que dicho contrato fue instruido desde La Paz…

© Wilson García Mérida

Según una curiosa denuncia lanzada públicamente nada menos que por el diputado “quintanista” del MAS Galo Bonifaz en octubre del 2011, la alcaldesa Ana Lucía Reis habría causado daño económico a su Alcaldía firmando un millonario contrato para la construcción de una unidad educativa denominada casualmente “Evo Morales Ayma”, con una empresa fantasma del Brasil que recibió fondos del programa Evo Cumple y desapareció de la escena sin concluir la obra proyectada.

Ana Lucía Reis afirma en su defensa que el dinero fue entregado a esa empresa “invisible” denominada B-Bras, propiedad del brasileño Marino Junior Nacimento Lima, en La Paz, mediante el Ministerio de la Presidencia. Dicha empresa, al momento de adjudicarse el contrato gestionado desde el Ministerio de la Presidencia, no certificó dirección ni domicilio que se conozcan en el municipio de Cobija.

El Ministerio Público investigó la denuncia de Bonifaz y concluyó imputando a la Alcaldesa a mediados del pasado año 2012, cuando el Fiscal Coordinador de la Unidad Anticorrupción, Juan Carlos Cuéllar, señaló a la agencia Erbol que la Alcaldesa, como Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), había incumplido su deber de fiscalizar la obra como estipulan las normas que rigen el programa “Bolivia cambia, Evo cumple”. Sin embargo, según la propia agencia Erbol que cita un reporte del semanario Perla del Acre, “el proceso contra la autoridad municipal extrañamente tuvo poco avance y por el mismo quedó absuelta del proceso”.

La absolución judicial en favor de la Alcaldesa, evitó que se la autoridad municipal se vea obligada a involucrar en el proceso a autoridades del Ministerio de la Presidencia, específicamente al ministro Quintana y sus inmediatos subalternos de la Unidad de Proyectos Especiales (Upre) encargada de avalar y viabilizar los contratos del controvertido programa presidencial convertido, por acción de Quintana, en agencia de campaña electoral.

La madrugada del pasado 26 de abril, el Hotel Asai, propiedad de la alcaldesa Reis, sufrió un devastador incendio que destruyó importante estructura del lujoso hospedaje, siniestro suscitado en medio de la querella judicial por el caso de la escuela “Evo Morales Ayma” y que la autoridad municipal atribuyó a “un accidente provocado intencionalmente“.

Perdiendo el miedo a Quintana
Dirigentes vecinales de la ciudad de Cobija que tomaron contacto con Sol de Pando pidiendo reserva de su identidad por temor a las represalias con que Quintana mantiene amordazada a la población pandina, exigen el esclarecimiento del escabroso tema desde la misma Presidencia del Estado, y debe ser Quintana quien aclare las denuncias en vista de que un juzgado en Cobija absolvió a la Alcaldesa al establecer que el contrato con el brasileño se tramitó en La Paz y no en la capital pandina.
Curiosamente el contrato no se encuentra registrado en archivos de la Alcaldía de Cobija, sino en alguna gaveta del Ministerio de la Presidencia, en La Paz.
“Si el contrato con la empresa brasileña no existe en los archivos de la Alcaldía de Cobija, y si la Alcaldesa se lava las manos asegurando que la obra fue adjudicada directamente por el Ministerio de la Presidencia, entonces es el ministro Quintana, o quizá incluso el propio presidente Evo Morales, quien debe aclarar bajo qué condiciones se adjudicó ese contrato a un empresario brasileño que nadie conoce en Cobija y nadie sabe dónde está ahora después de llevarse el dinero del Evo Cumple sin cumplir su contrato”, sostienen los representantes vecinales.
Según el fiscal Cuéllar, de las ocho obras destinadas al municipio de Cobija por el programa Evo Cumple, se pudo detectar que una de las obras más atrasadas y actualmente abandonada es la construcción de la Unidad Educativa “Evo Morales Ayma”, ubicada en el barrio San Juan, cuyo desembolso según la Unidad de Proyectos Especiales (Upre), dependiente del Ministerio de la Presidencia, se habría realizado en un 80 por ciento aunque los informes de avance de la obra señalan que sólo tiene un 30 por ciento.

Estafa en el programa Evo Cumple
Vestigios en ruinas de la Unidad Educativa “Evo Morales Ayma”, en el barrio San Juan de Cobija, debió concluirse en la gestión 2011 pero está abandonada desde el 2010, pese a que el empresario brasileño que ejecutaba la obra cobró sin cumplir el contrato, antes de desaparecer. | Foto Erbol/Perla del Acre

Vestigios en ruinas de la Unidad Educativa “Evo Morales Ayma” en el barrio San Juan de Cobija. Debió concluirse en la gestión 2011 pero está abandonada desde el 2010, pese a que el empresario brasileño que ejecutaba la obra cobró sin cumplir el contrato, antes de desaparecer. | Foto Erbol / Perla del Acre

El informe de la Unidad de Proyectos Especiales (Upre) indica que el primer desembolso para la construcción de la Unidad Educativa “Evo Morales Ayma” se hizo el 18 de octubre del 2010 por un monto de Bs 1.875.208 bolivianos, de un total de Bs 4.688.021 presupuestados por el programa Evo Cumple para dicha edificación escolar. Y no obstante de que habría realizado cobros posteriores hasta cubrir un 80% del presupuesto, la obra fue definitivamente abandonada en septiembre del 2011 cuando el contratista brasileño se fue de Cobija para nunca más volver. No tenía ninguna oficina ni domicilio legalmente establecido en territorio boliviano.

La interrogante que corre en las calles de Cobija es la siguiente: ¿Cómo es posible que el Ministerio de la Presidencia autorizó un millonario contrato a un empresario brasileño que no tenía domicilio legal en Bolivia, y nada menos que para construir una escuela que debía beneficiar a la niñez pandina?

Mientras aquellas interrogantes continúan sin respuesta alguna, la obra inconclusa y abandonada, con sus pocos ladrillos desmoronándose, comienza a ser devorada por los matorrales del bosque pandino, como una ruina en medio del más impune y cínico despilfarro.

Santa Cruz En la bancada del MAS están los más ‘viajeros’

Los concejales Freddy Soruco y Saúl Ávalos, ambos del MAS, encabezan la lista de los ediles con más viajes al exterior de 2010 a la fecha, según un informe oficial exclusivo que dio a conocer el concejal secretario Romel Pórcel a EL DEBER.

El edil suspendido Enrique Landívar, de Santa Cruz Para Todos (SPT), también es uno de los que más viajó, si se toma en cuenta su gestión anterior (de 2005 a 2009), pues suma un total de 11 salidas al exterior.

Si se habla de la gestión anterior, la concejala Carol Viscarra, que sigue en sus funciones, encabeza la lista de viajes (ver infografía). Entre 2005 y 2013, los ediles hicieron 113 viajes a eventos y misiones técnicas en el exterior, de los cuales 35 fueron en los últimos cuatro años.

El concejal Soruco argumentó que todos sus viajes han dado frutos y han sido legales. Por ejemplo, dijo, al regresar de Curitiba (Brasil) presentó a los dirigentes transportistas un proyecto de transporte público con un pasaje único por ramal, pero sobre todo destacó su experiencia en seguridad ciudadana atribuyendo a su gestión la instalación de cámaras de seguridad y los helicópteros para la ciudad.

La concejala Viscarra también dijo que uno de los resultados de sus viajes son las cámaras de vigilancia. Consultada del porqué Soruco se atribuye lo mismo, respondió: “Al final no importa quién trae la idea, lo que importa es que se implemente”.

Viscarra comentó que a raíz de su viaje al II Congreso Mundial sobre Derechos de la Niñez y Adolescencia en Perú se aprobó una ordenanza sobre políticas a favor de la niñez. También destacó la experiencia que recogió sobre el transporte público en Curitiba, ordenado y planificado, aunque dijo que es difícil aplicar ese modelo en Santa Cruz porque los transportistas son un ‘sector muy cerrado’.

Destinos más visitados

El país más visitado por los concejales en la última década ha sido Brasil, le siguen Argentina y Perú. También están en la lista Estados Unidos, Uruguay, Colombia, Inglaterra, Japón, Canadá, México, Ecuador, Australia, Costa Rica y Cuba. A este último solo fueron los del MAS.

Enrique Landívar explicó que ‘normalmente’ los viajes que hizo fue como invitado a seminarios, por ejemplo, en Lima (Perú) asistió a uno sobre manejo de residuos urbanos y WWF lo invitó a otro viaje a Barcelona para “la entrega de un reconocimiento de ese municipio a la ciudad de Santa Cruz por ser la capital con más bosques certificados”.

También recordó su viaje a Curitiba, a raíz del cual propuso la ordenanza 043/2006 sobre ‘basura cero’, que fue aprobada, pero que no se cumple. Al igual que Viscarra, Landívar se quejó de que varias iniciativas que surgen de estos viajes no se concretan por falta de voluntad política en el seno del mismo Concejo o del ejecutivo.

La exconcejala Ana María Encina, que ocupa el segundo lugar en el ranquin de la gestión 2005-2009, junto a Osvaldo Peredo y Romy Paz, aseguró que sus viajes se debían al cargo que ocupaba como presidenta de la Asociación de Concejalas de Bolivia. Dijo que gracias a su viaje a Canadá, por ejemplo, la federación de municipios de ese país da una ayuda permanente de $us 1 millón como presupuesto para la asociación en Bolivia.

Otro de los frutos fue el proyecto de ley que se aprobó sobre el acoso y violencia política, y el apoyo a la participación del 50% de mujeres en las listas de candidatos a las elecciones.

La concejala Zapata no viajó

El 26 de mayo, este diario publicó una nota en la que se mostró una resolución del Concejo en la que se aprueba el viaje a Curitiba de seis concejales, entre ellos la edil María Angélica Zapata.

Pero el último miércoles, la concejala hizo llegar a esta Redacción una carta que envió el 20 de febrero al entonces presidente interino del Concejo, Saúl Ávalos, dando a conocer: “Por motivos de fuerza mayor desisto del viaje” a Curitiba.

De esa forma, Zapata aclaró su situación con respecto a esta publicación y dejó constancia de que no viajó

PARA TOMAR EN CUENTA

CASI DOS AÑOS Y MEDIO DE VIAJES
De 2005 a la fecha, los concejales se ausentaron 845 días por motivos de viajes al exterior, tiempo equivalente a dos años y tres meses.

MÁS DE TRES SEMANAS
Según el informe, el viaje más largo fue el del edil suspendido Óscar Vargas, por 23 días a EEUU, a un encuentro sobre ‘Transparencia y buen gobierno’.


Santa Cruz La Gobernación en la mira por Bs 1 millón en pasajes

Una auditoría especial realizada por la Contraloría Departamental a la Gobernación de Santa Cruz dio como resultado ‘indicios de responsabilidad’ sobre la asignación de más de Bs 1 millón en pasajes y viáticos de cinco asambleístas indígenas. La Gobernación reconoció el proceso, pero aseguró que dará pelea legal porque tiene un trasfondo político.

Según explicó el contralor departamental Alfredo Villca, en 2008 el Consejo Departamental, hoy Asamblea Legislativa, “vulneró la Ley 1651 de Descentralización que establecía la elección de un consejero por cada provincia y aquella que tenía mayor población podía tener más representantes. Pero no se respetó este procedimiento. La Gobernación y la Asamblea aprobaron mediante una ley la incorporación de consejeros indígenas”.

Los gastos observados

El contralor aseguró que las autoridades de la Gobernación aprobaron pasajes y viáticos para los consejeros indígenas, causando daño económico al Estado por más de Bs 1 millón que deben devolver los que autorizaron el pago.

“No se está involucrando a los consejeros indígenas porque fueron designados, los responsables son los que aprobaron los cheques en la parte ejecutiva y los que autorizaron en la Asamblea”, enfatizó.

La auditoría no incluye al gobernador Rubén Costas, pero sí a José Luis Parada, secretario de Hacienda; a Roly Aguilera, secretario general, entre otros.

Hay “discriminación”

Como una auditoría “discriminadora y política” calificó el secretario de Hacienda de la Gobernación, José Luis Parada, el trabajo de la Contraloría.

La autoridad reconoció que en 2008 se designó a los consejeros indígenas, pero como una forma de ‘inclusión’ en decisiones de la Asamblea, en particular sobre la asignación del 10% de las regalías que les corresponde. Según Parada, este hecho se enmarcó en la misma línea impulsada por el Gobierno y las Naciones Unidas de dar mayor presencia a los pueblos indígenas. Posteriormente, la nueva Constitución también los reconoció.

“Lógicamente que se les asignó dietas y viáticos, eso está enmarcado en la ley y ahora viene la Contraloría y nos dice que no son funcionarios públicos, pero ¿por qué vamos a discriminar a cinco asambleístas indígenas, cuando a muchos otros les han pagado viáticos para eventos como la reunión de la Madre Tierra. Lo que pasa es que la Contraloría está discriminando a los indígenas por ser del oriente”, argumentó.

Parada aseguró que la Gobernación cruceña presentará los descargos y si esto llega a un “juicio político”, también se defenderá

El marco legal

Reglamento del municipio
1 En el caso del Concejo Municipal, el Reglamento de Pasajes, Viáticos y Estipendios señala en su artículo 15 que los concejales y el alcalde tienen derecho a Bs 339 de viáticos por día para viajes a países de tipo ‘A’ y Bs 283 por día para viajes a países de tipo ‘B’.

2 Los países de tipo ‘A’ son los comprendidos en Europa, Asia, África, Norteamérica y Oceanía. Los países del tipo ‘B’ están ubicados en Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, de acuerdo con la norma. Del viático, se deberá descontar el 13% del IVA.

Con declaración de Tóásó se reinicia juicio por terrorismo

El juicio del caso terrorismo I se reanuda hoy con la declaración del imputado húngaro Elöd Tóásó y se prevé que el Instituto de Investigaciones Forense (IDIF) presente el informe sobre la valoración que hizo un sicólogo y un cardiólogo al expresidente de Cotas Ronald Castedo, que padece de una cardiopatía crónica y severa que afecta al área cardiaca.

La reanudación del juicio será a las 15:30, donde los jueces técnicos Sixto Fernández y Elena Gemio, junto a las juezas ciudadanas Anastasia Calizaya y Sonia Mamani, del Tribunal 1º de Sentencia de la ciudad de La Paz, deben decidir si Castedo es separado del caso para que sea juzgado de manera separada, explicó el abogado de defensa del expresidente de Cotas, José Nicolás Hoffmann.

Según el jurista, en la anterior audiencia se debía conocer la resolución de los juzgadores, pero fue suspendida por falta de un certificado, por lo que el juez Fernández instruyó que se complemente la valoración sobre la salud de Castedo. El juicio que se realiza en una sala del Tribunal Departamental de Justicia, se suspendió el 6 de junio por la controversia que existía respecto al estado de salud del expresidente de Cotas.

Desde el punto de vista de Verónica Suárez, abogada de defensa del ex líder cívico beniano, Alberto Melgar, el reinicio del juicio no puede ser suspendido por segunda vez consecutiva por la misma causa, es de decir, por el caso Castedo, pues a su entender, lo que corresponde es que los miembros del Tribunal aparten al imputado para que sea juzgado a fin de no perjudicar el desarrollo del proceso.

Iván Ortiz, uno de los fiscales del caso terrorismo I, prefirió no emitir criterios aduciendo que esperará a que se reinstale el juicio con la presencia de todos los imputados para seguir con los alegatos jurídicos y la declaración del húngaro que llegará hoy desde La Paz en el transcurso de la mañana de hoy, donde guarda detención en el penal San Pedro.

Junto al húngaro llegarán los también imputados Juan Kudelka, Zvonko Matkovic Rivera, Alcides Mendoza, Juan Carlos Guedes, Gelafio Santistevan, Mario Tadic y desde Trinidad arribará el imputado Zoilo Salces. Ignacio Villa Vargas, ‘El Viejo’, guarda detención en el penal de Palmasola.

Tóásó se "confiesa"

Según el fiscal Ortiz, a petición de Tóásó su declaración se realizará sin interrupción, es decir, el imputado pidió empezar y concluir con su declaración en una sola audiencia.

De acuerdo con la explicación de la abogada de defensa de Alberto Melgar, Verónica Suárez, en esta etapa de los alegatos los miembros del Tribunal Primero de Sentencia, los abogados de defensa y la parte acusadora podrán intervenir; luego se ingresará a la etapa probatoria. Una vez concluida con esas dos fases, los acusados, por segunda oportunidad, deberán presentar su declaración, pero ya no podrán ser interrogados

Para saber

Llegada de los presos
Se conoció que los imputados que guardan detención en el penal San Pedro y en la cárcel de Trinidad llegarán en el transcurso de hoy. Por ejemplo, el excívico Melgar, que está con detención domiciliaria, llegará, junto a su custodio.

Castedo denunció a los jueces
Los jueces que administran el juicio de terrorismo I enfrentan una denuncia por la supuesta comisión de delitos de prevaricato, resoluciones contrarias a la ley y delitos de salud.

Vigilia de familiares
Familiares de los imputados estarán en la plaza 24 de Septiembre, en una jornada de oración.

Gonzales observa incidente de Soza

La senadora opositora de Convergencia Nacional Carmen Eva Gonzales espera que el juzgado Sexto de Instrucción en lo Penal de La Paz rechace la solicitud de extinción del proceso contra el exfiscal del caso Terrorismo I que lo vincula con los videos y audios en actos irregulares.

Según Gonzales, el argumento en el que el exfiscal Soza basa la solicitud de extinción del proceso es porque se vulneró su derecho a la privacidad de la comunicación, pese a que la Constitución Política del Estado ampara el derecho al secreto de comunicación de las personas y por último pide al juzgado que no tome en cuenta los audios presentados por considerar que no son pruebas objetivas.

EL DEBER intentó conocer la versión de Soza a través de su abogado defensor, Moisés Ponce de León, pero no fue ubicado.

Se prevé que en el transcurso de la semana el juzgado Sexto de Instrucción en lo Penal de La Paz emita una resolución sobre la petición que hizo el exfiscal del caso terrorismo I. Marcelo Soza también fue denunciado por más de cuatro delitos en la Fiscalía de Distrito de Santa Cruz.

sábado, 15 de junio de 2013

Cochabamba El concejal Cáseres tiene a tres allegados en gobierno municipal

El concejal secretario Rolando Cáseres Leclere tiene a tres allegados suyos trabajando en la municipalidad.

Tras hacerse público que su medio hermano, José Luis Sejas Leclere de la constructora Puchens, se adjudicó la obra del programa “Bolivia Cambia, Evo Cumple” del colegio Juancito Pinto B en K’ara K’ara, salió a la luz que existen dos personas más, de su entorno, en cargos públicos.

El intendente municipal es Ricardo Barriga Roca y, conforme a la documentación cruzada del Servicio de Registro Cívico (Sereci), es el hermano de la madre de la esposa de Cáseres.

“Leonor Carola Barriga fue mi hermana, falleció hace más de 20 años (...) No lo creo (que pueda ser observado) por el tema de tercer o cuarto grado de relación familiar que tengo con la única hija que tenía mi difunta hermana”, dijo la autoridad.

“Yo no tengo ningún lazo de consanguinidad con el señor Rolando Cáseres”, agregó.

Por su lado, Ramiro Sejas Villarroel, padre del medio hermano de Cáseres, figura en planillas del personal administrativo del Concejo como chofer de comisión. Consultado sobre afinidades con Cáseres expresó no tener ninguna relación y no estar casado con la madre de Cáseres.

Agregó que está en el Concejo hace casi dos años y medio y que fue invitado por el Alcalde Edwin Castellanos, que lo conoce desde los Kjarkas.

“Estaba en La Paz, he sido llamado porque faltaba un chofer”, manifestó y agregó que desconocía que su hijo (José Luis) estaba a cargo de una obra y que se enteró cuando se dieron los problemas.

El intendente Ricardo Barriga Roca, por su lado, expresó que también fue invitado por el Alcalde hace más de tres semanas y, durante unas tres semanas antes, trabajó en la Jefatura de Seguimiento de la Dirección de Comunas de la Alcaldía.

Mientras, el concejal Rolando Cáseres también descartó cualquier vínculo respecto a las contrataciones.

“No voy dar opinión sobre el Intendente porque es nombrado por el Alcalde”, dijo sobre Barriga aunque reconoció que conoce al tío de su esposa y que “no es su pariente”.

En el caso del conductor sostuvo que es padre de su medio hermano, pero que no es pareja de su madre.

“Yo no lo he nombrado y entró como chofer del Concejo, no tengo nada que ver con su nombramiento”, insistió.

Al respecto el líder de Todos Por Cochabamba (TPC), agrupación de la que Cáseres fue expulsado, Arturo Murillo, manifestó que ésas son pruebas de que el acuerdo con el presidente Evo Morales no hacían referencia sólo al beneficio de la gestión municipal.

“Con estos datos de nepotismo, pegas a los hermanos, a tíos y a la familia estamos viendo que el acuerdo era por los bolsillos y no para mejorar Cochabamba. Pediremos a Transparencia que investigue”, expresó Murillo haciendo referencia a que se debe suspender a todos los involucrados en corrupción.

viernes, 14 de junio de 2013

El caso Ostreicher en informe de DDHH

El caso del judío norteamericano, Jacob Ostreicher, que lleva dos años en proceso, acusado de legitimación de ganancias ilícitas y que tiene un arresto domiciliario, es mencionado en un reporte cronológico de violaciones a los derechos humanos sucedidas en Bolivia en los últimos cuatro meses del 2012, según un observatorio de Derechos Humanos de la Fundación Nueva Democracia.

El informe hace referencia a la desarticulación a medias de una red de presunta extorsión que se anidaba en los ministerios de Gobierno y la Presidencia tras la detención de los abogados Fernando Rivera, Boris Villegas y Denis Rodas.

Dicen que otros hechos que han conmovido a la opinión pública no avanzan como el caso de la Calancha donde murieron tres jóvenes en el 2007, el caso “24 de mayo” de racismo, la represión a indígenas en Chaparina y el asilo del senador opositor Rógen Pinto en la embajada de Brasil mientras espera un salvoconducto, son entre otros, los hechos que preocupan, según dice el coordinador Rubén Darío Cuéllar.

Asesinatos y otros hechos. El informe da cuenta del asesinato de las concejales municipales de Ancoraimes, La Paz y Guayaramerín, Beni en hechos no aclarados y por eso creen que no se ha avanzado significativamente en el respeto a los derechos humanos.

En los últimos cuatro meses del 2012 fueron suspendidas al menos once autoridades municipales cuando aún no se había pronunciado el Tribunal Constitucional declarando ilegal que ante la sola acusación deban ser alejados del cargo.

También da a conocer de 22 casos de persecuciones por motivos políticos, 12 de discriminación por razones políticas, tres decesos, 97 heridos en enfrentamientos por conflictos limítrofes y demandas sociales y la privación de libertad de al menos 105 personas por diferentes motivos y circunstancias.

jueves, 13 de junio de 2013

Procesan a ocho alcaldes por irregularidades en Evo cumple

El Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción inició 13 procesos penales ante el Ministerio Público por irregularidades en las obras financiadas con recursos del programa Bolivia cambia, Evo cumple. Por su lado, la Contraloría General del Estado sigue seis auditorías especiales y otros cinco casos fueron denunciados ante el Ministerio Público.

Un reporte del Ministerio de Transparencia especifica que 10 denuncias por los delitos de incumplimiento de deberes fueron presentadas directamente por esta entidad ante la Fiscalía, mientras que en las otras tres, el Ministerio de Transparencia sólo tuvo “apersonamiento”.

Acusados

En las denuncias figuran ocho alcaldes y seis empresas denunciadas, aunque el reporte no brinda los detalles de quiénes están procesados ni las causas. Dos de las denuncias están en una etapa preliminar de la investigación fiscal, ocho en imputaciones formales y tres en acusaciones.

El 28 de mayo, el jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, denunció públicamente que el programa Bolivia cambia, Evo cumple, que hasta 2011 había erogado $us 438,7 millones en 3.913 proyectos con financiamiento de la embajada de Venezuela, no estaba siendo tratado con transparencia y que ese dinero estaba siendo manejado por el Gobierno “para lograr fines personales y electorales”.

La ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardy Suxo, aseguró la semana pasada que estos fondos que son entregados principalmente a los municipios que lo requieren para obras de infraestructura, principalmente, son fiscalizados por los concejos municipales, el control social y la Contraloría General del Estado.

Aseveró que había recibido 20 denuncias de irregularidades y que funcionarios de su ministerio habían visitado al menos 600 proyectos ejecutados con recursos de dicho programa, que es canalizado por la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), dependiente del Ministerio de la Presidencia, y que un 90% de esas obras había sido de mucho beneficio para la población, y que el resto había tenido algunas irregularidades, especialmente de parte de las empresas ejecutoras de la obra contratada por los gobiernos municipales.

“Estamos procesando algunas denuncias de irregularidades y tenemos a una persona privada de libertad, que es el alcalde de Ancoraimes. Cuando recibimos una denuncia, la procesamos como cualquier otra y, por supuesto, si corresponde la remitimos a conocimiento del Ministerio Público. Hemos recibido como 20 solicitudes de intervención”, declaró la ministra Suxo.

El martes, el vocero de Unidad Nacional, Arturo Murillo, denunció la adjudicación ilegal de la construcción de la escuela Juancito Pinto, del programa Bolivia cambia, Evo cumple, a una empresa recién creada, de propiedad del hermano de un concejal de Cochabamba

LA FISCALÍA INVESTIGA AL MENOS 10 OBRAS

El subcontralor de Servicios Legales de la Contraloría General del Estado, Edijo Clavijo, declaró haber presentado en los últimos meses denuncias ante el Ministerio Público por la comisión de delitos en obras ejecutadas dentro del programa Bolivia cambia, Evo cumple.

Según un documento de la Contraloría, en 2010 esta entidad presentó a la Fiscalía cuatro denuncias contra exautoridades de Quillacollo por presuntas irregularidades cometidas en procesos de contratación de obras del programa Evo cumple, en la construcción de las unidades educativas Arnold Schwimmer y José Miguel Lanza, del complejo deportivo Antofagasta y del Matadero Municipal Múltiple.

Con el gobierno municipal de Tolata hay un proceso por uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes por la compra indebida de materiales de construcción. En el municipio de Warnes, se trata de irregularidades en la construcción de un puente.

En Beni existen auditorías en proceso de las gestiones 2007 al 2010 en las alcaldías de Loreto, Baures, Huacaraje y Magdalena, por un monto de más de Bs 3 millones, por diferentes obras.

En la jornada

Castellanos se defiende
El alcalde de la ciudad de Cochabamba, Edwin Castellanos, aseguró ayer que Unidad Nacional (UN) pretende politizar un programa que tiene mucha sensibilidad social, en alusión a las denuncias de Arturo Murillo contra el programa Bolivia cambia, Evo cumple.

Apoyo del Presidente
El presidente Morales apoyará la construcción de un mercado en Toledo, con una inversión de aproximadamente Bs 4 millones.

Interpelación a Quintana
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, acudirá el sábado a la Asamblea para responder por el programa.

Encarcelan a 7 de 8 funcionarios de YPFB acusados de corrupción

Después de más de seis horas de audiencia cautelar, la jueza segunda de Instrucción en lo Penal, Rosmery Morón Sanjinés, determinó la detención preventiva de siete de los ocho funcionarios de YPFB Riberalta, acusados de corrupción, en la carceleta pública de Riberalta.

Morón, en declaraciones a la radio San Miguel de la Red Erbol, dijo que la audiencia cautelar fue instalado desde las 10 de la mañana para definir la situación jurídica de los coimputados.

“En la audiencia se ha demostrado que existen los suficientes elementos de convicción de que los coimputados son probablemente autores y partícipes del hecho punible, entonces, se decidió la detención preventiva de siete y la detención domiciliaria de uno”, dijo.

Los enviados a la cárcel, según datos proporcionados por el juez, son Luis Fernando Troncoso Mollo, Freddy Villán Cabezas, Hugo Chapi, Geraldine Vargas Mejía, Luis Fernando López Pereda, Carlos Enrique Aranibar Soto, Scarlet Saavedra Castro y Jhanneth Jayashira Salvatierra.

Mientras el Geifer Navarro Bersatti (chofer) desvirtuó en la audiencia el peligro de fuga y obstaculización en el proceso investigativo, por lo que la Jueza definió en su contra la detención domiciliaria y otras medidas sustitutivas.

La fiscal Cinthia Natusch dijo que la imputación será ampliada en contra de otras tres personas, que ya estarían siendo aprehendidas y sus cautelares serán mañana, entre ellas Cris Cambero, hijo del alcalde municipal de Riberalta.

Los aprehendidos son acusados por los delitos: peculado, concusión, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones, uso indebido de bienes y servicios públicos, enriquecimiento ilícito, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, asociación delictuosa y confabulación.

La Fiscal indicó que se ampliará la imputación por este caso en contra de otras tres personas que ya están aprehendidas, entre ellas, Iván Cris Cambero, hijo del alcalde de Riberalta, informó la emisora local.

Navarro podría ser suspendido por dos denuncias en Comisión de Ética

El diputado de Unidad Nacional (CN), Jaime Navarro, podría ser suspendido de su cargo en la Asamblea Legislativa entre seis a 12 meses, de ser verificadas las pruebas de la denuncia presentadas en su contra y admitidas ayer por la Comisión de Ética, por cargos de “faltas al decoro” de la Cámara Baja, además por supuestos cobros dobles de su salario, según anunció el presidente de esta instancia, Evaristo Peñaloza, a tiempo de informar que la denuncia intrafamiliar fue derivado al Ministerio Público.

“Después de un amplio debate la Comisión de Ética ha llegado al acuerdo de admitir la denuncia presentada por el abogado de la esposa del diputado Navarro, principalmente por faltas al decoro la honorabilidad y otro es directamente por una denuncia supuestamente de percibir salarios dobles, entonces esto sabemos que compete directamente a dinero públicos y lo vamos ver”, señaló Peñaloza.

Explicó que además se admitió la denuncia porque el abogado presentó algunas pruebas de papeletas de pagos y de comprobarse el hecho dijo que, “el Reglamento de Ética indica que para este tipo de casos, establece de seis meses a un año de suspensión de mandato”.

Dijo que en las próximas horas se notificará a Navarro y a partir de esa fecha se dará un plazo de 10 días para que el denunciado conteste a la demanda.

Al mismo tiempo, Peñaloza dio a conocer que el tema de la denuncia sobre la agresión física que habría incurrido Navarro a su esposa y el caso de la asistencia familiar pasó al Ministerio Público, porque no es competencia del Legislativo.

“Nos han presentado en la denuncia correspondiente por muchos casos y el equipo jurídico ha hecho un trabajo correspondiente donde el caso (intrafamiliar) se trataría en el Ministerio Público porque esta comisión es netamente disciplinario y administrativo”, remarcó el entrevistado.

Navarro lamenta estas acciones y denuncia que se trata de un tipo de extorsión contra su persona que trata de alejarlo de su curul.

El legislador anticipó que no se referirá al caso particular que se ventila en el Ministerio Público, porque involucra estrictamente a su familia y no quiere dañar la salud emocional, mental y física de su hija, aunque aseguró que no cometió ningún tipo de agresión como denunció el grupo político de las "mujeres del proceso de cambio".

miércoles, 12 de junio de 2013

Ocho funcionarios están aprehendidos Surge nuevo caso de corrupción en YPFB

La Policía aprehendió en la víspera a ocho funcionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en Riberalta acusados de varios hechos de presunta corrupción, reportó la radio "San Miguel" de la red Erbol.

El operativo policial fue ejecutado en horas de la tarde del lunes y al momento los aprehendidos se encuentran en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen a la espera de la audiencia cautelar, prevista para hoy miércoles.

La fiscal Cinthia Natusch dijo que los aprehendidos son Luis Fernando Troncoso Mollo, Scarlet Saavedra Castro, Hugo Mejía Chapi, Geraldine Vargas Mejía, Elizabeth Saavedra Castro, Hugo Luis López Pereda, Freddy Villán Cabezas, Carlos Enrique Aranibar Soto, Geifer Navarro Bersatti, Jhanneth Jayashira Salvatierra.

"Existen otras personas más implicadas en este caso pero ellas no fueron aprehendidas y eventualmente serán llamadas a prestar sus declaraciones informativas, como son Alex Rojas Mamani, Roberto Castro Alcocer, René Jiménez Encinas, Antonio Einar Hinojosa, Ivan Rambero Herrera", dijo.

El Ministerio Público informó que los aprehendidos son acusados por los presuntos delitos de peculado, concusión, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones, uso indebido de bienes y servicios públicos, enriquecimiento ilícito, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, asociación delictuosa y confabulación.

Según la emisora local, Freddy Villán Cabezas era gerente de Yacimientos regional Riberalta.

Sin embargo, "nosotros no podemos de que estas personas son autores o partícipes de los hechos, pero hay indicios y elementos de convicción, que es lo único que necesita el Ministerio Público en esta etapa, que es el inicio de las investigaciones, para imputarlo por los delitos por los cuales han sido denunciados", apuntó la fiscal.

OTROS CASOS

El 17 de junio de 2012, el ex gerente de plantas, Gerson Rojas, actualmente detenido en la cárcel de Palmasola sufrió un accidente cerca de Yapacaní, este hecho fortuito condujo a descubrir una presunta red de corrupción que recibía sobornos para adjudicar la Planta de Separación de Líquidos de Río Grande.

El extitular de YPFB y exhombre fuerte del MAS, Santos Ramírez, recluido en la cárcel de San Pedro por otro escándalo de corrupción en la estatal petrolera, acusó a su sucesor Carlos Villegas, de un millonario sobreprecio en la construcción de la mencionada obra, que dobló su precio inicial.

Posteriormente se detectó la compra irregular de 470.000 metros cuadrados en Yacuiba para el emplazamiento de la Planta Gran Chaco, sin que el predio esté debidamente saneado.