lunes, 31 de julio de 2017

"Desgraciadamente mi hijo está preso por un padre yesca"



Los esposos Matkovic tenían alguna esperanza de que en la última audiencia realizada el pasado viernes el tribunal dé curso al pedido de cesación de detención preventiva para que su hijo Zvonko Matkovic Ribera se defienda en libertad del juicio que se le sigue, acusado de terrorismo y alzamiento armado, situación que lo tiene encarcelado desde hace siete años y cinco meses.

“Esperábamos que recapaciten de que tiene a una persona presa que es inocente y que no tiene sentencia”, dice Zvonko Matkovic Fleig, que está sentado a la cabecera de la mesa de su casa, al lado de su esposa María del Carmen Ribera. Entre ambos repasan cómo les ha cambiado la vida todos estos años que su hijo está en la cárcel.

En todo este tiempo muchas cosas han pasado, aseguran. Desde el duro momento cuando detuvieron a Zvonko y verlo enmanillado, pasando por las más de diez audiencias en las que se pidió la cesación de detención preventiva y todas ellas negadas, hasta las extorsiones económicas que dicen haber sufrido..
¿Cómo está viviendo su familia desde que su hijo fue detenido?

María del Carmen Ribera: Muy duro. Pero sin la ayuda de Dios no hubiéramos podido seguir adelante. Es lo único que me da la fortaleza que hasta yo me admiro de que estamos enteros. Lo más duro para mí ha sido el momento que lo tomaron preso y verlo enmanillado. Cuando eso ocurrió yo no pude aguantar ese momento y él me vio. Me dijo: ¡No, no, no te pongas así mamá!

Antes él veía nuestras empresas. Fue un cambio total. Su hijito estaba de año y medio al que no está viendo crecer. En la medida que podemos se lo llevamos. Los cuatro años que estuvo en La Paz igual lo llevábamos, aunque no tan seguido como aquí.

¿Sobre la posibilidad de inculparse para ir al juicio abreviado?

María del Carmen Ribera: Dice que ha estado tantos años ya en la cárcel, que unos pocos más no importan, porque no va a decir que hizo una cosa que nunca hizo, porque es inocente. Nosotros lo apoyamos. Dice que tiene que darle el ejemplo a su hijo.

Ustedes han señalado que fueron víctimas de extorsión, ¿cómo empezó todo ello?

Zvonko Matkovic Fleig: El primer caso de terrorismo se creó exclusivamente para desarmar a la dirigencia de Santa Cruz, en el tema autonómico, nadie estaba dividiendo el país. Pero hubo algunos vivarachos, como el exfiscal Marcelo Sosa, que le pillaron al negocio y empezaron a extorsionar a las personas y le sacaron plata a Sancho, Pedro y Martín. No solo participó el fiscal Sosa, sino también otros en esa fuente de captación de recursos que se habla de muchos millones.

A mí me empezaron a extorsionar. Un día vinieron a las 7:00. Me llevó a la casa de Claudia Arruda. Ella me dijo que el fiscal Sosa quería hablar conmigo. Él me dijo claramente que era el único que tenía la potestad para sacar o meter cargos contra una persona, por poco me dijo que tenía la llave del cielo. Ahí me pidieron $us 50.000. Eran ya las 8:00 y querían el dinero para las 11:00. Yo empecé a corretear para buscar el dinero, tocar las puertas de los amigos. Mi suerte y mi capital es tener amigos buenos y ricos, con plata. Otro día me llamó mi abogado, que me dijo que yo tenía que ir al parqueo de un supermercado y llevar $us 15.000 para que mi hijo no sufra más, y darle ese dinero a una persona. Eran las 18:00. Llegué me senté atrás de la vagoneta de mi abogado y ahí estaba ese hombre, de gorra y con gafas. Le entregué la plata y para darle tiempo a que cuente la plata tuve, junto a mi abogado, que dar vueltas a la manzana del supermercado.

Me acuerdo cuando vino un muchacho enviado por Sosa. Me dijo que tengo que darle $us 200.000 si es que quería que mi hijo salga de la cárcel. Le respondí que le diga que no tengo plata. Miró mi casa. Le dije que se la daba mi casa, que vale más que $us 200.000, que la venda y el cambio me lo den. Me respondió que espere, se salió, hizo una llamada que seguro que era al fiscal, entró y me dijo que tenía que darle el dinero en efectivo. Después llegó otra persona a mi fábrica. Me dijo que venía a nombre del fiscal Sosa, y que le dé $us 200.000. Decile que no tengo. No hay nada, le respondí.

Desgraciadamente mi hijo está preso por un padre yesca. El culpable soy yo porque no tuve plata para sacar a mi hijo. Cuando me tocó denunciar a Sosa hubo gente con miedo. Ya no es como antes. Nuestra gente está temerosa con esto. El único que está sacando la cara es el del Comité Cívico. Está queriendo llamar a nuestras autoridades.

¿Cómo era antes?

Zvonko Matkovic Fleig: Antes me acuerdo que cuando había un acto en el comité, llamaban o pedían a un amigo para que lo inviten por favor. Ahora es al revés, llaman para que no les pongan en la lista de invitados.

Estamos con autoridades departamentales ligth (suave). La cuestión de la corrupción yo creo que ya está bueno. No podemos seguir de esta manera. Santa Cruz debe despertar y el Comité está tratando de hacer despertar. Es cuestión de decir la verdad, si los han extorsionado, por quién y apuntarlos.

¿Ahí terminaron las extorsiones?

Zvonko Matkovic Fleig: No. Como el negocio fue extremadamente bueno, armaron el caso terrorismo 2 y lo puso a Harry Suaznabar como fiscal de ese caso. Fue un asunto de los dos, no fue el Gobierno el que armó el caso 2. En esto no tuvo que ver nada el Gobierno.

Sosa le pasó la lista de todos los que estaban en el terrorismo 1 y de todos los que fueron extorsionados. Y Suaznabar le mandó otra ronda. Entre esa ronda me tocó a mí, porque en el terrorismo 1 fui a declarar con Sosa a La Paz y salí libre. Cuando Suaznabar me citó a La Paz, fui con mi abogado y dije que no me podían juzgar dos veces por la misma causa. Prácticamente me hicieron las mismas preguntas. Terminé de declarar y después mi abogado me dijo que el fiscal pidió $us 25.000 porque si no me pasará al juez requiriendo mi detención. Me dijo que quería el dinero para ahorita. Como mi abogado fue compañero en la universidad de Suaznabar le dijo que me garantizaba para que yo vuelva a Santa Cruz a buscar el dinero. Solo conseguí $us 15.000 y me dio plazo para los otros $us 10.000. Otra vez a tocar puertas de mis amigos.

No pasó mucho tiempo y un día me llamó mi abogado y me dijo que el fiscal pidió más dinero. Le pedí que le diga que se vaya a la mierda. Y parece que se lo dijo porque cuando salió la lista me metieron en el caso de terrorismo 2.

¿Qué le dice al presidente Evo Morales?

Zvonko Matkovic Fleig: Que la justicia está podrida, que no puede haber este nivel de justicia, donde te estén extorsionando por tu libertad. La libertad aquí y en cualquier parte del mundo es lo más sagrado que existe y se debe respetar. Yo sufrí extorsiones y muchos la sufrieron y tal vez la siguen sufriendo. No se puede jugar con la libertad haciendo declaraciones falsas o apretándole los huevos a alguien para que declare falsamente a otro.

Lo que corresponde es que el Gobierno le inicie un proceso al exfiscal Suaznabar. Yo voy a ir a declarar como perjudicado. ¿Qué pasa aquí?, ¿en qué manos estamos?, me duele esto porque si no tenés plata vas a parar a Palmasola, que es lo que le ha pasado a mi hijo. Yo tenía mucha fe en la audiencia del pasado viernes. Le dijeron como argumento para justificar el fallo negativo, que no pudo demostrar que no es parte de la dilación del proceso. Cuando uno está detenido está en manos del Estado, que es dueño de vos, a través de la cárcel y del Poder Judicial. Uno no tiene libertad. ¿Qué dilación puede hacer así? El 95% del pueblo de Bolivia sabe que todo esto es armado, que es falso.

¿Pedirán otra audiencia para la cesación de detención preventiva?


Zvonko Matkovic Fleig: Inmediatamente cuando terminó la audiencia, se apeló a otro tribunal.
¿Cómo cambió su vida?

Zvonko Matkovic Fleig: Nos ha golpeado en lo familiar y en la economía. Cuando terminó la audiencia, mi hijo le dijo a su hijo pequeño: Tranquilo hijo, esto no ha terminado, todavía tenemos tiempo para luchar.

¿De dónde saca fuerzas?

Zvonko Matkovic Fleig: Me la da mi hijo. Yo digo desgraciadamente si hubiera tenido la plata que otros tuvieron, mi hijo hubiera estado libre.

Cae el director de Derechos Reales tras denuncia por corrupción

El director nacional de Derechos Reales, Jorge Bohórquez Torrez fue aprehendido este lunes en la ciudad de Tarija, a consecuencia de una denuncia del ministro de Justicia, Héctor Arce, quien además denunció a tres consejeros de la Magistratura por los presuntos delitos de corrupción y extorsión.

"Jorge Bohórquez Torrez Director Nacional de Derechos Reales fue detenido en Tarija por actos de corrupción y extorsión", informó desde su cuenta de Twitter el ministro de Justicia.

Arce, había denunciado en Santa Cruz a tres miembros del Consejo de la Magistratura y al director nacional de Derechos Reales quienes habrían procedido a través de terceras personas en el cobro de dinero y extorsión, para mantener en sus cargos a jueces de ese departamento que debían cesar en sus funciones.

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía contra los consejeros Roxana Orellana Mercado, Orlando Ríos Luna y Osvaldo Patiño Berdeja, miembros del Consejo de la Magistratura, y Jorge Bohórquez Torrez, director de Derechos Reales, por uso indebido de influencias (art. 146 Código Penal), beneficios en razón del cargo (Art. 147 CP), extorsión (art. 333 CP) y cohecho activo (art. 158 CP).

Los consejeros de la Magistratura se habrían valido de las convocatorias emitidas para cargos en los juzgados, para extorsionar a funcionarios judiciales y pedirles fuertes sumas de dinero a condición de mantenerlos en sus cargos como jueces, reveló Arce.

El Consejo de la Magistratura habría elaborado listas de jueces que serían desvinculados del Órgano Judicial, sin haber cumplido lo establecido en la Ley No. 898 de 26 de enero de 20017, relativa a la implementación de las conclusiones y resoluciones de la Cumbre Plurinacional de Justicia realizada el 2016.

Sin embargo, aprovechándose de la existencia de estas listas y de que juezas y jueces ya las conocían, aparentemente los magistrados y otros operadores procedieron a exigir dinero o favores a las autoridades judiciales del Tribunal Departamental de Santa Cruz a través de terceros, entre ellos el Jorge Bohórquez Tórrez, director Nacional de Derechos Reales, para garantizar la inamovilidad de los jueces del Órgano Judicial.

Bohórquez fue posesionado en el cargo de Director Nacional el pasado mes de febrero de este año, fue nombrado por resolución de Sala Plena de Consejo de la Magistratura (CM).

sábado, 29 de julio de 2017

Zvonko asegura que seguirá firme tras nuevo revés de la justicia


“Se declara improcedente y se rechaza la solicitud de cesación a la detención preventiva”, determinó el juez Sixto Fernández, del Tribunal Primero de Sentencia de La Paz. Una vez más se negó la posibilidad de que Zvonko Matkovic Ribera pueda defenderse del juicio que le siguen desde fuera de la cárcel. Tras emitirse el fallo, los familiares y amigos de Zvonko, que está acusado de terrorismo y alzamiento armado, expresaron su molestia y su bronca por lo que consideran una injusticia; su hijo lo abrazó y derramó lágrimas, al igual que algunos de sus familiares.

Matkovic aseveró que seguirá firme, que defenderá hasta lo último su inocencia y que no se declarará culpable para obtener su libertad, como han hecho otros de los acusados, a quienes, dice, no juzga.

Su abogado, Gary Prado Araúz, señaló que con esta ya son siete las solicitudes de cesación de detención que han sido rechazadas por este tribunal y que en total suman más de 10, considerando las rechazadas por otras instancias. Adelantó que presentará una apelación.

La palabra de Zvonko
“He visto cómo a Mario Tádic y a Elöd Tóásó, que estaban en el hotel Las Américas y se salvaron de ser asesinados, no les quedó otra opción que declararse culpables para ir a su casa con sentencias de cuatro años; y yo estoy hace siete años diciendo que soy inocente ¿tengo que seguir en la cárcel?”, expresó Matkovic ante el tribunal y los fiscales, además de recordar que existen 10 acusados en el proceso que se están defendiendo en libertad.
Además, volvió a cuestionar que los fiscales sigan defendiendo la “acusación corrupta, con base en la extorsión”, que elaboró el exfiscal Marcelo Soza.
“A mí me meten a la cárcel para poder sacarle plata a mi padre siendo que yo me presenté en La Paz y caí en manos de Marcelo Soza, que ahora está prófugo”, recordó Zvonko.

Los alegatos

Los abogados Prado y Alberto Morales sostuvieron que Matkovic está detenido pese a tener solo un riesgo procesal, que era la obstaculización de justicia ante una posible comunicación con Alberto Melgar, que está en Uruguay, y que no existía riesgo de fuga.
Por su parte, los fiscales Marco Rodríguez y Lisandro Álvarez señalaron que además de Melgar existía riesgo de comunicación con Renato Laguna que está prófugo.

Asimismo, ante el argumento de que el caso estaba asentado con base en la acusación hecha por el exfiscal Soza, que se encuentra prófugo tras denunciarse que extorsionaba a personas para apartarlas del caso, el fiscal Álvarez dijo que Soza tiene un proceso y no una sentencia en su contra. “La defensa (de Zvonko) no ha demostrado ningún elemento como prueba de que Soza pidió plata a su familia”, dijo, lo que provocó las protestas y la indignación de los presentes.
Prado recordó que hay tres personas que reconocieron que participaron de las extorsiones y fueron condenadas.
Respecto a que el debido proceso determina que una persona no debe estar detenida más de tres años sin sentencia, los fiscales adujeron que eso prescribe en delitos contra la seguridad del Estado.

Cuatro horas de tensión

La audiencia duró tres horas, a lo que se suma un lapso de una hora en que el tribunal deliberó a puerta cerrada para emitir su resolución. Durante el desarrollo, se vivieron momentos tensos, que empezaron cuando el abogado Alberto Morales, tuvo un entredicho con el juez Sixto Fernández, a quien reclamó porque consideró que no recibían el mismo trato que los representantes del Ministerio Público.

Luego, el fiscal Lisandro Álvarez acusó a la senadora Carmen Eva Gonzales de referirse a él como “payaso”, lo que derivó, sin ninguna explicación, en que el juez ordene a los policías hacer retroceder a la prensa a la parte de atrás de la sala. Asimismo, el abogado del Ministerio de Gobierno, William Arévalo, intentó amedrentar a una periodista radial tomándole fotos cuando cubría la audiencia.

jueves, 27 de julio de 2017

Sentencia sobre hijo de Morales se conocerá el 10 de agosto

El abogado Marcelo Tamayo informó que el Juzgado Tercero de Familia, que tiene a su cargo la demanda de anulación de la partida de nacimiento del hijo de Gabriela Zapata, presentada por su expareja el presidente Evo Morales, emitirá su fallo el próximo 10 de agosto.

“Para el 10 de agosto se fijó la audiencia complementaria, en la que el juez emitirá su resolución si corresponde o no la nulidad de partida del certificado de nacimiento”, dijo a los periodistas.

El jurista manifestó que ayer se realizó la audiencia preliminar de consideración de la nulidad de la partida de nacimiento, que planteó el demandante (presidente) a través de su apoderado legal.

Agregó que el trámite judicial y demanda está dirigida contra la Oficialía de Registro Civil y Gabriela Zapata Montaño, quien figura entre los antecedentes de los libros de partida.

En una anterior entrevista con EL DIARIO, Tamayo adelantó que si el juez que atiende el pedido de anulación de la partida de nacimiento de Ernesto Fidel Morales Zapata, el menor que fue reconocido por el presidente Evo Morales el 30 abril de 2007, Zapata no presentará ninguna apelación.

El abogado apoderado del presidente Morales, Ricardo Velázquez, inició una demanda para solicitar la anulación del certificado de nacimiento, emitido por la notario de fe pública Ivette González Egüez, en la ciudad de Cochabamba.

Según la explicación de Tamayo, Zapata no está interesada en que el certificado de nacimiento continúe vigente, “más bien a la señora Zapata lo que le interesa es que todos estos procesos, estas investigaciones, lleguen a la verdad histórica de los hechos. Sobre este tema, en específico, la señora Zapata ha manifestado que si la autoridad judicial determina la nulidad del certificado de nacimiento, ella no va a poner objeción alguna”, declaró Tamayo.

¿Y en qué queda la existencia física del menor?, se consultó al abogado a lo que respondió, “no se ha establecido la existencia física del menor, ya lo ha manifestado la señora Zapata”; ¿nunca ha existido el hijo?, se le insistió, “eso es lo que ha manifestado la señora Zapata en variadas oportunidades, yo me remito a lo que dice mi cliente, señor periodista tome en cuenta que la pregunta es muy delicada y yo me remito a lo que dijo mi cliente y mi cliente ha manifestado que nunca ha existido”, concluyó Tamayo en esa oportunidad.

miércoles, 26 de julio de 2017

Caso hijo del Presidente León presenta memorial para que Fiscalía cite a Quintana

Por medio de un memorial presentado ayer ante la Fiscalía, el abogado Eduardo León pidió que se cite a declarar al exministro de la Presidencia y actual embajador en Cuba, Juan Ramón Quintana, con el fin de que explique las varias sindicaciones que se realizaron en su contra, en relación con la existencia del hijo que el presidente Evo Morales, quien reconoció en abril de 2007, como suyo y de su exnovia Gabriela Zapata.

El pedido de citación se encuentra dentro del caso que la Fiscalía sigue contra Zapata y otras 11 personas, por la supuesta suplantación de ese menor con otro ante una juez de familia, quien declaró improbada la existencia del mismo.

“De los datos que hacen al contexto nacional, que tiene estrecha relación con estas investigaciones, se tiene que el señor Juan Ramón Quintana, exministro de la Presidencia, a partir de que este caso, que involucra a la señora Gabriela Zapata, salió a la luz pública que tuvo activa participación en el mismo, siendo que el nombrado ha sido aludido en reiteradas oportunidades por la señora Zapata, como quien estaría orquestando el caso de este niño”, señala parte del memorial presentado por León ayer por la tarde.

León, inicia su memorial, señalando a la Comisión de Fiscales, que en su caso, el proceso en su contra es de carácter político.

Caso misiles chinos Sentencia será leída el 30 de agosto

El juicio oral de responsabilidades por el caso denominado “misiles chinos” culminó en la ciudad de Sucre, a cinco años de su apertura. La sentencia será leída el próximo 30 de agosto. El Ministerio Público requirió sentencias condenatorias entre 30 años y dos para los involucrados en la salida de misiles de fabricación china de propiedad de las Fuerzas Armadas, a la Embajada de Estados Unidos en Bolivia, con el objetivo de que sean desactivados, en 2005.

El magistrado y presidente del Tribunal de Juicio, Antonio Campero, ratificó la lectura de la sentencia para el 30 de agosto, a la conclusión de la última audiencia en la capital chuquisaqueña.

Diez personas, entre exjefes militares y personal civil, son enjuiciadas por este caso, según explicó el fiscal superior José Manuel Gutiérrez a la red Patria Nueva. El exministro de Defensa Nacional, Gonzalo Elías Méndez Gutiérrez, y el excomandante en Jefe de las FFAA, Marco Antonio Justiniano Escalante, fueron declarados rebeldes.

“Este es un proceso complejo por el tiempo que ha transcurrido, por las personas involucradas y por la naturaleza del caso. No ha sido fácil está investigación, pero el Ministerio Público ha logrado demostrar lo que en realidad sucedió entre septiembre y octubre de 2005 (con la salida de los misiles)”, dijo Gutiérrez.

Entre otros involucrados están el excomandante del Ejército, general Marcelo Eulogio Antezana Ruíz; el exjefe del Estado Mayor General del Ejército, general Marco Antonio Vásquez Ortiz; el IGE general Víctor Hugo Cuéllar Balcazar; el coronel David R. Torricos Vargas; el teniente coronel Wilbert Sánchez Sánchez y el capitán Ernesto Caballero Ustariz.

martes, 25 de julio de 2017

El exasesor viajó 16 veces fuera del país en 16 meses


Según un reporte de flujo migratorio obtenido por el concejal masista Tito Sanjinez, Rómer Gutiérrez Quezada, exasesor de la concejala del MAS Melody Téllez, viajó 16 veces fuera del país desde marzo del año pasado.

Según el detalle proporcionado por Migración a Sanjinez, Gutiérrez Quezada estuvo en Perú, Brasil en varias oportunidades, Colombia, Venezuela y Estados Unidos (Miami). El 7 de julio, Gutiérrez Quezada fue detenido en Brasil con casi 100 kilos de cocaína. Sus abogados esperan apelar su detención en los próximos días.

Sanjinez cuestionó a su colega Téllez por no controlar a su subalterno, al que describió como la persona más cercana a un concejal, al ser su asesor directo. Melody Téllez no contestó las llamadas. Tampoco sesionó.

A Sanjinez le gustaría saber cuántos días se ausentaba Gutiérrez de su fuente de trabajo y si contaba con el debido permiso.

También negó que se esté llevando adelante un congreso urbano del MAS para expulsar a Gutiérrez. En primer lugar aclaró que esa no es la potestad de un congreso, que para eso está la comisión de ética y luego aseguró que Gutiérrez no era militante del MAS, sino de la Organización Che Guevara, que según Sanjinez creó Gutiérrez ante la imposibilidad de ser aceptado por la parte orgánica del MAS. “Nunca pudo ingresar a la estructura”, aseguró.

Por su parte, Hugo Salvatierra hijo, aseguró ayer que nunca existió el grupo Los indestructibles del MAS, que eso fue un meme creado por un militante hace tres o cuatro años. No negó que conocía a Gutiérrez, pero señaló que no se llevaban bien, que no tenían relación alguna hace más de tres años y que la última vez que se vieron hubo un desafío a resolver sus diferencias a golpes.

domingo, 23 de julio de 2017

Cinco asesores de Corsán son investigados por la Fiscalía



El Ministerio Público investiga a cinco representantes legales de la firma española Corsán Corviam por el presunto delito de incumplimiento de contrato. La empresa abandonó en marzo la construcción del tramo carretero Ixiamas-San Buenaventura.

La denuncia fue presentada por los representantes legales de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) el 8 de mayo, fecha en la que la Fiscalía inició las pesquisas para esclarecer el caso.

Espere…

“De acuerdo con la querella formulada y los antecedentes que se han adjuntado al cuaderno de investigaciones, de acuerdo con el detalle que establece, refiere que las cinco personas son representantes legales de la empresa Corsán Corviam Construcciones SA”, informó a La Razón el fiscal Juan Carlos Soria, encargado de las investigaciones del caso.

El 6 de julio, la presidenta de la ABC, Noemí Villegas, indicó que la entidad inició una querella contra la firma española por el abandono de las obras en el norte del departamento de La Paz y que los representantes de la Fiscalía realizan las inspecciones en el lugar.

Notificaciones. El fiscal Soria dio a conocer que cuatro de las cinco personas querelladas por la ABC son de nacionalidad española y una es boliviana. El Ministerio Público intentó notificar a los sindicados extranjeros, que presentaron domicilio en la zona Sur de La Paz, mientras que la boliviana radica en Santa Cruz. Empero, no fueron habidas en sus viviendas.

Presentan documentos que incriminan a expresidente de YPFB en caso taladros

Los tres abogados del equipo jurídico y uno de los técnicos de YPFB, que participaron en el proceso de licitación y adjudicación para la compra de tres taladros a la empresa italiana Drillemec, ampliaron sus declaraciones y presentaron “importante” documentación con la que se probará que el expresidente de la estatal petrolera, Guillermo Achá, autorizó continuar con el contrato pese a tener observaciones, informó a EL DIARIO el abogado Mario Villafan.

“Ampliaron su declaración el ingeniero David Pérez, los abogados Mauricio Bustos y Gizel Siles (…) en realidad se ha ratificado lo que se declaró en un primer momento, pero aportando importante documentación que establece que el ingeniero Pérez, sí tenía instrucciones del licenciado (Guillermo) Achá para la prosecución del contrato”, señaló Villafán.

Por otro lado, se conoce que el pasado miércoles, el tercer abogado imputado, Julio Kjari Nina, detenido en San Pedro, también amplió su declaración y aportó con información que va en la misma línea.

Por su lado, Pérez, que durante el proceso de licitación ocupaba el cargo de Gerente de Perforación Corporativa, ratificó la versión de que el 14 de diciembre de 2016, luego de una reunión con Achá y las comisiones del proceso de contratación donde estuvo el director de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos, Edmundo Novillo, el expresidente de YPFB, le instruyó de manera verbal, “proceder” y ordenar el inicio de construcción de los taladros a la Drillemec.

“Posterior a la reunión con el señor Novillo, yo consulté con la máxima autoridad ejecutiva (Achá), si íbamos a proseguir con los cronogramas y por ende emitir la orden de proceder, y efectivamente, él verbalmente me dijo que ´sí, procedíamos‘, porque estábamos con un cronograma muy apretado, por el tema de inversiones”, declaró ayer Pérez a nuestro medio.

La orden de Achá, según Pérez, le fue hecha pese a que Novillo había advertido que primero se debía revisar el proceso de contratación, en una reunión que se presume se dio mucho antes del 7 de diciembre, fecha de la firma de contrato entre YPFB y Drillmec.

Pérez aclara que fue el 14 de diciembre que tomó conocimiento de esa advertencia, ya que Novillo expresó su molestia ante los presentes luego de que Achá le cominicara que el contrato ya estaba firmado.

Las declaraciones se dieron ayer sábado luego de que se suspendiera la audiencia de apelación de los funcionarios, programada para las 9,30, esto debido a que por medidas de seguridad, no podían viajar más de dos detenidos en el vuelo desde Santa Cruz, por lo que se utilizó otras combinaciones para que llegaran los cuatro detenidos, percance que causó que arribaran a La Paz, cerca de las 10,00.

El vocal Willi Arias, presidente de la Sala Penal Segunda, determinó que la apelación se lleve adelante el día miércoles a las 17 horas.

viernes, 21 de julio de 2017

Ximena Fortún anunció proceso penal contra Gabriela Zapata

Ximena Fortún, procesada en el caso Zapata, dijo ayer que inició tres procesos penales en contra de Gabriela Zapata por préstamos de dinero, calumnias y por su inmueble de La Rinconada; además adelantó que solicitará al Ministerio Público un careo con Eduardo León con el fin de esclarecer el caso de la suplantación de un menor y hacerlo pasar como el supuesto hijo del presidente Evo Morales.

“Yo ya estoy empezando un proceso (penal) por el tema de préstamos de dinero contra Gabriela Zapata; estoy iniciando (otro proceso) por calumnias e injurias y también un proceso para la recuperación de mi inmueble”, señaló.

Indicó que interpuso las denuncias con el objetivo de demostrar su inocencia en el proceso por el delito de trata y tráfico de personas por el cual está detenida preventivamente en el penal de Obrajes hace más de un año.

Fortún explicó que la primera querella es para esclarecer el préstamo de dinero que ella habría hecho a Gabriela Zapata a cambio de uno de sus autos, y así demostrar que nunca financió hechos ilícitos.

El segundo proceso anunciado contra Zapata es por las “falsas acusaciones” que esta hizo para implicarla en el caso de trata y tráfico de personas.

Mencionó que mediante una tercera querella pretende recuperar el inmueble de La Rinconada, que es de su propiedad, porque nunca efectuó la venta de dicha casa a Zapata. La exnovia del presidente Evo Morales vivía en esa vivienda a la que accedió con un anticrético de $us 100.000. La casa le perteneció al fallecido Guillermo Fortún, padre de Ximena.

Fortún rechazó que haya administrado dinero de Zapata para pagar a las distintas partes involucradas en el caso del uso de un menor para hacerlo pasar como el supuesto hijo del primer mandatario.

También adelantó que pedirá un careo con Eduardo León para demostrar que ella no contrató los servicios del aludido en el caso Zapata, y posteriormente solicitará otro careo con Zapata para demostrar su inocencia en el caso de trata y tráfico de personas.

“Por otra parte estoy pidiendo un careo con Eduardo León quien dice que yo le he contratado; este señor se ha olvidado de cómo y por qué ha venido acá y quiere achacarme a mí y por eso quiero un careo con él para aclarar la situación (…) Posteriormente voy a pedir otro careo con la señora Zapata que estamos analizando todavía”, manifestó.

Exgerente de Bolivia Tv es enviado a la cárcel

La juez cuarto anticorrupción, Melina Lima, determinó ayer la detención preventiva en el penal de Patacamaya para el exgerente general del canal estatal Bolivia Tv, Gustavo Portocarrero, por la presunta comisión de los delitos de conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado, al autorizar la contratación irregular de la empresa “Autored SRL” para la implementación de un proyecto televisivo, por lo que solicitó su detención preventiva.

Portocarrero, antes de ingresar a la audiencia cautelar, se declaró inocente, “yo estoy tranquilo y con la verdad”, aseguró.

La imputación fundamentada por el fiscal asignado al caso, Erlan Almanza, detalló que Portocarrero en su calidad de Gerente General de BTV firmó una minuta de contrato del proyecto denominado ‘Provisión, instalación y puesta en marcha de los sistemas televisivos e informáticos, desarrollo de tecnologías de información y comunicación, para la inclusión social’, que fue adjudicado mediante invitación directa a la empresa Autored.

Almanza también señaló que el contrato era por la suma de 25 millones de bolivianos y que son 10 los investigados en este caso.

Según el informe de verificación no existe en su integridad la totalidad de los equipos y la capacitación a personal técnico y operativo nunca se dio. También es evidente la falta de equipos complementarios de los sistemas, para el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

El Ministerio Público evidenció, mediante el registro al canal Bolivia TV, la falta de equipos instalados en el sistema de monitoreo, procesamiento y otros, así como la falta de cables o entradas y salidas de todos estos equipos.

Por su parte, Portocarrero denunció que la Fiscalía cometió “errores y algunos excesos” en su caso. Aseveró que presentó los documentos respectivos que demuestran su radicatoria en Bolivia.

jueves, 20 de julio de 2017

Aprehenden al exgerente de Bolivia Tv



El exgerente de Bolivia Tv Gustavo Portocarrero fue aprehendido anoche por conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado luego de prestar sus declaraciones.

Luego de brindar su versión durante ocho horas ante el Ministerio Público, la comisión de fiscales que lleva adelante el caso decidió disponer de la medida por el supuesto desfalco de 25 millones de bolivianos.

“Las investigaciones están avanzando con varios actos, entre esos hemos convocado a las personas sindicadas e implicadas con irregularidades en un proceso de contratación”, dijo el fiscal de materia, Herlan Almanza a la ABI.

Portocarrero fue remitido a celdas judiciales para su audiencia cautelar, que está prevista para mañana. La comisión de delitos se produjo al firmar el proceso irregular de contratación de la empresa Autored SRL para la implementación de un proyecto televisivo.

La investigación se inició cuando la ministra de Comunicación, Gisela López, asumió como gerente de Bolivia TV y destituyó a los responsables de esos ilícitos, quienes se habrían llevado documentación, además de pretender incendiar la dirección administrativa.

“En el contrato denominado Multimedia, por monto de Bs 25 millones, se encontraron las siguientes irregularidades: procesos administrativos hechos en un solo día, tanto la presentación de la propuesta como la adjudicación, todo se hizo el 23 de diciembre de 2014. Es decir, un proceso que lleva su tiempo, probablemente de semanas o meses, se lo hizo en un solo día”, dijo López al denunciar el caso.

miércoles, 19 de julio de 2017

Caso Trata de Personas León presenta denuncia contra fiscal Cuba

El exabogado de Gabriela Zapata, Eduardo León, presentó ayer denuncia contra la fiscal del caso de trata de personas, Karina Cuba, a quien sindica de influir en otros imputados para involucrarlo en suplantación del hijo de Morales, la Fiscalía Departamental anunció para hoy un pronunciamiento sobre el tema.

“Se ha presentado una denuncia penal contra la fiscal Karina Cuba, por la comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, retardación de justicia y uso indebido de influencias” afirmó León.

La denuncia es hecha una semana después de que León presentara un memorial pidiendo copias del cuaderno de investigación y el desdoblamiento de la Inspección Técnica Ocular (ITO) de los lugares y personas con la que tuvo contacto el menor de cinco años que se utilizó para suplantar a Ernesto Fidel, el hijo que Morales reconoció el 30 de abril de 2007, como suyo y de Zapata. En ese memorial, León ya había advertido a Cuba con denuncias internacionales.

Niegan juicio abreviado a Gabriela Zapata



El Ministerio Público rechazó la solicitud de juicio abreviado planteada por la defensa de Gabriela Zapata, Ximena Fortún y María del Carmen Arce, investigadas por el presunto delito de trata y tráfico de personas.

El fiscal departamental Edwin Blanco dijo que la decisión responde a que existen serios indicios de los investigados en el ilícito de suplantación de un niño como hijo del presidente Evo Morales con Zapata.

“Como Ministerio Público hemos considerado que tenemos elementos sólidos y suficientes para llegar a la verdad material del hecho en un juicio oral”, aseguró en rueda de prensa.

Zapata está acusada de ser parte de la suplantación de un menor de edad ante una jueza de la niñez y adolescencia en abril de 2016. Además de Ximena Fortún (propietaria de la casa donde Zapata vivía) y de María del Carmen Arce, quien junto a Pilar Guzmán (falsa tía de Zapata), Claudio Rivera y Wilson Garrido, familiares de Guzmán, utilizaron al hijo de Isela Chávez y Víctor Vega para ese propósito.

En ese caso también están acusados los abogados Eduardo León, con detención domiciliaria por otro caso; William Sánchez y Wálter Zuleta, prófugos de la justicia; además de Cynthia Perou, la exasesora del jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina.

Manuel Canelas - Presidente de la Comisión Mixta de Investigación de los ‘Papeles de Panamá’



¿Qué casos fueron abordados en este período y cuántos más serán investigados?
Primero, los casos no se concentran en una persona en concreto o en una sola empresa, lo que nosotros entendemos por caso es más un grupo de personas o empresas que estudiamos como hecho específico. En detalle, la investigación abordará menos de 10 casos. De momento hemos visto los de Entel, Comteco-ELFECC, el grupo familiar Marinkovic, el grupo familiar Romero y el grupo familiar Kreidler.

¿Qué tropiezos tuvieron durante la etapa de investigación?
Si bien contamos con la buena disposición de las instituciones estatales, cuyo ámbito de competencia tiene que ver de algún modo con este problema, nos encontramos con un resultado desigual en términos del trabajo que habían hecho. Es cierto que hay limitaciones normativas y competenciales, pero pensamos que dentro de éstas, algunas instituciones estatales no hicieron el trabajo más óptimo, es verdad que, como hemos dicho varias veces, es un campo que no se consideraba prioritario y que para algunas miradas era hasta inexistente.

Los privados, algunos han colaborado, enviaron las respuestas a los cuestionarios que les enviamos o vinieron en persona a la comisión, pero otros, en realidad solamente el caso de la familia Marinkovic, se negaron a pasarnos la información, incluso después de que solicitaron un cambio de fecha para venir a la comisión. Nosotros, por supuesto, aceptamos dicho cambio y les reprogramamos la cita, finalmente no solo decidieron no asistir sino que, cambiando el tono de sus misivas, amenazaron con un juicio a la propia comisión.

¿Cuántas personas individuales y empresas bolivianas están relacionadas con los paraísos fiscales?
Resulta un poco complejo individualizar los casos en términos de cuántas personas porque lo que hemos visto es que por lo general se trata de comportamientos vinculados, sociedades entre distintas personas que aparecen en la lista o empresas.

Alcanzamos, aunando distintos criterios, casi 560 casos, pero quiero recalcar que muchos de éstos se tienen que estudiar vinculados entre sí, por lo que el número baja sensiblemente si los entendemos desde ese enfoque de relacionamiento.

¿Cuál ha sido el aporte de los expertos nacionales e internacionales al trabajo de la comisión?
Muy relevante. Al principio no estábamos puestos en este caso, teníamos un conocimiento escaso, por eso iniciamos los primeros meses convocando a expertos nacionales e internacionales que nos den más y mejores insumos para entender este problema que afecta a la soberanía económica de nuestro país y a la capacidad de tener más recursos en nuestra hacienda pública, recursos que podrían usarse para construir más escuelas o un mejor servicio de salud.

Contamos, entre los nacionales, con Gabriel Loza, Alberto Bonadona, Fernando Molina, entre otros. De los extranjeros estuvo el ministro de Exteriores de Ecuador, Guillaume Long, recordemos que Ecuador es pionero en la región en la lucha contra los paraísos fiscales; Alejandro Vanoli, expresidente del Banco Central Argentino; Susana Ruiz, experta española de Intermón Oxfam, y el boliviano George Gray Molina, economista jefe del PNUD para América Latina, entre otros.

¿Cuáles serán los aportes de la comisión cuando finalice su trabajo en septiembre?
Son tres nuestros grandes objetivos, todos igual de importantes para los miembros de la comisión. La unanimidad ha sido la regla en las decisiones, entre oficialismo y oposición.

El primero, trabajar una propuesta de ley de lucha contra los paraísos fiscales y la propuesta de una institución —quizás con rango de dirección— que específicamente se dedique a este hecho; solo con lo que nosotros tenemos sin analizar tiene trabajo para años.

Segundo, aterrizar el problema, que los bolivianos entiendan que esto nos afecta a todos. Que tener una cuenta en Bahamas no es un inofensivo privilegio de los ricos, sino que tiene una relación directa con cómo están nuestras arcas, cómo va nuestra recaudación. Si una peluquera o un carpintero es objeto del escrutinio duro de Impuestos Internos no lo deberían ser menos los grandes empresarios. No tienen por qué llevarse su dinero a las islas vírgenes dejando en esa ruta obligaciones sin cumplir con nuestro país.
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Tercero, la investigación más en detalle de unos seis o siete casos relevantes.

¿Podría detallar aspectos del proyecto de ley y la creación de una dirección que continuará con el trabajo de la comisión?
Estamos viendo bien los alcances de la propuesta, que otras normas se verían afectadas. Algunas ya han sido incluidas en el proyecto de nuevo código del sistema penal, pero se trata de una parte pequeña.

También ocurre algo parecido con la institución, hay que terminar de perfilarla, pero es de vital importancia que exista alguna institución que específicamente se dedique a este caso y que de entrada tendrá que investigar todo lo que nosotros no vimos en profundidad.

Uno de los especialistas que invitó la comisión habló de la posibilidad de regionalizar o por lo menos involucrar a más países en la lucha contra los paraísos fiscales. ¿Es posible consolidar una alianza para combatir estos ilícitos?

Sí, la idea para ser más efectivos sería procurar abordar estas cuestiones de manera regional. Es mucho más efectiva, por ejemplo, una lista de paraísos fiscales digamos del Mercosur (Mercado Común del Sur) o Unasur (Unión de Naciones Suramericanas) que solo una lista boliviana o ecuatoriana.

Creo que incluso se podría ser menos ambicioso si a cambio se generase consenso regional en ir dando pasos para combatir este problema.
Ecuador ha marcado un hito con su consulta popular, que dice que es incompatible ser servidor público y tener tu dinero en una guarida fiscal que perjudica precisamente ese interés público que todo servidor debe precautelar.

¿Cuál es la evaluación respecto al trabajo de la comisión mixta ‘Papeles de Panamá’ durante más de un año de trabajo?
Positiva. Partimos con poca información y un conocimiento escaso del problema de los paraísos fiscales.

Hasta el momento de la filtración, ese término, paraísos fiscales, era prácticamente un exotismo en nuestro país. Un exotismo, pero, visto lo visto, no para todos los bolivianos

Una parte de los grandes propietarios del país llevaba años y décadas, bastante familiarizada con estos territorios de baja o nula tributación caracterizados además por una opacidad bastante preocupante.

miércoles, 12 de julio de 2017

Envían a la cárcel a exedil de El Torno


El Tribunal Tercero de Sentencia determinó ayer por la tarde detención preventiva en la cárcel de Palmasola para el exalcalde de El Torno Wílber Soliz Jordán, que está acusado de corrupción.
Soliz había sido declarado en rebeldía porque no se presentó a las audiencias judiciales.
El exalcalde está acusado por los supuestos delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, organización criminal, uso indebido de influencias, beneficio en función del cargo, concusión, contratos lesivos al Estado, cohecho activo, legitimación de ganancias y otros. “Estoy asombrado por las acusaciones, he presentado la documentación en su momento. (...) Yo no puedo estar detenido, tengo una hija que está enferma, tiene diabetes. Yo nunca me di a la fuga, no me oculté”, dijo Soliz al conocer el fallo.

Madre de Zvonko: “Me mata ver enmanillado a mi hijo"


Más conocida como Carmiña, la progenitora de Zvonko junior espera que el ministro de Justicia, Héctor Arce, la reciba para interceder por su hijo, pues considera que sería un acto de justicia que su ser querido, acusado por el caso terrorismo, se defienda en libertad luego de más de siete años detenido sin sentencia.

¿Qué la motivó a escribirle al ministro de Justicia?
Haber visto el caso de Reynaldo Ramírez Vale (liberado luego de ser sentenciado a 30 años sin culpa) no podía quedarme callada; le escribí para pedirle que mi hijo pueda defenderse en libertad. No pido que lo liberen, porque él es inocente, sino que se defienda en libertad porque es lo correcto por ley después de siete años, tres meses y 24 días hoy preso, sin sentencia. Él tiene un hijo chico, ojalá pudiera, además de salir, tener derecho al trabajo.

¿Cuánto le ha afectado?
Mucho, mucho. Solo una madre puede entenderlo. Muchas veces, por el trabajo, no voy a las audiencias, pero he peregrinado por Cochabamba, por La Paz, por Tarija; no sabré nada de lo legal, pero le doy apoyo moral.

¿También le ha afectado económicamente?
Claro que sí, lo que se sabe que hemos dado es solamente una parte, no es todo.

¿Le han sacado dinero?
Así es. El daño es general.

¿Quiere hablar de eso?
No. La presión es demasiada porque el fondo de todo es que ellos quieren que mi hijo se declare culpable.

¿No se declarará culpable?
No lo va a hacer y lo apoyamos, porque declararse culpable es admitir una cosa que él no ha hecho.

¿Qué cosas buenas puede rescatar de esto? 
La unión de la familia, todos alrededor de él. El acercarnos al Señor más de lo que tuvimos, porque sin su apoyo no hubiéramos podido seguir. Dios nos da la fortaleza para aguantar todo este calvario.

Hemos visto a Milan en las audiencias.
Mi nieto (9 años) es prendido a su papá. Siempre lleva un rosario en su cuello al igual que mi hijo. Tratamos de llevarlo a las audiencias para que vea a su padre. Y la semana que no hay audiencia, se lo llevamos una vez entre semana a la cárcel.

¿Cómo es la vida de Zvonko en la cárcel?
Recibe mucho apoyo; sus compañeros y sus fraternos siempre están visitándolo. Ahora, en su calidad de segundo vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, trabaja por la justicia en el penal, estaba encuestando los casos de todos los internos.

Caso trata de personas Defensa de Eduardo León exige sobreseimiento

La jurista Suleyka Lanza informó ayer que exigirá el sobreseimiento del caso trata y tráfico de Eduardo León, implicado en la suplantación del supuesto hijo de Gabriela Zapata y el presidente Evo Morales.

“Nosotros como defensa técnica estamos exigiendo que se dicte el sobreseimiento a favor de Eduardo León, porque en el delito de trata y tráfico de persona que investiga el Ministerio Público mi cliente no tiene ninguna participación”, explicó a los periodistas.

Remarcó que después de todos los parámetros e inspecciones que se realizaron la anterior semana, como la inspección técnico ocular y la reconstrucción, hay elementos e indicios que León no tuvo ninguna participación en ese delito.

“En el acto procesal se develó que la juez del menor no llevó a cabo la presentación y la entrevista del supuesto hijo como se dijo en su momento, no hay un acta que de fe a ese hecho”, complementó.

La abogada defensora consideró que ya no es necesario un desfile identificativo, que pretende realizar el Ministerio Público, porque en la inspección ocular se conoció la verdad material de los hechos.

“En la inspección ocular se conoció que Eduardo León, bajo todos los elementos, indicios que se han determinado en ese acto procesal no tuvo ninguna participación en el tema del menor, más cuando los padres del niño presentaron al supuesto hijo bajo petición de Zapata y Pilar Guzmán”, subrayó.

lunes, 10 de julio de 2017

Exfuncionarios condenados a tres años por el caso dron


Tres exfuncionarios del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, fueron sentenciados este lunes a 3 años de cárcel por el caso dron, informó la Fiscalía Departamental de Santa Cruz.

Marisela Barrero Vaca, Jhonny Huari Montaño y Ernesto Mario Petterson decidieron someterse a un proceso abreviado al declararse culpables. Los tres no cumplirán su condena en la cárcel al ser la pena de solo tres años.

Los delitos por los que se emitió sentencia ejecutoriada son incumplimiento de deberes, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado,

La información fue proporcionada por el fiscal departamental de Santa Cruz, Freddy Larrea Melgar.

Otros implicados

Dentro del caso también se encuentra procesado José Salvador Canudas, ex oficial mayor de la comuna cruceña, por los presuntos los delitos de incumplimiento de deberes, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado.

Además a dos personas particulares Carlos Alberto Padilla (representante Legal de la empresa Army Seguriti), Paul Cuéllar Bejarano (representante Legal de la empresa Westeco), por los presuntos delitos de incumplimiento de contrato, enriquecimiento ilícito de particulares y uso de instrumento falsificado.

El caso dron se destapó luego de que la Policía se rehusara a recibir equipos adquiridos por la Alcaldía cruceña por 3,7 millones de bolivianos, por considerar que la compra no se ajustaba a los requerimientos. Tras investigaciones, la Fiscalía constató una serie de irregularidades en la adquisición del centro de monitoreo y el dron, por lo que inició un proceso contra funcionarios municipales y personas particulares.



Aprehenden al alcalde de Puerto Suárez

El alcalde de Puerto Suárez, Sebastián Hurtado Rodríguez, quedó aprehendido hoy después de presentarse en la Fiscalía Anticorrupción de la capital cruceña para responder a una acusación por incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y falsedad material.

La información fue proporcionada por el fiscal departamental, Freddy Larrea, al señalar que la comisión de fiscales que investiga el caso halló suficientes elementos de convicción, por lo que ordenó su aprehensión.

El burgomaestre, que se abstuvo de declarar, será presentado en el transcurso de hoy ante un juez cautelar.

Precisamente pidiendo la celeridad de este proceso, hoy, durante más de 10 horas, pobladores de Puerto Suárez, encabezados por Control Social, realizaron un bloqueo de la carretera bioceánica.

El bloqueo fue suspendido después de que se informara a los vecinos que el alcalde se encontraba en la Fiscalía Anticorrupción prestando su declaración informativa.

Desde hace meses atrás varias organizaciones sociales han salido a las calles para denunciar hechos de corrupción y pedir obras.

La denuncia contra el alcalde fue hecha por los concejales Carlos Víctor Santander Mercado y María Pinto Ramírez, por presunta comisión de delitos de incumplimiento de deberes, falsedad material y conducta antieconómica.

Hurtado Rodríguez, en repetidas ocasiones, negó hechos de corrupción y más bien indicó que demostrará su inocencia en la justicia.

sábado, 8 de julio de 2017

Corrupción Téllez pide pruebas

Ya pasó alrededor de un mes desde que el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Marco Peredo, denunció a algunos dirigentes ligueros en una reunión de la Liga, indicando hechos de corrupción, de despilfarro de dinero y de compra y venta de votos. Uno de los afectados fue el vicepresidente de The Strongest y Secretario General de la Liga, Freddy Téllez, quien fue denunciado por comprar votos en el Congreso de Tarija y de haber recibido dinero de manera ilícita. El dirigente señaló que estará en Santa Cruz el lunes 10 de julio para que se aclaren las acusaciones y se presenten pruebas en contra de su persona.

De frente ante Peredo. "Estoy yendo el lunes a Santa Cruz para que (Peredo) pueda comprobar todas las acusaciones que hizo hacia mi persona. No voy a entrar en el mismo plan de Peredo de insultar, de difamar. Yo voy a ir para contar lo que pasó en Tarija, en las elecciones de la Liga, en la renuncia de (Rolando) López", dijo Téllez, quien agregó: "Ya ha pasado un mes y no ha llegado ninguna nota. No se han aclarado ninguna de sus acusaciones". El dirigente aurinegro cree que todo está planificado y organizado para que Peredo y Cliver Rocha se queden en la Federación. "Tengo una clara figura de lo que está sucediendo. Esto ha sido planificado, ha sido organizado, esto es un plan que tiene Peredo con Rocha para quedarse en la Federación. Esa es mi conclusión. Ahora que diga que no quiere, que no le gusta, eso es mentira, porque en las elecciones de la Liga estaba inscrito como candidato. Creo que hay que hablar claro, como gente civilizada, distinto que el que grita más tenga la razón. Por lo menos eso es lo que pretendo hacer en Santa Cruz", acotó Téllez.

Duro contra Peralta y Rocha. Consultado sobre las declaraciones del vicepresidente de la Comisión Electoral, Javier Peralta, acerca de que se están violando los estatutos de la FBF por insistir en realizar las elecciones el 11 de agosto y que esto podría acarrear hacia la desafiliación de parte de la FIFA, Téllez respondió: "Hay intereses y esos intereses son claros. Pregunten quién es Javier Peralta, él trabaja expresamente con Cliver Rocha y Marco Peredo en la Universidad del Fútbol y también con la organización Fabol, está en internet, está en varias publicaciones donde él es parte del fútbol hace mucho tiempo. No es una palabra equilibrada la declaración de Peralta, desde mi punto de vista (...) Cuando hay elecciones y alguien está en desacuerdo siempre indica que la Conmebol nos va a desafiliar. Cuando fue denunciado el señor López los que no reconocían a la Conmebol era Peredo y Rocha y decían que esto no es una colonia".

Téllez aludió a Rocha y señaló que el tesorero de la FBF debe tener ética en todo, ya que mintió en su antigüedad cuando se postuló como dirigente federativo.

"Si él está tan apegado a la norma, no debería estar de tesorero, porque cuando se inscribió para ser postulante a dirigente nos mintió indicando que tenía la antigüedad. No la había tenido y sigue siendo tesorero. Para ser ético hay que ser en todo y no en lo que a uno le conviene", conluyó el dirigente.

viernes, 7 de julio de 2017

Contralor ve responsabilidad penal en 19 obreros de YPFB


Existe responsabilidad penal en 19 funcionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) que habrían participado en el proceso de contratación de la empresa Drillmec para la adquisición de taladros para la estatal petrolera, según reveló el contralor general del Estado, Henry Ara.

La autoridad dijo que van a investigar a 19 funcionarios. “Se trata de gente que ha participado en el proceso de contratación, así como en la elaboración de los términos de referencia, de precios y tal vez alguna autoridad ejecutiva”, afirmó el contralor.

Adelantó que el lunes presentará una querella contra los 19 empleados de YPFB ante el Ministerio Público para que sean investigados por la autoridad competente.

Ara explicó que están enviando la documentación a la Fiscalía porque hay responsabilidad penal y que el fiscal pueda usar el informe de esa entidad y proseguir con la denuncia.

Sobre los delitos que se presumen, sin dar nombres, dijo que es incumplimiento de deberes y no quiso referirse a que si entre los 19 implicados estaría el expresidente de YPFB Guillermo Achá.
“Analizamos el tema de conducta antieconómica, pero por lo que los abogados establecen, creemos que no hubo daño económico porque no se hizo un pago", precisó Ara.

Observaciones
Un miembro del directorio de YPFB considera que es debatible el tema de si hubo o no daño económico. El director de Yacimientos, Víctor Hugo Áñez, dijo que las declaraciones de Ara reafirman las denuncias de serios indicios de irregularidades en el caso taladros.

“Lo único que hemos hecho desde el principio es marcar la directriz legal en procura de la transparencia en este caso, cuya denuncia la inició el senador Ortiz”, precisó Áñez.
Aclaró que el mensaje no es de tipo político. “Es un mensaje a la sociedad, al pueblo boliviano, de tratar de devolverle la confianza de las instituciones. Eso se puede lograr a través de la transparencia, de manejos claros, públicos, eficientes y no se puede quedar en la impunidad un acto que raya en lo delictivo”, señaló Áñez.

Por su parte, el senador de Unidad Demócrata, Óscar Ortiz, sostuvo que va a ser importante ver a quiénes incluye el contralor en la querella que presentará ante el Ministerio Público y de qué delitos tendrían responsabilidad penal.

“Parece que solo quieren establecer incumplimiento de deberes; y eso, en mi opinión, es demasiado débil para la gravedad del caso”, declaró.
Sin embargo, añadió que tanta rapidez en la Contraloría para redactar su informe de supervisión da para desconfiar. Lo que más cuestionó es que cada vez disminuyen los delitos contra los presuntos autores.

“No quieren incluir el tema del sobreprecio de los taladros entre las acusaciones”.
En tanto que el asambleísta departamental del MAS, Gustavo Torrico, instó a la abogada Ana Luz Arce Zaconeta, hermana del ministro de Justicia, Héctor Arce, a presentarse ante la justicia para aclarar su supuesta participación en el proceso de contratación de la empresa Drillmec para adquirir taladros para YPFB.

Recordemos que por este caso están detenidos preventivamente siete exfuncionarios de la estatal por incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias, y el expresidente Guillermo Achá guarda arresto domiciliario.

Zvonko pide a ministro Arce revisar su caso y detención


Zvonko Matkovic Ribera, vicepresidente del comité cívico cruceño y que guarda detención hace siete años en Palmasola, publicó una carta pública en la que le pregunta al ministro de Justicia, Héctor Arce, si también se hará una investigación a los jueces y fiscales que administraron justicia en su caso ya que considera que se le ha acusado en base a extorsiones y corrupción.

"El fiscal que elaboró la acusación en mi contra, Marcelo Soza Álvarez, sigue prófugo. Esa acusación, con la que se me mantiene en la cárcel, fue elaborada, sin duda alguna, basada en la extorsión y la corrupción de ese dicho fiscal, pero aun así, aquí sigo yo, detenido, esperando sentencia, sin la posibilidad de defenderme en libertad, porque mi juez dice que esa decisión no está en sus manos. Será que usted le va a llamar la atención a mis jueces y fiscales también? Será que usted también ordenará investigarlos?, dice parte de la carta de Matkovic Ribera.

Este escrito sale a la luz público días después de haberse conocido el caso de Reynaldo Ramírez, condenado a 30 años por un juzgado sin derecho a indulto, por un feminicidio que no cometió y por el que cumplió dos años en prisión.

PUEDES LEER: El caso terrorismo en la voz de Zvonko Matkovic

"Lo peor es que ahora, una vez conocidos los detalles del caso, se ve una vez más el aberrante manejo de la justicia por parte de los jueces y fiscales que sentenciaron a una persona inocente a 30 años de cárcel. Todo esto pasó inclusive cuando en su momento fueron ofrecidas pruebas y testimonios que confirmaban que Reynaldo no se encontraba siquiera en la misma ciudad que la víctima el día que ocurrió el hecho. Dos años de su vida perdió este muchacho, preso por un crimen que no cometió. Un tiempo irrecuperable, un sufrir que no tiene forma de calcularse, por parte de él y de su familia.

Puedes leer de forma completa la carta escrita por Zvonko Matkovic Ribera en el siguiente enlace:

jueves, 6 de julio de 2017

Caso taladros Achá autorizó contrato con Drillmec pese a advertencia de Transparencia

De acuerdo con la declaración ampliatoria del exgerente de Perforación Corporativa, David Pérez (detenido en Santa Cruz), el expresidente de YPFB, Guillermo Achá, prosiguió con la firma de contrato con la empresa italiana Drillmec, ignorando las advertencias de Edmundo Novillo, director de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos.

Según los documentos a los que tuvo acceso EL DIARIO, el 14 de diciembre del año pasado, en YPFB se realizó una de las reuniones que marcó el rumbo del caso taladros, en la que se suscitó un incidente entre Novillo y Achá, el cual fue descrito en la varias declaraciones de los implicados, también presentes en la reunión.

Pérez detalla que al término de la misma, Novillo “preguntó al licenciado Guillermo Achá, delante de todos los colegas del comité de licitación en su conjunto que ¿cuándo se firmaba el contrato (con Drillemec)?, notándose una indignación del señor Novillo cuando escucho del licenciado Achá que el contrato ya se había firmado (el 7 de diciembre)”, relató ante el fiscal Rudy Terrazas.

Luego de esa repuesta, continúa Pérez, Novillo cuestiona a Achá “¿cómo, si habíamos acordado revisar el proceso antes de firmar el contrato?, a lo cual respondió el licenciado Achá que no habían llegado a ningún acuerdo”, afirmó Pérez.

Aclaró que hasta esa fecha no tenía conocimiento de ninguna denuncia o proceso en su contra y tampoco que entre Novillo y Achá se había tratado las denuncias de supuestas irregularidades en el proceso de licitación y adjudicación de contrato a favor de la italiana Drillemec, para la compra de los tres taladros por monto de 148,8 millones de dólares.

ORDENÓ CONTINUAR

Pero Pérez realiza otra aclaración más y señala que al terminar la reunión, donde en su criterio se absolvieron todas las dudas en el aspecto técnico, se acercó a Achá y le preguntó si debía continuar con el cronograma y emitir “la orden de proceder, obteniendo la respuesta del licenciado Achá de proceder según lo programando”, afirma en su declaración.

La consulta de Pérez, asegura, se la realizó debido a que ya se tenía fecha límite para cumplir con los montos de inversión proyectados para la gestión 2016, estando a la fecha límite por ser diciembre.

ACHÁ SE NIEGA

Pese a todos estos antecedentes, el 19 de junio, en la declaración informativa ante la comisión de fiscales, Achá lo negó todo.

Los fiscales preguntan al exgerente de YPFB, si en efecto se acordó con Novillo, revisar los documentos de Drillmec SPA antes de la firma de contrato, a lo que Achá responde que si bien se reunieron, solo en dos ocasiones, no tuvo conocimiento “a detalle” de las observaciones hasta el 14 de diciembre.

Asimismo, Achá también entró en contradicción con Pérez, sobre la “orden de proceder” con la ejecución de contrato, “en ningún caso yo puedo instruir que alguna persona emita la orden de proceder, porque está establecido que la administración de ese contrato se debe realizar por parte de la unidad solicitante (…) en ningún momento David Pérez, sobre el tema específico o sobre otro tema, me consulta”, aseveró.

Según la documentación revisada, la declaración ampliatoria de Pérez, la hace el 31 de mayo, un día después de ser aprehendido y una jornada antes de la audiencia cautelar, en la que pese a esto, se determinó la detención preventiva para él, el director interino de Operaciones de Perforación, Bigmarck Serrano, además de los abogados de la Unidad Jurídica de YPFB, Félix Bustos, Gizel Siles y Julio Kjari.

Pérez amplía su declaración ante el fiscal Rudy Terrazas e indicó varias observaciones al proceso sumario que se le había seguido, donde afirma que se manipuló la investigación para inculparlo, con el fin encubrir supuestas irregularidades que en su criterio no se dieron en el área técnica o la Unidad Solicitante para la licitación de compra de los taladros.

Pese a todos estos descargos, Pérez fue destituido y aún queda pendiente la audiencia de apelación.

Pérez asegura en sus declaraciones que la gerente legal corporativa Claudia Lenz como Achá ejercieron presión sobre la autoridad sumariante, quienes afirma tenían “conocimiento pormenorizado de todo el trabajo” realizado para el proceso de la compra de los taladros, pero ahora lo desconocían “forzando a una culpabilidad estando el comité técnico en calidad de chivo expiatorio por librar de culpa a alguien, si es que hubo algo irregular en este proceso de contratación”, afirmó ante el fiscal.

Más tarde, de acuerdo con ANF, el contralor general del Estado, Henry Ara, indicó que, luego de un informe realizado, encontró responsabilidad penal en 19 funcionarios de YPFB, quienes habrían participado en el proceso de contratación de la empresa Drillmec para la adquisición de taladros.

miércoles, 5 de julio de 2017

Sentencian a cuatro años de cárcel al exalcalde de El Alto, Edgar Patana


El ex alcalde de la ciudad de El Alto, Edgar Patana, fue sentenciado a cuatro años de cárcel en el penal de San Pedro de La Paz. Fue acusado por el delito de uso indebido de bienes, incumplimiento de deberes, daño económico al Estado, peculado y otros delitos.

Durante su gestión como máxima autoridad edil, entregó motorizados de donación a organizaciones sociales de forma irregular. Fue detenido en 2015 y desde entonces permaneció en el centro de reclusión con detención preventiva.

La decisión fue emitida por el juez del Tribunal de Sentencia Anticorrupción Nº 1, Alfredo Jaimes. Son 33 los motorizados que desaparecieron, según una auditoría externa instruida durante la gestión de Soledad Chapetón.

El proceso contra Patana fue activado por el Ministerio Público en noviembre de 2016, cuando presentó acusación formal a instancias de la Alcaldía de El Alto. El veredicto íntegro será conocido el próximo 7 de julio a horas 18:00.

Caso taladros YPFB - Drillmec Allanamiento a tres domicilios del expresidente de YPFB

Con el fin de lograr más indicios que ayuden a esclarecer el caso taladros, la Fiscalía procedió el lunes a realizar el allanamiento de tres domicilios y el despacho del expresidente de YPFB, Guillermo Achá, según confirmaron fuentes oficiales.

Los allanamientos se dieron en el marco de las investigaciones que se siguen por las supuestas irregularidades en el proceso de licitación y adjudicación de contrato para la compra de tres taladros a la empresa italiana Drillmec, por un monto de $us 148,8 millones.

Con el fin de colectar documentos y más indicios que ayuden a esclarecer los hechos, la Fiscalía procedió a intervenir una casa en Santa Cruz, otra propiedad del padre de Achá en La Paz, además de un departamento ubicado en pleno centro de la ciudad.

NO ENTREGÓ EQUIPOS

Según las declaraciones de Achá, este aseguró haber devuelto todos los equipos y dejado la documentación e informes relacionados a su cargo y el proceso sobre la adjudicación de contrato a Drillmec.

Sin embargo, en el cuarto allanamiento realizado en su antiguo despacho de YPFB, el personal de esa dependencia informó de manera preliminar que Achá no había entregado los celulares y una computadora portátil que la empresa le dio en su calidad de presidente.

INFORME OFICIAL

Ante este hecho, la Fiscalía ya solicitado un informe oficial a la unidad correspondiente de YPFB para descartar que Achá ocultó información al Ministerio Público.

Por otro lado, también se conoció que en el departamento del expresidente de YPFB se encontraron varias cajas de celular vacías, por lo que también se ha iniciado la investigación para saber quién tiene en su poder los mismos y si en ellos se podría encontrar información relacionada al caso.

Sobre estas sospechas, EL DIARIO trató de contactar a Héctor Castellón, abogado de Achá, pero no respondió a las llamadas.

Dentro de este caso, aún se tiene pendiente la audiencia de apelación de los cinco primeros imputados, la cual fue pospuesta desde hace un mes.

Caso Trata León afirma que inspección confirma su inocencia

El abogado Eduardo León afirmó ayer que la inspección técnica ocular (ITO), que se dio en el marco del caso de trata de personas que se sigue contra Gabriela Zapata, por la suplantación del hijo del presidente Morales, deja en claro que nunca tuvo participación en este hecho que, afirma, fue utilizado por el poder político para encarcelarlo.

“No hay un solo testimonio, no existe nada en mi contra y me han llevado a prisión solo por actos totalmente obscenos del poder político”, afirmó a EL DIARIO, a la conclusión de la ITO que se realizó en la casa de Pilar Guzmán la denominada “tía” de Zapata, la casa de la Rinconada y al hotel Casa Grande, donde se presentó a un niño de cinco años ante periodistas de la CNN.

Por su lado, Zuleika Lanza, abogada de León, aseguró que en esta ITO se han establecido tres elementos fundamentales, “que Eduardo León no participó en ninguna etapa de este delito; se ha preguntado a los dos progenitores (del menor utilizado) si en algún momento ellos o su hijo han tenido contacto con el doctor León y lo han negado. Hoy (ayer) se ha dejado base de que ha existido documentos de dinero que se han pagado para este ilícito”, afirmó.

La jurista reiteró que en esta inspección ocular ninguno de los implicados nombró a su cliente y se desvirtuó que el mismo haya tenido participación en la suplantación.

Dentro de este proceso, Isela Chávez y Víctor Vera ya cuentan con sentencias condenatorias, a raíz de un “negociado” con la Fiscalía por medio del cual se pretende incriminar a su cliente.

Lanza denunció que la fiscal del caso, Karina Cuba, no le permitió realizar preguntas que dejen en claro que León no participó.

“Lo que la fiscal ha hecho es inducir a que los testigos digan que el doctor Eduardo León ha participado, cuando ninguno ni la misma Gabriela Zapata mencionó que haya tenido participación en este hecho”, concluyó.

Señalan a Zapata y su “tía” como principales autoras de trata

Durante la Inspección Técnica Ocular (ITO) que realizó ayer la Fiscalía, a los domicilios y lugares donde fue llevado el menor que se utilizó para suplantar al hijo del presidente Evo Morales, en abril y mayo de 2016, se evidenciaron varias contradicciones que generaron enfrentamientos verbales entre los implicados, pero tres de ellos coinciden en señalar que los autores intelectuales y materiales del engaño fueron la “tía” Pilar Guzmán, su hijo Claudio Rivera, los abogados William Sánchez, Walter Zuleta y la madre del menor Isela Chávez, todos, encabezados por Gabriela Zapata.

OCHO HORAS

La ITO se instaló a las 08.30 y se extendió por cerca de ochos horas. El primer lugar verificado fue la casa de Guzmán, para luego pasar al domicilio de la Rinconada, donde vivió junto a su hija hasta el día de su aprehensión la exgerente comercial de la China CAMC. El menor fue presentado ante una juez el 12 de abril de 2016.

Por último, se inspeccionó habitaciones del hotel Camino Real de Calacoto, donde el menor fue presentado a los periodistas de la CNN, el 05 de mayo de 2016, concluyendo ahí la ITO, cerca de las 17.30.

EN LA CALLE IRITIPI

La jornada de ayer, la fiscal Karina Cuba instaló la audiencia de la ITO cerca de las 8.30 en el Fiscalía Departamental de donde se trasladó a todos los implicados a la calle Iritipi de la zona Cristo Rey, al domicilio de la denominada “tía” de Zapata.

Además de Zapata, Guzmán, Rivera, Sánchez y el padre del menor, Víctor Vega, señalados como los principales actores del hecho, también se hicieron presentes Carmen Arce quien luego de la detención (28 de febrero de 2016) tenía a su cuidado a la hija Zapata; Ximena Fortún, propietaria de la casa en la Rinconada y el exabogado de Zapata, Eduardo León.

Además se hicieron presentes la juez Jacqueline Rada y el personal de apoyo de la Defensoría. Según las declaraciones de los implicados fue en este domicilio donde se gestó la suplantación de Ernesto Fidel, nombre que figura en el certificado de nacimiento emitido en Cochabamba el 30 de abril de 2007 por la notario de fe pública, Ivette Gonzales Égüez, donde figuran como padres Morales y Zapata. Documento que hasta el momento continúa vigente y con valor legal, según reconoció el abogado del mandatario, Gastón Velásquez.

Vega, padre del menor, señaló que en ese domicilio, cerca de las 11 de la mañana del 12 abril de 2016 fue convencido por su amigo de infancia, Claudio Rivera, para “prestar” a su hijo de cinco años autorizando que sea llevado a la casa de la Rinconada, bajo el argumento de que la hija de Zapata (ya detenida en ese momento) necesitaba un compañero de juegos.

Pero, horas más tarde, se anotició que la madre y expareja, Isela Chávez, ya había tomado contacto directo con Zapata en el penal de Miraflores y la misma había negociado a cambio de una suma incierta de dinero y la promesa de becas de estudio para el niño, a cambio de prestar a su hijo para que sea presentado ante la juez segundo de la Niñez, Jacqueline Rada, como el hijo de Zapata.

Otra de las implicadas aseguró que un día antes, el niño había sido “adiestrado” por Pilar Guzmán para que responda como el hijo de Evo Morales y Zapata, además de que fue presentado a la hija de Zapata y a Carmen Arce como “Ernestito” y, al día siguiente, retornó para asumir el papel de hijo del Presidente ante la juez, pero en el extraño horario de las 11 de la noche, según confirmó a la Fiscalía la juez Rada.

Las mismas fuentes señalan que lo único que falló fue la estatura del menor, quien no aparentaba los nueve años que se presume debía tener Ernesto Fidel.

Según el detalle, el menor fue presentado ante las autoridades por el abogado Sánchez y su asistente, de quien se desconoce su paradero y fuera, en otro vehículo, se encontraban a la espera de su hijo, los padres y Claudio Rivera. Pero todo además con la coordinación de Zuleta y llamadas de Zapata desde el mismo penal de Obrajes.

CNN

Según la versión de Vega, para esta presentación no recibió ningún pago, pero para el 05 de mayo, se les entregó 4.000 dólares, de los 5.000 que Fortún entregó contra recibo a Pilar Guzmán.

En esa fecha, según constan las grabaciones del hotel Casa Grande, el menor fue presentado por Guzmán y su hijo al periodista de CNN Fernando del Rincón.

Vega, quien ya cuenta con sentencia, en proceso abreviado, por el delito de complicidad de trata de personas a seis años y ochos meses de reclusión es el segundo sentenciado en este caso y admite que si bien conocía los detalles de la suplantación, señala a su expareja como la principal responsable de la utilización de su hijo.

EL DIARIO consultó a todos los implicados sobre estas versiones pero negaron declarar, y solo Guzmán sin responder las preguntas, volvió a señalar a Zapata como la autora intelectual, y quien concertó todo este movimiento desde la cárcel de Miraflores.

Gobierno trabaja ley para recuperar barcazas chinas



El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, confirmó que se trabaja un proyecto de ley que autorice la constitución de una sociedad del Estado con una privada china, sin el registro legal de sus bienes, para recuperar las 16 barcazas chinas y dos remolcadores.

En el informe oral ante el pleno de la Cámara de Senadores, el titular de la cartera de Defensa dijo que las embarcaciones retenidas en China no están a nombre de Bolivia.

Señaló que la justicia de ese país discute la propiedad de éstas, por lo que se enfrenta un obstáculo “casi insalvable” que ha frenado la constitución de una sociedad mixta con una empresa extranjera, porque la Ley de Empresas y el Código de Comercio exigen el registro legal de bienes y su monetización para la conformación de una sociedad entre un privado y el Estado.

“La Ley de Empresas y el Código de Comercio ponen las reglas del juego muy claras. En el caso de una sociedad de economía mixta debe haber un decreto para que se constituya y el aporte del capital, que tiene que ser aprobado por ley”, señaló.

“Ése es el gran problema que tenemos, son barcazas que no están a nuestro nombre. Hay un tribunal que está discutiendo la propiedad en China, en este momento nuestro aporte que reconocería el acuerdo no es posible, y técnicamente un obstáculo casi insalvable”, precisó.

“Como alternativa tenemos que tratar una ley que le permita a la sociedad o a la empresa estratégica hacer ese tipo de acuerdos y que algunos de esos requisitos puedan ser flexibilizados. Este Congreso no puede aprobar un aporte de capital si no tenemos propiedad efectiva ni títulos en el caso de las barcazas”, añadió.

martes, 4 de julio de 2017

Extraditarán a exmagistrado implicado en el caso Ostreicher


El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, concedió la extradición a Bolivia del expresidente del Tribunal Departamental de Santa Cruz, Mario Ariel Rocha, quien es requerido por los delitos de uso indebido de influencias y organización criminal.


Rocha es señalado de integrar una banda que extorsionaba presos a cambio de otorgarles la libertad u otros beneficios, entre los que figuran el empresario norteamericano y amigo del actor Sean Penn, Jacob Ostreicher, quien fue detenido en Bolivia en 2011 acusado de lavado de activos.


Rocha es investigado en Bolivia debido a que como expresidente del Tribunal, supuestamente presionó a tres jueces para que evitaran la cesación de detención de Ostreicher.


El Ministerio Público "estableció que el investigado ejercía presiones a través de constantes llamadas telefónicas e incluso convocando a los jueces a su propia oficina. A esas reuniones también asistían funcionarios del Ministerio Público y del Ministerio de Gobierno y de esa forma se afectaba la independencia en las decisiones de las autoridades jurisdiccionales", señala el portal colombiano W Radio.

Postergan juicio contra exgobernador de Tarija

La asambleísta departamental por Unidad Departamental Autonomista (UDA) de Tarija, Lourdes Vaca, informó que el Tribunal de Sentencia Tercero de esa capital postergó hasta el 7 de septiembre el inicio del juicio oral contra el exgobernador del MAS en ese departamento, Lino Condori. La decisión se debió a la inasistencia del abogado de uno de los implicados, dentro del caso de la adjudicación irregular del proyecto de construcción del asfaltado Iscayachi-Final Copacabana.

Vaca denunció que a la audiencia de juicio oral no se presentó el abogado de uno de los implicados y eso ha motivado que el Tribunal postergue sin dar más explicaciones dos meses la sesión.

La asambleísta considera que se pretende dilatar la condena de un delito de corrupción, al haberse adjudicado ese contrato a una empresa que no tiene capacidad ni experiencia en la construcción de caminos, sino únicamente en el mantenimiento de puentes, peor aún si los funcionarios y el exgobernador Condori le dieron la calificación más alta a esta empresa que también presentó defectos en la constitución de su propia Asociación Accidental.

“Es parte de las argucias que tiene el Movimiento al Socialismo (MAS) para evitar transparentar este caso, porque estamos hablando de más de 160 millones de bolivianos”, puntualizó Vaca que calificó la suspensión de “chicana” con el fin de retrasar el juicio, según el reporte de radio Aclo-Tarija de la red Erbol.

La asambleísta dijo que su denuncia fue presentada en 2012 y desde entonces las investigaciones lograron establecer grados de responsabilidad, por daño económico al Estado, incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias al favorecer a una empresa que no reunía los requisitos de convocatoria.

El 11 de marzo de 2016, el fiscal del departamento Gilbert Muñoz presentó la acusación formal contra Lino Condori, Alberto Benítez, Humberto García, Fernando Cruz y Javier Solís, estos últimos dependientes del Servicio Departamental de Caminos (Sedcam).

Caso Trata de Personas Piden pericias a recibos que incriminan a “tías” de Zapata

Zuleika Lanza, abogada de Eduardo León, declaró que se solicitará a la Fiscalía que realicen pericias grafológicas a los recibos de 3.000 y 5.000 dólares con los que se canceló a los padres del menor que fue utilizado para suplantar al hijo del presidente Evo Morales y Gabriela Zapata. Estos incriminan a Ximena Fortún y a las “tías” de cariño de Zapata, Pilar Guzmán y Carmen Arce.

“Como defensa técnica, hemos presentado, en el proceso de trata de personas, 140 fojas (páginas) de pruebas que demuestran, no sólo la interacción comercial y jurídica entre estas tres personas”, declaró Lanza.

Entre esas pruebas, figuran dos recibos elaborados bajo un mismo formato, donde la hija del exjefe de ADN Guillermo Fortún, Ximena, figura como intermediara del pago en dólares de alquileres de un inmueble a Guzmán y Arce.

RECIBOS

“Conste por medio del presente documento de entrega de dinero que yo, Martha Ximena Fortún Taborga con C.I. 24… LP, hago entrega a la señora Pilar Guzmán, de quien a la firma se llenan los datos correspondientes a su identidad en forma manuscrita por la propia señora Guzmán, del monto de CINCO MIL DÓLARES AMERICANOS POR INSTRUCCIONES DE LA SEÑORA Gabriela Zapata Motaño, este dinero tiene su origen en el préstamo de dinero que efectúa el señor Víctor Vásquez Coca, a favor de la señora Zapata, contra garantía de los papeles originales de un vehículo marca Mercedes C300 con placa No. 3624 - DTB”, figura en uno de las copias presentadas por León a la Fiscalía.

Bajo el mismo tenor, pero reduciendo la cifra, en el segundo recibo, figura el nombre de Carmen Arce, otra denominada “tía” de Zapata. Las tres se encuentran recluidas en el penal de Mujeres de Obrajes.

La defensa del exabogado de Zapata afirma que estos recibos son parte de los documentos que la Fiscalía tuvo conocimiento pero no fueron tomados en cuenta.

Aseguran que el dinero estaba destinado al pago por el “alquiler” del menor, para que este sea presentado ante los periodistas de la cadena internacional CNN.

Pues, ambos recibos están fechados el cinco de mayo de 2016, fecha en que aseguran que Víctor Vega, hijo de la “tía” Pilar Guzmán, llevó en su vehículo al menor hasta el hotel, donde se encontraban los periodistas de CNN, según se verifica en la fecha las imágenes registradas por las cámaras de seguridad.

“Vamos a demostrar cómo estas personas, Zapata, Pilar Guzmán, Carmen Arce y la hija de la señora Fortún habrían salido del Big Sur, donde han firmado muchos de los documentos que nosotros hemos presentado”, afirmó Lanza, quien además señala que esto se ha verificado también por grabaciones de cámara de seguridad

En esta línea, Lanza cuestiona que la Fiscalía no haya indagado estos detalles y señaló que los dos últimos procesos abreviados en este caso, donde se condenó a tres y seis años a la madre y el padre del menor que fue utilizado para suplantar al hijo de Zapata, fueron negociados con el fin de perjudicar a sus defendido.

León, por su lado, sostiene que se defenderá demostrando la verdad histórica de los hechos.

Por su lado, en varias ocasiones, Fortún ha negado dar declaraciones, sobre las acusaciones que le ha hecho la propia Zapata, a tiempo de señalarla como “loca”.

Al contrario, hace un par de semanas, Guzmán afirmó estar arrepentida de “tapar el hambre de una malagradecida” y negó haber recibido dinero alguno. Además, aseguró que el vehículo Mercedes C300, que fue empeñado, es de su propiedad.

Dato que fue desmentido por Marcel Tamayo, abogado de Zapata, quien aseguró que el vehículo es de propiedad de su cliente.

RECONSTRUCCIÓN

Para hoy martes, se tiene previsto que a las 08.30 se inicie la Inspección Técnica Ocular y reconstrucción de cómo se desarrolló la presentación del menor ante los periodistas de CNN y ante una juez del menor.

El miércoles, la Fiscalía ha programado, por cuarta vez, el desfile identificativo en la cámara gesell donde se espera que el niño reconozca a las personas con las que tuvo contacto en eso días.

domingo, 2 de julio de 2017

Eduardo León: Consorcio de abogados ligado al Gobierno defiende a Zapata

Eduardo León, exdefensor de Gabriela Zapata, afirma que tras la defensa de la expareja del presidente Evo Morales, existe un consorcio de abogados ligado al Gobierno, los mismos que han entablado negociación con la Fiscalía para favorecer a los verdaderos responsables y someterlos a una condena dentro del caso de trata de personas.

“Hemos venido denunciando desde hace 15 días, que existe una red, un consorcio de jueces, fiscales, políticos y abogados que están impulsando la defensa de un grupo de personas, dentro del proceso de trata y tráfico, que involucra al señor Walter Zuleta, William Sánchez, la señora Gabriela Zapata, a Ximena Fortún y la señora Carmen Arce”, afirmó el abogado León el viernes.

El jurista que cuenta con detención domiciliaria dentro de este caso, aseguró que esta denuncia se comprueba con la solicitud que presentó el lunes pasado la expareja del presidente, para someterse a un proceso abreviado.

La exgerente de la china CAMC, por medio de su abogado Marcelo Tamayo, afirmó que solicita una salida alternativa, debido al estado de salud en el que se encuentra, en su reclusión en el penal de mujeres de Miraflores.

“Tomando en consideración de la salud de mi cliente, que es una madre de familia, que necesita estar con su hija, en todo caso, repito que será la Fiscalía, la que determine o no la viabilidad de esta salida alternativa”, declaró.

El abogado afirma que en los últimos días, Zapata se ha visto más afectada debido a que León ha mediatizado el caso y ha realizado aseveraciones alejadas de la verdad.

SENTENCIA

Otro hecho, que León afirma comprueba su denuncia, es la segunda sentencia que se dictó también el viernes pasado, contra Carlos Víctor Vega Sánchez, padre del menor de cinco años que la Fiscalía afirma fue utilizado para suplantar al hijo del presidente Morales y Zapata.

TAMAYO

Por su parte, el abogado de Zapata negó las acusaciones de León. “Es absolutamente inverosímil, inconsistente y fuera de la realidad lo que manifiesta este ciudadano. Quiero dejar absolutamente claro, que mi oficina, nunca ha gestionado licitación alguna, nunca ha formado parte de ninguna sociedad, con otros abogados y lo que nosotros realizamos es una defensa técnica”, afirmó Tamayo a EL DIARIO.

Manifestó que León está confundiendo el apellido similar que tiene el abogado de Fortún y que en su caso no trabaja con ningún consorcio.

sábado, 1 de julio de 2017

Fiscalía registra equipos observados de Bolivia TV



El Ministerio Público efectuó este viernes un registro de los equipos del canal estatal Bolivia TV que presuntamente fueron adquiridos de manera irregular y actualmente no funcionan.

"Hemos realizado solamente un registro del lugar de los hechos donde estarían las maquinarias y los equipos (...) como parte de la investigación", señaló el fiscal del caso, Erlan Almanza.



La requisa efectuada es parte de las investigaciones para el esclarecimiento de un proyecto que habría sido ejecutado de manera irregular por un monto de Bs 28 millones.

Almanza mencionó que revisaron y registraron todos los equipos que debían ser implementados con el proyecto, se tomaron fotografías y se aguardarán los resultados de laboratorio para luego emitir un informe detallado de este acto de investigación.

Por este caso 11 personas fueron denunciadas por el Ministerio de Comunicación por los delitos de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y firma de contratos lesivos al Estado.



Los denunciados son Rubén Darío M. Ch., Gustavo Iván P. T., Luis Guido P. F., Lilian Evangelina P. S., Gloria Lourdes A. J., Franz Fernando P. T., Milenka B. J., Gustavo Jimmy A. A., Johnny Wilfredo B. Q., Juan Javier U. V. y María del Carmen Cecilia M. S.

El primero de los denunciados, Ruben Dario M. Ch., está detenido preventivamente en el penal de San Pedro y el fiscal Almanza dijo que en los próximos días convocarán a declarar a los otros 10 denunciados.

Municipio de Independencia Desaparecen Bs 500.000 en una Alcaldía de Cochabamba

Un cabildo abierto efectuado en el municipio de Independencia decidió conformar una comisión investigadora para conocer el extravío de 10 cheques en blanco, posterior endoso y cobro por un valor de Bs 535.230 de las cuentas de esa Alcaldía, ubicada en el departamento de Cochabamba, reportó radio Domingo Sabio de la red Erbol.

El cabildo fue convocado tras una fuerte tensión local, generada por la denuncia interpuesta ante la Fiscalía Departamental de Cochabamba, por el presidente y concejales del Gobierno Municipal entre ellos, el concejal Agustín Mamani, donde acusan a tres funcionarios del Departamento Financiero.

La denuncia formal identifica a Rubén C. C., exdirector administrativo; Damián V. M., secretario general y Mateo B. I., asesor legal, como los supuestos autores del extravío y posible participación en la cadena del giro y cobro de cheques.

Los acusan por presuntos delitos de conducta antieconómica, malversación de fondos, beneficios en razón del cargo, incumplimiento de deberes, asociación delictuosa, uso indebido de deberes, omisión de denunciar y encubrimiento.

Tras enterarse del extravío, los concejales convocaron el 26 de mayo a la contadora general Lourdes P. quien indicó que elevó un informe al alcalde David Campero (MAS), mientras el asesor legal dijo que la documentación sobre el tema lo tenía en su casa.

En el memorial de denuncia, los concejales señalan que “desde entonces el ejecutivo municipal no hizo nada”. Según la relación de hechos los cheques se extraviaron en enero, febrero y marzo y fueron cobrados en la ciudad de La Paz.

Los concejales relatan que en su momento pidieron al Alcalde tomar acciones para recuperarlos y pero “lamentablemente al presente el alcalde no hizo” y los cheques fueron cobrados por terceras personas porque ya se encontraban firmados.

Recuerdan que el pasado 27 de junio, el alcalde Campero reconoció ante autoridades regionales que él tuvo conocimiento en el mes de abril, pero en cuanto el Concejo Municipal tomó conocimiento, recién formalizó denuncia.

El cabildo pidió unos diez días para investigar y luego volverá a reunirse para tomar decisiones sobre el problema.

Segunda sentencia en caso de trata

Regina Santa Cruz, juez noveno de materia en lo penal cautelar, dictó ayer la segunda sentencia condenatoria contra Carlos Víctor Vega Chávez, dentro del caso de supuesta trata de personas que se inició contra la expareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata, y su entorno.

Vega es el padre del menor de cinco años que los abogados William Sánchez y Walter Zuleta (prófugos) presentaron ante periodistas de CNN y la juez de la niñez Jacqueline Rada, en mayo de 2016, afirmando que era hijo de Morales y Zapata.

Recordemos que dentro este caso, Isela Chávez, madre del menor, fue la primera en salir libre por el mismo procedimiento.

La hipótesis de la Fiscalía señala que, en mayo de 2016, el niño fue presentado tratando de suplantar a Ernesto Fidel Morales Zapata, nombre del niño que figura en el certificado de nacimiento emitido en Cochabamba el 2007.

Para este propósito, se realizó un movimiento económico de cerca de 8.000 dólares, según las declaraciones de las imputadas Ximena Fortún y Carmen Arce.

Fuentes oficiales manifestaron que en la audiencia de procedimiento abreviado a la que se sometió Vega, se dictó seis años de cárcel por dicho delito, computables a partir de su detención.

Anoticiado sobre el tema, el exabogado de Zapata, Eduardo León, señaló que con esto se confirma las denuncias que ha realizado sobre un acuerdo al que Zapata ha llegado con el Gobierno para favorecerla a ella y otros imputados, con una condena leve e implicarlo en este caso donde afirma que nunca tuvo participación.

“Lo que la Fiscalía no quiere es llegar a una verdad material de los hechos y lo que se está buscando es simplemente armar una pantomima, de una tramoya política, que la única finalidad que tiene es la de encubrir los actos de corrupción que se han dado en el Gobierno, a partir de que Gabriela Zapata ha beneficiado a muchas personas y autoridades. Quiero decir, Gabriela Zapata es la mujer más poderosa de Bolivia, tiene en su haber más de 50 millones de dólares que ha amasado por los contratos que ha firmado con el Estado”, declaró León.

En esta línea, adelantó que pese al ofrecimiento de la Fiscalía, no se sometería a proceso. “No voy a aceptar ni un segundo de inculparme de nada, así tenga que pagar la pena más alta, una pena política, estoy dispuesto” afirmó el jurista.

Por su lado, la Fiscalía negó dar información alguna sobre la sentencia contra Vega y se desconoce quiénes serán los próximos beneficiarios de un juicio abreviado.

Zapata no presentará apelación si anulan certificado de hijo de Morales

Si el juez que atiende el pedido de anulación del certificado de nacimiento de Ernesto Fidel Morales Zapata, el menor que fue reconocido por el presidente Evo Morales en abril de 2007, su expareja Gabriela Zapata no presentará ninguna apelación, declaró a EL DIARIO, su abogado Marcelo Tamayo.

Hace más de un mes, el abogado apoderado del presidente Morales, Ricardo Velázquez, inició una demanda para solicitar la anulación del certificado de nacimiento, emitido por la notario de fe pública Ivette González Egüez, el 30 de mayo de 2007, en la ciudad de Cochabamba.

Según la explicación de Tamayo, Zapata no está interesada en que el certificado de nacimiento continúe vigente, “más bien a la señora Zapata lo que le interesa es que todos estos procesos, estas investigaciones, lleguen a la verdad histórica de los hechos. Sobre este tema, en específico, la señora Zapata ha manifestado que si la autoridad judicial determina la nulidad del certificado de nacimiento, ella no va a poner objeción alguna”, declaró Tamayo.

¿Y en qué queda la existencia física del menor?, se consultó al abogado a lo que respondió, “no se ha establecido la existencia física del menor, ya lo ha manifestado la señora Zapata”; ¿nunca ha existido el hijo?, se le insistió, “eso es lo que ha manifestado la señora Zapata en variadas oportunidades, yo me remito a lo que dice mi cliente, señor periodista tome en cuenta que la pregunta es muy delicada y yo me remito a lo que dijo mi cliente y mi cliente ha manifestado que nunca ha existido”, concluyó Tamayo.

CAMBIO DE VERSIONES

De acuerdo con las primeras declaraciones del mandatario, sobre su relación con la exgerente Comercial de la China CAMC, los primeros días de febrero de 2016, Morales admitió haber reconocido al menor, pero que luego le informaron que el niño perdió la vida a los dos años, y ante el escándalo de supuesto tráfico de influencias con la empresa china, señaló que si el niño seguía vivo, quería conocerlo.

El vicepresidente, Álvaro García, salió a precisar que “como buen padre” el mandatario incluso compartió el pago de gastos médicos y un viaje a Cuba y que Morales llegó a conocer al menor.

El 28 de febrero de 2016, cuando Zapata fue enviada al penal de Obrajes con detención preventiva, la denominada “tía espiritual” de Zapata, Pilar Guzmán, apareció y aseguró que tuvo en sus brazos al niño. Luego, aseguró que el niño era muy inteligente y se daba cuenta de todo lo que le pasaba a su madre.

DETALLES DE CRIANZA

Por su lado, un mes después, Zapata en entrevista de más de 10 minutos con la ANF, incluso llegó a dar detalles de la crianza del menor, señalando que le puso maestros particulares y el 17 de marzo escribió una carta a la ONU afirmando temer por su vida, “acá se trata de la vida de mi hijo, de su nombre y de su existencia, que está siendo cuestionada, no quiero imaginar con qué fines”, afirmó en la nota.

Pese a este antecedente, ayer, Tamayo dio detalles sobre el cambio de la versión de Zapata y al margen de lo declarado por los protagonistas, definió el destino jurídico de este polémico caso.

En la entrevista, Tamayo fue cuestionado sobre las diferentes declaraciones que realizó Zapata, entre febrero y mayo de 2016, asegurando que resultado de su relación con el presidente Morales, concibió un hijo que fue reconocido y estaba con vida, mismo que anunció sería presentado en medios internacionales.

Pero Tamayo libró de responsabilidad a su defendida y afirmó que esas versiones fueron resultado de la influencia de sus tres exabogados, Walter Zuleta, William Sánchez y Eduardo León, sin tomar en cuenta, que este último conoció a Zapata un mes después de que Pilar Guzmán afirmará que el niño existía.