jueves, 26 de abril de 2007

El Lealtad con Bolivia desapareció del archivo

Noticia publicada el 26 de Abril en el Deber

Quevedo: “Yo no hablé de una carta para tapar la impunidad”

El documento Lealtad con Bolivia que fue emitido el 16 de octubre de 2003 por el Consejo Supremo de Seguridad y Defensa Nacional (Cosdena), no se encuentra archivado ni registrado en esa repartición militar, dijo ayer el ministro de Defensa, Walker San Miguel, que lo hizo buscar en esa dependencia.
La existencia del escrito fue conocida la semana pasada, cuando la ministra de Participación Popular del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, Mirtha Quevedo, lo reveló en una declaración ampliatoria que prestó en la Fiscalía por el caso ‘octubre negro’. La ratificación llegó de parte del ex secretario permanente de Cosdena José Antonio Gil, que declaró a EL DEBER que el documento fue una alerta que envió las Fuerzas Armadas al entonces jefe de Estado ante la difícil situación política que enfrentaba el país.
“No tenemos evidencia de su existencia. Materialmente no está archivado, pero encontramos notas del general José Antonio Gil a la Unión de Militares del Servicio Pasivo el 23 de octubre de 2003, en las que se menciona el documento, nada más”, resaltó San Miguel.
En Cosdena corroboraron la versión, al ser consultados al respecto.
San Miguel cree que la versión y la carta de Gil no son de las que habla Quevedo, aunque aclaró que le tocará a las instancias correspondientes determinar la situación.
Por su parte, el fiscal Milton Mendoza, que realiza la investigación y que allanó el pasado martes la casa de Sánchez de Lozada en el barrio de Obrajes de La Paz, en busca de un presunto compromiso de lealtad de los partidos aliados a su Gobierno, señaló que al enterarse por la prensa de la versión de Gil, lo convocará oficialmente para que declare ante su autoridad sobre el tenor de la carta a la que hizo referencia públicamente.
No fijo fecha, pero será pronto, aseguró, para luego señalar que también serán citadas las personas que, según Gil, recibieron el documento.
Esto quiere decir que irían a sentarse frente a Mendoza los entonces ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Saavedra Bruno; de Gobierno, Yerko Kukoc; de la Presidencia, José G. Justiniano; de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, y de Hacienda, Javier Comboni. También citará a los ex comandantes de la Armada, de la Fuerza Aérea y del Ejército, como asimismo al ex vicepresidente de la República Carlos Mesa.
Se buscó a los mencionados para conocer su versión, pero sólo se pudo contactar con Sánchez Berzaín, que está en Estados Unidos, el cual dijo no tener información al respecto y que no hará declaraciones políticas.
Saavedra se encuentra en el exterior, mientras que Justiniano, según allegados, ya dejó la actividad política y no quiere hablar al respecto. Kukoc dijo el martes que no sabía del documento, mientras que a Comboni no se lo ubicó y Mesa, según señaló en su oportunidad, no habla de estos temas.
Según el general Gil, hoy en servicio pasivo, Cosdena hizo una evaluación de la crisis que sucedía en el país y buscaron señalar que las fuerzas castrenses y policiales ‘tienen un límite’ que amenazaba con ser rebasado por la convulsión y, por eso, recomendó varias acciones.
Sobre el allanamiento al domicilio de Sánchez de Lozada, de donde el fiscal Mendoza confiscó documentación, fotografías y una computadora, dijo que el resultado fue positivo porque encontró ‘documentos importantes’ para la investigación que está realizando, aunque no entró en especificaciones.

Lealtad con Bolivia

Diagnóstico. Cumpliendo la misión de la Secretaría General del Consejo Supremo de Defensa Nacional, considerando el alto riesgo que corre el país por el desbordamiento del conflicto y de ver interrumpido el proceso democrático, la integración nacional, la institucionalidad y la seguridad integral de la población que cada día se ve más debilitada, con tendencia a agravarse en desmedro de los altos intereses del Estado Boliviano, su población, territorio y Gobierno. Corriendo el riesgo de ser sobrepasado ante el debilitamiento de las instituciones llamadas a mantener el equilibrio de las fuerzas antagónicas, me dirijo a su excelencia para solicitar que convoque a los miembros del Consejo Supremo de Defensa Nacional para buscar soluciones al problema que en estos momentos pueden definir las políticas coyunturales actuales del Estado Boliviano, desde el punto de vista de seguridad integral y la Defensa Nacional. De no ser posible, pido que analice los siguientes aspectos que pueden ayudar a solucionar el conflicto.
Sectores. Los movimientos sociales, no obstante la fuerza que muestran se encuentran desarticulados entre sí, porque hasta el momento no han encontrado un líder que los aglutine. En el momento que eso ocurra, se volverán completamente incontrolables y el Gobierno no tendrá la fuerza para persuadirlos, sólo una fuerza cambia a otra.
Apoyo. Los partidos políticos sólo tienen influencia para mostrar cohesión en el ámbito internacional, no así en el nacional, donde han perdido la credibilidad y poder de convocatoria.
FFAA y Polícia. Tienen un límite para sostener por sí solas la situación de convulsión social, pudiendo ser rebasadas por demasiada dispersión de esfuerzos, desabastecimiento de material logístico, agotamiento físico y psicológico. La institución está en peligro de desaparecer o sufrir un cambio muy violento que destruya sus estructuras, y cuando se pierde la confianza en la clase política.
Consideraciones. Si la solución al problema no es constitucional ni democrática, varias regiones del país desconocerán al nuevo Gobierno, resquebrajándose la unidad nacional y se corre el riesgo de que se produzca una división política regionalizada que puede tener consecuencias graves.
Conflicto. El pueblo y las diferentes organizaciones sólo aceptarán una solución política. En el momento actual no será creíble si es lanzada por miembros del Gobierno. La propuesta deberá ser dada a conocer por una persona u organización con credibilidad.
Recomendaciones. Por lo expuesto, recomienda que se convoque el Congreso Nacional y se les proporcione los medios de transporte para que logren reunirse y asuman decisiones democráticas y legítimas para resolver la crisis.
FFAA. Velarán por los pozos de producción, exploración u otras instalaciones de gas que garanticen la no exportación del recurso hasta que el pueblo decida qué hacer con él y en qué condiciones.
Decisión. Que el Gobierno asuma el compromiso a no emplear las FFAA, salvo situaciones que impliquen el asalto a cuarteles, instalaciones de servicios básicos esenciales o empresas estratégicas.
Alerta. Que el Gobierno pida una tregua social por 72 horas, para que un interlocutor válido se reúna con la oposición, sectores sociales y cívicos para la adopción de una decisión definitiva.

miércoles, 25 de abril de 2007

Encuentran documentos en la casa de Goni


Noticia publicada el 25 de Abril en La Razon
La Sala Penal Primera de la Corte Suprema de Justicia instruyó esta labor judicial. Jorge Quiroga puso en duda los resultados de este proceso y el MNR considera que es una persecución política.
A tres años y medio de los hechos de octubre del 2003, y por orden de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal Milton Mendoza dirigió el allanamiento a la casa del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y al término de una requisa de más de seis horas no reveló lo que encontró.

Anoche, en su noticiero central, la Red ATB informó que en dicha casa se halló una orden del movimiento de tropas militares durante los hechos que derivaron en la muerte de 63 personas; este diario no pudo confirmar la versión con Mendoza.

El fiscal evitó comentar el contenido de los papeles encontrados y eludió responder si están relacionados con la denuncia de la ex ministra Mirtha Quevedo, quien reveló que antes de la dimisión de Sánchez de Lozada, de Cossdena salió un documento denominado “Lealtad con Bolivia”, que fue conocido por el ex presidente Carlos Mesa.

“Probablemente el rótulo no sea ese de Lealtad por Bolivia y tengamos el contenido de ese documento; hay que valorar la información que tenemos”, explicó al concluir esta labor desarrollada bajo autorización de la Sala Penal Primera de la Corte Suprema.

El allanamiento fue autorizado el 21 de abril por los ministros Carlos Jaime Villarroel y Wilfredo Ovando y encomendado a los fiscales Mario Uribe y/o Mirna Arancibia y Milton Mendoza.

La orden judicial pegada en la puerta de ingreso a la casa número 235 de la calle 7 de Obrajes señala: “requisar, registrar y secuestrar cintas magnetofónicas, cintas de forma VHS o de 8 mm u otros medios electrónicos que puedan contener información sobre el caso que se investiga, así como la incautación de documentos públicos y privados”.

La orden fue solicitada, dijo, como consecuencia de las denuncias de Quevedo y tomando en cuenta que el ex mandatario fue declarado “prófugo de la justicia”.

El allanamiento empezó al promediar las 7.45 de ayer y concluyó a las 13.50. Las puertas de la casa, pese a insistentes llamados no fueron abiertas y efectivos de Bomberos tuvieron que saltar la barda de la casa para abrir la puerta y posibilitar el ingreso del fiscal y su personal, además de efectivos de la FELCC. Mendoza informó que secuestraron 18 sobres con documentos, cuatro cajas con registros fotográficos y un CPU de computadora, donde existe información almacenada.

Consultado sobre si encontraron lo que buscaban, dijo: “En parte sí. Tenemos información y documentos originales que no teníamos”. Sin embargo, evitó comentar sobre el contenido de la información, pero afirmó que tiene que ver con la investigación de los hechos de octubre del 2003.

La Sala Penal Primera de la Corte Suprema de Justicia, explicó, conocerá la información y comunicará sobre su contenido.

“Este acto ha sido muy importante. Hemos tratado de ser prolijos en la búsqueda y hemos encontrado documentos originales, obviamente hay que clasificarla, catalogarla”, justificó.

Una de las personas que trabaja en una de las casas cercanas a la del ex mandatario relató que a una semana de la dimisión de Sánchez de Lozada llegaron tres camiones de mudanzas. “Se llevaron varias cosas, ya no debe haber nada”, sostuvo el testigo.

El ex presidente y jefe de Podemos, Jorge Quiroga, puso en duda el resultado de la requisa a más de tres años de los luctuosos hechos de octubre. “No sé cuán fructífero va a ser”, dijo. El fiscal Mendoza aseguró que “no es tarde” para este allanamiento.

En tanto que el socio político de Sánchez de Lozada y actual prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, expresó su disposición a acudir a una convocatoria a declarar sobre el caso e incluso a un allanamiento de su casa.

Por su parte, el dirigente del MNR, Guido Meruvia, opinó que esta acción judicial representa “una persecución política”. El constituyente Guillermo Richter dijo que el MNR en ningún momento se opuso a esta investigación y espera que sea transparente y alejado de “cualquier vendetta política o histórica”.

Procedimiento

Sucre • La Sala Penal Primera de la Corte Suprema autorizó el allanamiento a la casa del ex mandatario boliviano.

EEUU • Gonzalo Sánchez de Lozada, luego de renunciar como consecuencia de las jornadas de octubre del 2003, se trasladó al país del norte.

Denuncia • Mirtha Quevedo, ex ministra, denunció que días antes de la dimisión del ex mandatario se conoció el documento Lealtad con Bolivia.

La Fiscalía indaga a una juez por adopciones irregulares

Noticia publicada el 25 de Abril en La Prensa

Una juez, tres funcionarias de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) y ex abogadas y trabajadoras sociales del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) son investigadas por la Fiscalía de Distrito por viabilizar la adopción internacional de cuatro menores cuyos verdaderos padres, según el proceso, habían demostrado su filiación.

La primera denuncia sobre supuestos procedimientos ilegales de adopción la hizo, en junio de 2006, la asesora legal de un programa radial, quien había recibido esta información de ex funcionarios de las defensorías de la Niñez y Adolescencia.

El fiscal Mirko Borda afirma en su imputación que la denunciante recibió “fotocopias simples (...) que acreditan la otorgación de adopciones sin observar las formalidades” de ley.

El fundamento legal de Borda indica que las sospechosas, aun conociendo que los niños tenían padres, firmaron las actas de Inexistencia de Filiación. Esta figura significa el desconocimiento de la identidad de los progenitores o familiares de un menor, según el Código Niño, Niña y Adolescente.

El expediente en el Juzgado Octavo de Instrucción en lo Penal señala que en septiembre de 2006 el Ministerio Público solicitó un mandamiento de allanamiento a los hogares Gota de Leche, Virgen de Fátima y Carlos Villegas. Asimismo, pidió una orden judicial para acceder a la información de los juzgados de la Niñez y Adolescencia de La Paz.

El 13 de diciembre se realizó una primera imputación formal contra Soraya Claros, abogada de una de las defensorías, quien fue notificada, según consta en documentos del Juzgado, el 10 de febrero de 2007.

La investigación continuó, y el 13 de abril el fiscal Borda complementó su imputación, por el delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes contra la juez y sólo por el último delito contra dos ex abogadas de las defensorías, tres trabajadoras sociales y dos abogadas del Sedeges, además de la directora del hogar Virgen de Fátima, Guillermina Blanco.

La Prensa consultó con el Sedeges al respecto. Allí informaron que las funcionarias ya no dependen de esa oficina.

La juez de Partido Primero de la Niñez y Adolescencia, Consuelo Taborga, es una de las imputadas. Su abogada María Lucy Rodríguez, en entrevista con este diario, aclaró que su defendida no tiene antecedentes que manchen su larga trayectoria y que colaboró en la investigación al prestar sus declaraciones informativas ante la Fiscalía.

La jurista explicó que existe un vacío legal para los procesos de adopción internacionales que derivaron en un problema de “interpretación” sobre los pasos que se siguieron en los cuatro casos. Estos vacíos, explica, necesitan procedimientos con base en principios de convenios internacionales sobre los derechos del niño y en la “experiencia propia” de la juez.

María, nacida en 2005

Fue dada en adopción mediante una resolución de la juez Consuelo Taborga fechada el 14 de febrero de 2006. Según las investigaciones, un año antes —el 21 de marzo de 2005— la madre biológica se presentó ante esa autoridad con un memorial mediante el que solicitaba el retorno de la pequeña al seno materno. Asimismo, existía un informe social del 25 de abril de 2005, elaborado por la trabajadora social María Luisa Ayala Mendoza, en el que se describía la composición familiar de la pequeña: padres biológicos, hermanos, padrastro y padres de crianza.

Alan, nacido en enero de 2004

El 8 de febrero de 2006 fue declarada su inexistencia de filiación y adopción internacional, con la presencia de las abogadas Adela Ferreira y Sheila Orihuela, además de la trabajadora social Rosario de Marañón, quienes solicitaron declarar la ausencia de padres. El proceso investigativo descubrió que Rosario de Marañón elaboró un informe social, de 15 de agosto de 2005, con los antecedentes de la verdadera madre del niño, a quien se culpaba de irresponsabilidad. La progenitora envió tres memoriales a la juez con el certificado de nacimiento y el carnet de salud infantil.

Daniela, nacida en 2003

La niña fue declarada con inexistencia de filiación y adopción internacional el 18 de febrero de 2005. Sin embargo, en las indagaciones, la Fiscalía conoció una resolución de un mes antes, 21 de enero de 2005, en la que ya la juez Consuelo Taborga Montán dispuso el acogimiento legal provisional de la menor en el Hogar Virgen de Fátima, ubicado en Obrajes, y admitió la demanda de inexistencia de filiación de la niña. Según la imputación, el procedimiento es incorrecto, pero aun así se dictó la resolución de adopción internacional.

Alicia, nacida en 2005

La juez Consuelo Taborga celebró la audiencia de comprobación de parentesco el 20 de enero de 2006. La investigación detectó la existencia de un informe presentado el 29 de noviembre de 2005 por la trabajadora social del Hogar Virgen de Fátima Nery Salas Contreras, en el que explica la estructura familiar de la bebé. Su madre, una joven de pollera, la había dejado en el hogar por temor a sus padres, quienes no sabían del embarazo. Quiso recuperarla arrepentida luego de unos días, pero no pudo pese a que la Defensoría del Distrito 4, San Antonio, solicitó la postergación de la audiencia.

lunes, 23 de abril de 2007

Proyecto anticorrupción aún continúa postergado

Noticia publicada el 23 de Abril de 2007 en El Diario

El próximo jueves 16 de abril cumplirá un año de su postergación en las oficinas del Congreso Nacional.

(ANF).- El proyecto estrella del presidente Evo Morales, la ley anticorrupción “Marcelo Quiroga Santa Cruz” cumplirá el próximo jueves 26 de abril un año de estar postergado en las oficinas de Congreso Nacional.

El presidente Morales entregó, el pasado 26 de abril de 2006, al vicepresidente Álvaro García Linera el proyecto de Ley de Lucha Contra la Corrupción, el Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas, bajo el encargo de que el Congreso apruebe “lo más antes posible”.
En ese entonces, el vicepresidente se comprometió a impulsar la aprobación de esa norma en el Parlamento, al considerar que en 180 años de vida Republicana, la corrupción lucró y reprodujo al poder político en Bolivia.
A pesar del pedido de Morales y el compromiso de García Linera, el proyecto de ley aún es analizado junto a otras dos propuestas, en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados presidida por el masista Antonio Sánchez Carranza.
Sánchez informó que en sesión de comisión, diputados del MAS y Podemos, acordaron anular el principio de retroactividad que solicitó el presidente Evo Morales con el fin de investigar a dirigentes políticos y autoridades de gobierno de gestiones pasadas.
“Nuestro marco jurídico no nos permite ver el nivel de retroactividad en materia de delitos, pero la Asamblea Constituyente deberá ver como recuperar esas fortunas para que vuelvan al Estado”, explicó Sánchez a tiempo de señalar que ese acuerdo agilizará la aprobación del proyecto anticorrupción.

El proyecto “Marcelo Quiroga Santa Cruz” plantea la posibilidad de que el Ministerio Público incaute los bienes de aquellos funcionarios públicos involucrados en hechos de corrupción. Además, tras la emisión de un fallo judicial, dichos bienes podrán ser confiscados definitivamente en favor del Estado.

Asimismo, prevé que los servidores públicos sean sometidos a un registro computarizado de sus bienes a cargo de una Unidad de Inteligencia Financiera y Patrimonial (UIFP), con amplias facultades para coordinar con instituciones fiscalizadoras y órganos jurisdiccionales.

sábado, 21 de abril de 2007

La Policía sabe que los choferes beben en la ruta y no hace nada


Noticia publicada el 21 de Abril de 2007 en La Prensa

La Policía sabe que en los puntos de parada en las carreteras, los restaurantes ofrecen bebidas alcohólicas a los conductores de autobuses, quienes por lo general son atendidos en ambientes privados lejos de la vista de los pasajeros.

La información sale ahora que las investigaciones apuntan a que el chofer de El Dorado dio positivo en el test de alcoholemia, con 1,8 gramos de alcohol en un litro de sangre, frente a 0,75 gramos tolerables.

El autobús se embarrancó el jueves en el camino entre las ciudades de Santa Cruz y Cochabamba, causando la muerte de 35 personas, según la cifra actualizada ayer, y dejando 23 heridos, quienes se recuperan en tres hospitales de la capital cochabambina y la ciudad de Sacaba.

El jefe de Tránsito de la Terminal de La Paz, coronel José Murillo, explicó que los controles a los choferes del transporte interdepartamental e internacional se efectúan con regularidad.

Aclaró que escapa de sus manos el que consuman alcohol en el camino, como sucede debido a la oferta de los propietarios de pensiones, quienes, con esa atención, hacen que los choferes paren a sus puertas para que los pasajeros consuman.

El jefe de Laboratorio de la Unidad Operativa de Tránsito de La Paz, Carlos Cárdenas Rodríguez, reveló que, por ejemplo, en restaurantes de Caracollo se sirven bebidas como el té con té por las noches, y también “al venir de Potosí, en Challapata”. No sólo eso, se sabe que el consumo de los choferes es gratuito.

El informe

A principios de este año, la jefatura de la Patrulla Caminera de La Paz entregó un informe al Comando General de la Policía en el que identifica puntos de expendio de bebidas alcohólicas en la ruta La Paz-Oruro.

Según el jefe de la Patrulla Caminera, coronel Jorge Saravia, la investigación hecha por un oficial de esa unidad denunciaba a restaurantes de Patacamaya, Caracollo y Caihuasi, a la altura del puente Independencia.

A pesar de esa averiguación, el Comando de la Policía Nacional no remitió órdenes a sus instancias responsables para la intervención de esos negocios.

Con dificultades

Saravia manifestó que un obstáculo de la Patrulla Caminera para el control de los transportistas a medio camino es la “intransigencia” de algunos pasajeros que protestan contra ese procedimiento en las trancas, “por no perder tiempo”.

Otro aspecto es la insuficiente cantidad de vehículos con los que cuentan los efectivos camineros. Según el coronel Saravia, en La Paz se cuenta con 17 vehículos, de los cuales 12 se mantienen en “muy mal estado”, tanto que “casi siempre están en reparación en los talleres mecánicos”.

Esto hace que los controles alcoholémicos de Tránsito en las terminales, de donde los conductores salen sobrios, no siempre garanticen la seguridad de los pasajeros.

Aclaró que tampoco es posible revisar todos los buses al momento de su partida, porque tampoco abastece el personal.

En el caso de La Paz, existen seis efectivos para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas a unas 100 flotas por día. No se permite, enfatizó Murillo, la salida de un bus cuyo conductor tenga siquiera un poco de tufo alcohólico.

Los aludidos

Los conductores consultados en la Terminal indican que en las secciones “privadas” de las pensiones consumen lo mismo que los pasajeros, sólo que se “desestresan” después del “maltrato” que reciben de ellos.

Nos sirven lo mismo, comentó ayer el chofer Saúl Cardozo antes de partir rumbo a Cochabamba, “sólo que nos despejamos por algunos minutos de todo lo que tenemos que soportar en el trabajo”.

Algunos choferes se quejan de la falta de respeto de los viajeros y de los bajos salarios que pagan las empresas (un promedio de 800 bolivianos mensuales). Según su explicación, los únicos insumos que usan para combatir el frío y el sueño son el abrigo, las frazadas y la coca, no el alcohol.

En contacto con policías

Si bien los transportistas no se someten a pruebas de alcoholemia en las trancas, por lo menos, dicen, tienen un contacto con la Policía cuando les entregan sus licencias y las listas de pasajeros, que no incluyen a las personas que suben a medio camino y a las instaladas en los pasillos.

En cuanto a los horarios de salida y las horas que trabaja cada conductor en trayectos como La Paz-Cochabamba o de allí a Santa Cruz, indicaron que generalmente hacen ida y vuelta en un día, con un descanso de tres a cuatro horas entre la llegada al destino y la partida de retorno.

Esto sucede cuando hay un alto flujo de pasajeros; de no ser así, pernoctan en la ciudad. El trayecto de cada conductor dura cerca de tres horas y media.

La Superintendencia de Transportes afirmó, a través de su titular Wilson Villarroel, que aunque sus atribuciones no son operativas, sino técnicas, siempre coordina con la Policía Nacional para dar garantías a los usuarios de este sector.

Tránsito de Cochabamba decidió ayer exigir en cada tranca de la ruta que el chofer se presente a la Policía para controlar su consumo de alcohol. Esa tarea era de los ayudantes.

viernes, 20 de abril de 2007

La corrupción en Bolivia ¿Cómo evitarla? Parte 3

3- OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Los objetivos específicos de la Comisión de Ética y Transparencia, serán:

  1. Informar, evaluar y recomendar acciones y medidas a adoptar por la Alta Dirección para la ética, de la transparencia y la neutralidad política del Sector.
  2. Promover el acceso a la información al ciudadano y a quienes trabajan en el sector para que los actos que se realizan sean éticos y transparentes.
  3. Promover la solidaridad como valor y denunciar todo acto contrario a la ética y acción que constituya antivalor atente contra el ser humanos y sus derechos, propiciando un comportamiento laboral basado en la observancia de valores principios y deberes que los trabajadores y funcionarios del sector, para actuar de manera correcta y transparente en sus funciones, garantizando la confianza pública y un buen gobierno.
  4. Fomentar e incentivar una cultura de ética y transparencia al interior del Sector, impulsando principios éticos como conjunto de preceptos que sirven para generar la confianza y de la comunidad en el servicio público y en quiénes lo ejerzan y que todo profesional se encuentre obligado a observar y respetar el ejercicio de su profesión.
  5. Promover en la conducta de los trabajadores y funcionarios, los principios de respeto, lealtad, obediencia, justicia, equidad, probidad, eficiencia, idoneidad y veracidad.
  6. Promover e incentivar a los trabajadores del Sector una actitud en la gestión, orientada a rescatar y mantener los valores fundamentales como los servicios a los demás entendiéndolo como un elemento ético fundamental.
  7. Promover y facilitar el acceso al conocimiento jurídico de las normas que rigen la condición de profesional de las ciencias exactas, así como de aquellas que establecen principios, criterios y sanciones de la comisión de ética y transparencia, propiciando mecanismos para su observancia y cumplimiento.
  8. Velar para que los intereses personales de los servidores públicos del Sector, no colisionen con los intereses públicos en el ejercicio de sus funciones, entendiéndose que cualquier actualización que realizan dichos servidores debe estar dirigida a asegura el interés público en general.
  9. Establecer relaciones de coordinación interinstucionales con organismos del Estado, Privado y sociedad Civil organizada, a fin de implementar acciones conjuntas y medios de cooperación mutua en temas de ética pública y transparencia.
  10. Atender y procesar las quejas y denuncias que los ciudadanos formulen contra el Sector.

    Las demás funciones que el sector requiera.

jueves, 12 de abril de 2007

Banda estafa con avales a 41 personas por $us 15 mil

Noticia publicada el 12 de Abril en La Prensa

Cuarenta y un personas presentaron, en octubre de 2006, una denuncia colectiva ante el Ministerio Público contra los hermanos Gustavo y Claudia Veizaga Rosales por el delito de estafa. La familia Veizaga Rosales cobró un total de 15 mil dólares a estas personas bajo la promesa de obtener espacios laborales en cuatro entidades de la administración pública con avales del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Cada uno de los afectados pagó 350 dólares para ser funcionario público. Las cuatro entidades a las que debían acceder eran la Aduana Nacional, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y la Prefectura del departamento; no obstante, esta última entidad no está en manos del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS).

La denuncia fue presentada por Guillermo Vallejos en representación de 41 personas. Los dirigentes distritales del MAS aseguran que Vallejos pertenece al entorno del senador Lino Villca y está vinculado con la red. Ayer, en conversación con La Prensa, el parlamentario masista negó conocer a la supuesta víctima y a los otros implicados.

El fiscal Antonio Santamaría constató que los hermanos Veizaga están prófugos desde marzo pasado. Claudia Veizaga vivía en la calle Guadalquivir de la zona de Nuevos Horizontes, en la ciudad de El Alto, en tanto que su hermano Gustavo —quien no tiene filiación en Identificación Nacional— supuestamente vivía en la calle Lucas Jaimes, en la zona de Miraflores.

De acuerdo con las declaraciones de los afectados, el principal nexo entre los sindicados y los imputados fue, justamente, Guillermo Vallejos, quien les “informó” que habían puestos en varias instituciones, y “una pareja” estaba buscando personal a cambio de 350 dólares.

La promesa laboral consistía en que ese dinero sería recuperado “rápidamente”, ya que los salarios oscilaban entre los 3.800 y 6.800 bolivianos en cada una de las entidades. Además de los 350 dólares, varios pagaron 50 bolivianos adicionales por una credencial del Movimiento Al Socialismo, la que les garantizaría el puesto una vez que estuvieran “dentro”.

En su declaración ante la Fiscalía, Vallejos afirma que él fue el primer “cliente” que tuvieron los autores de la estafa, quienes le “insinuaron” que necesitaban más personas para que ingresen a las instituciones estatales. Por esa razón procedió a “contactar” a las otras personas.

Gustavo Veizaga utilizó los nombres de dos supuestos asesores presidenciales, José Durán Guillén y Javier Pastén Villamor. Existen recibos firmados con estos dos nombres fechados entre octubre y diciembre de 2006.

En la unidad de Recursos Humanos de Palacio Quemado, negaron que estas personas fueran parte de su personal.

La dirigencia del MAS asegura que Durán Guillén sí fue parte del equipo de asesores de Evo Morales antes de que éste asumiera la Presidencia.

Según la declaración de las víctimas de la red de comerciantes de avales, los supuestos asesores presidenciales se contactaban con ellos a través de tres teléfonos celulares —que están registrados en la Fiscalía—, y les pedían tener paciencia, porque “había problemas en el Palacio”. Luego afirmaron que “los constituyentes querían más espacios”.

Sin embargo, cuando explotó el reclamo por los puestos de trabajo en el Poder Ejecutivo, constataron que los dos asesores eran suplantados por Gustavo Veizaga, y que éste falsificó la firma de ambas personas.

Otros casos

La viceministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardy Suxo, recibió esta denuncia y explicó que existen otros casos que se investigan en este despacho.

Se trata de tres casos presentados por los diputados Fernando Barrientos (Podemos) y Arturo Murillo (UN), quienes denunciaron un supuesto tráfico de influencias en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). La autoridad descartó la demanda por considerar que el denunciado ya no trabaja en esa entidad. Pero existe otro caso que involucra al portero de la Dirección Nacional del MAS, Porfirio Atahichi, quien guardaba en su colchón 16 avales con papel membretado del MAS, los que fueron remitidos al Ministerio Público para su investigación.

Los masistas intentan tomar la Dirección Nacional

Un grupo de militantes y dirigentes masistas que cuestionan la designación de Santos Ramírez como Presidente de la Comisión Nacional del MAS llegó ayer a las puertas de la Dirección Nacional del partido, en la zona de Miraflores, e intentó tomar esas oficinas, que ya tenían resguardo policial.

Los movilizados estaban encabezados por Fabio Pérez, supuestamente electo en la Isla de Suriqui en un Congreso que no es reconocido por la dirigencia máxima.

También acudieron los dirigentes Ubaldo Nina, quien ya fue expulsado del MAS, y Boris Camacho, quien tiene cuestionamientos internos y es acusado de dividir internamente a esta organización política.

Según los protestantes, iniciaron su caminata el martes en la localidad de Sica Sica, en el altiplano paceño, en busca de “justicia”, porque consideran que los ejecutivos del partido en función de Gobierno no están escuchando las demandas internas de los masistas.

Boris Camacho aseguró que ésta es la primera medida que asumen y que si no obtienen una respuesta, iniciarán otras, como una huelga en las puertas de la Dirección Nacional.

Sin embargo, el presidente del Tribunal de Honor del MAS, Roberto Machaca, informó que existe la convocatoria para la realización de los congresos distritales después del 15 de mayo y, por tanto, todos los dirigentes deben acudir a esas instancias.

Pero los protestantes exigen que la directiva posesionada en la Isla Suriqui sea reconocida por los máximos responsables masistas, quienes se encuentran de gira nacional, precisamente llevando a cabo ampliados y congresos de unidad para consolidar al MAS.

miércoles, 11 de abril de 2007

Noticia publicada el 11 de Abril en La RAzon
Lourdes Durán, esposa del ministro de Hacienda, Luis Arce Catacora, y actual ejecutiva de un banco controlado por el Ejecutivo, rechazó acusaciones de la oposición de que su ingreso y ascenso en la institución constituiría uno de los más delicados casos de nepotismo en el actual Gobierno.
La ejecutiva dijo a la AP que las denuncias formuladas por la oposición “buscan dañar al Ministro de Hacienda en la excelente gestión que está cumpliendo”. Sostuvo que fue ascendida a Subgerente de Negocios del Banco Unión en marzo, por méritos propios. Había ingresado en julio del 2006 en un cargo medio.
Durán indicó que el Banco Unión es una sociedad anónima mixta, donde las decisiones son tomadas mancomunadamente por la parte estatal y la privada.
La acusación fue lanzada por el jefe del bloque de diputados de UN, Arturo Murillo, y ratificadas por otras fuerzas de la oposición, que ha reclamado al Gobierno tomar cartas en el asunto.
Según consta en el sitio en internet de la Superintendencia de Pensiones y Valores, el Estado es dueño del 83% del Banco Unión. Así, el Gobierno controla al Unión desde el banco de segundo piso Nacional Financiera Boliviana (Nafibo).

martes, 10 de abril de 2007

El Ministerio Público paraliza la investigación sobre avales

Noticia publicada el 10 de Abril en La Prensa

La Fiscalía detuvo la investigación por el tráfico de avales para la obtención de cargos en la administración pública a fin de cumplir una solicitud para enviar toda la documentación al Viceministerio de Transparencia. Ayer, el fiscal Javier Salinas sostuvo una extensa reunión con la encargada de este caso en esa cartera de Estado, Carmiña Llorenti.

La viceministra Nardy Suxo aseguró, desde Cobija, donde asistió a la reunión del gabinete, que existen “importantes avances en la investigación”. Sin embargo, dijo que la encargada de llevar adelante el proceso es precisamente Llorenti, quien requirió el informe al fiscal Salinas.

Este informe paralizó el caso desde hace cinco días. Así lo reveló el investigador David Larrea, quien alertó de que todavía no pudo ser notificado el dirigente campesino Julio Uzquiano, acusado por Rafael Torrico de haber cobrado 1.300 dólares y 5.500 bolivianos por dos cargos en el Proyecto de Alianzas Rurales (PAR).

El dirigente Julio Uzquiano ya fue localizado, pero es necesario el expediente enviado al Viceministerio, y por lo tanto no se puede efectuar ninguna notificación.

El denunciante del caso fue Víctor Meneses, padre de Rolando Meneses Cusicanqui, quien había entregado 5.500 bolivianos en tres pagos a cambio de un puesto en el PAR, que depende del Ministerio de Desarrollo Rural Agropecuario y Medio Ambiente.

La familia Meneses ya instauró un proceso contra Torrico Mallea por estafa y prestó su declaración ante las autoridades.

Igualmente, Torrico acudió a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para declarar por el caso de los avales y acusó al dirigente Julio Uzquiano de ser el depositario de los 5.500 bolivianos y 1.300 dólares que había entregado por el cargo de coordinador nacional.

Torrico Mallea fue apresado el martes 3 de abril por orden del viceministro de Desarrollo Rural, Javier Escalante Villegas, cuando fue a indagar por el puesto laboral.

No son dirigentes

En el caso del recibo de mil dólares que implica al senador Santos Ramírez, los dirigentes del MAS Julián Romero, Jorge Callaú y Jaime Vera fueron desconocidos por el legislador, quien también es presidente de la Comisión Política del MAS.

Ramírez afirmó que ninguno de los tres tiene el rango de dirigente puesto que “no existen actas partidarias donde se demuestre que fueron electos en congreso y, por tanto, tendrán que enfrentar la justicia ordinaria”. Alejandro Rodríguez, el principal acusado en este caso, cobró a Jorge Sánchez la suma de 1.000 dólares por un puesto en el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En la reunión de Huajchilla, el fin de semana, el MAS decidió que este tema sea tratado en el ámbito político y acusó a la oposición de ser responsable de estas denuncias por el tráfico de avales.

El discurso masista es que “no hay militantes comprometidos” pero sí “infiltrados” de otros partidos que deben ser trasladados a los tribunales.

sábado, 7 de abril de 2007

LAB: revelan irregularidades durante gestión de Taendler

Noticia publicada el 7 de abril en Los Tiempos

Tras su arresto en Santa Cruz acusado de estafa agravada, las irregularidades en la gestión del gerente general del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), Franklin Taendler, comienzan a salir a la luz denunciadas por los trabajadores de la compañía.

El alquiler de una nave inviable, salarios ejecutivos más altos que los de la administración de Ernesto Asbún y contratos irregulares con agencias de viajes que provocaron perjuicio a cientos de pasajeros son las denuncias más importantes.

De acuerdo a copias de correos electrónicos enviados entre empleados al interior del LAB, las dudas sobre el ejecutivo comenzaron a surgir desde los sectores de base incluso pocos días después de su posesión, el 18 de junio de 2006, pero los reclamos no fueron advertidos por la dirigencia de la Federación Sindical de Trabajadores del LAB (Fstlab), que manifestó apoyo a la administración de Taendler hasta la pasada semana.

La más importante denuncia tiene que ver con la inviabilidad de las operaciones a Madrid en la nave Lockheed (L) 1011, alquilada por Taendler.

Empleados cercanos a la administración de la compañía mostraron documentos que indican que el avión alquilado tenía un costo de operación demasiado alto.

De acuerdo al informe, el L1011 obligaba al LAB a desembolsar un total de 340 mil dólares, de los cuales más de 100 mil eran destinados al combustible.

"Ese negocio no era conveniente para la empresa porque el alquiler era muy caro y el consumo del combustible era mucho. En una forma técnica, el vuelo a Madrid no era rentable para el LAB", dijo el dirigente del sindicato base, Willy Quinteros.

Pero eso no es todo, Taendler y sus más cercanos ejecutivos contaban con sueldos elevados incluso más altos que los que percibían los administradores en la gestión de Ernesto Asbún.

Quinteros confirmó que Taendler percibía un salario total de 82.283,63 bolivianos. Asbún tenía un sueldo de 77 mil bolivianos.

El salario del gerente comercial, Luis Durán, también encarcelado en Santa Cruz por estafa, era 60.136 bolivianos y el de su antecesor, José Rodríguez, alcanzaba a 40.200.

Estos elevados montos tenían que ver con la implantación de un "bono de asignación al cargo", impuesto en la gestión de Asbún y que los trabajadores exigieron a Taendler suprimir, sin respuesta.

Contratos y sobreventa

La irregularidad que marcó el inicio de la crisis de la compañía con el perjuicio a más de mil pasajeros que tenían como destino Madrid, fue la firma de un contrato firmado por Taendler para un vuelo charter a España en una nave alquilada que nunca llegó a Bolivia.

El acuerdo firmado con la agencia Gitano Tours no fue el único en modalidad de charter efectuado por Taendler. Antes lo hizo con otros destinos como consta una comunicación emitida por la red interna de la compañía el 24 de marzo pasado en la que se informa sobre un charter a Sao Paulo.

De acuerdo al contrato suscrito con Gitano, Taendler se comprometía a nombre del LAB a contratar un vuelo charter de una empresa española en una nave Airbus, con capacidad mímica de 300 pasajeros, para transportar a Madrid a los clientes de la agencia.

Sin embargo, el aparato no llegó al país para el vuelo programado para el 22 de marzo. Por esto, Taendler se vio obligado a enviar a los viajeros de Gitano Tours en un vuelo regular del L1011, cuyos asientos ya estaban vendidos, sobrevendiendo pasajes.

Esta operación, sumada a la total iliquidez de la aerolínea, provocó un desfase que el LAB no pudo arreglar y provocó caos entre los pasajeros a Madrid que se quedaron sin viajar.

Fstlab se lava las manos

Aunque inicialmente apoyaron su designación como gerente general, la Federación Sindical de Trabajadores del LAB (Fstlab), tras el escándalo de los pasajeros a Madrid, dijo que desconocía las gestiones de Franklin Taendler.

El secretario general de la Fstlab, Gustavo Viscarra, dijo que la dirigencia, pese a representar a los trabajadores que son propietarios del 50 por ciento de las acciones de la empresa, "no se ha metido en la parte administrativa".

"No hemos sido buenos fiscalizadores en tanto nosotros no hemos tenido la posibilidad de hacerlo porque no correspondía a una administración nuestra, sino a una administración de un resabio del directorio de Asbún", explicó.

Añadió que se establecerá la responsabilidad de los gerentes cuestionados y que firmaron los contratos de charters y no cumplieron. Anunció que habrá auditorías.

Evo Morales dio curso a un aval de los jubilados

Noticia publicada el 7 de Abril en La RAzon:
El presidente Evo Morales dio curso a un aval político presentado por la Confederación Nacional de Jubilados y Rentistas de Bolivia, para que óscar Siles Alvarado sea nuevo director del Servicio Nacional del Sistema de Reparto por ser un ´militante del proyecto histórico de cambio´.
El 26 de marzo del 2007, en una carta enviada al ministro de Hacienda, Luis Arce Catacora, la confederación solicita la ´posesión inmediata´ del ingeniero y ´luchador social´ óscar Siles en el cargo de director ejecutivo del Senasir, en lugar del actual Luis Alberto Orellano Valenzuela.
La carta con CITE 125/2007 señala que ´de conformidad a conversaciones con Su Excelencia señor Evo Morales, presidente de la República de Bolivia, y luego de haber examinado los expedientes de varios postulantes, tomando en cuenta la idoneidad, competencia y consecuencia con el rol histórico del cambio, se propone a óscar Siles Alvarado´.
La confederación avala que Siles ´durante la campaña Evo presidente y álvaro García vicepresi- dente y en la campaña para la Asamblea Constituyente a la cabeza suya, hicieron caravanas de propaganda y también cuenta con el pleno respaldo de la Federación Departamental de Jubilados y Rentistas de Cochabamba´.
El documento al que tuvo acceso ANF lleva las firmas del diputado del MAS Julio García Colque; el secretario general, Guillermo Rodríguez álvarez; el secretario de Finanzas, Raúl Salinas Aramayo; y el coordinador general, Roberto Calasich Zárate.
El diputado Julio García confirmó vía telefónica que ´evidentemente el presidente Morales tiene pleno conocimiento del nombre propuesto´. ANF
LOS AVALES
Casos • La Delegación Anticorrupción del Gobierno recibió tres denuncias formales sobre tráfico de avales y la Dirección Nacional del MAS reunió e investiga decenas de recomendaciones emitidas por dirigentes del partido oficialista.
Justicia • La Fiscalía investiga dos casos: uno vinculado a la venta de un aval por $us 1.000 para un cargo en el INE y otro por el pago de Bs 5.000 para cargos en un programa del Viceministerio de Desarrollo Rural.

jueves, 5 de abril de 2007

En Diputados dan de baja a cuatro funcionarios por irregularidades

Noticia publicada el 5 de Abril en el Diario
El presidente de la Cámara de Diputados, Edmundo Novillo, ordenó la baja inmediata y la suspensión de varios funcionarios del área administrativa de esta instancia del Poder Legislativo, luego que la Unidad de Auditoría Interna descubriera que se realizó doble pago por concepto de pasajes a la empresa Tropical Tours.
“Al principio se pensó que se trataba de un error, pero una vez investigado el caso se estableció que hubo dolo”, dijo el titular de la Cámara Baja, al revelar este nuevo hecho de corrupción en que se ven implicados funcionarios del Congreso.
El diputado Novillo, aseguró que existen documentos presuntamente fraguados para posibilitar este doble pago, que evidencian la irregularidad.
Aunque esta irregularidad fue subsanada, es decir, ya se logró la devolución del segundo pago, se encontraron algunos indicios que dejan ver que pudo existir dolo y mala fe de algunos funcionarios.
DOBLE PAGO A TROPICAL TOURS
En fecha 27 de diciembre de 2006 la Cámara de Diputados procedió a cancelar a la empresa Tropical Tours la suma de Bs. 301.097 por los pasajes que se adquirió para los diputados del 1 al 17 de noviembre. Sin embargo, tres días después, es decir, el 31 de diciembre de 2006 se volvió a pagar a la empresa mencionada otros Bs. 301.097 por el mismo concepto.
Descubierta la irregularidad, el titular de la Cámara de Diputados dispuso la suspensión con baja de la jefa de Presupuestos, la jefa del Departamento Financiero, del Contador General y del Director Administrativo Financiero. Asimismo, se inició un proceso administrativo interno para establecer el grado de responsabilidades de cada uno de los funcionarios antes mencionados.
“De principio, la información que tenía era que este doble pago se habría hecho por un error. Indagado el caso no es un simple error, aquí hubo mala fe y dolo”, enfatizó el Presidente de la Cámara Baja.
De igual manera, se presentará una denuncia ante el Ministerio Público, acompañando todas las pruebas que existen, pues se tiene indicios de que hubo falsedad material e ideológica para realizar el doble pago observado.
Existe una carta del ex contador de la Cámara de Diputados dirigida a Tropical Tours, en la que pide que hagan una nueva solicitud de pago (por los pasajes emitidos del 1 al 17 de noviembre de 2006) ya que se habría perdido la documentación que enviaron anteriormente para cumplir con este pago, tal extravío nunca existió.
Novillo aseguró que sin importar que los dineros que se pagaron de manera irregular ya fueron devueltos por Tropical Tours, se investigará este caso hasta las últimas consecuencias y no se protegerá a nadie si es que se establece que hubo actos de corrupción.
“Daniel Antezana envía una nota de solicitud a la agencia de viajes manifestando que la documentación en el área financiera de la Cámara de Diputados se habría destruído, y por lo tanto, la agencia debía hacer una nueva solicitud de pago por el mes de noviembre”.
El diputado Novillo reveló que no hubo ninguna destrucción de la solicitud de pago, asimismo, se comprobó que muchos de los documentos fueron fraguados en un visible acto de corrupción, por lo que se despidió a todos los funcionarios implicad

lunes, 2 de abril de 2007

La corrupción en Bolivia ¿Cómo evitarla? Parte 2


2.- OBJETIVO PRINCIPAL:
El objetivo general del presente estudio es crear una Comisión de Ética y Transparencia, encaminada, a dar transparencia en las organizaciones del Estado y a todos aquellos que intervengan en el mismo, como Auditores, Contables, Ingenieros Económicos, Ingenieros Comerciales, etc., regulados bajo un Código de Ética Profesional, que regule las actividades de los particulares y que, establezcan sus servicios en el ámbito de la Administración del Estado, en cualquiera de sus Instituciones o formas de Administración pública.
El objetivo principal será:
Promover y difundir los asuntos de ética institucional y transparencia en el ejercicio de la función pública y recomendar las acciones y medidas a adoptar por la Alta Dirección, con objeto de garantizar la ética, transparencia, probidad y neutralidad política.
Creación de un Código de Ética Profesional, que regule las intervenciones de los participantes en el "manejo de dinero" o bienes públicos, sancionándolos profesionalmente o dirimiendo discrepancias entre las partes.