jueves, 22 de junio de 2017

Según su entorno Zapata y sus abogados armaron suplantación del “hijo” de Morales

Pilar Guzmán y su hijo, Claudio Rivera, culpan a la expareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata, y a dos de sus exabogados, William Sánchez y Walter Zuleta, de ser los responsables de propiciar la suplantación del “hijo” del mandatario. Califican a la sindicada como “mal agradecida”.

Durante el juicio por legitimación de ganancias, donde recibió una condena de 10 años, Zapata afirmó que los responsables de la suplantación de su hijo, Ernesto Fidel, fue orquestado por dos de sus abogados, la señora Pilar Guzmán, Ximena Fortún y el entorno estas. Se declaró inocente y utilizada con móviles políticos.

“La única que ha planeado todo esto es Gabriela (Zapata) junto con los abogados William Sánchez Peña y Walter Zuleta, ellos son los tres que han planeado todo este tema”, afirmó Rivera el lunes a su salida de la Fiscalía, a donde fue trasladado para el desfile identificativo que programó la fiscal asignada al caso, Karina Cuba.

Rivera salió de la Fiscalía enmanillado junto a Víctor Vega, padre del menor, a quien se trató de utilizar para suplantar al niño que el presidente Morales reconoció como hijo suyo y de Zapata en 2007.

Si bien Rivera se negó a comentar si existe o no un acuerdo entre la Fiscalía y Zapata, como afirma el abogado Eduardo León, negó que se sometería a proceso abreviado.

También sostuvo que nunca recibió dinero de Zapata y menos para contratar a un menor, y hacerlo pasar por el hijo del Presidente.

“Esa señora Zapata es una mal agradecida, lo único que hemos hecho es ayudarle hasta para darle de comer, hasta sus llamadas, jamás nos ha dado ni 10 bolivianos (…). Ha echado la culpa a todos, pero ella es la culpable”, aseguró Rivera.

En esa línea, la madre de Rivera, Pilar Guzmán, también rechazó la versión de Zapata y en una frase premonitoria aseguró que más adelante las mentiras que dijo se tornarían en su contra.

“Pero en su momento esas mentiras la van a apretar de tal forma que le van a quitar el aire”, fue la premonitoria frase que Guzmán lanzó a la que denominó su sobrina espiritual.

Guzmán también negó haber recibido dinero de Zapata y pido que la gente torne su atención en la reconstrucción de la presentación del menor, el 25 de junio próximo, donde adelantó que se revelaría el grado de participación de Zapata.

Achá logra detención domiciliaria y Fiscalía apunta a prevaricato del juez

El juez 11vo de Materia en lo Penal Cautelar, Hugo Huacani, determinó ayer, la detención domiciliaria del expresidente de YPFB, Guillermo Achá, luego de la lectura de la resolución que generó polémica, la que evitó fundamentar observaciones de fondo, por lo que la Fiscalía presentó el recurso de apelación por la “resolución prevaricadora”, que será puesta en conocimiento de la Fiscalía Departamental.

Luego de más de 8 horas de audiencia, que se instaló a las 15.30, hasta los primeros minutos de hoy, la comisión de fiscales conformada por Ruddy Terrazas y Ramiro Jarandilla, en audiencia, exigieron al juez Huacani la complementación y fundamentación jurídica sobre su resolución, la cual, advirtieron, será puesta en conocimiento del su inmediato superior, pero este negó el pedido.

En es marco, Terrazas presentó la apelación y señaló el presunto delito de prevaricato, “por lo cual, pedimos a su autoridad, que eleve la resolución y todos los antecedentes en el plazo de 24 horas, sujeto a responsabilidad de acuerdo con la ley”, manifestó ante el juez.

TRANSPARENCIA

Otro aspecto que llamó la atención fue que el Viceministerio de Transparencia, denunciante principal, antes de que se dicte la resolución, pidió la detención domiciliaria, al contrario de los representantes de YPFB y la Fiscalía que solicitaron detención en el penal de San Pedro.

Los abogados Carlos Rodríguez y Vilma Blas negaron, a los medios de comunicación, identificarse y explicar el fundamento legal de esta solicitud.

Sin embargo, otro error en el que incurrió el juez fue que en su resolución puso que Transparencia pidió detención preventiva, aspecto que debe ser enmendado, pero el juez negó también este pedido, pese a que no afectaba su resolución. Esta situación puso en evidencia el nerviosismo que tiene en el cargo que ejerce pocos días y es uno de los egresados de la Escuela de Jueces.

INDICIOS

Dentro de los aspectos generales de la relación de hechos e indicios presentados por la Fiscalía contra Achá, se afirma la supuesta participación irregular de Carmen Tellería, la exgerente legal de “YPFB Andina”, en el proceso de licitación y la elaboración del contrato por el cual se adjudicó a la italiana Drillemc, la compra de tres taladros, por un valor de 148,8 millones de dólares.

El fiscal Jarandilla citó una serie de documentos en los que afirma, se evidencia que Achá evitó firmar el contrato y rescindir el mismo, para deslindar responsabilidades, este elemento está ratificado en la declaración del vicepresidente suspendido, Jorge Sosa, el cual se declaró “defraudado y utilizado” por Achá.

DEFENSA

Por su lado, el abogado Castellón señaló en audiencia que la Fiscalía desconoce las normas y procedimiento técnico legal de este tipo de procesos, por lo cual se incurre en detenciones arbitrarias carentes de fundamentación.

Asimismo, explicó que el reglamento prohíbe a Achá, ser parte del proceso de licitación y descargó toda responsabilidad en Paola Oporto, la jefe de Contratación y responsable del proceso de contrataciones (RPC), quien estaba a cargo de la licitación.

Juez dispone arresto domiciliario para Achá



El juez determinó anoche detención domiciliaria para el expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) luego de su audiencia.

El imputado debe acreditar domicilio en La Paz, donde debe cumplir la detención con un custodio, y también se dispone el arraigo y la prohibición de concurrir a dependencias de YPFB.

Se dispuso la detención domiciliaria con vigilancia del fiscal, investigador y el juzgado, quienes cualquier día hábil podrán presentarse en el domicilio para verificar cumplimiento.

Se dispone que acredite dos garantes solventes que se comprometan a que el imputado concurra en el Ministerio Publico y el juzgado, caso contrario deben pagar 15.000 bolivianos cada uno.

Achá fue imputado por tres delitos: incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y conducta antieconómica dentro del proceso investigativo del caso taladros.

Se descartaron los delitos de contratos lesivos al Estado y encubrimiento.

martes, 20 de junio de 2017

Fiscalía reduce a tres los delitos sindicados a Achá



El fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, aclaró esta mañana que la comisión de fiscales que investiga el caso "taladros", imputó al ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá, solo por tres delitos.

"Se han imputado tres delitos considerando elementos del cuaderno de investigación. A saber: los delitos de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias", dijo Blanco.

La Fiscalía investiga una presunta irregularidad en la compra de tres taladros de YPFB a la empresa italiana Drillmec Spa.

La aprehensión señalaba los delitos de contratos lesivos al Estado y encubrimiento. La imputación obvia esos delitos.

Achá ha sido remitido a un juez cautelar y en la próximas horas se fijará audiencia para considerar la aplicación de medidas cautelares.

El Ministerio Público está solicitando detención preventiva para Achá.

Piden que caso Bolivia TV se amplíe a Paco y Dávila



Diputados de Unidad Demócrata (UD) piden que la investigación por hechos de corrupción en el canal Bolivia TV se amplíen a las exministras de Comunicación, Amanda Dávila y Marianela Paco. Enviaron una carta a la actual autoridad de esa cartera, Gísela López.

"Tenemos a bien solicitar a su autoridad ampliar la denuncia e investigación contra su antecesoras, además de los directorios comprendidos entre las gestiones 2013 y 2016", detalla la misiva firmada por los asambleístas Amilcar Barral, Micaela Nina y Shirley Franco.



Barral sostuvo que los ministros tienen la tuición sobre el canal estatal y el nombramiento de los gerentes generales, razón que justifica su planteamiento, de también investigar a las exautoridades.

Ayer López presentó ante el Ministerio Público una denuncia por daños económicos al Estado por el proceso de contratación del proyecto denominado Provisión, instalación y puesta en marcha de sistemas televisivos.



Son seis contratos que tienen presuntas irregularidades y estarían involucradas 10 personas. El monto que suman llega a más de 130 millones de bolivianos y hay equipos que fueron entregados en mal estado o simplemente no existen.

Paco, en entrevista con radio Compañera, dijo que "cuando estaba de gerenta (Gísela López) no agilizaba los procesos de investigación. Yo tenía que llevar ante un directorio los procesos y no avanzaba. Me alegra que saliera la resolución y que se identificara a los responsables".

Exgerente de Bolivia TV niega corrupción y descalifica denuncia


El exgerente general de Bolivia TV (BTV), Gustavo Portocarrero, negó este martes su participación en los presuntos hechos de corrupción en el canal estatal y aseguró que todos los equipos que se compraron durante su gestión están en ese medio de comunicación, por lo que incluso consideró que la denuncia presentada por la ministra de Comunicación, Gisela López, es "jalada de los pelos".

"Cuando me fui en 2015 (de Bolivia TV) entraron varios gerentes, entre ellos Gisela López y se supone que ellos han debido verificar el funcionamiento o no de los (equipos adquiridos) y ahora el hecho de que a dos años (se presente la denuncia de presunta corrupción) me parece jalado de los pelos, pero bueno, algo deben estar buscando", dijo Portocarrero en una entrevista con ANF.

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López denunció ayer que se descubrió presuntos hechos de corrupción en cinco proyectos del canal estatal "Bolivia TV" sobre fortalecimiento institucional, mejora de los servicios televisivos, innovación tecnológica, extensión de la señal de ese medio, y la adquisición de equipos y unidades móviles en HD.

"Esos son proyectos de Prontis (Programa Nacional de Telecomunicaciones de Inclusión Social) y en base a esos proyectos se dieron ciertos recursos y eso viene del Ministerio de Comunicación. La ministra en esa época era Amanda Dávila y (fue quien) ha dispuesto en base a esos proyectos el desembolso del dinero", señaló el exgerente de BTV.

Aunque más adelante Portocarrero admitió que BTV fue la instancia que administró los recursos desembolsados, pero aseguró que el canal estatal no es una empresa completamente independiente porque cuenta con un directorio integrado por ese ministerio y la Gerencia del canal.

En ese sentido "nosotros presentamos un proyecto, ellos nos dieron los recursos y paralelamente se hicieron las contrataciones, hubo una entrega del proyecto formal al Ministerio con las debidas auditorias. (Es decir) una vez que yo me fui el 2015 esos proyectos entraron a la auditoria, así que yo no podría haberlos manipulado y luego entraron otros gerentes también. Que yo sepa, todos esos proyectos ya están auditados", remarcó.

Asimismo sostuvo que ningún equipo se encuentra en su casa y el dinero que se invirtió en las nuevas tecnologías de Canal 7 está dentro de ese medio de comunicación.

"Creo que (en la denuncia también) se habló de un proyecto multimedia que tiene relación con las nuevas tecnologías, el internet, poder ver televisión por celular, por computadora, etcétera (y todo eso) está ahí completo. (Entonces) la plata está dentro del canal, los equipos no están en mi casa, no me beneficiaron a mí, esos equipos están en el canal para el uso de las señales digitales que se implantaron cuando yo estaba ahí", manifestó.

López afirmó ayer que el daño económico que supuestamente se generó por los hechos de corrupción se establecerá en el proceso de investigación que se realizará en el Ministerio Público después de que la denuncia ya fue formalizada por su cartera de Estado.

"Pero el contexto es que son cinco proyectos susceptibles de hechos de corrupción y esos cinco proyectos suman 280,5 millones de bolivianos, sin embargo, eso no quiere decir que todos esos 280,5 millones están untados de corrupción", aclaró la autoridad.

López indicó que hay 10 personas implicadas en los hechos de presunta corrupción, entre ellas el exgerente General, Gustavo Portocarrero, el exgerente Técnico, Rubén Márquez, y la exgerente Administrativa y Financiera, Lilian Peñarrieta.

Portocarrero apuntó que se siente "bastante decepcionado" por la denuncia planteada en su contra, después de que trabajó siete años en BTV, cuatro como gerente general.

Suspenden audiencia de medidas cautelares de Guillermo Achá



El Juzgado Primero de Instrucción Anticorrupción y Violencia hacia las Mujeres, determinó suspender la audiencia de medidas cautelares que debía realizarse esta tarde contra el ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá.

Según el abogado defensor del imputado, Héctor Castellón, la audiencia fue suspendida por la jueza Cynthia Delgadillo, por no haber notificado oficialmente al Ministerio de Justicia.

Se desconoce aún la fecha y hora de la nueva audiencia. En todo caso, se realizará mañana miércoles y en día feriado, tocará abrir la audiencia a un juez de turno.

Se imputan tres delitos

El fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, aclaró esta mañana que la comisión de fiscales que investiga el caso "taladros", imputó al ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá, solo por tres delitos.

"Se han imputado tres delitos considerando elementos del cuaderno de investigación. A saber: los delitos de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias", dijo Blanco.

La Fiscalía investiga una presunta irregularidad en la compra de tres taladros de YPFB a la empresa italiana Drillmec Spa.

Eduardo León: "Me arrepiento de haber defendido a Gabriela Zapata"

El abogado Eduardo León, llegó ayer a la capital orureña para participar de un seminario sobre las "elecciones judiciales", donde afirmó que está orgulloso de ser abogado, pero que solo tiene una cosa de que arrepentirse la cual es haber defendido a Gabriela Zapata, porque a raíz de ello hasta la fecha son 13 meses de luchar contra un proceso que en su criterio es injusto.

"Quiero confesar el día de hoy en esta sala, algo que por primera vez voy a decir, hay una cosa del cual yo me siento orgulloso y otra de la que si me arrepiento. Me siento orgulloso de ser abogado, halagado y con la capacidad y la moral de decir que ser abogado es algo que no viene simplemente a la tierra sino es un encargo que viene de Dios", así comenzó su alocución el jurista Eduardo León en el seminario sobre "las elecciones judiciales" efectuada ayer por la noche en el anfiteatro de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica de Oruro (UTO).

Mencionó que: "si hay algo de lo que si me arrepiento y lo digo el día de hoy, después de haber visto a mi pequeña hija de nueve años y que me pidió que viniendo a esta tierra he podido reconocer, me arrepiento de haber defendido a Gabriela Zapata", aseveró.

Consultado sobre esta postura León afirmó que cada persona tiene que aprender de los errores que cometió y él asume ello por las diferentes circunstancias que ocurrieron y que esto deja enseñanzas en la vida.

El abogado hizo una exposición de casi dos horas, hablando de los diferentes hechos que acaecieron en el proceso que hasta ahora se le sigue por acusaciones que, en su criterio, son injustas y que lo obligaron a estar encerrado por 11 meses con detención preventiva, viendo el otro lado de una supuesta justicia donde el 80% de las personas están recluidas en las cárceles de forma ilegítima.

Remarcó que la injerencia política en la justicia boliviana es uno de los grandes males, ya que en Bolivia las leyes no están acordes con los estándares internacionales sobre esta temática y como ejemplo claro es que las elecciones judiciales del 2011 no trajeron ninguna solución.

Señaló que en las condiciones actuales, ni los de izquierda, derecha o de otra posición no garantizan una justicia imparcial y que solo se logrará a través de un cambio de mentalidad de las nuevas generaciones a quienes pidió defender y reivindicar la profesión de la abogacía través de la rectitud.

En el evento también estuvieron como disertantes Saúl Fuentes Gutiérrez en su calidad de presidente del Ilustre Colegio de Abogados, quien brindó una crítica al proceso eleccionario judicial donde se observan varios aspectos.

Indicó que se evidencia la falta de una independencia genuina del Órgano Judicial por causa de la injerencia política.

El presidente del Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados, Marco Antonio Goitia, señaló que las autoridades nacionales lastimosamente menosprecian la calidad académica de los profesionales abogados y se deja de lado el cambio de mentalidad que debe existir para hacer cambios en la justicia boliviana, razón por la que el sistema universitario no debería meterse en este juego que parecería ser una farsa electoral.

“Tía” de Gabriela Zapata “Me arrepiento haber tapado el hambre a una malagradecida”

Pilar Guzmán, la denominada “tía de cariño” de Gabriela Zapata, aseguró ayer que se arrepentía “de haber tapado el hambre a una malagradecida”, y negó que ella haya recibido dinero para reemplazar al hijo del presidente Evo Morales.

Ayer, luego de que se suspendiera el desfile identificativo en el caso de trata de personas, donde se investiga la supuesta suplantación del “hijo” que Morales reconoció en abril de 2007, la “tía” de Zapata volvió a dar declaraciones a la prensa, luego de un mes y un año de ser enviada con detención preventiva al penal de mujeres de Obrajes.

EL DIARIO preguntó a Guzmán cuál es su opinión del descargo de Zapata, señalándola a ella y su entorno como los responsables de montar este caso con la ayuda de los que entonces eran sus abogados, Walter Zuleta y William Sánchez, pero Guzmán negó referirse al tema y declaró estar arrepentida de haber ayudado a Zapata.

“MALAGRADECIDA”

“No le voy a decir nada sobre eso, ella que siga mintiendo, que siga diciendo lo que quiera. Lo único que le voy a decir es que me arrepiento de haber tapado el hambre a una malagradecida (…) Pero en su momento esas mentiras la van a apretar de tal forma que le van a quitar el aire”, declaró molesta Guzmán.

Aseguró que nunca recibió dinero de Zapata y, al contario, reveló que había empreñado su vehículo BMW para pagar los gastos de la expareja del presidente Morales.

“Pero ustedes no saben cómo sabe manipular, presionar y amenazar Gabriela (Zapata)”, declaró a nuestro medio.

PROCESO ABREVIADO

Dentro de este proceso, la madre del menor, considerado una de las víctimas, se sometió a un proceso abreviado y fue condenada a tres años de cárcel, pero se benefició al perdón judicial por lo que ya salió en libertad.

Guzmán negó haber acudido a este recurso por considerarse inocente del delito de trata de personas.

Por tercera vez Suspenden desfile identificativo en caso de “hijo” de Evo Morales

La audiencia para realizar el desfile identificativo, en el caso de trata de personas, por la presunta suplantación del hijo de Evo Morales y Gabriela Zapata, fue suspendida ayer, por tercera vez, ante la declaratoria en rebeldía de los exabogados de Zapata, Walter Zuleta y William Sánchez.

“El desfile identificativo se suspendió por la falta de notificación a los abogados de los que ahora están declarados rebeldes, Willy Sánchez Peña y otros (Walter Zuleta). Sólo es una suspensión hasta el lunes 26 de junio”, explicó la fiscal Karina Cuba.

El acto para este desfile identificativo estaba programado para las 14.30 horas de ayer y debía realizarse en la cámara Gesell, de la Fiscalía del Distrito, donde se presentaron todos los imputados y detenidos por este proceso, excepto los dos abogados.

La fiscal Cuba señaló que para la audiencia del próximo 26, se programó la notificación a los abogados que representaban a Peña y Zubieta, y de no presentarse se pedirá dos abogados de Defensa Pública.

“En esta audiencia, el menor, quien fue escoltado por funcionarios de la Defensoría de la Niñez, debía reconocer a todas las personas con las que tuvo contacto el pasado año, cuando fue puesto ante una juez de familia para hacer creer que era el hijo del Presidente”, detalló Cuba.

“Este acto es importante, porque el menor que es víctima (de trata) ha mantenido contacto con varios de los imputados, entonces, el objetivo y la pertinencia de este acto es identificar con quiénes lo hizo el 2016”, reiteró Cuba.

MADRE

La fiscal afirmó que si bien la suspensión se debió a la ausencia de los dos abogados declarados prófugos, Milton Andrade, abogado de la madre del menor, quien ya se sometió a proceso abreviado, afirmó a EL DIARIO que su cliente al no haber sido notificado no participaría de dicho desfile.

MÁS DECLARACIONES

Asimismo, se informó que varios de los implicados solicitaron ampliar sus declaraciones informativas, con el fin de colaborar en el esclarecimiento de este hecho.

Cuba manifestó que prestaron ya declaración ampliatoria, las denominadas “tías” de cariño de Zapata, Pilar Guzmán y María Arce, además del hijo de la primera, Claudio Rivera. También amplió su declaración Ximena Fortún y ayer se procedió a la toma de declaración informativa de la propia Zapata.

Según la justificación que presentaron para estas ampliaciones, es que “supuestamente quieren colaborar con la investigación y hay algunos datos que habían obviado en su primera declaración”, explicó Cuba.

La fiscal manifestó que no le corresponde señalar si las nuevas versiones de los implicados son creíbles o no, pero afirmó que algunos de los datos que se dieron en las ampliaciones, “sí ayudaron en el esclarecimiento de algunos hechos, han dado nombres, lugares”, finalizó.

Comisión de Fiscales Aprehenden a Achá luego de 8 horas de declaraciones

La Comisión de Fiscales que investiga el caso de la compra irregular de tres equipos de perforación petrolera, dispuso anoche la aprehensión del expresidente de la estatal petrolera YPFB, Guillermo Achá, quien asistió a la audiencia, donde formuló sus primeras declaraciones sobre este caso, luego de haber sido destituido del cargo la semana pasada. La Comisión de Fiscales, conformada por Ruddy Terrazas y Ramiro Jarandilla, asumió la decisión, según dijo a los medios de comunicación el abogado defensor de Achá, Héctor Castellón.

El mismo calificó de ilegal la aprehensión dispuesta por la Comisión de Fiscales y anticipó que apelará la medida. Castellón aseguró que el extitular de YPFB hizo una explicación didáctica sobre los procedimientos utilizados para la compra del equipo petrolero, pero, al parecer, esos aspectos no fueron considerados por la Comisión.

La extrema determinación, según fuentes cercanas a la Fiscalía, señalaron horas antes que la medida fue asumida al haberse establecido indicios de responsabilidad de Achá en tres delitos de los cuales se le sindica a quien fuera, hasta hace pocos días, el hombre fuerte de la estatal petrolera.

DELITOS

El Ministerio Público convocó a declarar a Achá, en calidad de sindicado por los delitos de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias en la adquisición irregular de tres equipos de perforación de la empresa italiana Drillmec, valorados en más de $us 148 millones.

También fue sindicado por los mismos delitos el suspendido vicepresidente de administración, contratos y fiscalización de YPFB, Jorge Patricio Sosa Suárez.

Achá se presentó en la Fiscalía antes de las 17 horas y allí prestó sus declaraciones en medio de hermetismo de las autoridades. Canales de televisión informaron al promediar la medianoche de este lunes algunos detalles sobre el caso, aunque a esa hora supuestamente continuaba la declaración.

El sindicado es la octava persona en ser cautelada en el caso que se perfila como uno de los hechos más escandalosos de la gestión de Achá y que -por algún momento- pretendió convertirse en una cuestión de Estado, ante la amenaza de la empresa favorecida de recurrir a la cancillería italiana para ejercer presión contra las autoridades bolivianas, en razón a que el contrato para la compra de los taladros fue suscrito a fines de diciembre pasado.

IMPUTACIÓN

El senador opositor, Óscar Ortiz, aseguró que el Ministerio Público cuenta con todos los elementos e indicios para “imputar” al expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos por la presunta irregular compra de tres perforadoras.

“Después de sus declaraciones el señor (Guillermo) Achá ya debe ser imputado por la Fiscalía que tiene todos los elementos necesarios para sustentar el caso”, declaró el senador Ortiz, quien dijo que seguirá fiscalizando este y otros casos.

Después de haber sido alejado de sus funciones, Achá se apersonó al Ministerio Público para expresar su disposición de declarar. Los fiscales le notificaron para que declare en calidad de sindicado por los referidos delitos.

Ortiz anunció que continuará con su labor de fiscalización y en ese marco solicitará todos los contratos que estuvieron a cargo de la Comisión de Adjudicación de YPFB. En ese marco también pidió al Ministerio Público ampliar sus investigaciones a otros millonarios contratos.

Fiscalía investiga corrupción por Bs 25 MM en Bolivia TV



El Ministerio Público investiga una presunta corrupción de 25 millones de bolivianos en Bolivia TV por un proyecto de fortalecimiento institucional con la mejora de servicios televisivos, innovación tecnológica y unidades móviles en HD, confirmó ayer la ministra de Comunicación, Gisela López.

La denuncia es por los supuestos ilícitos de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado contra 10 funcionarios de la estatal televisiva durante el período 2013 y 2014.

“Según la Asesoría Jurídica del Ministerio de Comunicación, estos trabajadores, encabezados por Gustavo Portocarrero (gerente general), Rubén Marquez (gerente técnico), Lilian Peñarrieta (gerente administrativa) y otras siete personas más, habrían cometido los delitos”, declaró en rueda de prensa.

La investigación se inició cuando la Ministra de Comunicación asumió como gerente de Bolivia TV, destituyendo a los responsables de esos ilícitos, quienes se habrían llevado documentación, además de pretender incendiar la dirección administrativa.

La estatal televisiva recibió un apoyo económico de 280,5 millones de bolivianos del proyecto Prontis para el fortalecimiento institucional.
La denuncia, formulada en el Ministerio Público, es por un proyecto de puesta en funcionamiento de sistemas televisivos e informativos por 25 millones de bolivianos, que se aprobó en un día, desde su presentación hasta la resolución, cuando demora semanas, incluso meses.

PROYECTOS
Una comisión técnica realiza el seguimiento a cinco proyectos de 66 contratos, de los que seis están observados, como el sistema de grabación por Bs 5,8 millones, un sistema de cámaras HD para las unidades móviles por Bs 18,4 millones, un sistema de producción para unidades móviles por Bs 10,5 millones, la compra de 56 equipos con transmisores por Bs 46 millones y 76 transmisores por Bs 25,5 millones.

“Son proyectos susceptibles de ser irregulares y el Ministerio Público será el que defina el daño económico, que según nuestra estimación es superior a los 280 millones de bolivianos durante 2013 y 2014”, precisó la Ministra de Comunicación.

Aprehenden a Guillermo Achá por caso taladros


El Ministerio Público ordenó la aprehensión del expresidente interino de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Guillermo Achá por el caso de la compra de taladros.

Está sindicado por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado y encubrimiento.

Los fiscales que llevan a cabo la investigación son Rudy Terrazas, Javier Flores y Ramiro Jarandilla. El exejecutivo de la empresa estatal ingresó a los predios del Ministerio Público a las 17.00 para emitir sus declaraciones.

Tras la determinación, Achá fue remitido a celdas judiciales y se prevé que la audiencia de medidas cautelares se realice en el curso de las siguientes horas.

El abogado del exejecutivo, Héctor Castellón, lamentó la determinación judicial y recordó que su defendido se presentó voluntariamente a declarar. “No tienen un análisis coherente y legal”, aseveró en contacto con la prensa.

lunes, 19 de junio de 2017

Titulo en Provision Nacional de Gabriela Zapata la ex de Evo Morales



Achá se presenta hoy a declarar por caso taladros

El expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá, confirmó que se presentará hoy a declarar en calidad de sindicado ante el Ministerio Público de La Paz por las presuntas irregularidades en la adquisición de tres taladros.

El pasado viernes, el Ministerio Público sindicó a Achá por los delitos de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado y encubrimiento, porque supuestamente está vinculado en la adquisición irregular de tres equipos de perforación de la empresa italiana Drillmec.

La comisión de fiscales que investiga el caso, Rudy Terrazas y Ramiro Jarandilla, convocó al expresidente de YPFB para que se presente a declarar este lunes a horas 17.00 en instalaciones de la Fiscalía.

El abogado Héctor Castellón dijo que Guillermo Achá “se va a presentar, él está predispuesto, no olvidemos que él a pocas horas de haber dejado el cargo de forma voluntaria ha presentado un memorial indicando que se apersonaría en la calidad que el Ministerio Público así vea conveniente”.

Según el jurista, el hecho de que su cliente sea sindicado en el caso no quiere decir que sea culpable; en consecuencia esperan que la Fiscalía escuche a Achá, para luego actuar con objetividad y evitar que caiga en exageraciones o forzar figuras penales por el solo hecho de tratarse de un tema de relevancia nacional.

Acotó que Achá siendo presidente de YPFB coadyuvó en todo momento en las investigaciones en este proceso, al punto de que presentó al menos cuatro memoriales pidiendo actos investigativos como una inspección al lugar de los hechos, incluso solicitó el secuestro de toda la documentación relacionada al caso. (ANF)

domingo, 18 de junio de 2017

Se presentará a la Fiscalía Expresidente de YPFB sería investigado por cinco delitos

Cinco son los delitos por los que se presume se ampliará la investigación en contra del expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá, dentro del caso de las presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato para la compra de tres taladros a la italiana Drillmec, por un precio de 148,8 millones de dólares.

El pasado viernes, a 24 horas de que el presidente Evo Morales los reemplazara en el cargo con Oscar Barriga y aseguró que son los medios de comunicación los que hacen creer que hay corrupción en YPFB, Achá, de manera personal, memorial en mano, se apersonó ante la Fiscalía Departamental de La Paz.

La información señala que Achá desconoce la existencia de algún proceso penal abierto en su contra, pero que de manera voluntaria se apersonó con el fin de poder colaborar en la investigación.

AEROPUERTO

Si bien Achá no se entrevistó con los fiscales asignados al caso, el memorial fue entregado al personal de apoyo y se retiró sin hacer contacto con los medios de comunicación.

Pero cerca de las 12.30, antes de tomar el vuelo de retorno a Santa Cruz, donde reside, fue interceptado por una persona que se identificó como fiscal, portando una orden de aprehensión, a la cual Achá cuestionó pues sólo horas antes había presentado el memorial, según confirmaron fuentes confiables a EL DIARIO.

Fue luego de este incidente que Achá fue notificado con una citación para que comparezca ante Rudy Terrazas y Ramiro Jarandilla, quienes conforman la comisión de fiscales que investiga las supuestas irregularidades en el contrato que se anuló con la italiana Drillmec.

DELITOS

En ese marco, este lunes, a las 17.00 horas, el expresidente de YPFB debe prestar declaración informativa ante el Ministerio Público, en calidad de investigado por los delitos de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado y encubrimiento, según reportó la ANF el viernes.

VICEPRESIDENTE YPFB

Previo a Achá, la comisión de fiscales tomó la declaración el lunes 12, al vicepresidente de YPFB, que aún figura como suspendido, Jorge Sosa, quien quedó en libertad pero ahora se afirma será imputado por los mismos delitos.

Sosa descargó toda responsabilidad sobre las supuestas irregularidades en la adjudicación de los contratos en los mandos inferiores.

Según el fiscal Terrazas, además de otros indicios, Sosa aseguró que Achá otorgó autorización de supervisar todas las intervenciones que YPFB tenga, a la exgerente legal de YPFB Andina, Carmen Lola Tellería quien fue cautelada el mismo lunes.

El fiscal, en la audiencia cautelar de Tellería, no solo citó a Sosa sino a las declaraciones de todos los imputados, que afirman que ella participó no sólo en el proceso de licitación sino en la elaboración del contrato entre YPFB y Drillmec. Además que ofreció favorecer a los funcionarios afectados, en los procesos disciplinarios que abrieron luego de que se realizó la denuncia.

Por su lado, Tellería aseguró que los fiscales confunden los tiempos y detalló una serie de regulaciones que YPFB Andina realiza como accionista mayoritaria de YPFB, pero que toda solicitud de informes se la realizó luego de que se firmó el contrato con Drillemc y negó haber elaborado el documento suscrito el 7 de diciembre.

Sin embargo, Erbol emitió una nota en la que señala que según el Registro Público de Abogacía del Ministerio de Justicia, Tellería no figura como abogada, título que se afirma debía ser indispensable para cuando ejercía el cargo de Gerente Legal Corporativa de YPFB.

MINISTERIO PÚBLICO

El Ministerio Público sindicó al expresidente de YPFB por los delitos de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado y encubrimiento.

Por el denominado Caso Taladros YPFB – Drilmmec, están detenidos de forma preventiva en el penal de Palmasola el director interino de Operaciones de Perforación, Bigmarck Serrano, y el gerente de Perforación Corporativa, David Pérez. Además de los abogados de la Unidad Jurídica de YPFB, Félix Bustos Martin, Gizel Siles Roca y Julio Kjari Nina, este último en el penal de San Pedro.

También están detenidas en La Paz, la exgerente Legal Corporativa de YPFB, Cynthia Novillo, en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes (COF), y la gerente Legal de YPFB Andina, Carmen Tellería, en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores.

Además en calidad de prófugo, el director jurídico de Santa Cruz, Fabián Avilés, quien se presume salió a Estados Unidos.

viernes, 16 de junio de 2017

Achá se presenta ante la Fiscalía por el caso taladros


El expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá, se presentó hoy de manera voluntaria en dependencias del Ministerio Público de La Paz para pedir que se lo convoque a declarar por el caso taladros.

Según información a la que accedió la agencia ANF, Achá llegó a la Fiscalía aproximadamente a las 10:50 y entregó un memorial a la comisión de fiscales del caso taladros, que está integrada por Rudy Terrazas y Ramiro Jarandilla.

En dicho documento, Achá dice que no hay ninguna denuncia formal en su contra, sin embargo, pese a ello "me apersono voluntariamente" a la Fiscalía "a efectos de que se me convoque" a declarar.

Esta presentación de Achá ante el Ministerio Público se registra a un día de que el presidente Evo Morales lo reemplazara del cargo de presidente interino de YPFB por Oscar Barriga.

La destitución de Achá se produjo en medio de una serie de críticas, especialmente entre la oposición política del país, por la no inclusión de su persona en la lista inicial de los procesados por las presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación de la empresa italiana Drillmec para la compra de tres taladros.

Además los coimputados de este caso (por los presuntos delitos de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes) aseguraron en los últimos días que el expresidente YPFB autorizó a la gerente de YPFB Andina, Carmen Lola Tellería, a participar de todas las reuniones del proceso de adjudicación sin ser parte del Comité de Licitación.

YPFB, más de 10 años en medio de denuncias


Desde 2006, cuando se produjo la nacionalización de los hidrocarburos y la reconstitución de la estatal petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la empresa tuvo siete presidentes interinos que fueron destituidos en medio de denuncias de corrupción que llegaron a la justicia, aunque no todas se aclararon.

De los siete hombres fuertes de hidrocarburos, dos fueron detenidos y enviados al penal de San Pedro, Santos Ramírez y Guillermo Aruquipa, ambos compañeros de partido y hombres cercanos al entorno del presidente Evo Morales.

De los dos, hoy solo Santos Ramírez guarda detención en el penal de San Pedro y enfrenta una docena de juicios que él cree que están digitados desde el mismo poder que pretende mantenerlo detrás de las rejas, según dijo a EL DEBER luego de conocer la noticia del cambio de presidente en YPFB.

Los expresidentes
Jorge Alvarado fue el primer presidente de YPFB, pero duró menos de un semestre tras ser acusado de la firma de un contrato de exportación de petróleo a Brasil con una intermediaria, y aunque se mencionó un daño de $us 39 millones, no hubo investigación y al final, en agosto de 2006, fue reemplazado por Juan Carlos Ortiz Banzer.

Ortiz Banzer duró un poco más, de agosto de 2006 a enero de 2007, y en conferencia de prensa anunció su retiro de la entidad al señalar que su visión de empresa no fue comprendida por las autoridades del sector.

Luego asumió Manuel Morales Olivera, pero duró tres meses en el cargo, de enero a marzo de 2007. El denominado caso Rugrats fue lo que condenó a Morales, tras ser sindicado por el propio ministro Carlos Villegas. Su gestión había sido cuestionada por la firma de 44 contratos mediante negociaciones secretas con las petroleras.

A Morales lo reemplazó el ex- asesor y hombre cercano a Evo Morales, Guillermo Aruquipa, y fue designado en plena crisis de provisión de gas licuado a la ciudadanía. Juró en marzo de 2007 y duró un año; en 2009 fue acusado de tres delitos, pero luego fue liberado porque no le probaron nada y hoy trabaja como funcionario estatal.

En 2008 asumió la presidencia de YPFB Santos Ramírez y cuando este fue acusado, el entonces ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, en 2009, tomó el puesto convirtiéndose en el presidente que duró más años en la institución, pero igual enfrentó denuncias de corrupción y nepotismo, aunque nunca fue investigado. Villegas falleció tras padecer una enfermedad terminal; lo sucedió Guillermo Achá, quien inició su gestión en 2015 y enfrentó denuncias de corrupción en el caso taladros, hasta que fue cambiado ayer, día en que asumió Óscar Barriga.

Desde el penal
Santos Ramírez, cuya gestión estuvo marcada por los casos Sipsa y Catler, y que hoy cumple una condena de 12 años desde enero de 2012, ayer insistió en ser inocente y aseguró que nunca lo dejaron sacar los documentos de sus oficinas para presentar sus descargos.
Desde el penal, advirtió de que si no se digitaliza la forma de contratación en YPFB, la corrupción no va a desaparecer.

Está recluido en San Pedro
Santos Ramírez habla desde el penal

Entre rejas
El expresidente y hombre fuerte del MAS no pierde de vista el acontecer político, ayer vio la posesión del nuevo mandamás de YPFB en el penal.

Sus procesos
Dice que le abrieron 12 juicios y salió airoso en varios de ellos, pero por alguna razón los fallos se revocan en Sucre.

Delegado
Santos Ramírez es delegado de su sección en el penal y realiza trámites para sus compañeros de encierro todos los días en los tribunales.

Silencio
Prefiere no acusar a ninguno de sus sucesores y evita mencionar los casos de corrupción que él conoce.

Santos Ramírez Tres factores provocan corrupción en YPFB

El expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, indicó que existen tres factores para que la corrupción continúe presente en el interior de la empresa estatal: el poder político, económico y administrativo.

En diálogo con EL DIARIO, el ahora recluido en la cárcel de San Pedro, expresidente de YPFB dijo: “El Estado debe implementar nuevas tecnologías y debe eliminar las comisiones que están a cargo de las licitaciones”.

“Estos problemas continuarán dentro de YPFB, porque es una disputa del poder político y económico en el interior de la estatal; se crean grupos intocables en el interior, que sí los tocas te arman cualquier proceso. Si continúan trabajando con el modelo de las comisiones, los casos de corrupción continuaran”, expresó Ramírez a EL DIARIO en una entrevista en la cárcel de San Pedro, donde se encuentra recluido.

Guillermo Achá fue destituido de la presidencia de la estatal petrolera por estar presuntamente involucrado en varios hechos de corrupción, durante su gestión que dio inicio desde el 5 de febrero de 2015. El caso más connotado es el proceso de adquisición de tres taladros de perforación valuados en $us 148.8 millones.

Ramírez manifestó que las empresas estatales que están a cargo de la producción y administración de los recursos naturales de un determinado país son importantes porque los estados dependen de ellos. En el caso de Bolivia, este depende de los recursos económicos que la empresa obtenga por la venta de los hidrocarburos.

Por eso es necesario que los procesos de licitación y contratación deber ser transparentes, deben ser publicados para evitar que más casos de corrupción se generen en el interior de la estatal.

TRANSPARENCIA

Para evitar que continúen con estos casos de corrupción, se debe implementar una plataforma virtual en la empresa estatal, con la finalidad de transparentar los procesos de contratación, las licitaciones de los proyectos.

“En el caso de las licitaciones, cualquier proyecto que se presente será publicada la información, el proceso será más transparente. Ya no habrá la directa negociación de las empresas privadas con los encargados de las diferentes comisiones de la empresa estatal”, fundamentó Ramírez.

Otra de las nuevas implementaciones que el Estado debe realizar es la creación de un ministerio de tecnologías de la información y comunicación, el cual permitirá que se implemente un software de última generación para eliminar la burocracia y la corrupción en el país.

PROSPECCIÓN

Uno de los puntos que también observó el expresidente de YPFB es que Bolivia no cuenta con una empresa de prospección y exploración de los recursos hidrocarburíferos, la estatal petrolera solo está a cargo de la administración de las reservas de gas que cuenta al momento, pero no se realizaron más estudios para la exploración de campos de reservorio de gas.

“Bolivia no cuenta con una empresa de prospección y exploración que eso debe ser lo más importante para el país. Es posible que dentro 10 años más ya no contemos con reservorios de gas, lo cual será lamentable y afectará al estado. Esta debe ser la primera tarea del Gobierno, crear una empresa de exploración y prospección”, destacó Achá.

Por último, resaltó la necesidad de conocer los reservorios de gas que tiene el país, “YPFB no produce ni un solo barril de petróleo y ni un solo metro cúbico de gas, lo único que hace es administrar las reservas de hidrocarburos que se hallaran en anteriores exploraciones”, precisó.

ANTECEDENTES

La empresa estatal se vio envuelta en varios hechos de corrupción en al menos cinco gestiones. En esta medida, Jorge Alvarado (2006), Juan Carlos Ortiz (2006-2007), Manuel Morales Olivera (2007), Guillermo Aruquipa (2007-2008), Santos Ramírez (2008-2009), Carlos Villegas (2010-2014) y Guillermo Achá (2015).

Ramírez fue posesionado el 12 de marzo de 2008, fue una de las más criticadas debido a que se iniciaron 12 procesos por presuntos hechos de corrupción.

Ordenó la conformación de la empresa YPFB-Sipsa y suscripción de contrato de recalificación de garrafas. En el segundo caso Catler Uniservice, el expresidente fue acusado por corrupción en la adjudicación de obras a la empresa mencionada, la cual estaba encargada de la construcción de la Planta Separadora de Líquidos (Río Grande-Santa Cruz).

También resaltan otros diez casos con diferentes denominaciones: caso Mario Cossio Mac Galem y otros, caso Daesung, caso medidor volumétrico, caso “telas”, caso “zapatos”, caso Estación de Servicios Uruguay, caso camisas y blusas, caso Advisory Group y caso falsificación.

Los hechos comunes que se presentaron en la empresa estatal, se refieren a contratos lesivos contra el Estado, uso indebido de influencias, enriquecimiento ilícito, accidente de tránsito, atraco y asesinato del empresario tarijeño Jorge O´Connor D‘Arlach. Además del robo de llantas y baterías, una red de corrupción en la unidad de comunicación y, finalmente, el caso de las narcocisternas.

miércoles, 14 de junio de 2017

El presidente de YPFB está cercado por el caso taladros

La presunta adquisición irregular de tres taladros de perforación petrolera a la empresa italiana Drillmec acorrala al presidente de YPFB, Guillermo Achá, y los trabajadores petroleros informaron que el presidente del Estado, Evo Morales, evaluará -junto a ellos- su gestión y continuidad en la estatal petrolera. Sin embargo, en la agenda presidencial no está prevista tal reunión.

Ayer circuló en las redes sociales rumores sobre la renuncia del sucesor del desaparecido expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Carlos Villegas. Otras fuentes del sector también tenían esa información.

Ante las constantes solicitudes de los medios de comunicación para obtener una versión oficial, la oficina de prensa de la compañía se limitó a informar que Achá "trabaja con absoluta normalidad en su despacho, ubicado en el piso 6 del edificio de la casa matriz de YPFB”.

En declaraciones a ERBOL, el secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores Petroleros de Bolivia, José Domingo Vásquez, anunció que hoy en una reunión con el presidente Morales se evaluará la gestión del titular de YPFB, a raíz de algunos problemas e irregularidades que se encuentran bajo investigación de la Fiscalía de La Paz.

"El día de mañana (miércoles) vamos a reunirnos nuevamente con el presidente Evo Morales.

Nosotros en la medida que podemos participar como parte laboral, lo hacemos. El presidente está evaluando la gestión y, por supuesto, como ya está el tema en investigación en la Fiscalía, esperamos que en las próximas horas se vayan teniendo los resultados de esas instancias”, manifestó en Palacio Quemado.

Dijo que prefieren no adelantarse al trabajo de la Fiscalía, pero en el marco del control social, solicitan al presidente Morales, que siempre se mande un mensaje de transparencia porque YPFB está en la mira de todos.

La presión para que Achá sea convocado por la Fiscalía a declarar en el caso taladros aumentó, luego de que los coimputados en la investigación aseguraron que éste autorizó a la gerente legal de YPFB Andina, Carmen Lola Tellería Guzmán, a participar de todas las reuniones con Drillmec, sin ser parte del comité de licitación.

Esta ejecutiva fue enviada a prisión, imputada por los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias.

El 1 de junio, la defensa de cinco de los 16 imputados en el proceso apuntó a la responsabilidad de los mandos superiores.

Mario Villafán, abogado de Gizel Siles, afirmó que los administrativos de YPFB acusados sólo acataron las disposiciones del mando superior, como la gerente Legal Corporativo, Cinthia Novillo S., y del jefe de Unidad Jurídica, Fabián Rogelio Avilés.

La oposición exige el alejamiento de Achá, mientras duren las investigaciones.




La investigación que impulsa la Fiscalía

Proceso El Gobierno denunció ante la Fiscalía a 16 personas por irregularidades en la contratación de Drillmec para la compra de tres taladros a YPFB por $us 148 millones.
Respuesta Achá defendió la legalidad del proceso.
Apertura La Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos halló irregularidades en el proceso.

Caso Rózsa Denuncian amedrentamiento en juicio

El procesado Hugo Paz Lavardens denunció amedrentamiento por parte del Ministerio público y del Ministerio de Gobierno en el caso Rózsa.

Lamentó que las autoridades judiciales del Gobierno no permitan la libre declaración de los testigos de descargos en las audiencias del juicio oral.

Lavardens presentó como testigos a sus cuñados Lino Roca y Abraham Dabdoub, los mismos que se hicieron presentes en la audiencia la mañana de ayer para declarar.

Detalle. El abogado defensor de Lavardens, Gary Prado, indicó que en más de una oportunidad los fiscales y los representantes del Ministerio de Gobierno cuestionaron a los testigos con otros fines durante su declaración.

Una de las observaciones fue al representante del Ministerio de Gobierno, que preguntó al testigo si alguna vez había emitido comentarios o compartido publicaciones en contra del presidente Evo Morales o el Gobierno.

El testigo respondió que no, que no recordaba. Luego de esto se pidió al Tribunal de Sentencia a cargo del caso una copia de las actas de la audiencia porque se iniciaría un proceso por falso testimonio contra el testigo.

Críticas. Por tal motivo, Lavardens decidió renunciar a sus testigos de descargo para evitar mayor amedrentamiento a quienes vengan. "Lamentablemente hicimos notar de la situación al Tribunal pero no hizo nada, entonces no podemos permitir que se continúe con este tipo de amedrentamiento a personas que no tienen nada que ver en el proceso", dijo Prado.

"Quieren imponer el miedo a los testigos, anunciando procesos, por eso decidí no traer a nadie más, no tiene sentido que ellos paguen. No pueden, las redes sociales son públicas no pueden fijarse en eso. Pero ya lo consiguieron ellos, así actúan", dijo el procesado.

A su turno la senadora de oposición Carmen Eva González, que se encontraba presente, lamentó las actuaciones de las autoridades judiciales, señalando que existen otros fines.

"Hay una clara intención de impedirle que declaren, la pregunta es ¿por qué? ¿Qué ocultan? Que salga a flote la verdad que este juicio es armado", añadió.

Parte policial señala que Achá fue arrestado por conducir ebrio, YPFB niega este extremo

De acuerdo a un parte policial de Tránsito de la Zona Sur, de la ciudad de La Paz, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá, fue arrestado la madrugada del 28 de enero por conducir con exceso de velocidad y en estado de ebriedad un vehículo marca Toyota de color negro con placa de control 4037-HYU.
La oficina de prensa de la estatal petrolera negó este hecho y aseguró que el máximo ejecutivo de la estatal petrolera se encontraba en Santa Cruz festejando el cumpleaños de su hija.

De acuerdo al parte policial de Tránsito de la Zona Sur al que accedió ANF, durante el patrullaje realizado la madrugada del 28 de enero, se procedió a arrestar al conductor, Guillermo Luis Achá Morales con carnet de identidad 4787313, por conducir con exceso de velocidad el vehículo tipo vagoneta de color negro.

Sin embargo, la unidad de prensa de YPFB indicó que el presidente de YPFB, Guillermo Achá, aclaró en su oportunidad a otro medio de comunicación que buscaba precisar este caso, que el día señalado del supuesto arresto se encontraba en Santa Cruz a donde se trasladó para festejar el cumpleaños de su hija, que no conduce ningún vehículo negro, y que incluso el número de su carnet que figura en dicho parte policial es incorrecto.

El informe de intervención policial preventiva de acción directa firmado por el sargento de turno, Julio Apaza, señala textual: “por este motivo se detuvo este vehículo, identificando al conductor como el señor Guillermo Luis Achá Morales, con carnet de identidad 4787313, el mismo que se encontraba con aliento alcohólico, motivo por el cual fue conducido a dependencias de Tránsito de la Zona Sur, quedando en calidad de arrestado”.

En el formulario que especifica los datos personales, se señala que Achá Morales es boliviano, de profesión administrador de empresas, casado y con domicilio en la zona de Achumani de la ciudad de La Paz.

La oficina de prensa de YPFB incluso habló de una documentación “fraguada” que pretende afectar la imagen de Achá, en momentos en que la estatal petrolera atraviesa un momento delicado.

Un supuesto proceso irregular de contratación de la empresa italiana Drillmec para la provisión de tres taladros por $us 148,8 millones ha derivado en la suspensión de 15 funcionarios y la detención preventiva en diferentes cárceles del país de siete personas, todas vinculadas a la estatal petrolera.

Gobierno deja en manos de la Fiscalía situación del presidente de YPFB en el caso Taladros



El Gobierno dejó en manos del Ministerio Público la situación del presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá, quien fue mencionado por los vinculados en el irregular proceso de contratación de Drillmec para la compra de tres taladros.

“El caso específico, la denuncia contra el presidente de YPFB y otras autoridades, está en la instancia que corresponde que es el Ministerio Público”, afirmó la ministra de Comunicación, Gisela López, al ser consultada sobre la situación y permanencia de Achá al frente de la estatal petrolera.

Investigados en el denominado caso Taladros mencionaron a Achá en sus declaraciones. Es más, según la Fiscalía, la gerente Legal de YPFB Andina S.A., Carmen Tellería, habría recibido un aval especial del presidente de YPFB para participar de las reuniones de seguimiento del contrato de los equipos de perforación.

En reiteradas oportunidades, la autoridad aseguró que todo el proceso de licitación y contratación estuvo enmarcado en los procedimientos y negó que se haya cometido irregularidades.

“Aquí lo importante es que los supuestos hechos de corrupción han sido denunciados por el mismo Gobierno, debemos recordar que todo lo que se está informando es fruto de la Unidad de Transparencia a la cabeza del compañero (Edmundo) Novillo”, aseguró López.

Negó que en el gabinete ministerial se haya tratado la situación judicial del proceso de contratación con la empresa italiana o la permanencia en el cargo del presidente de la estatal petrolera.

“Este Gobierno está luchando contra la corrupción caiga quien caiga, las pruebas son las autoridades presas”, aseguró y dejó en manos de la Fiscalía el caso y la situación de Achá.

Con Tellería, son siete las personas que fueron encarceladas; todos por los de los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias. (14/06/2017)

martes, 13 de junio de 2017

Eduardo León asegura que el Ministerio de Educación aceptó sus documentos para tramitar su título profesional



Eduardo León aseguró este lunes que el Ministerio de Educación aceptó una solicitud que presentó para volver a tramitar su título como abogado que le fue anulado como consecuencia de una denuncia de uso de una Libreta de Servicio Militar falsa.

En mayo de 2016, el Ministerio de Educación anuló el Título en Provisión Nacional de León debido a que –según una denuncia- presentó una libreta militar falsa. El Ministerio de Defensa inició una demanda contra el acusado, quien permaneció once meses en la cárcel.

“Hemos mandado una solicitud al propio Ministro de Educación y el señor ministro hace aproximadamente dos semanas, nos han señalado de que podemos darle los documentos para que puedan ellos puedan habilitarnos el título respectivo”, aseguró.



Según León, eso quiere decir que el Estado boliviano “sabe y siempre ha sabido de que Eduardo León es abogado” por lo que consideró que se cometió un “exabrupto” al haberle arrebatado el Título en Provisión Nacional.

Su abogada, Zuleika Lanza afirmó que el título de su defendido “jamás ha sido falso” y que eso lo establece la investigación y la propia verdad material del caso. “El ministerio público ha hecho una pericia, eso determina que las notas son legales no son falsas”, añadió.

El 24 de abril salió de la cárcel de San Pedro, una semana después que la Justicia ordenara su excarcelación y su detención domiciliaria. Estuvo recluido once meses y durante ese tiempo aseguró que fue ilegal el proceso que se le inició. (12/06/2017)

Juez rechaza declinatoria de competencia en caso de García Meza



La juez Cuarto de Instrucción en lo Penal, Margot Pérez, rechazó este martes la excepción de declinatoria de competencia que presentó la defensa del exdictador Luis García Meza, en el proceso penal por un daño económico al Estado de 4 millones de dólares.

"La Juez Cuarto de Instrucción en lo Penal de la ciudad de La Paz decide declarar infundada la excepción de la incompetencia propuesta por Luis Arturo García Meza Tejada y se dispone la multa de 200 bolivianos que debe ser efectiva en el Consejo de la Magistratura", dijo la juez en audiencia.

Resuelta la excepción, la juez suspendió la audiencia y corren las 72 horas para que la defensa apele la resolución de rechazo, para proseguir con el proceso.

Por su parte, el fiscal Rudy Terrazas manifestó que tras el rechazo la juez tiene plena competencia para conocer el proceso debido a la creación física de los juzgados anticorrupción, que fue posterior a la denuncia presentada por el Viceministerio de Transparencia.

Recordó que en 2016 el Ministerio Público imputó a García Meza y a sus hijos María Lucia, Luis y Susana García Meza Cabrera por los delitos de enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias con afectación al Estado de 4 millones de dólares. (13/06/2017)

‘Vice’ de YPFB acude a la convocatoria de la Fiscalía y sale libre


El vicepresidente de Administración, Contratos y Fiscalización, de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Jorge Patricio Sosa Suárez, brindó su declaración informativa ante el Ministerio
Púbico ayer en la ciudad de La Paz, en calidad de investigado.

Luego del proceso desde la mañana hasta horas de la noche, fue dejado en libertad.
Según el fiscal Ruddy Terrazas, Sosa firmó el contrato de adjudicación para la adquisición de tres taladros a la empresa Drillmec Spa, el pasado 7 de diciembre de 2016 y el Ministerio Público lo sindicó, en base a la denuncia realizada en abril pasado, por el Ministerio de Justicia, por la presunta irregularidad en el hecho.

“Sosa fue convocado en calidad de investigado. La comisión de fiscales es la que debe tomar la decisión de su situación, una vez acabe la declaración y sus descargos”, explicó el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco.

Consultado sobre otras personas que serán convocadas, Blanco no quiso revelar nombres, pero explicó que la labor investigativa le corresponde al Ministerio Público, que definirá a quién cita.
“Veremos lo que dice la investigación. No podemos confirmar ni descartar la participación de nadie, sino que, en función a los indicios de la investigación, vamos a llamar a declarar a quien corresponda”, dijo.
Luego de la denuncia formal en contra de 15 funcionarios de YPFB, en abril, la estatal petrolera decidió suspender de sus cargos a los sindicados, incluido Sosa, mientras concluyan las investigaciones por parte del Ministerio Público.

En la lista de separados del cargo por el caso taladros, figuran la gerenta de Contrataciones, Paola Andrea Oporto, así como del área de Contrataciones, Mayra Geraldine Vásquez, Marianela Aguilera Camacho, Mario Alejandro Dalence Vidal y Roxana Nina Urquizu.

También del área solicitante David Pérez Alba, José Marcos Rejas Gómez, Bizmar Serrano Parada, Miguel Ángel Bandeira Suárez, Martín Panoso Pérez y David Francisco Valverde Rojas. Y del área jurídica fueron separados del cargo, Julio Cari Nina, Mauricio Bustos y Gisel Siles.

En el Legislativo Informe de Papeles de Panamá será en agosto

La Comisión Especial Mixta de Investigación de la Asamblea Legislativa amplió plazo hasta agosto para la entrega del informe final sobre el caso Papeles de Panamá debido a que los asambleístas a cargo del caso son parte de las comisiones para la preselección de candidatos al Órgano Judicial, informó el senador del MAS, Ciro Zabala.

“Se prevé reiniciar el trabajo en la Comisión de Investigación de Papeles de Panamá en la segunda semana de agosto y más o menos en septiembre se contará con todos los informes, estamos verificando las investigaciones y se está registrando los documentos”, informó.

Esta es la tercera oportunidad que se determina la ampliación, la primera vez fue hasta el 31 de marzo del presente año, después, solicitan una segunda ampliación hasta finales de este mes porque se identificaron más evidencias de investigación.

Ahora se pidió una tercera ampliación debido a que los asambleístas de esta comisión también sor parte del proceso de selección de candidatos al Órgano Judicial.

INVESTIGACIÓN

La comisión investigó a 15 empresas privadas que estarían involucradas en este caso, uno de ellos es la empresa cementera Viacha, que era propiedad de Samuel Doria Medina. Zabala fundamentó que ya se cuenta con el informe de las 15 empresas, las cuales al finalizar con el trabajo serán remitidas a la Fiscalía para que inicien con las investigaciones.

La instancia Legislativa, formada el 13 de mayo de 2016, tiene la misión de investigar presuntos manejos irregulares de las empresas y empresarios mencionados en el caso Papeles de Panamá, revelado en mayo del año pasado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en ingles).

La información preliminar revelada por la ICIJ señala que 95 firmas, 18 clientes, ocho beneficiarios y 35 accionistas corresponden a Bolivia.

Por otra parte se conoce de manera preliminar que algunas empresas registraron un movimiento económico de más $us 200 millones.

Peredo: “la pruebas no solo son documentales”

El presidente interino de la Federación Boliviana de Fútbol, Marco Peredo, afirmó ayer que hay varios tipos de pruebas para demostrar lo que afirmó, haciendo referencia a las denuncias que hizo el domingo en contra de varios directivos del fútbol nacional supuestamente involucrados en actos de corrupción.

Peredo explicó que no necesariamente hay pruebas documentales como le comenzaron a exigir los directivos de la Asociación Nacional de Fútbol (ANF), tras las acusaciones de las que fueron objeto, porque tanto el corruptor como el corrompido no firman un documento, pero se puede apelar a otro tipo de pruebas.

“Las pruebas no son solamente documentales pueden ser testificales, pueden ser presuncionales, pueden ser indiciarias, pueden ser de inspecciones, reconstrucciones, osea todo aquel elemento que a base de la deducción lógica lo lleve inequívocamente a una conclusión o a la comprobación de un hecho es prueba”, sostuvo.

El directivo indicó que los que ahora reclaman “donde está el papel que diga (…)” deben fijarse en los votos a cambio de una esponsorización y la muestra está en “la camiseta de los clubes y por quién voto ese club y tiene la esponsorización no me pida más”, explicó al referirse directamente al presidente de The Strongest, César Salinas.

Peredo también se lanzó contra la prensa deportiva indicando que debería preocuparse por investigar todos estos hechos de corrupción y denunciar algo que es un secreto a voces.

“Esto es interés de los diez millones de bolivianos, que están clamando transparencia en el fútbol y cuando yo entro a alguna elección con dádivas, con dineros de por medio no estoy garantizando la transparencia del manejo de la Federación”, expresó e indicó que está en las condiciones de demostrar los actos de corrupción.

Reiteró sus declaraciones del domingo, cuando dijo que recurrirá el presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales, para hacerle conocer todos hechos y lo mismo hará con el Fiscal General de la Nación, para su respectiva investigación.

“Voy a buscar todas las cosas (…). Los giros bancarios que se hicieron para las coimas, hay otras que se entregaron en efectivo, declaraciones de la gente que si se las cruza, se encuentra clarito la evidencia”, señaló.

Finalmente dijo que es el momento de luchar y erradicar la corrupción del fútbol boliviano. “Hoy o nunca. No solamente transformación de normas, también de personas, porque hay gente buenísima”, apuntó.

Video Marco Peredo acusa a Lizarazu, Cortez, Tellez y a Cesar Salinas Presidente de The Strongest

lunes, 12 de junio de 2017

Vice de YPFB declara por caso taladros


El vicepresidente de Administración y Contrataciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Jorge Patricio Sosa Suárez, se presentó hoy al Ministerio Público, que lo convocó en calidad de investigado, en el caso taladros.

Sosa es uno de los 16 sindicados incluidos en la denuncia del Ministerio de Justicia que presentó el mes pasado a la Fiscalía por la presunta irregularidad en la adquisición de tres taladros de la empresa italiana Drillmec Spa.

Intento de fuga

Ayer, el Ministerio Público informó de la aprehensión de la gerente legal de YPFB Andina, Carmen Lola Tellería Guzmán, en la localidad de Yacuiba, Tarija, cuando pretendía fugar del país por el paso fronterizo hacia Pocitos, Argentina.

Su audiencia de medidas cautelares será al medio día de hoy. El Ministerio Público adelantó que pedirá su detención preventiva.

Tellería, al igual que los otros 6 funcionarios detenidos preventivamente, están acusados por la Fiscalía por los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias.

La comisión de fiscales conformada por Ruddy Terrazas y Ramiro Jarandilla fundamentó la imputación contra Tellería, quien se abstuvo a declarar tras ser aprehendida en la localidad de Yacuiba, Tarija, cuando pretendía fugar del país por el paso fronterizo hacia Pocitos, Argentina, para evadir a la justicia.

De acuerdo con indicios y declaraciones que cursan en el cuaderno de investigación, Tellería tuvo una importante participación en el proceso de elaboración del contrato de la adjudicación de Drillmec, sin ser parte del Comité de Licitación.

"En el presente caso esta servidora pública se ha aprovechado de las funciones que ejercía, pues la misma no era parte de YPFB casa matriz y tampoco era parte del Comité de Licitación, actuando de manera directa e indirecta en el proceso de contratación", señala la resolución de imputación.

Fiscalía imputa a ex gerenta de YPFB y pide su detención preventiva


El Ministerio Público imputó a la Gerente Legal Corporativa de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Andina, Carmen Lola Tellería Guzmán, y solicitó su detención preventiva por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias, que derivaron en irregularidades en la adjudicación de la empresa italiana Drillmec para la compra de tres equipos de perforación.

"El Ministerio Público colectó una serie de indicios que hacen presumir la participación de la imputada en los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias, por lo que será sometida a una audiencia de medidas cautelares en la que los fiscales solicitarán la detención preventiva en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores", señaló el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, citado en un boletín de prensa.

La comisión de fiscales conformada por Ruddy Terrazas y Ramiro Jarandilla fundamentó la imputación contra Tellería, quien se abstuvo a declarar tras ser aprehendida en la localidad de Yacuiba, Tarija, cuando pretendía fugar del país por el paso fronterizo hacia Pocitos, Argentina, para evadir a la justicia.

De acuerdo con indicios y declaraciones que cursan en el cuaderno de investigación, Tellería tuvo una importante participación en el proceso de elaboración del contrato de la adjudicación de Drillmec, sin ser parte del Comité de Licitación.

"En el presente caso esta servidora pública se ha aprovechado de las funciones que ejercía, pues la misma no era parte de YPFB casa matriz y tampoco era parte del Comité de Licitación, actuando de manera directa e indirecta en el proceso de contratación", señala la resolución de imputación.

Ante lo expuesto, los fiscales Terrazas y Jarandilla solicitaron la detención preventiva de la imputada, toda vez que concurren los riesgos procesales de fuga debido a que no tuvo la voluntad de someterse al proceso, y por el contrario intentó huir del país.

Asimismo, concurre el riesgo de obstaculización del proceso debido a que la imputada puede modificar, destruir y ocultar elementos de prueba importantes para este proceso, además que existe la probabilidad de que pueda influir en otros co-imputados, peritos o testigos.

domingo, 11 de junio de 2017

Aprehenden a la gerente Legal de YPFB Andina por el caso Taladros

La gerente legal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Andina S.A., subsidiaria de YPFB Corporación, Carmen Tellería Guzmán, fue aprehendida en la localidad de Yacuiba, Tarija, cuando pretendía fugar del país por el paso fronterizo hacia Pocitos, Argentina, para evadir a la justicia por las irregularidades en el proceso de contratación de tres equipos de perforación adjudicados a la empresa Drillmec.

Su aprehensión ocurrió luego de que Tellería se apersonara el sábado al puesto de control de migración en Yacuiba, donde al momento de presentar su pasaporte éste fue observado, por lo que el personal se comunicó con Interpol para que inmediatamente sea remitida a dependencias policiales.


“La comisión de fiscales, en su calidad de director funcional de la investigación, libró un mandamiento de aprehensión contra esta ciudadana, quien al percatarse de la orden en su contra permaneció oculta e intentó fugar del país por Yacuiba”, informó el fiscal asignado al caso, Ruddy Terrazas, en un boletín del Ministerio Público.

Hasta el momento son seis las personas que fueron encarceladas en el caso. La última fue la exgerente legal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Cynthia Novillo, por los de los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias.

De acuerdo con las investigaciones, una vez que el Ministerio de Hidrocarburos hizo pública las irregularidades del proceso de licitación, se convocó al Comité de Licitación para que exponga sus respaldos ante los técnicos de transparencia en una reunión en la que Tellería tuvo una "importante participación" justificando la enmienda III.


Luego de su aprehensión, fue trasladada a la ciudad de La Paz por el fiscal Luis Tárraga, de Tarija, junto a dos custodios policiales, para que enfrente el proceso en su contra. Se encontró una serie de indicios sobre la comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias.

El fiscal Ramiro Jarandilla, de la comisión del caso, indicó que tras su arriba al Ministerio Público de La Paz la acusada se abstuvo a declarar sobre su participación en el proceso de elaboración del contrato de la adjudicación de la italiana Drillmec, sin ser parte del Comité de Licitación.

Video Corrupcion FBF, Liga y ANF: Marco Peredo vs Freddy Tellez



Funcionarios de Dircabi pierden un automóvil en Cobija mientras almorzaban en Brasil

El Ministerio Público registró una denuncia del director regional de Dircabi, Felipe Rojas, sobre el robo de una movilidad -incautada al narcotráfico- que desapareció en la avenida Internacional de la ciudad de Cobija, mientras los funcionarios compartían un almuerzo en Epitaciolandia, Brasil. En el interior de la movilidad también estaba el arma de fuego de un policía.

La camioneta color blanco, marca Volkswagen, modelo 2015, con placa brasileña NXT-1108 fue incautada al narcotráfico en la pasada gestión en el departamento Pando y mediante orden judicial pasó a la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi).

El viernes 2 de junio funcionarios de esa institución deciden utilizar el automóvil para movilizar al director nacional, Marcelo Gutiérrez, quien arribó a la capital pandina con el propósito de verificar la situación de la dirección regional.

El fiscal de materia, José Luis Quispe, señaló que de acuerdo a la denuncia del director departamental, Felipe Rojas, la movilidad estaba estacionada frente a oficinas de Dircabi, ubicado en la avenida Internacional, a escasos metros de la tranca que une a la ciudad de Cobija (Bolivia) con Epitaciolandia (Brasil), presumen que desapareció entre las 13.00 y 14.30 horas, cuando los funcionarios después de sostener una reunión deciden trasladarse a territorio brasileño para degustar un almuerzo.

En el interior del automóvil también se encontraba el arma de reglamento de un funcionario policial (M.C.) que presta sus servicios en Dircabi. El uniformado decide acompañar al director nacional, departamental y asesor jurídico hasta Epitaciolandia para compartir el almuerzo. Consciente que ninguna persona puede cruzar la frontera con un arma de fuego decide guardar en el interior de la movilidad.

Inicialmente este caso se intentó manejar en reserva, los funcionarios de la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos en coordinación con el Ministerio Público iniciaron las investigaciones, sin embargo, aún no se tienen mayores datos sobre los presuntos autores del robo y menos del destino de la movilidad, aunque no se descarta hubiese sido trasladado a territorio brasileño. (…)Si quiere saber más sobre este u otros temas, suscríbase o adquiera en los puntos de venta el Periódico Perla del Acre.

sábado, 10 de junio de 2017

Defensa de abogados suspendidos: “Es imposible” sustentar defensa de Gerente de YPFB en caso Drillmec

Andrés Zúñiga, abogado defensor de uno de los tres abogados suspendidos de YPFB, ahora detenido preventivamente por el caso Taladros Drillmec, afirma que es “imposible” sustentar el argumento de la defensa de Cynthia Novillo, exgerente Legal Corporativa de la Estatal Petrolera, quien afirma que sus inferiores sobrepasaron su autoridad para modificar la licitación para la comprar de los equipos por un costo de 148 millones de dólares.

CONTRADICCIONES

El miércoles, el fiscal general Ramiro Guerrero aseveró, en conferencia de prensa, que pese a los argumentos de la defensa de todos los procesados, se encontró varias contradicciones entre las declaraciones de los imputados.

En efecto, en la audiencia del día jueves, la defensa de Novillo expuso argumentos que abren la polémica entre los actuales detenidos, al margen que se han involucrado 23 nombres, de los cuales 16 denunciados por el Ministerio de Justicia.

NOVILLO

Gonzalo Cordero, abogado de Novillo, en audiencia cautelar, admitió que su cliente, mediante el “informe” GLC 733ULGAJ385/2016, tomó conocimiento de las “recomendaciones” hechas para modificar el formulario de licitación para la compra de los tres taladros, entre ellas, la “enmienda III”, elaborada por los asesores legales.

Pero Cordero negó enfáticamente que luego de este informe exista un documento suscrito por Novillo “instruyendo o aprobando” la implementación de las modificaciones, y descargó toda la responsabilidad en sus subalternos, señalando que estos habían sobre pasado su autoridad.

Para la comisión de fiscales, Novillo ordenó y autorizó estas enmiendas, desconociendo el Reglamento de Contratación de Bienes y Servicios Especializados en el Extranjero.

ANTECEDENTE

Dentro del caso del supuesto favorecimiento, en el proceso de contratación a la empresa italiana Drillmec, para la compra de tres taladros, la Fiscalía sindicó a 16 personas, de las cuales 6 ya están detenidas preventivamente, dos en La Paz, Julio Kjari, miembro del equipo de asesores legales de YPFB, interno en el penal de San Pedro; y desde ayer, Cynthia Novillo, en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, quien renunció a YPFB en diciembre de 2016.

En tanto, otros cuatro, que estaban en arraigo familiar, fueron enviados al penal de Palmasola, en Santa Cruz. Se trata del Director interino de Operaciones de Perforación, ingeniero Bigmarck Serrano, y el Gerente de Perforación Corporativa, ingeniero David Pérez; el resto del equipo de asesores legales, Félix Bustos y Gizela Siles, fue suspendido sin goce de haberes.

IMPOSIBLE

Sobre el argumento de la defensa de Novillo; el abogado Zúñiga, defensor de Félix Bustos, criticó la postura de la nombrada, manifestando a EL DIARIO: “un poco difícil, casi imposible, que la justificación de la doctora Novillo le alcance para decir (probar) que ellos (los asesores legales) la sorprendieron en su buena fe”.

Para el jurista, los abogados sólo pudieron sorprender la buena fe de Novillo si se hubiera roto los niveles de comunicación entre las unidades u omitido informes, algo que no pasó.

Al contrario, los subalternos, antes de ser llevados a Santa Cruz, aseguraron que la “recomendación” que realizaron fue avalada hasta por cinco firmas.

FUNCIONARIOS

En la primera audiencia cautelar de este caso, que duró dos días, la pasada semana, Kjari, Bustos y Siles presentaron descargos documentales y aseguraron que el “informe de recomendaciones” que emitieron para la modificación de la licitación, que se publicó para la compra de taladros, fue hecho cumpliendo una “instructiva superior”.

Según la fundamentación de los abogados de la defensa, en ambas audiencias cautelares, la instrucción de flexibilizar los requerimientos para las contrataciones internacionales ha sido dirigida por Novillo el 19 de agosto de 2016 a la entonces jefe de contrataciones, Paola Oporto, quien, a su vez, transmitió la instructiva al jefe de la unidad legal de Santa Cruz, Fabián Avilés (ahora con mandamiento de aprehensión), quien por último instruyó a los tres abogados que se realice las modificaciones, entre ellas la polémica “enmienda III”, que reduce los requerimientos para las empresas que se presentaron.

Sin embargo, algo en lo que coinciden todos los imputados, es que las modificaciones que se implementaron a los procesos de licitación, fueron hechas desconociendo qué empresas se presentarían a la licitación y que no fue determinante para la adjudicación de Drillmec.

Video Senador Ortiz Presenta el Libro Cronica de una traicion - Fondo Indigena

viernes, 9 de junio de 2017

Valverde apunta de nuevo al caso Zapata



Carlos Valverde, el periodista que en 2016 reveló que Gabriela Zapata fue pareja de Evo Morales y que era gerenta de CAMC, presentó un documento del supuesto informe sicológico de Evo Morales, Gabriela Zapata y el falso hijo de ambos.

Desde Argentina, Valverde publicó un informe atribuido a la sicóloga del Juzgado 1º de La Paz, Luisa F. Lazarte, y concluye que el presidente “tiene rasgos de personalidad ‘evitativa’, con indicadores de inmadurez sicoafectiva, lo que no le permite mantener una relación de pareja estable, más bien se observa necesidad de afecto”.

El ministro Reymi Ferreira, autor de un libro sobre Zapata, retrucó:“No es alguien válido Valverde. No vamos a opinar, no conozco el documento”. /PO

Evo pide anular certificado de supuesto hijo con Zapata


El presidente Evo Morales interpuso una demanda para anular el certificado de nacimiento del supuesto hijo que tuvo con su exnovia Gabriela Zapata, informó el viernes el abogado del Jefe de Estado, Ricardo Velásquez.

"Lo único que les puedo decir es que sí, efectivamente se ha interpuesto una demanda para anular la partida de nacimiento del niño y es evidente eso", confirmó el jurista.




Acotó que el caso está en proceso entre las partes interesadas y próximamente se definirá si corresponde la nulidad de la partida de nacimiento.

Además, según el abogado, el Servicio de Registro Cívico (Sereci) también ya fue notificado para que tenga conocimiento de este caso.


Entre tanto, el documento sigue vigente, ya que anteriormente una Notaria de Fe Pública de Cochabamba afirmó que el certificado es legal, porque incluso se presentaron testigos para obtener esa partida de nacimiento y el padre pagó por ese trámite.


Sin embargo, una juez determinó en La Paz la inexistencia física del supuesto hijo de Zapata y Morales.

miércoles, 7 de junio de 2017

Ministerio Público convoca a declarar a la hija de García Meza por legitimación de ganancias ilícitas



Susana García Meza Cabrera, hija del exdictador Luis García Meza, fue convocada a la Fiscalía de Santa Cruz para prestar su declaración informativa en el marco de la investigación por el delito de legitimación de ganancias ilícitas.

“Mañana va a venir a declarar esta señora por el delito de legitimación de ganancias ilícitas. Se está trabajando vía cooperación en la ciudad de Santa Cruz para que preste la declaración informativa”, anunció el fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero.



La hija del exdictador forma parte de la investigación que incluye a sus dos hermanos, quienes están acusados de haber movido entre 1999 y 2012 $us 4 millones en cuentas bancarias. Se indaga además el origen de 24 bienes y 13 vehículos.

La hija mayor, María Lucia García Meza, asumió defensa en el caso mientras que Luis García Meza Cabrera fue declarado rebelde. Según el Gobierno, la familia está realizando movimientos en cuentas bancarias en Norteamérica, Citybank, en Panamá y Bolivia.

La investigación de la Fiscalía señala que el protagonista del golpe militar del 17 de julio de 1980 favoreció a sus descendientes ilícitamente. Para el viceministro de Transparencia Institucional, Gonzalo Trigoso, los hijos del exdictador disfrutan del dinero que “robó” su padre.

Senador Ortiz presenta libro que reúne investigación sobre el Fondo Indígena



Crónica de una traición: Investigación del Fondo Indígena, titula el texto de autoría del senador de la opositora Unidad Demócrata Óscar Ortiz y que reúne 30 meses de investigación que impulsó su despacho con sus correligionarios sobre el caso del ex Fondo Indígena.

El opositor indicó que el nuevo texto, que será presentado oficialmente en la Feria del Libro de Santa Cruz este viernes, complementa el Informe de Fiscalización sobre el Fondo Indígena que presentó en diciembre de 2016.

“Recoge no solamente las pruebas contundentes reunidas en el proceso de investigación, sino también algunas reflexiones para que la población conozca lo que ocurrió y que, colectivamente, sabiendo la verdad o al menos lo que logramos descubrir de ella, las y los bolivianos no permitamos abusos de poder y corrupción en el futuro”, dijo Ortiz.

En el texto, el opositor expone argumentos para sostener la tesis que el Gobierno del gobiernista Movimiento Al Socialismo (MAS) dividió a los sectores indígenas que se favorecían con sus fondos a través de la prebenda.

El escándalo del denominado Fondioc estalló en febrero de 2015 después de que la Contraloría General del Estado (CGE) revelará un daño de Bs 71 millones por proyectos fantasmas e inconclusos financiados por el Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades Campesinas (Fondioc) y que arrastró a otras exautoridades como a la exministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, quien a la fecha está en la cárcel.

El Fondo Indígena fue liquidado en 2015 y reemplazado por el Fondo de Desarrollo Indígena, creado mediante el Decreto Supremo 2493 ese mismo año. (07/06/2017)

Aprehenden a la gerente legal de YPFB en La Paz


La Comisión de Fiscales que investiga la supuesta compra irregular de taladros de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a la empresa italiana Drillmec Spa, decidió la aprehensión de la gerente legal de YPFB, Cynthia Novillo.

Según el fiscal Rudy Terrazas, la funcionaria fue aprehendida después de dar su declaración informativa la mañana de este miércoles.

Sin dar mayores detalles, señaló que la sindicada pasará a manos de un juzgado cautelar, que definirá su situación jurídica.

No aparecen los citados

Al menos tres personas sindicadas dentro del proceso investigativo no aparecen en la Fiscalía que los ha citado para su declaración informativa.

"Los hemos citado pero no se han apersonado. Ya tienen órdenes de aprehensión", informó el Fiscal General, Ramiro Guerrero en La Paz.

La autoridad sin embargo, no quiso dar los nombres de las personas que son investigadas dentro de este proceso en el que también se procedió a la detención preventiva de otros cuatro funcionarios estatales.

Sobre el presidente de la estatal petrolera, Guillermo Achá, señaló que la comisión de fiscales será la que va a definir el momento de su citación.

martes, 6 de junio de 2017

El 74% de la población cree que hay corrupción en YPFB

El 74% de los bolivianos cree que en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) hay corrupción. El dato se obtuvo de la última encuesta realizada por Mercados y Muestras, entre el 14 y 17 de mayo, a nivel nacional, tanto en el área urbana como rural.

Ante la consulta: ¿usted cree que hay corrupción o que no hay corrupción en YPFB?, el 74% respondió que "sí”, mientras que el 9% consideró que "no” hay corrupción en la petrolera estatal boliviana. Del total de los encuestados, 17% declaró no saber o prefirió no responder a la consulta de Mercados y Muestras.

La empresa también consultó a los encuestados cómo catalogaban el nivel de corrupción en YPFB, el 35% consideró que el nivel de corrupción petrolera es "alto”, el 33% lo calificó de "medio” y el 22% dijo que "muy alto”. El 6% aseguró que el nivel de corrupción en Yacimientos es "bajo”.

Ante la pregunta de ¿cómo deberían adjudicarse la ejecución de proyectos del Estado? El 77% de los consultados dijo que por "licitación” y el 12% por "adjudicación directa”.


La semana pasada, cinco funcionarios de YPFB fueron enviados a la cárcel preventivamente por la supuesta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias en el caso taladros, una de las últimas denuncias de corrupción que tocó a la empresa estatal. El caso contempla la comisión de supuestos delitos en la contratación de la firma italiana Drillmec para la provisión de tres taladros a YPFB por 148 millones de dólares.

Desde la nacionalización de Yacimientos (2006), los escándalos por corrupción en la empresa petrolera estatal no han parado. Uno de los más grandes se dio durante la gestión de Santos Ramírez (2008 - 2009), cuando el atraco y asesinato del empresario Jorge O’Connor D’Arlach que puso al descubierto al menos 12 delitos, entre contratos lesivos al Estado y otros.



Escándalos en YPFB

2007 Durante la presidencia en YPFB de Manuel Morales Olivera se denunció la elaboración de 44 contratos irregulares negociados secretamente con empresas petroleras. En ese periodo se conoció el caso de los "Rugrats”, la planta ejecutiva de Morales, para la que Yacimientos desembolsó 342 mil bolivianos para unos cursos en Cuba.
2008 La muerte del empresario Jorge O’Connor D’Arlach durante un asalto en el que le robaron 450 mil bolivianos destapó al menos 12 delitos que se cometieron durante la presidencia de Santos Ramírez en YPFB. Ramírez cumple una condena de 12 años de cárcel.
2012 Durante la gestión de Carlos Villegas se presentaron los casos de Gerson Ramírez, detenido por enriquecimiento ilícito y uso indebido de bienes del Estado. Ramírez, que fungía como gerente nacional de Plantas de YPFB. En esta gestión se presentaron otros escándalos, como el robo de llantas en El Alto y Santa Cruz.
2014 También en la presidencia de Carlos Villegas en Yacimientos se descubrió una red de corrupción en la unidad de comunicación de la petrolera, donde se realizaron incluso adjudicaciones a empresas creadas por familiares de la directora de comunicación de entonces, Selva Camacho.
2015 En la gestión de Guillermo Achá se destapa el caso " narcocisternas”. El escándalo surgió después de que en Argentina se encontrara droga en camiones de una empresa contratista de Yacimientos.
2017 El caso es uno de los últimos escándalos en la petrolera estatal. Contempla la comisión de supuestos delitos en la contratación de la firma italiana Drillmec para la provisión de tres taladros a YPFB por 148 millones de dólares. Cinco funcionarios de bajo rango están detenidos. (ANF y Página Siete)

Indagan contratación de implicado en video soborno en un Ministerio

El Ministro de la Presidencia, René Martínez, reveló que investiga la contratación de Edson Alí Espinoza en esa entidad estatal. El supuesto funcionario, que realizó una declaración jurada de bienes en la Contraloría estuvo implicado en el caso terrorismo y nunca asistió a declarar.

Alí Espinoza fue la persona que fue señalada de filmar el denominado video soborno, que reflejó la entrega de $us 31.500 a Ignacio Villa Vargas "El Viejo". En esa grabación fue sobornado por presuntos agentes de Inteligencia para que se vaya a Argentina, luego de delatar al grupo del fallecido Eduardo Rosza, el principal acusado de sedición y separatismo por el gobierno el año 2008.
Alí Espinoza en el video del soborno

Alí Espinoza nunca se presentó para declarar dentro de las indagaciones por el caso. Ahora resulta que desde hace cinco días (desde el 30 de Mayo del 2017) es funcionario en el Ministerio de la Presidencia, como se pudo confirmar en una declaración jurada de bienes, presentada ante la Contraloría.

Sobre Alí Espinoza, cuando este medio le consultó al ministro de la Presidencia, René Martínez esta mañana manifestó: “este ultimo dato que usted nos da vamos a hacerle el seguimiento oficial. Obedece a un tiempo distinto, haremos verificación institucional. Como en toda entidad pública, hay registros, hay tareas de responsabilidad o no, y que oportunamente, luego de la revisión de esos hechos podremos dar una información oficial. Esto no implica una anticipación de ninguna posición por parte del Gobiermo”.