sábado, 30 de abril de 2016

Excuñada de Zapata confirma una venta



La excuñada de Gabriela Zapata, Daniela Carvajal, prestó su declaración ante la Fiscalía el 13 de abril y confirmó que en octubre de 2012 ella y sus hermanos acordaron vender un terreno que tenían en herencia en la comunidad de Mecapaca, que entonces pertenecía a la familia Carvajal-Zapata.

Dijo que la venta se realizó en Bs 136.000 y que ella no supo más de Gabriela Zapata; según su hermano Hugo, fue su exesposa la que pagó el costo de ese terreno y desconoce si ella dispuso de esos bienes después de su divorcio.

En entrevista con EL DEBER, el 17 de marzo, dijo que todos los bienes que poseía los obtuvo de su matrimonio con Hugo Carvajal y que de esa asistencia se beneficiaron sus dos hijos después de su divorcio

Fiscalía aclara que Alejandro Delius fue aprehendido por no presentarse a declarar



El cantante Alejandro Delius declarará hoy ante la Fiscalía tras haber sido aprehendo la tarde de ayer en la ciudad de Santa Cruz por no haberse presentado a una citación fiscal como testigo en el caso de nominado Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales y acusada por delitos como enriquecimiento ilícito, informó el fiscal Daniel Ayala.

“La Fiscalía me pidió muy amablemente que declare en La Paz para colaborar en la investigación. No le sigan el juego al show de los medios (sic)”, publicó anoche Delius en su cuenta de la red social Twitter tras su aprehensión, aunque Ayala aclaró hoy que se activó la orden porque no se presentó a declarar.

En febrero, poco después de que se conoció el caso Zapata, el exintegrante de la agrupación Quirquiña fue filmado al salir de un exclusivo restaurante de la zona Sur de La Paz acompañado de Zapata. Reaccionó molesto frente a las cámaras. Días después, reconoció una relación de “amistad” con la exgerente de la empresa china CAMC, hoy investigada por denuncias de tráfico de influencias.

De acuerdo con la red televisiva Unitel, el Ministerio Público investiga la compra de un vehículo que estaría a nombre del artista con recursos de la expareja presidencial, quien es investigada en el marco del caso de uso de bienes públicos con fines personales

Alejandro Delius fue aprehendido por caso Zapata

El fiscal departamental de Santa Cruz, Gomer Padilla, confirmó a El DIARIO la aprehención, ayer por la noche, del excantante y amigo de la expareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata, y hasta el cierre de esta edición se conocía que era trasladado a La Paz.

En enero, Delius, dio a conocer su apoyo a la expareja del Presidente, y se especulaba con una relación sentimental entre ambos.

Según el informe de Padilla, una comisión especial de la Fiscalía de La Paz, viajó hasta ese departamento con la orden expresa de aprehender al exvocalista del grupo Quirquiña.

El operativo, se realizó en el marco de las investigaciones que se siguen por el supuesto delito uso indebido de influencias y enriquecimiento ilícito contra Zapata y otros dos funcionarios del Ministerio de la Presidencia.

Su aprehensión se efectuó cerca de las 18.05 de ayer, y se dio a conocer que Delius era trasladado vía terrestre, y su arribo a La Paz, sería en horas de la madrugada de hoy.

Delius es considerado un firme defensor del presidente Evo Morales y el denominado “Proceso de Cambio” del Movimiento al Socialismo (MAS).

Para el referendo constitucional, del pasado 21 de febrero, Delius compuso una canción apoyando la reelección de Morales y el vicepresidente Evo Morales.

Desmienten a Zapata

Ante sindicaciones de que planificó fugar a Brasil con ayuda de dirigentes opositores, Gabriela Zapata, exnovia del presidente Evo Morales, indicó que no conoce Brasil y jamás fue a ese país; sin embargo, informes de Migración revelan que la joven fue al vecino país en 2013.

Este jueves, el ministro de Gobierno señaló que Zapata estableció contactos con políticos bolivianos en Brasil, con el objetivo de fugar a ese país y luego tramitar refugio.

El informe detalla que en fecha 18 de mayo de 2013, la expareja de Morales viajó del aeropuerto de Viru Viru hacia Sao Paulo, además de otros viajes detallados en el informe.

Por su parte, el abogado de Zapata, Eduardo León, indicó que la declaración de su clienta se refiere solamente a viajes realizados en 2016.

“Lo que sucede es que el Gobierno ha señalado que doña Gabriela Zapata habría tenido contactos con el señor Roger Pinto a fin de poder abandonar el país, no se ha demostrado hasta ahora materialmente qué tipo de contactos (…) y se ha establecido que ella no ha viajado a Brasil”, explicó el jurista.

Héctor Castellón: Fiscalía “inunda de procesos” a exdirector del Fondioc para desviar la investigación

Héctor Castellón, abogado del exdirector del Fondo Indígena (en proceso de liquidación), Marco Antonio Aramayo, sostiene que en una actitud de “deslealtad procesal”, la Fiscalía está “inundando de procesos” a su defendido, con el fin de desviar la investigación contra los verdaderos responsables que con los dineros recibidos del Fondioc a cuentas particulares.

La madrugada del miércoles 26 de abril, Aramayo, fue sacado de forma irregular del Penal de San Pedro, donde guarda detención preventiva, desde marzo de 2015.

Por su lado, el Director Nacional de Régimen Penitenciario, Jorge López, rechazó la versión y explicó que se dio cumplimiento a un exhorto suplicatorio y justificó la hora del traslado por contratiempos con los vehículos asignados para el viaje.

Sin embargo, en contacto con EL DIARIO, Castellón informó que la juez Tercero de Instrucción en lo Penal Cautelar de Trinidad, Yensy Rojas, suspendió la audiencia que se previó realizar en la capital beniana, luego de que interpuso un recurso por el cual se ponían en evidencia las irregularidades del traslado.

MÁS PROCESOS

Castellón informó que ante la suspensión de la audiencia, Aramayo fue trasladado de regreso a La Paz y el próximo viernes deberá afrontar dos audiencias.

En la primera, se realizará una apelación ante miembros de una Sala Penal, también de Trinidad y, a la segunda, será la audiencia cautelar suspendida.

El jurista defensor de Aramayo detalló que con este proceso suman más 30 las denuncias en su contra, y son más de 7 las imputaciones por las cuales guarda detención preventiva y cuenta con procesos en los nueve departamentos.

Este hecho, calificó como una “deslealtad procesal” por parte del Ministerio Público, en sentido de que todos los procesos tienen un mismo origen y los riesgos procesales son los mismos y estos ya han sido desvirtuados en otras audiencias.

Según la determinación de la juez Rojas, Aramayo fue trasladado del penal de San Pedro a Trinidad en medio de un operativo ilegal, sin notificación previa y en un horario inadecuado, por lo que Castellón adelantó que se harán las denuncias respectivas para que se sancione por esta irregularidad.

En el proceso, Aramayo es sindicado, junto a otros tres coimputados, de incurrir en los delitos de incumplimiento de deberes, incumplimiento de contrato y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.

Aramayo está detenido preventivamente en el penal de San Pedro por el caso Fondioc, en el que se investiga 153 “proyectos fantasmas”, que causaron daño económico al Tesoro General de la Nación (TGN) por el monto de Bs 71 millones.

Ortiz: Caso del ex Fondo Indígena quedó en el olvido y la impunidad

El analista político cruceño Jimmy Ortiz afirmó ayer que el “tráfico de influencias”, en el caso de la empresa china CAMC, en el cual está involucrado el presidente Evo Morales y otras altas autoridades de Gobierno, dejó en el olvido al otro polémico tema: el escándalo de corrupción en el exFondo Indígena (Fondioc) que estalló en 2015, instancia que estaba a cargo de la ex ministra Nemesia Achacollo y otros cinco ministros.

El experto en temas políticos calificó como realmente inadmisible que la corrupción escandalosa que se produjo en el exFondo quede en la impunidad y deje sin castigo a aquellas autoridades que estuvieron a cargo de una institución, que fue creada para incentivar la producción en el sector campesino”, enfatizó.

“Se puede afirmar que esta instancia sólo habría servido para que el Gobierno, a través de la exministra Nemesia Achacollo, eche mano de los dineros del Fondo, cuyos fondos fueron dilapidados en aquellas denominadas obras “fantasmas”, beneficiando a dirigentes allegados al Movimiento Al Socialismo (MAS).

Ortiz se refirió también a los muchísimos casos de corrupción, comenzando por lo ocurrido en COMIBOL con Santos Ramírez, el contrabando en 33 camiones por Pando, las “barcazas chinas”, el exFondo Indigena y el tráfico de influencias del caso CAMC.

BRASIL

“En cambio, en Brasil, donde se produjeron igualmente varios actos de corrupción, los principales responsables de esos hechos están cumpliendo sus condenas en prisión. En cambio, aquí en el país, ocurre todo lo contrario, puesto que altas autoridades de Gobierno no tienen sanción debido al “silencio cómplice” de la Fiscalía General y de la propia justicia.

Según Ortiz, la corrupción en Fondic incluso perdió interés mediático, puesto que ahora nadie parece acordarse del grave despilfarro y engaño que se produjo en esta institución, por lo que cree que se terminará sancionando sólo a los “chivos expiatorios”

CASO CAMC

Respecto al caso CAMC, afirmó que tendrá el mismo destino que el tema del Fondioc, porque la Comisión Mixta de Investigación Legislativa no aborda el tema central, que es el “tráfico de influencias”, que involucra al Presidente, la señora Zapata y al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.

ESCÁNDALO

ESTALLO EN 2015

El escándalo del Fondioc estalló a principios de 2015, en contra del deseo de las principales autoridades del Gobierno y por una sola razón: las denuncias sobre el mal manejo de los fondos destinados a las comunidades indígenas eran demasiado evidentes y fueron de conocimiento de la oposición en todos sus detalles.

A partir de ese momento, el Gobierno comenzó a reconocer algunos hechos, sin embargo, al mismo tiempo intentó minimizar el tamaño y la gravedad de lo sucedido, cuando hacerlo hubiera constituido una confesión de parte. El objetivo ahora de las autoridades es buscar minimizar la gravedad de un delito que salpicó a cinco ex ministros.

“El presidente Morales dijo en 2015 que se perdieron sólo 2 millones de bolivianos y que gobiernos anteriores había desfalcado “mucho más”. Según miembros de la oposición, no fue esa suma de dinero, sino mucho más.

La misma oposición reveló que no se buscó usar el Fondo para mejorar la vida de los indígenas, sino para responder a la demanda de las dirigencias que pedían se les entregara dinero directamente a ellas.

INTERVENCIÓN

Por estas irregularidades, el Gobierno intervino esa repartición, trabajo que concluyó en agosto del año pasado y confirmó el manejo irregular de Bs 14,5 millones por 30 obras inexistentes, cifra que puede elevarse a Bs 102 millones, debido a que faltan revisar otros proyectos.

Respecto a los arrestos, a la fecha existen 29 personas encarceladas y otras 4.300 procesadas por la Fiscalía, entre sindicalistas, asambleístas y exautoridades.

Los de mayor jerarquía son Marco Antonio Aramayo, exdirector ejecutivo del Fondo de Desarrollo para Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (2013-2015), y Elvira Parra, exjefa de la Dirección Administrativa Financiera del Fondo Indígena (2009-2011), detenidos preventivamente en los penales paceños de San Pedro y Obrajes, respectivamente.

En cambio, las ex autoridades superiores del Fondioc y los ministros que autorizaron los desembolsos y tuvieron conocimiento de lo que acontecía en este organismo, están quedando en total impunidad.

viernes, 29 de abril de 2016

Detienen en Santa Cruz a Alejandro Delius por el caso Zapata

El cantante Alejandro Delius fue aprehendido este viernes por la tarde en Santa Cruz por personal de Inteligencia de la Policía Boliviana. Según reportes extraoficiales, el artista fue detenido en el domicilio de un familiar ubicado en el centro de Santa Cruz. Delius había sido citado a declarar por el caso Gabriela Zapata. Se conoce que Delius será trasladado a La Paz. En imágenes que se viralizaron en las redes sociales, Delius apareció en un lugar público de La Paz junto a Zapata, días después de que estalló el escándalo de supuesto tráfico de influencias. Entonces Delius mostró su molestia contra los reporteros que filmaban el momento en que abordaba junto a Zapata una lujosa vagoneta.

Fiscal se falta al juicio del caso Rózsa



Sergio Céspedes, fiscal que encabeza la investigación del caso Rózsa, no asiste desde el lunes a las audiencias del juicio, que se inició en 2009 contra 39 personas acusadas de terrorismo, algo que ha sorprendido a los procesados dado que, precisamente, en esta semana uno de los policías investigadores está prestando sus declaraciones como testigo de la Fiscalía.

Frente a versiones extraoficiales sobre la ausencia —que van desde que Céspedes está de vacaciones hasta la sospecha de que hubiera sido removido del caso— ni sus colegas Marco Antonio Rodríguez y Óscar Vera, fiscales de la comisión de este caso, ni la Fiscalía General explicaron del porqué de la ausencia de Céspedes.

El fiscal Rodríguez aseguró que desconocía los motivos de la inasistencia de su colega. Dijo que correspondía a la Fiscalía General del Estado o al propio Sergio Céspedes dar una explicación.
EL DEBER solicitó información al despacho del fiscal general, Ramiro Guerrero, a través de dos de sus colaboradores, pero no hubo respuesta.

Las reacciones
“Se ha hecho extrañar el fiscal Céspedes, se nota que no está porque no se oye a la persona que destila odio y con la que me acostumbré a pelear”, dijo con ironía el abogado Otto Ritter, defensor de Juan Carlos Guedes, exdirigente de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) enjuiciado por sus contactos con el fallecido Eduardo Rózsa.

“No sabemos nada”, manifestó al respecto Gary Prado, abogado de varios de los acusados.

La Unión Juvenil Cruceñista
En la audiencia, el coronel de la Policía Julio Larrea, investigador del caso Rózsa, fue interrogado por Ritter sobre el atentado en la casa del cardenal Julio Terrazas y sobre sus conocimientos de la UJC. Rodríguez objetó varias preguntas de Ritter, indicando que incurrió en muchos errores de forma en las preguntas

Aramayo retorna a La Paz tras suspensión de audiencia



Marco Antonio Aramayo, exdirector del ex Fondo de Desarrollo Indígena, Originario y Campesino (Fondioc), retorna al penal de San Pedro de La Paz, luego de que la jueza 3ª de Instrucción en lo Penal Cautelar de Trinidad, Yensy Rojas, suspendió la audiencia en la capital beniana.

Aramayo, acusado en el caso denominado Fondioc, fue trasladado del penal de San Pedro a Trinidad durante la madrugada del miércoles, en medio de un operativo ilegal, sin notificación previa y en un horario inadecuado, según denunció su abogado, Héctor Castellón. Sin embargo, el jefe de la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario, Jorge López, rechazó esa sindicación, pues explicó que se dio cumplimiento a un exhorto suplicatorio y que hubo contratiempos con los automóviles asignados para el viaje.

Castellón afirmó que durante la audiencia de ayer, Rojas certificó que no hubo notificación al acusado ni a su persona. En este caso, indicó que para el traslado ilegal pudo haber errores en la parte acusadora del proceso o en instancias judiciales paceñas. Por esta causa, anunció que interpondrá las denuncias respectivas para que se sancione por esta irregularidad.

Acusación. En este juicio, en el que también están implicadas otras personas, Aramayo es acusado de cometer los delitos de incumplimiento de deberes, incumplimiento de contrato y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.

Aramayo está detenido preventivamente en el penal de San Pedro por el caso Fondioc, proceso que fue abierto en febrero de 2015, cuando la Contraloría General del Estado descubrió que 153 obras financiadas por esa repartición estatal no habían sido ejecutadas, aspecto que causó un daño económico al Tesoro General de la Nación (TGN) de unos Bs 71 millones.

Tras conocerse esa irregularidad, el Gobierno intervino el Fondioc por seis meses, tiempo en el que detectó 30 “obras fantasma” valuadas en Bs 14 millones, cifra que podría llegar a los Bs 102 millones, debido a que aún faltan inspeccionar otros trabajos que también fueron financiados.

Castellón informó que Rojas convocó a otra audiencia por este caso para el próximo viernes, pero a realizarse en la ciudad de La Paz. Desde el año pasado, Aramayo expresó su temor de que lo lleven a otra cárcel y de que atenten contra su vida. Según las previsiones del viaje, Aramayo llegará a La Paz mañana, ya que el recorrido desde Trinidad lo volverán a hacer por vía terrestre.

“Cumplimos con todo el procedimiento para efectuar el traslado (de reos). El asunto es que, a veces, la cuestión operativa del vehículo lo ve el encargado de transporte, para que se puedan dar las movilidades correspondientes; seguro que en esto hubo un atraso”, indicó López al referirse a la hora en que fue trasladado Aramayo a la capital de Beni.

Además, el Director de Régimen Penitenciario deslindó responsabilidad en el transporte del procesado, debido a que esa labor está a cargo de otro personal de su despacho. “Yo nunca no veo quién es la persona que es trasladada”, agregó y aseguró que él ordena que se dé cumplimiento a los requerimientos judiciales.

Proceso paralizado

La Paz

El fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, informó que la investigación del caso Fondioc está paralizada en esta región, al igual que otros casos importantes, por la pesquisa al consorcio ilegal de jueces y abogados.

Choque asegura ser perseguida política del Ministro de la Presidencia


cristina choque dijo ser utilizada como chivo espiatorio.

La jefa de la Unidad de Apoyo a la Gestión Social (UAGS), del Ministerio de la Presidencia, Cristina Choque, aseguró que Juan Quintana la utilizó y se declaró perseguida política del ministro Ramón Quintana.

“Él me ha utilizado, yo soy un chivo expiatorio, soy una perseguida política por parte de él (Quintana)”, declaró Choque ayer a su salida de una audiencia en el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), a la cual fue trasladada junto a la expareja del Presidente, Gabriela Zapata, y el responsable de almacenes de la UAGS, Jimmy Morales.

En la audiencia debía abrirse los sobres que contienen documentación secuestra en la UAGS y la casa de Zapata.

Entre las evidencias están los libros originales del registro de ingresos a la UAGS, en los que se presume figuran los nombres de funcionarios del Movimiento Al Socialismo MAS, autoridades, empresarios que se reunían con Gabriela Zapata o, como ella ha dado a entender, con el ministro Quintana.

“Él conocía mi oficina, él se reunía incluso en Gestión Social. Él es la máxima autoridad, yo dependo de él, el fiscal debería tomar todas las medidas necesarias con respecto a este caso”, declaró ayer Choque, entre los forcejeos de los custodios que impidieron que hable con la prensa.

La dirigente de las juventudes del MAS, vecina de Evo Morales en el Chapare, está recluida preventivamente en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes (COF), sindicada de uso indebido de bienes del Estado y favorecimiento al enriquecimiento a particulares.

Por su lado, el ministro Quintana aún sostiene no conocer a la expareja del Presidente, quien señala que él es “el responsable de las decisiones más importantes” de su vida en los últimos años y ha dado a conocer una serie de mensajes de tono íntimo por los cuales se ha solicitado pericias, pero el ministro ha entregado otro aparato celular, acción que es calificada de “inverosímil y mañosa”, por parte de la oposición.

Respecto de Choque, aún está pendiente una recusación que se ha presentado en contra de Quintana, para rechazar la destitución a su cargo en la UAGS, por su calidad de madre que brinda lactancia.

Exdirectora del Fondioc evita detención por un nuevo juicio en Potosí

La exdirectora del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fondioc), Elvira Paula Parra de Chuquimia, evitó la imputación por un presunto manejo irregular de recursos fiscales en el proyecto de “Carpas solares” en Tupiza y su detención en este proceso en la audiencia desarrollada en el Juzgado de Instrucción Penal 5to en la Villa Imperial.

La exejecutiva del Fondioc llegó al Palacio de Justicia a las 15:35, a la audiencia convocada por la jueza Gladys Romero. Tenía custodia policial, estaba enmanillada y acompañada de su abogado.

La audiencia de imputación y consideración de medidas cautelares comenzó a las 15:45 resolviendo que la abogada, Patricia Virginia Soto, no estaba legalmente habilitada como representante de la liquidadora del Fondioc, Lariza Veruska Fuentes.

El fiscal Daniel Ticona, en su condición de fiscal anticorrupción, informó que el proceso se planeó por la liquidación del Fondioc por incumplimiento de deberes, daño económico al estado y otros por el proyecto de construcción de “carpas solares” en el municipio de Tupiza.

El proyecto nunca se habría concretado pese a existir desembolso de recursos económicos, lo cual generó un daño al Estado por que la denuncia se extendió a la dirigente campesina Dionisia Yucra y los técnicos Pastor Miranda Yucra y Pablo Quispe Cruz.

Los dos últimos no se presentaron a la audiencia pese a estar legalmente notificados ante lo cual el Ministerio Público solicitó la declaratoria de la rebeldía, el arraigo, la publicación de sus datos y señas y la emisión del mandamiento de apremio.

La abogada de Defensa Pública, Ana María Chávez, dijo que Pastor Miranda y Pablo Quispe son de Tupiza, región en la que existía paro y bloqueo de caminos lo cual habría imposibilitado su presentación.

La jueza suspendió la audiencia para el martes 17 de mayo a las 15:00 dando por notificadas a las partes que estaban presentes.

Es un proceso por proyecto de carpas solares

Elvira Paula Parra de Chuquimia, Dionisia Yucra, Pastor Miranda Yucra y Pablo Quispe Cruz son investigados por la presunta comisión de delitos de daño económico al Estado y otros.

Están implicados en el proyecto de "Construcción de carpas solares en el municipio de Tupiza" del Departamento de Potosí.

Cuando Elvira Parra era la directora del Fondioc (2012) se dio el adelanto de 800 mil Bolivianos, pero ella dejó el cargo y no sabe cómo marchó el proyecto productivo.

Ella está detenida en la cárcel de Obrajes, de La Paz, pese a lo cual el fiscal encargado iba a solicitar su detención preventiva y la de los otros implicados para garantizar su presencia.

Zapata afirma que Quintana le pidió que salga del país


Gabriela zapata calificó de burlas las declaraciones del ministro carlos romero.

La expareja del presidente Evo Morales calificó de “burda” la versión del ministro de Gobierno, Carlos Romero, sobre su supuesta fuga al Brasil y aseguró que, al contrario, luego de que se dio a conocer la relación que mantenía con Morales, Quintana le pidió que salga del país y ella se negó.

“El servicio de Inteligencia debería de informarle al Ministro de Gobierno que cuando el Ministro de la Presidencia me ha pedido que abandone el país, no lo he hecho. Si yo hubiera tenido intenciones de fugarme, como se dice, lo hubiera hecho”, fue la declaración de Zapata, ayer.

Al ser consultada sobre las declaraciones del ministro Romero, sobre una posible coordinación con el exsenador Roger Pinto, para esta fuga, Zapata señaló “esas son mentiras burdas”, que, afirmó, buscan desprestigiarla.

ERROR EN

NOTIFICACIÓN

Zapata ha sido traslada ayer, junto a la jefa de la Unidad de Apoyo a la Gestión Social (UAGS), del Ministerio de la Presidencia, Cristina Choque y el almacenero de esta institución, Jimmy Morales, al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), para que asistan a la apertura de sobres de documentos y equipos de computación, secuestrados en la vivienda de la exnovia del Presidente y de las oficinas de Gestión Social. Sin embargo, la audiencia fue suspendida por la juez Primero Anticorrupción, Cinthia Delgadillo.

La juez explicó que la audiencia se suspendió por la inasistencia de los abogados de Zapata, hasta el próximo cuatro de mayo.

Empero, la decisión fue censurada por Williams Sánchez, quien, mostrando el encabezado del documento, detalló que la notificación para ambos abogados se la hizo para que asistan al Juzgado Segundo Anticorrupción, a cargo de otra juez, y que a eso se debió su retraso.

Por otro lado, se corroboró que las notificaciones para el chofer Morales y Choque se emitieron señalando su trasladado al IDIF.

En la jornada previa se dio a conocer una carta que Zapata le dirigió al presidente Morales hace un mes, donde reitera que quien debe ser investigado es el Ministro de la Presidencia, e insiste que este le miente a él y al país, según confirmó el abogado Eduardo León. La misiva fue entregada al apoderado del presidente, Gastón Velásquez, y también se le pidió tener una reunión con él, la cual, al parecer, no ha sido aceptada.

QUINTANA

Zapata denunció que Quintana le pidió abandonar el país con destino a Brasil, después de que salió a la luz la denuncia del presentador de televisión Carlos Valverde. A esta acusación se sumó Cristina Choque, exjefa de la Unidad de Apoyo y Gestión Social, que afirmó que Quintana sostuvo varias reuniones en dependencias de la oficina que administraba.

En febrero, Valverde denunció que Zapata, aprovechando su relación con el Primer Mandatario, benefició con contratos millonarios a la Empresa China CAMC y para este cometido utilizó ambientes del Ministerio de la Presidencia. El ministro Quintana interpuso una querella penal en contra de Zapata, Choque y el chofer Morales, por el delito de uso inadecuado de bienes del Estado.

jueves, 28 de abril de 2016

Choque: 'Quintana disponía del destino de las mercaderías donadas por la Aduana'

La exjefa de la Unidad de Apoyo y Gestión Social del Ministerio de la Presidencia, Cristina Choque, declaró que el ministro de esa cartera de Estado, Juan Ramón Quintana, disponía de las mercaderías que llegaban a esa repartición producto de los decomisos de la Aduana Nacional.

En marzo, unas fotografías fueron publicadas por el senador Arturo Murillo, donde se observa a la exgerenta comercial de la empresa china CAMC, Gabriela Zapata, junto a la presidenta de la Aduana, Marlene Ardaya, y supuestamente junto a Cristina Choque. Quintana en declaración ante el fiscal dijo que Choque presuntamente favoreció a Zapata con mercancías entregadas por la Aduana y con objetos de donación de unidades solidarias.

Al respecto, Choque señaló en su declaración informativa, al que accedió ANF, que "él (ministro) dice que yo he hecho mal manejo respecto a las mercaderías de la Aduana Nacional de la Ley N° 615, el ministro Quintana firma los convenios con las Fuerzas Armadas para que se nos presten ambientes como almacenes, también el ministro disponía el destino de éstas mercaderías".

La exjefa de Gestión Social dijo que existen leyes de transferencia de mercaderías de la Aduana Nacional al Ministerio de la Presidencia.

Según la normativa, la distribución de las donaciones provenientes de la Aduana es potestad de la máxima autoridad del Ministerio de la Presidencia.

Afirmó que en ningún momento favoreció a Zapata con bienes o con contratos porque el cargo que desempeñaba no tenía las facultades para tomar ese tipo de disposiciones, que son competencia exclusiva de la autoridad de la Presidencia.

Choque argumentó que gracias al buen trabajo que desarrolló en Gestión Social fue ratificada tanto por el ministro Carlos Romero como por Quintana.

Zapata envía una carta a Evo y le dice que no es “cara conocida”

La expareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata, le envió a éste una carta manuscrita desde el penal en el que se encuentra y en la misiva le pide que el ministro Juan Ramón Quintana sea acusado por los delitos por los que ella es sindicada. También explica por qué no aceptó tomarse la muestra de ADN el lunes.
No se pudo comprobar que la carta le fue enviada al Primer Mandatario. ANF obtuvo la carta de familiares de Zapata.
En varias partes de la carta, Zapata, que asegura haber tenido un niño con Morales, se refiere a él como “mi hijo”, pero no escribe “nuestro hijo”. También le dice que debería ser “primer ejemplo de Padre y si no lo ha sido debe serlo”.
“Es demasiado el descaro y la necesidad de la no existencia (de mi hijo), me da lástima el proceder de tu ministro JR (Juan Ramón Quintana), debería de decirte la verdad a ti y a los bolivianos, en estos últimos años las decisiones más importantes en mi vida han sido conducidas por él, este es el resultado de su interés”, afirma la misiva.
Zapata añade que “el patrocinador, el fiscal y auspiciador es él, el (ilegible) tiene que ser juzgado en calidad de sindicado, él ha atentado contra el Estado nacional, yo sólo soy un instrumento”.
Al principio de la carta, Zapata dice que siente “lástima” que él “como dignatario de Estado permita que se juegue con la vida de un niño y permita que su existencia sea ultrajada dónde quedan los principios del proceso, es usted Padre de la Patria primer ejemplo de Padre también y si no lo ha sido debe serlo”


La exnovia de Morales, acusada de enriquecimiento ilícito, denuncia en la carta que los abogados de Morales la amenazan durante las audiencias.
“Sus apoderados me amenazan, en cada audiencia le faltan el respeto a mi hijo, mi hijo no es un animal es un ser humano yo no soy una ‘cara conocida’ soy una mujer madre y ante todo merezco respeto porque duele parir, duele que mi familia de pertenencia, mis hijos estén llorando sangre”, expresa.
Luego relata las circunstancias en las que el 25 de abril fue conducida al IDIF, donde debía realizarse la toma de sangre para la prueba de ADN, a la que sí asistió el presidente Morales, para establecer si el niño es hijo de ambos.
Explica que el oficial a cargo del traslado la llevó inicialmente a la UTOP para evitar que se encuentre en el IDIF con el Presidente.
“Cuando uno afronta la paternidad se hace de manera conjunta, no hubo la seguridad sin tu presencia para que el niño esté presente, no me voy a prestar a ningún juego más”, expresa, para añadir que “voy a someterte a una prueba con todas las garantías necesarias”.

Zapata afirma que Quintana le pidió que abandone el país

Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales, denunció este jueves que el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, le pidió abandonar el país con destino a Brasil, después de que salió a la luz la denuncia del presentador de televisión, Carlos Valverde. A esta acusación se sumó Cristina Choque, exjefa de la Unidad de Apoyo y Gestión Social, que afirmó que Quintana sostuvo varias reuniones en dependencias de la oficina que administraba.
En febrero, Valverde denunció que Zapata aprovechando su relación con el Primer Mandatario benefició con contratos millonarios a la empresa china CAMC y para este cometido utilizó ambientes del Ministerio de la Presidencia. El ministro Quintana interpuso una querella penal en contra de Zapata, Choque y otro exfuncionario por el delito de uso inadecuado de bienes del Estado.
Sin embargo, Zapata y Choque afirman que fueron chivos expiatorios de la autoridad y apuntan a Quintana como el principal responsable del delito de uso indebido de influencias.
“Pero el servicio de inteligencia debería de informarle al Ministro de Gobierno que cuando me ha pedido que abandone el país el Ministro de la Presidencia no lo he hecho, entonces si yo hubiera tenido intenciones de fugarme como se dice lo hubiera hecho. (Esta petición salió) cuando sale la denuncia (del caso)”, afirmó Zapata.
La exnovia de Morales indicó que buscan desprestigiarla con todas las acusación y señaló que desconoce que haya pretendido fugar al Brasil con ayudad del exsenador opositor, Roger Pinto. La joven aseguró que no conoce ni Brasil ni a Pinto.
Cristina Choque sostuvo que el ministro Quintana la utilizó como un chivo expiatorio y anunció que seguirá declarando para detallar que la autoridad conocía muy bien todo el caso.
“Él me ha utilizado, yo soy un chivo expiatorio, soy una perseguida política por parte de él. Él conocía mi oficina, él se reunía incluso en Gestión Social. Él es la máxima autoridad, yo dependo de él, el fiscal debería tomar todas las medidas necesarias con respecto a este caso”, indicó.
Choque y Zapata fueron citadas este jueves al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para la apertura de sobres de documentos secuestrados de la vivienda de la exnovia del Presidente y de las oficinas de Gestión Social, sin embargo esta actividad fue suspendida por la jueza Cinthia Delgadillo.
Ambas mujeres detenidas preventivamente piden que la Fiscalía investigue al Ministro de la Presidencia.

Zapata pide a Morales ser ejemplo y que Quintana sea acusado

“Es demasiado el descaro y la necesidad de la no existencia (de mi hijo), me da lástima el proceder de tu ministro JR (Juan Ramón Quintana), debería de decirte la verdad a ti y a los bolivianos, en estos últimos años las decisiones más importantes en mi vida han sido conducidas por él, este es el resultado de su interés”, afirma la misiva.

La expareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata, le envió al presidente Morales una carta manuscrita desde el penal en el que se encuentra en la que le pide que el ministro Juan Ramón Quintana sea acusado por los delitos por los que ella es sindicada. También explica por qué no aceptó tomarse la muestra de ADN el lunes.

No se pudo comprobar que la carta le fue enviada al Primer Mandatario. ANF obtuvo la carta de familiares de Zapata.

En varias partes de la carta, Zapata, que asegura haber tenido un niño con Morales, se refiere a él como “mi hijo”, pero no escribe “nuestro hijo”. También le dice que debería ser “primer ejemplo de Padre y si no lo ha sido debe serlo”.

Zapata añade que “el patrocinador, el fiscal y auspiciador es él, el (ilegible) tiene que ser juzgado en calidad de sindicado, él ha atentado contra el Estado nacional, yo sólo soy un instrumento”.

Al principio de la carta, Zapata dice que siente “lástima” que él “como dignatario de Estado permita que se juegue con la vida de un niño y permita que su existencia sea ultrajada dónde quedan los principios del proceso, es usted Padre de la Patria primer ejemplo de Padre también y si no lo ha sido debe serlo”.

La exnovia de Morales, acusada de enriquecimiento ilícito, denuncia en la carta que los abogados de Morales la amenazan durante las audiencias.

“Sus apoderados me amenazan, en cada audiencia le faltan el respeto a mi hijo, mi hijo no es un animal es un ser humano yo no soy una ‘cara conocida’ soy una mujer madre y ante todo merezco respeto porque duele parir, duele que mi familia de pertenencia, mis hijos estén llorando sangre”, expresa.

Luego relata las circunstancias en las que el 25 de abril fue conducida al IDIF, donde debía realizarse la toma de sangre para la prueba de ADN, a la que sí asistió el presidente Morales, para establecer si el niño es hijo de ambos. Explica que el oficial a cargo del traslado la llevó inicialmente a la UTOP para evitar que se encuentre en el IDIF con el Presidente.

“Cuando uno afronta la paternidad se hace de manera conjunta, no hubo la seguridad sin tu presencia para que el niño esté presente, no me voy a prestar a ningún juego más”, expresa, para añadir que “voy a someterte a una prueba con todas las garantías necesarias”. (ANF)

Defensa teme por su vida Desconocen paradero de exdirector del Fondioc

Marco Antonio Aramayo, exdirector del (en proceso de liquidación) Fondo Indígena, fue trasladado de forma irregular, del penal de San Pedro al de Mocovíe en Trinidad, Héctor Castellón, abogado defensor criticó que el traslado se haya hecho a medianoche y sin una notificación adecuada.

“Me están llevando a la cárcel de Mocoví, no sé para qué”, fue parte de la corta declaración que Aramayo brindó cerca de la una de madrugada de ayer cuando efectivos de Policía lo sacaban del penal de San Pedro y lo subían a un vehículo con rumbo desconocido.

MINISTRO DESCONOCE

Ante la negativa de dar información por parte del director de Régimen Penitenciario, Jorge López, al que EL DIARIO llamó en reiteradas oportunidades, se consultó al ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien declaró desconocer sobre el traslado.

Hasta el cierre de esta edición, se desconocía el paradero de Aramayo y su abogado se encontraba en Santa Cruz, tratando de verificar si su cliente estaba siendo conducido a Mocoví vía terrestre.

DEFENSA

Ante el traslado irregular, Castellón afirmó que no se los había notificado de ningún otro proceso y descalificó que el traslado se lo haga en horas de la madrugada, hecho que le hacía desconfiar sobre la seguridad de su cliente. Antes de ser introducido en el vehículo, Armayo responsabilizó por su vida al Gobierno.

Minutos más tarde, Castellón mostró un documento con el cual la Policía justificó su accionar y verificó que este había sido firmado por la juez tercero de instrucción penal, de Trinidad, en la que no se señala el nombre del proyecto que se investiga.

En dicha copia, la juez, a instancia de la denuncia presentada por la interventora del Fondioc, Larisa Fuentes, se observa que junto a Aramayo, estánotros tres coimputados, por los supuestos delitos de “incumplimiento de deberes, incumplimiento de contrato y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado”.

Por este proceso, de cual se desconoce el proyecto y los montos, la jueza dispuso el traslado de Aramayo de La Paz a Trinidad, por vía terrestre, para una nueva audiencia cautelar que enfrenta la exautoridad.

Castellón declaró que en abril del año pasado, con el fin de evitar “este manoseo” a la persona de Aramayo, se ha solicitado la unificación de los procesos que comprometen un supuesto mal manejo de recursos del Fondioc.

Pero hasta fecha el juzgado segundo anticorrupción, a cargo de Cinthia Delgadillo, no ha notificado con la negativa o aceptación de este recurso, según confirmó el fiscal del caso, Anghelo Sarabia.

En tal sentido, Castellón criticó el accionar de la interventora Fuentes a la cual Aramayo le reclama, verifique el grado de responsabilidad de la exministra Nemesia Achacollo quien, junto a ministros y altos dirigentes del MAS, hasta la fecha, no son investigados, por llevar dinero a sus cuentas particulares y aprobar proyectos fantasmas pero, en cambio, se procede de esta manera con su defendido.

miércoles, 27 de abril de 2016

Fondo Indígena Abogado de Aramayo denunció su posible traslado a cárcel de Beni

Héctor Castellón, abogado de Marco Antonio Aramayo, quien se encuentra con detención preventiva en el penal de San Pedro, por presunta corrupción en el ex Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campecino (Fondioc), denunció que se sospechaba de un posible traslado del detenido a la cárcel de Beni.

Este aspecto fue descartado a las 22.30 de ayer, cuando el abogado Castellón confirmó la presencia de un coronel de la Policía, elemento que considero sospechoso, porque uniformados de ese rango no trabajan en ese horario en las cárceles.

Medios de comunicación estuvieron presentes para poder reflejar lo que pasaba en la cárcel de San Pedro, porque la defensa de Aramayo se denunció el supuesto traslado en horas de la tarde, lo cual según Castellón desvirtuó la acción en contra del exdirector del Fondioc.

Abogado del presidente Morales advierte a Zapata

Gastón Velásquez, abogado del presidente Evo Morales, indicó que su cliente no volverá a realizarse la toma de muestra de ADN porque ya cumplió con el mandato de la autoridad judicial y advirtió que Gabriela Zapata, expareja de Morales, tendría consecuencias legales por incumplir el mandato emitido por la jueza de la Niñez y Adolescencia, Jacqueline Rada.

La semana pasada, Rada ordenó que tanto el Primer Mandatario, Zapata y el supuesto hijo que tuvieron ambos en 2007 se tomen muestras para el análisis de ADN en el Instituto de Investigaciones Forenses (IDF); sin embargo, solo Morales cumplió este pedido. Su expareja se negó al análisis y tampoco llevó al menor. Alegó falta de garantías para cumplir el proceso.

“El señor Evo Morales ya no se va a volver a presentar porque él ya ha cumplido con el mandato legal y con el mandato judicial ya se la ha tomado las muestras (…). La jueza ha requerido una prueba y si una parte no coopera, lógicamente ella (Zapata) va a sufrir las consecuencias legales”, aseguró el jurista.

Velásquez dijo que no tienen temor si Zapata decide presentarse en los próximos días para la toma de muestra pero el presidente Morales ya no lo hará.

Añadió que no es la primera vez que la expareja del Primer Mandatario desobedece una disposición judicial ya que anteriormente fue conminada para presentar al niño.

Asimismo, el abogado indicó que Zapata solo viene engañando y mellando la dignidad de Evo Morales, porque a la fecha no se sabe a qué niño presentaron ante la jueza y no hay algún elemento que aclare sobre la existencia del menor.

“Yo considero que el niño no va a ser presentado jamás”, apuntó el jurista. (ANF)

martes, 26 de abril de 2016

Investigación sobre el Fondo no avanza

Las citaciones y declaraciones de las personas involucradas en la investigación judicial para esclarecer el caso del liquidado Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc), están paralizadas.

Andrés Zúñiga, abogado defensor de Bernardo Carhuani Pardo, Quitín Susara Quispe, Roly Óscar Gabriel Córdova y Carlos Callisaya Condori, dijo que el Ministerio Público no ha emitido ninguna orden de aprehensión ni citó a declarar a otras personas para esclarecer el destino de $us 6,8 millones correspondientes a 49 proyectos del Fondo Indígena. Además, anunció que hasta mañana presentará una acción de libertad a favor de sus defendidos.

Por su lado, el fiscal que investiga ese caso, Ángelo Saravia, afirmó ayer a EL DEBER que en el transcurso de la semana se citará a otras personas involucradas en la investigación el exFondo Indígena

La Fiscalía imputa al Viceministro Sandy por presunto enriquecimiento ilícito



El Ministerio Público imputó formalmente al viceministro de Comercio Interno y Exportaciones, Óscar Sandy, por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito como resultado de la investigación iniciada por el proceso abierto por el hoy exdirigente panificador Dandy Mallea en 2013. La imputación establece un incremento de “su patrimonio de forma injustificada”.

La resolución 03/2016 RVM – FEPDC tiene como antecedente la denuncia de Mallea contra Sandy, cuando cumplía la función de director de Insumos Bolivia, según el documento fiscal publicado por la red Erbol en su página web.

La Razón llamó insistentemente y sin resultados al responsable de comunicación del Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones para un contacto con Sandy con el fin de conocer su oposición sobre la denuncia en su contra

En la pesquisa abarcó una serie de aspectos como los movimientos económicos del acusado. “Éstas transacciones no se adecuarían a movimientos acordes al perfil económico del imputado”. Se señala además que en los depósitos financieros previamente expuestos, que expresan un incremento injustificado en el patrimonio de Óscar Sandy Rojas”, concluye.

La imputación está fechada el 16 de abril por la fiscal anticorrupción Rosario Venegas. Según la relación de los hechos, se detalla la adquisición de un vehículo Hyundai, modelo Tucson 2011, adquirido a crédito por CARMAX S.R.L. por la suma de $us 33.400.

“De los cuales, llama la atención el pago de la segunda cuota por $us 19.000, en fecha 13 de mayo de 2011 desconociéndose el origen de estos fondos, toda vez que no se relaciona con retiros de sus otras cuentas en fecha e importes, cuyos desembolsos de créditos con los que se pudiesen relacionar en fechas e importes, siendo que se denota un incremento patrimonial, sin justificación aparente”, señala la resolución.

Otra de las adquisiciones mencionadas es la compra de un departamento en el edificio Libertador por más de un millón de bolivianos, sin embargo, se desconoce el origen de los recursos para la adquisición y tampoco, prevé el documento, se tiene registro de créditos u otras transacciones financieras.

En octubre del pasado año, a través de un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) se advierte –por los casos mencionados– el presunto enriquecimiento ilícito de Sandy cuando ejercía como director de Insumos Bolivia.

CORRUPCIÓN, PERCEPCIONES Y REALIDADES

Entre noviembre de 2015 y enero de este año, Ipsos Public Affairs América Latina, realizó una investigación (encuesta online) sobre los principales problemas de Latinoamérica basándose en el criterio de 286 periodistas y líderes de opinión.

Para los encuestados, la corrupción es el problema mayor en Brasil, Bolivia, Colombia y México. En Ecuador, Argentina y Perú, ésta ocupa el segundo lugar.

La corrupción -quién diría considerando el histórico latinoamericano- está bastante más por encima que la pobreza, el narcotráfico, la inestabilidad política, la salud pública inadecuada, la inflación, las amenazas del medio ambiente y los sistemas de pensiones deficientes. Es que la corrupción ha superado el nivel sensible que lacera el alma para ser un hecho concreto que acaba por colmar la paciencia de los pueblos, no otra cosa fue la “fiesta democrática” que se vivió la noche del domingo 17 en las calles del Brasil celebrando el impeachment contra Rousseff.

Más cerca aún, el Referéndum que se llevó a cabo en Bolivia el 21 de febrero en el que las denuncias de corrupción que involucrarían al primer Mandatario habrían aportado de manera decisiva para que se consolidara el NO a la reelección del hermano Evo.

Argentina es otro caso patético que se evidencia con el juicio político que se le sigue a Cristina Fernández y lo más vergonzoso, el pedido de la población para que retiren el nombre del esposo de todo edificio público en señal de protesta por los abusos cometidos por el matrimonio Kirchner.

Chile no se libra con el caso de corrupción del hijo de Bachelet que tan mal hizo quedar a la mamá, aunque de acuerdo al estudio Ipsos, el mayor problema según los periodistas y líderes de opinión es la educación (74%), la salud (49%) y en un sexto lugar la corrupción (24%).

Aunque muchos grupos tienen dificultades para identificar de corrupción lo que en hechos concretos y plausibles lo es, ésta no responde a una configuración cultural, sino más bien organizativa por lo que no podemos decir que el problema lo llevemos en la sangre o el hábito, es consecuencia de la forma cómo se estructura el sistema de poder, así es que la politización de las instituciones públicas y la falta de alternancia política serían las principales generadoras de corrupción. Sin embargo, hay otro elemento más llamativo y nuevo: “La maldición política de la abundancia”. Una investigación de American Economic Review demuestra que “los países que encuentran nuevas fuentes de ingresos públicos como la exportación de recursos naturales tienden a ser más corruptos”. ¿Cuestión de nuevas oportunidades en microsistemas poco controlados por falta de “expertise”?

En síntesis, la concentración de poder, ese que lo quiere todo: justicia, medios, verdades y libertades, ese poder que “le mete nomás” porque cuenta con el asesoramiento de abogados contratados para eso, es el gran originador de la corrupción que mantiene a los pueblos latinoamericanos entretenidos en las calles organizando protestas o festejos por el derrocamiento de “marcas” que se vendieron como panaceas y que en realidad resultaron tan abusivas como las anteriores.

¿Recuerdan cuando Cayetano Llobet hablaba del proceso de desinstitucionalización del Estado? Este pues no es “moco de pavo” (como también decía él), es que Bolivia padece de aquello hoy; ojo con ello, porque “así nomás había sido”.



Comunicadora Social y Doctora en Ciencias de la Educación.

molmitos2014@gmail.com

elblogdelamolmitos.wordpress.com

Ausencia de Céspedes en el reinicio del caso Rózsa

Ante la falta en la audiencia de Sergio Céspedes, uno de los fiscales más polémicos del caso Rózsa, se especuló que fue apartado del juicio oral, aunque no hubo una confirmación al respecto. Marco Antonio Rodríguez, que también integra la comisión de fiscales asignada al caso, dijo desconocer si su colega había sido apartado o no. “Desconozco, no tengo ninguna información al respecto”, sostuvo Rodríguez quien estuvo en la audiencia de ayer en la tarde junto con su compañero Óscar Vera.

Sin embargo, en el salón de audiencia, se escuchaba comentarios de que supuestamente Céspedes fue separado del proceso por decisión del fiscal general, Ramiro Guerrero.

Este extremo no pudo ser confirmado, ya que desde la oficina de prensa de la Fiscalía General indicaron que no pudieron contactarse con Guerrero para atender la interrogante planteada por este diario. Mientras que los abogados de la defensa, tampoco conocían el motivo de la ausencia de Céspedes y prefirieron ser cautos al respecto.

Céspedes y sus intervenciones. El fiscal Céspedes se ha caracterizado de tener fuertes intervenciones tanto con los juristas defensores como también con el mismo presidente del Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, Sixto Fernández. Uno de los cruces de palabras con el juzgador, fue a raíz de la ausencia del secretario Efraín Alejandro Patzi; por este motivo el fiscal conminó al juez Fernández para que el mencionado funcionario sea derivado al Ministerio Público por incumplimiento de deberes. Asimismo, culpó al juez Fernández por no hacer cumplir la ley, ante las denuncias de las partes por la falta de la transcripción de las actas de las audiencias.

En varias oportunidades, Céspedes también ha tenido roces con el abogado Otto Ritter, incluso en una ocasión casi se agarran a golpes.

Denuncia de senadora Gonzales. Otro personaje que fue dolor de cabeza del fiscal Céspedes, es la senadora opositora Carmen Eva Gonzales. La legisladora incluso a su estilo, acusó el año pasado en una publicación del diario digital Erbol, que el fiscal general, Ramiro Guerrero, “protegía al fiscal más corrupto de Bolivia”.

“Céspedes carga sobre sus espaldas más de 13 procesos penales y disciplinarios”, dijo la senadora a la Red Erbol.

Además, comentó en aquella oportunidad, de que el representante del Ministerio Público tenía una orden de destitución del cargo, a través de la resolución conclusiva número 16572012 de 15 de mayo de 2012, en la cual se lo inhabilita para el ejercicio de cualquier cargo. En otra oportunidad, Gonzales mostró fotografías de Céspedes compartiendo una torta en el festejo del cumpleaños del ahora exfiscal Marcelo Soza.

En noviembre del 2014, la legisladora opositora solicitó apartar del caso Rózsa al representante del Ministerio Público aludido.

En aquella oportunidad, la legisladora entregó al juez Sixto Fernández, fotocopias de los supuestos antecedentes del fiscal Céspedes.

Según ANF, Gonzales mostró documentación que probarían que en mayo de 2012, el cuestionado fiscal fue destituido por faltas graves, tras un proceso disciplinario en su contra.

Zapata se niega a examen de ADN e impiden encuentro con Morales

Acciones controversiales se dieron ayer en puertas del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), durante la suspendida toma de muestras de sangre para determinar el ADN, a la que fueron citados el presidente del Estado, Evo Morales, su expareja, Gabriela Zapata, y el hijo de ambos, E. F. M. Z.

Llama la atención que el operativo policial, dirigido por el comandante de la Policía, Édgar Téllez, impidió que Zapata y Morales se encuentren.

Luego de que se diera a conocer la resolución dictada por la juez segunda de la Niñez y Adolescencia, Jacqueline Rada, para que ayer lunes, se proceda a la toma de muestras biológicas y de esta forma determinar de manera objetiva la paternidad de Morales, donde se dieron varios hechos controversiales.

OBJECIÓN

El primero fue el memorial que presentó el abogado Williams Sánchez, ante la juez Rada, señalando que la comparación genética por medio del ADN no era viable debido a que en el proceso por el cual Morales demandó a su exnovia, no está en duda la paternidad.

Sánchez explicó que Morales demandó a Zapata, por supuesta violencia psicológica al impedirle conocer a su hijo.

“Quiero señalar de que si el Presidente cuestiona aquella situación, no es el juez del menor que va a determinar la filiación, la negación de paternidad la determina un juez de familia, consideramos que no hay una incompetencia de parte del juez del menor”, señaló Sánchez.

Sánchez también afirmó que después de cinco años que nace un hijo, legalmente, los padres del menor ya no pueden pedir una prueba de ADN. Las declaraciones y la presentación del memorial, sucedía a las 15.30 horas, cuando la cita en el IDIF para los tres involucrados era para las 17.00.

A la misma hora, el comandante Téllez encabezó el operativo de resguardo y con cerca de un centenar de efectivos de la UTOP (Unidad Táctica de Operaciones Policiales), cerró la calle del IDIF, ante la molestia de los transeúntes y la expectativa de los periodistas.

A las 16.55 horas, Morales ingresó al IDIF. Cinco minutos después, León y Sánchez hacían su ingreso junto al perito Raúl Caballero, pero en una acción intransigente el mismo fue tomado por el brazo por Téllez y sacado del lugar sin dar ninguna explicación, ante la sorpresa del galeno que estuvo a la espera de que León lo vuela a convocar para ser parte de la pericia a la cual debía dar fe, no pasó.

A las 17.10 horas, Zapata, a bordo de una Vagoneta Caldina, color gris, con escolta policial y otros dos vehículos, ingresaba a la calle.

Pero otra vez, por instrucciones de Téllez, los tres vehículos no terminaron de estacionarse y en reversa abandonaban el lugar, ante la negativa del jefe policial de dar explicación, a un diputado que estaba por el lugar. Minutos después, Morales abandonaba el IDIF.

Con la custodia policial aún en el lugar, solo dos minutos después reapareció, Zapata fue ingresada otra vez. Masa tarde se informaría que fue retenida en instalaciones de la UTOP donde también la cambiaron de vehículo.

Zapata permaneció en el IDIF, 17 minutos, y al salir se le impidió dirigirse a los periodistas.

Concluido el acto, los abogados del presidente Morales manifestaron que Zapata se negó a cumplir con la orden judicial y de forma premeditada llegó tarde al IDIF e impidió que se presente el menor. “Quiere hacer su propia ley”, manifestó molesto Gastón Velásquez, uno de los abogados del mandatario.

Por su lado, León señaló, “al Presidente evidentemente le han tomado las muestras respectivas, pero sucede que para este acto era necesario que esté la señora Zapata. Ha llegado media hora después, porque, primero, la sacan a las 17.00 del penal (de Miraflores) y la llevan a la UTOP, la retienen media hora y una vez que el Presidente se va, recién la hacen llegar (a Zapata), este proceso se ha anulado de por sí”, manifestó.

“Tampoco se le tomó las muestras a la señora Zapata porque ella no estaba y el Presidente tenía que firmar para que ella sea sometida a la prueba (…) no firmó nada de las pruebas que se le tomó al Presidente (…) Políticamente les vale a ellos, jurídicamente no tiene validez y en eso nos vamos a sostener, no somos payasos para que nos hagan creer que esto tiene validez”, afirmó.

lunes, 25 de abril de 2016

Detectan depósitos de $us 15 mil a 30 mil a favor de Zapata

La ministra de Transparencia, Lenny Valdivia, reveló ayer que Gabriela Zapata, la expareja del presidente Evo Morales, recibía depósitos de 15.000 a 30.000 dólares de forma regular en su cuenta bancaria.

La autoridad anticipó que podría existir el delito de legitimación de ganancias ilícitas.

"Hemos establecido que llamaba la atención los movimientos de cuenta por los depósitos que hacía Zapata de manera periódica; cada mes, cada 45 días hay unos depósitos de 20.000, 30.000 y 15.000 dólares. De acuerdo a la actividad que tenía Zapata esto absolutamente no tiene razón de ser”, precisó.

La exgerente comercial de la firma china CAMC fue denunciada de tener nexos con el Gobierno que le permitieron suscribir contratos millonarios.

Al principio se la acusó de legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y uso indebido de influencias en grado de complicidad. Luego le ampliaron a falsedad material, falsedad ideológica, ejercicio ilegal de la profesión y uso de instrumento falsificado.

Valdivia sostuvo que según la declaración del exesposo de Zapata, Hugo Carvajal, la acusada habría entregado dinero a su exsuegra con el fin de comprar un inmueble "pero él desconoce el origen del dinero”, sostuvo.

"Zapata tiene que decirnos de dónde obtuvo esos recursos y ahí nos vamos al tipo penal de legitimación de ganancias ilícitas (lo que implica) introducir dineros provenientes de una actividad ilícita. En este caso, estábamos hablando de temas de corrupción”, agregó Valdivia.

Sin embargo, la autoridad evitó informar sobre un monto total porque se lleva adelante un análisis financiero en cuanto a los flujos. Es decir, a los movimientos de cuenta de ingreso y salida.

"Esa información se cruza con la adquisición de bienes inmuebles. Al final de la investigación se establecerá el modus operandi y establecer -si hay los suficientes elementos en este caso- (...) si se cometió el delito de legitimación de ganancias ilícitas vinculados a (...) corrupción”, dijo.

Gestión Social

La Ministra puso como ejemplo el depósito que hizo el chofer de la Unidad de Gestión Social, Jimmy Morales, por 30.000 dólares en la cuenta de Zapata. La defensa del conductor alegó que "tenía su vehículo como taxista y (cuando cumplía este servicio) se le pidió que le haga una carrera a solicitud y llamado de la señora Gabriela Zapata. Él concurrió a la zona Sur para transportarla y hacer el depósito”.

Proceso de investigación

Detalle La Ministra de Transparencia anunció que su repartición estatal planteará una serie de actos de investigación en el proceso penal que se sigue contra Gabriela Zapata. Por ejemplo, solicitar que convoquen a más personas para declarar y ampliar la recolección de información.
Recursos Según fuentes institucionales, como reportó la agencia estatal ABI, entre mayo 2015 y enero 2016 los depósitos a cuentas de Zapata sumarían un total de 297.500 dólares. Actualmente, las cuentas bancarias de la expareja del presidente Evo Morales fueron congeladas.

Sólo Morales se sometió a la prueba de ADN en el IDIF; Zapata se negó a hacerlo

El presidente Evo Morales se sometió la tarde de este lunes a una prueba de ADN para confirmar o no la paternidad del hijo que ambos supuestamente tuvieron en 2007. Su expareja, Gabriela Zapata, aduciendo que debían estar juntos durante el procedimiento, se negó a tomarse la muestra, dijo su abogado Eduardo León.

El Jefe de Estado ingresó a las 17:00 a las instalaciones del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de la ciudad de La Paz y 23 minutos después abandonó el lugar en medio de un fuerte resguardo policial.

Luego ingresó Zapata para someterse a la misma prueba, sin embargo, los abogados de la mujer expresaron su molestia porque su cliente no pudo coincidir con Morales en el IDIF. A las 17:38 dejó el lugar y León informó que no se había sometido al examen.

La jueza Jacqueline Rada es la autoridad que ordenó la realización de la prueba de ADN y en ese marco también debió ser sometido el presunto hijo de Morales, pero su madre no lo presentó.

En febrero pasado, el Presidente aseguró que el niño que tuvo con Zapata "por mala suerte" falleció, aunque luego una tía de Zapata afirmó que el menor de edad está vivo. Zapata dijo la semana pasada que había presentado al niño a la jueza Rada.

Asimismo, algunas autoridades de Gobierno denunciaron que Morales fue engañado por Zapata, quien actualmente se encuentra con detención preventiva en el penal de Miraflores acusada de tráfico de influencias y otros delitos en los contratos firmados entre el Ejecutivo y CAMC, de la que fue gerenta comercial.

Aunque el caso involucra también a Morales y el ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, ninguna autoridad ha sido acusada hasta el momento en el caso.

Comisión de CAMC convoca a exministro Vladimir Sánchez por caso Bulo Bulo

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Víctor Borda, informó el lunes que la Comisión Fiscalizadora de los Contratos entre el Estado y CAMC convocó para el miércoles al exministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, para ser entrevistado por el contrato de Bulo Bulo.

"Se ha llegado a un acuerdo para que se pueda convocar al exministro de Obras Públicas, el señor (Vladimir) Sánchez, al Viceministro de Obras Públicas, al Fiscal de Obras", precisó.

Según el legislador esas exautoridades fueron convocadas, para explicar el proceso de contratación de CAMC, para la construcción del tramo I de la vía férrea Montero-Bulo Bulo.

Asimismo, adelantó que fueron convocados el ex y el actual gobernador de La Paz, César Cocarico y Félix Patzi, respectivamente, para que informen sobre el caso de la compra de un camión perforador de pozos de agua.

"También tienen que estar presentes, al gobernador actual y al exgobernador por el taladro de perforación para agua adquirido por la gobernación de La Paz", sostuvo.

Borda aclaró que la comisión prevé entrevistar a todos los convocados el miércoles, días para el cual fueron citados.

A principios de febrero, el periodista y exagente de inteligencia, Carlos Valverde, denunció un supuesto tráfico de influencias de la expareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata, que fue nombrada gerente comercial de la empresa CAMC, compañía que firmó contratos millonarios con el Estado.

A contramano, el Jefe de Estado negó la acusación y pidió una investigación de la Contraloría General del Estado y de una comisión mixta y multipartidaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

domingo, 24 de abril de 2016

Choque aseguró que Quintana instruyó seguir a Gabriela Zapata

Cristina Choque, exjefa de la Unidad de Apoyo y Gestión Social de la Presidencia, declaró ante el fiscal Daniel Ayala que el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, le instruyó monitorear y seguir a Gabriela Zapata, exnovia del presidente Evo Morales.

Choque, en su declaración ampliatoria, dijo al fiscal Ayala que “el ministro Quintana ordenó monitorear y seguir a Gabriela Zapata”, reportó ANF la abogada Martha Requena.

Aseguró que Cristina Choque no aceptó hacer ese seguimiento y asegura que esa es la razón por la cual está detenida, acusada de haberle permitido a Zapata el uso de bienes y movilidades del Estado para fines particulares.

“Se va a presentar las pruebas de descargo de manera que se pueda establecer que en ningún momento ha autorizado el uso de bienes del Estado es una autoridad es un ministro quien ha autorizado el uso de esas dependencias a esa persona (Zapata)”, indicó la jurista a ANF

Después de que el periodista Carlos Valverde denunciara que Zapata incurrió en tráfico de influencias a raíz de su relación con el Primer Mandatario, Choque dijo que desde ese momento el ministro le pidió reportar cada movimiento que realizaba Zapata. Ella no aceptó y asegura que esa es la razón por la cual está detenida, acusada de haberle permitido a Zapata el uso de bienes y movilidades del Estado para fines particulares.

La abogada Requena agregó que su defendida indicó que los libros de registro de ingresos de Gestión Social fueron secuestrados presuntamente por órdenes superiores del Ministerio de la Presidencia.

Anteriormente, Choque denunció que Quintana armó todo el proceso en su contra y afirmó que el ministro tenía una relación de confianza y amistad con la expareja del Primer Mandatario.

Zapata fue acusada de tráfico de influencias, por su relación con Evo Morales y con quien tuvo un hijo, y presuntamente aprovechó esta relación para beneficiar de contratos millonarios a la china CAMC, de la cual la joven era gerente comercial.

Actualmente Choque tiene un proceso penal en contra y un proceso administrativo seguido por el Ministerio de la Presidencia.

Gabriela Zapata tiene 8 imputaciones pero ninguna autoridad cuenta con cargos


La Comisión Mixta adelantó que en al menos dos semanas va a concluir el proceso de investigación del caso Gabriela Zapata.

La Comisión Mixta del Legislativo, con mayoría oficialista, estima que en dos semanas concluirá la investigación sobre el “tráfico de influencias”, aunque en los hechos solo se redujo a revisar documentos de los contratos con la empresa china CAMC, en la que Gabriela Zapata ocupó el cargo de Gerente Comercial, sin tener la nacionalidad china y menos experiencia profesional para desempeñar ese cargo.

Por otro lado, el fiscal general, Ramiro Guerrero, informó que la investigación que realiza no está dirigida a ninguna autoridad del Gobierno, porque no existen cargos contra ellas. Con anterioridad había anunciado que citaría al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quitana, para que preste una declaración, pero no lo hizo, por lo menos hasta el viernes.

Quintana, en forma voluntaria se presentó ante el fiscal departamental Edwin Blanco, para dejarle su teléfono celular, como prueba de que jamás tuvo conversación alguna con Gabriela Zapata. Sin embargo, el aparato no tiene registro de conversaciones. Ante ello, Quintana dijo que perdió su celular.

Desde el inicio de las investigaciones, emprendidas tanto por la Fiscalía y la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa, la oposición considera que el Movimiento Al Socialismo y el Gobierno cerraron filas para proteger al presidente Evo Morales y a uno de los ministros más fuertes e influyentes del gabinete, Juan Ramón Quintana.

Según menciona ANF, Gabriela Zapata y Cristina Choque han señalado que el Ministro de la Presidencia conocía todo el manejo de la Unidad de Gestión Social, en cuyas oficinas presumiblemente se reunía la expareja del Presidente a hacer negocios. Sus declaraciones no han sido tomadas en cuenta por el Ministerio Público y la Comisión del Legislativo que investiga el caso.

“Si la oposición quiere traer a cualquier ministro tiene que decirnos para qué. Esta Comisión no se creó para investigar quién entró a Gestión Social”, sostiene el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda.

Choque, en declaraciones a la prensa, dijo que Quintana tenía conocimiento de todo el movimiento en su despacho y que incluso tenía “algo amarrado” con la joven que fue pareja de Morales. Aunque el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, sostuvo que serán investigados los que sean necesarios, a la fecha no fueron convocados otros presuntos implicados en el caso.

OPOSICIÓN

La oposición de manera insistente pidió que Quintana, Choque y los ejecutivos de CAMC comparezcan a la Comisión. El diputado Wilson Santamaría no cree que solamente Zapata, Choque y el chofer sean autores de los delitos.

“Es importante conocer su versión (de Quintana) para conocer con qué criterios autorizó a una persona particular ingresar para sostener reuniones en esa dependencias, con qué propósito, y si él participaba de alguna reunión”, dijo el diputado opositor.

El MAS asegura que en los contratos que hasta la fecha se han revisado, no existe ningún indicio de irregularidades o que pruebe un favorecimiento producto de alguna influencia dijo la presidenta de la comisión, Susana Rivero.

La otra línea investigativa es la del Ministerio Público, que acusa a Zapata de al menos ocho delitos entre los que destacan enriquecimiento ilícito, uso indebido de influencias, ventajas y contribuciones ilegitimas, uso de instrumento falsificado, entre otros.

Según esta instancia, la imputación se hizo con base a un proceso sumariante del Ministerio de la Presidencia, que concluyó que Zapata ingresó al menos 40 veces a la Unidad de Apoyo a Gestión Social y que en esas oficinas, dirigidas por su amiga Choque, se reunía con empresarios.

La defensa de Zapata y Choque han criticado a la Fiscalía porque no han podido acceder al cuaderno de registro de ingresos a la Unidad de Gestión Social ni al cuaderno de investigaciones para poder asumir su defensa.

DE 7 A 8 DELITOS

En los últimos días, el Ministerio Público amplió la investigación en contra de Zapata, de siete a ocho delitos. La joven es acusada ahora por “contribuciones y ganancias ilegítimas” por las reuniones que supuestamente sostuvo en dependencias del Ministerio de la Presidencia.

Su abogado Eduardo León dijo que la nueva imputación no tiene sustento y por eso Zapata decidió acogerse al derecho al silencio.

En reiteradas oportunidades, la expareja de Evo pidió a la Fiscalía convocar al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, en calidad de sindicado, ya que aseguró que ingresaba a Gestión Social con su autorización.

Quintana declaró ante las autoridades judiciales, pero en calidad de testigo y negó conocer a Zapata de forma personal, aunque se reveló unos supuestos mensajes vía WathasApp entre el ministro y la sindicada, en los que se hablaban de ‘hormonas amazónicas’ y la belleza de Gabriela, al finalizar la conversación Zapata se despidió de con un “Adiós mi rey”, que luego se viralizó en las redes sociales.

VERSIONES DE ABOGADO

Según versiones de León, cuando Zapata se encontraba en celdas judiciales, conversó por teléfono con el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, a quien le pidió ayuda, en tanto que la autoridad le pidió “aguantar”.

“La señora Zapata ha señalado que el último contacto que tuvo con el ministro Quintana fue cuando ella estaba en celdas judiciales el 26 de febrero (…) Quintana le preguntó cuál era su situación, ella le pidió que la colaborara, que no entendía lo que pasaba, que no sabía lo que habría sucedido, pero que él le dijo que aguante, que ya vamos a solucionar este tema”, dijo León, en una entrevista en el programa Encontrados del periodista Gonzalo Rivera y difundida por Erbol.

Asimismo, el jurista aseguró que vio al hijo que presuntamente tuvieron el presidente Evo Morales y la exgerente de la empresa china CAMC, Gabriela Zapata, aunque precisó que no pudo hablar con él.

Santa Cruz La Alcaldía pagó el triple que la Gobernación por publicar en Forbes


La Alcaldía Municipal pagó al menos el triple que la Gobernación para aparecer en un publirreportaje de Forbes. En septiembre del año pasado, la revista global visitó Santa Cruz de la Sierra para ofrecer publicaciones en la sección Forbes Custom (se imprime bajo el rótulo Promotions), una sección que ofrece “contenidos personalizados” para organizaciones empresariales y agencias estatales que busquen llegar a los influyentes lectores de la revista que difunde la lista de las 500 personas más ricas del mundo.

Tanto la Alcaldía como la Gobernación mostraron interés de aparecer en sus páginas, pero mientras la comuna erogó Bs 1.085.000, al gobierno departamental le costó Bs 350.000. La publicación se editó a finales de septiembre del año pasado. Contenía cuatro páginas sobre Santa Cruz. Las dos primeras estaban dedicadas a la ciudad; las restantes, al departamento. Ni la Alcaldía ni la Gobernación supo en qué condiciones negoció el otro. Usaron intermediarios distintos.

Vías distintas
La Alcaldía y la Gobernación negociaron su participación en la publicación en Forbes por dos vías distintas y en ninguno de los dos casos firmaron contratos con la reconocida revista. Manuel Medina, secretario de Administración y Finanzas de la comuna cruceña, explicó que, por ley, ellos no pueden firmar con una empresa sin representación en Bolivia, por lo que la Forbes firmó un contrato de representación con la Editorial CSS, empresa unipersonal de Carlos Subirana Suárez.

A través de una carta, fechada el 10 de agosto de 2015, Subirana hizo conocer a la Alcaldía su nombramiento como representante para Bolivia de Forbes Custom Magazines and Sections. Según la documentación, que Subirana proporcionó a EL DEBER, la designación se realizó el 22 julio y por Forbes firmó Ann Lesley Khatibi-Djalali.

En la carta dirigida a la Alcaldía, Subirana informó de que Forbes llega a 6,7 millones de lectores que controlan más de $us 15 trillones en inversiones. Propuso “promocionar la ciudad en la revista y relevar la imagen del alcalde Percy Fernández como líder indiscutible, paladín del crecimiento urbano, elegido seis veces y autor de 10.000 obras”.

En ese tiempo, la Dirección de Comunicación dependía de la Secretaría de Administración y Finanzas y se analizó que la Dirección de Cultura, como tiene entre sus fines promover la cultura, historia y turismo de la ciudad y tenía un presupuesto asignado para este fin, debía ser la entidad encargada de ejecutar la promoción. Luego de esto, según Medina, se elaboró un proyecto.

En la copia del documento se enfatiza en “la necesidad de contratar una empresa que se encargara de difundir a nivel mundial las fortalezas y oportunidades que brinda el municipio de Santa Cruz de la Sierra”. También se establece la necesidad de relevar la imagen del alcalde como “líder indiscutido, paladín del crecimiento urbano (...) siendo seis veces electo popularmente”.

El proyecto fue aprobado bajo en nombre “Servicio de promoción especializada internacional de Santa Cruz de la Sierra”. El contrato fue firmado el 3 de septiembre de 2015 por el alcalde Fernández, Subirana y el exsecretario de Desarrollo Humano Raúl Hevia, ya que la Dirección de Cultura, de donde salió el presupuesto, depende de Desarrollo Humano.
Ni en el proyecto ni en el contrato se menciona a la revista Forbes.

Medina explicó que, antes de aprobar el proyecto, se coordinó con la Gobernación. Consultado al respecto, Roly Aguilera, secretario general del Gobierno Departamental de Santa Cruz, explicó que se había decidido participar de la publicación por invitación de la Fexpo, que creó un paquete que incluía la salida en Forbes y la participación de la marca Santa Cruz, ni te imaginás, en la feria mayor y en todas las ferias sectoriales que se realizan durante el año en Santa Cruz. Según Aguilera, por todo ese paquete, la Gobernación pagó Bs 350.000 al gerente de la Fexpo, Mario Herrera, .

Aguilera explicó que el trato incluía un evento en Nueva York, en el que él y el gobernador Rubén Costas presentaron las potencialidades del departamento y del país. Aguilera aseguró que la Alcaldía también estaba invitada a este evento, pero que no viajó ningún representante al encuentro con empresarios.

Aguilera entregó tres comprobantes de pagos hechos a la Fexpo. El primero es del 28 de septiembre de 2015 por Bs 194.880 por publicidad en vallas. El segundo del 30 de marzo de 2016 por Bs 60.000, por publicidad estática en la feria Fiacruz 2018. El tercero está fechado el 6 de abril y es de Bs 60.000 y es por la publicidad estática en Ficad 2016.
En ninguno de ellos se menciona la publicación en Forbes ni el evento en Nueva York.

Según Aguilera, aún queda un saldo por pagar, Bs 35.120. También Medina asegura que la Alcaldía no ha terminado de pagar por la publicación y que debe aproximadamente 25% de los Bs 1.085.000 (alrededor de Bs 270.000).

El dinero
Para tratar de conocer los montos pagados por la Alcaldía y la Gobernación a Forbes, EL DEBER escribió un mail a Gabriel García, managing director de Forbes Custom. “Los reportajes que producimos en las páginas de la revista Forbes son acuerdos entre nuestra empresa y los diferentes gobiernos o entidades privadas de diferentes países.

Es política de nuestra empresa no revelar ningún tipo de detalle de dichos acuerdos a terceras personas”, respondió García y envió los enlaces de internet de otros proyectos similares que ha hecho Forbes en otros países.

Consultado sobre los pagos recibidos, Mario Herrera, gerente de la Fexpo, explicó que a la revista Forbes se le entregó, sin precisar el monto, alrededor de Bs 150.000 por la publicación de la Gobernación y otros Bs 140.000 por la de la Fexpo. Cuando se le enseñó el comprobante de pago por Bs 194.000 del 28 de septiembre, explicó que con ese dinero se realizó el pago a Forbes, pero que también incluía la instalación de vallas estáticas de Marca Santa Cruz en la Fexpo. En esos pagos estaba incluido el evento de Nueva York, al que también asistieron empresarios, y el envío de unas copias impresas de la publicación que se distribuyeron el 24 de septiembre en la Expocruz.

Por su parte, Subirana señaló que ganó una comisión de alrededor de un 5% por los Bs 1.085.000 que pagó la Alcaldía por la publicación.
Luego, a través del correo electrónico, envió un documento en Excel en el que se detalla el flujo de caja de los pagos de la Alcaldía. Según Subirana, el primer pago se realizó el 22 de agosto (el contrato se firmó el 3 de septiembre) y fue por $us 33.000. El segundo pago se realizó el 3 de septiembre y fue de $us 70.000, y el tercero se hizo el 15 de octubre por $us 52.000. Todo suma $us 155.000 (Bs 1.078.800), por lo que faltaría cobrar Bs 6.200 y no el 25% (Bs 270.000), como afirmó Medina.

De los $us 155.000 cobrados, Subirana explica que $us 24.800 se fueron en pagos de impuestos (IVA e IT); $us 195,3 se pagó por concepto del ITF; $us 126.000 fueron transferidos a Forbes. De este último monto, el banco cobró una comisión de $us 1.563,4 y otros $us 15.987,84 se fueron al pago de impuestos a las remesas. A Forbes le llegaron $us 111.915 y a su empresa le quedó una utilidad de $us 2.102, menos del 5% que había estimado Subirana.

Cuando se le pidió mostrar el contrato con Forbes donde se establecen los montos a pagar, Subirana explicó que ya había mostrado sus flujos de caja y consideró que con ello era suficiente. Además mostró una factura del banco por Bs 10.910 (equivalente a $us 1.567,63) y una solicitud de transferencia por $us 88.381,06 a favor de Impact Media Global Ltd., socia de Forbes

sábado, 23 de abril de 2016

Eduardo León: “Existen pruebas contra Quintana para ir a juicio”

Eduardo León, abogado de Gabriela Zapata, afirma que “no le preocupa el hecho de que el ministro de la Presidencia, Juan Quintana, haya extraviado su celular debido a que la expareja del presidente Evo Morales, tiene evidencias suficientes para llevar a juicio a la autoridad con quien dio a conocer también que mantuvo una relación sentimental”.

“Las pruebas que se han ofrecido presentar, la vamos a hacer efectiva esta semana, pero no porque nos pidió el fiscal sino porque más bien la Fiscalía hasta el día de hoy no ha demostrado absolutamente nada”, afirmó León.

Detalló que entre los documentos que se presentarán están los descargos del patrimonio de Zapata y un conjunto de evidencias que prueban que la joven no tuvo ninguna participación en los hechos que se investigan y que demuestran que ella no fue funcionaria pública.

QUINTANA NEGÓ A ZAPATA

En declaraciones informativas ante la Fiscalía del Distrito de La Paz, el ministro Quintana negó tres veces haber conocido y hablado personalmente con la expareja presidencial, Gabriela Zapata, a quien dice investigar desde octubre de 2015 por uso de los bienes de la Unidad de Gestión Social, dependiente de esa cartera de Estado.

Quintana se presentó a declarar en calidad de testigo el pasado 7 de abril, luego que la defensa de Zapata divulgara unos mensajes vía WhatsApp, donde se leen palabras como “preciosa” y “mi rey” que denotan una conversación amena y hasta romántica, motivo por el cual el ministro entregó su aparato celular coorporativo a la fiscalía para un peritaje técnico.

“No la conozco personalmente, no he hablado jamás con la señora, no he recibido ninguna llamada y tampoco he realizado llamado alguna a esta persona”, declaró ante la consulta ¿si conoce y tiene amistad, relación o parentesco?

PERDIÓ EL CELULAR

Sin embargo, también se conoció que ninguno de los dos celulares presentados ante la Fiscalía corresponden a los que se presumen se utilizó para sostener las conversaciones, debido a que la autoridad declaró haber perdido el aparato celular y que nunca recuperó la línea.

Este hecho, además de ser calificado de “ridículo”, por parte de León, afirma no preocuparlos debido a que existe gran cantidad de pruebas que serán presentadas y alcanzarán para llegar a la etapa de juicio, donde afirma ganará.

REUNIÓN CON DEFENSORÍA Y ONU

Por otro lado, León dijo que se reunió con la Defensoría del Pueblo y representantes de la Organización de Naciones Unidas (ONU), a quienes Zapata envió cartas pidiendo la protección del hijo que tuvo con el presidente Morales.

“Nos hemos reunido con ambas instituciones, ha habido una respuesta favorable. Ellos están dispuestos a dar la protección que se requiere para una persona que en este momento está en total indefensión e inclusive se va a poder de alguna forma solicitar de que ellos puedan estar presentes en las audiencias que se vaya a llevar a futuro”, afirmó.

viernes, 22 de abril de 2016

Ratifican falsedad de certificados Exesposo y madre de Zapata declararon por caso de tráfico de influencias

Ramiro Guerrero, fiscal general, informó ayer que dentro del caso de tráfico de influencias seguido contra Gabriela Zapata, y dos funcionarios del Ministerio de la Presidencia, ya han prestado su declaración varias personas, entre ellas, el exesposo y la madre de la expareja del presidente Evo Morales.

Ante la negativa de brindar información a los medios de comunicación, por parte del fiscal Daniel Ayala y el Fiscal de Distrito, Guerrero dio a conocer que en los dos días anteriores, han prestado declaración informativa cinco personas, entre ellas, la madre de Zapata, Neiza Montaño, el exesposo y presunto padre de otra hija de la empresaria, Hugo Carvajal, además de la persona a nombre de la cual está registrado el vehículo incautado y que era de su uso personal.

“Se ha convocado al exesposo (de Zapata), él ha declarado en la ciudad de Cochabamba, (…), están declarando, el día de ayer (miércoles) se ha tomado declaración a tres personas, hoy en la mañana se está tomando declaración a otras dos personas, incluso el fiscal que está a cargo de este caso, ha sido declarado en comisión”, declaró ayer, por otro lado, para hoy se tiene previsto que declaren otras dos personas.

HUGO CARVAJAL

Sobre la declaración de Carvajal, exesposo de Zapata, sin entrar en detalles, el fiscal señaló que este aportó datos importantes que están siendo valorados y en el caso de la madre, esta se abstuvo de declarar, toda vez que amparada en la ley una persona no puede declarar en contra de un familiar.

REGISTROS DE INGRESO

Por otro lado, Guerrero deslindó responsabilidades sobre la apertura de pruebas entre las que están los libros de ingreso a la Unidad de Apoyo a la Gestión Social (UAGS), del Ministerio de la Presidencia, en los que se espera encontrar el nombre de las personas con las cuales Zapata se reunió entre los años 2011 y 2016.

Sobre estos registros, el abogado de Zapata, Eduardo León, ha manifestado sus reparos en sentido de que estas pruebas fueron manipuladas debido a que los responsables en el Ministerio de la Presidencia ocultaron los mismos y se tiene la contradicción de que la Fiscalía los presentó como prueba, pese a que no fueron revisados por los fiscales.

En este sentido, Guerrero deslindó la responsabilidad y señaló que la apertura e estas pruebas están bajo la responsabilidad del poder judicial.

Pese a los reclamos que existen por parte de la defensa de los tres coimputados, sobre que los cuadernos de investigación no han sido facilitados impidiendo una defensa legal, Guerrero negó este hecho, pero en el caso de Cristina Choque, su abogada Martha Requena, ha presentado un memorial denunciando este extremo.

Caso Zapata Ministro Quintana afirma que perdió su celular

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, aseguró durante sus declaraciones a la Fiscalía por el caso Gabriela Zapata, el pasado 7 de abril, que perdió su teléfono celular personal en noviembre de 2015 durante un viaje de trabajo y que, posteriormente, decidió anular esa línea.

El dato es relevante debido a que la expareja de Evo Morales exhibió una supuesta conversación vía WhatsApp entre ella y el ministro, que demostraría una relación de intimidad entre ambos. Al no existir el teléfono, se reduce la posibilidad de comprobar si ese intercambio de mensajes se produjo o no.

Según la transcripción de la declaración ante fiscal a la que obtuvo acceso ANF, este inquirió: “En su memorial de fecha 05 de abril de 2016 usted refiere que perdió el teléfono celular con número 73074780 de la empresa Entel. Describa las características de ese teléfono celular (marca, color, modelo, número de imail (posiblemente imei, NdE) y otros”.

A ello, Quintana respondió: “era un Samsung Galaxi S4, color blanco e inmediatamente anulé el servicio”.

Entonces, el fiscal Daniel Ayala preguntó en qué circunstancias se produjo ese extravío, a lo que Quintana contesta: “probablemente en uno de los viajes de trabajo que realizaba (…) en el mes de noviembre de 2015 y no se hizo la denuncia porque era una línea personal, no corporativa”.

Finalmente, según el documento obtenido por ANF, el ministro respondió al fiscal que no pidió la reposición del chip del teléfono “porque lo cancelo”.

El ministro de la Presidencia sí entregó su teléfono de trabajo, que usa dos chips, según informó al declarar ante el fiscal Ayala.

Al respecto, el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, informó que se solicitó a las empresas telefónicas Entel, Tigo y Viva realizar el supuesto cruce de llamadas realizadas entre el ministro de la Presidencia y expareja del presidente.

“Se ha pedido ya el cruce de llamadas a las diferentes telefónicas, a las tres empresas telefónicas que tenemos en el país y aún se está haciendo la pericia correspondiente del celular que dejó el ministro (Quintana) y de los dos chips que usaba”, indicó Guerrero.

El pasado 7 de abril, el ministro acudió a una declaración ante fiscal en calidad de “testigo” del caso Zapata. En la oportunidad, según el documento, el funcionario reiteró que desconoce a la mujer y que el Gobierno inició en octubre de 2015 investigaciones sobre actividades “sospechosas” de la expareja del Presidente.

Dos días antes presentó el memorial sobre el supuesto extravío, cuatro meses después de los supuestos hechos.

El 29 de marzo del presente, Zapata dio a conocer los intercambios de mensajes y que era el ministro el que autorizaba su ingreso a ambientes de Gestión Social, dependiente del Ministerio de la Presidencia.

Antecedente del desfalco de Zafabri en Riberalta

En diciembre del 2012, el presidente Hugo Chávez de Venezuela cumplió un compromiso ante el presidente Evo Morales para “refinanciar” una planta procesadora de castaña en la ciudad beniana de Riberalta, colindante con Pando, que había entrado en quiebra el año 2009, incluso antes de ser inaugurada. Aproximadamente $us 450.000 (casi medio millón de dólares) que fueron inicialmente donados para instalar la cooperativa de Zafreros y Fabriles Castañeros de Riberalta (Zafabri) fueron desviados por Quintana para movilizar pobladores de Riberalta hacia Cobija, durante los luctuosos sucesos de Porvenir en septiembre del 2008. Quintana era el principal administrador de esos recursos dentro la cuenta del programa “Evo Cumple”. El trabajador fabril Guillermo Dirá denunció que Quintana instruyó al representante castañero de la cooperativa, Iver Maguayo, disponer ese desvío de fondos.

En esas circunstancias se produjo la intervención y el cierre de la cooperativa, mientras el gobierno de Evo Morales gestionaba ante el gobierno aliado de Venezuela “una segunda oportunidad” para salvar a Zafabri de la inminente quiebra y evitar una confrontación entre los socios fabriles y zafreros de la cooperativa. El representante del Banco Nacional de Desarrollo (Bandes) de Venezuela, en coordinación con el Prodem, facilitó la reactivación de la planta el año 2012 mediante un tercer desembolso de $us 76.280 destinados a la reparación completa de la planta beneficiadora, incluida la infraestructura y los equipos a ser rehabilitados para el beneficiado industrial de la almendra que venían recolectando los socios organizados en la recolectora “Río Selva”.

Quintana no fue investigado ni procesado por tan desvergonzado desfalco que le obligó a Evo Morales pedir a Venezuela un nuevo crédito a fondo perdido para encubrir la malversación del impune Ministro militar.
¿Impulsó "Ademaf" efectivamente el desarrollo fronterizo del país?

¿Impulsó “Ademaf” efectivamente el desarrollo fronterizo del país?
De Riberalta al Tipnis

Otro caso que no fue debida ni oportunamente investigado, tiene que ver con el desvío de recursos pertenecientes a la Empresa Boliviana de Almendra (EBA), que según el entonces senador de Pando por el Movimiento al Socialismo (MAS) Manuel Limachi, fueron ilegalmente transferidos a una cuenta para comprar motores fuera de borda para beneficiar a comunarios del Tipnis, en el Parque Nacional Isiboro Securé, a fin de neutralizar las demandas ambientalistas de aquel sector indígena. La empresa EBA —un emprendimiento estatal de enormes perspectivas en el comercio exterior dada la elevada cotización de la castaña boliviana que es de mejor calidad de la nuez brasileña—, también funciona en la ciudad de Riberalta, a miles de kilómetros del Tipnis.

Según Limachi, Quintana malversó igualmente, “como si fueran de su propiedad” recursos de otra empresa creada en la Amazonia boliviana, la Empresa Boliviana del Oro (EBO), con oficinas en Riberalta y Cobija.

EBO y EBA fueron creados por Quintana durante su gestión como Director de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Fronteras (Ademaf).

Mario Ojopi, un ex técnico de EBA y profesional que radica en Riberalta, respaldó las denuncias de Limachi afirmando los funcionarios de Ademaf y de las empresas bajo control de esta oficina (EBO y EBA) “estuvieron desplegados en el Tipnis por más de cinco meses, encuestando, regalando motores y sacando fotografías. La Agencia dedicada al desarrollo de las fronteras enfocada en las actividades políticas del Tipnis; esto muestra como una fotografía la desorientación programática de esta oficina. Ahora ya no tienen plata ni razón de existir, se van a acabar así inútilmente como empezaron dejando sólo gastos”.

miércoles, 20 de abril de 2016

Brunn dice que la licitación se realizó en términos legales

Mario Brunn, cuñado de la concejal Angélica Sosa, se presentó a declarar ayer por la tarde en el Ministerio Público. El empresario es señalado en un supuesto caso de tráfico de influencia, donde se hubiera beneficiado con la adjudicación de un contrato con la municipalidad cruceña. Insiste en que no hubo irregularidad en el proceso y que continuará colaborando con la investigación.

Llegó con documentos sobre el caso. Brunn ingresa al Ministerio Público pasada las 17:00 del martes. Bajo el brazo llevaba un par de folios que dijo eran documentos que respaldan su versión respecto a la licitación que su empresa ITC, se adjudicó ante la municipalidad cruceña. "Vengo a prestar mi declaración como testigo y traigo documentación para apoyarme si es que el fiscal así lo requiere; es más, con gusto se la vamos a entregar", dijo el empresario minutos antes de ingresar. "Hemos obrado acorde a ley… nos hemos enterado a través de medios de prensa y el Sicoes… siempre voy a estar presto a declarar, no tengo miedo a ser aprehendido", señaló a los medios de comunicación que aguardaron hasta el momento de su salida.

Los concejales afines a Sosa dicen que hay trasfondo político. El senador cochabambino, Arturo Murillo, fue quien presentó la denuncia de supuesto tráfico de influencias en que se beneficia la empresa ITC, de propiedad de Mario Brunn. En la misma denuncia Murillo indica que hay un edificio en alquiler. Ante estas denuncias el concejal secretario Rómel Porcel salió al paso defendiendo las acciones de quien el 2015 fuera Secretaria de Parques y Jardines, ahora presidente del Concejo, Angélica Sosa, a quien acusa Murillo.

Protestas
Los vecinos piden aplicar la justicia

Un grupo de vecinos Que dicen representar a las juntas vecinales, han manifestado su preocupación por la falta de celeridad en la investigación de los casos en los que se ven involucrados la municipalidad y sus autoridades. Laura Vincenti y otros vecinos más llegaron hasta las oficinas del Ministerio Público para exigir al fiscal de distrito que interponga sus oficios en estos casos. "Le pedimos al fiscal Padilla que fiscalice estas investigaciones. No es posible que pasen meses sin saber nada sobre quiénes son los responsables de estos millonarios contratos".

Tarija Existen 49 denuncias en contra de la gestión de Lino Condori



Llegan a 49 las denuncias interpuestas en contra de la gestión de Lino Condori, desde que el gobernador Adrián Oliva asumió las riendas de la Gobernación a mediados de 2015.

La mayoría presentan presunto daño económico al Estado, e involucran al ex Gobernador al ser quien aprueba o delega la suscripción de contratos. El ex secretario Ejecutivo, Roberto Ruiz, aseguró que es el propio gobernador Adrián Oliva, quien supuestamente manda a “fabricar casos”, para justificar la incompetencia de su actual gabinete.
El año 2015, 26 denuncias se presentaron ante el Ministerio Público en contra de la gestión de Lino Condori por presunta corrupción, que en el marco de los tiempos procesales terminaron en imputaciones formales o resoluciones de rechazo. Ya en 2016, se tienen 23 denuncias presentadas, que se encuentran dentro de la etapa preliminar y a la espera de un pronunciamiento de los fiscales encargados.
El director de Gestión Procesal, Iván Vaca, explicó que las denuncias corresponden a presuntos hechos de corrupción encontrados en todo el departamento, que se enmarcan en la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz 004. Al ser la capital donde se centralizan los procedimientos de la administración pública, la mayoría de los casos se encuentran radicados en Cercado.
Se trata de denuncias en contra de ex autoridades o servidores públicos. En primer lugar están casos de la administración central, en segundo lugar los suscitados en entidades desconcentradas, como el Servicio Departamental de Caminos (Sedeca), mientras que otro porcentaje proviene de la Contraloría General del Estado.
Vaca sostuvo que se trata de contratos que en su mayoría fueron firmados por el ex Gobernador en su calidad de Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) o delegados a otros funcionarios por la autoridad. En las denuncias se establecen montos económicos que presumiblemente representan el daño, a partir del cual el Ministerio Público debe cuantificar las cifras en base a una investigación.
El director de Transparencia de la Gobernación, Waldo Tarifa, puntualizó al respecto que la función de su dirección consiste en recabar los elementos y presentar la denuncia, tras lo cual, la dirección de Gestión Procesal asume el seguimiento respectivo. De las 49 denuncias presentadas, existen ocho rechazos de parte del Ministerio Público, varios de ellos objetados por la Gobernación. El País eN se trasladó a la Fiscalía para conocer cuántas imputaciones se tienen, sin embargo, se informó que el Fiscal de Distrito, Gilbert Muñoz, se encuentra temporalmente ausente, haciendo uso de sus vacaciones laborales. Uno de los rechazos corresponde a una denuncia en contra del ex secretario ejecutivo, Roberto Ruiz, por el caso Setar, donde se decía que fue favorecido con contratos a empresas que eran presuntamente de su propiedad. El funcionario confirmó que recibió una notificación al respecto de la denuncia que dijo fue hecha al calor político.
“Pueden tener 100 denuncias, es muy fácil presentar una denuncia, otra cosa es probarla. En el caso mío es la única denuncia que fabricaron de una manera muy canalla, me imagino que hay muchos otros rechazos en el caso de las acusaciones en contra de don Lino. Lo que han hecho es una estrategia que consiste en lanzar el mayor número de denuncias, para poder tener un discurso que explique su propia incompetencia para resolver los problemas centrales de una administración compleja como es la Gobernación. Pero esa táctica se va agotando”, manifestó Ruiz.
El ex funcionario señaló que existe un “modus operandi” que supuestamente consiste en que el gobernador Adrián Oliva “instruye que se fabriquen casos” a la Secretaría de Justicia y de Transparencia, contra cualquiera que considere un adversario político. Sin embargo, Ruiz recordó que el propio Ministerio Público ha informado que en varios casos no se estarían adjuntando pruebas.
En este punto, el director de Gestión Procesal expresó que las afirmaciones que realizan ex autoridades como Ruiz, son completamente falsas. Explicó que la Gobernación lo único que busca es transparentar actos en la gestión de Condori u otras, lo que no es una persecución política pues se demuestran presuntos hechos de corrupción con documentación de respaldo.
Vaca instó a quienes sostengan esta postura, a hacer un análisis de las denuncias presentadas, asegurando que encontrarán que todas cuentan con respaldo, siendo la finalidad única el defender los intereses del Estado, y recuperar el daño económico a favor de la Gobernación que se constituye en calidad de víctima.

La mayor cantidad de casos son por el Prosol

Actualmente se tienen en total 500 procesos que se llevan en la Unidad de Gestión Procesal de la Gobernación. El secretario de Justicia, Yamil García, expuso que de esta cifra, 168 procesos se deben al Programa Solidario Comunal (Prosol), que presenta mayor número de irregularidades en Villa Montes. Vaca explicó que esto representa el 30 por ciento de la carga procesal, y demuestra que muchas comunidades hacen un mal uso de los recursos que les otorga el Estado. La mayoría de los imputados optan por procesos abreviados, aceptando la responsabilidad, por lo que ahora se despliegan diligencias para que se ejecutoríen las sentencias en pos de lograr la reparación del daño económico.