jueves, 31 de diciembre de 2015

Potosi Denuncian presunto caso de corrupción en la Alcaldía

Un presunto hecho de corrupción fue descubierto recientemente en el Gobierno Autónomo Municipal de Potosí cuando un funcionario de maestranza se apropiaba ilícitamente de combustible de la institución.
La denuncia fue efectuada por una persona anónima a la oficina de Transparencia Municipal. Esa instancia inició la investigación y el resultado fue positivo.
El titular de esta repartición municipal, Carlos Gómez, dijo que la denuncia anónima resulto ser certera y ahora aguardan la sanción respectiva contra el "mal funcionario".
"Se ha procedido a la investigación, no hay mucho que investigar, pero las evidencias son certeras y en las próximas horas se establecerá la sanción correspondiente", afirmó el funcionarios de transparencia.
Sin embargo, no precisó si la apropiación de combustible era frecuente o recientemente iniciaba a sustraer.
"La denuncia señala que en una movilidad particular se le hubiera visto cinco veces con un tanque, que tiene una capacidad de 60 litros, pero no se ha probado en su totalidad. Sin embargo, el daño ya esta hecho, el acto irregular, el acto de corrupción ya fue suscitado", afirmó Gómez.
El jefe de transparencia dijo que no se pudo establecer si era frecuente que el funcionarios de maestranza se apropiaba ilegalmente del combustible, pero señaló que se sancionará la conducta antieconómica.

Fondioc: Ancieta culpa a los técnicos y hay otro detenido


APORTES

Juanita Ancieta, ejecutiva de las Bartolinas, dice que los técnicos del ex Fondo Indígena aportaban "su cariño" a las organizaciones sociales, pero no negó que ello haya sido por obligación.

Otro dirigente campesino fue enviado ayer a prisión. Esta vez, se trata de Rigoberto Ito Fonseca, que está siendo investigado por el caso ex Fondo Indígena. Las autoridades judiciales lo enviaron a la cárcel Villa Bush de Cobija, luego de una audiencia de medidas cautelares. La máxima ejecutiva de las Bartolinas, Juanita Ancieta, entretanto, culpó a los técnicos del ex Fondioc de las "equivocaciones" que tuvieron lugar en la administración de los fondos del FONDIOC.

“Esta persona fue imputada formalmente por la presunta comisión de los delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica”, informó el fiscal de Materia Anticorrupción a cargo del caso, Juan Carlos Cuéllar Zurita.

En Pando, el Ministerio Público investiga además a Marco Antonio Aramayo, Nazareth Canamy, Rigoberto Ito y Mario Sepa, según un reporte de la Fiscalía. La denuncia fue activada por la Interventora del ex Fondo Indígena.

"NO NOS ALERTARON"
"Eso es lo que una se pregunta. (Yo) diría 'qué bien (hubiera sido) si, como profesionales, nos hubieran hecho notar algunas equivocaciones (que) estaban pasando. Lastimosamente, no se ha hecho", declaró, por otra parte, Ancieta, la máxima ejecutiva de la Bartolinas, organización campesina leal al presidente Evo Morales.

Ancieta devolvió Bs 5 millones al ex Fondo Indígena y, por el momento, aparece entre las citas por la Fiscalía.

Según la dirigente, los técnicos de los ministerios que tenían participación en el directorio del ex Fondo Indígena, fueron parte de las reuniones ejecutivas.

Por otra parte, Ancieta reconoció, según la red Erbol, que los técnicos que respondían a la dirigencia campesina apoyaban económicamente, según “su cariño”, a las organizaciones sociales.

“Orgánicamente mandábamos a los servidores (los técnicos). Claro, íban. Es más: cada uno cumplía su trabajo, (pero) no firmábamos nosotros el contrato”, explicó. “Ellos (los técnicos) trabajaban... si bien alguna vez apoyaban, apoyaban por su cariño. Nadie aquí obliga. Yo siempre he demostrado (eso)”, agregó.

miércoles, 30 de diciembre de 2015

Otro dirigente a la cárcel por caso Fondo Indígena

Rigoberto Ito Fonseca, dirigente de una organización social, fue remitido
a la cárcel de Villa Bush en Cobija, Pando, tras una audiencia de medidas cautelares. Es investigado en el proceso por daño económico al Estado en la administración de recursos del Fondo Indígena.

"Esta persona fue imputada formalmente por la presunta comisión de los delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos, incumplimiento de deberes, y conducta antieconómica", informó el fiscal anticorrupción, Juan Carlos Cuellar.


Acotó que "en la audiencia cautelar, la autoridad jurisdiccional luego de escuchar los alegatos de las partes realizó la correspondiente valoración de los riegos procesales de peligro de fuga y obstaculización de la investigación, por lo que dispuso la detención preventiva del Imputado".

En esa región del país se hace seguimiento a la denuncia penal interpuesta por la Directora Ejecutiva Interventora del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas en contra de Marco Antonio Aramayo Caballero, Nazareth Canamy Aguada, Rigoberto Ito Fonseca y Mario Sepa Guari.


El denominado Fondo Indígena suscribió un convenio de financiamiento Nº 260/2013 de fecha 27 de septiembre de 2013, para la instalación de criaderos de pacú en la comunidad Nacebecito, del municipio de Puerto Rico, provincia Manuripi, departamento de Pando, por un monto de 929.516,50 de bolivianos.

Economía dio visto bueno para transferir recursos del Fondioc

El Ministerio de Economía y Finanzas era la última instancia que decidía si se desembolsaba o no los recursos para la ejecución de proyectos del Fondo Indígena.

De acuerdo con el Reglamento de Transferencias Público - Privadas para la ejecución de proyectos, el Fondo Indígena, para realizar el desembolso, primero debía solicitar al Ministerio de Desarrollo Rural, mediante nota, una resolución expresa de autorización de transferencia de los recursos económicos.

Asimismo, la entidad indígena debía solicitar al Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE), mediante una nota, la habilitación de partidas para el desembolso de fondos.

El VIPFE, después de una evaluación de la solicitud y el informe técnico-jurídico que enviaba el ministerio a cargo de Nemesia Achacollo, elaboraba, si no había observaciones, un informe técnico para habilitar la partida presupuestaria. Posteriormente, el informe era remitido al Ministerio de Economía y Finanzas para su valoración final.

El Ministerio de Economía, conforme al informe del VIPFE, habilitaba la partida correspondiente para que se concrete el desembolso de recursos del Fondo Indígena a favor de los beneficiarios del proyecto.
Si el Ministerio de Economía hacía alguna observación, el Fondo Indígena se veía imposibilitado de realizar los desembolsos a los beneficiarios.

Desde 2006 y sin interrupciones, Luis Arce fue el ministro de Economía y Finanzas. La autoridad designó representantes para que participaran en las reuniones del directorio del Fondo Indígena, ahora en liquidación por el desfalco millonario.

Para el exdirigente campesino Damián Condori, detenido preventivamente en la cárcel de San Pedro, el ministro Arce tiene similar responsabilidad que la exministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, y los ministros que integraron el directorio.

En mayo, el diputado de UD Rafael Quispe entregó como prueba copias de las resoluciones ministeriales 429 y 613.

En la primera, Arce designa como su representante ante el Fondo a Rubén Gonzalo Ticona, director general de Programación y Operaciones del Tesoro del Viceministerio del Tesoro y Crédito Público. Con la segunda resolución designó a Zenón Mamani Ticona, jefe de la Unidad de Prefecturas, Municipios y Fondos de Desarrollo. Ambos tenían la obligación de asistir al directorio y elevar un informe trimestral.

El ex director ejecutivo del Fondo Indígena, con detención preventiva en el penal de San Pedro, Marco Antonio Aramayo, informó que antes que el Ministerio de Economía autorice el desembolso de recursos remitía los documentos del proyecto al Ministerio de Planificación para una evaluación final.

"El proyecto, la solicitud de transferencia, de habilitación de partida era enviado al Ministerio de Planificación, último filtro, para que verifique si el proyecto estaba conforme al Plan Nacional de Desarrollo Productivo y para evitar duplicidad y que no se trate de un proyecto de competencia del municipio o la Gobernación. Cumplida esta evaluación, recién se concretaba el trámite”, explicó Aramayo.

Ancieta dice que en los ministerios no les hicieron notar "equivocaciones" en el Fondioc

La máxima dirigenta de la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, Juanita Ancieta, lamentó que los técnicos de los ministerios de Estado, que tenían representación en el Fondo Indígena, no les hayan alertado sobre "las equivocaciones" que se cometieron en esa entidad.

"Eso es lo que una se pregunta, (yo) diría como persona que bien (hubiera sido) si como profesionales nos hubieran hecho notar algunas equivocaciones (que) estaban pasando, lastimosamente no se ha hecho", declaró la dirigenta quien devolvió casi cinco millones de bolivianos al liquidado Fondo. Ancieta indicó que los técnicos de los ministerios participaron de las reuniones del directorio del Fondo Indígena, aunque dijo que no podía precisar con nombres ya que no contaba con la lista.

Cinco ministerios tenían representación en el Directorio: el ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, que participaba directamente con la ministra quien además presidía esa instancia; el ministerio de la Presidencia; de Economía y Finanzas; de Desarrollo Productivo y de Planificación. En el Directorio se aprobaron las normas para que el Fondo entre en funcionamiento en 2010. Los exdirigentes campesinos como Damián Condori y Julia Ramos, hoy detenidos en la cárcel, cuestionan por qué el Ministerio Público no convoca a esos delegados y a la exministra Nemesia Achacollo para que asuman sus responsabilidades.

El presidente del Senado, José Alberto Gonzales, manifestó que la administración de justicia debería activar todos los mecanismos para "saldar este tema". "Es un tema tremendamente incómodo para quienes estamos trabajando en este esquema, para quienes llevamos adelante la campaña", sostuvo. Añadió que la justicia "no debe tener ningún tipo de contemplación al momento de aplicar las normas", inclusive en convocar a quienes presumiblemente estén implicados o sancionar a los responsables de las irregularidades en el manejo del Fondo.

Visita a Ramos

Por otra parte, Ancieta manifestó que desde que su correligionaria Julia Ramos fue detenida en la cárcel de Obrajes por este caso, no la visitó, porque, según dijo, no le corresponde. "Estoy más en el trabajo, más en el ampliado". Negó que esto signifique darle la espalda a quien en el pasado no solo fue dirigenta máxima de la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, sino ministra de Desarrollo Rural. Con cierta incomodidad manifestó "vamos a visitarla posteriormente".

Respecto a la exdirectora ejecutiva del Fondo, Elvira Parra, dijo "es nuestra compañera también. No corresponde esas preguntas". Parra fue detenida después de que la Contraloría General del Estado presentó su informe en el que identificó un presunto daño económico de 71 millones de bolivianos en 153 proyectos. Ramos está detenida en la cárcel de Obrajes desde el 25 de noviembre, acusada por presuntos proyectos fantasmas y haber aprobado proyectos en su calidad de miembro del Directorio.

martes, 29 de diciembre de 2015

Informe de Achacollo sobre el Fondo Indígena refleja vacíos

Hay al menos unos Bs 45,7 millones de diferencia entre el informe que Lariza Fuentes realizó al finalizar su intervención en el Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades Campesinas y el que notificó la exministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo en su informe de 2014, sobre los fondos utilizados entre 2010 y 2014.

Según la memoria institucional 2014, el Fondo gestionó, en ese periodo, un total de Bs 683,3 millones, con los que logró beneficiar a 5.855 comunidades, colonias, ayllus y markas en 1.050 proyectos productivos y sociales.

Sin embargo, el informe final de intervención que Fuentes firmó el 24 de agosto de este año considera 1.100 proyectos en todo el país, cuyo desembolso alcanzó la suma de Bs 729,1 millones, entre obras vigentes y no vigentes. Es decir, una diferencia de Bs 45,7 millones.

Pero el presunto daño económico que se identificó es de solo Bs 102,2 millones por 30 proyectos inexistentes (Bs 14,5 millones) y por 713 proyectos con observación (Bs 87,7 millones), según el informe, producto de una auditoría, de la interventora, ahora liquidadora.

Hace 10 meses que el Ministerio Público inició las primeras investigaciones sobre un presunto daño al Estado. Hay más de una decena de exdirigentes y miembros del Fondo recluidos en la cárcel.

Otros ministerios
Sin embargo, Marco Aurelio Castillo, miembro del Control Social del Órgano Judicial, representante de la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), dijo que en las próximas horas pedirá al fiscal general, Ramiro Guerrero, la convocatoria a los ministros que formaron parte del directorio del Fondo Indígena, a quienes considera responsables de los desembolsos.

“Todos tienen que ser investigados. Desde la ex ministra Nemesia Achacollo, el ministro de Economía, Luis Arce, el contralor (Gabriel Herbas) y todo el directorio del ex-Fondo. Ellos son los que saben qué pasó con los recursos. No pueden estar tapando a los que están más arriba. La justicia está cayendo a los que no debería. Los que dieron recursos son los máximos responsables”, señaló.

Roberto de la Cruz, representante del Consejo Nacional de Defensa de los Derechos Constitucionales (Condecop), coincidió en señalar que quienes están procesados son los que han cometido errores administrativos y delitos penales en menor proporción. “Quienes han cometido delitos más grandes por acción u omisión son la exministra Achacollo y los máximos ejecutivos de los ministerios de Planificación, de Economía y de la Presidencia. Estas personas tienen que ser convocadas. Si no, hay un encubrimiento por parte de la Fiscalía al Ejecutivo”, indicó.

“Diezmos” del Fondioc Identifican a dirigentes que impusieron a sus técnicos

Héctor Castellón, abogado del exdirector del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc) Marco Aramayo, informó que se identificó a nueve dirigentes del directorio de la liquidada entidad estatal que supuestamente impusieron a técnicos dentro de esa institución y, además, presuntamente cobraron "diezmos” por proyectos.

"Cada uno de los miembros del directorio, representantes de las organizaciones sociales tenía su propio técnico ahí adentro, así como también tenían técnicos externos que se encargaban de la elaboración, por así llamar, de los proyectos. Nosotros hemos ido indicando que muchos de esos proyectos de las comunidades indígenas han sido extorsionados por estos dirigentes y los representantes que tenían”, declaró Castellón.

"Supuestamente les vendían los proyectos no sólo por un 10%, los montos van variando, nosotros queremos que el Ministerio Público investigue primero a esas personas, por eso son importantes los nombres de los técnicos, más los 4.400 firmantes de los convenios, porque ellos van a poder ir al Ministerio Público para decir qué es lo que pasó”, agregó.

Joel Guarachi, exdirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), afirmó que aguarda que la comisión de fiscales que investiga el caso lo cite para decir su verdad.

"Aramayo sólo quiere dañar mi imagen, nunca he avalado a esos técnicos y nunca trabajaron en el Fondo Indígena”, declaró.

Lo denunció el abogado de Aramayo Sindican a 9 dirigentes que impusieron técnicos

Integrantes del directorio del liquidado Fondo Indígena supuestamente impusieron a los técnicos que trabajaban en la institucaión y además cobraban diezmos por la aprobación de proyectos, informó la radio Erbol. Esta emisora cita en su versión digital como fuente de esta denuncia a Héctor Castellón, abogado del exdirector del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc) Marco Aramayo.

“Supuestamente les vendían los proyectos no solo por un 10%, los montos van variando, nosotros queremos que el Ministerio Público investigue primero a esas personas, por eso son importantes los nombres de los técnicos, más los 4.400 firmantes de los convenios, porque ellos van a poder ir al Ministerio Público para decir qué es lo que pasó”, agregó.

Lista al Ministerio Público. La lista de los dirigentes y de los técnicos fue enviada recientemente al Ministerio Público para que testifiquen sobre lo que ocurrió en el Fondo Indígena.

De acuerdo con el documento: por la Csutcb, Damián Condori tenía como técnicos a Agustín Cardoso y José Vargas; Rodolfo Machaca a N.N. Villazante y Benjamín Rengel; y Joel Guarachi a Janeth Cabezas y Benjamín Rengel. Por las “Bartolinas” de La Paz, Felipa Huanca tenía a Felipe Ali. Por la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (Cscib), Ever Choquehuanca a Aníbal Crispín y Carlos Marca Marca; Jorge Quispe a Nelly Mariscal y Omar Ortiz Sequeiros. Por el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), Hilarión Mamani tenía a Ana Nina y Faustino Chambi. Por la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia – “Bartolina Sisa” (Cnmciob -“BS”), Juanita Ancieta tenía a Clavel Cuapo y Esther Gonzales. Mientras que por la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), Melva Hurtado, tenía como técnicos a Pedro Ágreda y Ramiro Alanoca. "Nosotros hemos ido indicando que muchos de esos proyectos de las comunidades indígenas han sido extorsionados por estos dirigentes y los representantes que tenían”, declaró Castellón.

Denunciado
Joel Guarachi dice que Marco Aramayo quiere dañar su imagen

Corrupción. Joel Guarachi, exdirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), afirmó que Marco Aramayo lo único que quiere es dañar su imagen. Enterado sobre esta denuncia, indicó que aguarda que la comisión de fiscales que investiga el caso lo cite para decir su verdad.

lunes, 28 de diciembre de 2015

Exdirectora denuncia que técnico de Felipa Huanca cobró diezmos

Dos detenidos preventivos por el caso Fondo Indígena denunciaron, por separado, que un técnico de Felipa Huanca, exdirigente departamental de las Bartolinas y miembro del directorio de la entidad indígena, cobraba "diezmos” (sobornos) para la elaboración y aprobación de proyectos.

Huanca pidió a Página Siete un encuentro para enterarse con más detalle de la denuncia en su contra y así emitir una respuesta, con documentos, sobre el trabajo que realizó cuando formó parte del directorio.

Elvira Parra, exdirectora ejecutiva del Fondo Indígena y detenida desde hace 10 meses en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, explicó que comunarios que presentaron proyectos al Fondioc le informaron que Huanca exigía que los mismos estén elaborados por un determinado técnico. Si no lo hacían, no avalaría con su firma el proyecto y, por tanto, no sería considerado en la reunión de directorio de la entidad indígena.

Felipa Huanca fue miembro del directorio del Fondo Indígena en representación de las Bartolinas, desde 2010 hasta 2012, junto a Julia Ramos, exministra y ahora detenida preventivamente por el caso Fondioc. En 2009 Huanca fue posesionada como dirigente ejecutiva de la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa de La Paz. Posteriormente, fue elegida como secretaria de Hacienda de la Confederación de las Bartolinas.

Otro de los detenidos, quien pidió guardar su nombre en reserva por temor a represalias, dijo que el técnico de confianza de Felipa Huanca era Felipe A., quien elaboró entre 70 y 80 proyectos para las Bartolinas de La Paz.
El pago del 10% del costo del proyecto garantizaba la elaboración de un proyecto, el aval de la Federación Departamental de las Bartolinas y la aprobación de ese proyecto por el directorio del Fondo Indígena, explicó.

"El técnico de confianza de Felipa Huanca era Felipe A. Si los proyectos no eran elaborados por este señor, Huanca no los avalaba, él era quien cobraba el 10%. Huanca le dio poder a este técnico al punto de que él compraba las oveja de cara negra y proveía los insumos para los talleres de costura”, denunció.

Parra dijo que para evitar que los comunarios paguen "diezmos”, les recomendó que tramiten y ejecuten sus proyectos sin la intervención de la Federación de Bartolinas de La Paz, pero esa recomendación "no le gustó a doña Felipa, se disgustó conmigo”.

En ese sentido, Parra pidió "a las comunidades, a mujeres y varones, (que) seamos valientes y denuncien los problemas que tuvieron para que un proyecto se apruebe. Tiene que aclararse. Si alguien en el camino les ha pedido un diezmo, un 5% por una firma, el aval tienen que decirlo”.

En febrero, el exejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Rodolfo Machaca, explicó que las organizaciones sociales, miembros del directorio del Fondo Indígena, aprobaban los proyectos cuando tenían el aval de dirigentes provinciales y departamentales. Al final de este trámite, la confederación nacional certificaba que la comunidad beneficiaria era su afiliada.

Proyectos para ser ejecutiva nacional

La exdirectora ejecutiva del Fondo Indígena, Elvira Parra, denunció que la excandidata a la Gobernación de La Paz por el MAS, Felipa Huanca, le pidió en 2012 que ofrezca proyectos financiados por la entidad a las dirigentes departamentales para que ella sea elegida como la máxima ejecutiva de la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa.

"Huanca me pidió que hable y ofrezca proyectos a las ejecutivas para convencerlas de que Felipa sea la nueva ejecutiva nacional. No lo hice y se molestó”, informó Parra.

“La marca de la corrupción es muy fuerte y golpea a gobiernos de todas las tendencias”



Segunda parte de la entrevista que el investigador cruceño Carlos Hugo Molina dio a CAPITALES la semana pasada. La primera, titulada “Ya vivimos en ciudades, las demandas son urbanas y tenemos un discurso rural” (un concepto que aparece también en este número), se publicó el martes 15 de diciembre en esta misma página.

En esta oportunidad, el experto en economía y analista político, autor de más de una quincena de libros, se refiere entre otras cosas a la “presión migratoria” que según él generan los bonos y al concepto de “cohesión social”.También hace un balance de lo que va dejando el escándalo de corrupción en el Fondo Indígena, habla del referéndum aprobatorio del 21 de febrero de 2016, del rol de Santa Cruz para la Bolivia de hoy, y de Argentina, Venezuela y los cambios geopolíticos en la región.

CAPITALES (C). ¿Por qué sostiene que los bonos en Bolivia están generando “presión migratoria”?
Carlos Hugo Molina (CHM). Porque demandan para hacerse efectivos una sucesión de exigencias administrativas y burocráticas que no están cubiertas todas en el territorio: certificados, carnetización y oficinas bancarias.El Bono Dignidad es el que lo demuestra de manera más patética: las personas de la tercera edad de las áreas rurales, mientras más años tienen, mayores dificultades afrontan para moverse cada mes, cambiando al lugar donde pueden hacer efectivo su derecho.

C. “¿Cómo construimos ciudadanía activa viviendo el 75% de los habitantes en ciudades, cuando la impronta del Estado es originaria indígena campesina?”, se preguntó usted hace poco. ¿Tiene una respuesta para esto? ¿Tiene que ver con la necesidad de establecer una “cohesión social”?
CHM. Cohesión social sobre la base de una red de ciudades intermedias que cumplan la función de nodos de servicios, planificación y desarrollo. Ya vivimos en ciudades, las demandas son urbanas y tenemos un discurso rural, campesino indígena y originario.Esta ruptura que nos está planteando la realidad se expresa también en datos electorales. De las 10 ciudades principales (nueve capitales departamentales más El Alto), el MAS solo ganó las alcaldías de Sucre y Potosí. El fenómeno de las ciudades está apareciendo por todos lados, sin tener las posibilidades de dar las respuestas adecuadas.

C. En otro tema, ¿qué balance saca de lo que ha ocurrido con el Fono Indígena?
CHM. Expresa la patrimonialización del poder y el uso perverso de la fuerza política como sinónimo de impunidad. Llegar a donde llegamos, con el grado de permisividad social, expresa un debilitamiento de la institucionalidad democrática y de los valores republicanos.La consigna “¿qué están haciendo con mi plata?”, planteada por los presupuestos participativos, debe volver a tener plena vigencia. La sociedad boliviana necesita transparencia y debemos exigirla.

C. Con miras al 21F, se habla de probables sustitutos del presidente Morales, tanto dentro del MAS como fuera de él, en la oposición; entonces aparece el nombre de Rubén Costas. ¿Cree que Santa Cruz está en condiciones de dar al país un político —quién sabe futuro presidente— aglutinador de las demandas nacionales?
CHM. Creo que es un falso debate adelantarnos a las elecciones de finales del 2019. Le faltan cuatro años de gobierno al presidente Morales y existe ese mismo tiempo para terminar de construir liderazgos alternativos, cualquiera sea el resultado del referéndum.

C. A Santa Cruz siempre se le ha pretendido endilgar una “obligación” económica —más que política— con el país, por su importante papel dentro de la actividad productiva. ¿Considera que esto es justo o es un rol natural? Y, ¿cómo calificaría usted el actual momento de la productividad cruceña en general?
CHM. La economía arrastra a la política; fue una crisis de los actores económicos la que produjo el debilitamiento político de Santa Cruz. Esa realidad se está recomponiendo poco a poco por la realidad objetiva, ya que el modelo gubernamental duro de la producción comunitaria y de confrontación con los actores económicos no garantizó ni seguridad alimentaria ni desarrollo.En esa lógica, son comprensibles los nuevos acuerdos y el giro gubernamental, de nuevo, hacia Santa Cruz, pues la economía mundial se mueve con reglas que se definen fuera de nuestro territorio.

C. Con lo ocurrido en Argentina y Venezuela, ¿el cambio ahora pasa por otro lado en América Latina? ¿Qué sucedió con la promesa de cambio de los gobiernos socialistas de la región en la última década?
CHM. Se produjo un desgaste por la falta de renovación de liderazgos y de propuestas. Parecía que la política se había vuelto monótona y repetitiva y los mismos nombres, cuando no se reelegían de manera continuada, lo hacían repitiendo un periodo; esto, en un continente lleno de jóvenes, planteando un contrasentido.La marca de la corrupción es muy fuerte y golpea a gobiernos de todas las tendencias ideológicas. El conservador Pérez, de Guatemala, es una muestra, pues tiene que irse por las mismas razones que han perdido las elecciones en Argentina y Venezuela y que se expresa la crisis brasileña.La inflexión y el cambio, como diría Fernando Calderón Gutiérrez, nos obligan a analizar los escenarios futuros con mayor detenimiento.

"La economía arrastra a la política; fue una crisis de los actores económicos la que produjo el debilitamiento político de Santa Cruz. Esa realidad se está recomponiendo poco a poco por la realidad objetiva, ya que el modelo gubernamental duro de la producción comunitaria y de confrontación con los actores económicos no garantizó ni seguridad alimentaria ni desarrollo"

Evaluación de gestión de Evo Morales minimiza corrupción en el Fondioc

El ampliado de las seis federaciones del trópico de Cochabamba para evaluar los diez años de gestión del Presidente Evo Morales, se caracterizó por un rotundo apoyo a la continuidad del primer mandatario en el Gobierno. Se destacó la estabilidad económica alcanzada en el país en un contexto desfavorable de la región y se minimizó los hechos de corrupción en el Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc).

El primer mandatario y también presidente de las seis federaciones de cocaleros de El Chapare, Evo Morales, junto a varios ministros de su gabinete y el gobernador de Cochabamba, Iván Canelas se hizo presente en Chimoré para evaluar con sus bases sociales, la gestión de diez años de Gobierno.

Morales destacó la estabilidad económica alcanzada a pesar de una coyuntura internacional adversa. Increpó al ministro de Economía, Luis Arce de por qué no se defiende ante los neoliberales que vaticinaron que el 2015 iba a ser el último año de bonanza. "Un tal Alvarado que decía que tenía que ser vicecanciller y (que no fue), ahora se fue a la derecha para dar palo. ¿Por qué no le explica bien a ese compañero?", recalcó.

Al referirse a la empresa Samsung, encargada de instalar la planta de urea y amoniaco en el país, dijo que ya no es como en los tiempos neoliberales que eran los patrones o socios, pues hoy son los "peones" que trabajan a contrato del Gobierno.

"Bolivia es el país mejor preparado para afrontar la crisis, el próximo año los organismos calculan que el crecimiento en Bolivia será del 5%, el primer país en crecimiento", recalcó.

El vicepresidente Leonardo Loza aseguró que este sector seguirá respaldando el denominado "proceso de cambio".

El dirigente dijo que no importan las acusaciones incluso del interior del Pacto de Unidad en contra de algunos dirigentes acusados de corrupción en el caso del Fondo Indígena y responsabilizó a los técnicos de esa entidad de malos manejos de los recursos del Estado.

"Algunos neoliberales tratan de hacernos separar entre las organizaciones y el Gobierno central, pero no lo van a lograr", dijo.

El Presidente Evo Morales y el dirigente Loza coincidieron en que varios neoliberales que ahora se encuentran en Estados Unidos declarándose "perseguidos políticos" robaron millones al Estado y nunca fueron sometidos a la justicia. En cambio, Morales señaló que su Gobierno no protegerá a ningún corrupto.

Según el Presidente, algunos dirigentes acusados de corrupción tienen problemas en descargarse para defenderse, pero recomendó que asuman su defensa en la justicia y quienes hicieron malos manejos económicos se sometan a la ley.

Sin embargo minimizó lo sucedido con los recursos del Fondo Indígena, que según la Contraloría ascendieron a 140 millones de bolivianos. Dijo que como ejemplo está el caso de AeroSur, donde su propietario se habría fugado debiendo al Estado boliviano más de 500 millones de bolivianos.

En lo social, el primer mandatario recomendó garantizar internet barato en aquellas unidades educativas que cuentan con las computadoras provistas por el Ministerio de Educación, anunció la construcción de madres abandonadas por sus parejas y enfatizó en mayor cobertura de salud.

domingo, 27 de diciembre de 2015

Evo admite que no pudo hacer ajustes al Fondioc a tiempo

El presidente Evo Morales admitió ayer que perdió el control del Fondo Indígena aunque -según dijo- planteó reformas debido a que la estructura de la entidad, ahora en liquidación, "estaba mal hecha”.
El mandatario también dijo que del Fondo sólo "desaparecieron” dos millones de dólares y no existe comparación con lo que robaron los neoliberales cuando estaban en el gobierno.
"Yo he planteado cambiar, tal vez si no querían, tal vez desde arriba deberíamos cambiar. Hemos tratado (de hacer cambios) de consenso y creo que ahí hemos perdido tiempo, porque la directiva, la estructura, estaba mal hecha, hemos planteado cambiar para un buen manejo del Fondo Indígena”, dijo. No precisó cuándo hizo la propuesta.
Morales hizo estas declaraciones durante la evaluación de la gestión de 10 años de gobierno con las seis federaciones del trópico de Cochabamba y otras organizaciones sociales en Chimoré, en el trópico cochabambino.
El Presidente también rechazó que la oposición critique y abandere el caso Fondo Indígena, cuando la entidad no fue creada durante su administración


El Fondo Indígena fue creado mediante Decreto 28571 del 22 de diciembre de 2005, por el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, con la finalidad de financiar proyectos de desarrollo productivo y social que beneficien a los pueblos indígenas. Sin embargo, en 2010 el Fondo Indígena recién comenzó a desembolsar recursos para la ejecución de proyectos.
Morales insistió en que la derecha robó millones y recordó que, cuando fue diputado, sus colegas del MNR le decían que "se tiene que robar en grande”.
"Estaba sumando datos de la Fiscalía o la interventora. De los llamados proyectos fantasma (del Fondo Indígena), habían sido 17 millones de bolivianos, como dos millones de dólares, que hubiesen desaparecido o (han sido) mal invertidos, pero sólo podemos decir corrupto, a ver (a casos como el) del Lloyd Aéreo Boliviano (que se robaron) más de 100 millones de dólares, Aerosur, creo que 150 millones de dólares... robaron 300, 400, 500 millones de dólares y se escapan a Estados Unidos, y cuando se escapan dicen (soy) perseguido político”, declaró el Presidente.
La pasada semana, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, reveló que el Órgano Ejecutivo conocía desde 2011 las irregularidades en el Fondo Indígena, e incluso presentó un anteproyecto de ley para reestructurar esa entidad, para que la directiva se convierta en consejo consultivo y que la ejecución de proyectos se vincule a los municipios.
La exministra de Desarrollo Rural y presidenta del directorio del Fondo Indígena, Nemesia Achacollo, dijo que conocía las irregularidades que se cometían en la entidad "desde el inicio”, pero que no pudo actuar por presión de los dirigentes.
Por el caso Fondo Indígena al menos 10 personas, entre ex directores ejecutivos y dirigentes, están detenidos preventivamente en centros penitenciarios.
El Presidente dijo que no protegerán a los dirigentes que hayan malversado recursos, aunque admitió que varios de los dirigentes están implicados por no presentar sus descargos como establecen las normas.
"Algunos compañeros dirigentes no han manejado bien, yo siento que no han robado, pero no han podido descargarse”, dijo.
Echan la culpa a técnicos por irregularidades en el Fondo

Leonardo Loza, vicepresidente de las Federaciones del Trópico de Cochabamba y también máximo dirigente de los Interculturales, afirmó que dirigentes indígenas y campesinos están involucrados en el caso Fondo Indígena por responsabilidad de los técnicos.


"Si los dirigentes indígenas algo tenemos que ver con el Fondo Indígena quizá es por culpa de algunos técnicos, porque la clase trabajadora, la clase humilde, por naturaleza y de sangre, no somos corruptos”, manifestó Loza, y también exhortó a exautoridades bolivianas refugiadas en Estados Unidos a retornar a Bolivia y rendir cuentas de los recursos que administraron cuando fueron gobernantes.


A consideración de Loza, la oposición utiliza como bandera el caso Fondo Indígena porque "no tienen un discurso político, ideológico” ni una propuesta.

Para dar con los verdaderos responsables de las irregularidades en el Fondo Indígena, el ex director ejecutivo Marco Antonio Aramayo y el exdirigente campesino Damián Condori exigen a la liquidadora Lariza Fuentes que entregue los videos y actas de las reuniones de directorio.

sábado, 26 de diciembre de 2015

Exdirectivos exigen que el Fondioc revele videos de reuniones

El exdirector Marco Antonio Aramayo, y el exdirigente campesino Damián Condori, detenidos preventivamente en el penal de San Pedro, exigen a Lariza Fuentes, liquidadora del Fondo Indígena, que entregue todos los videos y actas de las reuniones del directorio de la entidad indígena.

"Exigimos a Lariza Fuentes que entregue las actas, grabaciones y filmaciones de las reuniones del directorio del Fondo Indígena que se realizaron desde 2010”, dijo el exdirigente de la confederación nacional de campesinos y otrora aliado del MAS.

El reglamento del directorio del Fondo, ahora en liquidación por los hechos de corrupción, señala que un notario de Fe Pública grabará y registrará en acta el desarrollo de todas las reuniones.

Según Condori, detenido preventivamente desde el 2 de diciembre por el caso Fondo Indígena, con los videos y actas se demostrará que los principales responsables de las irregularidades en la entidad fueron la exministra Nemesia Achacollo y otros ministros que formaban parte del directorio y enviaron a sus técnicos y juristas a las reuniones.

"Como dice (el canciller David) Choquehuanca, hay manos blancas en el Fondo Indígena. Los que participan dentro del directorio técnicamente y jurídicamente eran delegados de cinco ministerios, por tanto, los ministros estaban al tanto desde la creación del Fondo. A ver, el ministro Luis Arce está desde 2006, el de Presidencia, Juan Ramón Quintana, claro, descansó un poco, (pero) ellos sabían muy bien. Sus técnicos evaluaban técnica y jurídicamente todo”, indicó el excandidato a la Gobernación de Chuquisaca.

Fueron miembros del directorio del Fondo Indígena los ministerios de Desarrollo Rural, de Economía, de Planificación, de la Presidencia y de Medio Ambiente. El decreto de creación de la entidad indígena, ahora abrogado, señala que: "Todas las decisiones que adopte el Directorio deberán ser aprobadas por consenso indefectiblemente”.

Por su lado, Héctor Castellón, abogado del exdirector Aramayo, aseveró que existen varios videos, audios y actas de las reuniones de directorio de la entidad indígena, reportó ERBOL.

Los pasados días se difundió videos de reuniones de directorio. En uno se observa a Aramayo informar a Achacollo, y otros dirigentes, que había actos de corrupción en la entidad. En un segundo video se ve a Achacollo decir que el Ministro de la Presidencia pidió informes a la entidad.

En ese marco, Castellón dijo que "no es sólo un video, sino que estas reuniones están transcritas en su integridad, tienen también audio, aparte de video, y tienen las resoluciones y actas firmadas”.

Según Castellón, su cliente pidió desde el mes de marzo a la interventora del Fondioc, Lariza Fuentes, que entregue estos registros; sin embargo, sus solicitudes nunca fueron aceptadas.

Indicó que, ante esta negativa de la interventora, Aramayo optó por entregar el video que tenía en su poder a la Fiscalía para continuar con las investigaciones.

El abogado pidió a la interventora "explicar a la población por qué no facilita información” que considera vital para exponer el rol de su defendido en este caso.

Caso Fondioc

Revelación En febrero de este año la Contraloría reveló un daño económico de 71 millones de bolivianos por proyectos inconclusos y fantasma financiados por la entidad indígena. Meses después, la intervención al Fondo Indígena reveló un daño económico de 102 millones de bolivianos por 30 proyectos fantasma y más de 700 proyectos observados.

Detenidos Por este caso están detenidos al menos 10 personas, entre ellos los exdirectores de la entidad: Elvira Parra y Marco Antonio Aramayo. Además está la exministra y dirigente de las Bartolinas, Julia Ramos, los dirigentes Melva Hurtado, Damián Condori, Félix Becerra y otros. Está prófugo el exdirector ejecutivo del Fondioc Daniel Zapata.

viernes, 25 de diciembre de 2015

Cuatro autoridades conocían de las anomalías del Fondo en 2011

Los ministros Carlos Romero, Luis Arce Catacora, Juan Ramón Quintana y su excolega Nemesia Achacollo conocían, incluso desde 2011, de las irregularidades en el Fondo indígena. Las cuatro autoridades fueron miembros del Directorio de la entidad indígena.
Las autoridades conocían de las anomalías hasta tres años antes de que la Contraloría revelara el daño económico de 71 millones de bolivianos por 153 proyectos inconclusos y "fantasma” financiados por la entidad indígena.
El Decreto 28571, de creación del Fondo Indígena, establece que el directorio del Fondo estará conformado por los ministerios de Economía, de Presidencia, de Desarrollo Rural, de Planificación y de Medio Ambiente, además de representantes de ocho organizaciones sociales.
La pasada semana, el ahora ministro de Gobierno, Carlos Romero, reveló que en 2011 el Órgano Ejecutivo se enteró de las irregularidades en la entidad indígena.
"Yo puedo hablar con algún conocimiento de causa porque fui Ministro de la Presidencia el año 2011 y en esa época recuerdo que el presidente (Evo) Morales y yo, en mi condición de Ministro de la Presidencia, tuvimos varias reuniones con el Pacto de Unidad. Advertimos que estaban aprobando miles de proyectos en el Fondo Indígena que no tenían ejecución plena, que tenían varias deficiencias en la formulación técnica, (y) que había una suerte de cuoteo en la disputa de los proyectos entre organizaciones”, afirmó Romero, en una entrevista con la red Uno.
En octubre, el ministro Arce, admitió que conocía "las cosas que no estaban bien” y que las observó "a través de nuestro representante (en el directorio del Fondo) hemos hecho las observaciones en su momento, solicitudes de mayor información y todo ello. Como ministerio hemos hecho notar varias veces que falta cierta información”, dijo.
Achacollo y Quintana conocían las anomalías desde 2013. Esa gestión, la exministra y dirigentes de organizaciones sociales, miembros del directorio fueron alertados -según un video- por el exdirector Marco Antonio Aramayo de la "mafia” y corrupción en la entidad.

En un segundo video, Achacollo, en reunión de Directorio que se realizó en febrero de 2014 en Huajchilla (La Paz), informó que recibió dos cartas del ministro Quintana, en las que solicitó que dé a conocer informes retrasados sobre el Fondioc.



Dinero recibido
Financiamiento El Fondo Indígena desembolsó 729 millones de bolivianos para la ejecución de proyectos productivos y sociales, es decir, un 22% de los 3.197 millones de bolivianos que recibió en nueve años del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
Proyectos Desde 2009, el directorio del Fondo Indígena -integrado por representantes de sectores sociales y de cinco ministerios- aprobó 3.177 proyectos; de éstos, 1.100 recibieron al menos un desembolso para la ejecución y 2.077 no recibieron recursos.
Daño El daño económico por proyectos inconclusos y "fantasma” es de 173 millones de bolivianos. La Contraloría identificó 71 millones y la Intervención, 102 millones.

El Fondioc manejó más de Bs 3.100 millones

Desde el 2006 al 2014 ingresaron Bs 3.197.482.681,88 para 3.177 proyectos del Fondo Indígena (Fondioc), según el informe de la interventora, Lariza Fuentes. De los cuales, hubo egresos de 1.342.418.894,10, quedando como saldo Bs 1.855.063.787,78.

Asimismo, sostiene el documento, de que el Directorio del Fondioc, en el periodo del 2010 al 2014, aprobó 3.177 proyectos productivos y sociales.

De esa cantidad a 2.077 no se hizo ninguna transferencia y 1.100 recibieron financiamiento, pero también detectó que solamente 216 tienen convenio de financiamiento vigente y 30 son fantasmas, ocasionando un daño económico al Estado de Bs 102,2 millones.

Fuentes estableció que el desembolso para los 1.100 proyectos representa Bs 729.132.136.

En un video hecho público, el exdirector de la entidad, Marco Antonio Aramayo, informó que entre 2010 y 2011 se aprobaron 3.462 proyectos, lo que demuestra una diferencia de 285 proyectos con el informe final de la interventora del Fondioc, Lariza Fuentes.

Antes del informe de la interventora, la exministra Nemesia Achacollo reveló que el Fondo erogó 1.342.418.894 bolivianos desde el 2008 hasta el 2014.

Superan los Bs 4 mil millones. Por su parte, el diputado de Unidad Demócrata (UD) Rafael Quispe asegura que las cifras superan los Bs 4 mil millones.

"Eso significa que un poco más de $us 450 millones han ingresado al Fondo Indígena, ahora se desconoce cuánto ha sido el desfalco y menos la cantidad de proyectos

fantasmas, porque no hay una auditoría por la Contraloría", afirmó. El legislador opositor, quien se ha convertido en uno de los principales denunciantes, agregó que son más de 700 personas que se han beneficiado sin que se hayan terminado los proyectos.

Esta cifra se queda corta, ante los 978 casos que indica el senador de UD, Óscar Ortiz, del dinero que se depositó en cuentas particulares de los representantes de proyectos.

El legislador opositor remarcó hace un par de meses, que solamente 60 desembolsos se realizaron en cuentas institucionales.

Si bien hay varias personas detenidas sobre este caso, el asambleísta opositor insiste en que se debe presentar imputación formal a la exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo y la excandidata a gobernadora del MAS por La Paz, Felipa Huanca.

Alegan inocencia. El pasado 30 de agosto, Achacollo renunció al cargo de ministra por las acusanciones en su contra.

En la oportunidad, alegó inocencia al sostener que no se llevó un solo centavo del Fondioc y que está dispuesta a defenderse en la justicia ordinaria.

Mientras que Felipa Huanca denunció ante la Comisión de Ética de la Cámara en octubre pasado al parlamentario Rafael Quispe, por supuesto acoso político.

Como se recordará, también la Contraloría informó en febrero de este año que la dirigente campesina figura como responsable en varios de los 153 proyectos del Fondo Indígena que causaron un daño económico de más de Bs 71 millones de bolivianos.

En agosto, la interventora del Fondo Indígena, Lariza Fuentes, informó que inició 56 demandas penales contra 90 beneficiarios, en los que figura Huanca por falta de descargos, falta de ejecución y otras irregularidades. La exaspirante a Gobernadora del MAS aseguró en una anterior oportunidad que entregó todas las pruebas de descargo a la entidad indígena y que no desvió recursos. Sin embargo, el proceso continúa y ya hay varias personas detenidas por los manejos irregulares de los recursos del ex Fondioc.

La corrupción del siglo. Por su parte, el exvicepresidente de Bolivia, Víctor Hugo Cárdenas, califica el escándalo del Fondo Indígena como la corrupción del siglo.

"Esto porque implica hasta el propio Gabinete Ministerial, porque habían cinco ministros miembros del directorio, que tenían responsabilidad pero que no son investigados", sentenció Cárdenas. Tal es el caso de la exministra Nemesia Achacollo, el titular de Economía Luis Arce; el de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; la extitular de Planificación, Viviana Caro y de Medio Ambiente, José Antonio Zamora. Señaló que estas autoridades eran las encargadas de aprobar los proyectos del Fondo Indígena porque conformaban la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE).

Sin embargo, especificó Cárdenas, las personas detenidas son de menor rango y hay una abierta impunidad con los verdaderos responsables del manejo irregular del cuestionado ex Fondioc.

Proyectos vigentes sin descargos. Por otro lado, el pasado 13 de noviembre concluyó el plazo para que realicen sus descargos los 216 proyectos vigentes que pasaron al nuevo Fondo Indígena.

Por ese motivo, Eugenio Rojas, director de la entidad, informó que no recibirán más desembolsos. Por lo que se comprometió, previo a un informe, remitir a una auditoría con recomendaciones para iniciar procesos administrativos y algunos penales. Rojas fue designado mediante una Resolución Suprema, emitida por el presidente Evo Morales y juramentado por el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, para la reestructuración de la inastitución observada.

La autoridad prometió trabajar en la elaboración de reglamentos que rijan la fiscalización de proyectos y el desembolso de recursos, entre otros aspectos. El titular del Fondioc fue denunciado por el exdirector Marco Aramayo, quien guarda detención, de presionar para la aprobación de proyectos extorsionando a los comunarios para recibir el 10% del costo de los planes, acusaciones que fueron negadas por Rojas.

Fondioc
En el 2005 se determinó asignar el 5% del IDH

Historia. Con el fin de crear el Fondo de Desarrollo Indígena (Fondioc), el 28 de septiembre del 2005, se suscribió un acuerdo entre el Poder Ejecutivo de aquel entonces, con los representantes originarios. Por lo que se dispuso reconocer la asignación del 5% de la recaudación en efectivo del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Según el informe de la interventora Lariza Fuentes, el Decreto Supremo 28571, dispone que esos recursos deben ser destinados a proyectos de desarrollo social y productivo para beneficio de los pueblos indígenas. De acuerdo a su norma de creación, corresponderá a los beneficiarios la presentación de los proyectos y que su estructura de financiamiento tenga como única fuente al Fondioc. Además establece que tales proyectos no deberían estar inscritos en los planes de desarrollo municipales y departamentales, así como tampoco en sus Programas Operativos Anuales (POA).

Caso fondioc
Salpica a opositores y oficialistas

Caso Fondioc. Suman y siguen las acusaciones tanto a oficialistas como opositores.

1. Marco Aramayo. Exdirector ejecutivo del Fondioc, detenido en el Penal de San Pedro desde marzo de este año.

2. Elvira Parra. Exdirectora del Fondioc, detenida junto con Aramayo.

3. Julia Ramos. Exministra de Justicia, aprehendida el 26 de noviembre y 4 días después detenida por el juez Ricardo Pinto.

4. Melva Hurtado. El 3 de diciembre, la titular de la Cidob masista fue aprehendida y detenida por el juez Pinto acusada de malversar Bs 22 millones.

5. Damián Condori. El 16 de noviembre fue aprehendido y el 2 de diciembre el juez Ricardo Pinto dicta su detención preventiva en San Roque.

6. Jorge Choque. Senador masista aprehendido el 29 de noviembre por el fiscal Ángelo Saravia, pero el juez Pinto le otorgó detención domiciliaria sin escolta.

7. Felipa Merino. Senadora aprehendida el 2 de diciembre, pero dos días después fue beneficiada por el juez Ricardo Pinto con la medida sustitutiva del arraigo.

8. Remy Vera. Dirigente campesino aprehendido el 3 de diciembre y un día después puesto en detención preventiva.

9. Félix Becerra. El exJiliri Apu Mallku del Conamaq opositor al MAS, fue aprehendido el 12 de noviembre en La Paz y dos días después enviado al penal de San Pedro.

Fondioc: Malversación causa malestar en provincias paceñas

El diputado de Unidad Nacional (UN), La Paz, Wilson Santamaría, señaló que los pobladores de la provincia Ingavi, desconocen dónde “fueron a parar” los recursos del Fondioc, recursos que originalmente fueron destinados a mejorar sus condiciones de vida y cuya malversación generó un desgaste en filas del MAS en esa región.

El legislador paceño explicó que los comunarios se muestran insatisfechos con la detención de sólo algunos dirigentes, asimismo, exigen cuentas sobre el destino de los recursos y nombres de los malversadores.

“Hay tanta desinformación, que nadie sabe cuántos miles de millones de bolivianos se perdieron y cuántos proyectos estaban destinados para La Paz, acotó Santamaría.

Mencionó que tuvo conocimiento que en dos proyectos, el primero, “Aymi comunal”, iniciada durante la gestión de Felipa Wanca, se desconoce la cantidad de recursos que fueron destinados, y el segundo de fortalecimiento, consistente en talleres de capacitación. Explicó que en ambos casos no existen datos, si éstos se concretaron y qué personas asistieron a esos eventos. Dijo que ese desconocimiento genera mucha molestia entre las bases.

El diputado explicó también que existe una desconexión entre los ejecutivos máximos que están junto al Presidente, como Vegamonte, ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTC B) y lo que piensan las bases.

Asimismo, hizo mención al hecho de que en la federación regional de la provincia Ingavi, no hay información sobre estos temas y que más bien existe mucha discrecionalidad a la hora de cuantificar montos, lo que va generando distanciamiento con el Movimiento Al Socialismo.

“Lo cierto es que la gente se entera por los medios de comunicación, se sorprende de la cantidad de recursos malversados y dice “qué ha pasado, a nuestro nombre han recibido dinero y solo Dios sabe cómo la han gastado”. Basta de este manejo, se debe ver otra opción”, aseveró.

OFICIALISMO

En tanto, la diputada uninominal, Mireya Montaño, explicó que en el proceso que la Fiscalía va siguiendo al caso, está dentro de los plazos perentorios admitidos para realizar la convocatoria a exministros, ex autoridades originarias, y tal vez, a algunos diputados o senadores además de aquellos que ya fueron citados.

Montaño informó que la Comisión de Justicia Plural, de la que ella es parte, al volver del receso solicitará los informes pertinentes, con el fin hacer el seguimiento pertinente. Aclaró que si se dieron detenciones preventivas, arraigos, medidas sustitutivas para sólo unas personas también se deberá hacerlo con otras que fueron parte del exFondo Indígena.

La legisladora mencionó que los fiscales están trabajando dentro del plazo perentorio, que establece la comisión, para ello citó como ejemplo los casos como el de Julia Ramos y Jorge Choque, quienes en las audiencias realizaron declaraciones , implicando a otras personas, lo que dio lugar a una nueva reunión de comisión de fiscales, quienes tienen un nuevo plazo de 15 días para convocar a otros inculpados.

Según la diputada, en esa fecha se llamará a la ex ministra Nemesia Achacollo y demás autoridades para que testifiquen y aclaren este polémico tema que no debería repetirse.

miércoles, 23 de diciembre de 2015

Patana es imputado por “desaparición” de vehículos

El exalcalde de El Alto Edgar Patana fue imputado por la fiscal anticorrupción, María Lilian Villalta Maldonado, por la “desaparición” de 33 vehículos que son parte de los bienes del Municipio alteño.

La información fue dada a conocer por el abogado Eduardo León, quien aclaró que esta es una causa distinta por la que la exautoridad está detenido en el penal de San Pedro.

“El requerimiento fue emitido el 17 de diciembre por la fiscal Villalta y acusa a Patana por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica por 33 vehículos que fueron entregados por la Dirección de Registro y Control de Bienes Incautados (Dircabi), los cuales no están en los inventarios de la Alcaldía de El Alto”, explicó en contacto con Radio Fides.

NUEVO CASO

León indicó que esta demanda es distinta a la de los 14 vehículos por la que guarda prisión en el penal de San Pedro de La Paz. Los 33 vehículos fueron entregados por el Ministerio de Gobierno mediante Dircabi, mientras los primeros fueron una concesión de la Aduana.

Recordó que la denuncia de los 33 vehículos fue realizada por Rafael Quispe el 15 de marzo de 2015, mientras la denuncia de los otros 14 automóviles fue una acción de la Alcaldía de El Alto, en octubre.

La base de la acusación de Quispe se basa en informes de auditoría que indican que los 33 vehículos fueron registrados a nombre del Gobierno Municipal alteño, pero son parte de sus inventarios de activos fijos en 2014.

El requerimiento de la Fiscal pide también prisión preventiva para Patana, por considerar que en libertad “obstaculizaría la investigación”.

PATANA

Por su parte, Valquiria Lira, abogada de la exautoridad, aseguró que la acusación es política y buscaría favorecer a autoridades de oposición para la victoria del NO en el referéndum de modificación de la Constitución Política del Estado.

Ante esto, aseguró que la defensa de Edgar Patana será jurídica y política.

martes, 22 de diciembre de 2015

En enero demandarán la apertura del caso Fondioc II



En enero de 2016, el diputado Rafael Quispe (UD) presentará una nueva querella por malos manejos económicos en el ex Fondo de Desarrollo Indígena y Campesino (Fondioc). La demanda la hará en contra de 10 dirigentes sindicales y actuales autoridades, para abrir el caso Fondioc II.

El caso Fondioc empezó en febrero tras la presentación de la denuncia de la Contraloría General del Estado, tras comprobar un daño económico al Estado de Bs 71 millones por 153 obras de desarrollo rural no ejecutadas. Luego, el Gobierno intervino la institución por seis meses y detectó 38 proyectos “fantasma” que causaron un daño de Bs 24,5 millones, cifra que podría subir a Bs 102 millones porque todavía faltan supervisar otras obras.

“En enero vamos a presentar una nómina de 10 personas implicadas en el caso Fondo Indígena; para esto interpondremos otra querella en la que se implicará no solo a dirigentes nacionales e indígenas, sino también estarán autoridades como el ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce, porque fue él quien autorizó la transferencia de recursos a cuentas bancarias personales de los acusados del proceso”, adelantó el asambleísta Quispe, de la opositora Unidad Demócrata (UD).

Agregó que entre los acusados de la lista también está el presidente de la Asamblea Departamental de La Paz, Marín Sandoval. Además, anunció que pedirá que se cite como testigos a los ministros de Gobierno, Carlos Romero, y de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, ya que estas autoridades sabían desde 2011 sobre los daños que había en el Fondo.

Quispe señaló que con la nueva denuncia pedirán al Ministerio Público que se abra el caso Fondo Indígena II, después de que se convoque y se procese a la exministra de Desarrollo Rural Nemesia Achacollo. “Vamos a presentar una nueva lista en la que también está la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Adela Álvarez, quien se benefició con varios proyectos”, añadió.

Por el manejo irregular de los recursos en el Fondo Indígena hay 13 personas encarceladas, entre ellas cinco altos representantes y dirigentes ligados al Movimiento Al Socialismo (MAS), como Julia Ramos y la presidenta de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), Melva Hurtado. También están implicados en el proceso los senadores Jorge Choque y Felipa Merino, ambos del MAS.

En septiembre, Eduardo León, abogado de Quispe, presentó ante la Fiscalía Departamental de La Paz cinco denuncias penales en contra de dirigentes de organizaciones sociales para sindicarlos en el caso Fondioc. Se los acusa de cometer delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y asociación delictuosa. Entre los acusados están la dirigente Hurtado, quien habría administrado Bs 22 millones y Juanita Ancieta (ejecutiva de la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa), sindicada de recibir Bs 8 millones del Fondo Indígena.

En marzo, este diario reveló que al menos ocho dirigentes de organizaciones sociales recibieron dinero de esa entidad a través de transferencias realizadas a sus cuentas bancarias personales y en entidades privadas. Los documentos indican esta irregularidad en comprobantes de desembolso de recursos del Banco Central de Bolivia (BCB) hacia el Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y de éste a otras cuentas particulares y no así, como debe ser, al Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) que está dentro del Banco Unión.

Acción de libertad

Proceso

Ayer, en el Juzgado 1º de Instrucción Anticorrupción de El Alto se suspendió la audiencia de cesación de detención preventiva de la presidenta de la CIDOB Melva Hurtado, informó Ernesto Melgarejo, abogado de la dirigente; dijo que aún no hay fecha para la audiencia.

Caso Fondo Indígena Melva Hurtado presenta solicitud de libertad

Melva Hurtado, presidenta de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), y detenida en la cárcel de mujeres de La Paz, presentó un solicitud de libertad al juez anticorrupción de El Alto, Ricardo Pinto.

Hurtado se encuentra recluida por estar sindicada de haber recibido Bs 21 millones en sus cuentas particulares en el marco de proyectos del Fondo Indígena. Varios de los proyectos que encabezó son "fantasmas", aseguran acusaciones contra ella.

De acuerdo a los documentos, 11,7 millones fueron destinados al proyecto de "implementación de centros de ganado bovino en Tierra Comunitaria de Origen Cayubaba y Joaquiniano", en los municipios de San Joaquín y Exaltación; y ocho millones de bolivianos para el "apoyo a la cadena y comercialización de emprendimientos agrícolas, pecuarios, forestales, artesanales" en 12 regionales afiliadas a la CIDOB.

Hurtado es acusada por los delitos de incumplimiento de contratos, enriquecimiento ilícito y favorecimiento a particulares con afectación al Estado.

Anteriormente, la representante de la CIDOB calificó de injusta su detención alegando que presentó todos los descargos de los recursos que recibió del Fondo Indígena.

Según el reporte de ATB, la presidenta de la CIDOB aguarda la decisión del juez Pinto a su pedido de libertad.

Potosi Víctimas habrían identificado a cinco asambleístas en red de corrupción

El abogado de José Luis Gamarra, Jesús Morales, informó que aparentemente las víctimas habrían identificado a cinco asambleístas departamentales que fueron parte de la red de corrupción que actualmente investiga el Ministerio Público.
Dijo que el fiscal asignado a la investigación ya convocó a uno para tomar sus declaraciones respecto al supuesto cobro de recursos económicos para acceder a un cargo al interior de la Asamblea Legislativa Departamental de Potosí.
"Hay una lista de 63 personas las cuales están hablando de cargos que se iban a entregar por estos malos asambleístas que ahora son cinco los involucrados", dijo el abogado sin dar nombres y apellidos de los que presuntamente son sindicados de cometer actos ilícitos en la Asamblea.
Morales prevé que el Ministerio Público citará a los asambleístas a declarar sobre los supuestos actos de corrupción en los que estarían involucrados.
Para el abogado, la Fiscalía podría ampliar, según el avance investigativo, contra otras personas que habrían sido parte de la presunta red de corrupción.
Sin embargo, lamentó que se investigue más a las personas que denuncian este tipo de hechos irregulares en vez de que se sumen a la denuncia.
Dijo que también las víctimas presentan sus declaraciones sobre los hechos.

Caso Fondo Indígena Diputado presentará nueva lista e incluye a ministros

El diputado Rafael Quispe anunció ayer que en los siguientes días presentará una nueva lista de implicados y señaló nombres de otras autoridades como el presidente de la Asamblea Departamental de La Paz, Marín Sandoval. Además critico al Ministerio Público por no hacer una investigación por su cuenta.

“El señor presidente de la Asamblea Departamental (Marín Sandoval), está implicado en el caso del Fondo Indígena”, sostuvo el Diputado al mencionar que varias exautoridades deben presentarse como testigos porque Gobierno conocía del mal manejo del Fondo Indígena.

Entre la lista que Quispe anunció será entregado en los primeros días del 2016, estarían el ministro de Gobierno Carlos Romero, el ministro de Economía, Luis Arce, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, el presidente de la Asamblea Departamental de La Paz (Marín Sandoval) y la exdiputada Adela Álvarez.

Quispe aseguró que en el caso del ministro Quintana, este informó en 2011 que se conocía de las irregularidades en esta entidad creada para la ayuda al sector indígena.

En cuanto a la exdiputada Álvarez, este afirmó que en su calidad de autoridad de Estado se benefició con la aprobación de varios proyectos.

Por último, en el caso de Sandoval, mencionó que este incurrió en irregularidades en el manejo de tres proyectos para Caranavi.

sábado, 19 de diciembre de 2015

Llevan a CIDH denuncia por el caso terrorismo

Gary Prado Arauz, abogado defensor de Zvonko Matkovic, viajará hoy a Estados Unidos para denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las violaciones a las que son objeto los acusados por el supuesto delito de terrorismo y alzamiento armado en el juicio que se realiza por más de 6 años en Santa Cruz.

La declaración la hizo al finalizar la audiencia de ayer y en la que el juez Sixto Fernández, de la sala Primera de Instrucción en lo Penal de La Paz, negó un incidente planteado por la defensa del acusado, Zvonko Matkovic, para que sea sacado del caso y que se lo juzgue aparte tomando en cuenta que sus derechos fueron violentados por un intento de extorsión del entonces fiscal Marcelo Soza. Además, convocó para el 4 de enero a la reanudación de las misma.

El abogado defensor de Matkovic señaló que no sólo le negaron ese incidente, sino que el Tribunal, en un intento de amedrentarlos, los multó con Bs 3.300 y los amenazó con sacarlos del caso si es que volvían a plantear otro recurso igual al anterior. “Sostuvo en su resolución que no influye que Marcelo Sosa hubiera sido un extorsionado”, señaló.

Prado Arauz afirmó que estás determinaciones lo obligan a tomar la decisión de viajar a Washington, sede de la CIDH, para denunciar los atropellos que reciben su cliente y los demás procesados. “Mañana (hoy) voy a partir para presentar este legado y otros actuados con denuncias a los derechos humanos, de las garantías y del debido proceso de todas las personas que están en este juicio”, reiteró.

Prado recordó que la Corte Interamericana de Defensa de los Derechos Humanos podría anular el juicio y exigir que se reparen los daños a los acusados, además de realizar una investigación y castigar a los verdaderos responsables de haber violentado los derechos humanos de todas esas personas.

Fiscal ve avances en el juicio

El fiscal Sergio Céspedes, uno de los que investiga el caso de supuesto terrorismo, en una especie de balance anual, dijo que ve un buen avance, ya que se ha escuchado a más de 10 testigos, pese a los indecentes dilatorios presentados por la defensa de los acusados.

Sin embargo, no se animó a manifestar si el 2016 se dictará una sentencia acusatoria o de inocencia de los acusados que quedan aún en el juicio que se realiza en el Palacio de Justicia de Santa Cruz.

Señaló que en la parte acusatoria, especialmente, se ve las intenciones de avanzar y de llegar a un final del caso terrorismo, pero que lastimosamente esa actitud no la tienen los acusados y sus defensores que a cada momento interponen recursos dilatorios y sin fundamento con la única intención de hacer que el proceso se alargue lo más posible.

“Pese a ello en lo que va del año tuvimos 13 testigos en el banco prestando sus declaraciones y esta semana deberíamos tener tres más, pero la defensa lo impidió con sus recursos”, indicó.

Fondioc gastó sólo el 22% de sus recursos en proyectos

El Fondo Indígena desembolsó 729 millones de bolivianos para la ejecución de proyectos productivos y sociales, es decir, un 22% de los 3.197 millones de bolivianos que recibió en nueve años del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Página Siete no pudo conocer el detalle del destino de los restantes 2.400 millones de bolivianos.
El Decreto Supremo 28571, de creación del Fondo Indígena promulgado en 2005 por el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, establece que la entidad tendrá como fuente de financiamiento regular el flujo de recursos provenientes del 5% de las recaudaciones del IDH.
En ese marco, según el informe que presentó la exministra de Desarrollo Rural Nemesia Achacollo a la Cámara de Senadores, el Fondo Indígena recibió desde el año 2006 hasta el año 2014 un monto total de 3.197.482.681 de bolivianos del IDH.
Sin embargo, la entidad indígena comenzó a utilizar los recursos desde 2008. De acuerdo al informe al que accedió Página Siete, la entidad no gastó dinero en 2006 y 2007. En esos dos años recibió más de 572 millones de bolivianos. (Ver infografía)
Desde 2009, el directorio del Fondo Indígena -integrado por representantes de sectores sociales y de cinco ministerios- aprobó 3.177 proyectos, de éstos, 1.100 recibieron al menos un desembolso para la ejecución y 2.077 no recibieron recursos.
En ese marco, de los 3.197 millones de bolivianos que recibió el Fondo Indígena, el directorio presupuestó 1.092 millones de bolivianos para la ejecución de proyectos, pero sólo desembolsó 729 millones de bolivianos a cuentas particulares de los representantes de cada proyecto.

En diciembre de 2014, la Contraloría General del Estado denunció ante el Ministerio Público un daño económico de 71 millones de bolivianos por proyectos inconclusos y fantasmas.
Mientras que la Intervención del Fondo Indígena identificó un presunto daño económico de 102 millones de bolivianos por 30 proyectos fantasma y 713 inconclusos, que recibieron al menos un desembolso para ser ejecutados.
Anteriormente, la liquidadora del Fondo señaló que el monto puede ascender una vez que los proyectos en cuestión sean sometidos a una auditoría.

La Fiscalía, desde enero, hace la investigación para recuperar y conocer el destino del dinero que erogó el Fondo Indígena.
Para cumplir ese objetivo, según el fiscal Angelo Saravia, miembro de la comisión de fiscales que investiga la defraudación de recursos del Fondo Indígena, se está tramitando en el Órgano Judicial la anotación preventiva de los bienes de todos los imputados en el caso.
"De acuerdo a procedimiento penal, el Ministerio Público aplica la anotación preventiva de los bienes e inmuebles de los imputados por el desfalco o defraudación de los recursos del ex Fondo Indígena”, explicó Saravia.
Por el caso hay al menos 24 detenidos preventivamente en centros penitenciarios: los exdirectores ejecutivos del Fondo Elvira Parra y Marco Antonio Aramayo, además de los dirigentes campesinos Félix Becerra, Damián Condori y la exministra Julia Ramos, y también exfuncionarios de la entidad.

Uruguay rechaza extradición de Alejando Melgar y concluyen tres años de pugna judicial

La Justicia uruguaya negó la extradición del boliviano Alejandro Melgar, uno de los acusados por el caso Hotel Las Américas, donde murieron a manos de la Policía Eduardo Rózsa y dos de sus supuestos cómplices. Terminaron así tres años de pugnas judiciales.

El tribunal de Apelaciones de ese país rechazó el pedido de extradición presentado por el gobierno de Bolivia contra Melgar, que está detenido en la Cárcel Central de Montevideo desde 2012, dijo el diario uruguayo El País. Melgar, que también tiene nacionalidad uruguaya, afirma ser un perseguido político del gobierno boliviano, que lo acusa supuestamente sin pruebas de pertenecer a la banda que dirigía Rózsa.

El día que se produjo el asalto al Hotel Las Américas, en el que murieron además el rumano Arpad Magyarosi y el irlandés Martín Dwyer, Melgar estaba fuera del país participando en un torneo internacional de tiro. La Policía llegó a su casa en horas de la noche y allanó su vivienda. Melgar entonces se trasladó a Uruguay, donde vivió tres años haciendo una vida normal, hasta que fue detenido en 2012 a pedido del Estado boliviano.

El diario El País dijo que el caso de Melgar se convirtió en la extradición más larga de la historia de esa nación, que dura ya tres años. Apeló al fallo de la jueza Adriana De los Santos, que concedió su extradición en abril pasado. Ahora, con el fallo del Tribunal de Apelaciones confirmado a El País por el juez Rolando Vomero, Melgar será juzgado en Uruguay.

Melgar, que es abogado y profesor universitario en temas constitucionales, dice ser un "perseguido político" del Estado boliviano, que "plantó pruebas" contra él. El caso Hotel Las Américas está plagado de irregularidades. El exfiscal del caso, Marcelo Soza, que fugó a Brasil, admitió haber recibido presiones de las autoridades para acusar a dirigentes cruceños. Un audio en el que se escucha su voz asegura que se montaron pruebas contra los acusados.

Las autopsias realizadas por especialistas europeos a los cuerpos de Rózsa, Magyarosi y Dwyer establecieron que los tres fueron ejecutados, con tiros que penetraron en sus cuerpos por la espalda o desde arriba. Uno de ellos estaba aparentemente esposado cuando murió.

Caso Rózsa El Tribunal multa a cuatro abogados y les advierte

El presidente del Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, Sixto Fernández, multó con Bs 3.300 a cuatro abogados defensores del caso Rózsa. Los afectados con la resolución del juez, son Gary Prado Araúz, Carlos Mariaca, Álvaro Melgarejo y José Hoffmann. Los motivos fueron la presentación de un incidente procesal defectuoso pidiendo levantar la acusación contra Zvonko Matkovic, a la que se adhirieron Ronald Castedo y Hugo Paz. El juzgador al considerar como dilatoria la conducta de los juristas, resolvió el pago de dos salarios mínimos de sanción para cada uno. Además, amenazó con apartarlos del proceso si continúan presentando estos incidentes, que considera dilatorios.

Demuestran parcialidad. Por su parte, los abogados Prado Araúz, Melgarejo y Mariaca, coinciden que la resolución del Tribunal es una muestra de la parcialidad del juez Fernández, quien busca sentenciar con una acusación armada por el Gobierno.

Melgarejo lamentó la decisión del administrador de Justicia, quien aseguraba de que no se presentó pruebas, siendo que se les hizo llegar la sentencia contra Ana Claudia Arruda, quien admitió su culpa como cómplice del exfiscal Marcelo Soza en la extorsión a Zvonko Matkovic y su familia.

Exdirectivo: se tapó 300 proyectos fantasmas del Fondioc

El exmiembro del Directorio del liquidado Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc) Faustino Flores reveló a Erbol que en 2012 se tapó 300 proyectos “fantasmas”.

Flores, también expresidente de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), explicó que estos casos se dieron a conocer el 30 de septiembre de 2012, durante una reunión del Directorio, presidido por la entonces ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, y con la presencia de los representantes de las organizaciones campesinas, “Bartolinas” y de colonizadores.

Aseguró que, como bloque indígena, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia y sus regionales -Central de Pueblos Étnicos de Santa Cruz, la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni y la APG - pidieron que los desembolsos para los proyectos “fantasma” se congelen.

Revelan que en 2012 se tapó 300 proyectos fantasmas

El exmiembro del Directorio del liquidado Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc), Faustino Flores, reveló a la red Erbol que en 2012 se tapó 300 proyectos “fantasmas” que fueron identificados y no se hizo nada para remediarlos.

Flores, también expresidente de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), explicó a dicho medio radial que estos casos se dieron a conocer el 30 de septiembre de 2012, durante una reunión del Directorio, presidido por la entonces ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo y con la presencia de los representantes de las organizaciones campesinas, Bartolinas y de colonizadores.

Control. Aseguró que, como bloque originario, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) y sus regionales -Central de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC), la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEMB) y la APG, pidieron que los desembolsos para los proyectos “fantasma” se congelen.

Dijo que, con la solicitud de cierre de las carpetas de los aparentes 300 proyectos “fantasma”, la intención era que se viabilicen más proyectos a favor de los pueblos indígenas de tierras bajas porque no contaban con muchos.

"Nadie se daba cuenta, nosotros, los pueblos indígenas hemos agarrado los proyectos inocentemente", lamentó.

Beneficiados. Según Flores, ese día del 2012 se informaron que el 80% de los proyectos se destinaron para el sector campesino, un 10% para la Cidob y un 5% para el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq). Narró que al contar los campesinos con la confianza del gobierno podían conseguir cuantos proyectos quisieran.

En 2013 el exdirector Ejecutivo del Fondo Indígena, Daniel Zapata, brindó un informe sobre los proyectos aprobados y ejecutados en la desaparecida entidad estatal. De acuerdo con el mismo, la CSUTCB se benefició hasta esa gestión con la ejecución de 157 de 1.294 proyectos productivos de un valor de Bs 102 millones. Mientras que la APG solo consiguió cinco obras productivas de Bs 2.2 millones.

Investigar las principales cabezas. Por su parte, la presidente de la Confederación de Mujeres Indígenas de Bolivia (Cnamib), Judith Rivero, comentó que se debe investigar las principales cabezas empezando por el presidente Evo Morales. Además, la dirigente indígena opositora al MAS pidió que se indague a la exministra Achacollo y a las cabezas de las otras organizaciones originario - campesinas, “que han sido anzuelos del masismo para desfalcar el Fondioc”, sentenció Rivero.

El país contará con un laboratorio brasileño para detectar lavado de dinero

Brasil instalará en Bolivia un laboratorio con tecnología propia para detectar operaciones de blanqueo de dinero como parte del apoyo a la lucha contra el narcotráfico anunció ayer el nuevo embajador brasileño en La Paz, Raymundo Rocha Magno.

El diplomático dijo en una rueda de prensa que será la primera vez que esa red tecnológica brasileña se instalará en otro país.

Se trata de un proyecto sobre el que ambos países conversan desde hace más de dos años con objeto de detectar los capitales generados por la corrupción y el crimen organizado trasnacional.

Los laboratorios de tecnología contra el lavado de dinero procesan y analizan grandes cantidades de datos financieros y bancarios en un tiempo reducido.

El sistema brasileño que opera con esa red cooperará con la Unidad de Investigaciones Financieras de Bolivia.

viernes, 18 de diciembre de 2015

Desaparición de otros 33 vehículos Suma imputación a Patana

Dentro de las varias denuncias que se tiene en contra del exalcalde de El Alto, Edgar Patana, ayer se informó que la Fiscalía emitió una segunda imputación en contra de la exautoridad, esta vez por la desaparición o mal uso de otros 33 vehículos y se espera que, en los próximos días, se proceda a incrementar los cargos por otros 24 motorizados.

Un informe de la Dirección Jurídica de la Alcaldía de El Alto, dado a conocer en septiembre pasado, reveló que 33 vehículos han sido reportados como faltantes en sus garajes, por lo que inició una querella en contra la exautoridad edil.

Sonia Vallejos directora de la Asesoría Jurídica, explicó que al inicio de esta nueva gestión, se comenzó la investigación sobre el paradero de 55 automotores, los 33 mencionados y otros 22 que recibió la Alcaldía de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi).

También se inició un proceso penal contra el exjefe del parque automotor municipal Gregorio Mamani. Ambos exfuncionarios son acusados de Incumplimiento de Deberes y Daño Económico al Estado.

El director de Asuntos Jurisdiccionales, Rodrigo Tarquiola, explicó que de los 33 vehículos, ocho se encuentran registrados de forma oficial en las listas de la Alcaldía, 22 no lo están, dos se detallan como robados y uno de ellos no se lo ubicó físicamente.

Se conoce que dentro los 33 motorizados reportados, se encuentran motocicletas, motoniveladoras, topadoras y otros. Según se extrae la información, Patana no realizó los procedimientos administrativos necesarios para preservar los bienes municipales.

Caso Fondioc Fiscalía anuncia anotación de bienes de imputados


Ex fondo indígena.

El miembro de la comisión de fiscales que investiga la defraudación de recursos del ex Fondo Indígena Originario Campesino (Fondioc), Ángelo Saravia, informó ayer que está en trámite en el Órgano Judicial la anotación preventiva de los bienes de todos los imputados en ese caso.

"De acuerdo a procedimiento penal el Ministerio Público aplica la anotación preventiva de los bienes e inmuebles de los imputados por el desfalco o defraudación de los recursos del ex Fondo Indígena", explicó.

Recordó que el objetivo de ese procedimiento es recuperar el daño económico que causaron al Estado desviando recursos económicos destinados a proyectos en comunidades del oriente y occidente del país.

"La finalidad de este procedimiento no es meter por meter a la cárcel a los imputados, sino recuperar algunos patrimonios a favor del Estado", remarcó.

"Por más que devuelvan el dinero el delito existió y se constituye en un hecho vinculado a corrupción, aunque en procedimiento penal existen salidas alternativas", complementó.

Explicó que luego de las últimas imputaciones y encarcelamientos, la investigación continuará.

UN EXDIRIGENTES SE BENEFICIO CON $US 5 MILLONES Juanita Ancieta será citada por la Fiscalía

Noticia publicada elLa Fiscalía elabora el requerimiento de extradición para Adolfo Chávez.

El fiscal Angelo Saravia, que investiga el caso de corrupción en el Fondo Indígena, dijo que Juanita Ancieta, máxima dirigente de la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, será la próxima dirigente citada a declarar.

Ancieta es investigada por el Ministerio Público, pese a devolver más de cinco millones de bolivianos del Fondo Indígena al Tesoro General de la Nación (TGN).

Ancieta en una anterior declaración afirmó que coadyuvará con el esclarecimiento del caso en el fondo Indígena donde ya fueron imputados y sometidos a audiencia cautelara, una exministra, dos autoridades del legislativo y dos dirigentes, la mayoría afines al Movimiento al Socialismo (MAS).

Ancieta fue señalada en las investigaciones por los propios inculpados, como la dirigente que se favoreció con más proyectos fantasma en el Fondioc, indicios que recién son tomados en cuenta por el Fiscal Saravia, quien volvió a reiterar que “la devolución de los recursos no los exime de culpa” y que “si no se ejecuta el proyecto eso es un delito” que será valorado después que presenten su declaración.



PECES GORDOS. A su turno Remigio Figueredo, exdirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (CSUTCB) señaló que en este caso “solo han caído los pequeños” y que los “peces gordos” gozan de impunidad y protección.

Figueredo explicó que un exdirigente, Isaac Ávalos, no es mencionado por la interventora y el Ministerio Público. Éste, según su denuncia, se apropió de cinco millones de dólares del fondo indígena.

“Están cayendo sólo los pequeños y los peces gordos gozan de protección del Estado, entre ellos están Isaac Ávalos, Felipa Huanca, Adolfo Chávez, declarado exiliado, Juanita Ancieta y otros. Además de autoridades de Estado como Luis Arce Catacora, Juan Ramón Quintana”.

Debido a estas denuncias, Figueredo dijo que es víctima de una persecución política por parte del Ejecutivo. “Lo que han pretendido las autoridades de Estado es hacer quedar mal a los aymaras y quechuas para borrarlos y señalarlos como los grandes ladrones del país”.



RETORNO. Finalmente el dirigente campesino y actual diputado de la oposición, Rafael Quispe, solicitó al dirigente Adolfo Chávez su retorno al país para afrontar el proceso en su contra y demostrar al Gobierno que no tienen miedo a la verdad. Chávez tramita su solicitud de asilo en Ecuador y el fiscal que investiga el caso Fondioc, Angelo Saravia, advirtió que de oficializarse su solicitud el Estado boliviano solicitará su extradición.

martes, 15 de diciembre de 2015

POR LOS PROYECTOS DEL EXFONDIOC Afirman que comunarios dieron diezmo a dirigentes

Héctor Castellón, abogado del ex director ejecutivo del Fondo Indígena Originario Campesino (Fondioc) Marco Aramayo, dijo a Erbol que algunas comunidades indígenas que se beneficiaron con los proyectos de esa institución entregaron a sus dirigentes hasta el 10 por ciento del monto total de las obras.

“Se ha establecido de que muchos de los dirigentes y muchos de los palos blancos (...) han extorsionado de cierta manera o han engañado a la gente. Hay comunidades indígenas que tenían un desconocimiento (...) y dentro de la buena fe que tienen (...) han creído en sus dirigentes y han entregado montos de dinero que llegaban hasta el 10 por ciento del total del proyecto”, afirmó.

El abogado incluso habló de una cifra global estimada. “Son 1.300 millones de bolivianos, (entonces) el 10 por ciento ya se imaginarán”, sostuvo.

Asimismo, dejó entrever que algún porcentaje de ese total podría haber llegado a algunos que formaban parte del directorio del Fondo Indígena, teniendo en cuenta que ellos designaban a sus técnicos.

Para esclarecer estas presunciones, Castellón pidió al Ministerio Público convocar a unas 4.400 personas que supuestamente tuvieron un conocimiento más claro del manejo del dinero destinado para proyectos.

Piden investigar Bs 70 millones del Fondo Indígena

El exdirigente campesino Joel Guarachi pide a las autoridades nacionales y judiciales investigar con mayor rigurosidad el desembolso de 70 millones de bolivianos dentro del polémico caso del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc).

El exdirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y ahora representante de Coordinadora Nacional para la Defensa de la Constitución Política del Estado (Conalpadeco), asegura que hay cinco ministerios que deberían ser investigados dentro del proceso de corrupción en el manejo del Fondioc.

Denuncias. Según Guarachi, existen documentos probatorios que se firmaron en una reunión donde participaban los interesados y representantes cercanos del directorio del Fondioc, entre ellos los Ministerios de Planificación, Economía y Finanzas, Desarrollo Productivo y Economía Plural, Desarrollo Rural y Tierras y de la Presidencia.

Guarachi mostró una copia de un acta notariada de una de las reuniones de directorio del Fondioc, en donde figuran representantes de los cinco ministerios a la cabeza de Julia Ramos, exministra de Desarrollo Rural y Tierra, junto a Isaac Ávalos, como representante de la CSUTCB, Elías Quelca de Conamaq, Pedro Nuni de la Cidob, Diego Faldín de CPESC, Wilson Changaray de la APG y Ernesto Sánchez de la CPEMB.

No quiso dar mayor información de la copia del acta notariada de la reunión del 30 de marzo del 2009, del directorio del Fondioc.

Cuestionó el papel de la interventora del Fondioc, Lariza Fuentes, en no dar a conocer las supuestas irregularidades que existen en el Fondioc, de las que también tendrían conocimientos otros ministerios. "Hay setenta millones de bolivianos que no dice la interventora Larisa (Fuentes), ¿Por qué no dice nada de eso?, porque hay ministros de Estado que manejaron esta plata. Nosotros los emplazamos a decir que digan en qué gastaron ese dinero, porque no hay descargos en el fondo indígena", manifestó Guarachi.

Citaciones. El dirigente campesino aprovechó una vez más para exigir a los fiscales que investigan el irregular manejo administrativo del Fondioc, citen a la exministra de Desarrollo Productiva, Nemesia Achacollo, para que declare.

Asegura que Achacollo al haber sido la presidente del Fondioc, tiene conocimiento de los hechos de corrupción y que debe responder, al igual que el ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce Catacora.

Cochabamba Hallan indicios de corrupción en 4 proyectos y despiden a 5

La Gobernación de Cochabamba informó que identificaron indicios de corrupción en cuatro proyectos de la Dirección de Seguridad Ciudadana y destituyeron al director y cuatro profesionales más.

El gobernador Iván Canelas manifestó que decidieron prescindir de los servicios de cinco personas porque detectaron que aparentemente existen sobreprecios en compras.

El director de Asesoría Jurídica y Legal de la Gobernación, Rodrigo Quinteros, explicó que detectaron irregularidades en el proceso de contratación de los proyectos de compra de 8 portacams u oficinas móviles para la Policía, 40 motocicletas y más de 12 camionetas.

La autoridad resaltó que, en este caso, solo son indicios y que no se tiene certeza de la existencia de una responsabilidad penal. Acotó que se recomendó la investigación a la Unidad de Transparencia.

“Se ha advertido oportunamente. No hay pago alguno que se haya realizado. Está descartada la posibilidad de daño económico, porque se advirtió lo que pasaba justo antes de la firma de contratos”, detalló.

Dijo que dentro de uno de los procesos de contratación, la documentación llegó a Jurídica, el 30 de noviembre y de los otros el 4 de diciembre.

“Fue muy casual que en esas fechas lleguen tres procesos de contratación de una sola Unidad. Eso llamó la atención”, sostuvo y agregó que los montos también fueron evidentes en el sentido de que podría existir sobreprecio.

Añadió que por seguridad todos los procesos de contratación que se han iniciado en la gestión del exdirector de Seguridad Ciudadana se cancelaron.

“El Gobernador ha tomado la decisión de atacar el fondo, la manzana podrida”, manifestó.

Apuntes

Las camionetas

El director de Asesoría Jurídica y Legal de la Gobernación, Rodrigo Quinteros, detalló que el monto para la adquisición de 12 camionetas asciende a 3.3 millones de bolivianos.

En estos casos se maneja la hipótesis de que podría existir un sobreprecio, aunque se desconoce si fue la empresa que dotaría de los carros o la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Gobernación.

Los portacams

En el caso de los portacams u oficinas móviles para la Policía, Quinteros explicó que llamó la atención que en la elaboración de los términos de referencia, el tiempo determinado para la entrega de los bienes sea de 30 días y que el proponente baje el plazo a 25 días que es “muy poco para hacer la entrega”.

Por seguridad

El cuarto proyecto, que consideraba la compra de motos y camionetas por un monto de 900 mil bolivianos, fue cancelado, debido los indicios de corrupción hallados en los otros procesos de contratación.

Denuncian inacción de Fiscalía en millonaria estafa para favorecer a empresa Estrugo

Un equipo de abogados denunció al Defensor del Pueblo la “inacción” del Ministerio Público de la zona sur de La Paz para favorecer al empresario constructor, Emerson Estrugo, quien es acusado de estafar más de 10 millones de dólares a 25 víctimas por la preventa de departamentos.

Los abogados Milton Mendoza, Wilfredo Alarcón y Jorge Vega se apersonaron a la Defensoría del Pueblo para poner en conocimiento de las irregularidades que se manifiestan en el accionar de fiscales, en primer instancia de María Teresa Lenz y ahora de Jenny Ajata, que con sus acciones permiten que el dueño de la constructora Estrugo Asociados continúe libre, pese a que pesan en su contra 12 denuncias por estafa.

“Lo que queremos, además, es denunciar la inacción del Ministerio Público, que en vez de defender a la sociedad y a las víctimas, lo que hace es proteger y defender a Emerson Estrugo, denunciado por estafa de un monto de más de 10 millones de dólares”, afirmó Mendoza.

Según el abogado, hasta la fecha no se tiene ningún mandamiento de aprehensión ni detención preventiva, cuando los elementos de prueba son contundentes.

“Estamos seguros que el señor Emerson Estrugo va huir del país, por tanto queremos que el Ministerio Público proteja y defienda a las víctimas y no se favorezca a los delincuentes”, aseveró.

A su vez, Vega denunció que el fiscal Ajata actuó premeditadamente para dilatar el caso en favor de Estrugo, cuando en otros casos los fiscales actúan con celeridad.

“El señor Estrugo, mediante operadores de justicia como fiscales, está comprando la justicia, esa es nuestra conclusión, esa es la explicación razonable porque la conducta de las fiscales María Teresa Lenz y Jenny Ajata es corrupción, ese es un nuevo caso que debe investigarse”, aseveró Vega.

Juicio por caso misiles chinos se reanudará el 12 de enero

El juicio oral por el caso misiles chinos fue suspendido hasta el 12 de enero a solicitud de ambas partes, así lo dictaminó el Tribunal Supremo de Justicia y aclaró que los plazos procesales quedan suspendidos durante ese tiempo.

“Se hace cuarto intermedio hasta las 9.00 del próximo 12 de enero del año 2016 conforme la petición de ambas partes”, indicó el presidente del Tribunal del juicio, Antonio Campero.

En la actualidad el juicio está en la fase de ofrecimiento de prueba por parte del Ministerio Público, que durante la pasada semana procedió a la lectura de 76 recortes de periódicos sobre los hechos considerados delitos, informó el abogado del general Marcelo Antezana, Oswaldo Rojas.

Según la defensa, en las 76 notas realizadas por periódicos que fueron aportadas como pruebas, el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé admitió haber autorizado la desactivación de los misiles chinos, pero no habría aprobado su salida del país, por eso la pregunta seguiría siendo quién autorizó.

“Hay muchas especulaciones que demuestran que el presidente Rodríguez Veltzé tenía conocimiento de la salida”, señaló Rojas.

En este caso se encuentran procesados Gonzalo Méndez, exministro de Defensa; el excomandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, almirante Marco Antonio Justiniano; el excomandante General del Ejército y exsenador, Marcelo Antezana; el general Gonzalo Rocabado; el exjefe de Estado Mayor, Marco Antonio Vázquez; el exinspector General del Ejército, Víctor Hugo Cuéllar; los coroneles Wilber Sánchez y David Torrico, y el exayudante del Departamento Cuarto del Ejército, capitán Ernesto Caballero, según la agencia ANF.

MARCELO ANTEZANA

El general Marcelo Antezana, principal imputado dentro del proceso denominado “Misiles Chinos”, anunció ayer que pedirá que el coronel Ciro Valdivia se presente a declarar como testigo de descargo. El pedido, se hace luego de que Valdivia fuera sometiera a juicio abreviado y fuera condenado a dos años de cárcel, quedando fuera del proceso en el que ahora quedan nueve imputados.

El 23 de noviembre, Valdivia, recibió la sentencia por la comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y revelación de secretos militares “en el grado de complicidad.

“Más que perjudicarme, me favorece, porque él (Valdivia) tiene que decir cómplice de quién es”, afirmó Antezana, quien asegura que la supuesta revelación de secretos, se dio por presiones en la gestión del expresidente Carlos Mesa.

Valdivia, entonces con el grado de mayor, en 2005, se desempeñaba como jefe de la Subsección Material Bélico del Departamento VI del Gran Cuartel de Miraflores, cuando fueron entregados los misiles.

ExFondo Indígena Oposición reitera acusación a Ministro de la Presidencia

El diputado Horacio Pope reiteró ayer que la denuncia presentada el lunes pasado contra cinco ministros de Gobierno a la Fiscalía General sobre el caso Fondioc, incluye al ministro de Presidencia, Juan Ramón Quintana , quien supuestamente como cabeza del Ministerio del ramo, formó parte del directorio del exFondo, que autorizó desembolsos a cuentas personales de autoridades afines al oficialismo, en “proyectos fantasmas” y sobrepreciados.

El legislador acotó también que, según denuncias públicas, la Interventora del caso estaría procediendo a encubrir a ésta y otras autoridades gubernamentales.

En ese marco, la Norma Piérola, de la oposición del Partido Demócrata Cristiano (PDC), al referirse al bullado caso del Fondioc, dijo que el ex Fondo no debería ya denominarse con ese nombre, sino “Fondos Reservados”, porque los recursos provenientes de esa entidad habrían beneficiado sólo a la gente del Movimiento Al Socialismo (MAS).

En su criterio, “maquiavélicamente” se vio la forma de pasar esos recursos a manos del MAS, dinero que estaba guardado desde la Ley 2005, la misma que fue promulgada el año 2005, con la finalidad de beneficiar a pueblos Indígenas.

Recordó la parlamentaria que el año 2010, después del “gasolinazo”, García Linera anunció que se utilizarían 55 millones de dólares, para lo cual convocó a dirigentes CONALCAM , para ver la forma de “utilizar” esos fondos, pues no beneficiaron a ellos, sino a gente del MAS.

La diputada sostuvo, además, que en una petición de informe escrito solicitado por su bancada al Ministro de Economía, Luis Arce, éste no supo explicar el mecanismo por el cual, esos recursos públicos fueron a parar a “bolsillos privados”, siendo así que su despacho, junto al el ministro Quintana y otros, fueron miembros del Directorio del Ex Fondioc. “Nos preocupa que Morales cree que habiendo cerrado el caso, ahora es borrón y cuenta nueva, y que no hay nada que responder”, enfatizó.

Según la legisladora, hace algunos días se conoció que parte del dinero recibido por Julia Ramos fue destinado para financiar la segunda posesión de Evo Morales, en la población de Tiwanaku. También dijo que una de las candidatas a la gobernación paceña, aseguró que recibieron recursos, sin embargo, a pocas cuadras del lugar debían devolver ese dinero.

A juicio de Piérola, aquí hay un mecanismo de corrupción generalizado del partido en función de gobierno y, sin duda, los ideólogos fueron el vicepresidente García Linera y el ministro Arce Catacora. “Ahora aquellos que se encuentran como “chivos expiatorios, tienen que decir su verdad”, enfatizó.

Finalmente la opositora explicó que por lo menos son cinco los ministros implicados, pero que aún no tienen la forma de dar con la verdad, ya que tanto el fiscal Ramiro Guerrero y la justicia, están totalmente controlados por el masismo. Añadió que el Contralor Herbas cumplió ya 6 años de gestión, sin embargo, continua más de 11 años obstaculizando investigaciones.

MINISTRO QUINTANA

El domingo pasado, el Ministro de la Presidencia rechazó las acusaciones y responsabilidades en el caso Fondioc. Asimismo, ratificó que el Gobierno impulsa una “lucha intransigente”, contra la corrupción. En declaraciones a medios estatales, la autoridad se refirió a las declaraciones de la disidente del oficialismo, Rebeca Delgado, respecto a que cinco ministros, entre ellos Quintana, formaron parte del directorio del Fondioc, por lo que deben someterse a la justicia.

“El Ministro de la Presidencia jamás ha formado parte del directorio del Fondo Indígena, pero son tan morbosamente irresponsables que jalan al Ministro a un presunto directorio, del ex Fondo Indígena”, finalizó.

lunes, 14 de diciembre de 2015

Caso de corrupción del Ex fondioc Diputado anuncia revelar nueva lista de implicados

El diputado de Unidad Demócrata (UD), Rafael Quispe, anunció que tiene en su poder una nueva lista de implicados en el caso de corrupción en el ex Fondo Indígena. En la nómina figurarían los nombres de autoridades, senadores, diputados oficialistas y hasta ministros de Estado.

El legislador hizo la revelación en entrevista con Erbol y aseguró que develará el contenido de esta lista hasta que la exministra de Desarrollo Rural y Tierras y expresidente del directorio del desaparecido Fondioc, Nemesia Achacollo, sea detenida.

Algunos de los involucrados. Quispe adelantó que entre los presuntos implicados figuran los nombres del presidente de la Asamblea Departamental de La Paz, Marín Sandóval, la diputada suplente del MAS, Adela Álvarez y el alcalde de Caquiaviri por el partido en función de Gobierno, Bruno Álvarez.

'Doble moral e hipocresía'. El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, calificó ayer de "doble moral e hipocresía" las declaraciones que realizaron legisladores de la oposición a la cadena CNN en Español sobre el caso de corrupción en el Fondo Indígena Originario Campesino (Fondioc). La nota fue publicada como "Millonario escándalo de corrupción en Bolivia".

"Son unos hipócritas, son doble moral, obviamente el tole tole electoral político no es sincero, no están buscando seguir la corrupción, aquí lo que hacen es hacer un daño político, pero creo que lo que el Gobierno ha mostrado ejemplarmente es cómo se lucha contra la corrupción", indicó a los periodistas.