viernes, 28 de abril de 2017

La justicia absuelve a Gustavo Torrico en caso el menonitas



La mañana de este viernes, el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz resolvió absolver de culpa al asambleísta Gustavo Torrico, en el caso de las acusaciones por presuntos hechos de extorsión y estafa a menonitas ocurridos en 2010, demanda que fue interpuesta por el entonces ministro de Gobierno, Sacha Llorenti.

En un contacto telefónico con La Razón Digital, Torrico dijo que por voto unánime del presidente del Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, Sixto Fernández, y los jueces técnicos y ciudadanos, establecieron que no llegaron elementos materiales probatorios que pudieran sustentar la tesis de extorción y estafa.

“Hoy por fin ha salido la sentencia, ya ha terminado todo el proceso de siete años y al final se dio lo que en justicia correspondía: la absolución. El presidente dijo que todo fue palabra y no se determinó ninguna prueba”, contó el asambleísta departamental.

Junto a Torrico, exviceministro de Régimen Interior, fue absuelto también el exdirector Nacional de Régimen del Interior, Edgardo Vásquez.

En 2010 el entonces ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, acusó a Torrico de organizar una red de estafa a menonitas que pretendía ofrecerles regularizar su estatus migratorio en el país por al menos $us 50 millones.

Junto a Torrico, fueron involucrados su asesor personal, el ciudadano alemán Dirk Schmidt, además de Edgardo Vásquez, Luis Fernando Prado y elteniente de Policía Christian Sánchez. Estos últimos quedaron absueltos de inmediato.

Schmidt consiguió su libertad condicional en 2013. Estuvo detenido por denuncias de sedición y alzamiento armado y fue quien presentó a la Fiscalía las supuestas pruebas del plan de extorsión a menonitas.

“En las declaraciones en la Fiscalía nunca se presentó un estafado o un extorsionado. Desde entonces me fueron cambiando de delitos. Empieza con unos y termina en otros. Yo ya no sabía ni de que me acusaban. Al final salió la absolución”, indicó este viernes Torrico. (28/04/2017)

Compra de taladros para YPFB Adjudicación plagada de graves irregularidades técnicas y legales

El proceso de adjudicación de tres taladros de uso petrolero para YPFB estuvo plagado de graves irregularidades, de acuerdo con un informe expedido por cuatro profesionales de investigación que pusieron en conocimiento del Directorio de la estatal petrolera, máxima instancia decisoria de la empresa, el documento signado con DTC-JUPPD-017/2017, de fecha 13 de marzo del año en curso.

En él se advierte sinnúmero de falaces contravenciones técnicas y legales, según refirió una copia legalizada del referido documento al que tuvo acceso EL DIARIO.

Según el mismo, el Comité de Licitación incumplió el Documento Base de Contrataciones (DBC), al haber aceptado los estatutos de la empresa proponente italiana, Drillmec Spa, como equivalente al documento de constitución, sin realizar un informe legal previo sobre la equivalencia de ambos documentos. Esta conducta contravino la normativa boliviana, así como el artículo 2328 del Código Civil italiano.

SOBREPRECIO

Por otro lado, en el mismo documento los investigadores calificaron de "insuficiente justificación" el incremento del precio referencial de los equipos en más de $us 60 millones de dólares, que era el precio referencial de la segunda convocatoria, lanzada en noviembre de 2016, con relación a la primera convocatoria publicada un año antes. Los equipos debían ser adquiridos en $us 148 millones.

El miércoles, el presidente de YPFB, Guillermo Achá, no pudo explicar técnica ni legalmente por qué había dado curso a tal incremento. Hace tres semanas, Achá puso sus manos al fuego por el proceso de adjudicación y dijo que era, "transparente". En su última declaración deslindó su participación en el proceso de compra del equipo, pese a la responsabilidad ejecutiva que tenía, como máxima autoridad de la empresa estatal (MAE). Y, pese a ello, dijo que no renunciaría al cargo, si no lo disponían autoridades superiores.

FIRMANTES

El informe puesto a conocimiento del Directorio de YPFB fue firmado por Marco Antonio Gallardo Navia, Enrique Carmelo Risco Pinto, Leonardo Torrico Seng y Carlos Quiroga B., todos Profesionales de Investigación. El documento llegó al Directorio, vía Dirección de Transparencia Corporativo y jefe de Unidad de Prevención y Procesamiento de Denuncias, a cargo de Alexander Ramírez Arispe y de Ever Richard Veizaga Ayala, respectivamente.

INCORRECTA ADJUDICACIÓN

El documento calificó también de “incorrecta” la adjudicación a la empresa Drillmec, por haber incumplido las exigencias legales y administrativas establecidas en el DBC, parte VI de los Formularios y documentos de presentación de propuesta, además de los documentos legales respectivos, contenidos en los incisos a y b formularios administrativos inciso b del DBC.

Según los investigadores, en resumen, la empresa italiana Drillmec no presentó los documentos de su constitución, por lo que incurrió en falta de validez, eficacia y alcance del Poder Especial del documento privado con el que hizo la presentación de su propuesta. Tampoco presentó el documento de registro tributario, imprescindible en estas operaciones.

El informe relata también que el Ministerio de Hidrocarburos remitió a conocimiento de YPFB un reporte técnico con cinco observaciones, elaborado por personal del Viceministerio de Exploración y Explotación de Hidrocarburos.

FESTEJO

El informe pidió asimismo al Directorio la verificación y autenticación de la conformación de un grupo de WhatsApp, que establecen que los miembros del Comité de Licitación habrían festejado la licitación con los siguientes textos: ‘Que vivan los 3 taladros...’, ‘Felicidades’, ‘…Ya estoy festejando de antemano’, además envian aplausos, signos positivos con el dedo pulgar de la mano y con fotografías de bebidas, todo esto en fecha 22 de octubre de 2016", refirió el documento en su página 46.

TERCERAS PERSONAS

En otro acápite, los investigadores alertaron la participación de terceras personas en el proceso de contratación. El responsable de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos, Edmundo Novillo, se refirió a este y otros aspectos en su informe, hecho público hace un mes aproximadamente.

jueves, 27 de abril de 2017

Funcionarios declararán por el caso terrorismo

El embajador de Bolivia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Sacha Llorenti; el secretario general de la Comunidad Andina (CAN), Walker San Miguel; los ministros de la Presidencia y Minería, René Martínez y César Navarro, respectivamente, y, las diputadas del Movimiento Al Socialimsmo (MAS), Gabriela Montaño y Betty Yaniquez, declararán vía cuestionario en el juicio oral por el caso Terrorismo, que se lleva a cabo en la ciudad de Santa Cruz, informó a ANF el abogado Gary Prado Arauz.

“Ya se le mandó un cuestionario al embajador Sacha Llorenti y se le ha mandado también al ministro Martínez (…) Hemos mandado cuestionario al diplomático boliviano en la Comunidad Andina de Naciones, Walker San Miguel”, señaló Prado Arauz.

Estos testigos de descargo han sido ofrecidos por el procesado Alcides Mendoza, quien, con la declaración de las autoridades, pretende demostrar su inocencia en el denominado caso Terrorismo.

El abogado dijo que todas las autoridades señaladas emitirán las declaraciones por escrito, porque el Código de Procedimiento Penal ampara que las declaraciones de altas autoridades sean por la vía del cuestionario.

Suspenden juicio de Zapata hasta el próximo miércoles

El juicio que se sigue a la expareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata, fue suspendido hasta el miércoles de la próxima semana, debido a la recargada agenda de procesos que lleva adelante el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción, mientras se elabora el cuestionario para los dos ministros que deben comparecer como testigos de descargo de la también exgerente de la empresa China CAMC.

De acuerdo con la información emitida desde el juzgado, la carga procesal obliga a sus miembros a modificar los tres días que se fijó para realizar las audiencias de este caso, martes y miércoles y jueves.

DOS JUECES

Recordemos que el jueves, 30 de marzo, la juez técnico Ana María Villagomez fue posesionada como nueva vocal del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, cargo que le impide ser parte del Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción, donde radica el caso Zapata, por lo que el polémico juicio y una posible sentencia quedó en manos de sólo dos jueces: Iván Perales y José Luis Quiroga.

Según el Código Penal, cuando se designe a un nuevo miembro del Tribunal, este ya no puede conocer un juicio que ya haya iniciado.

En este sentido, los casos donde la exmiembro del tribunal ejercía como presidenta, han sido repartidos entre Perales y Quiroga, generando carga procesal desigual con el nuevo miembro.

Además de ese tema, dentro del juicio, la defensa de Gabriela Zapata ha tenido problemas para notificar a los 35 testigos de descargo, entre los cuales están los ministros de Minería, César Navarro, y Obras Públicas, Milton Claros.

Sobre las autoridades, estos solicitaron contestar el interrogatorio de las partes, por medio escrito y por eso se trabaja en la elaboración de los cuestionarios.

AUDIENCIA

En la audiencia de ayer, Zapata logró que se realice la inspección ocular en los ambientes de la China CAMC, para que los miembros del Tribunal determinaran el lugar de trabajo de la expareja del presidente Morales. La próxima semana, el juicio se retomará y se espera que declaren funcionarios públicos de YPFB, además de los ejecutivos de la empresa donde Zapata tenía relación sentimental con uno de sus ejecutivos.

miércoles, 26 de abril de 2017

Eduardo Leon “La verdad no se puede parar con las rejas y autoritarismo”

Custodiado por su abogada y un efectivo policial de civil, Eduardo León Arancibia desciende de un radiotaxi en las puertas de la Fiscalía, donde debe realizar su registro biométrico, a fin de firmar cada lunes y viernes un libro para demostrar que no fugó del país.

El lunes, a las 15:18, León dejó la cárcel de San Pedro, luego de 11 meses de cumplir detención preventiva, acusado de falsificar su libreta de servicio militar para obtener el título de abogado en provisión nacional. Además de presentar un menor, como si fuese hijo de su exdefendida Gabriela Zapata y del presidente Evo Morales.

"¡Doc, siga adelante! ¡Te apoyamos en tu lucha, León! ¡Fuerza hermano!”, con esas palabras saludan a León que ingresa a la Fiscalía mientras su abogada realiza los trámites administrativos, Página Siete aborda a León, quien gentilmente acepta responder algunas interrogantes.

Casi un año en la cárcel, ¿cómo cambió su vida?

Fueron 11 meses de penas, alegrías y principalmente de una forma de tratar de aprender algo más en la vida.

¿Cómo fue su vida cotidiana en la cárcel?

Ahí vi la justicia desde el otro lado. La justicia cruel y absurda. Se dice que se respeta el debido proceso de la gente que está encarcelada, pero vi que hay gente que es presionada y obligada a declararse culpable.

El abuso que hace el Gobierno es lo que ha deteriorado el Estado de Derecho en Bolivia; también afectó a cientos de familias que en este caso deambulan en las fiscalías demandando justicia.

¿Qué fue lo que extrañó más?

Trabajar, porque mi vida siempre ha sido trabajar, trabajar honestamente. Mi trabajo siempre ha sido lo primordial en mi vida.

Le quitaron su título profesional, ¿qué acciones tomará ahora?

Pretendieron decapitarme, cortarme las manos. Sentí una impotencia frente a las autoridades, que de leyes conocerán muy poco. Una noche duermes con título y al día siguiente amaneces sin ser nada, pero es tradicional porque en el Estado que vivimos los que no tienen títulos, los que no se esfuerzan y no llegan a tener estudios académicos tienen mayor preferencia, claro, digo esto sin discriminar a nadie.

Desde hace 10 meses están decidiendo si me van a quitar definitivamente o no el título. Yo acudiré a las vías legales, ante organismos internacionales comunicaré que volveré a tramitar el título como la licencia.

La Fiscalía hizo un peritaje científico de mis notas y de todos los años que he cursado y ha establecido categóricamente de que yo soy abogado. Entonces de quienes me han sindicado de ello tendrán que responder y comprobar este extremo.

¿Si usted habla, puede retornar al penal?

A mí no me van a sentenciar porque yo no soy responsable de nada. Las sentencias políticas no vamos a aceptar, pero mientras puedan, que sigan con sus procesos urdidos de manera grosera.

Pero tenemos una estructura, un equipo de abogados y quienes me acusan van a necesitar tener realmente un grupo de abogados que tengan probidad para que de alguna forma puedan alcanzar por lo menos en algo a la defensa que estamos planteando.

¿Qué puede decir del caso Zapata?

Este caso es el ejemplo de cómo muchas personas sufren en este país. Queda demostrado que se pueden armar casos a cualquier persona, que pueden sindicar de cualquier cosa y le pueden llevar a la cárcel.

Las autoridades salen a decir que se ha seguido el debido proceso, que el juez ha dictado; primero, el debido proceso no sólo se trata de cumplir las formalidades a letra muerta de la ley, sino también es darles consistencia a las resoluciones.

La CIDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos) mediante varias sentencias e informes se ha establecido que todas las reformas que se ha realizado en materia procesal penal, y en materia penal en Bolivia, desde el 2010, son totalmente ilegales. Por un lado, han agravado las penas y por otra se ha vuelto mucho más difícil que una persona pueda recobrar su libertad.

El caso Zapata ha servido para apuñalarme, para anular a varias personas, pero la verdad no se puede parar con las rejas, con el autoritarismo.



HOJA DE VIDA



Detención León fue aprehendido en mayo de 2016 y remitido al penal de San Pedro con detención preventiva. Fue abogado de Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales.
Dato El pasado lunes salió del penal de San Pedro, luego de estar 11 meses preso.

YPFB Denuncias a funcionarios se centran en tres delitos

De acuerdo al resumen de denuncias que estudia el Consejo de la Magistratura en el departamento de Santa Cruz, las denuncias contra funcionarios judiciales en su mayoría son por tres delitos: Prevaricato, uso indebido de influencia e incumplimiento de deberes.

Medida. La delegada distrital del Consejo de la Magistratura de Santa Cruz, Wilma Pérez, informó que esa instancia se encuentra estudiando entre 20 y 25 denuncias. Agregó que además de los tres delitos más comunes, también llegan denuncias por otros tipos legales como beneficios en razón del cargo y consorcios.

Pérez indicó que entre los casos que están analizando, existen denuncias contra autoridades judiciales cruceñas como Agapito Alpire, Iris Justiniano, e incluso Wilson Arévalo, quien ocupaba un cargo de juez y ahora se encuentra en Palmasola. "Estamos en etapa de evaluación de las denuncias que hemos recibido en este tiempo. Recabando información necesaria para definir si el caso debe pasar o no a otras instancia investigativa", manifestó.

Procedimiento. De acuerdo a la información de la delegada distrital de dicha instancia judicial, el procedimiento de evaluación recae primero en el Consejo de la Magistratura. Desde allí se hacen las investigaciones correspondientes de las denuncias.

Dependiendo de la sustancia de la acusación y de las pruebas que se encuentren, el caso es sancionado de acuerdo a evaluación de categorías como leves, graves y gravísimas.

La Magistratura se encarga de sancionar a las autoridades y funcionarios judiciales por denuncias disciplinarias administrativas, mientras que las acusaciones graves y gravísimas, pasan al Ministerio Público, para constituirse en una demanda.

Nacional. A nivel nacional, el presidente del Consejo de la Magistratura, Wilber Choque, informó que se detectó a unos 150 funcionarios que están procesados judicialmente y tienen imputaciones del Ministerio Público en su contra.

Señaló que además entre los jueces procesados hay unos 40 que están acusados en casos de gravedad, y que existen otros administradores de justicia que tienen procesos disciplinarios por faltas gravísimas.

Choque, mencionado por el diario digital Erbol, lamentó que varios administradores de justicia sigan en sus funciones a pesar a pesar de que fueron denunciados por corrupción, e incluso detenidos preventivamente.

Video Achá pone su cargo en manos de Evo y está dispuesto a someterse a investigación

El presidente ejecutivo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá, aseguró hoy que su presidencia no tiene ninguna responsabilidad en el proceso de contratación para la compra de tres taladros de exploración y explotación hidrocarburífera a la empresa italiana Drillmec.

Señaló que está dispuesto a someterse a la investigación por las irregularidades en el proceso de licitación y contratación para la compra de los taladros por un monto 148,8 millones de dólares; además pone su cargo en manos del presidente, Evo Morales.

En este contexto, aseveró que las unidades jurídicas y administrativas son responsables de este proceso. “Nosotros establecemos las condiciones y los lineamientos necesarios para que se precautele la transparencia. Las observaciones y denuncias que tenemos están referidas al proceso de contratación como tal donde esta presidencia no participa, ni como gestora”, señaló Achá en conferencia de prensa en La Paz.

“Se ha especulado que esta presidencia dio la orden para la compra, lo ha hecho unidad gestora, que ha gestionado la necesidad (…). Esta presidencia y el directorio, en ningún momento forman parte de la gestión de este proceso de contratación. Se tienen que delimitar las responsabilidades que se tienen por cada una de las instancias”, agregó.

Con relación a la resolución administrativa del 3 de junio de 2016, presentada ayer por el senador opositor, Oscar Ortiz, en la que se indica que el presidente de YPFB autorizó el incremento en 417,1 millones de bolivianos en el precio referencial para la adquisición de los tres taladros, Achá aseguró que este aumento se efectuó en una fase previa al proceso de contratación final.

“Un comité de proyectos hace la evaluación financiera y la factibilidad económica de realizar este incremento (…). Tampoco se puede establecer que esta presidencia, de manera independiente, ha asumido un incremento en el costo de inversión (…). Se ha cumplido con todas las instancias correspondientes”, explicó.

El pasado 18 de abril, el ministro de Justicia, Héctor Arce, presentó una denuncia contra 15 funcionarios de YPFB y el representante de la empresa italiana Drillmec, Diego Bergonzi, por los presuntos hechos irregulares detectados en el proceso de contratación de esa compañía para la adquisición de los taladros. Achá no fue incluido en la lista de los denunciados.

La empresa italiana se adjudicó la fabricación de los taladros por un monto de 124.9 millones de dólares. Según diferentes autoridades, no existe un daño económico al Estado porque la empresa estatal YPFB no realizó ningún desembolso.

Aparecen más papeles contra titular de YPFB


El senador Demócrata por Santa Cruz, Óscar Ortiz, presentó ayer una resolución administrativa y una resolución de directiva de YPFB, que autoriza incrementar el precio de referencia para la adquisición de tres taladros y para concretar su compra, respectivamente, ambos firmados por el presidente a.i. de la estatal petrolera, con lo cual “acaban las dudas de que Guillermo Achá estaba al margen de las responsabilidad de este proceso”.

“Quiero presentar esta resolución administrativa de YPFB, fechada el 3 de junio de 2016. Esta resolución es por la cual se autoriza el incremento de referencia en más de 417 millones de bolivianos. La firma es precisamente del Guillermo Achá; este es uno de los hechos más cuestionados de todo este proceso”, enfatizó Ortiz.

El legislador cuestionó cómo es que se elevó de forma llamativa el precio de referencia para la adquisición de tres taladros para YPFB, entre la primer y segunda convocatorias públicas, con una diferencia millonaria.

“¿Quién firma esta resolución?. El señor Achá. El presidente tenía que tener conocimiento del proceso; nadie podría tomar la decisión de un incremento sustancial, de uno de los principales elementos de cuestionamiento, incluso por parte de la Unidad de Transparencia de YPFB, sin haberse informado y sin conocer el proceso”, aseveró Ortíz.

MAS niega protección
El jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo de Santa Cruz, Edgar Montaño, dijo que su partido no protegerá a ninguna persona o autoridad que esté involucrada en temas de corrupción. “Veremos hasta qué punto hay indicios, no hay una información al respecto, pero el señor Achá tiene que ponerse a disposición del Ministerio Público para que se pueda transparentar esta situación”, acotó.

A raíz del informe elaborado por la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos, el Ministerio de Justicia denunció de manera formal a 15 funcionarios de YPFB y a un particular (de Drillmec) ante la Fiscalía General de haber cometido irregularidades en el proceso de contratación, entre las que figura un supuesto sobreprecio en la oferta de Drillmec.

Guillermo Achá delegó a subalternos firmar millonarios pactos


El presidente ejecutivo de la estatal petrolera YPFB, Guillermo Achá, delegó para suscribir contratos, orden de compra o servicio de procesos de contratación, sin límite de cuantía a 12 subalternos en el país, así lo revela la resolución administrativa 000224 del 13 de junio de 2016 a la que tuvo acceso EL DEBER. El documento consta de ocho páginas y tiene 16 artículos y dos disposiciones.

Los artículos décimo y décimo primero son los que llaman la atención. El primero de ellos delega para la suscripción de contrato, orden de compra o servicio de procesos de contratación para cuantías mayores a Bs 200.000 y sin límite de cuantía a las siguientes autoridades: vicepresidente de Administración de Contratos y Fiscalización (Villa Montes), al gerente nacional de Exploración y Explotación (Santa Cruz, Camiri), al gerente de Evaluación de recursos hidrocarburíferos (Santa Cruz), al vicepresidente nacional de Operaciones (Santa Cruz), al gerente general de Comercialización (La Paz), al gerente de redes de gas y ductos (La Paz) y al gerente de Operación de Plantas (Santa Cruz).

El artículo décimo primero va más allá, pues da orden para firmar contratos pero sin límites de cuantía a las siguientes autoridades: gerente de Contrataciones Corporativo, gerente de Administración y Finanzas Corporativo, director regional de Administración (Oriente), gerente de Planificación Corporativo y al gerente nacional de Administración de Contratos.

El documento también contempla la delegación de responsabilidades del proceso de contratación en nueve casos más (ver cuadro pag 4). Según la resolución, el artículo 13 del Reglamento de Contratación de Bienes y Servicios Especializados en el extranjero en el marco del Decreto Supremo 226688 en los incisos a y b señala que “La MAE es el presidente ejecutivo de YPFB y tiene responsabilidades y atribuciones: designar o delegar al responsable del proceso de contratación (RPC) y suscribir contratos, designar o delegar esta atribución”.
Achá fue designado mediante resolución suprema 14425 del 5 de febrero de 2015 como presidente ejecutivo interino de YPFB.
Al respecto, EL DEBER envió una solicitud a YPFB, pero hasta el cierre de edición no contestó, pese a que se comprometió a responder vía departamento legal. También se buscó al jefe de la Unidad de Transparencia, pero no contestó.

Analistas y estatuto
En criterio de los analistas energéticos Hugo de la Fuente, Hugo del Granado y José Padilla, el titular de YPFB pese a poder delegar funciones a otros subalternos no está excluido de responsabilidades pues él es la máxima autoridad ejecutiva (MAE) y, por lo tanto, debe responder por todo lo que ocurra en la principal empresa de los bolivianos.

Precisamente el artículo 25 de los estatutos de YPFB indica que dentro de las atribuciones del titular está la suscripción de contratos y ejecutar todos los actos que correspondan a la administración ordinaria de la empresa y que sean necesarios para alcanzar sus fines; aprobar los proyectos de reglamentos internos de la compañía y sus modificaciones; informar al directorio sobre las actividades de la empresa; representar a la empresa en sus relaciones con organismos, entidades, corporaciones y personas, sean individual o colectivas, nacionales o extranjeras; otorgar poderes especiales para casos específicos a favor del personal superior u otros funcionarios de la empresa fijando sus facultades y obligaciones; representar a la firma con plena personería juridica en toda clase de acciones legales, etc.

Evalúan auditoría
La Contraloría General del Estado evalúa una auditoría interna de YPFB al proceso de contratación de Drillmec, para la compra de tres taladros por un monto $us 148,8 millones.
El contralor Henry Ara anunció para el 15 de mayo el informe en conclusiones.

Video Entrevista a la esposa de Eduardo Leon en No Mentiras

martes, 25 de abril de 2017

El fenómeno de la corrupción


Para Milton Friedman, Premio Nobel de Economía 1976, el fenómeno de la corrupción es inherente a la administración de los recursos públicos porque no cumple con el postulado de la racionalidad económica, que está presente en los intercambios libres de los agentes económicos.

El tema de la corrupción es un hecho muy comentado últimamente por los diferentes medios de comunicación sociales y debido al escandaloso caso de la gran empresa brasileña Odebrecht, que habría corrompido a varias autoridades gubernamentales de la región para favorecerse con la adjudicación de grandes obras públicas.

Hay que recordar que una de las principales críticas que se hace a las exitosas economías asiáticas es lo que en inglés se denomina crony capitalism, o sea el capitalismo de camarilla y de amigos, incentivado por la intensa intervención estatal en la economía de esos países.

Milton Friedman parte del hecho de que los agentes económicos poseen ingresos propios o ajenos que los gastan en su propio beneficio o en beneficio ajeno. Las combinaciones posibles son cuatro: i) gastar su propio ingreso en propio beneficio, ii) gastarlo en un tercero, iii) gastar un ingreso ajeno en beneficio propio y iv) gastar un ingreso ajeno en ajenos.

En la primera combinación, que señala que el ingreso propio se gasta en beneficio de su poseedor, está el principio de que sólo a partir del esfuerzo uniforme, constante e ininterrumpido de cada hombre por mejorar su condición de vida se derivan tanto la abundancia privada como pública. Esta es la que predomina en las relaciones de mercado, en las cuales participamos todos y, por tanto, es la relación dominante de las cuatro señaladas. Es la única que tiene la particularidad de cumplir el postulado de la racionalidad económica, es decir, de cumplir con los postulados de la maximización de la utilidad y de la minimización del costo, que están presentes en todo intercambio libre y voluntario.

El segundo caso se puede ejemplificar con el regalo que alguien hace a otra persona, situación en la que se verifica sólo uno de los dos postulados, que es el de mínimo de costo, pero no el de máxima utilidad. Para que cumpliese con este requisito, el agasajado debiera elegir el regalo, en cuyo caso es como si se le regalase el dinero mismo. En ese caso, esta combinación se convierte en la primera.

En el tercer caso, donde el agente económico se beneficia de ingresos ajenos, se podría ejemplificar con el automóvil que los gobiernos ponen a disposición de las autoridades públicas, el teléfono celular, etc. Se observa que en estos casos no interesa minimizar los costos, sólo maximizar la utilidad, por lo que esta alternativa es parcialmente racional.

La cuarta combinación es la que no cumple en absoluto el postulado de la racionalidad económica y es la que representa el quehacer político y estatal.

Los políticos ofrecen gastar recursos que les son ajenos para beneficio también ajeno y así lo hacen cuando llegan al Gobierno. En este caso, no se asegura ni la máxima utilidad de los beneficiarios del gasto, porque la utilidad es una valoración individual, ni interesa minimizar el costo, porque los recursos son de terceros y no son propios.

Pero el político, al momento de decidir la asignación de los recursos públicos ve que puede beneficiarse, por lo que la cuarta alternativa se convierte en la tercera. Vale decir que la gente que gobierna está tentada a desviar los recursos ajenos en su propio beneficio, lo cual da lugar al fenómeno de la corrupción.

La experiencia de muchos países en el campo de los programas sociales, a cargo del Estado, también estaría demostrando ineficiencia. Sólo al principio los programas estatales de bienestar funcionan bien, ya que son pocos los beneficiados pero luego, por la presión social, estos se amplían, lo que acarrea el despilfarro y el mal manejo de los recursos. Varios de ellos se crean suponiendo que son temporales, pero luego se hacen permanentes. Después tienden a generalizarse en diversos campos con resultados indeseables. Surgen grupos de interés que se benefician con estos programas que luego presionan para ampliarlos, lo que trae aparejado la expansión de la burocracia estatal, del gasto público y, con ello, del déficit fiscal que se ha convertido, en la actualidad, en un hecho permanente en la vida de las naciones.

La gente que gobierna tratará por todos los medios de beneficiarse con los recursos que administra. Por esta razón, las obras públicas se adjudican a las empresas "amigas” del gobierno de turno, se dan los denominados casos de nepotismo en las oficinas públicas, los negociados, el pago de comisiones indebidas, la inversión pública de mala calidad, la inefectividad del gasto público y su despilfarro porque se invoca la bondad humana de los político, burócratas y gobernantes, al momento de administrar los recursos públicos, que es más débil al estímulo más fuerte del interés propio que ellos mismos poseen.

Lo señalado se podría denominar el "axioma de la corrupción”. Lo que acontece es que al tratar de promover el interés público alimentando la intervención gubernamental, el político y el burócrata son conducidos por una mano invisible que busca alcanzar intereses privados. El problema no estaría en la mano invisible del mercado, sino en la mano visible del Gobierno.

Armando Méndez Morales Profesor emérito de la UMSA y expresidente del Banco Central de Bolivia.

Informe: Drillmec ofreció viajes a miembros de comité de licitación


La empresa italiana Drillmec, mediante su representante legal, ofreció viajes a miembros del Comité de Licitación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), antes de la adjudicación del contrato de provisión de tres taladros, según se establece en el informe de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos.

El documento hecho público por el senador Óscar Ortiz revela que el representante legal de la firma, Pedro Pablo Hinojosa, a nombre de la empresa IDS Intercontinental Drilling Services, mediante una carta fechada el 8 de abril de 2016, invitó al gerente de Perforación, David Pérez, y Marco Rejas (funcionario de YPFB), miembros del comité de licitación, a un viaje a la ciudad de Houston en Estados Unidos.

En la misiva se aclara que la empresa cubriría todos los gastos de viaje y alojamiento.
El informe hace hincapié en el hecho de que Hinojosa, además de representar a la empresa IDS, también era en ese momento representante legal de Drillmec.

"Este hecho indudablemente llamó la atención de los profesionales de investigación de esta Dirección. ¿Por qué un empresario pretendía costear un viaje al extranjero con todo pagado a funcionarios públicos de YPFB?”, pregunta el informe en su página 39.

De acuerdo con las pruebas revisadas por la Unidad de Transparencia, al momento en que fue cursada la invitación, YPFB reconocía a Hinojosa como representante legal de Drillmec, ya que el mismo formó parte de las dos convocatorias iniciales en las que participó la empresa en 2015 y 2016.

En el inciso g) del Formulario A-1 de presentación de propuesta e identificación del proponente, se exige que el representante legal respete el desempeño de los servidores públicos asignados por YPFB al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento con los mismos. El incumplimiento de este punto conlleva la descalificación de la propuesta.

El informe subraya que la invitación al viaje por parte de Hinojosa "es, al menos, un intento de relacionamiento, por lo que la propuesta de Drillmec debería haber quedado descalificada”.

Además, añade que tanto Rejas como otro miembro del comité de licitación Bigmark Serrano, supuestamente invitados por la empresa italiana, realizaron viajes a Estados Unidos y Panamá, respectivamente durante el proceso de licitación. Por eso se solicita al Directorio de YPFB realizar una investigación aparte para conocer las razones.

El pasado 13 de marzo, la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos presentó un informe en el cual se citan irregularidades y un supuesto sobreprecio en la compra de tres taladros a la empresa Drillmec.

El Directorio de YPFB encargó a la presidencia ejecutiva remitir el mismo y la documentación adjunta a la Contraloría y al Ministerio Público.

Posteriormente esa Unidad denunció a la estatal de enviar el informe y la documentación incompleta a la Fiscalía, por lo que la misma fue rechazada.

Ante esto, el jefe de Transparencia de Hidrocarburos, Edmundo Novillo, solicitó al ministro de Justicia, Héctor Arce, la revisión de la información y la formulación de una demanda ante el Ministerio Público.

La semana pasada, Arce denunció ante la Fiscalía General del Estado a 15 funcionarios de YPFB y al representante de Drillmec, Diego Bergonzi, por los delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes.



Taladros: Arce responsabiliza a Achá en caso de arbitraje


El ministro de Justicia, Héctor Arce, advirtió ayer que será de exclusiva responsabilidad del presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá, y otros funcionarios involucrados, si la empresa italiana Drillmec presenta una demanda de arbitraje u otro tipo de acciones judiciales en contra del Estado boliviano por el caso taladros.

"Hemos advertido claramente que cualquier responsabilidad futura que pudiera existir en el Estado boliviano, si se sucedieran juicios, arbitrajes o problemas serán de exclusiva responsabilidad del presidente de YPFB y de los funcionarios involucrados”, precisó.

Sin embargo, Arce también reiteró su pedido a Yacimientos de que disuelva el contrato que suscribió con Drillmec para la adquisición de tres taladros, debido a la detección de presuntas irregularidades en el proceso de licitación y adjudicación de contrato.

El pasado 18 de abril, Arce presentó una denuncia en contra de 15 funcionarios de Yacimientos y el representante de la empresa Drillmec, Diego Bergonzi, por esos supuestos hechos irregulares en la contratación de esa compañía.

En aquella ocasión, Achá no fue incluido en la lista de los denunciados, aunque el Ministro aclaró que el titular de YPFB no está exonerado de la investigación y debe estar a disposición del Ministerio Público.

"El señor Achá debe apartarse totalmente de cualquier posición dentro de la investigación y debe estar a requerimiento de los fiscales que están atendiendo el caso”, remarcó el titular de Justicia. (ANF)

Contraloría concluirá a mediados de mayo auditoría a YPFB por caso taladros



El informe de supervisión y auditoría al proceso de compra de tres taladros a la empresa Drillmec para la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) estará concluida hasta mediados de mayo, informó el contralor General del Estado, Henry Ara. La fiscalización establecerá si hubo o no irregularidades.

La Contraloría se encuentra realizando dos informes del caso. El primero es una evaluación a la auditoría interna que hizo YPFB y el segundo una "supervisión" al contrato que estableció con la firma italiana.

El jefe de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos, Edmundo Novillo, reveló el 14 de marzo que se encontraron irregularidades jurídicas, administrativas y técnicas en la compra de los equipos adjudicada a la firma italiana Drillmec en abril de 2016.

Ara no descartó solicitar mayor información a la firma Drillmec, que afirmó en reiteradas ocasiones que el contrato se sujetó a las normas legales vigentes y que el presidente de la estatal Guillermo Achá viabilizó la construcción del equipamiento.

YPFB deslindó responsabilidades de Achá y aseguró que la Vicepresidencia de la empresa firmó el contrato. El 23 de marzo el caso llegó a la Contraloría, instancia que comenzó con el proceso de auditoría.

El Ministerio de Justicia y Transparencia presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra 16 personas, entre ellos, 15 funcionarios de la estatal petrolera por presuntas supuestas irregularidades en la adjudicación de los equipos de perforación. Los funcionarios de la estatal petrolera fueron apartados de sus cargos. (25/04/2017)

Eduardo León Arancibia: “Fui metido y sacado a golpes de la cárcel de San Pedro”

Su defensa peregrinó una semana para que Eduardo León Arancibia, el ex abogado de Gabriela Zapata, abandone el penal de San Pedro, donde se encontraba desde el 9 de junio. Era el segundo intento y por poco no consigue su libertad. Ayer declaró brevemente antes de ser llevado a su domicilio.

¿Qué evaluación hace de todo este peregrinaje?
Decepcionado, absolutamente, como todos los bolivianos, por cómo se me ha tratado desde el principio hasta el final; fui metido a golpes al penal, el 9 de junio, y ahora este día (por ayer) he sido también sacado a golpes del mismo lugar, debe saberse que no se respetaron mis derechos ni garantías. Pero ahora tengo que preparar mi defensa debida de forma más adecuada, denunciar la forma cómo se ha manejado en mi contra.

¿Cuál será su primer paso?; ¿le permitirán trabajar como abogado?
Creo que la prioridad es poder recuperar el título de abogado; sin embargo, lo que más decepciona es la justicia y cómo cualquier ciudadano de a pie puede entrar a una Fiscalía y sufrir ese maltrato sin respeto de sus derechos y garantías. Lo que quiero decir es que todo eso afectó seriamente a mi persona, creo que primero voy a recuperar el título, pero la decepción es absoluta con el Poder Judicial.

¿Le prohibieron hablar con los medios?
Eso no entiendo, no encuentro el porqué se me ha prohibido hablar con los medios de comunicación, tengo muchas cosas que decir, pero se me ha prohibido hablar, no tengo una autorización para eso, pero va a ser limitado en 24 o 48 horas vamos a solucionar; no pueden restringir la libertad de expresión.

El primer juicio que le siguen a usted por el caso Zapata es por trata de personas, ¿ya fue notificado?
Es un caso que por su naturaleza está avanzando a paso lento, esperemos que aceleren la investigación, pero todo me parece raro. Nos alertamos de los argumentos de las partes, pero sí advertimos que se está sembrando prueba y de que hay que tener cuidado porque no puede ser que introduzcan datos de orden político y se sobrepongan a los argumentos judiciales.

¿Teme que el poder político siga interfiriendo para mantenerlo callado por lo sucedido?
Sin duda, siento que la instrucción, desde un principio, no fue llevarme a San Pedro sino acabar con mi vida, eso es lo que se vio desde un principio; sin embargo, estamos firmes y defendiendo nuestra verdad.

Un informe revela más de 10 anomalías en tema taladros


Un informe especializado de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos sobre presuntos hechos irregulares en el proceso de contratación en la adquisición de tres equipos de perforación (taladros) revela más de una decena de anomalías en el acuerdo entre YPFB y la italiana Drillmec.

Desde el incremento en $us 60 millones del precio referencial de la segunda convocatoria en relación con la primera, la utilización de cuatro diferentes nombres de la firma Drillmec, la subvención de un viaje a Houston (Estados Unidos) de dos funcionarios, festejos anticipados y otros, hicieron posible concretar el millonario negocio, así lo señala el documento al que tuvo acceso EL DEBER y que es investigado por el Ministerio Público.

Lo medular es la primera convocatoria para adquirir los taladros, pues contempló como precio referencial $us 117,7 millones, establecido en el Documento Base de Contratación (DBC), pero fue declarada de- sierta porque las empresas en carrera no cumplieron con las especificaciones técnicas.
Sin embargo, la segunda convocatoria subió el precio referencial a $us 165,4 millones, a pesar de haber eliminado ítems por más de $us 12 millones fijados en la primera versión.

El resultado concluyó con la adjudicación a Drillmec SPA. El contrato se firmó el 7 de diciembre de 2016 por un valor de $us 148,8 millones.

Mediante resolución del directorio de YPFB, 47/2016, se autorizó el proceso de contratación de referencia y en su artículo segundo indica: “El presidente ejecutivo de YPFB queda encargado de la ejecución y cumplimiento de la presente resolución, en el marco de la normativa vigente".

Achá designó al gerente de Perforaciones, David Pérez, como el líder del equipo para trabajar en el proyecto de adquisición de los tres equipos, quien a su vez designó al director de Operaciones José Marco Rejas (viajó a EEUU) y a Bismark Serrano (viajó a Panamá) como evaluadores del proceso, según el informe.

Responsabilidad de Achá

El ministro de Justicia, Héctor Arce, advirtió que si el Estado es enjuiciado por el caso de los taladros, el responsable será el presidente de YPFB, a quien urgió la resolución inmediata del contrato con Drillmec.

Por su lado, el senador Óscar Ortiz (UD), en su calidad de denunciante afirmó que el proceso está plagado de vicios de nulidad y actos poco transparentes, por lo que amerita una ‘especie de intervención’.

La estatal YPFB no respondió a la consulta periodística.

Según Transparencia: Drillmec se adjudicó contrato con YPFB con observaciones


Senador Oscar Ortíz.

La empresa italiana Drillmec, se adjudicó el contrato para la venta de tres taladros por $us 148 millones con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), a pesar de haber cometido más de 10 vicios de nulidad en el proceso de contratación, según detalla el informe de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos. Utilizó cuatro nombres distintos y costeó el viaje de dos funcionarios, antes de concretar el negocio.

El informe hecho público por el senador Óscar Ortiz (UD) en su calidad de denunciante señala que el proceso denominado "Adquisición de tres equipos de perforación" está plagado de vicios de nulidad y actos poco transparentes. Hasta la fecha, 15 funcionarios de YPFB y un particular fueron denunciados ante la Fiscalía por cometer presuntas irregularidades en el proceso de contratación.

La primera convocatoria para la adquisición de los tres taladros contempló como precio referencial el monto de $us 117,7 millones, establecido en el Documento Base de Contratación (DBC), pero fue declarada desierta porque las empresas en carrera no cumplieron con las especificaciones técnicas. Sin embargo la segunda convocatoria subió el precio referencial a $us 165,4 millones a pesar de haber eliminado ítems por más de $us 12 millones contemplados en la primera versión.

El resultado de la adjudicación concluyó con la adjudicación a la empresa Drillmec SPA y YPFB, habiéndose firmado el contrato el 7 de diciembre de 2016 por un valor de $us 148,8 millones.

Mediante resolución del directorio de YPFB, 47/2016, se autorizó el proceso de contratación de referencia y en su artículo segundo indica: "El presidente ejecutivo de YPFB queda encargado de la ejecución y cumplimiento de la presente resolución, en el marco de la normativa vigente".

Guillermo Achá designó al gerente de Perforaciones, David Pérez, como el líder del equipo para trabajar en el proyecto de adquisición de los tres equipos, quien a su vez designó al director de Operaciones, José Marco Rejas, y a Bigmark Serrano, como evaluadores del proceso.

VICIOS DE NULIDAD

Entre las observaciones legales y administrativas a la propuesta de la empresa adjudicada Drillmec SPA, se cita la falta de presentación e inexistencia del documento de constitución por parte de la italiana. El DBC establecía como requisito la escritura pública de constitución de la empresa o su equivalente en el país de origen, lo cual fue modificado mediante enmienda número tres a "fotocopia simple" del documento.

Las observaciones de Transparencia no sólo se centran en la falta del documento de constitución de la empresa, sino también en el uso de cuatro nombres distintos que utilizó la compañía, como: Drillmec SPA, Drillmec Inc, Drillmec Drilling Technología y Drillmec Inc Drilling Technologies, lo cual ha generado "incertidumbre y confusión porque no existe el documento de constitución de la empresa en el proceso, razón por la que no se tiene certeza quién o cuál de las empresas ha presentado la propuesta".

Según el informe, el Comité de Licitación tenía la obligación de evaluar los documentos del proponente y exigir que el mandato sea expreso, especial y suficiente, acorde a lo exigido por el Código Civil. "Ante un eventual incumplimiento, la empresa puede argumentar que no facultó a dicha persona más allá de lo que dispone el poder otorgado de manera de eludir o evadir cualquier acción de reclamación de la entidad contratante", se observa.

Personal involucrado en corrupción de YPFB tuvo aval político de Quintana

El tráfico de influencias para imponer prebendas y negociados lesivos al Estado, práctica habitual en la gestión del ex ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, no pudo dejar de haber llegado a la principal empresa estratégica estatal del país como es Yacimientos PetrolÍferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Funcionarios que ocupan puestos claves en esta empresa fueron incorporados por lo menos desde el año 2009 —después de la masacre de Porvenir (Pando) que alineó a las cúpulas castrenses dentro el esquema mafioso de Quintana— bajo el padrinazgo directo del influyente ex militar. “Varios de ellos son familiares de jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas que pertenecen al entorno personal de Juan Ramón Quintana, entraron a YPFB con avales directos del entonces Ministro de la Presidencia y sin tener suficientes méritos en más de un caso, cuando la empresa estaba manejada por Carlos Villegas”, revela un antiguo trabajador de la corporación petrolera en contacto confidencial con Sol de Pando.

La fuente sostiene que gran parte de ese personal “impuesto por Juan Ramón Quintana”, comete permanentemente abusos e irregularidades en el ejercicio de sus funciones dentro YPFB, “atenidos al aval político del señor Quintana”, y habrían sido operadores principales “en contratos y negocios turbios que han dañado severamente el patrimonio de nuestra empresa”.

El vocero laboral afirma que los trabajadores de YPFB esperan la ampliación de las investigaciones efectuadas por el Director de la Unidad de Transparencia al propio ex Ministro de la Presidencia, pues no sólo existe la posibilidad cierta de que Quintana tuviese conocimiento de las irregularidades cometidas en el caso de los taladros y otras adquisiciones similares, pues también “es evidente que el personal comprometido con esos hechos de corrupción respondia orgánicamentea a las directrices de Quintana”.

Asimismo, piden que la investigación no se limite al ámbito administrativo y se la profundice en los marcos de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, investigando la fortuna y el ostentoso ritmo de vida de varios de los involucrados en este hecho de corrupción. “Además se debe esclarecer oficialmente en qué condiciones ingresaron estos funcionarios a YPFB, y si son parientes en primer grado de militares y de otra gente estrechamente relacionados con Juan Ramón Quintana”, declaró la fuente.
Un contrato turbio al mejor estilo de Quintana

El pasado 14 de marzo, el Jefe de la Unidad de Transparencia Corporativa de YPFB, Edmundo Novillo, denunció que el proceso de adjudicación de tres taladros de perforación encomendados a la firma italiana Drillmec “fue incorrecto y no cumplió ni con la normativa boliviana, ni con los requisitos establecidos en la convocatoria internacional”.

La investigación de Novillo se activó en octubre del pasado año a raiz de haberse detectado un presunto sobreprecio en la adquisición de las tres perforadoras cuyo ensamblaje y adquisición supusieron una adjudicación por casi 150 millones de dólares. La estratégica compra destinada a fortalecer cuantitativa y cualitativamente las capacidades de exploración, desarrollo y producción de YPFB, era financiada con recursos de un préstamo chino (Eximbank) según había anunciado ya en diciembre del 2012 el entonces presidente ejecutivo de la empresa, Carlos Villegas.

Apenas licitada el 2016, la Unidad de Transparencia Corporativa de YPFB a cargo del ex Goberandor de Cochabamba Edmundo Novillo detectó ostensibles irregularidades en el proceso, abriendo investigación en octubre de ese año. En diciembre, un Senador opositor hizo público el caso. Entre las observaciones registradas por la Unidad de Transparencia se estableció un manejo desprolijo en los documentos tributarios y notariales de la empresa adjudicada, la italiana Drillmenc, irregularidades que fueron deliberadamente soslayadas por el Comité de Licitación de YPFB. En otras palabras, el ingreso de la empresa italiana a Bolivia en pos de adjudicarse el millonario contrato, no se ajusta a las leyes nacionales, al extremo de haber presentado apenas fotocopias simples de sus actas de Constitución, y a pesar de ello tuvo un trato privilegiado en instancias decisivas de YPFB.

Ese “modus operandi” es muy frecuente en diversos contratos lesivos tanto en YPFB como en distintas entidades pública —incluso en las Fuerzas Armadas— que el ex Ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, “apadrinó” desde el Palacio Quemado. Los vacíos legales en dichos contratos terminan siendo cubiertos por intensos y sofocadores “lobbies” a cargo de “gestores” e “intermediarios” que logran forzar los contratos ilícitos en representación “del JR”.

Al respecto, Novillo denunció en el caso de los tres taladros adjudicados a Drimellec que “terceras personas, que no son funcionarias de YPFB, están alrededor del contrato, con una actuación no transparente, con una actuación cuestionada, que en nuestro criterio debe ser investigada por una autoridad competente”.
Contradicciones internas en YPFB


Luís Alberto Sánchez, Ministro de Hidrocarburos. Protege a Achá.


El pasado 29 de marzo, Edmundo Novillo entregó su investigación en un legajo de 50 páginas al Directorio de YPFB, para que la empresa derive esa información al Ministerio Público, con la consiguiente investigación penal de los involucrados en esta tentativa de contrato lesivo, oportunamente frenado por la Unidad de Transparencia. Sin embargo, el Directorio de YPFB intentó burlar esa obligación enviando dicho legajo al Ministerio Público desprolija e improvisadamente, sin cumplir los rigurosos procedimentos formales, debido a lo cual la Fiscalía devolvió el expediente, según denunció el propio Novillo.

Ante esa nueva irregularidad, Novillo acudió ante el Ministro de Justicia y Transparencia, Héctor Arce Zaconeta, quien también recibió el legajo el 29 de marzo y además había colaborado con la investigación iniciada por el Jefe de Transparencia de YPFB en octubre, cuando Arce se desempeñaba como Procurador General del Estado.

El ministro Arce subsanó la omisión de YPFB entregando correctamente el expediente al Ministrerio Público, el pasado 19 de abril, solicitando el procesamiento de 15 funcionarios presuntamente responsables del negociado, además de un personero dela empresa italiana Drimellec, cuyo contrato para la provisión de los taladros por el precio pactado de 148’881.600 dólares, sería rescindido en las próximas horas.

Drimellec reaccionó contra el anuncio de la rescisión del contrato señalando al Presidente Ejecutivo YPFB, Guillermo Luis Achá Morales, de haber sido el principal promotor del turbio negocio frustrado. Achá está eventualmente excluído del proceso.

El principal ejecutivo niega la sindicación de Drimellec y acusa del hecho a la Vicepresidencia de Administración de Contratos y Fiscalización de la empresa y la Gerencia de Perforación. El Ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, pone manos al fuego por Achá, asegurando que el ejecutivo de YPFB “goza de la confianza personal del presidente Evo Morales”, como si una simple simpatia política al más alto nivel fuese garantía plena de transparencia en el ejercio de la función pública. Sánchez también apunta a descargar toda la responsabilidad sobre los subalternos de Achá.

¿UN PRESIDENTE EJECUTIVO QUE NO PRESIDE?


Los Estatutos de YPFB | VER EN PDF
La situación de Achá está en vilo. Si bien no habría suscrito el contrato con su puño y letra ni dio la orden de proceder con el montaje de los tres mega-equipos, su responsabilidad legal y administrativa como Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de la empresa, está insoslayablemente marcada en los Estatutos de YPFB.
El artículo 25 de dicha norma define, entre las competencias y obligaciones del Presidente Ejecutivo, “suscribir contratos y ejecutar todos los actos que correspondan a la administración ordinaria de la empresa y que sean necesarios para alcanzar sus fines”, además de “representar a la empresa con plena personería jurídica en toda clase de acciones legales y procesos judiciales o administrativos” (licitaciones y adjudicaciones, verbi gratia, nr) y “delegar o avocar parte de su competencia en forma expresa a los Vicepresidentes”, mediante los respectivos poderes notariados.
Por su parte el artículo 31 fija las atribuciones de la Vicepresidencia de Administración, de Contratos y Fiscalización, la cual tiene como función “negociar bajo los lineamientos de la Presidencia Ejecutiva los Contratos Petroleros establecidos en la Ley de Hidrocarburos, con personas individuales o colectivas, nacionales o extranjeras, de derecho público o privado, los que serán aprobados por el Directorio y suscritos por el Presidente Ejecutivo de YPFB”, y también “conducir los procesos de licitación de las áreas de interés hidrocarburífero y remitir para su suscripción a la Presidencia Ejecutiva los contratos petroleros de exploración y explotación de hidrocarburos y supervisar y administrar los mismos”. En otras palabras, la Vicepresidencia no puede mover un dedo en materia de contratos sin conocimento ni autorización de la Presidencia Ejecutiva.
Entonces, la única posibilidad legal de que el Vicepresidente de Contratos y el Gerente de Perforación pudiesen haber tomado la licitación en sus exclusivas manos para dar curso al negocio con Drimellec, era bajo concimiento inexcusable del Presidente Ejecutivo y con una autorización delegada notarialmente por dicha autoridade máxima.
Si dichos subalternos hubiesen procedido con la contratación sin informar de ello por conducto regular a Achá y sin contar con la autorización expresa del Presidente Ejecutivo, entonces han violado flagrantemente los Estatutos de la empresa. Pero en tal caso Luis Achá incurrió en una omisión más grave aún, al no iniciar el correspondiente proceso administrativo contra los subalternos que incurrieron en la firma inconsulta de un millonario contrato (debiendo haber revocado además dicha firma inconsulta), salvo que Achá haya autorizado ejecutivamente esa adjudicación, que es lo más probable.

Los 15 sospechosos de una tentativa de daño lesivo al Estado


Guillermo Luis Achá Morales, posesionado en la Presidencia Ejecutiva de YPFB el 5 de febrero del 2015. | Foto AN-YPFB

Por ahora, el peso principal de la responsabilidad recae en la cabeza del Vicepresidente de Administración, Contratos y Fiscalización, Jorge Patricio Sosa Suárez, quien puso su firma en el contrato con Drimellec. Subalternos directos de Sosa, a la cabeza de la Directora Regional de Contrataciones Mayra Gerladine Velasquez Oros y otros tres funcionarios de esa unidad, también están acusados, junto a la Gerente Corporativa de Contrataciones, Paola Andrea Oporto Rios.

La Gerencia de Perforación a cargo de David Pérez Alba, como unidad solicitante de los tres taladros, también es responsabilizada por el irregular contrato al haber procedido con la orden de fabricación de los tres taladros adjudicados a Drimellec. Cinco funcionarios de esta área técnica, entre ellos el Director de Operaciones, igualmente están comprometidos.

Al momento de la firma de aquel contrato, al parecer la Dirección Jurídica de YPFB se encontraba acéfala, pero tres funcionarios subalternos de esta unidad también podrían ser imputados por la Fiscalía.

“El análisis efectuado se refiere a los procesos, tanto de licitación como de contratación, fallas que podían haber generado perjuicios al erario nacional, que no se han generado, pero hay la presunción de la comisión de hechos delictivos y de situaciones irregulares en estos dos procesos: licitación y contratación“, explicó Arce.

El memorial presentado ante la Fiscalía por el Ministro de Justicia, que consta de 150 páginas, establece una acusación a los implicados por los delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes.
Constante sangría de YPFB por corrupción

El de los taladros es uno más entre varios negociados en YPFB que han enriquecido a funcionarios inescrupulosos que actuaban impunemente apadrinados polÍticamente por Juan Ramón Quintana.

Uno de los escándalos que estalló eN diciembre del 2013 tuvo que ver con la obscena adjudicación millonaria de contratos de publicidad que beneficiaron a una privilegiada familia en la cual también estuvieron diretamente involucrados militares vinculados a Quintana, además de los principales jerarcas de la misma YPFB.

Un caso aún desconocido y que se encuentra en investigación es el referido a la cración de una empresa pública, ESABOL, para la provisión de servicios de helicópteros ens labores de exploración y de explotación de pozos petroleros, así como de actividades mineras. En ese negociado alentado desde los ministerios de la Presidencia y de Defensa, no solo están involucrados altos ejecutivos de YPFB, sino también jefes de las Fuerza Aérea Boliviana (FAB), acusados entre otros actos de corrupción por la compra con sobreprecios de respuestos para los aviones militares. Dicho grupo es articulado por el general Tito Gandarillas, uno de los principales “operadores políticos” de Juan Ramón Quintana dentro las FF.AA.

lunes, 24 de abril de 2017

Gobierno: Posibles arbitrajes por taladros serán responsabilidad de Achá y funcionarios de YPFB



El Gobierno advirtió que los posibles arbitrajes por el caso de los taladros encargados a la empresa italiana Drillmec serán de responsabilidad del presidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá, y de los funcionarios que eventualmente resulten implicados en hechos irregulares.

“Hemos advertido claramente que cualquier responsabilidad económica futura que pudiera existir en el Estado boliviano —no hay ningún daño económico al Estado, pero si sucedieran juicios, arbitrajes más adelante— será de exclusiva responsabilidad del presidente de YPFB y de los funcionarios involucrados”, declaró el ministro de Justicia, Héctor Arce, durante una conferencia de prensa en Santa Cruz.

Recordó, tal como lo hiciera ayer el viceministro de Transparencia, Gonzalo Trigoso, que Achá no está exonerado en este caso, aunque la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General del Estado no incluya su nombre.

Drillmec, que se adjudicó la fabricación de tres equipos de perforación, reveló a través de una solicitada de prensa el 20 de abril que Achá fue quien dio luz verde a la fabricación de los taladros.

La estatal boliviana negó ese extremo y aseguró que el contrato fue suscrito por la Vicepresidencia de Administración de Contratos y Fiscalización, mientras que la orden de proceder fue emitida por la Gerencia de Perforación.

Dos días antes, el martes 18, el ministro Arce presentó ante la Fiscalía General del Estado una denuncia contra 16 personas, una de ellas representante de la firma italiana, por la “compra irregular” de los tres equipos y demandó la disolución del contrato. La investigación se sustentó en los procesos de licitación y contratación.


“Hemos mandado una carta al señor Achá el 21 de abril en la cual justamente le hemos solicitado toda la información que pudiera haber respecto a la ejecución de este contrato que el Ministerio de Justicia le ha solicitado pueda ser inmediatamente resuelto bajo responsabilidad de las autoridades de YPFB”, dijo este lunes.

Agregó que está a la espera de que el despacho de Achá envié la documentación sobre “la supuesta ejecución” del contrato y le demandó “apartarse del proceso y ayudar con la investigación proporcionando toda la información que se requiera, asimismo responder ante cualquier solicitud de la Comisión de Fiscales que investiga el caso”.

Drillmec había advertido con medidas legales de contratarse la disolución del contrato en el que la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos detectó irregularidades jurídicas, administrativas y técnicas. (24/04/2017)

Eduardo León sale de la cárcel y cumple detención domiciliaria



Eduardo León salió la tarde de este lunes de la cárcel de San Pedro a siete días de que la Justicia ordenara su excarcelación y su detención domiciliaria. Sosteniendo un ejemplar de la Biblia y con una guirnalda de flores en el cuello ingresó al domicilio, en la zona de Pura Pura, donde cumplirá la orden judicial que, según su defensa, le permite también trabajar.

"Volveré a empezar", afirmó escuetamente León en un contacto con la red Uno.

El 17 de abril y a once meses de permanecer en la cárcel, el juez Sexto en lo Penal, Fernando Rivadeneira, determinó cesar la detención preventiva y otorgar detención domiciliaria a León, quien es procesado por la supuesta falsificación de la Libreta de Servicio Militar para obtener su título de abogado.

“Ya tenemos un logro, una victoria de una gran batalla. Eduardo está en su domicilio y se va a defender en libertad”, afirmó la abogada Zumeika Lanza, quien añadió que su defendido no hará, por lo menos por el momento, declaraciones a la prensa.

Graciela Mendoza, esposa de León, llevó el caso de su esposo hasta la Organización de Estados Americanos (OEA) por la vulneración de los derechos fundamentales y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en busca de una medida cautelar.

El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, informó que será apelada la decisión judicial.

León también es procesado por la suplantación de un menor como hijo del presidente Evo Morales y Gabriela Zapata, quien se encuentra en la cárcel acusada por varios delitos.

Lanza denunció una “dilación” de autoridades de Régimen Penitenciario en el cumplimiento de la orden judicial, ya que –afirmó- se contaba con todos los requisitos exigidos para la libertad de su defendido.

Afirmó que una Acción de Libertad agilizó los trámites. (24/04/2017)

Admite que visitó a Gabriela Zapata Exdiputada Echeverría dispuesta a ser investigada

Después de que la bancada de Unidad Demócrata pidiera que la exdiputada de Santa Cruz Jessica Echeverría sea investigada, debido a que visitó en cuatro oportunidades a Gabriela Zapata en el cárcel de Miraflores, la representante nacional, a través de su cuenta en la red social de Twitter, dijo que no tiene por qué temer y que está dispuesta a declarar en caso de que la Fiscalía la convoque.

“Que me convoquen no hay ningún problema con gusto me presentare, yo no me escondo ni tengo que esconder”, expresó a través de un twiter el pasado 20 del mes en curso.

El senador Edwin Rodríguez presentó un informe que fue solicitado al Ministerio de Gobierno, tras realizarse una entrevista a Gabriela Zapata en la cárcel de Miraflores el pasado febrero. En dichos documentos se establece que Echeverría visitó desde diciembre de la gestión pasada, el 14 de enero, el 9 y 11 de febrero, día en que el periodista del medio estatal José Luis Colque entrevistó a la interna.

VISITA

En otra publicación, que hizo a través de la red social de Twitter, admitió que ingresó a la cárcel de mujeres de Miraflores, pero que no tiene nada que ver con la entrevista que realizó el periodista del medio estatal que posteriormente fue difundido por ATB.

A la vez señaló que no aceptó representar jurídicamente a Zapata, debido al desarrollo del juicio, que está instalado en la ciudad de La Paz, además de que el proceso está contaminado políticamente, lo cual lo hace más delicado.

“Se han dicho tantas cosas en las redes sociales. Gabriela Zapata cuando le ha convenido, le ha servido a la oposición, ahora la oposición la ataca. Todos esos criterios hizo que mi persona le diga personalmente que no podré tomar el caso”, puntualizó.

Echeverría fue diputada de Convergencia Nacional en el periodo 2010-2015, tiempo en el que se mostró con una actitud crítica radical al gobierno de Evo Morales. Posteriormente, fue vocera del Partido Demócrata Cristiano (PDC), el cual no duró mucho tiempo y finalmente dio su apoyo al Movimiento al Socialismo.

En agosto de 2016, Echeverría fue designada como la nueva Directora Departamental de Régimen Penitenciario de Santa Cruz.

Trigoso: Achá no está implicado por taladros

Según las investigaciones preliminares por el caso taladros, el presidente de Yacimientos Petrolíferos (YPFB), Guillermo Achá, no está implicado en posibles hechos irregulares del contrato.

El viceministro de Transparencia, Gonzalo Trigoso, señaló que continuarán analizando la documentación que presentó la unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos por las irregularidades en el proceso de contratación de taladros a la empresa italiana Drillmec.

“Del análisis de la primera documentación a la que hemos tenido acceso, no hay responsabilidad en el presidente Achá, lo cual no significa que esté exonerado de cualquier futura denuncia”, informó Trigoso.

Añadió que siguen analizando la documentación, y en caso de que se identifique algún grado de participación del presidente de YPFB de forma documentada, será incorporado en el proceso de investigación.

Después de la identificación de irregularidades en el proceso de contratación de perforadoras a cargo de la empresa internacional Drillmec, se presentó una denuncia para iniciar las investigaciones legales y sancionar a los funcionarios implicados en los hechos de corrupción.

El presidente de YPFB confirmó ayer el retiro de 15 funcionarios públicos de esa institución por estar vinculados en irregularidades en el proceso de contratación. La medida ejecutada por la estatal petrolera se mantendrá vigente mientras concluyan las investigaciones judiciales.

Video Viceministro de Transparencia explica el caso de YPFB - Taladros Drillmec

domingo, 23 de abril de 2017

Desarticulan banda que estafaba a nombre del Gobierno

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, presentó este domingo en el Comando de la Policía de Cochabamba a integrantes de una banda criminal que utilizaba el nombre del presidente para estafar con casas y terrenos a cientos de personas.



De acuerdo con Romero, esta banda estafaba a personas utilizando un supuesto programa social que beneficiaba con la dotación de terrenos en Cochabamba. Se estima que existen al menos unas 10.000 víctimas.



“Al comprobarse que este programa no existía se profundiza el seguimiento, no se presentaban estas personas de manera regular, aparecían los fines de semana pero tenían el cuidado de hablar con las personas”, indicó Romero.



La banda estaba conformada por un clan familiar, integrado por tres personas identificadas como Félix Nina Alegría (45 años), Javier Arroyo Alegría (33) y Claudio Fuentes Alegría (37).



Supuestos secuestradores de agricultor



En otro caso, la Policía de Santa Cruz presentó esta mañana en el Comando Departamental a una banda acusada de ser los presuntos secuestrdores del productor cañero a Dionisio Orellana Gonzales, el pasado 17 de abril.



De acuerdo con el reporte de la Policía, el productor cañero fue rescatado ayer un domicilio, ubicado en la avenida Panamericana.



Caballero fue secuestrado hace unos días en la comunidad San Salvador Minero.

Añez: “Así vaya preso no le pagaré a los exfuncionarios”



El alcalde municipal de Cotoca, Wilfredo Añez, manifestó que prefiere ir a la cárcel antes que pagar los Bs 1,6 millones a los 24 exfuncionarios que presentaron una demanda laboral exigiendo el pago de salarios por el periodo 2003-2008.

En la actualidad, sobre Añez pesa una orden de apremio ordenada por la jueza del Trabajo Nelly Rosario Sánchez Justiniano, quien falló a favor de los exfuncionarios que fueron retirados en 2003, pero reincorporados en 2008 (según Añez).

A decir del alcalde, se tienen pruebas de que los demandantes no trabajaron durante esos años, por lo tanto no corresponde ningún pago. Agregó que en los próximos días se presentará un recurso con el fin de revertir el fallo de la jueza Sánchez.

“Prefiero ir preso por no pagar, que ser detenido por causar daño económico al Estado. Si es necesario voy a manejar el municipio desde la cárcel, pero no les voy a pagar porque no les corresponde”, acotó el edil.

Demandantes evalúan
Raúl Paniagua, abogado de los demandantes, dijo que sus defendidos son los que decidirán si se ejecuta la orden de apremio contra el alcalde o se toman otras acciones, en este caso, solicitar al Ministerio de Hacienda la retención y remisión de los fondos para hacer el pago de Bs 1,6 millones.

Paniagua manifestó que Añez debe cumplir el fallo judicial, porque este proceso fue en consulta a la Corte Suprema de Justicia y también al Tribunal Constitucional, por lo que solo queda cumplir la ley.
“El alcalde debe pagar y luego iniciar una acción legal contra los alcaldes que lo antecedieron y que no reincorporaron o no cancelaron los sueldos a mis defendidos. Ese presunto o probable daño económico debe ser asumido por las anteriores autoridades a Añez”, indicó Paniagua.

Anuncian protestas
El presidente de Control Social de Cotoca, Carlos Aguilera, informó de que mañana por la tarde bloquearán el Palacio de Justicia en protesta por el fallo de la jueza Sánchez en contra de la Alcaldía. “Si se paga ese dinero, se truncarán obras en las áreas de educación y salud. Iremos unas 300 personas de las OTB de los barrios y comunidades de Cotoca”, finalizó Aguilera.

El proceso judicial se prolongó 14 años
El problema en la Alcaldía de Cotoca se inicia en 2003, cuando el entonces alcalde Lucas Britez es suspendido por algunos concejales mediante una moción constructiva de censura y se elige a Fanny Justiniano en su lugar. La nueva autoridad es quien despide a 35 funcionarios municipales.

Sin embargo, los legisladores que no estuvieron de acuerdo con la posesión de Justiniano presentan una acción legal logrando que su elección se declare nula, al igual que las acciones realizadas durante su mandato; no obstante, los despedidos no fueron reincorporados. Luego asumen como alcaldes Hugo Carrasco, Lucas Saucedo y Estanislao Arauz. En estos 14 años se presentaron varios recursos legales de una y otra parte, hasta que la semana pasada la jueza Nelly Sánchez falló a favor de los despedidos.

Agentes encubiertos desbaratan red de extorsionadores a Emagua

Los agentes encubiertos de la Policía desbarataron en Santa Cruz una red de extorsionadores encabezado por José Luis Oroza Gutiérrez, quien pedía dinero a nombre de la Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua (Emagua) para la adjudicación de proyectos, informó el sábado el ministro de Gobierno, Carlos Romero.

“Luego de un trabajo encubierto y seguimiento se aprehendió en flagrancia a un extorsionador que supuestamente actuaba a nombre de una entidad pública del Gobierno”, dijo la autoridad en la presentación del acusado.

El operativo se realizó por agentes de la División de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) y en la aprehensión hallaron en poder de la persona 3.400 dólares.

Detalló que Oroza pedía dinero, el 4% de total a nombre de Emagua para la adjudicación de la construcción del proyecto Multipropósito de Agua Potable y Riego para los municipios de Batallas, Pucarani y El Alto, por la suma de 113.124.913 millones de dólares.

La denuncia fue hecha por el director ejecutivo de Emagua, unidad ejecutora de proyectos de agua y riego del Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

Caso Eduardo León Presentan acción de libertad por incumplimiento de órdenes judiciales

Zuleyka Lanza, abogada de Eduardo León, informó que se presentará una acción de libertad contra la obstaculización a la detención domiciliaria de su defendido; el día viernes ya estaba efectivizada, pero por temas administrativos no se ejecutó el mandamiento.

Señaló que el viernes, al llegar al penal de San Pedro, aproximadamente a las 5.25 de la tarde, personeros del penal indicaron que no pueden iniciar el trámite de verificación porque el diligenciero tenía la modalidad de salir en la mañana, cuando llegaban los mandamientos, y realizar las verificaciones por la tarde, y es por ello que no se puedo completar el trámite.

Ante ese hecho, la abogada señaló que se procederá al accionar en contra de los funcionarios que impidieron la salida de su cliente, tomando en cuenta que existen sentencias constitucionales que determinan que por ningún motivo puede ser obstaculizada la salida de un detenido preventivo por trámites administrativos.

ACCIÓN DE LIBERTAD

La efectivización de la acción de libertad es dentro de las 24 horas, y seguramente será el juez, quien conozca esta acción de libertad, el que determinará la salida de León, y que se cumpla con la detención domiciliaria.

Ese trámite administrativo es uno más de los obstáculos que como defensa técnica están tropezando, dijo Lanza.

Lamentó que primero tuvieron que esperar a que el juez en suplencia pueda firmar la orden, y ahora el trámite en el penal de San Pedro.

Una vez dictada la acción de libertad, se tienen 24 horas para definir esta situación hasta el día de hoy, y aclaró que es de cumplimiento inmediato; hasta ayer, sábado, se esperaba la respuesta para que se efectivice la detención domiciliaria para León.

TRÁMITE

El día viernes, la salida de Eduardo León, del régimen penitenciario de San Pedro, se obstaculizó puesto que no se pudo realizar la verificación correspondiente, debido a que el penal procesa los trámites solo hasta el mediodía.

Lanza lamentó que León, después de permanecer 9 meses y 26 días en el penal, tenga que pasar un fin de semana más en el régimen penitenciario de San Pedro.

Recordemos que Eduardo León es procesado por tener una libreta militar falsa para obtener su título profesional, además es acusado por el delito de trata y tráfico respecto al supuesto hijo del presidente Evo Morales y su expareja Gabriela Zapata.

León se encuentra detenido desde el mes de mayo de la pasada gestión y en junio del mismo año fue detenido en la cárcel de San Pedro, a consecuencia de aquello el abogado se declaró un perseguido político, deslindándose de toda responsabilidad de las que se le acusa.

Piden orden de captura para Sánchez y Zuleta

La Policía Boliviana demandó la emisión de orden de captura internacional para que la Interpol proceda con la aprehensión de William Sánchez y Wálter Zuleta, abogados de Gabriela Zapata.

El comandante de la entidad del orden, general Abel Galo de la Barra, expresó su preocupación por la demora en el trámite de esa autorización, porque la policía está preparada para su ejecución.

“Estamos exigiendo, justamente hablamos con el Director Nacional de Interpol de nuestro país, y se ha visto la coordinación allá (Perú). No tenemos hasta el momento ninguna orden, me imagino que en estos días ya vamos a tener una instrucción”, declaró, según la página digital urgente.bo.

Recordó que el Ministerio Público es la instancia que debe emitir la orden de captura internacional para Zuleta y Sánchez. Los sindicados fugaron del país hacia el Perú después de ser descubiertos en su intento de suplantar a un supuesto hijo de Gabriela Zapata con el presidente Evo Morales. Están acusados por el delito de trata y tráfico de personas.

Por ese ilícito también está investigado el abogado Eduardo León, a quién Zapata lo acusó como autor de ese plan para dañar la imagen e integridad del Presidente del Estado.

León está detenido preventivamente en la cárcel de San Pedro, de La Paz, por la presunta falsificación de su Libreta de Servicio Militar para tramitar su título como abogado.

Exalcalde Montes afronta dos imputaciones y 7 acusaciones

El exalcalde de Tarija Óscar Montes Barzón afronta dos imputaciones y siete acusaciones penales desde 2010 hasta 2014. Los procesos se ventilan en los estrados judiciales.

El fiscal departamental de Tarija, Gilbert Muñoz Ortiz, mencionó que las imputaciones de 2016 en contra de Montes se encuentran en etapa preparatoria y existen nueve casos activos que están en trámite.

El número de casos
Gilbert Muñoz expresó que varios casos judiciales que se han iniciado en contra de la exautoridad han concluido en rechazo, pero hasta ahora “todavía existen dos imputaciones penales y siete acusaciones desde 2010 a 2014”.

“No vamos a emitir ninguna opinión sobre el fondo, de esto no se han concluido”, dijo Muñoz, y recordó que las investigaciones contra el exalcalde son por probables hechos de corrupción.

Óscar Montes fue militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), que fue liderado por Jaime Paz Zamora; después de que dicha tienda política perdió la personería jurídica organizó Unidos para Renovar (UNIR). Montes fue dos veces alcalde, una como militante del MIR y otra bajo la sigla UNIR.

El miércoles se debió llevar una audiencia en contra del exalcalde Montes a causa de uno de los procesos que se le sigue, sin embargo el Tribunal de Sentencia Segundo tenía en agenda dos juicios a la misma hora, por lo que se reprogramó el evento para el 15 mayo.

viernes, 21 de abril de 2017

CAMC: Convocan a audiencia para vocales

La autoridad jurisdiccional convocó para hoy a una audiencia con el fin de resolver incidentes en el caso contra los vocales del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz Virginia Crespo y Willy Arias, acusados por emitir un fallo a favor de la empresa china CAMC.

La abogada de los sindicados, Mónica Ramírez, explicó que después de la resolución de incidentes el Juzgado Primero Anticorrupción de La Paz definirá si instala la audiencia cautelar o fija fecha para otro día.

“Mañana (hoy) es la audiencia, está programada para que previamente se resuelvan estas objeciones. Posteriormente recién se va a tratar el tema de fondo, que es la aplicación de medidas cautelares, toda vez que también existen incidentes de actividad procesal defectuosa”, manifestó.

En ese contexto explicó que los incidentes interpuestos son para dejar sin efecto el juicio contra sus clientes porque no habrían cometido ningún delito, y que si son rechazados, no corresponde la detención preventiva porque se sometieron al debido proceso y cumplieron con todos los requisitos para desvirtuar los riesgos procesales.

En 2015, la empresa CAMC presentó un amparo constitucional contra el ministro Milton Claros, para que suspenda la ejecución de las boletas de garantía. Los vocales dieron curso al amparo.

jueves, 20 de abril de 2017

Falta de custodios policiales traba excarcelación de León y Gobierno apela decisión judicial



La falta de designación de dos custodios por parte de la Policía impide que hasta el momento se cumpla la decisión judicial de excarcelación de Eduardo León para su traslado y detención domiciliaria, afirmó su esposa, Graciela Mendoza. El Gobierno apeló la decisión.

"Solo estamos esperando el tema del custodio; otorgan un custodio e inmediatamente recuperará su libertad. Dios quiera que hoy (jueves) se designe al custodio. En sí, son dos porque tienen que rotar cada 24 horas", indicó.

León permanece once meses en la cárcel de San Pedro debido al proceso abierto por la supuesta falsificación de su Libreta de Servicio Militar para obtener el título de abogado. El 17 de abril, un juez le otorgó detención domiciliaria

Otros trámites, como la presentación de garantes y el arraigo fueron cumplidos, según explicó Mendoza.

El juez Sexto en lo Penal, Fernando Rivadeneira, determinó el lunes cesar la detención preventiva en la cárcel y otorgar detención domiciliaria a León, recluido en San Pedro desde el 1 de junio del año pasado.

León enfrenta al menos dos procesos judiciales. El primero por el intento de suplantar a un supuesto hijo del presidente Evo Morales y Gabriela Zapata, y el segundo por la supuesta falsificación de la libreta militar.

La decisión judicial fue apelada este jueves por abogados del Ministerio de Defensa. El asesor jurídico de esa cartera de Estado, Manuel Pórcel, dijo: "La apelación fue presentada al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, ahora esperamos que se cumplan los plazos y el caso se remita a la Sala Plena para su sorteo".

Según publicó la agencia ABI, Pórcel denunció que durante el tiempo de la investigación, León generó amenazas y violencia verbal no solamente hacia los fiscales sino en contra del propio juez y abogados de instituciones que forman parte del proceso.

Pórcel recordó que León, está acusado por los delitos de falsedad material, uso de instrumento falsificado y conducta antieconómica, en una demanda presentada por los ministerios de Educación, Justicia y Defensa.

Otro problema surgió con la oposición de la madre de Mendoza a utilizar su dirección domiciliaria como respaldo para que León recupere su libertad. Mendoza aclaró que el tema corresponde más a un conflicto familiar y descartó que influya en la decisión judicial de liberar a su esposo. (20/04/2017)

Raúl García niega haber conocido a Rózsa


Con mucha soltura y tranquilidad, Raúl García Linera, considerado por los acusados de supuesto terrorismo como un hombre clave en el caso, apareció ayer para declarar, en total contraste con las medidas de seguridad y reserva en que lo hicieron 24 horas antes tres policías de la extinta UTARC.
Ante el tribunal primero de sentencia de La Paz, el citado como testigo de descargo de Alcides Mendoza fue escueto al responder. “Sí, no, nunca, desconozco, creo no conocerlo, lo conozco por la prensa”, fueron la mayoría de sus respuestas. Solo se explayó un par de ocasiones.

Una vez terminada su declaración en el juicio, detalló un poco más: dijo que nunca conoció a Eduardo Rózsa, ni le entregó armas en la zona de Equipetrol como lo afirmó Ignacio Villa Vargas, “El Viejo”.
Reconoció que tenía una amistad con el fallecido Carlos Núñez del Prado pero dijo que no estaba seguro de que fuese su voz la que aparecía en el denominado “videosoborno”. Aseguró que no tiene poder político en el Movimiento al Socialismo y que hay esa creencia porque es hermano del vicepresidente, a quien, en su criterio, buscan atacar a través de él. “No cumplo ninguna función en el MAS; soy militante, tengo mi carné pero no soy parte de la dirección ni asesor. Más que nada mi labor es mediática, saliendo a opinar y algunas veces participando en debates. También formando a compañeros con cierta periodicidad”, dijo sobre su función.

“Es un hombre poderoso”
“El nombre de Raúl García Linera aparece en la declaración ante el tribunal de Villa Vargas, Mario Tadic y Elöd Tóásó; ellos hablan de su presencia durante los interrogatorios, las torturas y refieren que él estaba ahí”, dijo Gary Prado, abogado de Alcides Mendoza y de otros acusados. También recordó que los abogados del Ministerio de Gobierno (Boris Villegas y Denis Roda) y el exfiscal Edward Mollinedo, también se refirieron a Raúl García Linera como un sujeto activo en el ámbito político del tratamiento del caso terrorismo.

Cuando Prado empezó a preguntar esos detalles al testigo, la Fiscalía objetó y el tribunal les concedió la razón. “No nos permitieron preguntar, pero estaba claro que él iba a negar todo, pero vamos a contrastar su negativa con lo que ya consta en las actas del juicio”, dijo Prado.

Agregó que para la defensa Raúl García es un actor político fundamental que ha estado presente sobre todo en la etapa de la crisis política de 2008 y 2009. “Está dentro de la cúpula de poder del MAS, es uno de los hombres más poderosos del Gobierno sin ser funcionario”, afirmó.

Valverde sostiene lo escrito

El hermano del vicepresidente del Estado dijo que la idea de que él trajo a Rózsa al país fue “la novela que trabajó Carlos Valverde”. Dijo que este periodista, que se encuentra autoexiliado en Argentina, “afirmaba que yo había estado en Libia, que allí conocí a Rózsa”. Sin embargo aseguró que él no “cruzó el charco” hasta Europa sino hasta 2015 y que no estuvo en Santa Cruz entre diciembre de 2008 y junio de 2009.

Por su parte, Valverde dijo que él nunca dijo que Raúl García estuvo en Libia. “Yo puse una relación de llamadas entre García Linera (Raúl) y Rózsa; eso está en mi libro. Quedan como evidencias de la relación entre el Gobierno y Rózsa, la cédula de identidad, el viaje pagado por la embajada venezolana, las conversaciones telefónicas registradas y no negadas por la Fiscalía entre ambos; esos documentos están en mi libro”, remarcó.

También refirió que el fiscal Soza, fue a Canadá a invalidar los correos hushmail (cifrados), no a constatar su validez, en los que se encontraba ‘camarada Linera’.

Periodista de Bolivia TV hizo la entrevista a Zapata que difundió ATB

El periodista José Luis Colque Jimenez del canal estatal Bolivia Tv y el camarógrafo Cristian Ludwing Revollo entrevistaron a Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales, el 11 y 15 de febrero del 2017 en el penal de Miraflores y cuyo material fue "vendido" a la televisora ATB para su posterior difusión, día antes del 21 de febrero.



A casi dos meses de esa entrevista, el Ministerio de Gobierno respondió a una petición de informe escrito que realizó el diputado Amilcar Barral y quien manifestó que los periodistas gozaron de todas las condiciones para tener el mencionado contacto con Zapata.



Una de las preguntas que surgió después de que ATB presentó la "entrevista" era quién había producido el material porque la televisora privada negó su responsabilidad en la filmación y el director de ese medio, Jaime Iturri, asumió en su momento sólo la responsabilidad de la edición y su respectiva autorización para que se difunda.



La difusión de ese material generó una ola de críticas, principalmente en las redes sociales, porque solo fue básicamente para responsabilizar a los opositores por la inexistencia física de un "hijo" de Zapata y el presidente Morales.



Ahora finalmente se conoce que Colque y Revollo ingresaron al penal en dos ocasiones y en promedio entrevistaron a Zapata durante tres horas. El 11 de febrero duró una hora la entrevista y el 15 por lo menos dos horas.



Sin embargo, según el detalle del Centro Penitenciario de Miraflores, el periodista y su camarógrafo permanecieron dentro del penal durante más horas porque tuvieron que armar hasta una escenografía.



Colque fue director de radio Kawsachun Coca que tiene sus instalaciones en el Trópico de Cochabamba y actualmente es periodista del canal estatal Bolivia Televisión (BTV) en Cochabamba.



También el 11 de febrero los directores nacional y departamental de Régimen Penitenciario, y el director nacional de Seguridad Penitenciaria ingresaron junto a Colque y Revollo al penal "con cámara filmadora, cámara fotográfica y equipo adicional, los que ingresaron para realizar una entrevista (frente a cámara) a la señora privada de libertad, Gabriela Zapata”, según dice el mencionado informe.



El 15 de febrero volvieron al centro penitenciario para continuar con el diálogo, llevaron el mismo equipo de filmación y se quedaron desde las 11:10 hasta las 14:15, de acuerdo al informe del Ministerio de Gobierno.



El diputado Barral cuestionó el privilegio que tuvo Zapata para recibir a los periodistas durante tantas horas e introducir todos los equipos de filmación; tratamiento que no tiene cualquier otra persona que está privada de libertad.



El director de contenidos de la red televisiva ATB, Jaime Iturri, tras la difusión de la filmación, que no mostró al aire a un entrevistador o las preguntas a Zapata, aseguró que su medio no hizo la entrevista y que sólo compró el material. Asumió la responsabilidad de la edición que duró 20 minutos.



"¿Qué nos preocupa aquí? El señor Iturri denunció que esa nota la han vendido. O sea Zapata se está haciendo plata o estos periodistas se están haciendo plata con gente que está privada de libertad”, cuestionó el legislador Barral.



En los 20 minutos editados de la "entrevista", Zapata acusó a los opositores, periodistas y al exasesor del MAS, Walter Chávez, de armar toda la historia en torno al presunto hijo del presidente Morales.



En la misma línea gubernamental, Zapata dijo que los políticos Samuel Doria Medina, Arturo Murillo, Jaime Navarro, Eduardo León estuvieron involucrados en el polémico caso.



Asimismo, se refirió a periodistas nacionales y extranjeros.



ATB fue objeto de una lluvia de críticas por la "entrevista”, aunque no quiso revelar quiénes les habían "vendido" el material porque el contrato tenía una cláusula de confidencialidad.



Sobre entrevista a Gabriela Zapata by Nancy Vacaflor Gonzales on Scribd.





Video Entrevista al Senador Oscar Ortiz sobre la corrupcion en YPFB

Realizan inspección a Gestión Social para verificar ingresos de Zapata

Ante la falta de testigos de descargo por parte de la defensa de Gabriela Zapata, los miembros del Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción determinaron iniciar ayer la Inspección Técnica Ocular (ITO) de tres lugares, la residencia en la Riconada, la Unidad de Apoyo a la Gestión Social (UAGS) y a la empresa China CAMC, ambientes donde –se afirma– Zapata realizó negocios.

Cerca a las 16.10 en la avenida Arce, los miembros del Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción, Iván Perales y José Luis Quiroga, instalaron la audiencia de ITO solicitada por la exdirectora de la UAGS, Cristina Choque, Jimmy Morales y Zapata.

Los tres acusados retornaron al lugar de los hechos, pero esta vez, su ingreso se dio enmanillados y escoltados por policías en calidad de acusados dentro de unos de los procesos más polémicos para el Gobierno del presidente Evo Morales.

También estuvieron presentes los otros dos acusados Ricardo Alegría y Marvin Ramírez. De la parte acusadora, los fiscales Daniel Ayala y Juan Carlos Soria, además de los representantes legales del Ministerio de la Presidencia, de Justicia, Segip y la UMSA.

Mientras para el fiscal Ayala, la ITO serviría para verificar el escenario donde se dieron los delitos; Marcelo Tamayo, abogado de Zapata, afirmó que este acto procesal era para desvirtuar los mismos y demostrar que los ingresos eran solo para visitar a su amiga Choque.

Martha Requena, abogada de la defensa de Choque, señaló que en este lugar se debe verificar si Choque autorizó o no el uso del salón VIP, donde varios testigos afirman a ver ingresado citados por Zapata, quien le ofrecía realizar gestiones para que el Gobierno apruebe los mismos.