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jueves, 5 de diciembre de 2019
viernes, 21 de junio de 2019
martes, 23 de abril de 2019
viernes, 27 de julio de 2018
Morales nombró a Ruddy Flores en Ginebra y Huanacuni a su esposa en Bruselas
El presidente Evo Morales fue quien designó al exmagistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Ruddy Flores como ministro consejero de la representación diplomática boliviana ante Organismos Internacionales en Ginebra, Suiza, mientras que el canciller Fernando Huanacuni designó a la esposa de Flores, Roxana Rojas Lozano, como cónsul en Bruselas. Flores fue uno de los exmagistrados que avaló la polémica repostulación de Morales a la Presidencia.
El dato fue proporcionado ayer por el propio canciller Huanacuni durante un informe oral que presentó ante la Comisión de Política Internacional de la Asamblea, informó el diputado por Unidad Demócrata (UD), Amílcar Barral, quien interpretó este hecho como la confirmación de que su decisión sobre la repostulación estuvo vinculada a su designación en el cargo diplomático.
“Se reconoce que el exmagistrado Ruddy Flores ha sido nombrado por el Presidente y la esposa de Ruddy Flores ha sido nombrada por el canciller (…) El canciller no nos ha dado información real, pero confirmó que el presidente Morales está pagando la facturita de su repostulación inconstitucional”, afirmó el diputado opositor.
Huanacuni, al salir del informe, dijo que demostró que su acciones estuvieron enmarcadas en las normativa vigente y consideró que hay declaraciones “políticamente direccionadas” del diputado Barral para “manipular la información”.
Ante los legisladores, explicó que Ruddy Flores "es ministro consejero en la representación permanente del Estado Plurinacional de Bolivia ante organismos internacionales de Ginebra, Suiza, y su designación se dispuso en el marco del artículo 172 numeral V de la Constitución , que establece que es atribución del presidente dirigir la política exterior, suscribir, nombrar servidores diplomáticos y consulares de acuerdo con la ley”.
Luego explicó a los periodistas: “Hemos respondido ampliamente bajo la normativa en la Constitución Política del Estado (CPE), la ley Especial de Servicios Exteriores, en las partes de control gubernamental (…) Hemos demostrado ampliamente, no solamente en un criterio personal, sino basado en el marco estructural jurídico”.
Tras dejar el TCP Flores asumió el cargo de asesor jurídico en la Cancillería y luego fue designado como ministro consejero en Ginebra. Su designación desató polémica y la oposición lo atribuyó el hecho a un “pago” por su decisión de haber aceptado el pedido de repostulación. (26/07/2018)
El dato fue proporcionado ayer por el propio canciller Huanacuni durante un informe oral que presentó ante la Comisión de Política Internacional de la Asamblea, informó el diputado por Unidad Demócrata (UD), Amílcar Barral, quien interpretó este hecho como la confirmación de que su decisión sobre la repostulación estuvo vinculada a su designación en el cargo diplomático.
“Se reconoce que el exmagistrado Ruddy Flores ha sido nombrado por el Presidente y la esposa de Ruddy Flores ha sido nombrada por el canciller (…) El canciller no nos ha dado información real, pero confirmó que el presidente Morales está pagando la facturita de su repostulación inconstitucional”, afirmó el diputado opositor.
Huanacuni, al salir del informe, dijo que demostró que su acciones estuvieron enmarcadas en las normativa vigente y consideró que hay declaraciones “políticamente direccionadas” del diputado Barral para “manipular la información”.
Ante los legisladores, explicó que Ruddy Flores "es ministro consejero en la representación permanente del Estado Plurinacional de Bolivia ante organismos internacionales de Ginebra, Suiza, y su designación se dispuso en el marco del artículo 172 numeral V de la Constitución , que establece que es atribución del presidente dirigir la política exterior, suscribir, nombrar servidores diplomáticos y consulares de acuerdo con la ley”.
Luego explicó a los periodistas: “Hemos respondido ampliamente bajo la normativa en la Constitución Política del Estado (CPE), la ley Especial de Servicios Exteriores, en las partes de control gubernamental (…) Hemos demostrado ampliamente, no solamente en un criterio personal, sino basado en el marco estructural jurídico”.
Tras dejar el TCP Flores asumió el cargo de asesor jurídico en la Cancillería y luego fue designado como ministro consejero en Ginebra. Su designación desató polémica y la oposición lo atribuyó el hecho a un “pago” por su decisión de haber aceptado el pedido de repostulación. (26/07/2018)
jueves, 5 de julio de 2018
Héctor Arce sobre caso Quiborax Morales conocía filtración de documentos
El presidente Evo Morales tenía conocimiento de la filtración de información que se dio en la segunda negociación entre el Estado boliviano y la defensa legal de la empresa chilena Quiborax, después de que los documentos de un preacuerdo fueron filtrados desde el ordenador de la exsubprocuradora Carmiña Llorenti, informó el ministro de Justicia, Héctor Arce, durante el acto de interpelación.
“Se nos informó (del hecho) el día 7 de diciembre de 2016 y el 21 de diciembre, después de hacer los trámites ante el presidente (Evo Morales) sobre la situación, se la desvinculó (a Carmiña Llorenti) de su cargo. Porque la designación de un subprocurador del nivel de un viceministro no depende del procurador, de acuerdo a la ley 064 la designación de esta autoridad depende del Presidente”, dijo Arce.
Arce explicó que posterior a esa información al presidente Evo Morales, el 25 de enero de 2017 se dispuso que se realice un proceso administrativo en contra de la exfuncionaria el mismo que fue realizado por la directora jurídica de la Procuraduría, Patricia Meneses.
RETRASO
A pesar de todos esos antecedentes, la autoridad sumariante externa de la Procuraduría, Ana Guevara Clavijo, ordenó el inicio del proceso administrativo disciplinario contra Llorenti recién en marzo de este año, después de 14 meses de que esta irregularidad fuese detectada.
El informe con la denominación RPAD/ASE/004/2018, emitido por la autoridad sumariante externa, detalla que la exfuncionaria, durante una reunión de negociación organizada en La Paz, en agosto de 2016, con los abogados de la compañía Química e Industria del Bórax (Quiborax) y Non Metallic Minerals (NMM), prestó su computadora a uno de los abogados de las empresas demandantes.
ARBITRAJE INTERNACIONAL
En el acto de interpelación convocada por el oficalismo, Arce explicó que la sentencia que emitió el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) detalló que se aplicó una medida de revocatoria que no estaba consignada en el Código de Minería que estaba vigente en ese momento.
El tribunal concluyó que hubo un atropello contra la empresa chilena y corresponde la compensación integra que determina el laudo arbitral.
Por su parte el ministro de Minería, Cesar Navarro indicó que la el Estado boliviano vulneró el articulo IV del tratado bilateral internacional firmado entre Bolivia y Chile en 1994, que establece que ninguna de las partes contratantes adoptará medidas que priven directa o indirectamente.
A la vez indicó que la controversia entre el Estado boliviano y la firma chilena no hubiese llegado a un pago de $us 42.6 millones si no se suscribía el acuerdo entre la república de Bolivia y el de Chile para la promoción y protección recíproca de inversiones (TBI), firmado el 22 de septiembre de 1994, durante el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.
DEFENSA LEGAL
Arce manifestó que el Estado contrató a uno de los seis bufets de abogados con mayor prestigio de Estados Unidos, al que tuvieron que pedir una rebaja en el costo de los honorarios de los profesionales para que lleven la defensa legal ante el tribunal internacional.
“Que se vea la responsabilidad que se ha actuado en la defensa legal del Estado, con el buffet internacional que ha trabajado con nuestro país y que es el sexto buffet más grande del mundo, de un alto prestigio. Nosotros muchos veces, pensando en el país, le hemos pedido rebajas en cuanto a sus honorarios”, resaltó el ministro.
Según la documentación publicada por el CIADI la defensa legal boliviana estaba a cargo de las firmas jurídicas Gomm & Smith del estado de Miami, y el estudio jurídico Dechert LLP.
Sin embargo, el senador de Unidad Demócrata (UD), Óscar Ortiz, denunció que la Procuraduría General del Estado no quiso dar mayor informe sobre la contratación de los equipos jurídicos para la defensa legal y cuánto se pagó a estos profesionales.
NACIONALIZACIÓN
Arce indicó que durante el gobierno de Evo Morales se determinó la creación de la defensa legal del estado, algo que no fue tomado en cuenta en anteriores gobiernos, en ese marco indicó que los procesos de nacionalización se expandieron 14 empresas en cinco áreas: hidrocarburos, minería, electricidad, telecomunicaciones y transporte aéreo. Procesos en el que el Estado pagó $us 921.653.034.
En el sector de hidrocarburos se nacionalizó a las empresas Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB Chaco) donde se pagó una indemnización de $us357.023.360, a YPFB Transporte $us 241.154.976, YPFB logística $us 12.080.279.
Para el rubro de la electricidad se nacionalizó a toda la cadena de empresas que están a cargo de la generación, distribución de ese recurso, Corani SA se pagó $us 18.668.000. Valle Hermoso SA $us 19.245.627, Guaracachi SA $us 31.534.613, a la Trasportadora de Electricidad SA se indemnizó un total de $us 65.268.000, DeLapaz y otras empresas $us 53.681.179.
Para el área de telecomunicaciones la principal nacionalización fue la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), en el que se tuvo que pagar a la empresa de origen italiano la suma de $us 100.000.000.
Por último en el sector aeropuertuarias la nacionalización se dio a la empresa de Servicio de Aeropuertos de Bolivia (SABSA), donde se pagó la suma de $us 23.000.000. En la suma total de la cancelación de todos estos resarcimientos la suma asciende a más de $us 921 mil millones.
APLAUDIDOS
Al concluir la interpelación a ambas autoridades, los dos tercios del oficialismo fueron determinantes a la hora de la votación, después de que respondieran las 12 preguntas formuladas por los diputados Víctor Borda y Betty Yañíquez, durante una sesión que duró cerca de cinco horas.
La presidenta de la Cámara de Diputados Gabriela Montaño presidió la sesión de la Asamblea y fue la encargada de someter a consideración de la propuesta de “orden del día puro y simple”, mientras que desde la bancada de oposición, los legisladores exigían preguntar a los ministros que, por efectos del reglamento, no pueden participar de la votación.
“Se nos informó (del hecho) el día 7 de diciembre de 2016 y el 21 de diciembre, después de hacer los trámites ante el presidente (Evo Morales) sobre la situación, se la desvinculó (a Carmiña Llorenti) de su cargo. Porque la designación de un subprocurador del nivel de un viceministro no depende del procurador, de acuerdo a la ley 064 la designación de esta autoridad depende del Presidente”, dijo Arce.
Arce explicó que posterior a esa información al presidente Evo Morales, el 25 de enero de 2017 se dispuso que se realice un proceso administrativo en contra de la exfuncionaria el mismo que fue realizado por la directora jurídica de la Procuraduría, Patricia Meneses.
RETRASO
A pesar de todos esos antecedentes, la autoridad sumariante externa de la Procuraduría, Ana Guevara Clavijo, ordenó el inicio del proceso administrativo disciplinario contra Llorenti recién en marzo de este año, después de 14 meses de que esta irregularidad fuese detectada.
El informe con la denominación RPAD/ASE/004/2018, emitido por la autoridad sumariante externa, detalla que la exfuncionaria, durante una reunión de negociación organizada en La Paz, en agosto de 2016, con los abogados de la compañía Química e Industria del Bórax (Quiborax) y Non Metallic Minerals (NMM), prestó su computadora a uno de los abogados de las empresas demandantes.
ARBITRAJE INTERNACIONAL
En el acto de interpelación convocada por el oficalismo, Arce explicó que la sentencia que emitió el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) detalló que se aplicó una medida de revocatoria que no estaba consignada en el Código de Minería que estaba vigente en ese momento.
El tribunal concluyó que hubo un atropello contra la empresa chilena y corresponde la compensación integra que determina el laudo arbitral.
Por su parte el ministro de Minería, Cesar Navarro indicó que la el Estado boliviano vulneró el articulo IV del tratado bilateral internacional firmado entre Bolivia y Chile en 1994, que establece que ninguna de las partes contratantes adoptará medidas que priven directa o indirectamente.
A la vez indicó que la controversia entre el Estado boliviano y la firma chilena no hubiese llegado a un pago de $us 42.6 millones si no se suscribía el acuerdo entre la república de Bolivia y el de Chile para la promoción y protección recíproca de inversiones (TBI), firmado el 22 de septiembre de 1994, durante el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.
DEFENSA LEGAL
Arce manifestó que el Estado contrató a uno de los seis bufets de abogados con mayor prestigio de Estados Unidos, al que tuvieron que pedir una rebaja en el costo de los honorarios de los profesionales para que lleven la defensa legal ante el tribunal internacional.
“Que se vea la responsabilidad que se ha actuado en la defensa legal del Estado, con el buffet internacional que ha trabajado con nuestro país y que es el sexto buffet más grande del mundo, de un alto prestigio. Nosotros muchos veces, pensando en el país, le hemos pedido rebajas en cuanto a sus honorarios”, resaltó el ministro.
Según la documentación publicada por el CIADI la defensa legal boliviana estaba a cargo de las firmas jurídicas Gomm & Smith del estado de Miami, y el estudio jurídico Dechert LLP.
Sin embargo, el senador de Unidad Demócrata (UD), Óscar Ortiz, denunció que la Procuraduría General del Estado no quiso dar mayor informe sobre la contratación de los equipos jurídicos para la defensa legal y cuánto se pagó a estos profesionales.
NACIONALIZACIÓN
Arce indicó que durante el gobierno de Evo Morales se determinó la creación de la defensa legal del estado, algo que no fue tomado en cuenta en anteriores gobiernos, en ese marco indicó que los procesos de nacionalización se expandieron 14 empresas en cinco áreas: hidrocarburos, minería, electricidad, telecomunicaciones y transporte aéreo. Procesos en el que el Estado pagó $us 921.653.034.
En el sector de hidrocarburos se nacionalizó a las empresas Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB Chaco) donde se pagó una indemnización de $us357.023.360, a YPFB Transporte $us 241.154.976, YPFB logística $us 12.080.279.
Para el rubro de la electricidad se nacionalizó a toda la cadena de empresas que están a cargo de la generación, distribución de ese recurso, Corani SA se pagó $us 18.668.000. Valle Hermoso SA $us 19.245.627, Guaracachi SA $us 31.534.613, a la Trasportadora de Electricidad SA se indemnizó un total de $us 65.268.000, DeLapaz y otras empresas $us 53.681.179.
Para el área de telecomunicaciones la principal nacionalización fue la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), en el que se tuvo que pagar a la empresa de origen italiano la suma de $us 100.000.000.
Por último en el sector aeropuertuarias la nacionalización se dio a la empresa de Servicio de Aeropuertos de Bolivia (SABSA), donde se pagó la suma de $us 23.000.000. En la suma total de la cancelación de todos estos resarcimientos la suma asciende a más de $us 921 mil millones.
APLAUDIDOS
Al concluir la interpelación a ambas autoridades, los dos tercios del oficialismo fueron determinantes a la hora de la votación, después de que respondieran las 12 preguntas formuladas por los diputados Víctor Borda y Betty Yañíquez, durante una sesión que duró cerca de cinco horas.
La presidenta de la Cámara de Diputados Gabriela Montaño presidió la sesión de la Asamblea y fue la encargada de someter a consideración de la propuesta de “orden del día puro y simple”, mientras que desde la bancada de oposición, los legisladores exigían preguntar a los ministros que, por efectos del reglamento, no pueden participar de la votación.
miércoles, 16 de mayo de 2018
jueves, 10 de mayo de 2018
jueves, 5 de abril de 2018
martes, 20 de junio de 2017
Por tercera vez Suspenden desfile identificativo en caso de “hijo” de Evo Morales
La audiencia para realizar el desfile identificativo, en el caso de trata de personas, por la presunta suplantación del hijo de Evo Morales y Gabriela Zapata, fue suspendida ayer, por tercera vez, ante la declaratoria en rebeldía de los exabogados de Zapata, Walter Zuleta y William Sánchez.
“El desfile identificativo se suspendió por la falta de notificación a los abogados de los que ahora están declarados rebeldes, Willy Sánchez Peña y otros (Walter Zuleta). Sólo es una suspensión hasta el lunes 26 de junio”, explicó la fiscal Karina Cuba.
El acto para este desfile identificativo estaba programado para las 14.30 horas de ayer y debía realizarse en la cámara Gesell, de la Fiscalía del Distrito, donde se presentaron todos los imputados y detenidos por este proceso, excepto los dos abogados.
La fiscal Cuba señaló que para la audiencia del próximo 26, se programó la notificación a los abogados que representaban a Peña y Zubieta, y de no presentarse se pedirá dos abogados de Defensa Pública.
“En esta audiencia, el menor, quien fue escoltado por funcionarios de la Defensoría de la Niñez, debía reconocer a todas las personas con las que tuvo contacto el pasado año, cuando fue puesto ante una juez de familia para hacer creer que era el hijo del Presidente”, detalló Cuba.
“Este acto es importante, porque el menor que es víctima (de trata) ha mantenido contacto con varios de los imputados, entonces, el objetivo y la pertinencia de este acto es identificar con quiénes lo hizo el 2016”, reiteró Cuba.
MADRE
La fiscal afirmó que si bien la suspensión se debió a la ausencia de los dos abogados declarados prófugos, Milton Andrade, abogado de la madre del menor, quien ya se sometió a proceso abreviado, afirmó a EL DIARIO que su cliente al no haber sido notificado no participaría de dicho desfile.
MÁS DECLARACIONES
Asimismo, se informó que varios de los implicados solicitaron ampliar sus declaraciones informativas, con el fin de colaborar en el esclarecimiento de este hecho.
Cuba manifestó que prestaron ya declaración ampliatoria, las denominadas “tías” de cariño de Zapata, Pilar Guzmán y María Arce, además del hijo de la primera, Claudio Rivera. También amplió su declaración Ximena Fortún y ayer se procedió a la toma de declaración informativa de la propia Zapata.
Según la justificación que presentaron para estas ampliaciones, es que “supuestamente quieren colaborar con la investigación y hay algunos datos que habían obviado en su primera declaración”, explicó Cuba.
La fiscal manifestó que no le corresponde señalar si las nuevas versiones de los implicados son creíbles o no, pero afirmó que algunos de los datos que se dieron en las ampliaciones, “sí ayudaron en el esclarecimiento de algunos hechos, han dado nombres, lugares”, finalizó.
“El desfile identificativo se suspendió por la falta de notificación a los abogados de los que ahora están declarados rebeldes, Willy Sánchez Peña y otros (Walter Zuleta). Sólo es una suspensión hasta el lunes 26 de junio”, explicó la fiscal Karina Cuba.
El acto para este desfile identificativo estaba programado para las 14.30 horas de ayer y debía realizarse en la cámara Gesell, de la Fiscalía del Distrito, donde se presentaron todos los imputados y detenidos por este proceso, excepto los dos abogados.
La fiscal Cuba señaló que para la audiencia del próximo 26, se programó la notificación a los abogados que representaban a Peña y Zubieta, y de no presentarse se pedirá dos abogados de Defensa Pública.
“En esta audiencia, el menor, quien fue escoltado por funcionarios de la Defensoría de la Niñez, debía reconocer a todas las personas con las que tuvo contacto el pasado año, cuando fue puesto ante una juez de familia para hacer creer que era el hijo del Presidente”, detalló Cuba.
“Este acto es importante, porque el menor que es víctima (de trata) ha mantenido contacto con varios de los imputados, entonces, el objetivo y la pertinencia de este acto es identificar con quiénes lo hizo el 2016”, reiteró Cuba.
MADRE
La fiscal afirmó que si bien la suspensión se debió a la ausencia de los dos abogados declarados prófugos, Milton Andrade, abogado de la madre del menor, quien ya se sometió a proceso abreviado, afirmó a EL DIARIO que su cliente al no haber sido notificado no participaría de dicho desfile.
MÁS DECLARACIONES
Asimismo, se informó que varios de los implicados solicitaron ampliar sus declaraciones informativas, con el fin de colaborar en el esclarecimiento de este hecho.
Cuba manifestó que prestaron ya declaración ampliatoria, las denominadas “tías” de cariño de Zapata, Pilar Guzmán y María Arce, además del hijo de la primera, Claudio Rivera. También amplió su declaración Ximena Fortún y ayer se procedió a la toma de declaración informativa de la propia Zapata.
Según la justificación que presentaron para estas ampliaciones, es que “supuestamente quieren colaborar con la investigación y hay algunos datos que habían obviado en su primera declaración”, explicó Cuba.
La fiscal manifestó que no le corresponde señalar si las nuevas versiones de los implicados son creíbles o no, pero afirmó que algunos de los datos que se dieron en las ampliaciones, “sí ayudaron en el esclarecimiento de algunos hechos, han dado nombres, lugares”, finalizó.
jueves, 30 de marzo de 2017
miércoles, 28 de mayo de 2014
Romero dice que dedicatoria de Evo a exfiscal Soza en libro no prueba nada
El exfiscal Marcelo Soza presentó ante el Consejo Nacional de Refugiados (Conare) de Brasil, un libro autografiado por el presidente Evo Morales como una prueba de sus reuniones con él para abordar el caso Terrorismo. Para el ministro de Gobierno, Carlos Romero, tal hecho no significa nada y no prueba que Soza se haya reunido con el Jefe de Estado.
Luego de una reunión en la Vicepresidencia, ayer, el ministro Romero reiteró que el exfiscal nunca solicitó tener una audiencia con el presidente Evo Morales o el vicepresidente Álvaro García Linera.
“Eso no significa nada, yo no sé si será válida la dedicatoria en un libro, porque bueno uno puede dedicar un libro a cualquiera, se acerca una persona y uno le hace una dedicatoria y le pone al ilustre ciudadano, a quien le ofrezco mis servicios, le firma un libro, eso no significa nada”, afirmó Romero.
Respecto a quién debe hacer la representación ante el Brasil para pedir la extradición del exfiscal, Romero dijo que esta labor corresponde al fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, considerando que Soza tiene cuentas con la justicia y no es un perseguido político. Desde Brasil el exfiscal del caso Terrorismo dio detalles de una reunión que sostuvo con el presidente Morales, encuentro en el que el mandatario le habría obsequiado un libro autografiado, en reconocimiento a su labor en defensa de la patria.
El libro
En el texto se lee: “Para el Dr. Marcelo Soza con profundo respeto y admiración por su defensa a la Patria”, seguido de la firma del Jefe de Estado, sin fecha, escrita sobre las primeras páginas de un libro titulado “Constituyendo y Conduciendo un Nuevo País”, que describe la marcha por la nueva Constitución Política del Estado.
El documento forma parte de las pruebas entregadas por Soza al Conare el 28 de abril pasado. Según Soza el encuentro se realizó en la calle 20 de Octubre en el departamento que se utiliza para reuniones reservadas. “Le informé al primer mandatario sobre el estado del proceso.
Le manifesté que era necesario que se haga una investigación exhaustiva del operativo en el hotel Las Américas porque consideraba que las muertes de tres ciudadanos europeos fueron innecesarias y que podía haberse evitado”, señala su declaración.
Son mentiras del exfiscal
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó ayer que sorprende la capacidad de mentir del exfiscal del denominado caso Terrorismo, Marcelo Soza, que aseguró que se reunió con personeros del Gobierno y con los jueces ciudadanos del caso separatismo. “Me sorprende la capacidad de mentir de mucha gente, se dice que el Ministro de reunió con los jueces ciudadanos, con los del Tribunal y con los abogados que están presos en Palmasola, que en ese momento eran, se dice, funcionarios del Ministerio de Gobierno y que no les habría dicho que tienen que agilizar la sentencia en ese proceso del separatismo”, justificó.
Romero también negó las denuncias de la senadora Carmen Eva Gonzales, quien mostró fotografìas sobre una supuesta reunión entre funcionarios de Gobierno e implicados en caso separtismo. Dijo que fue una conferencia de prensa.
Luego de una reunión en la Vicepresidencia, ayer, el ministro Romero reiteró que el exfiscal nunca solicitó tener una audiencia con el presidente Evo Morales o el vicepresidente Álvaro García Linera.
“Eso no significa nada, yo no sé si será válida la dedicatoria en un libro, porque bueno uno puede dedicar un libro a cualquiera, se acerca una persona y uno le hace una dedicatoria y le pone al ilustre ciudadano, a quien le ofrezco mis servicios, le firma un libro, eso no significa nada”, afirmó Romero.
Respecto a quién debe hacer la representación ante el Brasil para pedir la extradición del exfiscal, Romero dijo que esta labor corresponde al fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, considerando que Soza tiene cuentas con la justicia y no es un perseguido político. Desde Brasil el exfiscal del caso Terrorismo dio detalles de una reunión que sostuvo con el presidente Morales, encuentro en el que el mandatario le habría obsequiado un libro autografiado, en reconocimiento a su labor en defensa de la patria.
El libro
En el texto se lee: “Para el Dr. Marcelo Soza con profundo respeto y admiración por su defensa a la Patria”, seguido de la firma del Jefe de Estado, sin fecha, escrita sobre las primeras páginas de un libro titulado “Constituyendo y Conduciendo un Nuevo País”, que describe la marcha por la nueva Constitución Política del Estado.
El documento forma parte de las pruebas entregadas por Soza al Conare el 28 de abril pasado. Según Soza el encuentro se realizó en la calle 20 de Octubre en el departamento que se utiliza para reuniones reservadas. “Le informé al primer mandatario sobre el estado del proceso.
Le manifesté que era necesario que se haga una investigación exhaustiva del operativo en el hotel Las Américas porque consideraba que las muertes de tres ciudadanos europeos fueron innecesarias y que podía haberse evitado”, señala su declaración.
Son mentiras del exfiscal
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó ayer que sorprende la capacidad de mentir del exfiscal del denominado caso Terrorismo, Marcelo Soza, que aseguró que se reunió con personeros del Gobierno y con los jueces ciudadanos del caso separatismo. “Me sorprende la capacidad de mentir de mucha gente, se dice que el Ministro de reunió con los jueces ciudadanos, con los del Tribunal y con los abogados que están presos en Palmasola, que en ese momento eran, se dice, funcionarios del Ministerio de Gobierno y que no les habría dicho que tienen que agilizar la sentencia en ese proceso del separatismo”, justificó.
Romero también negó las denuncias de la senadora Carmen Eva Gonzales, quien mostró fotografìas sobre una supuesta reunión entre funcionarios de Gobierno e implicados en caso separtismo. Dijo que fue una conferencia de prensa.
miércoles, 9 de enero de 2013
Evo pidió mantener equipos de abogados pero dice no por eso soy corrupto
El presidente Evo Morales admitió este miércoles que los equipos técnicos y jurídicos de los ministerios no son removidos por recomendación suya, para no perjudicar la labor institucional. Pero acalaró que si algún funcionario fue descubierto en corrupción o extorsión esto no debe implicar a los superiores del gobierno.
Las declaraciones del mandatario se dieron en el hotel Torino de la ciudad de La Paz, en el evento de clausura del segundo encuentro de ex dirigentes campesinos originarios y trabajadores, donde reiteró sus acusaciones de conspiración a la Embajada de los EEUU por usar el descubrimiento de una red de extorsión usando avales emitidos desde el Órgano Ejecutivo en el caso del estadounidense Jacob Ostreicher.
“Mi recomendación es que está bien cambiar a gente de confianza como jefe o jefa de gabinete y algunas autoridades importantes, pero equipo técnico y jurídico no, para no paralizar el trabajo de ese Ministerio. Recomiendo eso a todos los ministros y a los nuevos”, aseguró Morales.
Recordó que la gestión anterior un Ministerio cambió a todo el equipo técnico y jurídico y no logró un ritmo de trabajo hasta después de seis meses lo que perjudicó la labor institucional.
“Y si alguien de ellos (funcionarios) por recomendación de Evo Morales no ha sido cambiado y ese funcionario o servidor aparece corrupto, no por eso yo soy corrupto”, sostuvo Morales ante los ex dirigentes sindicales en referencia a la red de extorsión descubierta en 2012.
El Jefe de Estado también hizo alusión algunas declaraciones de legisladores que solicitaron que las investigaciones sobre la red de extorsión no solamente lleguen a presuntos mandos medios sino a altas autoridades de gobierno.
“Hay algunos diputados y diputadas infiltrados en la misma línea de la Embajada de EEUU, son resentidos e instrumentos de los lacayos del imperio porque quieren investigar quién ha designado (a los funcionarios implicados en extorsión)”, explicó Morales.
La gestión anterior, la presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, opinó ante los medios de comunicación que aún no fueron descubiertos los verdaderos cabecillas de la red de extorsión y que sólo se detuvieron a “mandos medios”, declaraciones que fueron duramente criticadas por el Presidente y sus colegas.
Este martes, Boris Villegas, Dennis Rodas y Fernando Rivera, ex abogados del Ministerio de Gobierno y principales acusados de la red de extorsión, enviaron misivas desde el penal de Palmasola de Santa Cruz a las presidencias de la cámara de Senadores, de Diputados y al vicepresidente del Estado y Presidente nato del Legislativo, Álvaro García Linera demandando la conformación de una comisión multipartidaria de investigación del caso porque el ministro carlos Romero y el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, habrían cometido presuntos hechos ilícitos en algunos casos de seguridad del Estado como en la administración de conflictos sociales durante el año anterior.
Las declaraciones del mandatario se dieron en el hotel Torino de la ciudad de La Paz, en el evento de clausura del segundo encuentro de ex dirigentes campesinos originarios y trabajadores, donde reiteró sus acusaciones de conspiración a la Embajada de los EEUU por usar el descubrimiento de una red de extorsión usando avales emitidos desde el Órgano Ejecutivo en el caso del estadounidense Jacob Ostreicher.
“Mi recomendación es que está bien cambiar a gente de confianza como jefe o jefa de gabinete y algunas autoridades importantes, pero equipo técnico y jurídico no, para no paralizar el trabajo de ese Ministerio. Recomiendo eso a todos los ministros y a los nuevos”, aseguró Morales.
Recordó que la gestión anterior un Ministerio cambió a todo el equipo técnico y jurídico y no logró un ritmo de trabajo hasta después de seis meses lo que perjudicó la labor institucional.
“Y si alguien de ellos (funcionarios) por recomendación de Evo Morales no ha sido cambiado y ese funcionario o servidor aparece corrupto, no por eso yo soy corrupto”, sostuvo Morales ante los ex dirigentes sindicales en referencia a la red de extorsión descubierta en 2012.
El Jefe de Estado también hizo alusión algunas declaraciones de legisladores que solicitaron que las investigaciones sobre la red de extorsión no solamente lleguen a presuntos mandos medios sino a altas autoridades de gobierno.
“Hay algunos diputados y diputadas infiltrados en la misma línea de la Embajada de EEUU, son resentidos e instrumentos de los lacayos del imperio porque quieren investigar quién ha designado (a los funcionarios implicados en extorsión)”, explicó Morales.
La gestión anterior, la presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, opinó ante los medios de comunicación que aún no fueron descubiertos los verdaderos cabecillas de la red de extorsión y que sólo se detuvieron a “mandos medios”, declaraciones que fueron duramente criticadas por el Presidente y sus colegas.
Este martes, Boris Villegas, Dennis Rodas y Fernando Rivera, ex abogados del Ministerio de Gobierno y principales acusados de la red de extorsión, enviaron misivas desde el penal de Palmasola de Santa Cruz a las presidencias de la cámara de Senadores, de Diputados y al vicepresidente del Estado y Presidente nato del Legislativo, Álvaro García Linera demandando la conformación de una comisión multipartidaria de investigación del caso porque el ministro carlos Romero y el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, habrían cometido presuntos hechos ilícitos en algunos casos de seguridad del Estado como en la administración de conflictos sociales durante el año anterior.
miércoles, 4 de marzo de 2009
Prefectura de Tarija abre el primer juicio contra Evo Morales por caso de corrupción en YPFB
Noticia publicada el 4 de Marzo de 2009 en La Prensa
La Prefectura de Tarija presentó la primera acusación formal para la apertura de un juicio de responsabilidades en contra del presidente Evo Morales por la aprobación del Decreto Supremo 29506, que permitió la contratación directa de Catler-Uniservice y desencadenó el mayor caso de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales bolivianos (YPFB).
La acusación fue rechazadas por los ministros de Defensa Legal del Estado, Héctor Arce, y de Defensa, Walker San Miguel, quienes consideran que no tiene asidero legal.
La demanda fue interpuesta el viernes 27 de febrero ante la Fiscalía General de la República, en Sucre, a través de un memorial por el prefecto de ese departamento, Mario Cossío Cortez, y ayer se adhirieron a la causa sus colegas de Chuquisaca, Savina Cuéllar; de Santa Cruz, Rubén Costas, y de Beni, Ernesto Suárez.
En la demanda se acusa al Mandatario de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
El fiscal general, Mario Uribe, dijo, según Efe, que la “proposición acusatoria” aduce que Morales supuestamente violó la ley al emitir un decreto que reformó las normas sobre contratación de bienes y servicios en la petrolera estatal.
El Decreto 29506, aprobado el 9 de abril de 2008, en su artículo 3 dice: “Se autoriza a YPFB la contratación de obras, bienes, servicios generales y servicios de consultoría, para el desarrollo de todas las actividades de la cadena de los hidrocarburos señaladas en los artículos 14 y 31 de la Ley de Hidrocarburos”.
La norma, aprobada un mes después de que asumiera el cargo el ex presidente de YPFB Santos Ramírez, tenía el objetivo, de acuerdo con el Gobierno, de establecer procedimientos de contratación ágiles, eficientes y transparentes que respondan a los requerimientos y necesidades de fortalecimiento y reestructuración de la empresa petrolera estatal.
Según resume la proposición acusatoria, el departamento de Tarija es uno de los más perjudicados porque posee el 80 por ciento de las reservas de gas del país y vive de los ingresos que genera su explotación.
“El Decreto 29506 abrió las puertas a un manejo discrecional de los recursos que administra YPFB, cuyo accionar hoy está marcado por escandalosos hechos de corrupción públicamente demostrados, que se originan precisamente en la decisión del presidente Evo Morales expresada en ese sui géneris decreto supremo que lleva su firma y que lo convierte en autor directo de los ilícitos que hoy se denuncian”.
La proposición agrega que el Presidente de la República, al generar reglas excepcionales de contratación que contradicen las establecidas en la Ley 1178, de modo directo ha dado lugar a que se ejecute un decreto supremo por encima de una ley de la República.
Precisa que sin estos instrumentos legales no habría sido posible firmar el contrato con la asociación accidental Catler-Uniservice para la construcción de una planta separadora de líquidos.
El ministro Walker San Miguel aseguró que la acusación pretende constituirse en una “cortina de humo” sobre las responsabilidades de Cossío en el intento de “golpe cívico prefectural” gestado en septiembre del año pasado contra Morales.
Además no tiene sustento legal, por lo que el Gobierno confía en que será rechazada, sin embargo se evaluará si amerita la presentación de una demanda penal contra el prefecto Cossío.
El ministro Arce precisó que “la norma (el Decreto 29506) tiene su justificación y amparo en la legalidad. El hecho de que no se haya aplicado correctamente en este caso específico de YPFB, por lo cual se está llevando una investigación, no quiere decir que el marco legal con el que trabaja el Gobierno tenga errores, vicios”. Añadió que para hacer una fiscalización previa y posterior se creó un Ministerio.
Luis Córdoba pedirá libertad
Aunque fue suspendido el careo que debieron sostener ayer los acusados Luis Fernando Córdoba y Franz Michael Rodríguez Caero sobre los pormenores del atraco ocurrido el 27 de enero en la avenida Tejada Sorzano, el abogado defensor del ex empleado del fallecido Jorge O’Connor D’Arlach, Williams Sánchez Peña, anunció que solicitará hoy la libertad pura y simple de su cliente.
El acto judicial solicitado por la Fiscalía de Homicidios fue dejado ayer sin efecto como consecuencia de que, por diversas razones, demoró alrededor de una hora y media en instalarse y los dos detenidos debían regresar al penal de San Pedro, donde cumplen detención preventiva por la muerte del empresario tarijeño.
Sin embargo, Rodríguez Caero aseguró en el Ministerio Público que no conoce a Luis Fernando Córdoba y retiró sus declaraciones con respecto a que el golpe había sido planificado en El Caballito, un local de diversión nocturno perteneciente a Ernesto Córdoba, quien también se halla bajo detención preventiva.
Rodríguez Caero, quien en principio había solicitado acogerse a proceso abreviado para minimizar la condena que recaería sobre él, sostuvo que, si bien su firma aparece en la declaración en la que inculpa a Luis Fernando Córdoba y admite haber participado en el atraco, fue obligado a rubricar documentos en blanco cuyo contenido desconocía y que en éstos figura la firma del fiscal de Homicidios, Luis Mamani, quien no estuvo presente mientras era interrogado.
Fiscalía encuentra más pistas
El fiscal de Homicidios, Luis Mamani, quien tiene bajo su responsabilidad la investigación del asesinato del empresario Jorge O’Connor D’Arlach, aseguró que tiene indicios de que la acusada Sandra Verónica Mamani Quispe se reunió después del atraco con Ernesto Córdoba en el club nocturno El Caballito para entregarle parte del dinero arrebatado al fallecido durante el atraco perpetrado en la avenida Tejada Sorzano el martes 27 de enero.
Mamani aseguró que ha concluido la primera fase de la investigación del caso con la identificación positiva de los protagonistas del asalto seguido de muerte, sus declaraciones y la recolección de pruebas, que a partir de esta semana son procesadas por peritos para elaborar el requerimiento conclusivo, que será puesto a consideración del juez penal que conocerá la causa.
El Código de Procedimiento Penal vigente establece que los investigadores disponen de seis meses para llevar adelante este proceso, al cabo de los cuales debe comenzar el juicio oral, público y contradictorio que concluirá con una sentencia condenatoria o absolutoria.
Caso YPFB-SIPSA
El fiscal Edwin Sarmiento, quien hasta la semana pasada trabajaba en la indagación del asesinato de O’Connor D’Arlach, asumió el lunes la responsabilidad de conducir las investigaciones del caso YPFB-SIPSA, que involucra directamente al ex presidente de la estatal petrolera Santos Ramírez, quien afronta otra querella, instaurada por los actuales ejecutivos de Yacimientos.
Los delitos con el que se pretende juzgar al mandatario
De acuerdo con la proposición acusatoria de la Prefectura de Tarija, la conducta del presidente Evo Morales se adecua a las previsiones de los siguientes delitos del Código Penal:
Art. 153 (resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes)
“El funcionario público o autoridad que dictare resoluciones u órdenes contrarias a la Constitución o a las leyes o hiciere ejecutar dichas resoluciones u órdenes, incurrirá en reclusión de un mes a dos años”. Este delito pudo haberse consumado al momento de suscribir y emitir el Decreto Supremo 29506, el 9 de abril de 2008.
Art. 154 (Incumplimiento de deberes)
“El funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función (…)”.
Morales subsume su conducta a este tipo al omitir cumplir con la atribución conferida en el artículo 196 de la Constitución Política del Estado entonces vigente, que le obligaba a cumplir y hacer cumplir la CPE y las leyes, siendo evidente que ha incumplido la Ley 1178 (Safco) al suscribir el DS 29506.
Art. 224 (Conducta antieconómica)
“El funcionario público o el que hallándose en el ejercicio de cargos directivos u otros de responsabilidad, en instituciones o empresas estatales, causare por mala administración o dirección técnica, o por cualquier otra causa, daños al patrimonio de ellas o a los intereses del Estado (…)”.
Este ilícito fue cometido al flexibilizarse las reglas de selección y contratación aplicables a YPFB, como resultado de la publicación del DS 29506.
IV. Con relación a la autoría y participación:
El artículo 20 del Código Penal establece:
“Son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente, por medio de otro o los que dolosamente prestan una cooperación de tal naturaleza, sin la cual no habría podido cometerse el hecho antijurídico doloso. Es autor mediato el que dolosamente se sirve de otro como instrumento para la realización del delito”. En este contexto jurídico, se reitera que YPFB no habría podido realizar la contratación con Catler- Uniservice sin la promulgación del Decreto 29506.
LOS DATOS
La Contraloría inició una investigación del contrato con Catler-Uniservice.
El Ministerio de Transparencia practicó una auditoría técnico-legal .
La Fiscalía investiga los hechos de corrupción que envuelven al ex Presidente de YPFB.
Más datos
La corrupción en YPFB se develó tras el asesinato de Jorge O’Connor, el 27 de enero.
Se conoce que la adjudicación de la planta separadora de líquidos de Río Grande fue irregular.
Se entregaron las obras a Catler-Uniservice, formada tres días antes de la firma del contrato.
El documento no fue protocolizado ante notario y tampoco llegó a la Contraloría.
Por estos actos irregulares, Santos Ramírez fue encarcelado en forma preventiva.
Se lo acusa de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, contratos lesivos y otros.
La acusación fue rechazadas por los ministros de Defensa Legal del Estado, Héctor Arce, y de Defensa, Walker San Miguel, quienes consideran que no tiene asidero legal.
La demanda fue interpuesta el viernes 27 de febrero ante la Fiscalía General de la República, en Sucre, a través de un memorial por el prefecto de ese departamento, Mario Cossío Cortez, y ayer se adhirieron a la causa sus colegas de Chuquisaca, Savina Cuéllar; de Santa Cruz, Rubén Costas, y de Beni, Ernesto Suárez.
En la demanda se acusa al Mandatario de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
El fiscal general, Mario Uribe, dijo, según Efe, que la “proposición acusatoria” aduce que Morales supuestamente violó la ley al emitir un decreto que reformó las normas sobre contratación de bienes y servicios en la petrolera estatal.
El Decreto 29506, aprobado el 9 de abril de 2008, en su artículo 3 dice: “Se autoriza a YPFB la contratación de obras, bienes, servicios generales y servicios de consultoría, para el desarrollo de todas las actividades de la cadena de los hidrocarburos señaladas en los artículos 14 y 31 de la Ley de Hidrocarburos”.
La norma, aprobada un mes después de que asumiera el cargo el ex presidente de YPFB Santos Ramírez, tenía el objetivo, de acuerdo con el Gobierno, de establecer procedimientos de contratación ágiles, eficientes y transparentes que respondan a los requerimientos y necesidades de fortalecimiento y reestructuración de la empresa petrolera estatal.
Según resume la proposición acusatoria, el departamento de Tarija es uno de los más perjudicados porque posee el 80 por ciento de las reservas de gas del país y vive de los ingresos que genera su explotación.
“El Decreto 29506 abrió las puertas a un manejo discrecional de los recursos que administra YPFB, cuyo accionar hoy está marcado por escandalosos hechos de corrupción públicamente demostrados, que se originan precisamente en la decisión del presidente Evo Morales expresada en ese sui géneris decreto supremo que lleva su firma y que lo convierte en autor directo de los ilícitos que hoy se denuncian”.
La proposición agrega que el Presidente de la República, al generar reglas excepcionales de contratación que contradicen las establecidas en la Ley 1178, de modo directo ha dado lugar a que se ejecute un decreto supremo por encima de una ley de la República.
Precisa que sin estos instrumentos legales no habría sido posible firmar el contrato con la asociación accidental Catler-Uniservice para la construcción de una planta separadora de líquidos.
El ministro Walker San Miguel aseguró que la acusación pretende constituirse en una “cortina de humo” sobre las responsabilidades de Cossío en el intento de “golpe cívico prefectural” gestado en septiembre del año pasado contra Morales.
Además no tiene sustento legal, por lo que el Gobierno confía en que será rechazada, sin embargo se evaluará si amerita la presentación de una demanda penal contra el prefecto Cossío.
El ministro Arce precisó que “la norma (el Decreto 29506) tiene su justificación y amparo en la legalidad. El hecho de que no se haya aplicado correctamente en este caso específico de YPFB, por lo cual se está llevando una investigación, no quiere decir que el marco legal con el que trabaja el Gobierno tenga errores, vicios”. Añadió que para hacer una fiscalización previa y posterior se creó un Ministerio.
Luis Córdoba pedirá libertad
Aunque fue suspendido el careo que debieron sostener ayer los acusados Luis Fernando Córdoba y Franz Michael Rodríguez Caero sobre los pormenores del atraco ocurrido el 27 de enero en la avenida Tejada Sorzano, el abogado defensor del ex empleado del fallecido Jorge O’Connor D’Arlach, Williams Sánchez Peña, anunció que solicitará hoy la libertad pura y simple de su cliente.
El acto judicial solicitado por la Fiscalía de Homicidios fue dejado ayer sin efecto como consecuencia de que, por diversas razones, demoró alrededor de una hora y media en instalarse y los dos detenidos debían regresar al penal de San Pedro, donde cumplen detención preventiva por la muerte del empresario tarijeño.
Sin embargo, Rodríguez Caero aseguró en el Ministerio Público que no conoce a Luis Fernando Córdoba y retiró sus declaraciones con respecto a que el golpe había sido planificado en El Caballito, un local de diversión nocturno perteneciente a Ernesto Córdoba, quien también se halla bajo detención preventiva.
Rodríguez Caero, quien en principio había solicitado acogerse a proceso abreviado para minimizar la condena que recaería sobre él, sostuvo que, si bien su firma aparece en la declaración en la que inculpa a Luis Fernando Córdoba y admite haber participado en el atraco, fue obligado a rubricar documentos en blanco cuyo contenido desconocía y que en éstos figura la firma del fiscal de Homicidios, Luis Mamani, quien no estuvo presente mientras era interrogado.
Fiscalía encuentra más pistas
El fiscal de Homicidios, Luis Mamani, quien tiene bajo su responsabilidad la investigación del asesinato del empresario Jorge O’Connor D’Arlach, aseguró que tiene indicios de que la acusada Sandra Verónica Mamani Quispe se reunió después del atraco con Ernesto Córdoba en el club nocturno El Caballito para entregarle parte del dinero arrebatado al fallecido durante el atraco perpetrado en la avenida Tejada Sorzano el martes 27 de enero.
Mamani aseguró que ha concluido la primera fase de la investigación del caso con la identificación positiva de los protagonistas del asalto seguido de muerte, sus declaraciones y la recolección de pruebas, que a partir de esta semana son procesadas por peritos para elaborar el requerimiento conclusivo, que será puesto a consideración del juez penal que conocerá la causa.
El Código de Procedimiento Penal vigente establece que los investigadores disponen de seis meses para llevar adelante este proceso, al cabo de los cuales debe comenzar el juicio oral, público y contradictorio que concluirá con una sentencia condenatoria o absolutoria.
Caso YPFB-SIPSA
El fiscal Edwin Sarmiento, quien hasta la semana pasada trabajaba en la indagación del asesinato de O’Connor D’Arlach, asumió el lunes la responsabilidad de conducir las investigaciones del caso YPFB-SIPSA, que involucra directamente al ex presidente de la estatal petrolera Santos Ramírez, quien afronta otra querella, instaurada por los actuales ejecutivos de Yacimientos.
Los delitos con el que se pretende juzgar al mandatario
De acuerdo con la proposición acusatoria de la Prefectura de Tarija, la conducta del presidente Evo Morales se adecua a las previsiones de los siguientes delitos del Código Penal:
Art. 153 (resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes)
“El funcionario público o autoridad que dictare resoluciones u órdenes contrarias a la Constitución o a las leyes o hiciere ejecutar dichas resoluciones u órdenes, incurrirá en reclusión de un mes a dos años”. Este delito pudo haberse consumado al momento de suscribir y emitir el Decreto Supremo 29506, el 9 de abril de 2008.
Art. 154 (Incumplimiento de deberes)
“El funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función (…)”.
Morales subsume su conducta a este tipo al omitir cumplir con la atribución conferida en el artículo 196 de la Constitución Política del Estado entonces vigente, que le obligaba a cumplir y hacer cumplir la CPE y las leyes, siendo evidente que ha incumplido la Ley 1178 (Safco) al suscribir el DS 29506.
Art. 224 (Conducta antieconómica)
“El funcionario público o el que hallándose en el ejercicio de cargos directivos u otros de responsabilidad, en instituciones o empresas estatales, causare por mala administración o dirección técnica, o por cualquier otra causa, daños al patrimonio de ellas o a los intereses del Estado (…)”.
Este ilícito fue cometido al flexibilizarse las reglas de selección y contratación aplicables a YPFB, como resultado de la publicación del DS 29506.
IV. Con relación a la autoría y participación:
El artículo 20 del Código Penal establece:
“Son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente, por medio de otro o los que dolosamente prestan una cooperación de tal naturaleza, sin la cual no habría podido cometerse el hecho antijurídico doloso. Es autor mediato el que dolosamente se sirve de otro como instrumento para la realización del delito”. En este contexto jurídico, se reitera que YPFB no habría podido realizar la contratación con Catler- Uniservice sin la promulgación del Decreto 29506.
LOS DATOS
La Contraloría inició una investigación del contrato con Catler-Uniservice.
El Ministerio de Transparencia practicó una auditoría técnico-legal .
La Fiscalía investiga los hechos de corrupción que envuelven al ex Presidente de YPFB.
Más datos
La corrupción en YPFB se develó tras el asesinato de Jorge O’Connor, el 27 de enero.
Se conoce que la adjudicación de la planta separadora de líquidos de Río Grande fue irregular.
Se entregaron las obras a Catler-Uniservice, formada tres días antes de la firma del contrato.
El documento no fue protocolizado ante notario y tampoco llegó a la Contraloría.
Por estos actos irregulares, Santos Ramírez fue encarcelado en forma preventiva.
Se lo acusa de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, contratos lesivos y otros.
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