domingo, 24 de febrero de 2013

Hay casi 5.000 causas por corrupción

El Ministerio Público tiene solo 38 fiscales anticorrupción para atender cerca de 5.000 causas denunciadas en todo el país, a esto se suma la falta de policías investigadores y los pocos designados por el Comando de la Policía Nacional que tienen corta permanencia en el proceso y su cambio repentino genera un perjuicio en la labor investigativa.

Así lo aseguraron el fiscal general, Ramiro Guerrero, y la ministra de Transparencia, Nardi Suxo, tras una reunión conjunta donde coordinaron acciones de lucha contra la corrupción.

Guerrero y Suxo reconocieron que tienen poco presupuesto y personal para encarar una labor eficiente y adecuada en materia de lucha contra la corrupción.

En ese marco, ambas autoridades, que se reunieron con sus equipos de trabajo, decidieron solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas un mayor presupuesto que permita fortalecer la lucha contra la corrupción en Bolivia y atender las cerca de 5.000 denuncias en la Fiscalía.

La ministra reveló que en los últimos años recuperaron más de $us 120 millones por daño económico al Estado y el fiscal general agregó que inicia una transformación del Ministerio Público con una depuración general.

"Estamos trabajando en temas puntuales que tienen que ver con la tarea coordinada que tenemos que encarar ambas instituciones en esta lucha contra la corrupción en todo el país", señaló Guerrero, quien reiteró su solicitud al Gobierno de un presupuesto adicional de Bs 90 millones para nuevos ítems de fiscales y reforzar las unidades de investigación.

Suxo reclamó porque varias instituciones y víctimas de hechos de corrupción no se constituyen en querellantes a la hora de iniciar un proceso judicial y dejan solos al Ministerio Público y al Ministerio de Transparencia en el trámite de un juicio.

sábado, 23 de febrero de 2013

Hay 4.800 denuncias de corrupción para solamente 38 fiscales



Sólo 38 fiscales anticorrupción atienden 4.800 denuncias en el país, en promedio de 126 casos por cada uno, reveló el máximo representante del Ministerio Público, Ramiro Guerrero.

La situación de deficiencia también afecta al Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción porque no cuenta con investigadores policiales asignados a este tipo de casos.

Ante ese cuadro, el fiscal general, Ramiro Guerrero, y la ministra de Transparencia, Nardi Suxo, ofrecieron una conferencia de prensa en la que se comprometieron a unir esfuerzos, tal como establece la Ley Orgánica del Ministerio Público.

Guerrero incluso anunció que, de ser necesario, se conformarán equipos especializados entre ambas instituciones.

Suxo dijo estar “sorprendidísima” al saber que casi 5.000 denuncias son atendidas por 38 fiscales. “Esto, como ustedes sabrán, es imposible”, advirtió y luego se comprometió a pedir al Ministerio de Finanzas mayor presupuesto para enfrentar esta lucha en Bolivia.

“La corrupción no deja huellas. La corrupción no deja recibo ni factura. Éste es un tema que tiene que ser trabajado por personal especializado y aquí no hay ni auditores forenses ni informáticos forenses, no hay un equipo que esté acompañando el trabajo del Ministerio Público”, lamentó la ministra.

Sin embargo, reconoció que no es muy diferente la situación en su despacho. Reveló que su oficina no cuenta con investigadores y que en algunos procesos los policías son cambiados cuando están en pleno trabajo.

Dan libertad a juez que encarceló a Ostreicher

El exjuez Fernando Orellana, que ordenó la detención en la cárcel de Palmasola del estadounidense Jacob Ostreicher y que fue acusado de incumplimiento de deberes, salió favorecido con medidas sustitutivas ayer otorgadas por el juez José Subieta.

El fallo fue emitido después de una maratónica audiencia que se inició a las 9:00 y se prolongó hasta casi las 20.00.
Orellana fue imputado por el delito de incumplimiento de deberes por la comisión de fiscales integrada por Fernando Cabrera, Mabel Andrade, Olvis Égüez, Ángel Álvarez y Mario Mercado.

Los representantes de la Fiscalía fundamentaron que Orellana incurrió en delito por no apegarse a la ley y por dejarse presionar por los abogados del Ministerio de Gobierno de entonces y que ahora están presos, acusados de extorsión.
A la audiencia asistió Ostreicher, que al final del acto dijo estar decepcionado con el fallo del juez. Indicó que no era posible que un juez que lo envió preso siendo inocente ahora esté libre

viernes, 22 de febrero de 2013

Sentencian a tres ejecutivos de Semapa por actos de corrupción

Tres ejecutivos de la empresa de Servicio Municipal de Agua Potable de Cochabamba (Semapa) fueron sentenciados el viernes a una pena privativa de libertad de hasta tres años por la firma ilegal de contratos para la ejecución de obras, informó el Ministerio de Transparencia, a través de una nota de prensa.

'Los ex tres ejecutivos son sentenciados por la suscripción irregular de contratos para la construcción de obras civiles y la construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable, con las empresas Construma Ltda. y Viso Ltda., contratos que han provocado un millonario daño económico al Estado', establece la nota.

El Ministerio de Transparencia denunció estos hechos ante el Ministerio Público que investigó e imputó a los ex ejecutivos por delitos de conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, uso de instrumento falsificado, y peculado.

La sentencia condenatoria determinó una pena privativa de libertad de tres años para Eduardo Rojas Gastelú, ex Gerente General de Semapa, 3 años y 6 meses de privación de libertad contra Nelson Tapia Claros y una pena privativa de libertad de 2 años y 6 meses contra Oscar Gálvez Padilla.

La denuncia formal del caso, fue interpuesta por autoridades del Ministerio de Transparencia el 26 de mayo de 2008, identificando además la adquisición irregular de 'andrasita', un material utilizado para la planta de tratamiento Taquiña; construcción con irregularidades de un muro de contención en la Planta de Cala Cala y el pago de 23.000 para la adquisición de gasolina, para un solo vehículo de una estación de servicio que no tenía contrato con la empresa.

viernes, 15 de febrero de 2013

El ama sua corre el riesgo de enterrarse por la corrupción

Era una de las promesas del proceso de cambio: erradicar la corrupción. Evo Morales calificó al movimiento indígena como la reserva moral del planeta Tierra y se incluyó en la Constitución el principio ama sua (no robes, en quechua), como un ideal a seguir. Sin embargo, a siete años de asumir la Presidencia, Morales dijo en un discurso, el pasado sábado, que el funcionario público que quiera robar, lo hará de cualquier forma.

El contexto de la declaración del presidente era una reflexión de que no importa si una obra se realiza por licitación o por compra directa, pero Raúl Prada, exasambleísta del MAS y actual crítico del Gobierno, considera que durante el segundo mandato de Evo se han archivado los preceptos de la nueva Constitución, se lo ha dejado como marco teórico, pero se sigue con viejas prácticas.
Gustavo Torrico, exdiputado masista y exviceministro de Morales, matiza un poco los términos. Cree que el presidente se refiere a que ningún sistema garantizará que no se robe. Sin embargo, admite que hay un problema estructural, cultural que hace que el corrupto sea incluso socialmente aceptado.

La izquierda no es virgen
La corrupción, para Prada, es un problema recurrente de los gobiernos de izquierda. Considera que, a diferencia de los regímenes de derecha, la izquierda expande a las bases. Ve este fenómeno reproducirse desde la Revolución Nacional de 1952, continuar con el MIR y afincarse en el Gobierno de Evo.
Pero a ello suma que se ha instrumentalizado la corrupción como una forma de gobernar, de comprar y coptar dirigentes sociales para garantizar cierta gobernabilidad. “Este Gobierno ha renunciado a las transformaciones institucionales y las ha suplantado por el teatro político, por remplazar la realidad por la propaganda política y ha creado una ilusión estadística en detrimento de la transformación económica”, dice.

El analista y exministro de Desarrollo Sostenible de Carlos Mesa, Gustavo Pedraza, suma además el hecho de que la ética funcionaria por si sola no detiene la corrupción, sino que hay que ayudarle con cierta institucionalidad y niveles de control que le hagan al funcionario sentirse vigilado.
Pero tal vez ni siquiera eso sea suficiente. Torrico recuerda que cuando llegaron al Gobierno, Evo decidió no hacer masacre blanca y dejar a los funcionarios de la derecha en la administración pública. Eso provocó que no se corte el esquema que ya había antes del proceso de cambio. Pero incluso va más allá. “Hay un problema moral, los valores están invertidos en nuestro país. Si usted asume un cargo público y no roba, usted no es un tipo honrado, usted es un cojudo. Si entra y roba, usted no es un ladrón sino un bandido (un digno representante de la ‘viveza criolla’)”, explica.

Es por eso que Prada duda que el ama sua prospere si no se le suma otro principio apuntado por otra exconstituyente recientemente apartada de los círculos de poder: el ama llunku (no sea servil) pedido por Rebeca Delgado. Para Prada, de momento, esos principios y valores de la Constitución son solo enunciados, banderas que se muestran, aunque las acciones sean completamente contradictoras.

Los casos más sonados

Santos Ramírez
Caso Catler
Era el vicepresidente del MAS y uno de los posibles sucesores de Morales. Dejó el Senado para convertirse en presidente de YPFB. En enero de 2009 fue arrestado por estar vinculado a un negociado por la planta separadora de líquidos de Río Grande. Fue condenado

Gerson Rojas
Caso Planta De Yacuiba
La construcción de la planta separadora de líquidos en Yacuiba también tuvo problemas. Un accidente de tránsito develó un supuesto negociado en el precio de la obra por parte de Gerson Rojas y otros funcionarios que ahora son procesados por enriquecimiento ilícito.

Boris Villegas
Caso Ostreicher
Junto a Fernando Rivera Tardío, Isabelino Gómez, Denis Rodas y otras personas, supuestamente crearon una red de extorsión que funcionaba en los ministerios de la Presidencia y de Gobierno, a través de nexos con jueces y fiscales en todo el país.

La contratación se ha relajado para acelerar la ejecución

La licitación de una obra
puede ser un proceso moroso en la que la mayoría de las empresas invierten hasta seis meses. También son procesos que pueden quedar truncos o ser anulados y comenzar de nuevo todo el recorrido. Es considerado el más confiable

Contratación directa o por excepción
Se la utiliza para obras de bajo costo. La entidad contratante se salta del trámite burocrático de seleccionar empresas e invita a los que considere idónea para el trabajo

Llave en mano, con malos recuerdos
En este sistema, el contratista y los constructores arreglan una determinada suma para realizar una obra. En algunos casos, los contratados se encargan incluso del diseño final del proyecto.

Los sistemas de control se relajan para esquivar a la burocracia del estado
La compra directa y los contratos llave en mano han sustituido a las licitaciones nacionales e internacionales para adquirir bienes y servicios en el Estado. Desde que asumió la Presidencia, Evo Morales ha visto en los trámites burocráticos un lastre que evita que sus ministros tengan una ejecución presupuestaria adecuada.
Para Gustavo Pedraza, este tipo de contratos ha favorecido más a la corrupción, ya que no hay un seguimiento cercano ni fiscalización como en el caso de la obras que son licitadas.
Justamente la modalidad de contratación de llave en mano se utilizó para los dos mayores escándalos de corrupción del Gobierno de Morales: las plantas separadoras de líquidos para el gas que se exporta a Brasil.
También llave en mano era la modalidad que se utilizó para entregar la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos a la constructora brasileña OAS. Allí la oposición observó sobreprecios, aunque en este caso nunca se llegó a comprobar.
Uno de los mayores orgullos del presidente Morales es que la población en general reconoce que él ‘no es ladrón ni flojo’, pero al mismo tiempo admite que las dos principales falencias del Gobierno se refieren a que no ha podido controlar ni la corrupción ni el narcotráfico. Raúl Prada considera que el Gobierno no fracasa en su control al narcotráfico, sino que ha establecido en este delito una forma perversa de política económica.
“Ahora han emulado a EEUU y tratan de controlar, contener y lavar el dinero -dijo-. Estamos asistiendo a niveles sin precedentes de corrupción. Los grandes, los poderosos están haciendo negocios en grande. Los pequeños dirigentes también hacen negociados a su escala. El problema es que la corrupción vacía el espíritu de un proyecto político y solo le deja la cáscara”..

Hay una justificación casi ideológica de la corrupción
JORGE LAZARTE - POLITÓLOGO
Una cosa son esos principios morales que están en la Constitución y otra cosa es lo que hacen. Con esa frase, pareciera que el Gobierno se estuviera rindiendo ante la fuerza de los hechos y acá, lamentablemente, los hechos terminan convirtiéndose en una norma, por más que esto contradiga al orden jurídico.
De nada sirve la prédica de comportamientos morales y legales si, al final, los hechos de corrupción, que son una tradición en la administración del Estado en Bolivia, terminan imponiéndose. Todo este esfuerzo que se pone en la reforma educativa, en la descolonización del Estado terminan siendo inútiles.
Sin embargo, la frase del presidente es bastante desafortunada, creo que fue poco meditada. Esta frase lo que hace es alimentar cierto cinismo y tiene efectos muy nocivos. Con ella pareciera que el presidente se estuviera rindiendo, que no pudiera luchar contra la corrupción.
Además, más allá de continuar con estos viejos hábitos en el país, cierta gente del Gobierno parece encontrar un justificativo moral para robar. Lo que ahora se apropian ellos era lo que se apropiaban antes los otros, los de la derecha.
La diferencia es que ellos vienen del pueblo y los otros de la oligarquía. Con ello, creen que se están quedando con recursos que históricamente les pertenecían y es como si los estuvieran recuperando. Eso ya es una justificación ideológica de la corrupción


lunes, 11 de febrero de 2013

Encuesta afirma que Bolivia figura entre los países con altos niveles de corrupción

Un nuevo estudio sobre la corrupción en Latinoamérica contiene algunas cifras alarmantes: un promedio del 20 por ciento de la gente de la región dice que un policía o algún otro funcionario público le ha pedido un soborno en los últimos doce meses, comparado con un 5 por ciento en Estados Unidos, y un 3 por ciento en Canadá.

La encuesta del Barómetro de las Américas, realizada por la Universidad de Vanderbilt, cuyos resultados en detalle serán revelados el jueves en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Miami, muestran que en algunos países latinoamericanos como Haití, Bolivia y Ecuador, el número de personas que dicen haber recibido un pedido de soborno en el último año ha superado el 40 por ciento.

Esos tres campeones regionales de la corrupción están seguidos bastante de cerca por México, Perú y Honduras, donde el porcentaje de personas que dicen que algún policía o empleado público les ha pedido un soborno es del 31 por ciento, el 28 por ciento y el 26 por ciento respectivamente, según la encuesta realizada a 40.000 personas en 26 países.

Esta encuesta es uno de los mejores indicadores de la corrupción en los países, porque a diferencia de otras que miden la percepción de corrupción -preguntando a la gente cuánta corrupción hay en su país, algo que puede ser influenciado por los titulares del momento- ésta mide los incidentes concretos de extorsión que las personas han sufrido en carne propia.

Entre los países que se encuentran en el medio de la tabla de las víctimas de corrupción están Argentina, donde alrededor del 20 por ciento de las personas dicen que les han pedido pagar soborno en los últimos doce meses, Colombia (con el 16 por ciento) y Venezuela (con el 15 por ciento).

Sorprendentemente, entre los países que están por debajo del promedio regional de corrupción se encuentra Brasil, donde la presidenta Dilma Rousseff ha despedido a más de media docena de ministros por sospechas de corrupción, y donde un mega escándalo de corrupción gubernamental, que terminó con una condena de diez años de prisión al exalto funcionario del partido de gobierno José Dirceu, ha dominado los titulares de los últimos dos años.

Un porcentaje relativamente bajo de brasileños, el 11 por ciento, dicen que les han pedido un soborno durante los últimos doce meses, revela la encuesta. El país más honesto de Latinoamérica es Chile, donde sólo el 6 por ciento de la gente dice que le han pedido un soborno, dice la encuesta.

Elizabeth J. Zechmaeister, una profesora de Vanderbilt, a cargo de la encuesta que se realiza cada dos años, dijo que el porcentaje de víctimas de corrupción en la región subió en el 2012, pero que no es una tendencia uniforme en todos los países.

“Los países que hicieron subir el promedio regional son Ecuador, Bolivia, Haití y Honduras. Pero en Brasil, México y Argentina vemos una disminución de las víctimas de sobornos", dijo.

sábado, 9 de febrero de 2013

Ex cívico de Beni revela que Boris Villegas intentó extorsionarlo con $us 50.000

"Esta era una red que estaba funcionando tratando de sacar el mayor rédito posible, ellos andan espiando quienes eran factibles para poder actuar; me vieron a mí como un probable personaje para obtener lo que querían", indicó.

El ex presidente del Comité Cívico del Beni, Alberto Melgar, que guarda una detención domiciliaria por el caso de terrorismo, revelo que el ex asesor legal del ministerio de Gobierno, Boris Villegas, intento extorsionarlo con 50.000 dólares.

'Estoy viniendo en calidad de testigo a prestar mi declaración ante el fiscal, se sido notificado (?) este personaje de apellido Villegas estuvo presente en mi celda en el mes de julio (de 2011), o sea un mes antes que me secuestren, buscando cierto favorecimiento económico', dijo

Melgar, sin precisar mayores datos, aseguró que Villegas le pidió '50.000 dólares' cuando se presento a su celda en el penal de Mocoví.

'Esta era una red que estaba funcionando tratando de sacar el mayor rédito posible, ellos andan espiando quienes eran factibles para poder actuar; me vieron a mí como un probable personaje para obtener lo que querían', indicó.

En ese sentido, Melgar recordó que presentó el viernes una querella penal contra de cuatro ex funcionarios de Gobierno, por una supuesta participación en un violento traslado de la cárcel de Mocovi al penal de Palmasola en Santa Cruz.

Los querellados son el ex director de Régimen Interior, Boris Villegas; ex director nacional de Régimen Penitenciario, Jorge Sueiro; el juez Ricardo Maldonado, que ordenó su detención en Trinidad, y un policía cuyo nombre no precisó.

'Ustedes han sido testigos de la forma cruel, vil, inhumana en que fui secuestrado atropellando a mi familia, es por eso la querella penal', afirmó Melgar.

Niegan libertad a implicados en la red extorsiva

Durante una audiencia que se prolongó por casi nueve horas en la Gobernación de la cárcel de Palmasola, los involucrados en el caso de extorsión no lograron obtener su libertad.

Boris Villegas, Fernando Rivera, Denis Rodas, el exfiscal de Distrito Isabelino Gómez y el exfuncionario de Bienes Incautados Ramiro Pedro Ordóñez se sentaron frente al juez Gonzalo Yépez, que vino desde La Paz para dilucidar un recurso de acción de libertad presentada por los imputados.

La acción de libertad fue planteada contra el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez; el director nacional de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos; el jefe nacional de Inteligencia, Freddy Tórrez, además del juez José Subieta y otros.

El viceministro no se presentó, pero fue asistido por sus abogados. Tampoco lo hizo el juez Subieta, pero mandó un informe. Los imputados en su memorial denunciaron que se le vulneraron sus derechos porque fueron detenidos de forma ilegal y abusiva sin tener nada que ver en actos de extorsión por el caso del estadounidense Jacob Ostreicher.

Restituyen derechos

El abogado Freddy Fernández, que defiende a Denis Rodas y a otros imputados, consideró que, si bien se perdió el recurso de acción de libertad, se logró restituir varios derechos que les violaron a los imputados.

Fernández sostuvo que, por ejemplo, cuando sus defendidos planteaban recursos como la cesación de libertad, nadie les fijaba fecha y hora. Asimismo, dijo que a Isabelino Gómez le negaban el derecho a expresar su estado de salud y ahora se le tomó en cuenta

Se vienen más declaraciones



12 personas detenidas
Desde noviembre, cuando se desarticuló la red de extorsión, ya van 12 personas detenidas con orden judicial.

Se vienen declaraciones
Están pendientes las declaraciones del exfiscal Edward Mollinedo y del exjuez Fernando Orellana, que ordenó la detención de Ostreicher.

Dos exmagistrados
El vocal Zenón Rodríguez, que está suspendido de sus funciones y el exjuez Wilson Arévalo están incluídos en la investigación de la Fiscalía.

Las contradenuncias
Los fiscales de la comisión anticorrupción también tendrán que declarar porque fueron denunciados por los imputados.

jueves, 7 de febrero de 2013

Dictan una orden de captura contra Ariel Rocha

La policía ha dictado una orden de busca y captura internacional contra el expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz Ariel Rocha por su presunta vinculación con la red de extorsión a presos destapada en noviembre pasado, informaron hoy a Efe fuentes oficiales.

El paradero del magistrado no se conoce, si bien esta semana los medios de comunicación difundieron un vídeo supuestamente grabado en Colombia en el que niega su implicación en la citada red y se declara perseguido por la ministra de Justicia, Cecilia Ayllón.

En el vídeo, de casi una hora, el juez aparece flanqueado por sus abogados y familiares y asegura estar en la ciudad colombiana de Cali, a donde llegó, según dijo, atravesando "los controles migratorios correspondientes".

Rocha salió del país el pasado 9 de enero con un permiso legal de 15 días para tratarse de un problema de salud, y no existe constancia de que haya regresado al país.

El Gobierno pidió esta semana al juez que regrese para hacer frente a las acusaciones en su contra.

Este caso comenzó a investigarse en noviembre pasado, después de que el empresario estadounidense Jacob Ostreicher denunciara que los funcionarios implicados en la red de extorsión le pidieron 50.000 dólares a cambio de su libertad.

Ostreicher, que ahora se encuentra en libertad condicional, pasó casi 19 meses preso en una cárcel boliviana acusado de blanqueo de capitales en un caso relacionado con el narcotráfico, cargo que él niega.

Todo el caso del estadounidense se desarrolló en los tribunales de Justicia de Santa Cruz.

Desde que se destapó esta red ha sido encarcelada una docena de personas entre las que figuran asesores jurídicos del ministerio de Gobierno y fiscales.

También se han ido sucediendo en los últimos dos meses las denuncias de otras supuestas víctimas de esta red de extorsión.

La Fiscalía llamó a declarar al magistrado Rocha por este caso, pero como no asistió a la comparecencia, se instruyó su captura, y su vivienda y oficina fueron requisadas.

EFE

Implicados en el caso Ostreicher denuncian pinchazos telefónicos

Los principales acusados de la supuesta red de extorsión y corrupción, Fernando Rivera, Dennis Rodas y Boris Villegas, denunciaron que el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jorge Pérez, habría pinchado el teléfono de Marcela Revollo, diputada por el Movimiento Sin miedo (MSM).

Las revelaciones de las tres personas, fueron enviadas mediante un memorial ante el Juez de turno del Distrito Judicial de La Paz, donde también se encuentra el pedido de acción de libertad, presentado por los exfuncionarios del Ministerio de Gobierno, al que se unieron otros dos exrepresentantes judiciales de la ciudad de Santa Cruz, Isabelino Gómez y Ramiro Ordoñez.

Según las revelaciones de los detenidos en Palmasola, los pinchazos telefónicos y los actos de espionaje habrían sido por orden del viceministro Pérez, con equipos de la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelicn).

En la oportunidad se interceptó una de las conversaciones vía teléfono que tuvo la diputada Marcela Revollo (MSM) con dirigentes del TIPNIS, grabación que posteriormente el viceministro de Régimen Interior Jorge Pérez, presentó ante los medios de comunicación, para hacer notar que la diputada de la oposición tendría gente infiltrada en su oficina, quienes habrían proporcionado la grabación.

Las aseveraciones de Pérez, fueron desmentidas por los implicados en este caso. Los mismos calificaron de falsa y mentirosa dicha versión, ratificando que desde el Ministerio de Gobierno, se grabaron las conversaciones bajo las órdenes del Viceministro de Régimen Interior, audios que posteriormente fueron presentados como pruebas de un supuesto delito de sedición.

Los denunciantes recordaron también que no sólo se pinchó el teléfono de Revollo, sino también se lograron grabar las conversaciones del presidente Evo Morales con el alto mando policial, actitud que fue denunciada por la propia autoridad, por lo que, para cubrir el delito, se acusó a Boris Villegas de ser agente de la CIA.

Implicados en red de extorsión revelaron que hubo espionaje a diputada Revollo

Tales declaraciones se encuentran plasmadas en su memorial de acción de libertad que presentaron ante un juez de sentencia de La Paz. Herrera indicó que el MSM analizará las acciones jurídicas que se puedan seguir en adelante o, tal vez, simplemente se adjunten estas declaraciones de los ex abogados al proceso que Revollo sigue al ministro de Gobierno, Carlos Romero, por el delito de espionaje.

"Hemos tomado conocimiento de un memorial que ha presentado con una acción de libertad los implicados en la red de extorsión y lo que da cuenta es que ellos han participado en varios casos, entre ellos el espionaje a la diputada Marcela Revollo, que da cuenta de la conformación, de una denuncia, que hemos venido sosteniendo desde el Movimiento Sin Miedo y es que se montó una estructura desde el Ministerio de Gobierno para hacer seguimiento y persecución a las fuerzas opositoras", manifestó Herrera.

El vocero del MSM leyó el memorial de los ex abogados Denis Rodas y Fernando Rivera, firmado también por Boris Villegas, donde hicieron conocer que por orden del viceministro Pérez se realizaron escuchas telefónicas y espionaje a la diputada Revollo con equipos que fueron comprados por la Unidad de Ejecutora de Lucha Integral de Lucha Integral contra el Narcotráfico (UELICN).
De acuerdo al memorial, las declaraciones de Pérez sobre supuestas personas infiltradas en la oficina de Revollo que se dieron a la tarea de grabar la conversación que tuvo con indígenas del TIPNIS, es un extremo "falso, mentiroso y temerario".

"Fue desde el Ministerio de Gobierno en la persona de Jorge Pérez Valenzuela los que activaron y ejecutaron la interceptación de comunicación privada, contenidas en cualquier soporte, tanta fue la falta de vergüenza y cinismo que nos ordenó presentar una querella penal en contra de la asambleísta uninominal Marcela Revollo de Del Granado, por el delito supuesto de sedición, teniendo como principal prueba dicha conversación interceptada", señalaron los abogados en su memorial.

Asimismo, indican que el primer semestre de 2012 la UELINC, por determinación del encargado de contrataciones, realizó la contratación y adjudicación de equipos consistentes en radio escuchas y aparatos de intercepción telefónica, los mismos que estuvieron en poder del viceministro Pérez por el tiempo aproximado de seis meses.

Tanto Romero como Revollo enfrentan procesos penales por la grabación telefónica. Tras conocerse el hecho, el 8 de mayo de 2012, el ministro de Gobierno inició un proceso penal contra Revollo por el presunto delito de sedición e instigación pública a delinquir, bajo el argumento de que la legisladora estaría financiando la IX marcha indígena. Posteriormente, la diputada del MSM implantó una denuncia por espionaje en contra de Romero por la difusión de esta conversación privada.

El 26 de junio de 2012, poco después de conocerse este hecho, el presidente Evo Morales confirmó que su Gobierno había grabado "mensajes" y "comunicaciones" de la derecha, donde se confirmaba las intenciones de sus opositores de llevar adelante golpes de Estado.

"Hemos visto en algunas imágenes políticos infiltrados, candidatos de partidos de la derecha movilizando, o ex autoridades de la derecha junto con los policías marchando, siento que ellos están usando, confundiendo a nuestra Policía Nacional para conspirar contra la democracia, contra el pueblo boliviano, algunos políticos dicen que no es golpe de Estado, yo quiero hermanas y hermanos, tenemos grabado mensajes donde están preparando golpes de Estados, después también grabamos de sus comunicaciones dicen: ‘que nos están grabando, debemos cuidarnos’, hasta eso tenemos grabado", reveló Morales.

Esas declaraciones de Morales se dieron en el acto del 33 aniversario de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), que se realizó en la plaza Villarroel de la ciudad de La Paz.

lunes, 4 de febrero de 2013

Prófugo reaparece en video pero no da la cara y culpa a la Ministra de Justicia

El ex presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz, Ariel Rocha, reapareció en las últimas horas a través de un video y documentos que, bajo el rótulo de “Discurso al Presidente”, acusa a la ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, de haber desatado una persecución política en su contra.

Rocha fue vinculado con la red de extorsión que operaba al interior del Gobierno y que se destapó a inicios de diciembre pasado, por lo cual, supuestamente, salió del país. En las últimas horas el ex juez reapareció en un video donde brinda una conferencia de prensa, según él, desde Cali, Colombia y en la que rechaza cualquier tipo de vinculación con la red. El video se encuentra colgado en la plataforma virtual Youtube.

En la conferencia Rocha asegura no haber escapado del país, ya que, con documentación en mano, alegó que su salida del territorio se debió a motivos de salud. También sostiene que las denuncias que lo vinculan con la red de extorsión no tienen fundamento legal, ya que existen elementos de prueba donde se demuestra ello.

“He sufrido una persecución política de la manera más cobarde y sucia por parte de la ministra Cecilia Ayllón, quien aprovechándose del poder que hoy, pero que al final no será eterno, lamentablemente llegué a ser juzgado, atacado, se allanó el Tribunal de Justicia, mi domicilio, tratan de involucrarme con una supuesta red de corrupción”, manifestó. Dijo además no tener el poder de la ministra, pero si el “poder de la verdad”.

En la conferencia, de 59 minutos, Rocha también afirmó no tener miedo a ser encarcelado, pero en su momento, dijo, demostrará con todas las pruebas que no tiene responsabilidad en este caso. Actualmente existe una orden de aprehensión en contra del ex juez por el caso de extorsión.

Según Rocha el único delito que habría cometido es apoyar al proceso de cambio liderado por el presidente Evo Morales, pues bajo esa consigna trató de mejorar la justicia en el departamento de Santa Cruz. “Presidente (Evo Morales) jamás hablaré en contra de usted como muchos pretenden”, enfatizó, para posteriormente sostener que no es militante del MAS.

Sobre la orden de aprehensión en su contra, Rocha mencionó que la misma carece de fundamento, ya que nunca tuvo una imputación dentro del caso y hasta la fecha tampoco existen más que declaraciones de testigos que lo vinculan con el caso.
En el video, Rocha muestra un legajo de documentos, audios y recortes de periódicos que envió al presidente y con los que ratifica que no tendría relación con el grupo liderado por los ex abogados del Ministerio de Gobierno y que ahora se encuentran detenidos en el penal de Palmasola de Santa Cruz.

El pasado 30 de enero el Consejo de la Magistratura de Santa Cruz determinó suspender de sus funciones a Rocha. La decisión fue asumida por el Tribunal Disciplinario del TDJ tras realizar una audiencia en contra de la ex autoridad por abandono de funciones a la presidencia del Tribunal Departamental de Justicia.

Se acusa a Rocha de ser parte de la red de extorsión al haber coadyuvado, presuntamente, en las resoluciones asumidas en contra del ciudadano estadounidense Jacob Ostreicher, a quien, además, pidió en la conferencia de prensa que se "manifieste" sobre si alguna vez "le hizo daño o interfirió en su proceso".

Tras la salida del país, la justicia determinó expedir una orden de captura internacional en contra de Rocha que debe ser ejecutada por la Policía Internacional (Interpol), ya que desde el pasado 17 de diciembre, día en el que pidió una licencia por motivos de salud, no se ha sabido de su paradero, pues se presumía que estaba en Argentina.

El video está colgado en la siguiente dirección: