domingo, 30 de diciembre de 2007

Hermano de Gerente Regional de la Aduana es el “capo” del DBU

Noticia publicada el 30 de Diciembre de 2007 en El Diario


El ingeniero Jaime Sánchez, gerente de Operaciones Nacionales de Depósitos Bolivianos Unidos (DBU) es el hermano del gerente Regional de la Aduana de La Paz, general Luis Fernando Sánchez, denunció, este sábado, el senador de Podemos, Róger Pinto, quien lamentó que el nepotismo se haya apoderado de la Aduana.

Pinto calificó a este nuevo caso de nepotismo en la administración pública como un nefasto caso de corrupción que se apoderó del aparato estatal donde los más beneficiados son el personal jerárquico de las instituciones como es el caso de la Aduana.

“Cada vez que nos ponemos a investigar las irregularidades en la Aduana Nacional, nos encontramos con llagas de donde sale pus de tanta anormalidad; no se puede entender cómo gente que sirvió a la patria durante 35 años en el Ejército y llegó al generalato ahora ampare semejante corrupción”, afirmó el legislador.

Pinto lamentó que gente como Amilcar Heredia, supuesto chofer de la hermana del presidente Evo Morales, sin título profesional haya ejercido hasta el viernes pasado el cargo de administrador de la Zona Franca Industrial (autos Chutos) y Comercial de la Aduana Nacional, ubicada en la carretera a Oruro.

Dijo que estas irregularidades son amparadas por el presidente de esta entidad, general César López Saavedra y el gerente general, José Valdivia, quien ocupó cargos jerárquicos en los sucesivos gobiernos del MIR, ADN–MIR y Nueva Fuerza Republicana (NFR).

El parlamentario solicitó a la Dirección de Fiscalización de la Aduana que investigue cada una de las actuaciones de Heredia, quien estaría implicado en la defraudación impositiva, mediante mal uso de los valores de la mercadería que ingresa al país vía contrabando, al considerar que se dedica a despachar camiones repletos de mercadería de dudosa procedencia con valores muy bajos a los reales.

Más casos

De la misma manera se conoció la denuncia de comerciantes mayoristas que pusieron en duda el título de ingeniero del administrador de la zona Franca de Charaña, Vladimir Ramiro Rodrigo, quien tampoco tendría experiencia en comercio exterior, se estaría dedicando a usufructuar del contrabando, penado por las leyes en vigencia.

Recordó el legislador que la Aduana Nacional creó desde octubre pasado un Grupo de Inteligencia de Élite denominado “Buho”, paralelo y de apoyo al Control Operativo Aduanero (COA), que se dedica a realizar controles en las carreteras, no obstante, este grupo está compuesto por 24 militares en servicio activo, que reciben dos salarios, uno del Comando General Ejército y el otro de la Aduana.

Empero, los uniformados se hacen pasar por diferentes rutas del Altiplano como Fiscales y efectivos del Control Operativo Aduanero (COA), con lo cual sorprenden a los comerciantes, quienes se ven en la obligación de entregar dinero a cambio de su mercadería. Sin embargo, los mismos son posteriormente detenidos por los “verdaderos Fiscales y COA’s” que controlan la carretera Oruro - La Paz.

viernes, 28 de diciembre de 2007

Se destapa una red de corrupción en la Policía Nacional

Noticia publicada el 28 de Diciembre de 2007
Una red de corrupción compuesta por 70 policías de diferentes grados operaba en la Dirección Nacional de Recaudaciones de la institución policial en la falsificación de valores. El caso, que fue descubierto a través del trabajo de una empresa consultora contratada el 2006, ya es de conocimiento de la oficina de responsabilidad profesional de la institución del orden.
El comandante de la Policía, general Miguel Vásquez, dijo —a pesar de haber recibido amenazas de sus propios camaradas— que esta red provocó, a los uniformados, una pérdida de 380 millones de bolivianos al año.

“Yo quiero ser sincero en esto, hemos contratado una consultora a partir del año pasado y la Policía pierde mucho dinero en recaudaciones, en la venta de valores. Hemos encontrado valores falsificados, imprentas que se dedican a falsificar cédulas de identidad, licencias de conducir. Policías implicados en la falsificación de valores, muy grave todo eso lo vamos a dar a conocer”, dijo el general Vásquez.

La Dirección Nacional de Recaudaciones de la Policía Nacional centraliza todas las recaudaciones de recursos económicos que capta la institución por concepto de venta de licencias de conducir, carnets de identidad y la venta de valores en Tránsito, Identificación y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), entre otras instancias policiales.

Vásquez aseguró, en base al informe presentado por la consultora, que 70 uniformados se habrían beneficiado con los recursos económicos de la institución policial por concepto de venta de valores por lo que espera subsanar esta “grave irregularidad” en breve tiempo.

Durante la graduación de 136 subtenientes de la Academia Nacional de Policías (Anapol) el 14 de diciembre, el Comandante de la Policía admitió que hay corrupción en la institución del orden. En la oportunidad pidió cárcel para los corruptos de su institución. “Cuántos de estos policías corruptos, que son una minoría, irán a parar a la cárcel porque así debe ser, no podemos quedar mal por unos cuantos”, señaló el jefe policial durante su alocución en la Anapol.

“De acuerdo a ese informe perderíamos 380 millones de bolivianos al año producto de la corrupción, pero quiero reiterar no de todos, la gran mayoría (de los policías) apuesta por el cambio, hemos provocado una revolución de pensamiento, de cambio de conducta y la mayoría está en contra de esos pocos que no quieren desistir de este procedimiento”, agregó el jefe policial tras conversar ayer con la prensa en la Anapol, donde asistió a recibir una donación de 40 vehículos y 27 computadoras de parte de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia.

De acuerdo a un informe del Viceministerio de Régimen Interior, el caso de estos policías ya se encuentra en la oficina de responsabilidad profesional de la institución policial.

Los policías supuestamente involucrados en este caso podrían ser sancionados con la baja de la institución, según un ex miembro de la oficina de responsabilidad policial, que pidió mantener en reserva su identidad. “Si se comprueba se podría tipificar, de acuerdo a nuestros reglamentos, como una falta grave y las faltas graves se sancionan con la baja de la institución. Lo que se advierte es que aquí hay daño económico y hay víctimas múltiples, es la agravante que aumenta la sanción”, agregó la fuente policial consultada.

El Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, dirigido por Nardy Suxo, tomó conocimiento del caso.

jueves, 27 de diciembre de 2007

Dirigente del MAS usa auto incautado

Noticia publicada el 27 de Diciembre en La Prensa


La Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) admite que dio un vehículo en Santa Cruz a un masista, pero de forma legal, para atender una emergencia.

El diputado de Podemos Wilfredo Áñez denunció que el anterior sábado encontró en la terminal bimodal de Santa Cruz a Rubén Orozco Cáceres, supuesto militante del MAS, en poder de la vagoneta Toyota RAV 4 modelo 2005, con placa de control 1390-SLB, incautada al narcotráfico en el caso “Triple X” a mediados de este año.

El director nacional de Dircabi, Gonzalo Aguilar, explicó que el vehículo fue entregado de forma legal por la oficina distrital cruceña al senador suplente por el MAS Carlos Guasace Surubí para enviar vituallas y medicamentos a las zonas en emergencia al norte de Santa Cruz.

Agregó que Orozco, ex trabajador de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (Enfe), no manejaba el motorizado como denunció Áñez, y pedirá una aclaración pública.

Aguilar señaló que es legal proveer de un motorizado de los bienes incautados a parlamentarios si su fin es una urgencia. “Es que era para una emergencia

—dijo la autoridad—. (Se otorga) si hay un documento de permiso con días limitados”.

Este caso se suma a otro denunciado el 5 de noviembre, cuando una vagoneta Toyota Corolla fue encontrada en poder de Alberto Flores Peña, ex chofer del concejal masista “Chato” Peredo en Santa Cruz.

El Director Nacional de Dircabi explicó que ese motorizado fue entregado por el ex jefe distrital de Santa Cruz Dember Pedraza. “Tenía la documentación en orden, sólo que no lo devolvieron en su momento”.

A principios de este año, fueron destituidos dos jefes de Dircabi, también miembros del partido oficialista, por hacer mal uso de los bienes incautados al narcotráfico. Ambos son procesados por la justicia ordinaria. En enero se iniciará el juicio contra ellos, según Aguilar.

Se trata del ex director nacional de la entidad Wilge Vega, quien habitaba en una casa confiscada, y es acusado por la venta irregular de sustancias controladas incautadas (ácido sulfúrico).

Dember Pedraza, ex responsable de Dircabi Santa Cruz, fue denunciado por usar y chocar un vehículo, el que no devuelve hasta la fecha, y por el manejo arbitrario de joyas y ocho celulares confiscados.

El sábado 22 hallaron un vehículo incautado en la terminal de Santa Cruz.

Dircabi aclara que fue dado con orden a un senador del MAS para una emergencia.

viernes, 7 de diciembre de 2007

El soborno reina en Bolivia y Ecuador


Noticia publicada el Razon

7 de Diciembre de 2007 en LaLa corrupción en América Latina descendió el pasado año, aunque el soborno sigue siendo una práctica extendida en países como Bolivia y Ecuador, según un informe de la organización Transparencia Internacional (TI) presentado ayer en Berlín.

El estudio complementa el índice de corrupción mundial difundido por esta organización no gubernamental el mes de agosto, pero no es plenamente representativo pues no incluye la situación en México, Brasil y Chile, entre otros países.

Pese al descenso, la gente de los países analizados en Latinoamérica suspenden globalmente la actuación de sus gobiernos en la lucha contra la corrupción, pues sólo el 29% cree que esa lucha es “eficaz”, frente al 54% que la califica de “ineficaz”.

En Argentina estos índices son del 15% y 73%, respectivamente; en Bolivia del 25% y el 31%; en Guatemala del 24% y 59%; y en Perú del 20% y el 53%. Por el contrario, en Colombia el 49% de los ciudadanos considera “eficaz” la actuación del Gobierno contra la corrupción, frente a un 41% que la califica de “ineficaz”, y en Venezuela tienen una percepción positiva el 38% y negativa el 33%.

Según el director de programas de TI en América, Alejandro Salas, las víctimas de la corrupción en la región latinoamericana son las personas con menos recursos y eso agrava la situación de desigualdad y pobreza.

El grado de corrupción varía, pero los ámbitos en los que se impone el soborno a cambio de una prestación son generalmente los mismos: la policía, el sistema judicial, la política, el sistema de salud, la educación y los servicios. En la relación presentada por TI, América Latina aparece en cuarto lugar del mundo, donde más sobornos se pagan (el 13 por ciento de la población tuvo que hacerlo el pasado año para obtener un servicio público), por detrás de África (42%), Asia y Pacífico (22%), y Rusia (21%).

El país a la cabeza en el apartado latinoamericano es República Dominicana (28%), seguido de Bolivia (27%), Perú (18%), Panamá (13%), Venezuela (12%) y Argentina con 5% de encuestados a los que el 2006 se les pidió y pagó un soborno. Según Salas, esto denota que la corrupción aún forma parte de la vida de muchos latinos, pero también la falta de sensibilidad de la nueva generación de gobernantes hacia un problema que causa daños millonarios. Berlín, EFE

Sentencia para 8 de mil casos

De un total aproximado de 1.000 denuncias que conoce el Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, sólo ocho concluyeron en una sentencia ejecutoriada.

La información fue confirmada ayer por la titular de ese Viceministerio, Nardy Suxo, quien argumentó que esa instancia gubernamental no cuenta “con el apoyo concreto y decidido del Ministerio Público”. Y luego sentenció: “Tenemos un Ministerio Público débil, que no tiene institucionalidad”.

Suxo dijo que en el marco de sus atribuciones, su Viceministerio sólo realiza seguimiento y monitoreo de los procesos. “Nos hemos limitado a hacer nuestra tarea”, acotó e indicó que en algunos casos efectuaron la denuncia. Alrededor de 1.000 denuncias llegaron a este Viceministerio desde junio del 2006.

miércoles, 28 de noviembre de 2007

Evo echa a Mamani de Aguas por presuntos actos corruptos

Noticia publicada el 28 de noviembre en La Prensa


Por decreto y tras dos acusaciones en su contra, el presidente Evo Morales destituyó ayer a Abel Mamani del cargo de Ministro del Agua y puso en su lugar temporalmente al hasta hace poco viceministro de Cuencas, Wálter Valda.

“Lamentamos muchísimo las denuncias sobre nuestro ex Ministro del Agua —dijo el gobernante—. Tiene toda la tarea de esclarecerlas. Pero también quiero decir a los medios de comunicación que presentan de manera documentada aspectos de tema de corrupción, como en este caso, que nos permite combatir esta clase de problemas, pero especialmente el tema de corrupción”.

El 5 de este mes, Mamani fue acusado por la Asociación Nacional de Regantes de haber usado recursos del Ministerio para realizar dos viajes a Europa en compañía de su asesora personal Carla Borda, quien además es presidenta del directorio de la Empresa Pública Social del Agua y Saneamiento (EPSAS). A ambos se los ve en fotos tomadas en lugares de Roma. Él negó todos los cargos y explicó que está casado.

En contraparte, el 11 de este mes, Mamani acusó al senador del MAS Omar Fernández, líder de los regantes, al ex viceministro de Servicios Básicos René Orellana y a la embajadora de Bolivia en España, María del Carmen Almendras, de usar sus influencias para beneficiar a la Organización No Gubernamental (ONG) Agua Sustentable con un contrato.

El ex Ministro dijo que esas personas fundaron la organización y se adjudicaron con el apoyo de la Superintendencia del sector, el convenio en un proceso supuestamente irregular y con visos de corrupción. Los aludidos rechazaron las acusaciones y lo criticaron por su actitud.

Ese mismo día, el Gobierno ratificó a Mamani en el cargo y el portavoz presidencial, Álex Contreras, dijo que el Gobierno emitirá una posición una vez que terminen las investigaciones que se iniciaron al respecto.

Como corolario de las denuncias, hace dos días el cruceño Carlos Valverde, presentador de “Sin Letra Chica”, difundido por la red PAT, mostró cuatro fotografías íntimas supuestamente de Mamani en las que aparece ebrio y semidesnudo, acompañado de una mujer.

Anoche, en su discurso de destitución, el presidente Morales no se refirió directamente a esas fotografías sobre la vida privada de la ex autoridad, sino “a aspectos de corrupción”.

Tres horas antes de que el Presidente lo destituyera, Mamani dio una conferencia de prensa en su todavía despacho y aseguró que las imágenes difundidas fueron montadas por cuatro personas que lo extorsionaban: Óscar Gutiérrez, Wilson Magne, Luis Alberto Aguilera, y Raúl N.N, quienes, según ANF, eran cercanos a la dirigencia alteña.

Contó que le pidieron dos mil dólares para no publicar las fotografías y que, por eso, el 9 de este mes, sentó una denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

Además, dijo, que denunció la extorsión en la red Erbol, Cadena “A” y en un acto en el pueblo de Ancoraimes el 15 de este mes.

El Ministerio del Agua es una cuota de El Alto por defender el gas en 2003. Como el Ministro como es de Sucre estará en el cargo temporalmente.

como el nuevo Ministro es de Sucre, estará poco.

Impulsarán Plan Nacional de Cuencas

Según ANF, la posesión de Wálter Valda como titular del Ministerio del Agua fue sorpresiva, pues muchos esperaban que el sucesor de Abel Mamani sea el ejecutivo de la Central Obrera Regional de El Alto (COR), Édgar Patana.

Valda, tras ser posesionado, agradeció la confianza depositada por el presidente Evo Morales, quien dijo que el proceso de cambio del MAS es "irreversible" y remarcó que el agua es un recurso humano de vital importancia y que será de uso de los pueblos indígenas.

Aseguró que dará mayor impulso al Plan Nacional de Cuencas y al Consejo Técnico de Revitalización, para que supervise el trabajo de ese despacho que tiene el desafío de hacer realidad la Ley de Aguas.

Explicó que como su cargo es interino, se ocupará de mostrar la sensibilidad social y que temas referidos a una posible baja de las tarifas de agua potable serán tratados en profundidad, en los próximos días.


jueves, 15 de noviembre de 2007

Alcalde de Aucapata, en la Paz, se fuga con 45 mil dólares

Noticia publicada el 15 de Noviembre en El Deber

El alcalde del municipio de Aucapata de la provincia Muñecas de La Paz, Sabino Chambi, se dio a la fuga con 45 mil dólares, recursos provenientes del programa "Bolivia cambia, Evo cumple", informó este jueves el viceministro de Coordinación con los Movimiento Sociales, Sacha Llorenti.
Indicó que ya se presentó la denuncia ante el Ministerio Público para que proceda a la investigación. "Lo que denunciamos es un hecho delictivo, pero que es un caso aislado en este programa que ejecuta el Gobierno", afirmó.
Dijo que esos recursos representaban el primer desembolso del 40% del total de los recursos que debieron ser destinados a proyectos en salud y educación.

viernes, 9 de noviembre de 2007

La ex novia del Vicepresidente se va de cónsul

Noticia publicada el 9 de noviembre en La RAzon
La Cancillería de la República informó ayer que Shirley Orozco fue nombrada Cónsul General en Río de Janeiro, Brasil. La nueva representante diplomática es ex novia del presidente en ejercicio, Álvaro García Linera.

“Su nombramiento fue el 22 de octubre de 2007 bajo Resolución Ministerial 680/2007 del 22 de octubre de 2007, siendo designada en el cargo a partir del 1 de noviembre del presente año”, indica la citada información respecto a Orozco, quien es investigadora social.

“La nueva representante en el Consulado de Bolivia en la República Federativa de Brasil fue invitada por varias universidades extranjeras a brindar conferencias por sus varios trabajos en el análisis de la problemática social de nuestro país, como por las investigaciones realizadas sobre el surgimiento de los movimientos sociales en Bolivia”, agrega el comunicado.

En la Maestría en Ciencias Sociales de la Universidad de la Cordillera investigó las Estructuras de la Movilización del Movimiento Indígena Popular de El Alto en “Octubre Negro”.

“Actualmente tiene novia, la socióloga Shirley Orozco”, señala un perfil de García publicado en el portal Casa de América en la red internet en enero del 2006.

Shirley Orozco acompañó a García en la última campaña electoral y luego fue integrante del equipo de transición del gobierno en enero del 2006.

La ex novia del Vicepresidente se va de cónsul

Noticia publicada el 9 de noviembre en La RAzon
La Cancillería de la República informó ayer que Shirley Orozco fue nombrada Cónsul General en Río de Janeiro, Brasil. La nueva representante diplomática es ex novia del presidente en ejercicio, Álvaro García Linera.

“Su nombramiento fue el 22 de octubre de 2007 bajo Resolución Ministerial 680/2007 del 22 de octubre de 2007, siendo designada en el cargo a partir del 1 de noviembre del presente año”, indica la citada información respecto a Orozco, quien es investigadora social.

“La nueva representante en el Consulado de Bolivia en la República Federativa de Brasil fue invitada por varias universidades extranjeras a brindar conferencias por sus varios trabajos en el análisis de la problemática social de nuestro país, como por las investigaciones realizadas sobre el surgimiento de los movimientos sociales en Bolivia”, agrega el comunicado.

En la Maestría en Ciencias Sociales de la Universidad de la Cordillera investigó las Estructuras de la Movilización del Movimiento Indígena Popular de El Alto en “Octubre Negro”.

“Actualmente tiene novia, la socióloga Shirley Orozco”, señala un perfil de García publicado en el portal Casa de América en la red internet en enero del 2006.

Shirley Orozco acompañó a García en la última campaña electoral y luego fue integrante del equipo de transición del gobierno en enero del 2006.

Suxo desiste de indagar 2 casos

Noticia publicada el 9 de noviembre en La Razon


La viceministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardy Suxo, desistió de indagar a los ministros del Agua, Abel Mamani, y de Desarrollo Rural, Susana Rivero, por supuestas acciones irregulares.

Suxo envió ayer una carta a este diario en la que indica que se informó con un titular que “no tiene relación alguna con lo manifestado por mi persona en la Red Uno, sobre una posible investigación en contra de los Señores Ministros del Agua y de Desarrollo Rural”.

El miércoles 7 salieron a luz dos denuncias. Una contra Mamani, en sentido de que nombró accionista de la empresa de agua potable EPSAS a la concesionaria del servicio de comida del ministerio que dirige, Mercedes Condori Quispe. La otra contra Rivero porque habría hecho abrir un camino hasta su propiedad, en Beni.

Respecto a estas dos denuncias, Suxo declaró a la red Uno el miércoles: “Vamos a solicitar al ministro Mamani que nos pueda hacer un informe sobre este aspecto y verificar si existe o no algún tipo de hecho de corrupción; si así fuera, lo vamos a procesar como lo hacemos como en cualquier otro caso”. En relación a ello, la ministra Rivero declaró: “Vamos a solicitar a la Ministra de Desarrollo Rural nos pueda informar sobre este hecho”.

La carta de Suxo llegó a este diario luego de conocerse una misiva de la ministra Rivero a la viceministra en la que le reclama: “Debo expresar mi extrañeza pues no he sido notificada con ninguna denuncia que permita presentar mi posición”.

Luego de conocerse la denuncia contra Rivero, este diario entrevistó a la citada ministra en el acto de promulgación de la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas, en el Palacio de Gobierno. “Sé de qué me está hablando, como hubo inundaciones en el Beni, el Concejo Municipal con el alcalde Trinidad han aprobado una resolución para hacer un deflector, que es una circunvalación, es un proyecto que está apoyando el Gobierno municipal a través del Ministerio de Defensa en el que nada tiene que ver mi gestión, y mi estancia está cerca de donde va pasar la circunvalación”, dijo.

LAS DOS DENUNCIAS

Mamani • El Ministro del Agua habría nombrado accionista de la empresa EPSAS a la concesionaria del servicio de comida de su despacho, Mercedes Condori Quispe.

Rivero • La Ministra de Desarrollo Rural, según la denuncia de la Prefectura de Santa Cruz, habría hecho abrir un camino desde Trinidad hasta su propiedad. La citada ministra aclaró que esa gestión no fue del Gobierno, sino de la Alcaldía.

viernes, 2 de noviembre de 2007

El Gobierno echa a jefe del “Existo yo...” y hará auditoría

Noticia publicada el 2 de Noviembre en La Prensa

El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, destituyó ayer al director del Programa de Carnetización Gratuita “Existo yo, existe Bolivia” Percy Paredes por los errores cometidos al entregar carnets de identidad con igual numeración a distintos ciudadanos. El nuevo responsable de esa oficina anunció una auditoría para conocer con precisión las “equivocaciones”.

Miguel Ángel Albarracín, ex viceministro de Trabajo, asumió el cargo de Coordinador General de esa repartición, que desde marzo de 2006 ha entregado 353 mil documentos de identidad a hombres y mujeres de poblaciones campesinas en todo el país.

La Prensa informó el lunes que se hallaron 55 carnets “clonados” y entregados a pobladores de dos localidades distintas en Chuquisaca. El Comando de la Policía de ese departamento hizo la denuncia, luego de atender las quejas de los usuarios perjudicados.

Un día después, Percy Paredes mencionó públicamente que la cantidad de cédulas duplicadas podía ascender a 700 en todo el país.

Sólo un error

El ministro Rada explicó ayer: “Un error puede pasar, todos cometemos errores, pero cuando es un error en la conducción del Programa de Carnetización que pone en tela de juicio la transparencia del mismo Programa, el error es ya intolerable”.

El recién posesionado Albarracín opinó que “lo óptimo sería (efectuar) inmediatamente una auditoría para encontrar todas las causas (de la anormalidad) y poner las soluciones”. Ese proceso permitirá también conocer con exactitud cuántas cédulas se entregaron de forma irregular y “si hay mejores mecanismos para controlar o ejercer bien las funciones”.

El lunes, Paredes atribuyó los “errores” de duplicidad de cédulas a un problema técnico, por haber cargado los mismos códigos o numeraciones en dos computadoras distintas, que luego fueron enviadas a poblaciones también diferentes.

El ministro Rada explicó que la relación con la Policía Nacional —encargada de emitir cédulas de identidad a los ciudadanos por un costo de 17 bolivianos— “está en un óptimo nivel”.

Y es que el Ejecutivo emitió el 17 de octubre el Decreto Supremo 29313 para reponer a la Policía, con fondos del Ministerio de Gobierno, el precio de las cédulas valoradas entregadas por los agentes al Programa de Carnetización Gratuita. Al mismo tiempo, el Ejecutivo dispone la entrega de otras 108 mil papeletas.

El ministro Rada no dio ninguna explicación ayer sobre esta compensación y se limitó a posesionar a Albarracín. Éste también se excusó de dar alguna información acerca de ese tema.

“Sé que hay un apoyo en la parte técnica y de equipos donados por Venezuela. Son temas que he solicitado conocer hoy a mi antecesor (Paredes), pero él no está en La Paz, así que creo que voy a tener esa información el lunes a primera hora”.

Al inicio de las actividades, el Gobierno anunció que Venezuela apoyaba con ocho millones de dólares. Rada comentó además ayer que Canadá también coopera con el proyecto.

El propósito del Programa “Existo yo, existe Bolivia” es registrar oficialmente como ciudadanos bolivianos a todas las personas indocumentadas del área rural y urbana en el país.

Antes de abandonar el cargo, Percy Paredes afirmó que una posibilidad era traspasar las fronteras y entregar documentos a los bolivianos que radican en el exterior y de forma gratuita. Actualmente estas personas obtienen ese documento en las legaciones diplomáticas oficiales, previo pago de valores policiales.

El Programa de Carnetización tiene el objetivo también de habilitar a los ciudadanos para que puedan ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones presidenciales.

Los hechos del Programa de Carnetización Gratuita

El Decreto Supremo 28626, emitido el 6 de marzo de 2006, establece el objetivo de que todos los bolivianos del campo y la ciudad cuenten con su cédula de identidad personal para empadronarse en el Registro Civil y el Padrón Electoral.

El Programa permite entregar cédulas a los indocumentados sin la presentación de su certificado de nacido vivo. El decreto dice en su artículo 9 que la entrega de carnet “se efectuará con la sola verificación de la base de datos del Registro Civil, sin necesidad de la presentación física del certificado de nacimiento”.

La base de datos del Registro Civil es la fuente de información para el proceso de entrega de cédulas de identidad e inscripción en el Padrón Electoral en las provincias.

En marzo de 2006 se denunció públicamente que un módulo de la campaña de identificación gratuita fue instalado en la casa de un militante y ex candidato del MAS. El hecho provocó susceptibilidades en parlamentarios de la oposición.

En abril de este año, la Policía Nacional expresó su preocupación porque 80 civiles, la mitad de ellos del Movimiento Al Socialismo, transcribían en horario nocturno los datos personales de todos los ciudadanos con carnet de identidad a una base de datos del programa “Existo yo...”.

El Director del Programa explicó que se estaba digitalizando la información de la ciudadanía para modernizar la base de datos de la Dirección de Identificación Personal de la Policía. Pero el Programa no tenía ese mandato en el decreto de su creación.

Una semana más tarde, los civiles del MAS suspendieron su transcripción y los policías —se explicó entonces— retomaron ese trabajo. La digitalización de los ciudadanos de La Paz terminará en noviembre.

A principios de esta semana, la Policía de Sucre denunció que existen 55 casos probados de carnets duplicados en dos localidades distintas.

jueves, 25 de octubre de 2007

Los microempresarios pagaban cuotas por estar en la lista

Noticia publicada el 25 de Octubre en La Prensa
Los pequeño empresarios que intentaron acceder a los préstamos del programa Alba–TCP no lo hicieron de manea gratuita sino que debían abonar a sus matrices montos de registro, aunque los dirigentes aseguran que se trata de un “aporte institucional”.

El presidente de la Federación Departamental de la Micro y Pequeña Empresa (Fedemype) Cochabamba, Edgar Siles Medrano, confirmó que los afiliados a esa institución pagaron 100 bolivianos “como aporte”, pero de manera voluntaria. Según los denunciantes, fue la exigencia para ser registrados en las listas de candidatos para acceder a los créditos Alba–TCP.

Siles dijo que esos recursos fueron utilizados en la compra de equipos de oficina para esta federación, “nosotros tenemos una serie de requerimientos y logramos cumplir con esos aportes, ya tenemos computadoras, fax y teléfono que pudimos adquirir.

Sin embargo, una de las computadoras fue donada por el importador Moisés Calle, gerente propietario de la importadora que lleva su nombre, quien vendió aproximadamente 120 máquinas a los microempresarios del valle.

En vista de la “gran cantidad” de maquinaria que vendió a los pequeños empresarios, los afiliados reclamaron “la donación”. Calle aceptó y les hizo llegar el equipo.

Al margen de los 100 bolivianos, se pagaron 20 dólares por cada perfil elaborado, aunque este monto fue desmentido por Siles, quien dijo que “sólo se pidieron 100 bolivianos como aporte de los empresarios”.

Según la lista de la Federación de Pequeños Productores de Cochabamba (Fedeproco) 169 personas pagaron el monto “voluntario”, haciendo un total de 16.900 bolivianos, los mismos que habrían sido invertidos en la compra de equipos.

Dos familiares de un dirigente se beneficiaron con Alba–TCP

Noticia publicada el 25 de Octubre de 2007 en La Prensa


Dos familiares del dirigente de la Federación de Micro y Pequeña Empresa (Fedepyme) de Cochabamba, Edgar Siles Medrano, fueron los primeros beneficiados con los fondos del programa Alternativa Boliviariana para las Américas–Tratado de Comercio de los Pueblos (Alba–TCP), financiado con un crédito venezolano, según la documentación presentada al proyecto y a la que tuvo acceso La Prensa.

El dato se suma a un informe del Ministerio de la Producción y la Microempresa, aún no aclarado, donde se alerta —en abril—por la falta de rendición de cuentas de 11 millones de dólares de este programa bilateral.

Los documentos del programa develan que Siles Medrano registró a su esposa, Celina Vásquez Mamani; a su hermano, Vidal Siles Medrano y a su hijo Ariel Siles Vásquez en las listas de los empresarios que requerían apoyo del programa Alba–TCP. Dos de ellos, el hermano y la esposa fueron beneficiados con 15 mil dólares cada uno, y el hijo fue excluido de la lista.

En contacto con La Prensa, Siles admitió que sus tres familiares fueron incluidos en las listas aunque aclaró que su hijo no fue beneficiado, pero su esposa sí accedió a 15 mil dólares con documentos similares a las de su hijo, Ariel Siles.

En el Ministerio de Producción y Microempresa confirmaron que ambos figuran como beneficiarios pero dijeron que, en dicha institución, no se fijan sobre el parentesco familiar sino en las unidades productivas que presentan los requerimientos.

Aunque en el Ministerio aseguraron que no se tuvo contacto con Edgar Siles, el dirigente reveló a este medio que acompañó a sus afiliados para la gestión de los créditos y, junto a la dirigencia nacional, se reunió personalmente con la ministra Sosa.

El presidente del Comité de Defensa de la Industria Boliviana (Codeina), Porfirio Quispe, confirmó que las irregularidades involucran al ejecutivo de Fedemype, Edgar Siles.

El 26 de julio de 2006, las empresas “Ariel Jeans” y “Edsil Jeans” de propiedad supuestamente de Ariel Siles y de Celina Vásquez Mamani respectivamente, presentaron sus perfiles.

Sin embargo, la revisión de estos documentos permite ver varias similitudes, desde el tenor de la carta dirigida al viceministro de la Pequeña Empresa, Ramiro Uchani, hasta el croquis de la supuesta fábrica, que está en Villa Venezuela, frente al mercado Campesino y la calle Juan de la Rosa, de la capital del Valle.

Las dos empresas tienen la misma dirección, el mismo número de NIT 6.512.660.013 y el registro de Fundempresa es similar, 120940. La maquinaria que describen como “inventario del activo fijo”, es igual y asciende a supuestamente 24.900 bolivianos.

En los dos casos, los microempresarios declaran tener 16 empleados y pretenden incorporar otros dos. Incluso Celina Vásquez presentó como referencia el número de teléfono celular de su esposo, el dirigente Edgar Siles.

Para los microempresarios de La Paz, la generación de empleo en el doble de su capacidad actual fue uno de los requisitos. En cambio, la familia Siles sólo ofrecía generar dos empleos directos en esas fábricas, los demás son familiares.

De acuerdo con la planilla oficial del Ministerio de Producción y Microempresa, “Edsil Jeans” de Celina Vásquez fue beneficiada con una “bordadora industrial de 6 cabezales y nueve hilos”, con un costo de 15 mil dólares, la máquina fue entregada por la empresa “importadora Rubén Canaviri Flores” el 29 de diciembre de 2006. No figura en la planilla la fábrica “Ariel Jeans”, pero Edgar Siles declaró ser propietario de esa empresa de confección.

Pero al margen de su esposa, el hermano de Edgar Siles, Vidal, también accedió a 15 mil dólares y su perfil de proyecto tiene el mismo tenor que el de su cuñada y el de su sobrino, aunque difiere en la actividad.

Mientras sus familiares piden dinero para ingresar al mercado de la elaboración de pantalones para damas, Vidal requirió dinero para extender su actividad de “lavado y teñido de jeans” y le entregaron un caldero a un costo de 15 mil, también, el 29 de diciembre de 2006. En los dos casos no existe solicitud para capital de operaciones, simplemente, figura la maquinaria.

Su perfil de proyecto no establece el número de NIT y tampoco tiene registro Fundempresa, pero la Unidad Operativa de Proyectos del Alba-TCP autorizó el desembolso de los 15 mil en 2006.

Edgar Siles dijo que sus familiares tienen “todo el derecho” de beneficiarse con los préstamos. “Mi hermano es un pequeño empresario con muchos años de antigüedad y tiene todo el derecho de participar, nosotros hemos cumplido todos los requisitos” que exigía el Ministerio.

El lunes, en entrevista con Radio Panamericana, la ministra Celinda Sosa justificó la existencia de empresas colectivas familiares porque la naturaleza de trabajo así lo exige ya que, según dijo, “las familias elaboran partes de una misma prenda y, por tanto, no existen irregularidades en la adjudicación de créditos”.

Sin embargo, Porfirio Quispe dijo que en el caso de la familia Siles Vásquez, la madre y el hijo se dedican a la fabricación de pantalones, “vemos que tienen la misma maquinaria, requieren el mismo monto y tienen el mismo mercado, entonces eso no es empresa colectiva, es una misma empresa que se beneficia”.

Asimismo, dijo que en todo el país, los dirigentes elaboraron listas de posibles adjudicatarios y eso es irregular, según su percepción, “porque las federaciones departamentales tienen asociaciones y son las asociaciones las que debían presentar listas de sus afiliados y no la Federación, porque la relación es institucional y no personal.

Por las presuntas irregularidades, el Gobierno venezolano resolvió suspender el programa TCP-Alba.

El viceministro de la Pequeña Empresa, Ramiro Uchani, confirmó que el proyecto había sido suspendido. Aseguró que el Gobierno se responsabilizará para que los microempresarios cuenten con los recursos prometidos para la compra de maquinaria y desarrollo productivo.

Los microempresarios consultados el martes por La Prensa denunciaron que, en muchos casos, se firmaron contratos por montos totales que nunca se entregaron.

jueves, 18 de octubre de 2007

La Dolce Vita del ministro Abel Mamani

Noticia publicada el 17 de Octubre de 2007 en el Mundo de Santa Cruz


El ministro del Agua, Abel Mamani viajó a Madrid el pasado 14 de septiembre, donde participó de la VII Conferencia de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, en la que exhortó a que las Naciones Unidas considere el agua como un derecho humano. En el lugar se encontró con su asesora legal Carla Borda, con quien paseo por los lugares turísticos como la Fontana de Trevi, el Coliseo Romano, las ruinas de la Antigua Roma y los pasillo de Vaticano y a ella se la vió junto a un ramillete de rosas rojas
Precisamente ahora se encuentra en Roma buscando financiamiento para el proyecto Misucuni. El ministro del Agua Abel Mamani, a su retorno de Roma, dará a conocer los alcances de la negociación
El Ministro Abel Mamani, desde Roma, Italia, informó que logró avances significativos para consolidar el financiamiento que garantiza la construcción del proyecto Misicuni. A su retorno a Bolivia dará una conferencia de prensa para explicar los alcances del acuerdo.
El ministro del Agua se ausentó el pasado lunes a Roma, con el objetivo de dar cumplimiento el mandato del presidente Evo Morales, quien en acto público instruyo mediante el Decreto Supremo 28796, realizar gestiones con el Gobierno italiano para consolidar el financiamiento restante que concrete el proyecto Misicuni.
En la visita realizada a Roma, Mamani se reunió con altos dignatarios de Estado, entre ellos Patricia Santinelli, Viceministra de Relaciones Exteriores del Área de Cooperación al Desarrollo del Gobierno Italiano, con quien definieron las acciones a tomar para concretar el financiamiento que requiere el proyecto Misicuni. Luego de una semana de intensas negociaciones, Mamani retornará a Bolivia el sábado.


Participó del derrocamiento de Goni


Considerado estratégico el nuevo Ministerio de Agua, que encabezará Abel Mamani, el ex presidente de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto, ciudad aledaña a La Paz. En enero de 2005, Mamani lideró las manifestaciones de los vecinos alteños en las calles hasta lograr que las autoridades estatales decidieran la expulsión de la empresa Aguas del Illimani, filial de la francesa Suez, y gestora de los servicios de agua en La Paz y El Alto.
Fue uno de los dirigentes más activos que participó de los derrocamiento al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
Abel Mamani (38) tuvo un pequeño negocio de carpintería, no pudo terminar la carrera de odontología, lideró un movimiento vecinal en El Alto contra la transnacional francesa del agua Suez y ahora es el primer ministro del Agua de Bolivia, pese a no contar con trayectoria en la función pública.
Lideró las protestas contra Suez, la empresa que se hizo cargo de Aguas del Illimani, en una entrevista relata que Suez lamentablemente continúa en el país. “Pero las auditorías que habíamos demandado ya están en proceso y en marzo vamos a tener resultados. Con las movilizaciones logramos que los precios para la conexión y el alcantarillado bajen de 249 a 180 dólares, que igual es mucho. Los vecinos han demostrado que conectar agua a un domicilio puede costar mucho menos, entre 65 y 70 dólares. Nuestro objetivo es que los servicios básicos sean públicos, pero cualquier decisión en ese sentido hay que tomarla con mucha responsabilidad, mencionó Mamani.

viernes, 12 de octubre de 2007

El Vice de Tierras es acusado de fraguar su libreta militar


Noticia publicada el 12 de Octubre en La Prensa
El diputado de la alianza opsitora Podemos, Juan Pablo Klinsky, acusó ayer al Viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, de haber fasificado su libreta de servicio militar. La denuncia fue rechaza por esta autoridad, quien dijo que iniciará un proceso judicial al parlamentario en caso de que no demuestre sus acusaciones en un juzgado.

El Viceministro desafió al legislador a que “diga cómo, cuando hizo su servicio militar”, aseguró haber cumplido con este deber y dijo ser subteniente de reserva del ejército nacional.

Según ANF, Klinsky afirmó que esta denuncia cuenta con el respaldo de informes del Ministerio de Defensa.

La agencia informa que el Jefe de la Unidad de Archivo Central del despacho de Defensa, teniente coronel Teodoro Valero Calle, presentó ayer un informe oral y escrito ante el Comité de Régimen Laboral de la Cámara Baja y entregó una certificación sobre la libreta de Servicio Militar N0364936 a nombre de Luis Alejandro Almaraz Ossio.

Dicho documento indica que no existe la Hoja de Servicios correspondiente a la libreta 364936; señala también que el Centro de Reclutamiento UDEA del RI-1 Colorados no existía en 1978; añade que el número correlativo de la Libreta ha sido fraguada; y precisa que la fotografía del interesado no lleva el número de la matricula individual correspondiente.

La misma agencia de noticias explica que el legislador informó que se descubrió esa falsificación luego que la Corte Nacional Electoral (CNE) verificó que Almaraz tenía dos registros electorales, uno con su cédula de identidad que señala su fecha de nacimiento en 1961 y el otro con su libreta militar que consigna el año de 1962.

La documentación, informó Klinsky, será remitida al Viceministerio de Transparencia y Lucha Anticorrupción para que emprenda las acciones legales que corresponda y de no ser así interpondrá una denuncia formal contra Almaraz por el delito de uso de instrumento falsificado.

La respuesta

El Viceministro espera “ya nomás” el enjuiciamiento porque si no lo hace “va a tener un juicio por calumnia, por afirmar que yo he fraguado mi libreta de servicio militar”. Recordó que este partamentario de la oposición hizo una acusación el pasado 20 de septiembre, en sentido de que no prestó declaracion jurada de bienes, situación que fue desmentida por el Contralor General a través de una certificación.

Mencionó que otros legisladores de Podemos también hicieron acusaciones falsas, en sentido de que él estaba avasallando las tierras del obispo de San Ignacio de Velasco. Aclaró que en este caso no existe ningún atropello porque las cerca de 130 mil hectáreas de tierras que se distribuyen en este sector a tres comunidades campesinas de otras provincias cruceñas son predios fiscales.

“Yo creo que la mediocridad del diputado Klinsky y de otros de sus colegas de Podemos es verdaderamente lamentable, da lástima su incapacidad para rebatir con argumentos veraces, con razonamiento político nuestra acción de Gobierno”.

Según él, Klinsky, quién busca su destitución y está detrás del parlamentario es el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Branko Marinkovic. Sostuvo que el parlamentario actúa como “empleado” del dirigente cívico y de otros integrantes de la “media luna” que no lograron su destitución.

Añadió que la “oligarquía terrateniente siempre ha tenido su política, sus parlamentarios y los usa para sus intereses y en este caso la finalidad es preservar el acaparamiento de tierras. Me parece evidente que Podemos está para eso”.

martes, 9 de octubre de 2007

La Fiscalía pide detener a ex Vice de Vivienda

Noticia publicada el 9 de Octubre de 2007 en La Prensa
El Ministerio Público emitió ayer los mandamientos de aprehensión contra el ex viceministro de Vivienda, Marcelo Zurita y su ex coordinador del Programa de Vivienda Social, Boris Sosa, por no haberse presentado a declarar sobre las denuncias que pesan en su contra por el delito de uso indebido de influencia y beneficios en razón del cargo.

El Fiscal a cargo de caso, Roger Velásquez, informó que ambos ex funcionarios fueron citados en tres oportunidades, la última fue el anterior viernes, sin embargo, presentaron objeciones para no presentarse a declarar.

Por ello, dijo, se decidió ordenar su aprehensión en coordinación con Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Cochabamba, donde el ex viceministro Zurita y su ex colaborador, tienen su domicilio legal.

Agregó que la ex autoridad no se presentó ante el Ministerio Público y envió un memorial en el que argumenta que, por orden de un juzgadoen Santa Cruz, este caso se sumó a otro proceso similar que se investiga en la capital oriental, por lo que la Fiscalía de La Paz ya no tendría competencia para llevar adelante el proceso. Zurita fue acusado por el ex ministro de Obras Públicas, Jerges Mercado de realizar un viaje a Santa cruz con viáticos financiados por la Mutual Guapay. Ambos ex funcionarios fueron relevados de sus cargos.

viernes, 28 de septiembre de 2007

Bolivia en el puesto 105 del Índice de Percepción de Corrupción

De Transparencia Internacional

Colombia se ubicó en el puesto 68 en el Índice de Percepción de Corrupción presentado por Transparencia Internacional, superando a Argentina, Brasil, México, Perú y Bolivia. Esta posición que pareciera ser un panorama alentador no lo es tanto, si se tiene en cuenta que en el 2006 ocupó el puesto 59 es decir que cayó 9 posiciones.
Eso significa que los pactos por la transparencia firmados en las principales ciudades del país durante el último año quedaron convertidos en papeles llenos de buenas voluntades y en homenajes a la bandera.
Este estudio, que se basa en instituciones públicas, revela que los dineros del Estado siguen siendo el fortín de muchos. Pero no excluye a los privados, quienes al final del camino se convierten en las caras ocultas de la corrupción, pues son quienes orquestan desde el anonimato la asignación de contratos, de licitaciones y de cuanta oportunidad haya de usufructuarse de lo público.
Para nadie es desconocido que hecha la ley, hecha la trampa, y en ese sentido todos los mecanismos de blindaje creados para la transparencia en la asig-nación de lo público son una fiesta de disfraces en la que se maquilla el conflicto de intereses.
Lo interesante es que quedan tan mal maquilladas que al final del camino no logran engañar. Pero el sistema se blinda tanto para mantener los niveles de corrupción que quien no entre en su juego, es decir que no dé comisiones o beneficios a quien le ayuda a conseguir un contrato, se queda por fuera casi que en calidad de vivo bobo.
¿Cuándo los corruptos dejarán de pensar en el bien particular para proteger el general?

lunes, 17 de septiembre de 2007

El Plan de Vivienda cambia para combatir la corrupción


Noticia publicada el 17 de Septiembre en La Razon
La disminución de pasos para acceder a los recursos es uno de los aspectos que se cambiará para transparentar los procesos. La compra de terrenos también será analizada. Está en curso una auditoría a todo el programa, misma que durará dos semanas.

Junto con el cambio de autoridades en el Viceministerio de Vivienda, producto de denuncias que involucran a ex personal de esta cartera, se perfilan ajustes al Programa de Vivienda Social y Solidaria (PVS), en pos de transparentar los procesos de este plan.

A principios de septiembre, el ex ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Jerges Mercado, denunció al ahora ex titular del viceministerio de Vivienda, Marcelo Zurita, por haber aceptado favores y recursos de una de las entidades financieras que aspiraba a participar como intermediaria en la otorgación de créditos del PVS.

Tras las denuncias, el presidente Evo Morales aceptó la renuncia de Mercado y destituyó a Zurita.

Carlos Urquizo Huici, el nuevo viceministro de Vivienda, manifiesta que existen mejoras que se debe realizar al plan, sin que las mismas signifiquen paralizar los actuales proyectos que ya se emprenden en el marco del programa.

A decir de Urquizo, los problemas de malos manejos en programas de vivienda no son exclusivos de Bolivia, sino que se han presentado en otros países de la región.

Según la autoridad, uno de los factores que hacen que los planes de vivienda sean susceptibles a las irregularidades se produce cuando los programas incluyen la compra de terrenos. “Éste es un tema que quiero conversar en los próximos días con las autoridades para hacer una corrección al mismo, una corrección que no signifique dejar al beneficiario sin terreno, pero tampoco dejarlo a la voracidad de los loteadores”, aclara.

El viceministro señala que éste será uno de los primeros puntos que se resolverá para evitar irregularidades en el plan de vivienda.

Otro tema que será atendido en la búsqueda de transparentar el actual programa será la simplificación de procedimientos para acceder a los créditos estatales para la compra de lotes y adquisición o construcción de viviendas.

“En este momento, son más de 70 pasos. Imagínese, esto obviamente burocratiza y enturbia los procesos. Si lográramos reducir a menos de 20 pasos, por dar una cifra, cualquier ciudadano podría hacer su trámite y saber dónde está, no necesitaríamos de \'especialistas en trámites\'”, manifiesta.

Estos puntos —agrega— deberán estar ligados a la transparencia en la información que requiera el beneficiario en cuanto a los precios de los materiales, terrenos, viviendas, entre otros.

A través de estos ajustes, el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda buscará garantizar el éxito del programa para que no caiga en el mismo saco que los anteriores planes de vivienda, que fracasaron por malos manejos.

Uno de los sectores que ha cuestionado el actual programa de vivienda es la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco). El presidente de la entidad, Iván Bustillos Aramayo, sugiere que los procesos del PVS sean administrados por el Estado, pero con la intervención de todos los actores, incluyendo al sector privado.

SALVADOR RIC RIERA

La persona • Es cruceño, empresario y especialista en Relaciones Internacionales. Fue ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda desde enero del 2006 hasta enero de la presente gestión.

Situación • Ric renunció a la cartera de Obras Públicas alegando que hubo injerencias en este ministerio. Al irse, denunció que el Viceministerio de Vivienda estaba siendo manejado políticamente.

JERGES MERCADO SUÁREZ

La persona • Es cruceño. Fue viceministro de Electricidad y ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda en la actual gestión de Gobierno. Este último cargo lo desempeñó por casi ocho meses.

Situación • Mercado presentó una denuncia en contra del ex viceministro de Vivienda, Marcelo Zurita, por un supuesto uso indebido de influencias. El viernes 7 fue relevado del cargo.

miércoles, 12 de septiembre de 2007

¿García Meza pasea por La Paz?

Noticia publicada el 12 de SEptiembre de 2007 en La Razon


La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz denunció ayer que el ex presidente Luis García Meza Tejada estuvo en un restaurante de la zona Sur de La Paz el domingo a las 14.00.

En un comunicado, Derechos Humanos denunció a la opinión pública nacional e internacional que “el ex dictador sentenciado a 30 años de cárcel sin derecho a indulto, por los crímenes contra el pueblo boliviano, se encuentra paseando libremente por la ciudad de La Paz".

El informe manifiesta también que “se constataron las denuncias" sobre la visita de García Meza a un restaurante de la zona de San Miguel.

La Razón se quiso comunicar con el abogado del ex presidente, Milko Suaznábar, para conocer su posición en torno a la denuncia, sin embargo, en insistentes llamadas, esta persona no contestó su teléfono celular.

Derechos Humanos “protesta enérgicamente contra las

autoridades de Régimen Penitenciario y del Viceministerio de Gobierno que no están haciendo cumplir con la ley...". Cuestiona también “la utilización de pretextos de salud que usó el ex dictador para sus salidas, que no se justifican al ver que son utilizadas para actividades familiares".

Las irregularidades en Vivienda llegan a otras ex autoridades


Noticia publicada el 12 de Sep de 2007 en La Razon
El caso de la subvención de pasajes y hoteles por parte de la Mutual Guapay para calificar al Plan Nacional de Vivienda involucra al ex viceministro de Vivienda, Ramiro Bolaños, y al ex coordinador de este programa, Boris Sosa. El primero dejó el cargo a fines del 2006 y el segundo, hace tres semanas.

De acuerdo a las facturas que presentó el gerente general de Mutual Guapay, Víctor Hugo Áñez, a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de La Paz, ambos ex funcionarios habrían recibido viáticos de la mencionada entidad financiera.

“Según las facturas, Bolaños habría recibido viáticos desde octubre del 2006 a enero del 2007”, aseguró el investigador del caso, capitán Juan Carlos Bazualdo.

“El compañero Bolaños es miembro de la dirección de adjudicatarios de Cochabamba y en ese sentido fue invitado para ser el Viceministro de Vivienda. No colmó las expectativas de acelerar el proceso de vivienda, así lo denunció el Presidente el 6 de agosto. Luego renunció el viceministro Bolaños y perdí toda la información, así que realmente no sé qué es lo que estará pasando en el medio”, dijo el diputado Gustavo Torrico al referirse a su relación con Bolaños.

Este medio intentó comunicarse con ambas personas para conocer sus criterios sobre el tema, pero fue imposible ubicarlos.

Bolaños y Sosa serán convocados por la FELCC en los próximos días para que presten sus declaraciones informativas en el caso de la subvención de pasajes, restaurantes y hoteles de primera clase que pagó la Mutual Guapay en favor del ex viceministro de Vivienda Marcelo Zurita y su familia. El caso fue denunciado por el ex ministro de Obras Públicas, Jerges Mercado.

Zurita es investigado por la Fiscalía del Distrito de La Paz por uso indebido de influencias y beneficio en razón del cargo tipificados en los artículos 146 y 147 del Código Penal.

En esa línea, ayer, antes del mediodía, el ex titular de Obras Públicas, Jerges Mercado, acudió a las oficinas de la FELCC de La Paz para prestar sus declaraciones informativas. “Los viajes que realizó el ex viceministro Marcelo Zurita a Cochabamba, Sucre y Santa Cruz no fueron de conocimiento ni autorizados por el ex ministro de Obras Públicas, Jerges Mercado”, informó el investigador de la FELCC de La Paz.

“Es una última tarea, creo, como ex ministro. Me ha convocado la Fiscalía y estoy presente, he venido y me ratifico en toda la extensión de mi anterior denuncia”, afirmó Jerges Mercado.

En un breve contacto con los medios de comunicación, se refirió a la auditoría integral al Plan Nacional de Vivienda y al proceso de calificación de las entidades financieras que instruyó horas antes de dejar su despacho.

“He instruido una auditoría integral, espero que sean absolutamente imparciales y que muestren todo lo que haya pasado”, agregó Mercado, quien abordó un taxi para alejarse del lugar.

sábado, 8 de septiembre de 2007

La corrupción sacude el gabinete de Evo Morales

Noticia publicada el 8 de Septiembre en El Deber

Presuntos hechos de corrupción sacude y golpea al gabinete del presidente, Evo Morales. Anoche fue posesionado José Kinn como tercer ministro en la actual gestión gubernamental, en el despacho de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.
Kinn ingresó en sustitución de Jerges Mercado, que se desempeñaba como titular de ese ministerio desde enero de 2007, mes en el que también el Presidente de la República tuvo que cambiar a siete de sus directos colaboradores, algunos de ellos cuestionados por supuestos hechos irregulares.
El pasado 30 de agosto, el ministro Mercado -que reemplazó a Salvador Ric en el cargo- presentó su renuncia al mandatario boliviano porque desde el Palacio Quemado “no hubo medidas oportunas contra el viceministro” Marcelo Zurita, según indicó anoche a EL DEBER el ministro renunciante.
Jerges Mercado, el 23 de agosto y 30 de agosto pasado, presentó dos denuncias contra el viceministro Zurita ante el Ministerio Público, tanto en la ciudad de Santa Cruz como en La Paz, por la presunta comisión de actos irregulares y de corrupción.
Concretamente, las acusaciones de Mercado contra Zurita se basan en dos temas: uno por sobreprecios en la compraventa de terrenos de la urbanización El Chiriguano, de la ciudad de Santa Cruz de La Sierra y, el otro, por recibir ‘prebendas’ de la anterior administración de Mutual Guapay que le pagó pasajes para él y sus familiares en AeroSur, además del pago de viáticos.
El gerente de Mutual Guapay -informó ANF-, Víctor Hugo Añez, presentó ayer ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) alrededor de 35 facturas, 41 boletas de viáticos y 11 pasajes de la empresa AeroSur a nombre de varias personas de apellido Zurita, Sosa y Bolaños.
Favores que presuntamente fueron para que Zurita incluya a esa Mutual en el plan de vivienda social que lleva adelante la actual administración estatal.
Anoche, el propio Evo Morales reconoció que en los ministerios donde se maneja ‘mucha plata’ hay denuncias de corrupción, aunque pidió que esas versiones, en relación con cualquier irregularidad, se demuestren con pruebas.
Con respecto a las denuncias de supuesta corrupción cometida por Zurita, Evo dijo que será la justicia la que se encargue de esclarecer la verdad y castigarlo en caso de que sea encontrado culpable. Expresó que a Zurita se le pidió que abandone el cargo; fuentes del Palacio dijeron que presentó su renuncia.
Morales dijo: “Desde dentro del Gobierno hay gente interesada en perjudicar a los funcionarios que tratan de combatir la corrupción”.
De todas maneras, se puso como ejemplo y dijo que no va a robar la plata de los bolivianos.
Por su parte, el ministro entrante, José Kinn, puntualizó que la característica de su administración será la ‘responsabilidad, transparencia y mucho trabajo’, además ratificó que continuará adelante con todos los programas de ese despacho ministerial.
Carlos Suna asumió el cargo vacante dejado por Kinn en el viceministerio de Transportes y Carlos Urquizo Huici pasó a ocupar el cargo de viceministro de Vivienda y Urbanisno, en sustitución de Marcelo Zurita.

Los entrantes

José Kinn Franco
Min. de Obras Públicas, Serv. y Vivienda
A las 20:30, el ingeniero civil especializado en hidráulica José Kinn Franco juró como nuevo ministro de Obras Públicas. A pesar de ser orureño de nacimiento, es de padres benianos y toda su vida vivió en Santa Cruz. Fue también docente de la Uagrm.

Severino Suna Ramírez / Viceministro de Transportes

Carlos Urquizo Huici / Viceministro de vivienda

Los salientes

Jerges Mercado Suárez
Min. de Obras Públicas, Serv. y Vivienda
El 23 de enero, el ingeniero eléctrico Jerges Mercado asumió en esa cartera. Antes, se desempeñó como viceministro de Electricidad y Energías Alternativas. La ex autoridad es cruceña y nació en abril de 1970. Tiene más de siete años en el servicio público. Renunció.

José Kinn Franco / Viceministro de Transportes

Marcelo Zurita Cabrera / Viceministro de Vivienda

martes, 28 de agosto de 2007

“Chito” pide dar fin al juicio y se libra de cuatro delitos


Noticia publicada el 28 de Agosto en LA prensa

La defensa de Luis Alberto “Chito” Valle confía en que el juicio de responsabilidades se extinga en mayo de 2008, y con miras a ese objetivo tiene ya una batalla ganada: la Corte Suprema de Justicia resolvió a favor del ex Prefecto de La Paz la eliminación de cuatro delitos que pesaban en su contra.

Según el Ministerio Público, Valle no tiene propiedades a su nombre, por tanto no cuenta con recursos para cubrir los 17.753.013 dólares que, se estima, es el daño económico causado en su gestión 1997-1999.

El abogado Alberto Morales, defensor de “Chito”, indicó ayer que la Corte Suprema ha dictado una resolución, el 14 de noviembre de 2006, por la que declara expresamente prescritos los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, malversación, supresión o destrucción de documento y simulación de delito.

El tiempo está en contra de los acusadores. A la fecha, según Morales, prescribió también el delito de contratos lesivos al Estado, que tiene una pena máxima de cinco años de cárcel, aunque sobre esto aún falta una resolución suprema.

En febrero, el ex Prefecto paceño estuvo en la cárcel de San Pedro, permaneció por algo más de 48 horas en la sanidad del recinto. Ahora espera el juicio de responsabilidades por la venta de vehículos de la Prefectura a precio de chatarra, la compra de muebles de La Cuisine con sobreprecio y la transferencia de muebles e inmuebles del ex Banco Minero que desaparecieron.

“Valle ha presentado —informó Morales— (la solicitud de) extinción del proceso por duración máxima. Está siendo investigado siete años sin ningún resultado y ha denunciado actividad procesal defectuosa”.

Según la Constitución, en un juicio de responsabilidades no acusa el Fiscal General de la República, sino la Sala Penal de la Corte Suprema. Ese paso no se ha dado y los jueces no han evaluado si es viable o no la propuesta acusatoria del Fiscal General.

El fiscal William Alave no pudo ser contactado ayer por este medio pues tenía su teléfono desconectado.

Otros casos

La revista Domingo mostró que la Prefectura de La Paz acumula pruebas para abrir otros casos contra Valle y su parentela. Por ejemplo, está el de una supuesta venta de una casa prefectural a una persona particular, cuyo dinero nunca entró a la caja pública.

El otro hecho habría sucedido cuando la Federación Regional de Cooperativas Auríferas se declaró en quiebra. El Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada dispuso el traspaso de la infraestructura de las cooperativas a los municipios, éstos lo rechazaron por la alta deuda que significaba, pero la Prefectura de La Paz admitió ese gravamen de 66,4 millones de bolivianos.

Morales se excusó de hacer comentarios sobre esos hechos porque, aclaró, no son investigados oficialmente por el Ministerio Público.

“Querer buscar la verdad, sabiendo que hasta que investiguen hoy, planteen mañana la acusación, luego esto tenga que ir a autorización del Congreso, lo único que hacen es generar un show, no tiene perspectivas de llegar jamás a sentencia (...) Es burlarse de la opinión pública y de la inteligencia de los comprendidos en estos temas, gastar dinero del Estado en investigaciones superfluas y mantener abierto un caso con fines más mediáticos que de justicia”.

El abogado desvirtuó la acusación de la Fiscalía. Por ejemplo, dijo que la venta de chatarra fue por una resolución del prefecto anterior Germán Quiroga y que la transferencia de inmuebles del ex Banco Minero benefició a la Prefectura.

Según abogado, se investigó a las Banzer fuera de la ley

La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) colectó las transacciones financieras de las hijas de Hugo Banzer, Ilonka y María Patricia, y halló despósitos de hasta 600 mil dólares. El abogado de “Chito” Valle, Alberto Morales, desacreditó esa averiguación porque no existe una autorización legal para perseguir a las dos mujeres.

Aunque Morales explicó que no es abogado de ellas y por eso mismo aclaró que no puede involucrarse en el tema, sí dijo que a la “familia (de Valle) no la han involucrado en el proceso” de juicio de responsabilidades.

“No entiendo con qué autorización legal la UIF está investigando al entorno (familiar) si no hay requerimiento fiscal, no hay imputación, no hay caso contra ellas. Tampoco el Estado puede arbitrariamente hacer el análisis y evaluación del movimiento de cuentas de una persona y mostrarlos a la opinión pública si no hay un caso judicial. Se están vulnerando los derechos”.

Ilonka Banzer conversó con La Prensa el domingo, se mostró sorprendida por la averiguación de sus cuentas y dijo que no tenía nada de qué opinar. Ella recibió en una cuenta nacional transferencias por 67.750 dólares de la cuenta empresarial La Cuisine y giró cheques a la orden de dicha firma por 101 mil dólares.

Morales dijo ayer que Enrique Vargas Delos, esposo de Ilonka, es uno de los socios de La Cuisine, de la que “Chito” adquirió muebles durante su gestión, según la Fiscalía, previa licitación pero con sobreprecio.

En breve

La pesquisa a “Chito” Valle, yerno de Hugo Banzer, comenzó en mayo de 2000.

Su abogado afirma que son siete años de investigación en contra del ex Prefecto.

El defensor considera que en mayo de 2008 se extinguirá legalmente el proceso.

Valle afronta un juicio de responsabilidades por tres supuestos delitos.

El primero es por la venta de vehículos de la Prefectura paceña a precio de chatarra.

El otro es por la compra de muebles de La Cuisine SRL con sobreprecio.

Hay uno más por la transferencia de muebles e inmuebles del ex Banco Minero.

Además está la compra de un mobiliario de alcoba para la Prefectura.

miércoles, 22 de agosto de 2007

“Tres sospechosos participaron en adjudicaciones” ABC lio de caminos

Noticia publicada el 22 de Agosto en La PrensaEl ex gerente general de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Roberto Araúz, y los ex funcionarios de esta empresa Fernando Zegarra y Huáscar Criales, destituidos hace dos semanas por supuestos actos de corrupción, participaron en procesos de adjudicación para la construcción de tramos carreteros en el país.

La presidenta ejecutiva de la empresa estatal caminera, Patricia Ballivián, contó además a La Prensa los por menores del proceso de adjudicación de obras, procedimiento que será controlado en breve a través de auditorías especializadas, que estarán a cargo de una empresa privada.

Junto a los tres anteriores personeros fue destituido Dennis Arratia, quien ocupaba un cargo de técnico de aplicaciones (informática) en la Gerencia de Construcciones.

Este caso comenzó con el hallazgo de correos electrónicos “sopechosos” que mencionaban “ciertas actitudes de cobros. Hay mucho que está en clave, 24 millas, o cosas así, que derivaron en el presentación de la demuncia”. Ballivián deja en manos de la Fiscalía la valoración de la información proporcionada por ABC. Afirma que se “está trabajando para limpiar la institución con la detección de actos que no estaban muy claros”.

¿Quién es Araúz?

—¿Cómo ingresó Roberto Araúz a trabajar en la institución?

—Él entró por convocatoria al cargo de jefe de la Unidad de Bienes y Servicios. Después asumió el puesto de Gerente Administrativo de la empresa. Y luego yo lo puse como Gerente General de ABC.

—¿Entre qué fechas ocurrió eso?

—Estuvo el 2004 y 2005 como Jefe de Bienes y Servicios. El 2006, como Gerente Administrativo. Ese mismo año asumió el interinato de la Gerencia General, cuando ese cargo estaba acéfalo. Y desde el 2007 ocupó este último cargo.

—¿Él tenía poder de decisión para que se adjudicara la construcción de tramos carreteros?

—Como Gerente General no. Pero sí como autoridad responsable del proceso de contratación de una empresa. Dentro de las normas, cuando se hace una licitación, mi persona nombra al responsable del proceso de contratación de cada proceso de licitación. Este funcionario recibe el nombre de Autoridad Responsable del Proceso de Contratación (ARPC).

—¿Cuáles son sus funciones?

—Esta autoridad tiene funciones totalmente independientes de la estructura jerárquicas de ABC. Él conforma su comisión técnica, en la que hay un presidente.

—¿Araúz ocupo el puesto de ARPC?

—Estuvo en procesos de licitación, así como estuvieron otros funcionarios de la institución. Lo que se hace es delegar esa responsabilidad, como estipula la norma. Y, reitero, es la autoridad responsable de la contratación. Tiene independencia respecto a las autoridades de ABC.

—¿Cuántas personas forman una comisión técnica?

—Cinco en la comisión, más la persona designada como ARPC.

—¿Araúz, en qué tipo de adjudicación de obras participó?

—No tengo ahora en la memoria ese dato. Tenemos muchas licitaciones. Pero él ha debido estar en unas 10 ó 11 licitaciones por parte de la institución. Pero las convocatorias se hacen desde la compra de computadoras, mantenimientos, estudios y también obras de construcción.

—¿Zegarra, Criales y Arratia participaron en la adjudicación de obras?

—Criales y Zegarra fueron parte de licitaciones.

—Eso quiere decir que ellos...

—Ellos recibían la información de las empresas proponentes, hacían una valoración de las propuestas y seleccionaban al adjudicatario junto con los otros miembros de las respectivas comisiones y el ARPC designado.

—¿Se detectó irregularidades en los procesos de adjudicación en que participaron Araúz, Zegarra y Criales?

—Eso está en manos de la Fiscalía. Nosotros hemos entregados toda la información junto con la documentación de la actuación como ARPC de Araúz y de los funcionarios que estarían ahora con sospechas de actos de corrupción.

—Cuando estás comisiones designan a la empresa adjudicataria, ¿la Presidencia de ABC tiene alguna competencia en el tema?

—Ninguna. La norma solamente involucra a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) cuando hay una impugnación. La Presidencia de ABC no puede inteferir en el proceso de adjudicación. Por eso hay una ARPC y una comisión que tienen la responsabilidad de todo el proceso de la adjudicación. Si hay una impugnación de alguna empresa que participó, recién interviene la Presidencia de ABC para verificar los documentos.

—¿Es el procedimiento?

—La ARPC firma una resolución de adjudicación y es el que concede la obra. Y después se va a la firma del contrato, para lo cual se me trae toda la documentación con los informes.



—¿Cuándo hay una impugnación qué se hace?

—Se evalúa, y hay tres opiciones: 1) la procedencia de la impugnación, 2) la no procedencia o 3) la anulación del proceso si se encontrara alguna irregularidad.

—¿Se ha impugnado algún proceso de licitación en que participó Araúz?

—No. En este tiempo hemos tenido sólo una impugnación: la del tramo carretero Ancaravi-Turco, en marzo de este año, porque la comisión técnica apartó a una empresa proponente a causa de que su boleta de garantía no cumplía con los tres requisitos (de ejecutable, irrevocable y de renovación inmediata). Como establecen las normas, se hizo otra convocatoria en la que participaron de nuevo las empresas que se habían presentado en el primer llamado. Se envió un informe a la Contraloría.

—¿Si hubiera alguna irregularidad en la adjudicación, la responsabilidad caería en los miembros de la comisión técnica responsable de la adjudicación?

—Sí. Lo que pasa es que los procedimientos son claros. Para la evaluación tiene un equipo multidisciplinario. Eleva su informe. La ARPC lo revisa, lo ratifica, emite su resolución. Y hay tres días para interponer un recurso de impugnación. Si no hay esta observación, se firma el contrato con la adjudicataria, con todos los informes: técnico, jurídico y la resolución de adjudicación.

—¿Hay mecanismos internos para detectar irregularidades en las adjudicaciones?

—Nosotros vamos a proceder a hacer auditorías, con una empresa externa, de las concesiones. Las auditorías van a ser un control interno nuestro, a raíz de los que ha pasado. Ahora sólo hay un estudio al final de todo proceso, es decir, cuando se termina la obra. Queremos que la auditoría se haga en fases. Por ejemplo, cuando se termine el proceso de adjudicación, tendría que haber una investigación.

los otros sospechosos

—¿Qué funciones cumplían Dennis Arratia, Huáscar Criales y Fernando Zegarra en ABC?

—Ellos eran funcionarios que trabajaban en la gerencia de Construcciones. Estaban a cargo de los proyectos carreteros que se hacen actualmente en el país. El señor Arratia también trabajaba en la gerencia de Construcciones, pero como técnico de aplicaciones.

—¿Desde cuándo trabajaban ellos en la empresa?

—Zegarra y Criales fueron evaluados (porque trabajaban) desde la anterior institución (Servicio Nacional de Caminos) y fueron confirmados en sus puesto a raíz de las evaluaciones técnicas y administrativas. El señor Arratia ingresó por concurso de mérito, a finales de la pasada gestión.

—¿Alguno de ellos tenía relación directa con los potenciales adjudicatarios de los proyectos en licitación?

—En realidad, cada funcionario de la gerencia de Construcciones es administrador de un contrato de obras. Y ahora estamos con 40 contratos en ejecución a nivel nacional, y en puntos diversos.

Ellos no solamente eran encargados de una adjudicación, sino que se repartía el trabajo (de la oficina) en el marco del seguimiento y de la cuantía del proyecto carretero en licitación.

Una extranjera tiene cargo jerárquico en el Gobierno

Noticia publicada el 22 de Agosto de 2007 en La Razon

Hortensia Jiménez, ciudadana cubana de padres chilenos, ejerce actualmente las funciones de directora de Desarrollo Energético del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, reveló el lunes en su programa Con letra chica, que se difunde por la red PAT, el periodista Carlos Valverde.
Valverde expresó que antes de desempeñar el cargo de directora de Desarrollo Energético, Jiménez trabajó como consultora en esa cartera de Estado. En junio del 2006 presentó el Balance Energético Nacional (BEN) para la planificación del sector.
Según el ex viceministro de Justicia Carlos Alarcón, los artículos 36, 37, 40 (numeral 2) y 41 de la Constitución Política del Estado (CPE) definen claramente el concepto de ciudadanía.
“Es decir, la Constitución reserva el derecho al ejercicio de funciones públicas a los bolivianos, que, a la vez, son ciudadanos bolivianos, ya sea por origen o por naturalización”, precisó.
Es más, dijo que en concordancia con la CPE, el Estatuto del Funcionario Público establece, en su artículo 1, inciso c), que “el presente estatuto se rige por los siguientes principios: reconocimiento de los ciudadanos a desempeñar cargos públicos”.
“O sea, que de acuerdo a la Constitución y a la ley, los extranjeros no tienen el derecho a desempeñar cargos públicos”. Sobre el tema, el constitucionalista Benjamín Miguel Harb mencionó que la contratación de la ciudadana cubana no estuvo enmarcada en las leyes bolivianas.
“Son cargos que requieren la nacionalidad boliviana. Eso está establecido en la Ley de Organización del Poder Ejecutivo” y en otras disposiciones legales, afirmó el ex parlamentario.
El senador de Podemos Carlos Börth añadió que los cargos jerárquicos en la administración pública no pueden ser ejercidos por ciudadanos extranjeros.
“En los niveles ejecutivos no pueden haber extranjeros”, afirmó el parlamentario y citó el Estatuto del Funcionario Público como una de las normas que regula la contratación de personal en la administración central.
Ciudadanía
Artículo 40 • Numeral 2º. En el derecho a ejercer funciones públicas, sin otro requisito que la idoneidad, salvo las excepciones establecidas por ley.
Artículo 41 • Son ciudadanos bolivianos, varones y mujeres mayores de 18 años de edad, cualesquiera sean sus niveles de instrucción, ocupación o renta.

martes, 21 de agosto de 2007

Policía investigará a todos los funcionarios de la ABC

Noticia publicada La Razon el 21 de Agosto de 2007

Con el propósito de luchar contra la corrupción, la presidenta de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Patricia Ballivián, informó ayer que la Policía investigará a todos los funcionarios que trabajan en esta entidad.

Según la autoridad, el Ministerio de Gobierno y la ABC firmarán un convenio para realizar este trabajo. “Todos los funcionarios que quieran trabajar en la ABC y los que ya trabajan van a ser investigados y van a poner toda la información personal, financiera a cargo de la Policía”, sostuvo Ballivián, al indicar que en la actual gestión de Gobierno se invertirán más de dos mil millones de dólares en la construcción de vías camineras, dinero que debe ser cuidado para que no caiga en manos de los corruptos.

“Nunca falta la gente maliciosa que quiere aprovecharse de ciertos intereses y nosotros vamos a precautelar”, señaló la funcionaria y aclaró que los recursos que se roban no son de la institución sino de los bolivianos.

Por otra parte, sostuvo que las comisiones que evalúen las licitaciones de carreteras y puentes serán sometidas a una auditoría externa. Explicó que esta labor se la hará a las cuatro adjudicaciones, donde existen sospechas de manipulación de información.

En cuanto a los tres funcionarios que fueron despedidos la semana pasada, y que ahora guardan detención domiciliaria por casos de corrupción, dijo que se encontró evidencia en su contra, referida a beneficios económicos a cambio de favores a empresas contratistas.

Los funcionarios destituidos son Dennis Arratia, Huáscar Criales y Fernando Zegarra. El proceso está en curso.

lunes, 20 de agosto de 2007

Funcionarios de ABC pierden su libertad

Noticia publicada el 20 de Agosto de 2007 en LA Razon
La jueza de medidas cautelares, Betty Yañíquez, determinó la detención domiciliaria de tres funcionarios de la Administradora Boliviana de Caminos (ABC) por licitaciones irregulares que involucran a un funcionario de la empresa Queiroz Galvao.

La denuncia que llevó a la detención fue presentada el viernes por la presidenta de la ABC, Patricia Ballivián, al fiscal Marco Antonio Vargas, quien respondió a la querella presentándose en oficinas de la empresa estatal, donde fue informado sobre los presuntos actos ilícitos.

Los imputados, Dennis Arratia, Huáscar Criales y Fernando Zegarra habrían mantenido contacto vía correos electrónicos y chat, en los que preparaban arreglos de pagos y montos para beneficiar en procesos de licitación y contratación de construcción de carreteras a determinadas empresas, en este caso, Queiroz-Galvao. Alexandro Uzeda, representante de esta empresa, habría sido la conexión.

Por esto, el fiscal Vargas dispuso la aprehensión de Arratia (principal imputado) Criales y Zegarra, quienes ayer fueron llevados ante la Jueza Yañíquez para determinar medidas cautelares o su libertad.

Entretanto, ABC tiene previsto ejecutar la boleta de garantía de la constructora brasileña Queiroz-Galvao, de 22 millones de dólares, si los descargos que la empresa presentará hoy no satisfacen al directorio. ANF

sábado, 18 de agosto de 2007

Fiscalía analiza denuncias de corrupción en ABC

Noticia publicada el diario el 18 de Agosto de 2007

La presidenta de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Patricia Ballivián, confirmó este viernes la suspensión de sus funciones del gerente general de la institución, Roberto Araúz, caso que fue remitido al Centro Especial de Investigaciones de la Policía (CEIP).

La autoridad exteriorizó su preocupación por las denuncias de corrupción que se están dando en esa entidad, según informa la Agencia ABI.

En contra de Roberto Araúz, pesan algunos correos electrónicos, que no constituyen prueba fehaciente, en los que el funcionario, presuntamente favorece, a ciertas empresas para concederles contratos de construcción de carreteras.

La Presidenta de la ABC informó que una unidad especializada del CEIP se encuentra investigando el caso, mientras tanto, el funcionario está suspendido del cargo.

“Se ha suspendido de sus funciones al que fungió como gerente general en la institución por algunas susceptibilidades en unos email (correos electrónicos) que no son elementos para determinar actos ilícitos”, declaró.

Patricia Ballivián dijo que el caso se encuentra en proceso de investigación, por lo que recalcó que nadie es culpable hasta que se lo demuestre.

“Debo decir que se trata de un cargo de confianza y al existir cierta susceptibilidad, mi persona lo que ha hecho es suspender de sus funciones al gerente general”, indicó.

Asimismo, Ballivián dijo que si se prueba la inocencia, el gerente general será repuesto en el cargo.

El pasado 4 de marzo, la presidenta de la ABC, Patricia Ballivián, recordó la destitución del anterior gerente general, Iván Velásquez, por haber cometido irregularidades en la licitación del tramo Mataral - Valle Grande.

jueves, 16 de agosto de 2007

ABC destituye a un gerente por presunta corrupción

Noticia publicada el 16 de Agosto de 2007 en La Razon

La presidenta interina de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Patricia Ballivián, determinó destituir al gerente general de la entidad, Roberto Arauz, por estar involucrado en supuestos casos de corrupción.

Ballivián declaró a medios de prensa que Arauz fue destituido el viernes por la aparición de correspondencia electrónica en la cual se hacían referencias a pagos de dinero a cambios de favores administrativos, aunque no se pudo evidenciar la empresa que estaría involucrada en el hecho.

Agregó que en los correos electrónicos (e-mail) aparecían nombres como Roberto, Paty y Fonplata como favorecidos con un porcentaje de distribución.

Según ANF, la titular de la ABC negó haber estado involucrada en el hecho, y aclaró que ella llevó adelante la investigación, lo que “finalmente terminó en la destitución de Arauz”.

El despido se debió a que el inculpado ocupaba "un cargo de confianza y apoyo, evaluación y rendimiento", y como perdió la confianza de la presidencia ejecutiva de ABC, fue destituido el viernes pasado. "Mi potestad es poner gente de confianza", concluyó Patricia Ballivián.

En cuanto a alguna medida legal contra el sospechoso, la ejecutiva de la ABC indicó que no existe base legal para esto, ya que toda la información salió de correos anónimos, los cuales no pueden ser utilizados para una acusación formal.

Esta es la segunda destitución por casos de corrupción dentro de la ABC en lo que va del año. El primer despedido fue Iván Velásquez, el 2 de marzo de este año, por presuntos actos de corrupción en el proceso de adjudicación del tramo caminero Mataral-Valle Grande, en el departamento de Santa Cruz. Velásquez habría favorecido dolosamente a la empresa de Andrés Petricevic con la adjudicación de la vía.

lunes, 13 de agosto de 2007

Candidatos desesperados pagan dinero para ser elegidos en Coteor


Noticia publicada el 13 de Agosto en La PAtria

Las elecciones de Coteor fueron empañadas por la actitud deplorable de algunos candidatos, que no dejaron la práctica de la política sucia que se emplea en elecciones general y municipales, puesto que no se inmutaron ayer de regalar calificaciones a sus estudiantes o pagar un monto de dinero a las personas que votaron por ellos. Dos personas fueron aprehendidas por la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc).

Las dos personas detenidas, Nancy Titichoca y Epifanía Guzmán, portaban en sus carteras la fotocopia de la papeleta de elecciones, aunque se desconoce de dónde consiguieron el original para fotocopiarlo y que estaban distribuyendo con un instructivo adjunto, por uno u otro candidato.

Las fotocopias de la papeleta fueron incautadas para su investigación que señalaban por quien votar, por lo que con fines de investigación, éstas dos personas fueron aprehendidas por el lapso de ocho horas.

Esta fue una de las muchas denuncias y protestas que se percibía en el patio del Colegio Juan Misael Saracho, lugar donde se desarrolló las elecciones para conformar el cincuenta por ciento de los consejos de Administración y Vigilancia, especialmente.

Cerca de cuatro mil personas votaron en las elecciones de Coteor, en medio de actos de corrupción
Cerca de cuatro mil personas votaron en las elecciones de Coteor, en medio de actos de corrupción
Los candidatos de Coteor, no dejaron de hacer propaganda a través de afiches con los que empapelaron la infraestructura de la unidad educativa donde se realizó el plebiscito.

Aún a pesar de las normas establecidas y la socialización que realizaron los miembros del Comité de Vigilancia, en reuniones con los candidatos, estos no respetaron propiedad privada y el sábado por la noche pegaron su propaganda en paredes de los domicilios aledaños al colegio y en el mismo colegio, que por decisión del asesor del Comité Electoral, fueron pintados con pintura blanca.

En el transcurso del día, algunos de los candidatos sin ningún remordimiento, realizaron el pago de dinero, entre treinta y cuarenta bolivianos, a quienes emitieron su voto apoyándoles.

Lo reprochable, según muchos socios, dos catedráticos universitarios que participaron de estas elecciones, obligaron a sus alumnos a llevar entre diez y quince socios para que emitan su voto a su favor.

El control para que los alumnos logren nota en la materia de los docentes, era acompañar a los socios hasta la mesa de sufragio y personas allegadas al candidato, les controlaban bajo lista para que estos reciban nota adicional en la materia que dictan estas dos personas.

Uno de estos candidatos, incluso ayudado por familiares muy cercanos, distribuía dinero a personas que salían escoltadas por dos personas, lo que fue comprobado por socios, candidatos y la prensa.

Otros, muy sutilmente, delante incluso de efectivos policiales, continuaban repartiendo sus papeletas, pidiendo el apoyo de los socios que ingresaban al colegio Juan Misael Saracho por la puerta ubicada en la calle Potosí, casi esquina Montesinos.

viernes, 10 de agosto de 2007

La corrupción en los consulados es investigada

Noticia publicada el 10 de Agosto en La Razon
La Cancillería investiga “varios casos” de denuncias de corrupción en embajadas y consulados encargados del servicio exterior boliviano, admitió ayer el titular de esta cartera de Estado, David Choquehuanca, aunque sin dar detalles sobre estos hechos.
“En este momento no recuerdo exactamente (los casos), pero estamos llevando varios procesos que están relacionados con corrupción”, señaló, un día después que este medio revelara el inicio de una investigación a cargo del Viceministerio de Transparencia, que, entre otras denuncias, recibió una sobre presuntos malos manejos administrativos en el consulado en Washington.
Ayer, en contacto con La Razón, el embajador de Bolivia en Washington, Gustavo Guzmán, dijo que desconoce este caso, que involucra al funcionario Víctor Ustáriz, aunque sin embargo manifestó que lo descartaría “por la honestidad” del funcionario.
No obstante, señaló que convocará a Ustáriz si se presenta una denuncia formal. “No vamos a, de ninguna manera, permitir un acto de corrupción, ni en la embajada, mucho menos en el consulado. No se va a producir porque yo estoy sobre eso”, aseguró el embajador Guzmán.
Choquehuanca anunció que pidió un informe sobre estas denuncias y reveló que, al igual que ésta, se presentaron otras relacionadas a malos tratos o falta de atención en algunas de las delegaciones diplomáticas.
“Todos estos aspectos, si hay denuncias, vamos a analizar, vamos a compartir cómo podemos transparentar la gestión en el servicio exterior. Tenemos varios problemas en este ministerio, tenemos varios procesos con los que han dejado de ser funcionarios en el servicio exterior”, dijo.
Precisamente la viceministra de Lucha Contra la Corrupción, Nardy Suxo, se encuentra investigando denuncias que recibió en Washington cuando estuvo en esa capital con el objetivo de participar de un encuentro anticorrupción.
Guzmán reconoció que llegó a la delegación a su cargo un pedido de informe sobre supuestos hechos de corrupción.
El cónsul, Osvaldo Cuevas, elaboró un descargo de más de 300 páginas en aspectos como personal y estados financieros, “pero se retrasó el envío de la documentación porque se decidió ampliarlo con los datos sobre el Registro Consular”, explicó Guzmán.
Bolivia tiene cerca de 30 embajadas e igual número de consulados en el exterior. “Tenemos (denuncias de corrupción) en varios lugares”, reiteró Choquehuanca y dijo que la viceministra Suxo participa en la investigación de “algunos casos”.
El embajador en EEUU descartó un cambio del cónsul Cuevas, aunque dijo que esta es atribución de la Cancillería si cumplió cuatro años en el cargo.
La Cancillería reunirá a los embajadores y cónsules en La Paz del 27 al 31 de agosto para hablar de diversos temas.

miércoles, 1 de agosto de 2007

Bolivia abandona los últimos puestos de países corruptos

Noticia publicada el 1 DE aGOSTO EN lA pRENSA


El país mejora su eficiencia en la lucha contra la corrupción y abandona los últimos lugares de los ránkings mundiales de los más corruptos. El Banco Mundial (BM) informó que en el ámbito regional, en 2006, Bolivia ocupó el octavo puesto, por encima de Haití, Venezuela y Paraguay, que son los más cuestionados, en una lista global de 212 naciones.

Así lo revela un estudio de la organización multilateral, publicado ayer en la página web Inbofae, titulado “La Gobernabilidad Importa 2007": Indicadores Mundiales de Gobernabilidad 1996-2006, que puso esa escala en función a la efectividad de las políticas estatales en el control de la corrupción. Finlandia aparece como la más eficiente.

Según un estudio de Transparencia Internacional (TI), otra institución que realiza evaluaciones periódicas sobre el tema, el año 2000, Bolivia se ubicó en el penúltimo lugar del ránking.

En 2004, la misma organización situó al país en el puesto 122 de una escala de 146.

Al año siguiente, TI ubicó a Bolivia en el peldaño 117, de una lista de 159 naciones.

El BM tomó en cuenta los estudios de TI para establecer los niveles de corrupción en Bolivia y en otros países.

La ubicación

En el estudio difundido ayer, Bolivia ocupa el octavo puesto con 31,1 por ciento de eficiencia en la lucha contra el flagelo. Argentina y Perú tienen mejor puntaje que el país. Se tomó como parámetro una calificación de 1 a 100 por ciento, donde las naciones que obtienen los porcentajes más bajos, se consideran las más corruptas y las de puntaje alto las más eficientes.

Atendiendo ese orden, Haití es la nación más corrupta con un 2,4 por ciento en el ránking, seguido de Venezuela con 12,6 por ciento, y Paraguay tercero, con 13,6 por ciento (ver info).

El visto bueno

La viceministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción Nardy Suxo, aseguró que aunque falta mucho, Bolivia avanzó bastante en la lucha ante ese mal y, eso, es reconocido por organismos internacionales como el Banco Mundial y la Organización de Estados Americanos (OEA).

Destacó como logros la voluntad política del Poder Ejecutivo de combatir ese mal, la lucha contra la impunidad con la reapertura de procesos estancados por años como el que se le sigue al ex prefecto Luis Alberto Valle o al ex ministro de Salud Tonchi Marinkovic.

Sin embargo, dijo que como desafío aún queda pendiente el fortalecimiento del Ministerio Público y Poder Judicial que son las encaragadas de castigar los hechos de corrupción.

El análisis

El máximo responsable del reporte, Daniel Kaufmann, explicó que para realizar el estudio del BM se tomó en cuenta los datos sobre gobernabilidad, cientos de encuestas a ciudadanos, ejecutivos, funcionarios y expertos de todo el mundo.

El BM es uno de los principales organismos multilaterales de cooperación de Bolivia. Esa entidad estudia periódicamente los indicadores de estabilidad, democracia y certidumbre.

Según Kaufmann, la nación que más cayó en la evaluación en los últimos 8 años es Venezuela. Concluyó que ese país está transitando por una etapa de corrupción, agravada por un régimen autoritario que acabó con las instituciones independientes y la libertad de prensa.

Las naciones con posiciones superiores al promedio de 50 por ciento, es decir, los que mejor combaten la corrupción son Costa Rica, Uruguay, Estados Unidos, Chile y Canadá.

Se deben pagar buenos sueldos contra el mal

El analista Carlos Cordero sugirió ajustar la política de austeridad y pagar buenos salarios en la administración pública como una forma de combatir la corrupción.

Agregó que cuando un funcionario recibe una remuneración muy baja es más susceptible de incurrir en el delito, por lo que se necesita revisar la política de austeridad implementada por el Gobierno.

Aún así dijo que si los estudios realizados por organismos como el Banco Mundial revelan avances en esta materia puede obedecer a varios factores.

Por ejemplo, que los procedimientos de contratación de bienes son menos burocráticos, o que los funcionarios gubernamentales se ajustan más a las normas. También influye el castigo moral que dan los medios de prensa nacional.