miércoles, 31 de julio de 2013

Abogado de Rodas renuncia por presiones del “poder absoluto”

El abogado de Denis Rodas, implicado en el caso de la red de extorsión, Freddy Fernández, renunció como patrocinante argumentando que no se puede hacer nada contra los designios del “poder absoluto” que maneja la justicia y hace ineficiente su trabajo. En tanto, se anunció que Boris Villegas, otro de los implicados, ampliará su declaración informativa por el caso Chaparina.

Ayer se debió realizar la apelación de audiencia cautelar para los procesados en la Fiscalía de Distrito de la capital oriental a las 9 de la mañana, sin embargo, una orden habría determinado suspender por tercera vez el acto y luego la Sala Penal Segunda ratificó la detención de Rodas además de Fernando Rivera y Boris Villegas. En tanto, Isabelino Gómez fue trasladado a una clínica por su estado de salud, pues padece de diabetes y una posible trombosis.

Ante estos acontecimientos, el abogado Fernández decidió dar un paso al costado y dejar a su cliente pues mencionó a una estructura de poder que intenta afectar, desprestigiar y condenar no sólo a Rodas sino a su familia, aunque no identificó nombres.

“Mi trabajo se hace ineficiente cuando el poder absoluto se manifiesta no solamente a través de los policías, fiscales sino también a través de los tribunales cuyas decisiones no respeta nadie, como el caso de ahora cuando el Gobernador no remitió a los detenidos simplemente porque no le da la gana. En ese sentido mi conducta ética, deontológica debe ser apartarme de seguirle cobrando a mi cliente, porque mi cliente prácticamente no necesita abogado, el poder absolutista lo va aplastar así tenga 100 abogados”, expuso.

Por su lado, Villegas declaró dentro del panal de Palmasola ante la fiscal Patricia Santos sobre el caso Chaparina y se anticipa que amplíe su ponencia en una nueva audiencia con la fiscal paceña que investiga la represión a la octava marcha de tierras bajas en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).

El presidente de la Subcentral Tipnis, Fernando Vargas, desde su vigilia en Trinidad declaró que la comparecencia de Villegas confirma la vinculación directa del Ejecutivo en la represión policial del 25 de septiembre de 2011, aunque se habla que la presencia de Santos se debió a otro caso.

“La propia fiscal está diciendo que si esto no es sobre Chaparina, como diciendo que no hay persecución, da a entender claramente que la octava marcha estaba perseguida por el Gobierno”, declaró.

La oposición estuvo presente en los alrededores del penal de máxima seguridad del departamento de Santa Cruz, para hacer seguimiento sobre estos casos.

La senadora de Convergencia Nacional (CN), Carmen Eva Gonzales, dijo que se continuará solicitando la convocatoria a otros supuestos implicados en los casos red de extorsión, represión de Chaparina y caso Rosza o terrorismo I y II, pues los exasesores de los ministerios de Gobierno y Ministerio de la Presidencia tendrían información clave sobre los estrategas y responsables de cada hecho y acción ejercido desde el régimen.

Gonzales también pidió que se llame al ministro de la Presidencia, Ramón Quintana, a la excandidata a la Gobernación de Beni, Jessica Jordan y al exfiscal del caso terrorismo, Marcelo Soza, pues cada caso no estaría desvinculado de otro.
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martes, 30 de julio de 2013

Ostreicher debe declarar por un supuesto matrimonio falso



El estadounidense Jacob Ostreicher, procesado por supuesta legitimación de ganancias ilícitas y el responsable de ‘destapar’ una presunta red de extorsión judicial, gubernamental y policial, debe presentarse hoy a las 10:00 en la Fiscalía para responder por el supuesto delito de uso de instrumento falsificado, acción ilícita en la que incurrió cuando utilizó un certificado de matrimonio que sería falso.

El fiscal Adán Arteaga confirmó la presentación de Ostreicher. El caso por el que testificará el estadounidense fue conocido hace más de un año y era investigado por la fiscal Janeth Velarde, actualmente presa en Palmasola, vinculada a la supuesta red de extorsión que denunció el extranjero.

Uno de los abogados de Ostreicher, Yimi Montaño, manifestó que este mismo argumento fue presentado hace un año y medio por la fiscal Velarde y por el exasesor del Ministerio de Gobierno Fernando Rivera (preso en Palmasola en el caso de la supuesta red de extorsión). De acuerdo con el jurista, esta documentación se usó para que los jueces le negaran la libertad a su cliente.

Montaño señaló que el documento del presunto matrimonio es falso y que fue inventado para apoderarse de los bienes del empresario estadounidense. Además, cuestionó el hecho de que nuevamente el caso sea ‘movido’, justo cuando se conoció sobre la incautación de otras propiedades de Ostreicher, fallo que fue emitido por la jueza Eneas Gentile por el requerimiento del fiscal antinarcóticos Carlos Robles.
Ostreicher calificó su citación como una distracción debido a que es un caso viejo.

Critican incautación
La defensa de Jacob Ostreicher expresó ayer su indignación por la incautación de las siete propiedades, ya que aseguran se trata de un abuso de poder.
El abogado Yimi Montaño, en una rueda de prensa realizada en la casa del estadounidense, manifestó que, al parecer, la incautación de los bienes de su cliente solo busca apropiarse de los mismos de forma irregular.

Montaño cuestionó el hecho de que en 35 meses de investigación el Ministerio Público aún no haya actuado, siendo que hay órdenes de aprehensión contra una decena de personas implicadas en la red de extorsión.

“Todavía tengo algunas camisas y pantalones y algo de ropa. Solamente falta que me quiten mis pantalones y las fotos de mis nietos”, afirmó molesto el extranjero

OTROS DETALLES

1 Jacob dijo que el fiscal Carlos Robles y el agente Ariel Prado le recuerdan a Fernando Rivera y a Denis Roda, que estaban intoxicados por el poder para hacerle daño y destruir a su familia sin pensar que Dios los iba a poner en la cárcel. “Seguiré luchando con el apoyo de la gente de Bolivia”, dijo Ostreicher.
2 Para las 9:00 de hoy está prevista la audiencia de apelación a la detención preventiva, que ha realizado Fernando Rivera.

Zvonko cree que Cristóbal Roda pagó por una extorsión

El empresario cruceño Zvonko Matkovic, que acusa al exfiscal Marcelo Soza de haberlo extorsionado para ‘sacar’ a su hijo del caso de supuesto terrorismo, dijo ayer que el empresario azucarero Cristóbal Roda pudo haber sido una más de las víctimas de la exautoridad del Ministerio Público.

“Hay uno que va a declarar, que hoy yo me enteré que estuvo el mismo día que yo estuve, que es el ingeniero ‘Pili’ (Cristóbal) Roda, que mientras yo estaba en el primer piso a él lo tenía (Marcelo Soza) en el segundo piso y que posteriormente, según lo que dice la señora Arrudas, después de que llegan los $us 50.000 que yo había mandado, llega otro sobre con una cantidad similar que parece que es de este señor”, indicó ayer Matkovic a los medios de comunicación, poco antes de que se reinstalara el juicio por supuesto terrorismo en el segundo piso del Palacio de Justicia.

Matkovic hizo estas afirmaciones refiriéndose a la vez que fue llevado a la casa de la señora Claudia Arrudas, por un hombre de apellido Pereyra y donde Soza le habría hecho la propuesta de que le entregase $us 50.000 para que en 15 días su hijo Zvonko Matkovic Ribera, uno de los procesados en el caso Rózsa, fuera beneficiado con la detención domiciliaria y luego retirado del proceso.

Al ser consultado sobre la versión de Matkovic, Roda se limitó a indicar que no conocía las declaraciones del empresario y aseveró que cualquier testimonio lo daría ante una autoridad judicial competente.

Según el presidente del ingenio azucarero Aguaí, todavía no lo han notificado con la fecha en la que debe prestar su declaración informativa ante el fiscal Gomer Padilla.

Declara el viernes

Zvonko hijo fue notificado ayer, en el salón de audiencias donde se desarrolla el juicio de supuesto terrorismo, para que el viernes 2 de agosto, a las 10:00, se presente en la Fiscalía como testigo en el caso contra Soza.

De acuerdo con el joven, que está preso preventivamente en la cárcel de San Pedro de La Paz, dirá su verdad cuando esté frente al fiscal Padilla y cuestionó la reacción del ministro de Gobierno, Carlos Romero, que pidió a la familia Matkovic entregar pruebas de la supuesta extorsión del exfiscal Soza.

“No sé si el ministro (Romero) hace estas declaraciones de una manera agresiva, tratando de dirigir o de intimidar al fiscal. Déjenlo trabajar, si es cuestión de presentar pruebas sí las hemos presentado, mi padre entregó su extracto de llamadas y hay otra testigo que confirma la historia. Lamentablemente hemos presentado todo lo que se puede, porque en estos casos no existe la factura”, aseveró Zvonko hijo

Juicio postergado hasta el 1 de agosto

El Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, que lleva adelante el juicio oral por el caso de presunto terrorismo, decidió suspender las audiencias del proceso hasta el 1 de agosto a las 15:30.

El presidente del tribunal, Sixto Fernández, asumió esta determinación luego de hacer conocer a las partes involucradas en este caso una certificación que fue enviada por la jueza técnica Elena Julia Gemio Limachi, en la que hace conocer su impedimento para asistir al proceso.

De acuerdo con el documenton, Gemio tiene una parálisis facial, aunque no se detalla las razones ni la gravedad del problema de la autoridad, que no estuvo de acuerdo con las últimas decisiones del tribunal.

Hay molestia por el permanente retraso del juicio.

Otros detalles

Testimonio pendiente
Elód Tóásó todavía no puede concluir con su testificación ante el tribunal, debido a las permanentes postergaciones.

Montos entregados
Zvonko Matkovic aclaró que entregó a Marcelo Soza la suma de $us 90.000. Los primeros $us 50.000 en Santa Cruz y los $us 40.000 restantes en La Paz.

Cesaciones en espera
Juan Kudelka, Zvonko Matkovic Ribera y Alberto Melgar han solicitado que cese su detención.



Advierten con quitar títulos a jueces corruptos

Los jueces o vocales que cometan actos de corrupción, en el ejercicio de sus funciones, podrían perder sus títulos profesionales de abogado, advirtió ayer la presidenta del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani.

“Como autoridad voy a pedir que el Código Penal sea duro, todo funcionario llámese vocal, juez que se demuestre que son realmente corruptos, que se les quite el título de abogado”, aseveró Mamani al indicar que como autoridades judiciales electas por voto determinaron erradicar la corrupción en la justicia hasta el año 2015.

La sanción planteada -según Mamani- se debe ante las anomalías e irregularidades que descubrieron durante el proceso de fiscalización. No obstante, aseveró que hay buenos jueces, quienes serán “premiados”.

La Magistratura inició ayer la fiscalización a los juzgados cautelares del distrito de La Paz, que tiene 160 juzgados de los cuales 15 son cautelares, diez ubicados en la ciudad de La Paz y cinco en la ciudad de El Alto.

Otra medida para erradicar la corrupción en el Órgano Judicial, es que el 1 de julio del 2012 comenzaron a funcionar 21 jueces disciplinarios a nivel nacional, nueve están en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, y el resto en los demás departamentos.

La consejera Wilma Mamani informó que recibieron 2.000 denuncias pero sólo 350 casos se encuentran en la sala de disciplinaria y 100 tienen sentencia.

lunes, 29 de julio de 2013

Juicio del caso terrorismo es postergado hasta el 1 de agosto



La ausencia de la juez técnico, Elena Gemio, por motivos de salud, obligó al Tribunal Primero de Sentencia de La Paz a suspender la audiencia de juicio oral del caso de presunto terrorismo, hasta el próximo jueves 1 de agosto en horas de la tarde, se informó.

El presidente de esta instancia judicial, Sixto Fernández, afirmó que la ausencia de la jueza impide proseguir el juicio donde se debía continuar con la etapa testifical de los acusados de conformar, presuntamente, el grupo separatista de Eduardo Rozsa.

"No estando presente la misma (jueza técnica) es imposible proseguir con el presente desarrollo del presente proceso, se suspende la audiencia para el día primero de agosto a horas 15:30", sostuvo Fernández.

Pese a los argumentos de la defensa de los acusados y contar con el quórum reglamentario, el presidente del Tribunal Primero de Sentencia de La Paz suspendió el acto, originando la molestia de los acusados, ya que esta decisión habría sido tomada sin la presentación de un certificado médico que avale la enfermedad de la juez técnico.

La abogada de Juan Kuldeka, Martha Requena, pidió al tribunal la continuidad del juicio y la excusión de la jueza Gemio en el proceso.

Proponen tres mecanismos para acabar con la corrupción en la Fiscalía

El expresidente de la Asociación de Fiscales de Bolivia y actual magistrado suplente del Tribunal Constitucional, Milton Mendoza, propuso tres mecanismos para acabar con la corrupción en el Ministerio Público de Bolivia.

Mencionó que primero se deben solucionar todas las denuncias que existen contra los fiscales dando cumplimiento al régimen disciplinario de la institución, sancionando las faltas que han sido denunciadas y confirmadas, pero también liberando los casos que muchas veces sólo son iniciados por calumnias a los fiscales.

“Eso depende de la Fiscalía General, organizarse, dar prioridad y dar resultados que son de castigo o liberando porque muchas son calumniosas”, indicó.

Como un segundo mecanismo, propuso hacer controles de calidad de los procesos que llevan adelante los fiscales.

Aseguró que es necesario saber el “por qué un proceso dura tanto, por qué en un proceso hay quejas, porque sencillamente el fiscal está librado a su suerte y a su libre entender y con la liberalidad que tiene comete hechos irregulares”.

Como un tercer trabajo propuso que la Fiscalía concrete convenios estratégicos con diferentes instancias de la sociedad civil que de alguna forma le interesa ser parte de la solución o prevención de algunos fenómenos criminales y de esta forma programar ciertas tareas específicas.

Mencionó que, por ejemplo, a los banqueros quienes estarían interesados en participar en temas como la falsificación o clonación de tarjetas.

Mendoza que hizo un estudio de la situación de corrupción en el Ministerio Público aseguró que con la aplicación de estos mecanismos habría una notable disminución de los actos de corrupción entre los fiscales.

Incautan siete predios más de Ostreicher

Una jueza resolvió la incautación de siete predios más al empresario estadounidense Jacob Ostreicher, quien es investigado por supuesto lavado de dinero desde hace más de dos años.

"Al señor Ostreicher no se le comunicó las incautaciones de más predios... el señor Ostreicher continúa con detención domiciliaria y sin la acusación formal", dijo el abogado defensor del estadounidense, Yimy Montaño, a The Associated Press por teléfono.

La jueza Eneas Gentile, encargada del caso, ordenó la incautación de los siete predios a requerimiento de la Fiscalía.

"No tenemos garantías con este proceso, hasta ahora no hay una investigación seria que acuse a Ostreicher pero sí se sigue perjudicándolo ahora con la incautación de estos siete predios", agregó Montaño.

Ostrecicher pasó detenido preventivamente casi un año y tras una denuncia de extorsión de asesores del Ministerio de Gobierno salió con medidas cautelares.

La jueza que atiende el caso dejó libre al brasileño Ozzie Dorado, quien está imputado por organización criminal y legitimación de ganancias ilícitas y es hermano del narco Maximiliano Dorado, quien está encarcelado en Brasil.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Maximiliano Dorado estaba escondido en Santa Cruz y él y su hermano vendieron tres haciendas a Ostreicher y a un socio mediante una ciudadana colombiana que también está siendo investigada por el caso.

Ostreicher y su socio invirtieron más de 30 millones de dólares en su sociedad y dentro de esa inversión se encuentran los siete nuevos predios que incautó la justicia boliviana.

domingo, 28 de julio de 2013

El Fiscal General admite debilidad ante corruptos

El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, reconoció que acabar con la corrupción en el Ministerio Público “es complejo” y que en los nueve meses que lleva en el cargo hizo “ajustes” en la institución, pero que no fueron suficientes para dar fin con la “mala imagen” de la Fiscalía.

La autoridad anunció rotaciones de funcionarios, cambios de fiscales que se creen “intocables” y “dueños de algunos casos” y otros mecanismos que serán implementados en las próximas semanas.

En una entrevista con Los Tiempos, Guerrero dijo que la tarea de acabar con la corrupción y “limpiar la imagen” del Ministerio Público significa “desmontar” toda una infraestructura que se formó durante varios años y al mismo tiempo afectar intereses de varias personas.

“Vamos a hacer cambios importantes, en todo el país estamos cambiando, estamos ajustando, hay algunos fiscales intocables, hay algunos fiscales -no estoy hablando solo de Cochabamba sino de todo el país- hay algunos fiscales que han estado 10 o 15 años en sus unidades, nunca han sido cambiados, entonces estamos rotando, esta tarea es nacional si hay fiscales que tienen que ir de Pando a Tarija, pues tendrán que rotar, si hay fiscales que tienen que ir de Beni a Potosí lo harán”, indicó.

Para Guerrero el cambiar la imagen del Ministerio Público significa afectar intereses de varias personas, por lo mismo a la fecha ha sido denunciado por los mismos fiscales presentando recursos jerárquicos, amparos en los tribunales de garantías para evitar los cambios.

“Tenemos todavía resabios de un anterior sistema inquisitivo donde el fiscal se cree dueño de los casos, por ejemplo, tenemos todavía resabios de un sistema anterior donde un fiscal se cree dueño de la verdad que puede imputar sobreseer o acusar sólo por el hecho de ser fiscal”, advirtió.

Más ajustes

Guerrero aseguró que en los primeros meses de este año se logró aprobar más de 70 reglamentos internos que regirán el trabajo de la “nueva” Fiscalía en Bolivia, entre ellos mencionó que existe un documento que permite la creación de una Secretaría de Análisis Fiscal que formará parte del equipo de la Fiscalía General que tendrá presencia en los nueve departamentos.

“Desde agosto va a entrar en vigencia, es la Secretaría de Análisis Fiscal es un equipo de seis a ocho fiscales que van a trabajar en todo el país revisando casos de connotación, casos de relevancia, haciendo evaluaciones, auditorías jurídicas. Yo quiero decir que esos fiscales van a ser parte del equipo del Fiscal General y van a ver y revisar estos casos”, agregó.

La apertura de cuentas de forma obligatoria a todos los funcionarios será otra medida que se implementará en por lo menos tres meses a nivel nacional. “He sido claro en el encuentro de fiscales, mis cuentas bancarias he puesto a disposición porque trabajamos con honestidad y trasparencia. No sólo fiscales sino todos los servidores” de la fiscalía.

Dijo que después de hacer un diagnóstico del Ministerio Público se conocen las debilidades pero también las fortalezas que tiene la institución. Con los resultados de la evaluación realizada hace algunas semanas se realizan los cambios en la Fiscalía. En el ámbito de capacitación de nuestos fiscales, hemos hecho un diagnóstico interno y visto nuestras debilidades, nos hemos visto internamente, por qué no avanzamos, por qué hay tanta carga procesal, por qué no asisten a las audiencias.

“En base a esas debilidades y a nuestras fortalezas con los recursos limitados que tenemos estamos plantando salidas y alternativas”, dijo.

Fiscales liquidadores resolverán causas pendientes

El fiscal General, Ramiro Guerrero, informó que tiene previsto como meta llegar a diciembre de esta gestión con el descongestionamiento de por lo menos un 60 o 70 por ciento de las causas pendientes que existen en todo el país, con el nombramiento de fiscales liquidadores que tendrán sólo la función de resolver esos casos.

Aseguró que la mayoría de las causas pendientes están en el eje central del país, Cochabamba, La Paz y Santa Cruz. Para hacer efectivo este trabajo mencionó que es necesario implementar en las próximas semanas el inventario nacional de causas con el fin de conocer a ciencia cierta el número de casos acumulados existentes en el país y a partir de ese resultado tomar las decisiones que sean necesarias.

“Estamos trabajando en eso, hay el compromiso de cambiar el Ministerio Público, de hacer un trabajo de depuración interna pero también nos hemos encontrado con resistencia y con gente que no quiere los cambios”, dijo Guerrero.

sábado, 27 de julio de 2013

Arruda confirma haber entregado sobre a Soza

Ana Claudia Arruda Flores declaró ante el fiscal anticorrupción Gomer Padilla haber entregado un sobre al exfiscal del caso Rózsa, Marcelo Soza, en el que supo después que había 50 mil dólares que el empresario Zvonko Matkovic dejó a un emisario para que liberen a su hijo ahora detenido en el penal de San Pedro. La mujer declaró por espacio de cuatro horas en el marco de las investigaciones promovidas por la senadora opositora Carmen Eva Gonzales contra la exautoridad, por los delitos de extorsión y beneficios en razón del cargo. Este fue parte del interrogatorio que se conoció.

Lo que dijo de Soza. Arruda indicó que conoció al exfiscal en la plaza Murillo en La Paz. "Me lo presentó un edecán del presidente a mí y Jessica Jordan, con quien me había venido de Beni para que la ayude a trabajar en su campaña (a la Gobernación) entonces me pidió sugerencia sobre en qué hotel hospedarse y le recomendé el Jacarandá", indicó. Agregó que le pidió su teléfono y la llamó pasadas las elecciones del 2009.

Contó también que en una tercera oportunidad lo vio por televisión cuando llegó a Santa Cruz y lo llamó para saludarlo. "Fue entonces que me dijo si podía hospedarlo y yo le ofrecí mi casa en el barrio Cordecruz. Fue así que llegó con su edecán y le di la habitación de mi hijo. Él pasó dos noches y un día en mi casa. El último día lo visitó el Sr. Zvonko (Matkovic) acompañado de otro hombre pero él entró solo a hablar con Soza. Me quedé sorprendida porque Soza me dijo que me iban a traer unos sobres el Sr. Zvonko y como qué, vino su amigo y dejó un sobre algo bultoso para el Sr. Soza", contó en su declaración.

Finalmente, contó que un mes después la llamó Soza a La Paz donde le recomendó que cambiara de abogado. Después de otro mes dijo que vino un sobrino de ella "y me dijo que Soza no cumplió con el trato y que el sobre que le dimos era plata y que estaba pidiendo otros 50 mil dólares. Entonces yo lo llamé para contarle eso y él me cortó la llamada".

Piden que se lo procese. La senadora opositora Carmen Eva Gonzales informó que pidió a la Fiscalía de La Paz la imputación formal y detención preventiva del exfiscal Soza porque existe riesgo de fuga por las investigaciones que se le siguen por presunta manipulación del caso Rózsa.

viernes, 26 de julio de 2013

Una testigo confirma versión de empresario Arruda: 'Matkovic estuvo con Soza en mi domicilio'

Ana Claudia Arruda confirmó ayer que en su casa ubicada en el barrio San Francisco se reunió el empresario Zvonko Matkovic con el entonces fiscal del caso Rózsa, Marcelo Soza, supuestamente para negociar la liberación del hijo de éste a cambio de una supuesta suma de dinero, trascendió anoche de fuentes confiables.

La mujer, que guarda detención en la cárcel de Palmasola acusada de estafa en otro caso, recibió al fiscal anticorrupción, Gómer Padilla, ayer en la tarde en el marco de las investigaciones que realiza el Ministerio Público contra el exfiscal Marcelo
Soza a instancias de las denuncias formuladas por la senadora opositora Carmen Eva Gonzales.

Arruda es la segunda testigo que ofreció Carmen Eva Gonzales, de una lista de 25.

El primero fue Matkovic, quien dijo que hasta la casa de Arruda, en el barrio San Francisco, fue llevado para encontrarse con Soza, pero al momento de fijar un monto, el exfiscal les dijo que la suma se la daría a Arruda y un intermediario Leonardo Pereira Menacho.

Sobre ese punto Arruda dijo ayer que ella no intervino y que observó que Matkovic conversó directamente con Soza, para dejar libre a Matkovic Rivera, su hijo, uno de los 38 imputados en el caso terrorismo.

Libertad. Mientras tanto en La Paz el abogado Álvaro Melgarejo dijo haber planteado la cesación de la detención de Matkovic
Rivera, sin embargo el tribunal que conocería la causa se excusó en una presunta maniobra.

Sin embargo, continuarán insistiendo porque consideran que hay gente inocente detenida porque no pudo pagar soborno.

"Este hombre no tiene tranquilidad aquí ni va a tener en el infierno. Usó la investigación del caso terrorismo para su beneficio".(grabación)

Claudia Arruda
Testigo Central

"El Dr. Marcelo Soza se ha de someter a cualquier investigación. Él está dispuesto a comparecer donde lo llamen".

Moisés Ponce
Abogado de Soza

La Paz
El exfiscal reaparece a mirar el cuadernillo de investigaciones

Asumirá su defensa. Eso dijo en La Paz el exfiscal Marcelo Soza, quien acompañado de su abogado, Moisés Ponce, observaron el cuadernillo de investigaciones de otro caso instaurado por la senadora Gonzales que se estaba investigando inicialmente.

Tanto Ponce como Soza aseguraron que están dispuestos a presentarse ante cualquier llamado que le hagan en la investigación.

Contrajuicio. En junio, el fiscal Soza inició un proceso contra la senadora Carmen Eva Gonzales, supuestamente por las denuncias falsas en su contra.

Esperan informe del caso Terrorismo II



Hasta hoy, el investigador del caso Terrorismo II (referido a los financiadores del grupo separatista desarticulado en 2009 en Santa Cruz) deberá entregar un informe a la comisión de fiscales sobre el estado actual de las investigaciones y los actuados que todavía se deben realizar.

El fiscal que integra esa comisión, Marco Antonio Rodríguez, explicó que ese reporte debe contener datos sobre las declaraciones que fueron recibidas, las investigaciones que se realizaron y la prueba documental o testifical recolectada, entre otros.

A partir de esa información, precisó, se procederá a tomar las declaraciones a las personas que están en calidad de acusadas, a las que todavía no se las convocó.

De la revisión inicial de los expedientes, sostuvo, aproximadamente 66 personas fueron sindicadas de haber coadyuvado con el grupo Terrorista, liderado por Eduardo Rózsa, pero además hay 14 imputados, quienes en su momento fueron sometidos a medidas cautelares y varios de ellos remitidos a la cárcel. Sin embargo, reconoció Rodríguez, a la fecha no existe ninguna persona detenida.

“Vamos a revisar cuáles fueron los motivos que fundaron las medidas sustitutivas a la detención preventiva de estas personas”, explicó la autoridad.

jueves, 25 de julio de 2013

Vecinos dicen haber visto a Soza en casa de Arruda

En el barrio San Francisco, 5to anillo y avenida Alemania, la presencia del entonces fiscal del caso Rózsa, Marcelo Soza, no pasó desapercibida, pues vecinos recuerdan haberlo visto ingresar varias veces a una casa de dos plantas ubicada en la calle Luisa Wichtendall, Nro. 4470. Esa situación fue recordada ayer luego de que el fiscal anticorrupción Gomer Padilla confirmara que realizará una inspección a propósito de la declaración del empresario Zvonko Matkovic, en el sentido de que hasta allá lo llevaron para pedirle la suma de 50 mil dólares a cambio de la liberación de su hijo, uno de los 38 imputados en este caso.

Conocida en el barrio. Asimismo, los vecinos recordaron que Claudia Arruda, la mujer que hospedó supuestamente al fiscal Marcelo Soza, era conocida en la zona por las múltiples denuncias por estafa que tenía. Los vecinos recuerdan que la mujer conversaba muy poco y que inclusive sus víctimas llegaron con carteles hasta la casa para reclamarle por el pago de su dinero

Ex fiscal Soza dispuesto a someterse a investigación en Santa Cruz

El ex fiscal Marcelo Soza, que investigó el caso Rózsa, reapareció el jueves en la Fiscalía Departamental de La Paz, para hacer seguimiento al proceso que presentó la senadora Carmen Eva Gonzales en su contra, según informó su abogado Moisés Ponce.

'Lo único que puedo manifestar es que el día de hoy (jueves) nos hemos apersonado para revisar el cuaderno de investigación haciendo uso del ejercicio que nos corresponde, de la defensa técnica y material de mi defendido', declaró el jurista.

Sobre el empresario Zvonko Matkovic, que acusó a Soza de pagar la extorsión de 50.000 dólares mediante un intermediario, Ponce aseveró que su cliente se someterá a toda investigación que se inicie.

'El está dispuesto a comparecer en La Paz o Santa Cruz y en mi caso como defensa y en el caso de Soza como investigado acudirá a cualquier llamado de la autoridad competente, sea la autoridad jurisdiccional o del Ministerio Público', apuntó.

Agregó que para no contaminar la investigación, el ex Fiscal de Materia 'no conversará con los medios de comunicación'.

Dejó establecido que todas las acusaciones que pesan contra su cliente, tienen el objetivo de perjudicarlo profesionalmente y tratar de destruir el caso que estaba investigando.

El 15 de marzo la senadora opositora presentó un audio en el que supuestamente se escucha la voz de Sosa y se lo vincula con los detenidos en el penal de Palmasola por el caso 'extorsión'.

Sosa se alejó de la investigación del caso terrorismo el 19 de marzo.

Viaje de Soza coincide con versión de Zvonko

Marcelo Soza, el exinvestigador del caso terrorismo I, estuvo en Santa Cruz entre los días 17 y 21 de mayo de 2010. La fecha coincide con la mencionada por el ex prefecto cruceño Zvonko Matkovic Fleig, como el día que se reunió en Santa Cruz con el ahora exfiscal para acordar las condiciones que permitieran la liberación de su hijo, Zvonko Matkovic Ribera, detenido en la cárcel de San Pedro acusado de formar parte de la supuesta célula terrorista liderada por Eduardo Rózsa.

Las fechas fueron mencionadas por el fiscal asignado al caso de los audios, Fernando Villarroel, sobre los viajes que hizo Soza a la capital cruceña durante la investigación por el caso terrorismo I.

En su declaración en la Fiscalía, Zvonko mencionó el 21 de mayo de 2010 como el día en que se celebró la reunión con el exinvestigador en la casa de Ana Claudia Arrudas, en la que se acordó el pago de $us 50.000 para la liberación de Matkovic Ribera, que se incumplió.

El reporte de viajes anexado al cuadernillo de investigaciones de Villarroel sobre el caso de los audios contra Soza fue remitido al fiscal de la Unidad Anticorrupción de Santa Cruz, Gómer Padilla, que investiga la denuncia por extorsión que sentó la senadora Carmen Eva Gonzales contra el exfiscal del caso terrorismo I, pero sin que eso signifique la unificación de ambas investigaciones.

Frente a esos hechos, Gonzales adelantó la presentación de un nuevo memorial ante el Ministerio Público para que investigue el patrimonio de Soza y de su entorno familiar.

Declaración

Ana Claudia Arrudas acudirá hoy, a las 10:00, a la Fiscalía en calidad de testigo en la denuncia por extorsión contra Soza. La declaración se dará una semana después de la prestada por Matkovic Fleig

El caso

La denuncia
Zvonko Matkovic Fleig afirmó que pagó $us 90.000 a los emisarios de Soza a cambio de la libertad de su hijo, Zvonko Matkovic Ribera.

Más citaciones
El empresario agroindustrial Cristóbal Roda comparecerá ante el fiscal el 1 de agosto y el siguiente día será el turno de Zvonko hijo. Está pendiente la inspección ocular en el inmueble que cita Matkovic Fleig.

Viaje de Soza coincide con versión de Zvonko

Marcelo Soza, el exinvestigador del caso terrorismo I, estuvo en Santa Cruz entre los días 17 y 21 de mayo de 2010. La fecha coincide con la mencionada por el ex prefecto cruceño Zvonko Matkovic Fleig, como el día que se reunió en Santa Cruz con el ahora exfiscal para acordar las condiciones que permitieran la liberación de su hijo, Zvonko Matkovic Ribera, detenido en la cárcel de San Pedro acusado de formar parte de la supuesta célula terrorista liderada por Eduardo Rózsa.

Las fechas fueron mencionadas por el fiscal asignado al caso de los audios, Fernando Villarroel, sobre los viajes que hizo Soza a la capital cruceña durante la investigación por el caso terrorismo I.

En su declaración en la Fiscalía, Zvonko mencionó el 21 de mayo de 2010 como el día en que se celebró la reunión con el exinvestigador en la casa de Ana Claudia Arrudas, en la que se acordó el pago de $us 50.000 para la liberación de Matkovic Ribera, que se incumplió.

El reporte de viajes anexado al cuadernillo de investigaciones de Villarroel sobre el caso de los audios contra Soza fue remitido al fiscal de la Unidad Anticorrupción de Santa Cruz, Gómer Padilla, que investiga la denuncia por extorsión que sentó la senadora Carmen Eva Gonzales contra el exfiscal del caso terrorismo I, pero sin que eso signifique la unificación de ambas investigaciones.

Frente a esos hechos, Gonzales adelantó la presentación de un nuevo memorial ante el Ministerio Público para que investigue el patrimonio de Soza y de su entorno familiar.

Declaración

Ana Claudia Arrudas acudirá hoy, a las 10:00, a la Fiscalía en calidad de testigo en la denuncia por extorsión contra Soza. La declaración se dará una semana después de la prestada por Matkovic Fleig

El caso

La denuncia
Zvonko Matkovic Fleig afirmó que pagó $us 90.000 a los emisarios de Soza a cambio de la libertad de su hijo, Zvonko Matkovic Ribera.

Más citaciones
El empresario agroindustrial Cristóbal Roda comparecerá ante el fiscal el 1 de agosto y el siguiente día será el turno de Zvonko hijo. Está pendiente la inspección ocular en el inmueble que cita Matkovic Fleig.

El lunes declarará el húngaro Elöd Tóásó por caso Terrorismo

Este lunes 29 de julio se reiniciará el juicio oral por el caso Terrorismo con la declaración del ciudadano Húngaro Elöd Tóásó en la ciudad de Santa Cruz a las tres y media de la tarde.

La información fue confirmada por el fiscal Marco Rodríguez, miembro de la comisión que investiga el caso.

El húngaro, sobreviviente de la intervención al hotel Las Américas donde murió Eduardo Rózsa Flores, debía declarar en los primeros días de junio, sin embargo el acto se pospuso hasta el 29 de julio.

El fiscal Rodríguez informó que la comisión de la que forma parte espera el informe de los anteriores investigadores del caso para iniciar pesquisas propias que determinen la verdad de los hechos.

Estos extranjeros, Tóásó y el boliviano-croata Mario Tadic, que también sobrevivió al operativo, fueron acusados por el Gobierno de ser parte de una supuesta trama para asesinar a Morales y conformar además una célula terrorista para apoyar la secesión territorial del rico departamento de Santa Cruz.

Los acusados han rechazado las denuncias con el argumento de que todo fue un montaje del gobierno de Morales para perseguir a los dirigentes políticos autonomistas de Santa Cruz.

Los abogados de Tóasó han afirmado varias veces que su testimonio será revelador y lleno de sorpresas, pero no ha podido concretarse desde principios de este mes debido a las suspensiones consecutivas.

El caso de Tóásó ha suscitado la preocupación del Gobierno húngaro porque la legislación boliviana establece un plazo máximo de tres años para que una persona sea sentenciada, pero este caso se han cumplido ya cuatro años sin sentencia.

miércoles, 24 de julio de 2013

Bolivia rastrea $us 100 millones de la corrupción



El Gobierno de Bolivia pretende recuperar unos 100 millones de dólares del patrimonio del Estado sacados fuera del país por funcionarios corruptos de gobiernos anteriores. Ese dinero está en, al menos, seis países.

La ministra de Lucha Anticorrupción y Transparencia, Nardi Suxo, indicó que ése es el cálculo que hizo su despacho respecto al patrimonio del Estado que fue llevado a otras naciones para ser depositado en cuentas bancarias de terceras personas o para ser invertido en bienes, también a nombre de testaferros.

“Tenemos un estimado, sin haber hecho un relevamiento a detalle porque es imposible, porque muchos bienes están a nombre de terceros, de más o menos 100 millones de dólares”, señaló la ministra en la inauguración del tercer encuentro del Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción. Esta entidad está integrada por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), el Ministerio Público, el Ministerio de Transparencia, y por otras que tienen que ver con la recuperación de bienes y activos del Estado.

El seminario tiene el objetivo de afinar los mecanismos y la coordinación para recuperar el dinero y los bienes públicos que hubieran sido obtenidos de manera ilegal y que hubiesen sido sacados al extranjero.

“Se han llevado dinero que han depositado en cuentas bancarias, incluso en Panamá, otras en Portugal, también en España. Son montos con los cuales se ha comprado bienes fuera del país a nombre de terceros”, explicó.

“Tenemos algunos problemas —añadió— en España y gente que se ha llevado bienes a Estados Unidos, Perú, Paraguay. Todos esos bienes tienen que ser recuperados para el Estado nacional”.

De acuerdo con la ministra, esa cartera de Estado logró recuperar hasta el momento, en siete años de gestión, 120 millones de dólares, a través de los procesos penales que lleva adelante en contra de actuales funcionarios y de anteriores gestiones.

Suxo explicó que para hacer lo propio fuera del país se requerirá contar con el apoyo de las naciones donde se encuentra, de manera ilegal, el patrimonio del Estado.

“Si realmente tenemos la cooperación internacional, si logramos que los países donde se han hecho estos depósitos puedan cooperarnos y colaborarnos, como manda la Convención de las Naciones Unidas, por supuesto que los vamos a recuperar”, aseguró la encargada de luchar contra ese flagelo de la administración pública. Ella enfatizó que la recuperación de bienes públicos es uno de los fundamentos de las convenciones internacionales.

Policía no admitirá casos de corrupción en la ANAPOL

El comandante general de la Policía, Alberto Aracena, advirtió que en esa institución no permitirán hechos de corrupción ni mucho menos tráfico de influencias como se detecto en la Academia Nacional de Policías (ANAPOL) en la alteración de calificaciones de cadetes.
“Por la imagen de la institución y la Academia no toleraremos hechos de corrupción y tráfico de influencias” dijo la autoridad en relación a la extorsión que se detectó en la ANAPOL y en el que están implicados una abogada y un funcionario policial.
En el caso de la abogada Lizet G.M., que fue hallada 2en flagrancia", Aracena dijo que por disposición judicial fue recluida en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes (COF).
En el caso del funcionario policial, de quien mantuvo en reserva su identidad, precisó que la Policía puso al efectivo a disposición del Ministerio Público.
El funcionario estaba a cargo de la base de datos e informática de la ANAPOL y manipuló las calificaciones de cadetes de ese instituto policial.

Solo un juez fue despedido de 2 mil denunciados

De dos mil denuncias presentadas contra malos funcionarios en la administración de justicia, solo una logró sentencia, 10 se encuentran siendo revisados y un 20 por ciento fueron resueltas por la vía administrativa, según información proporcionada por la presidente del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani.

La única sanción drástica que se contabiliza hasta la fecha involucra al juez Quinto de Instrucción en lo Penal de La Paz, Ricardo Maldonado, procesado por faltas disciplinarias graves y gravísimas al asumir acciones que no le competían dentro del proceso penal en el caso de la Universidad Policial (UNIPOL).

Mamani dijo que no hay un cambio total y a profundidad de la justicia, y advirtió que con la elección directa de autoridades en este Órgano se dio un paso importante, pero falta cambiar otras piezas./Erbol.

martes, 23 de julio de 2013

Soza interpone recurso y frena el caso Rózsa

La defensa del exfiscal Marcelo Soza presentó ayer un incidente de actividad procesal “defectuosa” por supuesta vulneración de sus derechos y garantías, con el que una vez más quedó paralizada la investigación que se le sigue por presunta extorsión y manipulación del caso Rózsa, en base a los audios entregados por la senadora Carmen Gonzales.

El fiscal de Distrito de La Paz, José Ponce, informó que mientras el juez cautelar no resuelva el incidente, no pueden seguir con las pericias.

Dijo que están a la espera de que el juez fije audiencia para tratar y resolver, si procede o no, el incidente presentado por Soza.

Al margen de esta acción, en el marco de las investigaciones, señaló que en coordinación con la Fiscalía General del Estado se está revisando con qué países existen convenios de cooperación para la realización del análisis pericial de los audios presentados por la senadora.

Gonzales presentó dos grabaciones en las que escucharía una conversación del exfiscal Soza con otra persona, en las que el exdirector de las investigaciones del caso Rózsa devela cómo se manipuló esa investigación y orientó hacia algunos líderes políticos y empresariales de Santa Cruz. Además da detalles sobre la actuación de la presunta red de extorsión formada por exasesores jurídicos del Ministerio de Gobierno.

La semana anterior, en el marco de esas investigaciones, el empresario y exprefecto de Santa Cruz Zvonko Matkovic se presentó a declarar en la Fiscalía de Santa Cruz y confesó haber entregado a un emisario del entonces fiscal Soza 90 mil dólares para que su hijo sea excluido del caso Rózsa y no sea enviado a la cárcel de San Pedro de La Paz.

“Manchar su nombre”

Soza rechazó ayer esas denuncias y conminó al empresario cruceño a demostrar que fue extorsionado.

“Tendrá que demostrar (Matkovic) que me dio dinero, lo que quieren con esto es manchar mi nombre”, dijo Soza a radio Fides.

“Obvio que es falso, él (Matkovic) puede decir mil cosas, su hijo está involucrado en el hecho terrorismo, sin embargo lo entiendo como padre, pero en su declaración puede decir cualquier cosa en su desesperación, creo que está tomando una vía equivocada el señor Matkovic”, lamentó Soza.

“Totalmente falso, hay gente que quiere acabar con el caso (Rózsa), esta gente lo que quiere es hacer creer que no hubo nada y que todos son unos angelitos, (Zvonko Matkovic) tendrá que demostrar que me dio dinero, lo que quieren con esto es manchar mi nombre”, afirmó.

El viernes pasado, Álvaro Melgarejo, abogado de Matkovic, ratificó las declaraciones del empresario y el pago de 90 mil dólares a intermediarios del fiscal Soza.

Al menos 25 personas deben declarar en caso Soza

Dentro de las investigaciones iniciadas contra el exfiscal Marcelo Soza, por presunta extorsión, la Fiscalía de Santa Cruz tiene un listado de al menos 25 personas para que se presenten a declarar como testigos. Además de Zvonko Matkovic, la semana pasada estaba programada la declaración del agroindustrial Cristóbal Roda, pero ésta fue reprogramada a petición de la defensa porque se encuentra fuera del país.

También se citó a Zvonko Matkovic Ribera (hijo del empresario cruceño) para que emita su declaración en calidad de testigo por la denuncia que presentó la senadora Carmen Eva Gonzales, pero tampoco se produjo porque está recluido en La Paz y se esperará hasta el 29 de julio, cuando sea trasladado a Santa Cruz para que asista al juicio por el caso Rózsa.

Entre otras autoridades y dirigentes cruceños que serán citados están el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas; el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera.

La senadora Gonzales propuso una lista de 25 personas para que declaren en calidad de testigos como víctimas de Soza.

Rocha se declara inocente en caso red de extorsión

Mario Ariel Rocha recorre Cali a diario con una carpeta de documentos tan pesada como un saco de boxeo. Para llevar esos papeles aquí y allá se requiere apoyarlos sobre el revés de los dos brazos, asegurarlos contra el pecho, caminar lentamente. Son tantos que en el asiento trasero de un carro se desparraman sin que nadie más se pueda sentar. - Es mi defensa - , explica.

El hombre, acusado en Bolivia, su país, de pertenecer a una red de funcionarios de la justicia y del gobierno que se dedica a extorsionar presos a cambio de otorgarles la libertad o ciertos beneficios, asiste a terapias con un psiquiatra. No es que esté loco, aclara, las terapias son para aprender a controlar la rabia. Mario Ariel Rocha es un tipo molesto con la justicia boliviana.

- Lo que han hecho conmigo es una infamia. Han allanado mi casa, han allanado mi oficina, violando mil normas. No hay precedentes jurídicos. En Bolivia somos 600 los exiliados. De los 600, solo uno ha salido a la palestra: yo. Porque yo tengo la verdad. Yo le quiero demostrar al presidente Evo Morales que mi caso es una total injusticia. Soy inocente.

Desde que lo acusaron de pertenecer a la red de extorsionadores, no solo perdió su trabajo como presidente del Tribunal Departamental de Santa Cruz de la Sierra – ha sido el presidente más joven en la historia del Tribunal, tiene 39 años - no solo dejó su ciudad, la familia, proyectos políticos, sino que se interrumpió lo que ha venido buscando con insistencia junto con su esposa, Vanessa Bertón: un bebé.

Rocha llega a El País con su carpeta, recién afeitado y vestido de traje negro y camisa de rayas rojas. Sobre su cuello cuelgan lo que de lejos parecen ser dos rosarios. Quizá los tenga como amuleto de protección. Rocha es católico. Rocha está seguro de que en Bolivia, lo quieren matar. (Extracto)

Abogados piden que víctimas de extorsión presenten denuncias contra exfiscal Soza


El abogado cruceño Gary Prado Arauz, hijo de Gary Prado Salmón.

Los abogados defensores de los implicados en el caso de supuesto terrorismo exhortaron ayer a que las víctimas del caso red de extorsión se presenten a denunciar al exfiscal Marcelo Soza, para acumular más testimonios y pruebas que presionen hacia la detención de este representante del Ministerio Público.

Álvaro Melgarejo, abogado de Zvonko Matkovic, recordó que con el caso de extorsión, el Ministerio de Gobierno, en representación del Estado, se atribuyó como víctima y demandó, además de 16 personas, a sus exasesores jurídicos, Fernando Rivera, Boris Villegas, Denis Rodas hasta llevarlos a la cárcel de Palmasola en calidad de detenidos preventivos.

Matkovic padre dijo haber pagado 90 mil dólares en dos pagos de 50 y 40 mil a unos emisarios del exfiscal, para que su hijo sea sacado de la lista de acusados del caso terrorismo, operado supuestamente por la célula separatista encabezado por el húngaro Eduardo Rózsa Flores.

En tanto, Gary Prado Arauz, abogado e hijo de Gary Prado, procesado por el caso terrorismo, solicitó a través de los medios de comunicación que las víctimas de la red de extorsión declaren sin esperar la convocatoria del Ministerio Público para aportar más pruebas y que la versión tenga credibilidad, dado que “en Santa Cruz todo el mundo sabe que la red de extorsión funcionaba”.

Sostuvo que a consecuencia de este hecho, más de 39 familias fueron “perseguidas de una manera ilegal y abusiva por el Gobierno, acusadas de delitos que no han sido cometidos”, y la declaración sobre extorsión podría dilucidar la verdad en el caso de supuesto terrorismo, y el porqué hubo extorsión.

En su descargo, el exfiscal Soza dijo: “(Marinkovic) tendrá que demostrar que me dio dinero, lo que quieren con esto es manchar mi nombre”.

Otorgan 24 horas para apelar la decisión Niegan libertad a la exalcaldesa Gaby Candia

Después de dos horas y media de audiencia, la jueza quinto de Sentencia en lo Penal determinó anoche negar el pedido de libertad solicitada por la exalcaldesa Gaby Candia, quien ya tiene una sentencia ejecutoriada por malversación y uso indebido de influencias.

En la lectura que hizo la jueza Lucía Fuente Nina, en presencia de familiares de Candia y los abogados defensores Franklin Amaru y Reynado Alzabe, dijo: “La suscrita jueza quinto de Sentencia en lo Penal, de conformidad al artículo 125 de la Constitución Política del Estado y al artículo 53 del Código de Procedimiento Penal, deniega la siguiente tutela de la presente acción de libertad interpuesta por Gaby Esperanza Candia de Mercado, en contra de los vocales componentes de la sala plena del Tribunal de Justicia de La Paz que han sido accionares en este caso”.

Precisó que si las partes desean solicitar acciones o enmiendas, la pueden realizar dentro de 24 horas desde la notificación de la negación. Luego de tres años de juicio, desde 2001, en 2004 la Corte de Justicia de La Paz determinó ocho años de prisión para Candia. Sin embargo, las sentencias no fueron cumplidas, pues la defensa de Candia argumentó intereses políticos del entonces alcalde Juan Del Granado. El daño económico es de 1.642.000 dólares causado por la expropiación ilegal del cerro Santa Bárbara, en octubre de 1997.

lunes, 22 de julio de 2013

Soza niega extorsión y dice que Matkovic “tendra que demostrar” que le dio dinero

El ex fiscal Marcelo Soza respondió este lunes a las denuncias realizadas la semana pasada por Zvonko Matkovic que reveló que pagó 50 mil dólares para conseguir la libertad de su hijo. Soza negó este hecho y conminó al empresario a demostrar que fue extorsionado.

“Tendrá que demostrar (Matkovic) que me dio dinero, lo que quieren con esto es manchar mi nombre”, dijo Soza, según señala el portal de radio Fides.

Según Soza las declaraciones del empresario fueron realizadas por “desesperación” ante la imposibilidad de ver a su hijo en libertad “creo que está tomando una vía equivocada el señor Matcovic”, agregó el ex fiscal.

Marcelo Soza es investigado por varios hechos de corrupción y renunció a continuar en el Ministerio Público tras revelarse audios en los que supuestamente se escucha su voz relatando como fue que se montó el caso Rózsa.

La senadora Carmen Eva Gonzales logró que un peritaje realizado en el Brasil confirme la veracidad de estos audios y existe un proceso instalado en La Paz que hasta el momento no ha dado ningún resultado.

El empresario Zvonko Matkovic reveló la anterior semana en su declaración ante el fiscal Gómer Padilla como fue extorsionado por emisarios enviados por el ex fiscal Marcelo Soza para lograr la liberación de su hijo detenido en la cárcel de San Pedro en La Paz, como uno de los 38 imputados en el juicio por el caso Rózsa.

El Ministerio Público investiga en Santa Cruz una querella por extorsión planteada por la senadora opositora Carmen Eva Gonzales, en contra del ex fiscal Marcelo Soza y esta semana otros testigos brindarán su declaración al respecto.

domingo, 21 de julio de 2013

Castedo lleva a la CIDH proceso por caso Rózsa

El abogado Herman Fries acaba de enviar por mensajería un abultado legajo de papeles médicos a Washington (EEUU) para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Se trata de una denuncia que tramita su cliente Ronald ‘Chichi’ Castedo en contra de la Justicia boliviana por la supuesta violación de su derecho a la salud y a la vida de parte de jueces y fiscales del caso Rósza.

“Presentamos la denuncia por vía digital, ahora enviamos informes forenses que demuestran que la justicia puso en peligro la vida de Castedo”, dijo Fries. El abogado tramita un proceso internacional.

Castedo, acusado del caso de terrorismo, presentó documentación que acredita su mal estado de salud y su impedimento de viajar; sin embargo, la justicia lo conminó varias veces a ir a
Tarija para las audiencias.

Sobre la denuncia de extorsión de Zvonko Matkovic en contra de Marcelo Soza, Fries dijo que ‘hordas’ de abogados y políticos “azules y verdes” trataron de extorsionar a su cliente. “Nos traían listas de nombres, unas 180 personas, todas personalidades cruceñas y nos hablaban a nombre del Gobierno”, relató

Piden detener a exfiscal Soza tras nuevas revelaciones de extorsión

Las senadoras Carmen Eva Gonzales y María Elba Pinkert exigieron ayer la detención inmediata del exfiscal del caso terrorismo, Marcelo Soza, luego de las revelaciones de Zvonko Matkovic y la aparición de nuevos denunciantes por supuestas acciones de extorsión. La oposición dice que hay todo un aparato de encubrimiento al Fiscal porque sabe que el caso terrorismo fue montado y no hay pruebas.

Gonzales manifestó que es lamentable que el Ministerio Público, teniendo una demanda concretada y testimonios fehacientes, no disponga la orden de detención del fiscal Soza que habría operado a través de terceras personas. La senadora sentó demanda ante la Fiscalía Anticorrupción de Santa Cruz y presentó como testigo de cargo a Zvonko, quien confirmó haber pagado para que Soza libere a su hijo Zvonko Matkovic Rivera del caso terrorismo.

Matkovic padre relató la semana pasada ante el fiscal Gomer Padilla, que el primer encuentro con Soza se produjo a las 07:00 del 21 de mayo de 2010 en la casa de Claudia Arrudas, mencionada por el mismo Soza en una grabación que sustenta la demanda de la senadora Gonzales. Arrudas es referida como la supuesta tía de Jessica Jordan y la reunión se habría producido en el inmueble ubicado en la calle Luis Wichtendal No. 4470, del barrio San Francisco, de la zona norte.

En una publicación del matutino El Deber, explicó que dio un primer pago de 50 mil dólares y luego 40.000 para que se libere al hijo en 30 días. Sin embargo esa promesa fue incumplida y otros enviados, abogados de apellido La Fuente y G. Gutiérrez se contactaron por separado para solicitarle 200 mil dólares adicionales y cuando dijo no tener esa cantidad de dinero ofreció su casa, algo que fue rechazado por los emisarios que exigían dinero en efectivo.

El exfiscal aludido negó haber extorsionado a la familia Matkovic porque él no decidía la libertad sino el juez y advirtió que las supuestas nuevas revelaciones intentan destruir el caso terrorismo que lo investigó durante casi tres años y hasta ahora ningún tribunal dictó sentencia contra los acusados.

Según española María Gavira: "Cuando nace la burocracia surge la corrupción

"Cuando nace la burocracia, nace la corrupción", es la aseveración que realizó la investigadora española María Concepción Gavira Márquez, después de cumplir con su conferencia magistral titulada "Una burocracia eficaz: La asignatura pendiente del antiguo y nuevo régimen en Oruro, estudio sobre la corrupción en los siglos XVIII– XIX", que se desarrolló en el auditorio "Josermo Murillo Vacareza" de la Carrera de Antropología, al concluir la semana laboral.

Según la investigadora, la corrupción es el abuso del poder que cede el Estado, para el servicio público, por el pensamiento que tiene el trabajador estatal para servirse de la labor que desempeña, olvidándose de ayudar a las personas en sus trámites o necesidades y piensa en su bien propio.

Según el estudio que realizó Gavira, cuando aparece la primera burocracia, surge el Estado moderno y aparece el primer acto de corrupción, "Por eso es un problema universal, porque donde hay Estado, hay burocracia y donde hay burocracia hay corrupción", remarcó.

La corrupción no es un mal que se genera solo en países subdesarrollados, explicó. Históricamente, en el occidente surge el Estado moderno en el siglo XVI y a partir de este hecho, nacen los problemas de corrupción.

María Gavira trabaja en la Universidad de Michoacán de San Nicolás Hidalgo de México, y llegó por primera vez a Oruro en 1995 cuando trabajó en los archivos, investigando, con el fin de hacer su tesis doctoral que estaba basada en la minería colonial de Oruro del siglo XVIII.

Para Gavira, la burocracia y la corrupción son problemas actuales, algo así como un cáncer social que no termina de solucionarse y que ataca a cualquier país y si bien la investigación que presentó en Oruro, no otorga una solución a estos males, los gobiernos deben trabajar, principalmente en la educación y la implementación de valores en las próximas generaciones.

"Creo que cuando se llega a un cargo político, administrativo, por mínimo que sea se recibe un sueldo, todo el mundo trabaja por un sueldo, esta burocracia siempre tuvo una paga, entonces tiene que ajustarse a vivir de eso, lo que ocurre es que no se atiene a vivir con el sueldo, y empieza a lucrarse con el dinero que es de la sociedad, entonces ahí empieza el problema", expresó la estudiosa.

Salud crea líneas gratuitas contra la corrupción

El jefe de la unidad de Transparencia del Ministerio de Salud, Marcelo Sandstein, informó que se puso a disposición de la ciudadanía dos líneas telefónicas para atender y recibir denuncias de corrupción y las quejas de la población sobre la mala atención médica en los centros hospitalarios del país.

"Se instaló la línea directa 2484673 y la línea gratuita 800-1000-88, que serán atendidas por funcionarios de esta unidad, además las personas pueden remitir sus denuncias de manera formal en las oficinas de Transparencia ubicadas en el Ministerio de Salud".

Precisó que un equipo judicial tiene la responsabilidad de recibir e investigar los supuestos actos de corrupción dentro del Ministerio y en las instituciones dependientes e independientes de éste. "Somos una entidad descentralizada e independiente en nuestras acciones, estamos para velar por la salud de la ciudadanía y sancionar a los malos funcionarios y profesionales en salud".

Los casos atendidos. El Jefe de la unidad de Transparencia informó que en el primer semestre de esta gestión, se recibieron al menos 70 denuncias escritas, que fueron investigadas y sancionadas en los planos administrativos y judicial.

"Las sanciones suponen desde una llamada de atención, a los responsables, descuentos hasta 15 días de haber y despido laboral, si la falta fuera muy grave".

"La unidad fue creada en el año 2008 por disposición del presidente Evo Morales. Pido a la población denunciar cualquier acto irregular dentro de los centros de salud". Marcelo Sandstein - TRANSPARENCIA

sábado, 20 de julio de 2013

Abogado pide detención domiciliaria para Santos Ramírez tras agravarse su enfermedad

José Luís Paredes, Abogado del exmasista y Presidente de YPFB, Santos Ramírez, manifestó que la próxima semana presentará una solicitud al Ministerio Público para viabilizar la orden de detención domiciliaria de su cliente pues su mal estado de salud se habría agravado.

"La petición está basada en el certificado médico forense por lo dependerá del Estado y Fiscalía que de manera objetiva determinarán su se puede aceptar", remarcó a medios locales.

Detalló que el médico forense aceptó que existe un recrudecimiento del estado del expresidente de YPFB (2008) quien fue uno de los pilares del Gobierno del MAS en los primeros años de asunción al mando del Estado.

Santos Rámirez de momento lleva cuatro años encarcelado, le restan cumplir al menos ocho años más pues su condena es de 12 años por el caso Catler de julio de 2008 donde se lo encontró culpable de ser parte de una millonaria coima y acto de corrupción al estar al mando de la estatal petrolera.

A inicio del presente mes, Ramírez sufrió una parálisis facial del lado izquierdo por lo que fue evacuado de la cárcel de San Pedro a una clínica particular de la ciudad de La Paz.

De acuerdo a fuentes oficiales, se había agudizado el mal de Chagas que padecía y por la parálisis facial no podía comer, según referenció su abogado Paredes.

viernes, 19 de julio de 2013

Intervienen la oficina de la jueza Valeria Salas



La Fiscalía de la Unidad Anticorrupción intervino el Juzgado 8° de Instrucción en lo Penal de Santa Cruz, cuya titular es la jueza Valeria Salas, y secuestró la documentación y las computadoras, en el marco de la investigación de un supuesto favorecimiento a la liberación de supuestos mercenarios del Primer Comando de Capital (PCC) de Brasil.

En medio del operativo surgió el informe extraoficial de que el Ministerio Público abrió un proceso penal en contra de la jueza Salas por el delito de prevaricato y resoluciones contrarias a la ley, esta denuncia habría sido presentada por la Fiscalía antidroga. Hasta ayer esa determinación no fue corroborada por los fiscales Olvis Egüez y Mabel Andrade, quienes participaron del allanamiento al citado juzgado.

El fiscal Egüez se limitó a señalar que el Ministerio Público revisa los cuadernos procesales y algunos casos que lleva adelante la jueza. Se conoció que en junio Salas dispuso la libertad del brasileño Wilson Silva Barbosa y, posteriormente, la salida del colombiano Mario Martínez Rodríguez, sindicados de formar parte de una red de traficantes de cocaína y posesión de armas de fuego.

La jueza involucrada evitó el contacto con los medios de comunicación y se conoció que, a través de un memorial, la autoridad jurisdiccional habría solicitado a la Fiscalía una audiencia para declarar y esclarecer el caso.

Logran 60 sentencias a corruptos desde 2006



Existen 60 sentencias dictadas contra funcionarios públicos implicados en actos de corrupción, destaca un registro que se hizo desde 2006 hasta la fecha, según el Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.

La información la dio a conocer el director general de Prevención, Promoción, Ética y Transparencia, Olmer Torrejón, en el departamento de Potosí, quien agregó que aparte de las sentencias logradas, también se recuperó una importante suma de dinero para el Estado boliviano.

“Más de 60 sentencias logradas desde 2006 por delitos de corrupción; antes de 2006, cero sentencias. Tenemos más de 100 millones de dólares recuperados por delitos de corrupción para el TGN (Tesoro General de la Nación), ésos son los datos que nos impulsan para seguir trabajando en la promoción de valores”, informó Torrejón, según la radioemisora Erbol.

Trabajo. El viceministro aseguró que existen varios casos de corrupción en el territorio nacional, mismos que preocupan, pero que desde el Gobierno nacional se continúa trabajando para acabar con este mal en la administración pública del país.

“Lo que más nos preocupa son los temas de contratación, pero también nos preocupa la corrosión de la moral, en lo que uno hace y deja de hacer; sin embargo, este Gobierno demostró que altas exautoridades hoy están en la cárcel”, remarcó.

Mandan a la cárcel al alcalde de Entre Ríos


El municipio de Entre Ríos, capital de la provincia O´Connor de Tarija, se quedó sin autoridad edilicia debido a que el alcalde, Teodoro Suruguay, cumple una detención domiciliaria impuesta por el Tribunal de Sentencia Unico de esa localidad que decidió modificar las medidas sustitutivas.
Suruguay es investigado por presuntas irregularidades en la construcción de las cabañas ecoturísticas Tapiao - Las Lomas. /DM

Zvonko Matkovic: “Esto es ni más ni menos que una extorsión, como el rapto de un niño”

El empresario declaró el miércoles en la Fiscalía y denunció una red de extorsión en el caso terrorismo I. El exfiscal Marcelo Soza, a través de terceros, exigió sumas millonarias. A continuación publicamos parte de su testimonio.

Diga si conoce al señor Marcelo Ricardo Soza. Si lo conoce, ¿en qué circunstancia?

Por supuesto que lo conozco, porque me tomó la declaración en La Paz por el caso terrorismo. La segunda vez, cuando me llevan a la casa de la señora (Claudia) Arruda y me sorprendo que estaba ahí, donde tuvimos una conversación donde ellos me plantearon (...), fueron las dos veces que estuve con ellos. A las 2:00 (del 21 de mayo de 2010) recibo una llamada de mi esposa para comunicarme que me iban a llamar. A las 6:00 se comunica conmigo el señor L. Pereira y me dice que si me podía recoger el mismo día, a las 7:00 para tratar el tema de mi hijo Zvonko Matkovic Ribera, que estaba preso en San Pedro y que él tenía la solución.

Al tratarse de mi hijo accedí a reunirme para ver cuál era la solución. El señor Pereira pasa a las 7:00, acompañado por uno que hacía de chofer, a quien llamaba Joaquín. Me dijo que si lo podía acompañar a una casa para conversar y la única condición era que no llevara lente, celular, reloj, lapicero ni nada extra; ahí me di cuenta de que era para que no grabara; pero no sabía con quién me iba a reunir. Nos fuimos y llegamos a una casa bastante angosta, que tenía un garaje en la parte delantera y un pasillo.

Al entrar veo una vagoneta Lexus o Toyota, no vi a nadie afuera e ingreso, el chofer se quedó afuera. Una vez dentro de la casa, me meten a un cuarto, que estaba a mano derecha, y que servía de escritorio, cierran la puerta y sale Pereira y dice que espere un rato; al momento llega con la que después supe que era la señora Arruda, incluso ella estaba de camisón, me dice que espere porque íbamos a conversar y después vuelve la señora con el fiscal Soza, que estaba con una polera verde. Ahí me di cuenta de que era serio lo que me dijeron de esto; lo saludo y me dicen aquí está el fiscal Soza y que iba a solucionar el caso de mi hijo.

En ese momento el que habla es el Dr. Soza y manifiesta que el caso de mi hijo no es un caso complicado, que tiene solución porque lo involucra una llamada telefónica, por lo que me dí cuenta que se trataba de la llamada que le hizo Rósza a mi hijo, pero no de que él habría llamado a Rósza. Para darle esa solución, él me propuso que en 15 días se iba a arresto domiciliario y en 30 días estaba libre, pero previo que iba a arreglar yo con un monto de dinero que me iban a decir los otros (Arruda y Pereyra), pero respondí que el caso de mi hijo no era grave, pero Soza respondió con unas palabras que las tengo grabadas: ¿Sabe que yo soy el único que puede aumentar o sacar cargos. Prácticamente para mí era un mensaje claro.

Dijo, yo me voy, usted se queda con ellos porque tengo que ir a la Felcc a ver a Chichi Castedo y al general Gary Prado; todos salen y me dejan en el cuarto. Luego abren la puerta y entran los dos que es donde vi que el fiscal Soza estaba acompañado por un policía; se escucha que prenden la movilidad y se van. En ese momento entra la señora Arruda y me dice que le tendría que entregar $us 50.000 hasta las 10:00 de ese día. Le manifesté que no tenía esa cantidad de dinero, pero aseguran que eso fue lo que pidió Soza.

Dije que trataría de conseguirla, pero no les aseguraba nada porque era mucha plata. Pedí que me llevaran a la casa y comencé a tocar puertas, a buscar amigos para conseguir el dinero. Posteriormente, a las 9:30, me llaman otra vez para preguntar si tenía la plata porque el plazo era hasta las 10:00, por lo que respondí que no la tenía. A las 9:58 me vuelven a llamar para preguntar si iba a cumplir, ahí les dije que los llamaría cuando tuviera el dinero, pero me hacen otra llamada a las 11:38 y me dicen que el fiscal viajaba al mediodía y si no cumplía que me olvidara de mi hijo.

Respondí que estaba buscando la plata, que me esperen. Ahí llamo por última vez a las 11:15 para decirles que había posibilidad de conseguir la plata porque la extorsión de mi hijo ya era mucho, no tenía límites y era inaguantable. Después de las 11:25 le hablo nuevamente para decirles que había conseguido la plata, en donde me preguntan si es en efectivo y si es en billetes grandes, respondí que sí y les pregunté dónde los llevaba, pero como el fiscal tenía que viajar ellos fueron a recoger el dinero a mi casa. Llegaron y les entregué $us 50.000 directamente al Dr. Pereira. Aseguró que en ese momento se lo entregaría a Soza, y dijo que como yo había cumplido, el Dr. Soza también cumpliría. Esto es ni más ni menos que una extorsión, como el rapto de un niño.

Después de esta extorsión aparece en mi casa otro operador que se llama el Dr. A. La Fuente, quien se presentó a nombre del Dr. Soza y dijo que para que su hijo salga tiene que pagar $us 200.000; respondí que he dado y no ha salido. Me extorsionaron y no salió, entonces respondió que esos $us 50.000 que había dado no servían, son aparte, es lo mismo que hizo el Sr. Daher. Ahí respondí que no tenía plata, solo tengo mi casa y por mi hijo la transfiero, aunque estaba hipotecada, pero se vende.

Él se levantó, hizo una llamada y dijo que no, que era en efectivo. Le dije que no tenía plata y que no me iban a seguir extorsionando, se quedan con mi hijo guardado. Pasó eso y después se aparece en mi oficina otro operador, también mandado por Soza y llama G. Gutiérrez, que se presentó a nombre de Soza e insistió en que tenía que pagar $us 200.000 y que los $us 50.000 que dí no valían, pero repetí que no tenía plata. Se han hecho extorsiones simples y por combo, es decir con personas directas y por grupos

Zvonko ofreció entregar su casa porque no tenía dinero

Zvonko Matkovic Fleig ofreció su casa a cambio de la libertad de su hijo. El empresario declaró en la Fiscalía que no tenía dinero para pagar los $us 200.000 que exigían los emisarios del exfiscal Marcelo Soza, que investigaba el caso terrorismo I, para excluir del caso a Zvonko Matkovic Ribera, hijo del expresidente de la Cainco.

El primer encuentro entre el empresario y Soza se produjo, de forma fugaz, a las 7:00 del 21 de mayo de 2010 en la casa de Claudia Arrudas, la supuesta tía de Jessica Jordan. Dicho inmueble estaba ubicado en la calle Luis Wichtendal No. 4470, del barrio San Francisco, de la zona norte.

En esa oportunidad, el exinvestigador informó de que Matkovic Ribera estaba implicado en el caso por una llamada. Soza abandonó el lugar y dejó al empresario en compañía de los emisarios Arruda y L. Pereira. La mujer exigió el pago $us 50.000 para que el joven quedara libre.

Ese mismo día, pero a las 11:25, Pereira fue avisado de que Matkovic tenía el dinero. Acudió a la casa del exprefecto cruceño para recibir el monto acordado a cambio de que en 30 días el joven saliera libre. Sin embargo, pasó el mes y continuaron las extorsiones. Esta vez exigieron otros pagos de $us 60.000, pero en tres cuotas de $us 20.000, cada una. Matkovic cumplió con los dos primeras partes, pero los extorsionadores dijeron que se olvidara del pago de los $us 50.000 y, enseguida se rompió el trato. Antes de la cita con Soza, el exprefecto fue instruido de no llevar celular, gafas, reloj o cualquier artículo extra.

La búsqueda del dinero se produjo en medio de amenazas y llamadas del emisario que advertía que si no había el dinero se olvidara de su hijo.

Sube la cifra

El pago de $us 50.000 se hizo, la promesa se incumplió y la suma de la extorsión subió. Los abogados de apellido La Fuente y G. Gutiérrez, por separado, se contactaron con Matkovic para pedir $us 200.000 a cambio de la libertad de su hijo. El empresario, sin dinero, ofreció su casa por la libertad de su hijo, pero La Fuente se negó porque exigía efectivo.

Apareció el abogado Ponce de León, este pide $us 60.000, pero en tres pagos. Desembolsó $us 20.000 como señal, luego otro tanto para que la situación de su hijo no empeorara, previo a la audiencia, pero una vez más se incumplió el trato.

Pide garantías

En su declaración que prestó ante el fiscal Padilla en el marco del proceso penal que enfrenta Soza por la supuesta comisión de delitos de extorsión, cohecho pasivo, prevaricato fiscal, el expresidente de la Cainco pidió a Padilla protección para él, su familia y para su hijo que está recluido en el penal de San Pedro, de La Paz.

Además, lamentó que los investigadores del caso terrorismo I no hubieran verificado que el rancho Z dejó de ser de su propiedad porque en enero de 2009 hizo la transferencia definitiva al banco La Unión SA. La mención de ese inmueble es porque Soza antes de dejar el caso aumentó un cargo más a Zvonko hijo, según su padre, el rancho iba a servir de refugio para que escapen los que pusieron la bomba en la casa del cardenal Julio Terrazas

Reacciones

Gobierno
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, celebró que Matkovic denuncie a Soza, por lo que pidió elementos probatorios para que el exfiscal sea enjuiciado.

Nada cambiará
Para la abogada de Juan Kudelka, Magda Requena, y su colega Gary Prado Araúz, defensa de Gary Prado Salmón, esas revelaciones no cambiarán el proceso, pues al MAS le interesa encarcelar e intimidar a los líderes cruceños.

La movida
La advertencia
Según Zvonko Matkovic Fleig, cuando reclamó que el monto de los $us 50.000 era muy alto porque la situación de su hijo era simple, el exfiscal Soza le respondió con una advertencia: “Sabe que yo soy el que puedo aumentar o sacar cargos”.

La entrega
Antes de ir por el primer pago acordado, L. Pereira preguntó si era en efectivo y si era de billetes grandes. La respuesta fue afirmativa, por lo que el emisario de Soza recogió el dinero y afirmó que entregaría lo acordado al ahora exfiscal.

Intento de devolución
Después de recibir los últimos $us 40.000, Soza a través del abogado Ponce de León intentó regresar el dinero a la defensa de Matkovic Fleig, pero este rechazó aduciendo que ese dinero era producto de la extorsión que sufrió.

Libres con pago de extorsión
Para el empresario, las personas que estaban en la lista de los acusados del caso terrorismo I y ahora están libres son las que pudieron pagar la cantidad de dinero que exigían los operadores del exfiscal Marcelo Soza.

La alerta
La primera llamada que recibió de los extorsionadores fue a la 2:00 del 21 de mayo de 2010, posteriormente a las seis de la mañana y una hora más tarde pasaron a recogerlo de su casa para llevarlo donde estaba Soza.

Investigadora brindará hoy conferencia magistral sobre burocracia y corrupción

La investigadora española María Concepción Gavira Márquez brindará hoy una conferencia magistral titulada "Una burocracia eficaz: La asignatura pendiente del antiguo y nuevo régimen en Oruro, estudio sobre la corrupción en los siglos XVIII – XIX", que se desarrollará en el auditorio "Josermo Murillo Vacareza" de la Carrera de Antropología, a las 19:00 horas.

Esta actividad está auspiciada por el Consejo Departamental de Culturas de Oruro y la Carrera de Antropología de la Universidad Técnica de Oruro, con el fin de dar a conocer la burocracia y las prácticas corruptas durante la Colonia y de las primeras décadas de la Bolivia independiente.

María Gavira trabaja en la Universidad de Michoacán de San Nicolás Hidalgo de México, y llegó por primera vez a Oruro en 1995 cuando trabajó en los archivos, investigando, con el fin de hacer su tesis doctoral que estaba basada en la minería colonial de Oruro del siglo XVIII.

Estuvo en diferentes ocasiones y diferentes temporalidades trabajando y viendo todos los archivos y papeles que fueron posibles y durante muchos años Oruro fue su obsesión como historiadora, por lo que le tiene un cariño especial y siempre termina trabajando sobre Oruro.

Para Gavira, la burocracia es un problema muy actual, como un cáncer social que no termina de solucionarse y que ataca a cualquier país.

Entonces, sostiene que la creación del Estado moderno en el siglo XVIII surge a partir de un intento de controlar el territorio por parte de las monarquías insipientes y un principio básico para eso, era la burocracia y el ejército, ahí nace ese entramado de funcionarios que están gobernando para el monarca, el príncipe y el gobernador de turno. "Entonces, a partir de ahí empieza a hacerse más presente, a partir también de que la monarquía absoluta del XVIII empieza a controlar más a la población, controlar más el territorio, eso desemboca en aumento de funcionarios, trámites, y todo se reduce aumentar el control", manifestó Gavira.

Para la investigadora la pobreza no hace a la corrupción, considerando que es más bien cuestión de valores, de una educación de servicio a la sociedad, al Estado.

"Creo que cuando se llega a un cargo político, administrativo, por mínimo que sea se recibe un sueldo, todo el mundo trabaja por un sueldo, esta burocracia siempre tuvo un sueldo, entonces tiene que atenerse a vivir de eso, lo que ocurre es que cuando no se atiene a vivir con el sueldo, y empieza a lucrarse con el dinero que es de la sociedad entonces ahí empieza el problema", expresó la estudiosa.

jueves, 18 de julio de 2013

Zvonko Matkovic confirma extorsión por gente del exfiscal Soza

El empresario y ex prefecto cruceño Zvonko Matkovic admitió ayer ante el fiscal de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía de Distrito, Gomer Padilla, que pagó una extorsión a un enviado del ahora exfiscal Marcelo Soza, que investigaba el caso terrorismo I.

Matkovic acudió ayer a la Fiscalía para prestar su declaración informativa en calidad de testigo por la denuncia que presentó la senadora Carmen Eva Gonzales, de CN, contra Soza por la supuesta comisión de los delitos de extorsión, uso indebido de influencias, prevaricato fiscal y cohecho pasivo.

De acuerdo con el relato de Matkovic, el pago se hizo a un sujeto de apellido Pereira, que iba de parte de Soza. Además, aseguró que en varias oportunidades se apersonaron abogados a nombre del exinvestigador del caso terrorismo con el fin de lograr compensaciones económicas. Sin embargo, esos intentos no dieron resultado, pues el exprefecto y expresidente de la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz no accedió a las peticiones.

Asimismo, Matkovic declaró que antes de entregar el dinero hubo un primer encuentro en el que participó el exfiscal Soza, como mencionó Claudia Arruda, la supuesta tía de Jessica Jordan, que se encuentra detenida en Palmasola.

El silencio
Vestido con un bluyín y camisa blanca, Matkovic llegó a la Fiscalía de Distrito a las 15:30 y salió tres horas después, luego de prestar su declaración en un proceso contra Soza, pero evitó conversar con la prensa.

“Mi abogado que diga algunas palabras”, fue lo único que dijo el empresario cruceño cuando se disponía a abandonar las instalaciones de la Fiscalía en compañía de su esposa, su hija y otro familiar.

Pero el abogado Álvaro Melgarejo solo ratificó que su defendido declaró en calidad de testigo y que respondió a todos los requerimientos del fiscal. Además, el jurista calificó como “un abuso” de parte del exfiscal Soza que incluyera en el proceso de terrorismo I solo a Zvonko Matkovic Ribera, hijo del empresario y que actualmente está con detención preventiva en el penal de San Pedro.

En la jornada de ayer también estaba programa de la declaración del agroindustrial Cristóbal Roda, pero fue reprogramada a petición de la defensa porque se encuentra fuera del país.

El fiscal Padilla también libró notificación para que Matkovic Ribera declare en calidad de testigo por la denuncia que presentó Gonzales, pero tampoco se produjo esa situación porque está recluido en La Paz, por lo que esperará hasta el 29 de julio, día en que se reanudará la audiencia del caso terrorismo I

El Comité exige que se llegue a la verdad
La revelación del empresario Zvonko Matkovic es importante para llegar a la verdad sobre el caso terrorismo I, afirmó ayer el presidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Castedo. “Justamente hemos pedido la nulidad del caso, peor ahora si un ciudadano está declarando que fue extorsionado por personas que estaban a cargo del proceso”, señaló el dirigente cívico.
Por su lado, Gary Prado Araúz dijo que con esto sale a relucir el interés económico del Gobierno para favorecer a algunos funcionarios, porque muchos han dicho que pagaron para no ser implicados.
El primero en referirse al caso de extorsión fue el abogado Carlos Subirana, que hace tres meses dijo a EL DEBER que el empresario acudió a una casa de la avenida Alemania donde entregó $us 50.000.

En la jornada

1 Solo los familiares del empresario acudieron ayer a la Fiscalía para presenciar la declaración de Zvonko Matkovic. Algunas personas cuestionaron la ausencia de los ‘autonomistas’ en la sede del Ministerio Público para apoyar al expresidente de la Cainco.

2 En los próximos días, el fiscal Gomer Padilla librará más citaciones para las personas que fueron mencionadas como testigos. Entre ellos figura al gobernador cruceño, Rubén Costas; el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y el vicepresidente Álvaro García Linera.

3 La senadora Gonzales citó a 25 personas para que declaren en calidad de testigos.

Entregan informes de peritajes en caso Ostreicher


La comisión de fiscales de la Fiscalía de Sustancias Controladas, integrada por Sergio Pedraza y Carlos Robles, recibió ayer los resultados de las pericias de la apertura de 28 computadoras secuestradas dentro de la indagación que se sigue contra varias personas, entre ellas Jacob Ostreicher, por el supuesto delito de legitimación de ganancias ilícitas

Tribunal no modificará sentencia, reitera que Candia será detenida

El Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz informó que espera la reanudación de las labores judiciales, el 22 de julio, para hacer cumplir la sentencia de ocho años de cárcel impuesta a la exalcaldesa Gaby Candia. La resolución de esta instancia, que declara ejecutoriada la condena, no se modificará pese a que la exautoridad planteó otros recursos.

Mediante la Resolución 07/2013, de 16 de abril de este año, el TDJ de La Paz declara que “no habiendo recurso de casación en contra, se declara que la sentencia Nº 01/2004, del 3 de febrero de 2004, se encuentra ejecutoriada”, por lo que Candia se vería obligada a cumplirla.

“Gaby Candia ha presentado una complementación y enmienda (a la resolución), que está en trámite y no se ha resuelto todavía. Plantea varios argumentos, es un memorial largo, pero lógicamente eso no va a modificar la resolución”, dijo a Página Siete el presidente del Tribunal de La Paz, Iván Campero.

En ese marco, anunció que a criterio de los vocales de La Paz Candia no tiene otra salida que la de cumplir su sentencia, “porque ya ha concluido (el proceso) y está ejecutoriada la sentencia”.

La exalcaldesa fue procesada por malversación y uso indebido de influencias debido a que en su gestión, 1997, mediante la aprobación de la Resolución 443 se autorizó el pago de 1,6 millones de dólares para la expropiación del cerro Santa Bárbara, propiedad que no tenía utilidad para la comuna. Hay otros seis sentenciados.

Campero adelantó que el TDJ actuará en función a lo que determina la ley y lo que pidan las partes para verificar que se cumpla la sentencia. “Vamos a hacer cumplir la sentencia, pero en el marco de lo que actúen las partes (...) cuando retornemos, a partir del lunes 22 de julio”.

Aprehensión y cárcel

La orden de aprehensión y posterior remisión a un centro penitenciario será dictada por el TDJ una vez que se reciba la solicitud de la Alcaldía de La Paz.

El alcalde Luis Revilla señaló que ya se contactó con el ministro de Gobierno, Carlos Romero, para que garantice el cumplimiento del arraigo de todos los acusados y sentenciados.

“Entre que se dé el mandamiento de detención de estas personas, que es una tarea de la justicia, podemos correr el riesgo de que éstas salgan del país”, dijo.

Candia, en declaraciones a Página Siete, afirmó que no tiene intención de dejar el país. “Yo estoy arraigada hace 15 años, la última vez que saque un pasaporte fue hace más de 15 años (...) nunca he salido del país ni voy a salir porque no me he quedado 15 años para no acabar lo que he empezado (') esto es un amedrentamiento”.

Revilla aseguró que la exalcaldesa debe devolver el dinero que se utilizó para pagar la expropiación ilegal; sin embargo, la sentenciada arguyó que la obligación de reparar el daño civil prescribió en 2006. El presidente del Concejo Municipal, Omar Rocha, anunció que el viernes se definirá qué pasos a seguir al respecto.

Revilla dijo el martes que este tipo de delitos no prescriben.

Antecedentes
Fallo La Resolución Nº 07/2013 señala que Gaby Candia debe purgar ocho años de cárcel y 300 días de multa a razón de 50 bolivianos por día, más el pago de costas y responsabilidad civil a favor del Estado.


Proceso El juicio fue iniciado por la entonces concejala de La Paz Lupe Andrade, en 1998. El caso llevó 15 años y generó un expediente de 80 cuerpos, cada uno de 300 páginas.


Apelación De acuerdo con Candia, la sentencia dictada en febrero de 2004, como otra, tiene derecho de apelación, sin embargo, la misma no fue atendida, por lo que anuncia medidas que pudieran revertirla.

Doce funcionarios a proceso por presunta corrupción

El Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda detectó actos de corrupción que habrían cometido 12 empleados públicos.

La entidad seguirá un proceso administrativo y penal a los funcionarios que ya fueron expulsados de la institución estatal.

El Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda procesará administrativa y penalmente a doce funcionarios por presunta corrupción en el desempeño de sus labores.

El ministro de esa cartera de Estado, Vladimir Sánchez, informó que siete empleados de la Unidad de Servicio de Operaciones del Viceministerio de Transportes y cinco de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) habrían cometido los actos de corrupción.

“El Ministerio de Obras Públicas se ha visto obligado a expulsar a siete funcionarios. Les estamos siguiendo procesos penales y administrativos, serán estos procesos que nos digan si son culpables o no”, informó Sánchez.

Explicó que los funcionarios realizaron cobros irregulares para otorgar licencias de transporte interdepartamental y provincial.

CORRUPCIÓN EN LA DGAC

El Ministerio identificó irregularidades en la Dirección General de Aeronáutica Civil cuando se pretendía rehabilitar la matrícula de la nave Cessna CP-1789.

“Se detectó la alteración de informes con el propósito de dar curso a la regularización del registro de la nave y se falsificó una nota emitida por Aasana”, denunció Sánchez.

Según los trámites, la nave que pretendía ser regularizada figura en Bolivia, cuando en realidad está en Brasil.

El Gobierno creó el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción para sancionar los actos ilícitos.

miércoles, 17 de julio de 2013

La Fiscalía cita a Matkovic por el caso Soza

El exprefecto y empresario cruceño Zvonko Matkovic Fleig y su hijo Zvonko Matkovic Ribera, que está detenido en el penal de San Pedro de La Paz por el caso terrorismo I. Fueron citados a declarar hoy por el fiscal Gomer Padilla en calidad de testigos por la denuncia de extorsión que presentó la senadora Carmen Eva Gonzales, de CN, contra el exfiscal Marcelo Soza.

La citación es para las 15:30 ante el fiscal de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía de Distrito, Gomer Padilla, que está encargado de la investigación de la denuncia que enfrenta el exfiscal Soza por la supuesta comisión de delitos de extorsión, uso indebido de influencias y prevaricato fiscal.

Al respecto, el abogado de los Matkovic, Álvaro Melgarejo, aseguró que fue notificado ayer por la tarde y Zvonko Matkovic Fleig acudirá a la sede del Ministerio Público a la hora requerida por Padilla.

Sin embargo, Matkovic Ribera no estará presente porque requiere de autorización para su traslado desde el penal de San Pedro hasta la capital cruceña, procedimiento que no se ha cumplido porque la citación fue recibida al final de la tarde.

La denuncia que sentó Gonzales se sustenta en los audios en los que supuestamente Soza acusa a Ana Claudia Arruda de pedir dinero a Zvonko para liberar a su hijo.

La denuncia

La abogada de la senadora Gonzales, Tatiana Sánchez, explicó que una vez que se realicen esas declaraciones, Padilla deberá librar más notificaciones para que declaren el gobernador Rubén Costas, el exabogado de Matkovic, Carlos Subirana, y el exfuncionario del Ministerio de Gobierno Luis Nolberto Clavijo.

También fueron ofrecidos en calidad de testigos el productor y conductor del programa de televisión Sin letra chica, Carlos Valverde, y los exfuncionarios del Ministerio de Gobierno Dennis Rodas, Fernando Ribera y Boris Villegas, recluidos en la cárcel de Palmasola acusados de formar parte de la red de extorsión

Sobre el caso

Del Ministerio público
También emitirán citaciones a los exfiscales Edwar Mollinedo, Isabelino Gómez y Harry Suaznábar; asimismo al actual fiscal asignado al caso terrorismo I, Sergio Céspedes.

Otros nombres mencionados
Roly Aguilera, Ronald Castedo y Francisco Cirbián son mencionados como testigos.



Excusas de jueces frenan caso de red de extorsión

La Fiscalía Anticorrupción instó a los jueces evitar las permanentes excusas de una de las causas de mayor connotación como el de la red de extorsión por el caso de Jacob Ostreicher.

El coordinador de la Fiscalía, Olvis Égüez, mostró su preocupación por las excusas hasta ahora presentadas por al menos 12 jueces, que presentaron diferentes argumentos para no llevar el caso, ocasionando demora en el avance del proceso, que ya lleva ocho meses.

El expediente se sustanció en el juzgado 14 del juez Primo Flores, pero el lunes, tras la finalización de las vacaciones judiciales, el caso fue derivado al juzgado 12.

Hasta el momento hay 14 personas detenidas en la cárcel y en total 39 investigadas por la red de extorsión desbaratada tras las denuncias del empresario estadounidense.

Reclamos sin resolver

Abogados y familiares de los detenidos Fernando Rivera, Boris Villegas, Denis Rodas, entre otros, denunciaron que hace más de dos meses no tienen respuesta a memoriales de reclamos presentados por la vulneración a sus derechos. La defensa de Ostreicher también cree que el caso no avanza




Convocan a supuestos extorsionados por Soza

El Ministerio Público abrió las investigaciones sobre el presunto delito de soborno del que es acusado el exfiscal del caso Rózsa, Marcelo Soza. Para ello ha citado a declarar a tres supuestos extorsionados que presuntamente dieron dinero para no ser incluidos en el proceso por supuesto terrorismo, según la senadora opositora Carmen Eva Gonzales quien promueve la acción judicial.

El caso es llevado por el fiscal Gómer Padilla, quien ayer se abstuvo de hacer declaraciones ante los periodistas.

Sin embargo, la senadora Gonzales informó que éste le había confirmado la apertura de las investigaciones con las declaraciones de los tres testigos a partir de las 15 horas de hoy, aunque el abogado Álvaro Melgarejo, defensor de la familia, dijo que Matkovic Ribera fue notificado y asistirá, pero duda que su hijo, Zvonko, actualmente detenido en la cárcel de San Pedro, se traslade a Santa Cruz porque no ha sido notificado oficialmente. Él es uno de los 38 imputados por el caso terrorismo.

Contribución. Según la legisladora, que presentó una grabación de Ana Claudia Arruda, ésta sostiene que alojó en su domicilio de Santa Cruz al exfiscal Soza, quien mantuvo reuniones en el lugar con los empresarios Zvonko Matkovic y Cristóbal Roda, agregando que este "ha utilizado el caso terrorismo para beneficio propio".

Arruda es la tía de la ex Miss Bolivia y candidata a la gobernación del Beni, Jessica Jordan.

En este caso se ha previsto la declaración de por lo menos 25 testigos, entre ellos el gobernador cruceño Rubén Costas, la próxima semana.

Delito
Hay penas de 2 a 6 años para los autores

Penas. "El que mediante intimidación o amenaza grave, constriñere a una persona a hacer, tolerar que se haga o deje de hacer alguna cosa, con el fin de obtener para sí o un tercero indebida ventaja o beneficio económico, incurrirá en reclusión de dos a seis años, según el artículo 332 del Código Penal.

Pluriofensivo. El diccionario jurídico de Osorio señala como doctrina que en este tipo de delito no solo se ataca a un bien jurídico, sino a más de uno: propiedad, integridad física y libertad.

martes, 16 de julio de 2013

4 efectivos de Interpol van a la cárcel por extorsión

Cuatro policías de Interpol fueron enviados al penal de Palmasola con detención preventiva luego de que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) los acusara de extorsionar a un presunto narcotraficante que llevaba en un camión más de media tonelada de marihuana .

Los detenidos son un teniente y tres suboficiales.

Según la información de las autoridades, los policías Freddy Q.R. y los de menor rango Evelio C.H., Elías A.C. y Jenny Miriam S.P. pidieron 4.000 dólares para no informar a la fuerza antidroga que en el motorizado había 672 kilos de marihuana.

La droga provenía de Paraguay y el destino final era Europa.

Un juez determinó el fin de semana la detención preventiva para los cuatro uniformados.

Medios locales informaron que un persona civil también fue enviada al penal de Palmasola por denunciar sobre el cargamento y esperar una recompensa a cambio del dato.

El secuestro del camión se realizó el jueves de la semana pasada en el barrio Tropical de la Radial 26 en la zona norte de la capital cruceña; sin embargo, el dueño de la droga y quien manejaba el vehículo se dieron a la fuga antes de la llegada de la Policía.

Se conoce que un informante tomó conocimiento de la existencia del cargamento en el barrio Tropical y avisó a un policía. Éste, a su vez, puso al tanto del caso al teniente Freddy Q.R., quien el miércoles 10 de julio, cuando estaba de turno con su grupo, se contactó con el acusado Ruddy C.S.

La FELCN indaga si hay más uniformados involucrados en este hecho de extorsión.

Candia se declara inocente y afirma que acción civil caducó

Gaby Candia, exalcaldesa de La Paz, reapareció y aseguró que es inocente en el caso Santa Bárbara. Además, afirmó que una reciente resolución del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz no ratifica una condena en su contra y que la Alcaldía perdió la posibilidad de recuperar el daño económico porque el plazo para ello caducó.

“No sólo soy inocente, sino que, además, creo en la justicia, por eso estoy en el país”, manifestó.

Candia, en declaraciones a Página Siete, señaló que el proceso en su contra lleva 15 años y que a la fecha no se llegó a una sentencia ejecutoriada debido a que no se le dio el derecho a apelación.

La resolución del Tribunal de abril pasado, sin embargo, establece que la sentencia contra Candia y otras seis personas es “ejecutoriada” y ordena su detención debido a que no le da derecho a apelación. Página Siete informó el lunes sobre esa nueva resolución del tribunal, que ratifica la condena de ocho años de cárcel para Candia.

“...No habiendo recurso de casación en contra, se declara que la sentencia Nº 01/2004, de fecha 3 de febrero de 2004, se encuentra ejecutoriada”, expresa la resolución.

La acusación señala que Candia no tiene derecho a una apelación porque ella fue juzgada con el denominado “caso de corte” en su calidad de exalcaldesa.

“Este documento no es una resolución ratificatoria de la sentencia inicial; (...) ya se emitió una sentencia en febrero de 2004, tras seis años de proceso y esa sentencia tiene derecho de apelación, que siempre me han negado”, señaló.

La exautoridad fue procesada por los delitos de malversación y uso indebido de influencias debido a que en su gestión, 1997, mediante la aprobación de la Resolución 443, se autorizó el pago de 1,6 millones de dólares para la expropiación del cerro Santa Bárbara, propiedad que no tenía utilidad para la comuna.

El juicio lo inició la entonces concejala de La Paz, Lupe Andrade.

Respecto a que el tema caducó se refiere a que la posibilidad de hacer una reparación civil ya no es posible, dijo. “El Código de Procedimiento Penal dice que la acción para demandar la reparación del daño, por medio del procedimiento civil, caducará a los dos años de ejecutoriada la sentencia de condena”.

Si ella obtuviera el derecho a una apelación, añadió, se reactivaría la posibilidad de una reparación civil.

Dijo que la Alcaldía se constituyó en parte civil; sin embargo, habiéndose dado la sentencia en 2004, tenía hasta 2006 para plantear una acción civil y no la presentó.

El asesor jurídico de la Alcaldía paceña, Fernando Velásquez, anunció que “una vez que comience la fase de recuperación del daño civil vamos a instaurar otro proceso y todas las medidas correspondientes para la recuperación de los adeudos a través de sus bienes”. Este proceso, según Candia, no se puede hacer.

Por su parte, el portavoz del MSM, Edwin Herrera, aseguró que “se puede obtener justicia sin tener que recurrir a la politización ni a la persecución sañuda en contra de una autoridad”.

Sobre el proceso
1998 La entonces concejala Lupe Andrade acusó a Gaby Candia por firmar una resolución que autoriza el pago de 1,6 millones de dólares por la expropiación de un cerro sin utilidad para la ciudad.


2001 El exalcalde Juan del Granado apeló una resolución de la justicia que declaraba extinta la acción penal contra Candia.


2013 El Tribunal Supremo de La Paz emitió una resolución que establece que está vigente el fallo de 2004, señala que la sentencia es “ejecutoriada” y por tanto ratifica la pena de ocho años contra Candia.

lunes, 15 de julio de 2013

Justicia ratifica 8 años de cárcel para Gaby Candia

El Tribunal Departamental de Justicia de La Paz ratificó la condena de ocho años de cárcel para la exalcaldesa Gaby Candia por los delitos de malversación y uso indebido de influencias, con lo que el proceso queda cerrado tras 12 años de que se iniciara. La Alcaldía, como parte querellante, pedirá la inmediata ejecución de la detención.
A través de la resolución número 07/2013, a la que Página Siete tuvo acceso, la justicia estableció que siendo que las “partes no han presentado el recurso de casación, que es el único medio legal de impugnación en el Código de Procedimiento Penal, se declara que la Sentencia 01/2004 de fecha 3 de febrero de 2004 (que establece la pena de prisión) se encuentra ejecutoriada”.
Además de Candia, otras seis personas fueron condenadas y una, absuelta. Ver nota de apoyo.


La resolución ratifica la “pena de ocho años de presidio y trescientos días de multa a razón de 50 bolivianos cada día más el pago de costas y responsabilidad civil a favor del Estado”.
Candia fue acusada y sentenciada por aprobar, cuando era alcaldesa en 1997, la resolución número 443 que autorizaba el pago de 1,6 millones de dólares para la expropiación del cerro Santa Bárbara en el sector de Miraflores de la ciudad de La Paz, propiedad que no tenía utilidad para la comuna.
La resolución 07/2013 fue firmada el 16 de abril por 16 de los 20 vocales del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dirigidos por Aida Luz Maldonado, decana en ejercicio de la presidencia del Tribunal.
“Vamos a ejecutar la sentencia de manera integral, a los que están dentro del proceso con penas graduales. Así que pediremos que se ejecute esa sentencia a todos”, estableció el director jurídico de la Alcaldía de La Paz, Fernando Velásquez.
Pese a la dilación de más de una década que ha tenido este proceso, el funcionario resaltó que se haya ratificado la sentencia en contra de la exalcaldesa.
“Finalmente hubo un resultado favorable y ahora queda realizar el procedimiento correspondiente para hacer ejecutar la sentencia”.
Sin embargo, fuentes judiciales aseguraron a este medio que esta determinación perjudica a la comuna porque el daño económico de 1.642.000 dólares causado por la expropiación ilegal del cerro Santa Bárbara en octubre de 1997, cuando Candia era alcaldesa, no será resarcido.
“Ese dinero nunca más volverá a manos de la Alcaldía. Evidentemente Gaby Candia irá a prisión, pero el daño económico no será reparado”, dijo un juez.
Resolución esperada
Luego de tres años de juicio desde 2001, en 2004 la Corte de Justicia de La Paz determinó ocho años de prisión para Candia y diversas penas para los otros seis involucrados. Sin embargo, las sentencias no fueron cumplidas, ya que la defensa de Candia apeló argumentando intereses políticos del entonces alcalde Juan Del Granado.
La Alcaldía de La Paz, como parte querellante en el proceso, exigía una pena de 12 años de prisión para la exalcaldesa.
Además el proceso se vio entorpecido por los cambios constantes de las cortes de justicia (Cochabamba, Oruro y La Paz) que llevarlo adelante.
“Lo que sucedió es que en ese tiempo estas exautoridades tenían un fuero especial, porque no respondían a sus delitos en la justicia ordinaria, sino se acogían al caso de corte”, dijo Veláquez.
Agregó que ahora sólo quedan algunos pasos procesales para que tras el retorno de las vacaciones colectivas de las autoridades judiciales, este 18 de julio, se ejecute de inmediato la aprehensión de Gaby Candia.
“Hablamos de unas cuantas semanas para que la exalcaldesa y los otros sentenciados comiencen a cumplir su pena”, agregó.



Otro juez, que también prefirió mantener en reserva su identidad, dijo que los representantes de la Alcaldía debieron realizar un mayor seguimiento a este caso, ya que la sentencia establece una pena en prisión como se buscaba, “pero con eso no se resuelve el daño económico, al igual que lo ocurrido con otros grandes casos en los que cumplen unos años y salen nuevamente sin que el dinero malversado se recupere”.
Página Siete se comunicó con el actual presidente del Concejo Municipal de La Paz, Omar Rocha (UN), para conocer su percepción sobre esta sentencia; sin embargo, dijo que no emitirá alguna opinión hasta después de las fiestas julias. Comentó que tiene una posición y varios cuestionamientos sobre este tema.