martes, 30 de septiembre de 2014

Exseguridad de Soza dice que recibe amenazas del Gobierno

El capitán Juan José Laguna Saavedra, quien estaba encargado de la seguridad del exfiscal del caso terrorismo, Marcelo Soza, denunció a través del programa Todo a pulmón que es "víctima de un sinfín de amenazas de autoridades de Gobierno”.
La entrevista, según explicó el conductor de Todo a pulmón, John Arandia, fue grabada hace una semana porque supuestamente la vida del capitán corría peligro.
Laguna pidió refugio político al Comité Nacional para el Refugiado (Conare) de Brasil, la pasada semana, por considerarse un perseguido por el Gobierno y porque supuestamente su vida y la de su familia corren peligro por las declaraciones realizadas en el juicio del caso terrorismo, donde fue citado en calidad de testigo por el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz.
En la entrevista, que duró aproximadamente 18 minutos, Laguna tenía puesto el uniforme de la Policía boliviana.
"El motivo de mi presencia es que la población conozca la situación por la que estoy atravesando. Sufro, vivo día a día amenazas y es por eso que he recurrido a su persona (al programa) y que esto sirva para garantizar mi seguridad laboral y mi vida. Temo por mi vida, por mi libertad y temo por mis seres queridos”, afirmó el exedecán de Soza, ahora refugiado en Brasil después de denunciar persecución política.
Respecto a las supuestas amenazas que recibe de personas o autoridades de Gobierno, Laguna señaló que fueron a través de llamadas telefónicas y convocatorias a reuniones, donde le instruían a que se quedara "callado” respecto a la información que conoce del caso terrorismo.
"Por el hecho de conversar con la senadora Carmen Eva Gonzales me indicaron que yo estaría con acercamientos con la oposición o estaría conspirando en contra del Gobierno”, resaltó Laguna y añadió que debido a que habló con esta senadora recibió amenazas.
Laguna negó que él y Soza hayan recibido dinero en el marco del caso terrorismo y que su servicio se limitaba a brindar seguridad al exfiscal. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que se conozcan detalles de las investigaciones si es que existiera una orden judicial.
También negó que tenga comunicación con Marcelo Soza y que esa "persecución” se debe por haber realizado un "trabajo cabal, honesto y leal”

"Incluso llegué a brindar seguridad a su familia.
Fui más allá de lo que me ordenaba la institución, puesto que así lo ameritaba, ya que estas personas también se encontraban en riesgo de muerte”, remarcó Laguna.
El exjefe de seguridad del exfiscal que investigó el caso terrorismo concluyó la entrevista responsabilizando al Gobierno si algo le sucediera.
Proceso disciplinario
La Policía Nacional inició un proceso disciplinario por el delito de deserción contra el capitán Juan José Laguna Saavedra, quien estaba encargado de la seguridad del exfiscal Marcelo Soza.
El comandante de la Policía, Walter Villarpando, informó que en cumplimiento de las normas de la institución, el oficial será dado de baja, ya que si un efectivo no se hace presente durante tres días continuos a su fuente de trabajo es destituido directamente.
"Si en tres días no se presenta a su fuente laboral es deserción y eso es baja definitiva sin derecho a reincorporación”, dijo la autoridad a ANF.

Suspenden caso Rózsa hasta después de las elecciones

El Tribunal Primero de Sentencia de La Paz determinó suspender las audiencias del caso Rózsa hasta después de las elecciones generales, decisión que fue calificada como una movida política a dos semanas de los comicios del 12 de octubre.

El presidente del tribunal, el juez Sixto Fernández, dictó que la siguiente audiencia se reinstalará el próximo 14 de octubre.

Polémica. Fernández presentó un informe médico en el que la jueza ciudadana, Sonia Mamani, tendría 10 días de impedimento desde el pasado 25 de septiembre por problemas de salud.

Esta situación lo llevó a postergar el reinicio de la audiencia, señalando que habría recibido una información verbal de que posiblemente hoy Mamani, sería sometida a una intervención quirúrgica y que por lo tanto debería obtener más días de reposo, por lo que determinó el reinicio para el día 14 de octubre.
Fernández agregó que los jueces fueron designados jurados electorales, por lo que deberán estar en La Paz hasta el 13 de octubre.

Críticas. Gary Prado Araúz, hijo y abogado del procesado Gary Prado Salmón, indicó que de acuerdo a los días de impedimento de la jueza ciudadana, la audiencias debería reiniciarse el 6 de octubre y no asumir de forma inmediata y sin información oficial la cirugía de la jueza y alargar la reinstalación. "Aparentemente la influencia política del gobierno se siente y no quieren que los testigos que están declarando, lo sigan haciendo en las dos últimas semanas de campaña electoral, porque creen que les afecta el voto (al partido oficialista)", manifestó.

Movimiento

Acciones. Los detenido en el caso Rózsa aprovecharon la ocasión para sumarse a la campaña por la liberación de los presos políticos y el regreso de los exiliados políticos.

Los imputados se tomaron fotografías al concluir la audiencia con sus familiares para subirlas a las redes sociales para buscar el respaldo en toda la población boliviana y así lograr que la persecución política llegue a su fin.

La pasada semana inició este movimiento la familia Prado.

Molestia
'El Viejo' critica el informe médico que solicitó la Fiscalía

Observaciones. Guido Colque, abogado de "El Viejo", cuestionó al Tribunal Primero de Sentencia por no haber solicitado de forma oficial un informe médico de la salud de la jueza ciudadana Sonia Mamani, y permitir que el fiscal Iván Ortiz, sea quien solicite el informe respectivo.

"Este tribunal está de cabeza", fue la frase que Colque utilizó o generó molestia en el presidente de este tribunal, Sixto Fernández, con quien se discutió duramente por algunos segundos.

Al mismo tiempo Colque, lamentó que no se le haya dado un trato similar a Boris Villegas, testigo que no asistió por problemas de salud. "Traten a todos por igual a unos como a la juez la hacen ver con médico forense y a otros como el testigo lo revisan médicos de Palmasola", dijo Villa Vargas, después de que se leyera un informe médico en el que se señala que Villegas sufriría de lesión lumbar, ocasionándole hernia discal.

lunes, 29 de septiembre de 2014

YPFB Investigan cuentas de 79 ejecutivos

El Ministerio de Lucha contra la Corrupción investiga el estado de cuentas bancarias de 79 ejecutivos y funcionarios de YPFB y de algunos titulares de las subsidiarias.

Según documentos de esa cartera de Estado, a fines de año de 2013 se solicitó a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) un informe en detalle del número de cuentas y tipos de cuentas; formularios de información de apertura de cuentas, cierre de cuentas, extracto bancario de cada una de las cuentas, información de los últimos 10 años; retención de cuentas, congelamiento, etc; informe sobre otorgación de créditos y garantías ofrecidas, incluyendo el estado actual de dichas operaciones.

YPFB Tres funcionarios investigados por desaparición de llantas y baterías

El Ministerio Público de Santa Cruz, a través de la unidad especializada en persecución de delitos de corrupción, investiga a tres funcionarios de YPFB por la pérdida de 146 llantas nuevas y cuatro baterías UPS (Sistema de Alimentación Ininterrumpida) de los galpones de la Vicepresidencia Nacional de Operaciones (VPNO) y galpón de activos fijos de YPFB ubicados en la avenida Grigotá, entre el tercer y cuarto anillo de la ciudad de Santa Cruz. Se calcula una pérdida de $us 350.000.

La desaparición de llantas y la denuncia fueron formuladas por la estatal en mayo, sin embargo, hasta la fecha no se hizo pública.

Bajo la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, los tres altos funcionarios (M.P, A.T Y M.A) son investigados por el fiscal de Materia Iván Quintanilla Calvimontes.

Asimismo, YPFB solicitó al representante del Ministerio Público que requiera recepción de declaración informativa de una decena de funcionarios. En la Fiscalía se admitió que recibieron la denuncia.

Según una investigación de EL DEBER, ya se requirió a la Dirección Regional de Administración y Finanzas de YPFB, las notas, informes y comunicaciones referentes a la pérdida de las 146 llantas y las baterías, inventarios desde octubre de 2013 hasta 2014, personas que hicieron uso de medios de transporte, una lista de los policías que prestan servicios en esos predios, fotocopias legalizadas del manual de funciones de YPFB referentes a cargos de responsables o el equivalente a activos fijos y almacenes, etc.

Se envió cuestionarios a la estatal petrolera y al Ministerio de Lucha contra la Corrupción, pero no se obtuvo respuesta.

En la cartera de Estado, la responsable de la unidad de Comunicación, Viviana Coronado, indicó que hoy emitirán un informe de la situación.

YPFB

EL DEBER intentó conversar ayer con el titular de YPFB, Carlos Villegas, en La Paz, pero tampoco pudo lograrlo. Empero, ayer Villegas aseguró en el canal estatal, que a partir de 2016 Bolivia será autosuficiente en la producción de gasolina, una vez puesta en marcha las plantas de reformación catalítica (Cochabamba) y de isomerización (Santa Cruz).

En una entrevista con los medios estatales, el titular de YPFB, sin precisar mayores datos, informó que esas dos plantas serán entregadas a fines del próximo año

viernes, 26 de septiembre de 2014

Brasil da refugio a policía que protegía a fiscal Soza

Juan José Laguna Saavedra, el oficial de policía que fue encargado de la seguridad de Marcelo Soza, cuando en su condición de fiscal estuvo a cargo del caso de presunto terrorismo, logró el refugio provisional en la vecina república de Brasil, según ha podido conocer ayer el periódico digital Oxígeno.bo.

Laguna Saavedra recibió en las últimas horas “el documento provisorio de identidad de extranjero”, que fue emitido por el Comité Nacional para Refugiados (Conare) de Brasil. El documento logrado tiene una vigencia de un año, hasta el 25 de septiembre de 2015.

De acuerdo con el documento, Laguna solicitó el refugio a las autoridades brasileñas de acuerdo con la Ley 9474, de 1997, que determina los mecanismos para la implementación del Estatuto del Refugiado de 1951.

Saavedra fue responsable de la seguridad del ahora exfiscal Soza, quien también se encuentra refugiado en Brasil, desde donde denunció que el caso de presunto terrorismo, que estalló el 16 de abril de 2009, fue manipulado para afectar a líderes de la oposición en Santa Cruz.

Durante la investigación de las denuncias de extorsión contra Soza, autoridades del Ministerio Público acusaron de delitos de concusión, extorsión, cohecho, uso indebido de influencias y consorcio de jueces, fiscales, policías y abogados al jefe de seguridad de Marcelo Soza, el capitán de policía Juan José Laguna Saavedra.

A principios de agosto, Laguna Saavedra dijo a un juez de Santa Cruz que temía por su vida y la de su familia. Admitió también que acompañó a Soza a algunas reuniones en el Ministerio de Gobierno, aunque no precisó los momentos en que se suscitaron esos encuentros, según una nota de El Deber.

El abogado de los acusados del caso terrorismo, Gary Prado, dijo ayer a la prensa que el oficial estaba citado por estos días a una audiencia de medidas cautelares en la que posiblemente se hubiera ordenado su detención.

El pasado 9 de septiembre, el Conare de Brasil determinó ampliar por un año el refugio temporal para Soza, quien se encuentra en el país vecino desde marzo de este año tras considerarse un perseguido político.

Renuncia de jueza haría perder dos años de juicio

Santa Cruz | Anf

Ante la suspensión de la audiencia del caso de presunto terrorismo por la enfermedad de la jueza ciudadana Sonia Mamani el pasado viernes, que podría derivar en su renuncia al cargo y que también llevaría a reinstalar un nuevo tribunal, el abogado Gary Prado Araúz considera que este hecho podría hacer perder dos años de proceso judicial.

Prado, quien defiende en el proceso a su padre, Gary Prado Salmón, lamentó el perjuicio que podría causar la renuncia de la jueza, ya que nuevamente se tendría que iniciar con un nuevo tribunal y sortear nuevos jueces ciudadanos, recabar nuevamente las declaraciones de los más de 18 acusados presentes en el juicio.

“Hay que ver si es una baja temporal o si es una baja que no va a permitir continuar a la señora en el Tribunal y por lo tanto hay que anular el juicio y si ella ha presentado una carta renunciado al tribunal lo que corresponderá es anular el juicio (…) Se pierde dos años de juicio y volvemos a empezar la etapa de juicio oral”, dijo.

jueves, 25 de septiembre de 2014

Corrupción en políticos, enfermedad social

Para los bolivianos la corrupción definida como el “abuso del poder en beneficio privado” se ha convertido en una característica típica de todo político, sin saber si esta es un síntoma del tipo de sociedad en la que vivimos o de la mente de las personas. Para la psicóloga Andrea Villareal, la corrupción es una enfermedad de la sociedad en la que los individuos, con tendencias narcisistas, tienen mayor posibilidad de desarrollar.

“Siempre nos hemos preguntado si los políticos se vuelven corruptos o si los corruptos se convierten en políticos, porque pareciera que esta trasgresión está inserta en la personalidad de las personas con poder, a lo que muchos responden que es el poder el que corrompe a las personas. Sin embargo la corrupción es un síntoma de los valores y las condiciones de una sociedad”, señaló Villarreal.

Si bien todo ser humano está expuesto a ser corruptible, las personas que tienen tendencias narcisistas son las que caen con mayor frecuencia o facilidad ya sienten el deseo de disponer de todo y de todos para la satisfacción de uno mismo.

Al respecto la psicóloga social Soledad Fernández manifestó que desde el punto de vista individual, también se puede ver la corrupción como “consecuencia de situaciones que frustran el ideal social de la persona”, como la inequidad, la injusticia, la impunidad, llevándolos a priorizar el bienestar propio sobre el bien común.

“A los móviles del narcisismo hay que añadir como rasgo distintivo la búsqueda de un beneficio interesado. Por tanto, las personas con estas características de trastorno antisocial o paranoides que asumen liderazgos organizativos, serían proclives a desarrollar actos corruptos”, expresa Fernández.

Para ambas profesionales, la corrupción debe verse como una enfermedad social y no reducirla a síntomas psicológicos ya que es un fenómeno que existe en todos los tiempos, lugares y sistemas socio-económicos-culturales, que se ve más en los políticos porque como dice Fernández, “el poder hace desaparecer el miedo y permite que afloren deseos narcisistas y perversos”.

Investigan corrupción en DDRR de Oruro



La Fiscalía comenzó a investigar las denuncias de manipulación informática de trámites en la oficina de Derechos Reales (DDRR) de Oruro, anunció el fiscal anticorrupción Franz Zulmer. Cinco funcionarios se encuentran en la mira.

La búsqueda de indicios está a cargo de una comisión integrada por tres representantes del Ministerio Público designados para el caso, quienes comenzaron la indagación ayer debido a la gravedad de los hechos irregulares en los trámites de información rápida, los cuales fueron divididos para desviarlos con otros propósitos gracias a la manipulación informática.

Gravedad. “Buscamos identificar a los servidores públicos que han realizado estos trámites en forma irregular. Por cuanto se trata de manipulación informática, son varios tipos penales que se encuentran en investigación”, advirtió Zulmer.

El Ministerio Público tomó conocimiento del caso a petición de René Delgado, delegado Distrital del Consejo de la Magistratura, pero la denuncia contra al menos cinco funcionarios fue planteada formalmente por la máxima autoridad de Derechos Reales.

Delgado dijo que llegan de dos a tres denuncias a la semana contra todas las reparticiones del Tribunal Departamental de Justicia y no solo de la oficina de Derechos Reales.

miércoles, 24 de septiembre de 2014

Denuncian supuesta extorsión de policías y fiscales

Noticia publicada elJulio Pinilla Maturano, hijo de una persona de 75 años, denunció a Radio Fides, que su padre fue extorsionado por una red compuesta por policías y fiscales en la ciudad de El Alto, que “fabrican delitos” inexistentes para amedrentar a sus víctimas y sacarles dinero.

Cuando su padre se encontraba en la calle 4 de la avenida 6 de Marzo, fue abordado por un desconocido quien lo acusó de haberle robado Bs 1.000, “coincidentemente” pasaron por el lugar dos policías y lo trasladaron hasta la división propiedades de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de El Alto, mientras el anciano todavía trataba de entender la situación.

Posteriormente lo entregaron al sargento Guillermo Mamani y a un policía de apellido Silva, quienes sin ningún tipo de prueba, lo encerraron toda la noche e incluso lo presentaron ante un supuesto canal de televisión, con la finalidad de amedrentarlo.

Además los policías le dijeron a la persona de la tercera edad, que tenía prontuario y antecedentes policiales, lo que fue desmentido por el hijo del mencionado.

“Al día siguiente una persona que se hizo pasar por el fiscal Leopoldo Chui, que me parece que también trabaja en el entorno, les dice a mis parientes que tenían que pagar Bs. 4.000 sino el día lunes se iba a la cárcel, a mucha insinuación, mis primos reúnen Bs. 3.150 y lo dejan en libertad, tengo las pruebas, la documentación está en Transparencia, en el Defensor del Pueblo se ha presentado la denuncia”, agregó Pinilla a “Acoso Textual” de Fides.

Posteriormente el verdadero fiscal Chui, afirmó a los familiares del anciano que hubo un malentendido y que “algunas veces se hacían pasar por él” y que investigarían el hecho.

“Les dijo (Chui) a sus tres asistentes, quiero que en 30 minutos arreglen el problema del señor Daniel Pinilla, esperamos una hora y media, y nos devolvieron, el dinero sus asistentes”, agregó.

La denuncia fue presentada a la Unidad de Transparencia de la Dirección Departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen y el Defensor del Pueblo.

martes, 23 de septiembre de 2014

Visita a Bolivia Madre de Dwyer dice que fue 'intimidada'

Caroline Dwyer, madre del irlandés Michael Dwyer, quien murió abatido por la Policía en el hotel Las Américas en abril del 2009, reveló que la intimidaron durante su visita a Bolivia la pasada semana.

Según el diario irlandés Irish Times, Dwyer indicó que al día siguiente de visitar el hotel Las Américas, regresó a este lugar y el gerente le había informado que la Policía boliviana había estado haciendo preguntas acerca de su visita. "Querían saber dónde estaba, cuándo me iba a volver. Eso puso una complexión diferente en el resto de mi visita. Realmente me sentí intimidada, sentí miedo", indicó Dwyer.

De acuerdo al Irish Times, Dwyer anunció que viajará a Washington, Estados Unidos, en las próximas semanas para visitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y presentar la información que reunió en Bolivia. Dwyer denunció en Santa Cruz que su hijo fue asesinado con un tiro en el corazón y que luego lo remataron con cuatro disparos por la espalda. Consideró que no hay garantías de un proceso justo en Bolivia y pidió una investigación internacional imparcial.

domingo, 21 de septiembre de 2014

Bolivia se ubica entre los países con peor transparencia parlamentaria


El Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa, realizado por la Red Latinoamericana por la Transparencia Parlamentaria, indica que Bolivia logra un 24% de transparencia legislativa y un 30% de la normativa requerida para alcanzarla al interior de su Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). La vicepresidenta de Senadores, Zonia Guardia, dijo que se trata de un informe intencionado y el opositor Marcelo Antezana atribuyó la falta de transparencia a los manejos de la mayoría del Movimiento Al Socialismo (MAS).

La organización, que vincula a entidades civiles de países latinoamericanos, mide información de los congresos de 10 países del continente. El estudio contempla cuatro factores: Presupuesto, Gestión Administrativa y Mecanismos de Participación; Atención Ciudadana y Rendición de Cuentas; Normatividad y Labor del Congreso.

Los porcentajes más bajos en los índices de evaluación de Bolivia, fundamentados en un monitoreo que realiza el organismo regional, se encuentran en: la inexistencia de un reglamento de funciones y de un registro de bienes; la falta de una oficina de atención ciudadana y que no se entreguen informes individuales de la labor de cada legislador.

Entre los aspectos positivos, el informe destaca que la Asamblea difunde informes de las sesiones del pleno y de las comisiones, además que se cuenta con un Reglamento de Ética.

En el punto referido a la labor específica de la Asamblea, Bolivia logra un 24%. Enfatiza el documento la poca asistencia de diputados y senadores a sesiones de comisión y la nula información sobre los viajes de cada representante.

Sobre lo referido al presupuesto y gestión administrativa, donde el país logra un 13 por ciento, se muestran como puntos negativos que no existan publicaciones de los gastos que hace el Legislativo y los viáticos que recibe cada legislador.

Finalmente, en los mecanismos de participación, Bolivia logra un 31 por ciento, destacando la publicación de las actividades que realiza cada representante, pero observando la falta de mecanismos de atención de conflictos de la ciudadanía y el poco conocimiento respecto a la función específica de diputados y senadores.

La Red Latinoamericana por la Transparencia Parlamentaria se lanzó oficialmente en marzo de 2010 y actualmente se compone por 22 organizaciones de 11 países de la región. Realiza dicha investigación desde 2011.

Admiten deficiencias

Dos integrantes de la directiva de la Cámara de Senadores admitieron deficiencias en el acceso a información, pero señalaron que los manejos presupuestarios son transparentes.

La senadora Zonia Guardia, primera vicepresidenta de la Cámara Alta, atribuyó el informe a un interés de desprestigio, dijo que no es creíble al tratarse de un organismo regional y señaló que la gestión de los últimos cinco años logró la aprobación de varias leyes en beneficio de la población.

“Yo creo que las ONG sacan informes intencionados que buscan hacernos quedar mal a todo el país y ahora apuntan a la Asamblea Legislativa”, dijo la asambleísta.

Además, aseguró ajustarse a las leyes. “Nosotros estamos de acuerdo a la norma, puede ser que cometamos un error, pero no al grado de llegar a un delito. Hay un manejo transparente, antes los parlamentarios hacían lo que querían”, afirmó la senadora en contacto con EL DEBER Digital.

Mientras que el opositor Marcelo Antezana atribuyó la poca transparencia al mal manejo que realiza la mayoría del Movimiento Al Socialismo (MAS). “La cuestión administrativa es responsabilidad del oficialismo. Desde el primer momento existe un manoseo político por parte del órgano Ejecutivo y se conoce muy poco lo que se hace dentro de la Asamblea”, señaló.

Congresos latinoamericanos, poco transparentes

De los diez países analizados en el informe ninguno alcanza niveles superiores al 70 por ciento de transparencia, resalta el documento.

El que se ubica más abajo es Venezuela, con un 21% de transparencia; mientras que Perú, con un 55%, y Chile, con el 53%, tienen los niveles más altos de transparencia.

En promedio, los congresos o asambleas nacionales de Latinoamérica obtuvieron un 40% de transparencia, indica el informe realizado por la organización que funciona como mecanismo de vinculación entre organizaciones civiles de diferentes países latinoamericanos.

El estudio recalca que casi ningún congreso provee información sobre las asesorías que reciben los parlamentarios (remuneradas o no) por parte de externos: solo Uruguay (75%) y Chile (50%), y muy escasamente Colombia (14%), publican dicha información y solo puede accederse a los contratos efectuados en una única página web de esos países.

Además se califica "la dimensión Normatividad", que se refiere a las normativas de ética y reglamentaciones de lobby, entre otras. En ese aspecto, Perú logra el 59% y Ecuador, el 51%.

Resultados de la investigación realizada por la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa.

sábado, 20 de septiembre de 2014

Jueza ciudadana del caso Rózsa Sonia Mamani se desmaya en audiencia

Acabando la audiencia del caso Rózsa, la jueza ciudadana Sonia Mamani tomó la palabra y solo logró decir "ya no aguanto más", porque luego se desmayó.

El médico e imputado Juan Carlos Santistevan corrió para auxiliarla, pero fue impedido por los policías. Un día antes, Mamani había manifestado su intención de renunciar al caso, debido a su delicado estado de salud. Se sabeque sufre una una anemia severa, el jueves pasado hubo una pausa en el juicio, porque Mamani acudió a un centro médico para realizarse una endoscopía por problemas gastrointestinales.

Culpa a Sixto. En contacto con los medios, Sonia Mamani, dijo el jueves que quería renunciar debido a su estado de salud. Advirtió al juez Sixto Fernández que si rechaza su salida del caso, él será responsable de lo que le pudiera suceder en el futuro, porque está poniendo en riesgo su vida.

Según un estudio Legislativo, penúltimo en ranking de transparencia

La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia sólo supera al Congreso de Venezuela en cuanto a la transparencia de sus actos, según un estudio de la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa que tomó en cuenta a 10 países de la región.
"En promedio, los Congresos o Asambleas Nacionales de Latinoamérica obtuvieron un 40% de Transparencia. Perú (55%) y Chile (53%) tienen niveles de transparencia superiores al 50%, mientras Venezuela (21%) y Bolivia (24%) son los países que se encuentran más rezagados, con cifras inferiores al 25%”, dice el informe de la investigación publicado en Infobae.
El estudio tomó en cuenta a Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Perú, Uruguay y Venezuela. Para hacer la medición, tomó en cuenta: Presupuesto y gestión administrativa; mecanismos de participación y rendición de cuentas; normatividad; y labor del Congreso.

viernes, 19 de septiembre de 2014

Investigan la fortuna de 4 excomandantes de Policía

El Gobierno investiga a cuatro excomandantes de la Policía Nacional y a otros 22 oficiales por denuncias de supuesto enriquecimiento ilícito, informó ayer la ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo.

"Tenemos en este momento más de 26 oficiales de alto rango de la Policía Nacional denunciados, (entre ellos hay) cuatro excomandantes denunciados. Estamos haciendo la verificación y la investigación de sus fortunas", dijo Suxo a periodistas de La Paz.

Como parte de la investigación, el Ministerio de Lucha Contra la Corrupción inició un proceso para revisar las declaraciones juradas de patrimonio que los oficiales investigados presentaron a la Contraloría "y los bienes que tienen estas personas", añadió.

La Ministra lamentó que el proceso de investigación sea "lento" porque, según dijo, los investigadores que acompañan la labor de su oficina, que también son policías, "reciben presión de sus exjefes".

El Ministerio de Lucha Contra la Corrupción también decidió hacer revisiones "al azar" de las declaraciones patrimoniales de otros policías, fiscales y jueces, para detectar posibles casos de enriquecimiento ilícito.

Según Suxo, su oficina se topó con "una negativa" del Ministerio Público para realizar esa tarea en el caso de los fiscales, pero indicó que, pese a ello, se están efectuando las revisiones porque son acciones establecidas mediante ley.

"Nos estamos encontrando con cosas muy interesantes en relación a la verificación e investigación de los bienes que pueden tener estas personas", sostuvo la autoridad, al añadir que espera presentar los primeros resultados en noviembre o diciembre próximos.

Suxo también destacó que en los últimos ocho años, se han presentado 388 denuncias ante la Fiscalía contra exempleados y actuales funcionarios del Estado por supuesta corrupción.

Además, la Justicia emitió 97 sentencias por estas denuncias y la oficina de Suxo logró recuperar 129.3 millones de dólares dentro de varios casos.

Según la Ministra, no se tiene registro de sentencias similares en las gestiones previas a la del presidente Evo Morales, que asumió por primera vez la Presidencia en 2006, ni entonces era posible denunciar a ministros o parlamentarios porque éstos gozaban de inmunidad.

Gobierno investiga a 4 ex jefes policiales y 22 oficiales por delitos de corrupción

La Policía está en la mira luego de que el Gobierno, a través del Ministerio de Transparencia, anunciara la investigaciones de cuatro ex jefes policiales y 22 oficiales por delitos de corrupción como enriquecimiento ilícito.
"Tenemos en este momento más de 26 oficiales de alto rango de la Policía nacional denunciados, (entre ellos hay) cuatro ex comandantes denunciados. Estamos haciendo la verificación y la investigación de sus fortunas”, informó ayer la ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardy Suxo, en un encuentro con periodistas en la ciudad de La Paz.
Como parte de la investigación, este ministerio inició un proceso para revisar las declaraciones juradas de patrimonio que los oficiales investigados presentaron a la Contraloría, "y los bienes que tienen estas personas”, añadió.
La ministra lamentó que el proceso de investigación sea "lento” porque, según afirmó, los investigadores que acompañan la labor de su oficina, que también son policías, "reciben presión de sus ex jefes”.
El Ministerio de Lucha contra la Corrupción también decidió hacer revisiones "al azar” de las declaraciones patrimoniales de otros policías, fiscales y jueces, para detectar posibles casos de enriquecimiento ilícito.
Según Suxo, su oficina se topó con "una negativa” del Ministerio Público para realizar esa tarea en el caso de los fiscales, pero pese a ello, se están efectuando las revisiones establecidas mediante ley.
"Nos estamos encontrando con cosas muy interesantes en relación a la verificación e investigación de los bienes que pueden tener estas personas”, sostuvo la autoridad, al añadir que espera presentar los primeros resultados en noviembre o diciembre próximos.

A Dwyer lo remataron con cuatro tiros, dice su madre



Carolina, madre de Michael Dwyer, denunció ayer que a su hijo lo remataron con cuatro disparos de arma de fuego cuando estaba moribundo con el primer proyectil que le destrozó el corazón y los pulmones, en el operativo policial que abrió el caso Terrorismo.

La progenitora y otros familiares llegaron a Bolivia el domingo para pedir al Gobierno que acepte una investigación internacional transparente para hallar a los responsables de la matanza. Dwyer murió el 9 de abril de 2009, junto a Eduardo Rózsa y Árpád Magyarosi, dentro de un operativo destinado a desarticular a un grupo acusado de separatista por el Ejecutivo. Sobrevivieron Mario Tadic y Elöd Tóásó.

“Los restos fueron repatriados a Irlanda y su cadáver fue examinado por la patóloga oficial del Estado de Irlanda, la médica María Cáceres, que concluyó que era imposible que Michael haya participado en tal tiroteo”, dijo Carolina.

“Por este motivo nos encontramos totalmente unidos en nuestra solicitud para convocar una investigación independiente internacional transparente con respecto al asesinato de Michael, al respecto hemos reunido documentación de las pruebas”, añadió la extranjera.

Los fiscales Marco Antonio Rodríguez y Sergio Céspedes coincidieron en que no corresponde una investigación internacional del caso Terrorismo porque Bolivia es un Estado Plurinacional que cuenta con un Órgano Judicial que determinará la culpabilidad o inocencia de los acusados.

Según Céspedes, la misma corte internacional respeta la ley local, entonces no procedería una pericia externa. Además el proceso se encuentra en su última fase. “Hay una autopsia y pericia balística que determinan lo contrario de lo que dice la madre de Dwyer”, sostuvo Rodríguez.

De acuerdo con la familia, realizan un seguimiento de cerca del juicio. “Con la documentación que hemos recolectado podemos desenredar y descifrar la verdad (de) cómo y por qué asesinaron a Michael”, subrayó Carolina.

“Hemos visitado la habitación donde yacía el cadáver de mi hijo, sentí que la presencia de la persona que asesinó a Michael estaba a pocos centímetros, tanto en mi mente como del cuerpo de Michael”, señaló a los periodistas.

Denuncian intento de soborno

Durante la reanudación del juicio oral del caso Terrorismo se registró un incidente la mañana de ayer, cuando el fiscal Sergio Céspedes solicitó a la Policía revisar la mochila de Juan Kudelka, uno de los 39 acusados dentro del proceso, porque supuestamente había información que llevaba dinero para sobornar al testigo que declaraba.

El abogado Alberto Morales criticó la actitud del Fiscal, calificó de ilegal y abusiva la medida adoptada por la autoridad. Esta situación generó la reacción inmediata de Céspedes, quien insistió en que se revisara el bolsón del acusado. Finalmente el pedido no halló eco y no se hizo la verificación de qué contenía el maletín.

Céspedes señaló sin mencionar nombres que había información que algunos de los acusados le estarían pagando al testigo que declara dentro de un incidente de actividad procesal defectuosa, acción procesal presentada por Gary Prado Salmón. Este juicio se encuentra en la fase oral, después de cinco años de haberse dado inicio.

sonia mamani dice que el caso ha deteriorado su salud Jueza amenaza con dejar el caso y el juicio se ‘tambalea’

El juicio por supuesto terrorismo pende de un hilo. La amenaza que hizo ayer la jueza ciudadana Sonia Mamani Vargas, de dejar sus funciones como parte del Tribunal Primero de Sentencia, puede hacer que el proceso se vea obligado a cambiar de juzgadores y, por lo tanto, reiniciar el juicio que comenzó las audiencias orales y públicas los primeros días de octubre de 2012.
Las afirmaciones de Mamani, que junto a Anastasia Calizaya son las juezas ciudadanas, fueron hechas en medio de una crisis de salud que la aqueja desde el inicio de este caso y que le ha provocado varios inconvenientes.
Ayer Mamani habló con los medios de comunicación en la clínica Foianini, donde fue sometida a una serie de estudios para determinar las razones de la anemia aguda que padece, afección que ha provocado que ella se desvanezca en un par de oportunidades.
“Hasta el momento yo he estado asumiendo todos mis gastos, yo les dije (a los otros miembros del tribunal) que estoy mal, pero nadie me hace caso, solo me exigen que esté en la audiencia y yo no puedo jugar de esa manera con mi salud. Tengo dos hijos y debo velar por ellos”, afirmó la jueza y agregó que está pensando seriamente en dejar el juicio porque su salud se ha deteriorado.
“El doctor (Sixto Fernández) siempre me dice: ‘Tienes que seguir, vamos a poner un médico y te vamos a asistir’; pero nada de eso pasó hasta el momento, pese a que estoy bajo su cargo. Lo único que me dice él es que tengo que aguantar, pero no puedo seguir de esta manera, no puedo atentar contra mi salud”, insistió la mujer, que hoy por la tarde debe recibir los resultados de sus estudios y definir si se aleja del juicio por supuesto terrorismo.

Discrepancias en silencio
“En algunas cosas no estuve de acuerdo”, expresó Mamani, al ser consultada sobre algunas de las resoluciones que emitió el tribunal y que fueron cuestionadas por los abogados de los sindicados.
La jueza reconoció que no hizo estas observaciones en audiencia, pero aclaró que trató de defender su criterio ante los otros juzgadores.
Por ejemplo, ella señaló que está a favor de que todos los testigos en este caso declaren de manera extensa lo que saben, ya que afirmó que así es la única forma que ella tiene para construirse un criterio sobre lo que sucedió.
“Me parece que hay que escuchar al testigo que fue parte de eso (en referencia al caso), si no cómo voy a entender, cómo voy a sacar una resolución, cómo voy a decidir si no sé nada de eso. Pienso que deberíamos escuchar a la persona que fue parte de lo ocurrido, por lo menos ha visto y conoció lo que sucedió”, explicó Mamani.
De ratificarse hoy la intención que hizo pública la juzgadora, a criterio del fiscal Marco Antonio Rodríguez, el tribunal que lleva el caso tendría que dejar de conocer el mismo y se debe conformar un nuevo ente juzgador, para que el juicio puede ser iniciado desde cero

Dejan que villegas siga testificando
El incidente que planteó el Ministerio Público, que el martes cortó la declaración ofrecida por Boris Villegas respecto a las circunstancias en que conoció al procesado Juan Carlos Guedes, fue negado por los juzgadores y ordenaron que el exasesor del Ministerio de Gobierno continúe con su declaración sobre lo que sabe de lo ocurrido en el caso.
Sin embargo, la determinación es específica al señalar que el procesado debe testificar únicamente en el marco de la pregunta planteada, ya que en muchas de las respuestas que ha logrado dar Villegas ante otros cuestionamiento, se afirma que el proceso fue armado desde su concepción y que todo fue ejecutado en base a una manipulación política desde el Gobierno.
Como el tribunal le ordenó seguir declarando, Villegas afirmó que conoció a Guedes, un ex dirigente unionista acusado de conseguir armas para el presunto grupo terrorista, cuando llegó torturado por la Policía y fue entregado en La Paz.

Incidentes

Juan Kudelka reclama
Al finalizar la audiencia ayer por la mañana, se generó un incidente entre el fiscal Sergio Céspedes y el procesado Juan Kudelka. El miembro del Ministerio Público ordenó a los policías que registren la mochila del acusado, bajo la presunción de que allí llevaba armas o dinero para pagar a los testigos en este caso. Al final no se halló nada de eso y el sindicado pidió, por la tarde, la presencia de la Defensoría del Pueblo en el juicio.

Indignación del exasesor
Boris Villegas, el exmiembro del Ministerio de Gobierno, negó recibir dinero de nadie y denunció que la Policía ha intentado detener a su abogada.

DECLARACIONES JURADAS, BAJO LA LUPA DE NARDI SUXO

El Ministerio de Transparencia investiga, al azar, las declaraciones juradas de jueces, fiscales y efectivos de la Policía, informó ayer la titular de este despacho, Nardi Suxo, durante la presentación de los mecanismos de transparencia y lucha contra la corrupción.

La autoridad explicó la difícil tarea de su despacho, toda vez que se enfrenta a tres grupos de poder: jueces, fiscales y policías, que entorpecen y dificultan las investigaciones además de lanzar amenazas para que no avancen las investigaciones de cada caso.

Dijo que pese a todas estas dificultadas, el Ministerio continuará los procedimientos en todas las denuncias que reciben y, en particular, aquellas que están documentadas para remitirlas a la instancia respectiva o, en su caso, dejarlas sin efecto.

"Nos imaginamos lo difícil que debe ser para un ciudadano denunciar, pero es verdad... (imagínense) todo un Ministerio, muchas veces nos vemos acorralados por jueces, fiscales y policías. Entonces, cómo se verá el ciudadano de a pie".

Reiteró que pese a todos los obstáculos el trabajo del Ministerio de Transparencia seguirá con sus indagaciones sobre las denuncias incluso contra exautoridades del partido de Gobierno.

"Ahora estamos pidiendo verificaciones de declaraciones juradas, al azar, de jueces, fiscales y policías".

El objeto es determinar el origen de las fortunas y se espera tener resultados entre noviembre y diciembre próximo.

Investigan a cuatro exjefes policiales. La Ministra de Transparencia informó que actualmente se investiga 26 denuncias contra funcionarios de la Policía, entre ellos cuatro excomandantes por denuncias de supuesto enriquecimiento ilícito. "Tenemos en este momento más de 26 oficiales de alto rango de la Policía Nacional denunciados, cuatro excomandantes denunciados. Estamos haciendo la verificación y la investigación de sus fortunas... Nos hemos encontrado con cosas muy interesantes en relación a la declaración jurada y la verificación de los bienes que puedan tener estas personas". Lamentó que cada proceso sea lento, pero que esto se debe a que las indagaciones son efectuadas por policías, quienes "reciben presiones de sus exjefes".

Explicó que uno de los casos, en los que está involucrado uno de los excomandates, está relacionado con la construcción del edificio Los Reyes, de la Cooperativa de Vivienda Policial. El jefe policial recibió un departamento.

"El Ministerio toma acciones contra un jefe policial y no le gusta que lo investiguemos, porque lo hemos denunciado por el tema el edificio Los Reyes que nos demuestre que es inocente y no lo ha hecho y lo primero que hizo fue denunciarnos, pero no vamos a dejar ese proceso".

El ministerio de transparencia procesa 49 denuncias contra jueces y fiscales. La Ministra de Transparencia informó también que su despacho investiga 49 denuncias contra jueces y fiscales, en la mayoría de los casos, por incumplimiento de deberes.

De este número 22 son jueces y 27 fiscales quienes continúan en sus funciones.

Suxo dijo que estos casos no prosperan debido a que los investigadores, quienes llevan adelante la causa, al igual que en el caso de los policías, son los fiscales.

Señaló que para mejorar la justicia se requiere jueces anticorrupción, un nuevo Código Penal y reformas a la Ley Quiroga Santa Cruz.

Otros casos. De acuerdo con los datos proporcionados, Transparencia actualmente investiga 388 denuncias contra servidores públicos. Logró sentencia en 97 casos por hechos de corrupción y se recuperó 129,3 millones de dólares en los diferentes casos.

Suxo señaló que el ministerio público dio una negativa a su despacho para revisar las declaraciones juradas de fiscales.

jueves, 18 de septiembre de 2014

Caso Rosza “Michael no participó de un tiroteo, recibió 4 disparos cuando ya estaba moribundo”

Carolina Dwyer, madre del irlandés Michel Dwyer, denunció este jueves que a su hijo lo “ejecutaron brutalmente” con cinco disparos de arma de fuego, el primer disparo habría atravesado el corazón dañando los pulmones y los otros cuatro disparos fueron efectuados para “rematarlo”.


“Cuando los restos mortales de Michael fueron repatriados a Irlanda, su cadáver fue examinado por la patóloga oficial del Estado de Irlanda, la Dra. Marie Cassidy. Ella también examinó las fotografías (...). En su análisis, era imposible que Michael haya participado en un tiroteo. El recibió un tiro de arma de fuego en el corazón (...) mientras yacía moribundo recibió cuatro tiros más en su espalda”, informó.


En ese marco, destacó que cuentan con el respaldo de la Unión Europea (UE) en su solicitud para que se convoque a una investigación independiente.



Durante una rueda de prensa realizada en el salón Martín Cortez del hotel Cortez en la ciudad de Santa Cruz, la mujer entre sollozos aseguró que Michel nunca estuvo vinculado a organizaciones terroristas, que por el contrario era un hijo y hermano ejemplar, recién egresado de la universidad y que vino a Bolivia para tomar un cursos de seguridad, “Yo misma lo ayudé a organizarse para su viaje, en ningún momento hubo alguna agenda o motivo escondido”, enfatizó a tiempo de asegurar que en todo momento el irlandés se mantuvo en contacto con ella.


Aunque no precisó nombre, Carolina Dwyer dijo que se reunió con autoridades nacionales que comprometieron brindar apoyo para aperturar un juicio internacional sobre el hecho ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).



Durante el contacto con la prensa la mujer aseguró que “Las pruebas iniciales proporcionadas al gobierno de Irlanda por Bolivia después del asesinato, simplemente no cuadraban. Esta es y ha sido la opinión de mi Gobierno”. Acusó al gobierno boliviano de “no haber cumplido con los criterios de normales para llevara a cabo en forma debida el allanamiento de un edifico, en este caso el Hotel Las Américas.



Una vez más reiteró su deseo de justicia, ante el “asesinato” de Michel Dwyer y penas drásticas contra los culpables, no obstante, aseguró que jamás se repondrá por la pérdida. De esa manera, aseguró que después desde la fecha de la muerte de su hijo su objetivo es establecer la verdad sobre cómo y por qué “Michael fue tan brutalmente asesinado”.

miércoles, 17 de septiembre de 2014

“El viejo” está dispuesto a colaborar a la madre de Michael Dwyer

Ignacio Villa Vargas conocido como “El viejo”, se declaró ayer presto a colaborar con Carolina Dwyer, madre de Michael Dwyer, el irlandés que fue victimado en el hotel Las Américas en abril de 2009, que busca conocer la verdad sobre la muerte de su hijo y recolecta pruebas para entablar una demanda en la Corte Penal Internacional.

Surgen estas declaraciones en medio de un intenso cruce verbal entre la Fiscalía y los abogados de la defensa en el caso Terrorismo 1, pero a la vez improductivo porque poco o nada avanza la declaración del exdirector de Régimen Interior, Boris Villegas, convocado como testigo de cargo para resolver el recurso de incidente de actividad procesal defectuosa planteado por los acusados.

Villa Vargas relató que compartió con Dwyer entre 10 y 15 veces y que incluso lo llevó a su casa junto al grupo que lideraba el extinto Eduardo Rozsa Flores. “Sobre la estadía en mi casa hay audios y videos que han salido a la luz pública, pero casi nunca pude hablar con Michael porque él no entendía castellano”, dijo “El viejo”.

También comentó que tiene la percepción de que pudo haberse evitado las muertes del hotel Las Américas. “La señora llegó a Santa Cruz (por Carolina Dwyer), pero sólo ha hablado con Mario Tadic y Elod Toaso porque ellos entienden su idioma; si me busca estoy dispuesto a ayudarla”.

De acuerdo con la agenda de la comitiva que llegó de Europa, el lunes estuvieron en la audiencia que se realizó en Santa Cruz, pero el martes fueron a La Paz para tratar de reunirse con algunos miembros del Gobierno a través de la Cancillería.

Para hoy está previsto que viajen a Sucre con el fin de entrevistarse con el Fiscal General del Estado y otras autoridades del Órgano Judicial.

lunes, 15 de septiembre de 2014

Se reinició el juicio con la presencia de la Madre de Michael Dwyer

La madre del irlandés Michael Dwyer, muerto en un operativo policial en el hotel Las Américas la madrugada del 16 de abril de 2009, arribó la mañana del domingo al aeropuerto Viru Viru.

Caroline Dwyer llegó con autoridades diplomaticas de su país que tienen residencia en Argentina y un equipo de prensa que la acompañará en las gestiones que tiene previsto hacer en nuestro país, para recibir explicaciones por la muerte de su hijo, que fue abatido a tiros junto a Árpád Magyarosi y Eduardo Rózsa, acusados de formar parte de una célula terrorista que supuestamente pretendía acabar con la vida del presidente Evo Morales.

En la terminal aeroportuaria cruceña fue recibida por la exsenadora Carmen Eva Gonzales y algunos abogados que defienden a procesados en el juicio del caso terrorismo.

De acuerdo con las declaraciones que hizo la exparlamentaria, la madre de Dwyer tiene previsto estar presente en la audiencia del juicio que debe reinstalarse luego del receso de una semana, a las 15:30, en uno de los salones del primer piso del Palacio de Justicia.

Además, la legisladora hizo conocer que la extranjera tiene previsto viajar a La Paz y a Sucre, donde tratará de reunirse con autoridades judiciales y gubernamentales, para conocer las razones que motivaron la muerte de Michael Dwyer.

Dudas sobre lo sucedido

El primero en generar sospechas respecto a lo que sucedió en el operativo del hotel Las Américas fue Elöd Tóásó, que, junto a Mario Tadic, sobrevivió a la incursión policial.

Durante el testimonio que dio Tóásó en el juicio, afirmó haber visto viva a una persona que tenía tatuajes en los brazos iguales a los que lucía el irlandés, en un lugar similar parecido a un aeopuerto, desechando así la posibilidad de que el extranjero hubiera sido abatido por un intercambio de tiros en el hotel Las Américas.

A lo dicho por Tóásó, que está preso en el penal de San Pedro junto a Tadic y otros procesados de este caso, se sumó la afirmación del exfiscal Marcelo Soza, que, desde su refugio en Brasil, señaló que lo sucedido en el hotel fue una masacre y deslindó cualquier responsabilidad sobre lo ocurrido, ya que aseguró que lo presionaron para no indagar estos detalles del caso.

sábado, 13 de septiembre de 2014

Estudio de la corrupción en la justicia, policía y salud

La ministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, informó el viernes que hasta noviembre se presentarán estudios que identifican los "mayores focos de corrupción" en la Policía, el Órgano Judicial y el sistema público de salud.

"En noviembre esperamos presentar como cuatro estudios que hemos realizado en relación con temas que tienen que ver con Justicia, Policía, que es donde tenemos mayores problemas, pero también todo el sistema de salud", dijo.

Suxo encabezó el viernes la 'Caravana por la Transparencia' que llegó a la población de Vinto, en el departamento de Cochabamba, para promover la lucha contra la corrupción.

La ministra indicó que esos estudios ayudarán a recabar información sobre los "procedimientos" usados en los hechos de corrupción con el fin de "atacarlos" y erradicarlos de la gestión pública.

"Hemos estado haciendo seguimiento a través de visitas sorpresa, a través de muchas metodologías que nos están ayudando a ello", acotó.

Suxo informó, por otro lado, que en casi todos los municipios por donde pasó la "Caravana por la Transparencia" se recibieron denuncias, las mismas que se publicarán en un informe hasta octubre próximo.

viernes, 12 de septiembre de 2014

Visita de madre de Dwyer refleja la falta de justicia

El anuncio de la visita al país de Caroline Dwyer, madre de Michael Dwyer, abatido en el hotel Las Américas en abril del 2009, es un reflejo de la falta de credibilidad de la justicia boliviana a niveles internacionales.

Así coinciden los abogados Gary Prado Araúz y Edson Rojas, patrocinantes de Zoilo Salces y Alcides Mendoza, respectivamente.

Prado mencionó que el Estado boliviano no ha tenido la capacidad de informar a la familia del irlandés acribillado hace más de cinco años, las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

"La visita de la señora Caroline debería servir para que el gobierno de Evo Morales responda cómo, cuándo y dónde se decidió ejecutar a su hijo", comentó.

Rojas aseveró que la llegada de Dwyer es una muestra de que la credibilidad de la justicia boliviana está deteriorada. "Mucho más después de las declaraciones de Marcelo Soza, se estableció de que hubo asesinato de tres personas entre ellos Dwyer en el hotel Las Américas", exclamó. Tanto Prado como Rojas, se pusieron a disposición de la visitante para expresarle su solidaridad para que se conozca la verdad del operativo en Las Américas, donde también fuero abatidos Eduardo Rózsa y Árpad Magyarosi.

El itinerario. Se conoce que la progenitora del extinto irlandés tiene en agenda, conocer el hotel Las Américas en Santa Cruz y el aeropuerto Viru Viru, que serían los posibles lugares donde Michael Dwyer pudo haber sido ejecutado por efectivos de la Utarc. Sin embargo, se desconoce si se reunirá con el presidente Evo Morales para conocer la verdad.

jueves, 11 de septiembre de 2014

Caso terrorismo: madre de Dwyer llega a Bolivia

La madre del irlandés Michael Dwyer, de 24 años, que murió a tiros en abril de 2009 por un supuesto plan se magnicidio contra el presidente Evo Morales, llegará a Bolivia la próxima semana para reunirse personalmente con las autoridades del país y pedirles el inicio de una investigación internacional para esclarecer el asesinato de su hijo.

Según el portal independent.ie y el diario irlandés Kildare Nationalist, su madre, Caroline Dwyer pasará cinco días en Bolivia presionando para que se realice una investigación independiente sobre el asesinato de su hijo, cuyo cuerpo fue encontrado en el hotel Las Américas en Santa Cruz junto a otros dos.

Aunque aún no hay reuniones confirmadas con funcionarios del gobierno boliviano o líderes antes de la visita, Dwyer visitará el hotel donde falleció su hijo y conocerá a personas que estaban conectadas a él.

“Esta es una visita muy importante para averiguar toda la verdad sobre la muerte de Michael (…). Aunque no hemos tenido la confirmación de reuniones con funcionarios bolivianos, estamos muy esperanzados de que se las otorgarán”, indicó Dwyer.

“Hace más de cinco años desde que Michael fue asesinado. Ahora tenemos un cuerpo significativo de información que cambia la narrativa desarrollada por las autoridades bolivianas en el momento de su muerte, es importante que podamos lograr un acuerdo con las autoridades para una investigación internacional, de manera que una descripción clara y completa de lo que pasó con Michael pueda ser desarrollada”, agregó.

“Espero que esta visita sea el inicio de un cierre sobre el asesinato de mi hijo Michael”.

Los Dwyer hicieron una denuncia adicional al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales en noviembre pasado, después de recibir nueva información sobre el asesinato. Se les dio fotografías de Dwyer en un aeropuerto en el día en que lo mataron.

Pedirán informe a Guerrero

El presidente de la Cámara de Senadores, Eugenio Rojas, pidió ayer al Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, que “materialice” la extradición del ex fiscal del caso Terrorismo, Marcelo Soza, quien se encuentra refugiado en Brasil, por supuesta persecución política, y adelantó que solicitará a esa autoridad judicial del país un informe del avance del caso.

“El Fiscal General tiene que materializar la extradición de Soza, tiene que ir, tiene que hacer cumplir la norma, no sé por qué no está haciendo cumplir, es su atribución (...). Nosotros vamos a exigir un informe que nos presente y aclare cuál es la tarea que ha cumplido respecto a Marcelo Soza”, indicó.

Guerrero anunció en marzo pasado su viaje a Brasil para evitar que se le otorgue un refugio permanente. Sin embargo este viaje no se concretó.

La corrupción, principal causa para la retardación de justicia

Un porcentaje alto de la población considera que la corrupción es la principal causa de la retardación de justicia en Bolivia, según la investigación que realizó la Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública (Ciudadanía), en sociedad con el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP) y la Embajada de Suecia en Bolivia.
La encuesta -que se basó en un cuestionario del Barómetro de las Américas para 2014-, realizada a 3.053 personas de 76 municipios del país, señala que el 53,7% de los encuestados considera que la retardación de justicia se debe a que los jueces y oficiales de los tribunales son corruptos.
Un 12,5% de los consultados respondió que los jueces no tienen la suficiente capacidad para cumplir con los plazos; un 9,9% cree que la retardación se debe a que el sistema de justicia está muy desorganizado, y otro 8,7% piensa que hay mucha influencia política en la justicia.
Por otra parte, un 62,8% de la gente encuestada en Cochabamba considera que la corrupción es la causa más importante de la retardación de justicia a diferencia de Chuquisaca, donde sólo un 31% apunta a esa causa.
Según el estudio, un 47,4% de los entrevistados en La Paz dijo que pagó un soborno en los juzgados, en Santa Cruz un 38,5% y en Oruro un 33,3%. La población de Pando es la que menos pagó una coima (9,1%) con relación a otros departamentos.
"¿Hasta qué punto cree usted que los tribunales de justicia de Bolivia garantizan un juicio justo?”, fue una de las preguntas. Los pobladores de Santa Cruz, Chuquisaca, Pando y Beni expresaron mayor confianza en la justicia, mientras que los encuestados en La Paz, Tarija, Potosí y Cochabamba expresaron más desconfianza en la justicia.
Asimismo, el estudio señala que los jóvenes que oscilan entre los 18 y 25 años de edad son los que confían más en la justicia, contrariamente a los que sobrepasan los 26 años, que desconfían más del sistema judicial.
Las causas resueltas en los últimos años fue irregular. Entre 2012 y 2013 hubo una disminución de causas resueltas en el país, excepto en Potosí, donde se incrementó en más de 5 puntos.


El presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Juan Carlos Berríos, dijo que "es evidente que el tema de la corrupción funcionaria existente en este y otros órganos del Estado; afecta a la mora procesal, pero no es el único factor”.
Aseveró que uno de los problemas "más sensibles” es la marcada ausencia del Ministerio Público en las audiencias fijadas por los vocales y jueces.
Según los últimos datos -dijo Berríos-, en algunos tribunales de sentencia de El Alto, del 100% de audiencias determinadas por el juez, el 35% fue suspendido, en un 29% por ausencia del fiscal, en 19% por la inasistencia de jueces ciudadanos, en un 12% por la inasistencia de partes y en el 3% por falta de transporte o escolta.

Defensoría del Pueblo, la más confiable
La Defensoría del Pueblo es la entidad que mayor confianza despierta en la población boliviana, según el estudio que realizó la Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública (Ciudadanía).
Los jóvenes son los que confían más en esta entidad de defensa de los ciudadanos frente al Estado, en tanto que los mayores confían menos en esta institución.
Al contrario, el Tribunal Supremo de Justicia es la entidad que menos credibilidad tiene. "El conjunto del sistema de justicia tiene una baja puntuación en este 2014”, indica la investigación.

miércoles, 10 de septiembre de 2014

Soza ratifica que hubo ejecución extrajudicial

El exfiscal del caso Rózsa, Marcelo Soza Álvarez, afirmó ayer que en el operativo del hotel Las Américas de Santa Cruz realizado en abril de 2009, se produjo una ejecución extrajudicial y no un enfrentamiento, como afirma el Gobierno. En su primera aparición "en vivo" ante un medio boliviano tras su salida a Brasil, Soza expresó su disposición de ser testigo ante cualquier instancia donde sea convocado luego de cumplirse una tarea de investigación internacional.

Soza estuvo a cargo del polémico caso Rózsa desde sus inicios hasta 2013. Salió en marzo de este año del país hacia Brasil buscando refugio, tras ser acorralado por procesos judiciales en los que se lo acusa de extorsión a imputados en dicho proceso.

Declaraciones del exfiscal. Un día después de que el Comité Nacional del Refugiado (CONARE) de Brasil ampliara por un año más su refugio temporal, Soza dio una entrevista vía Skype a Cadena A, donde ratificó algunas de sus denuncias.

Acusó al Gobierno de ocultar esa información, que cuando estuvo en Bolivia no la podía divulgar porque vivía presionado, pero ahora se siente en libertad para decir ciertas cosas vinculadas al polémico caso. "Se hicieron ejecuciones en el hotel Las Américas, donde lamentablemente perdieron la vida tres ciudadanos y ahí fue una masacre, un asesinato y obviamente tendrán que responder quienes intervinieron en ese operativo, quienes ordenaron ese operativo, qué personas intervinieron en el mismo, aspecto que ya entregué al Conare (Brasil) para mi descargo", dijo refiriéndose a la muerte del boliviano húngaro Eduardo Rózsa Flores, el rumano Arpád Magyarosi y el irlandés Michael Dwyer.

Denuncias confirmadas. El otrora poderoso fiscal ratificó que el Ministerio de Gobierno era quien tenía el control de todo el caso y a través de esta cartera de Estado se direccionaba el proceso. "Estaba el hermano del vicepresidente Álvaro García Linera. Qué tendría que hacer el hermano del vicepresidente (Raúl García Linera) cuando ni siquiera es un funcionario público. Entonces, ahí vemos el poder ilimitado que esta persona tenía a través de otros operadores que trabajaban en Santa Cruz".

Órdenes que venían del grupo operativo. Señaló que solo obedecía órdenes del grupo que coordinó desde un principio el operativo: Luis Nolberto Clavijo, Carlos Subirana y el extinto Carlos Núñez del Prado.

"Yo no podía hacer absolutamente nada sin la previa autorización de esos ciudadanos, tanto que desde un principio yo no estuve de acuerdo y por eso vinieron las amenazas, una serie de cosas", declaró Soza.

Dijo que el Gobierno tenía previsto desprestigiarlo o encerrarlo como a algunos exfiscales y abogados que trabajaron para el Ejecutivo, "con la única finalidad de tapar las muertes que hubo el hotel Las Américas".

El Gobierno no tiene escrúpulos para mantenerse en el poder. El poder es lo principal para ellos y si tiene que pisar a una o dos personas o inclusive matar como lo hicieron en el hotel, lo van a hacer", agregó.

Marcelo Soza insistió que el objetivo central no era investigar el caso, sino descabezar a líderes políticos opositores de Santa Cruz.

Acciones en defensa. El abogado de Marcelo Soza en Brasil, Fernando Tiburcio, reveló que las pruebas de las supuestas "ejecuciones extrajudiciales" ocurridas en el hotel Las Américas, están siendo enviadas a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el Parlamento Europeo (PE).

Añadió que el presidente Evo Morales y sobre todo el vicepresidente Álvaro García Linera tendrán que responder sobre este tema.

El presidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Elío, considera que el Conare de Brasil es manejado por fuerzas conservadoras de la derecha y hay una suerte de complicidad con Soza.

Textuales

Sobre Rózsa. "No pude establecer quién trajo a Eduardo Rozsá. Ese sujeto vino con otras personas con una finalidad. No me consta que hayan tenido o no armamento".

Coordinación. "Manejó todo el caso Terrorismo en coordinación con Luis Nolberto Clavijo, Carlos Subirana -actual candidato a diputado del MAS- y el extinto Carlos Núñez del Prado, para sus beneficios personales, políticos y económicos, que lamentablemente en última instancia fueron a destruir el sentido original de la investigación".

Investigación externa. "Debería analizarse eso (auditoría), pero no en Bolivia, en Bolivia no existe garantías. Cualquier situación que venga de un órgano dependiente del Estado puede ser sujeto a alteración; bajo estas circunstancias la única forma de que se conozca la verdad de todos estos hechos es a través de una investigación imparcial, que obviamente en Bolivia no existe" .

Irregularidades del operativo. "¿Por qué no me avisaron, qué es lo querían ocultar, por qué razón desligaron el sistema de seguridad del hotel, qué es lo que querían tapar sobre esa situación? Hay interrogantes obviamente que hacen ver que efectivamente hubo una ejecución".
Fuente: Entrevista en Cadena A

Soza pide una investigación internacional del caso Rózsa

El exfiscal Marcelo Soza pidió ayer desde Brasil una investigación internacional del caso terrorismo para conocer quién trajo a Bolivia a los ciudadanos extranjeros del presunto grupo separatista liderado por Eduardo Róza Flores y quién ordenó el operativo policial que terminó en una "masacre y asesinato” en el hotel Las Américas de Santa Cruz, el 16 de abril de 2009.
Soza, quien se encuentra refugiado desde hace seis meses en Brasil, ratificó que "no había razón” para que "ejecuten y asesinen” a Eduardo Rózsa, Arpad Magyarosi y Michael Dwyer.
"También hubo torturas a los ciudadanos extranjeros y eso han tratado de tapar, en complicidad con algunas personas y eso tiene que conocerse”, afirmó Soza en una entrevista con Cadena A, e insistió que una entidad internacional investigue lo ocurrido en el hotel Las Américas.
La investigación debe ser internacional, porque en Bolivia –afirmó Soza– no existen garantías judiciales y las entidades dependientes del Estado están cooptadas por el Ejecutivo.
"Cualquier informe que venga de un órgano dependiente del Estado puede ser sujeto de alteración, que puede confirmar un hecho ilegal. La única forma de conocer todos los hechos es que una institución extraña al Gobierno y nuestro país investigue”, afirmó Soza, vía Skype, a Cadena A.
Según el exfiscal, la justicia boliviana sólo ha sido utilizada para encarcelar a líderes políticos y funcionarios del Gobierno que no obedecieron.
En la oportunidad, expresó su disposición de ser testigo ante cualquier instancia donde sea convocado luego de que se cumpla la tarea de investigación internacional.
El fiscal Marco Rodríguez, que fue asignado al caso terrorismo I, afirmó que "es difícil” que se concrete una investigación internacional, "salvo” que sea realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA).
" Ésa ya es una cosa muy distinta”, afirmó el fiscal.
Por otra parte, el exfiscal Soza deslindó responsabilidad y dijo que fue utilizado y "cuando me di cuenta, era tarde para salirme, pero no me dejaron”. Asimismo informó que "no es extraño” que Carlos Subirana sea candidato a diputado por el MAS porque "siempre estuvo con el vicepresidente” Álvaro García Linera. "Subirana fue quien trajo de Buenos Aires a Juan Kudelka, también trajo a Zvonko Matkovic cuando estaba en EEUU”.
Similar opinión expresó de la candidata a diputada uninominal por la circunscripción 7 del MAS por La Paz Betty Yañíquez.
"Ella fue la jueza de este caso, ahora fue designada (candidata del MAS)”, dijo.

Exfiscal pide a Raúl García decir toda la verdad

Página Siete / La Paz
Marcelo Soza, desde su refugio en Brasil, pidió al presidente Evo Morales y al hermano del vicepresidente Álvaro García Linera, Raúl, decir al pueblo boliviano la verdad sobre el operativo y el proceso de investigación del caso terrorismo.
"Raúl García Linera: diga de una vez la verdad y deje de amedrentar a la gente por algunos canales que tiene... que digan la verdad sobre las cosas que están oscuras. Ellos saben cómo se manejaron estas cosas”, manifestó Soza en entrevista vía Skype por Cadena A.
Asimismo, al presidente Morales le dijo: "Con mentiras no vamos a llegar a nada, es hora de decir la verdad y la verdad tiene que primar porque tarde o temprano esto se va a saber. No se puede ocultar la verdad manchando a las personas”.
En la oportunidad, Soza ratificó que quien tenía el control de toda la investigación del caso Rózsa era el Ministerio de Gobierno y quien estaba detrás era Raúl García Linera, hermano del Vicepresidente de Bolivia.
Soza dijo que la investigación internacional permitirá conocer qué hacía Raúl García Linera en el caso cuando ni siquiera era un funcionario público.
"Ahí vemos el poder ilimitado que tenía (Raúl García Linera) a través de otros operadores que trabajaban en Santa Cruz”, sostuvo el exfiscal.
De acuerdo a Soza, el hermano del Vicepresidente manejó el caso terrorismo I en coordinación con Luis Clavijo, Carlos Subirana (candidato del MAS) y el fallecido Carlos Núñez del Prado.
Al ser consultado sobre si se reunió con Morales como declaró ante la Conare de Brasil, Soza dijo que sí y lamentó que el Presidente del Estado lo niegue. "Bueno, les conviene que no se sepa la verdad. Es lamentable, que se dirijan con insultos. Me reuní tres o cuatro veces”, aseveró Soza y afirmó que todas las denuncias que realizó están respaldas con pruebas.

martes, 9 de septiembre de 2014

Exfiscal Soza: En el Hotel Las Américas hubo ejecución, masacre y asesinato de tres extranjeros

El exfiscal del caso terrorismo, Marcelo Soza Álvarez, dijo hoy que en el Hotel Las Américas de Santa Cruz, se produjo una ejecución, una masacre y asesinato de tres ciudadanos extranjeros. Expresó su disposición de ser testigo ante cualquier instancia donde sea convocado luego de cumplirse una tarea de investigación internacional.

Desde su refugio en Brasilia, Soza declaró a Cadena A, canal 36, vía skype, acusando al Gobierno de ocultar esa información, que cuando estuvo en Bolivia no la podía otorgar porque vivía presionado, pero ahora se siente en libertad para decir ciertas cosas vinculadas al polémico caso terrorismo que estalló la madrugada del 16 de abril de 2009, luego de la violenta incursión de las fuerzas policiales de la Unidad Táctica de Resoluciones de Crisis (Utarc) al céntrico hotel cruceño.

"Se hicieron ejecuciones en el Hotel Las Américas, donde lamentablemente perdieron la vida tres ciudadanos y ahí fue una masacre, un asesinato y obviamente tendrán que responder quienes intervinieron en ese operativo, quienes ordenaron ese operativo, qué personas intervinieron en el mismo, aspecto que ya entregue al Conare (Brasil) para mi descargo", declaró en relación a la muerte del boliviano húngaro Eduardo Rózsa Flores, el rumano Arpád Magyarosi y el irlandés Michael Dwyer, y se salvó Elöd Tóásó, quien está preso hace cinco años en el penal de San Pedro de La Paz.

Dijo que si hubiera relatado estos hechos en Bolivia, el Gobierno lo hubiera matado o en el mejor de los casos lo tendría entre rejas en una cárcel del país, "como lo estaban preparando hace rato desde el Ministerio de Gobierno".

Ratificó que el Ministerio de Gobierno tenía el control de todo y a través de esa cartera de Estado, "estaba el hermano del vicepresidente Álvaro García Linera. Qué tendría que hacer el hermano del vicepresidente (Raúl García Linera) cuando ni siquiera es un funcionario público. Entonces, ahí vemos el poder ilimitado que esta persona tenía a través de otros operadores que trabajaban en Santa Cruz".

Soza señaló que Raúl García Linera "manejó todo el caso Terrorismo en coordinación con Luis Nolberto Clavijo, Carlos Subirana -actual candidato a diputado del MAS- y el extinto Carlos Núñez del Prado, para sus beneficios personales, políticos y económicos, que lamentablemente en última instancia fueron a destruir el sentido original de la investigación".

"Yo no podía hacer absolutamente nada sin la previa autorización de esos ciudadanos, tanto que desde un principio yo no estuve de acuerdo y por eso vinieron las amenazas, una serie de cosas, y ahora estoy aquí por esa situación", declaró Soza, quien el lunes 8 de septiembre recibió del Conare de Brasil la ampliación por un año más de su estatus de refugiado provisional.

Dijo que el Gobierno tenía previsto desprestigiarlo o encerrarlo como algunos exfiscales y abogados que trabajaron para el Ejecutivo, "con la única finalidad de tapar las muertes que hubo el hotel Las Américas", dijo, "porque (el Gobierno) no tiene escrúpulos, porque la única finalidad es preservar el poder".

"En última instancia el pueblo va a tener que conocer la verdad. Mi verdad está dicha, y esa verdad no lo va a cambiar así me denigren, hablen mal de mí", manifestó el exfiscal Soza.

¿Por qué no me avisaron? ¿qué es lo querían ocultar?, ¿por qué razón desligaron el sistema de seguridad del hotel?, ¿qué es lo que querían tapar sobre esa situación? Hay interrogantes, obviamente que hacen ver que efectivamente hubo una ejecución", dijo Marcelo Soza, al insistir que el objetivo central no era investigar el caso sino descabezar a líderes políticos opositores de Santa Cruz.

Cuatro años de cárcel para un exdiputado por desvío de donación

El excandidato a gobernador por la agrupación ciudadana Poder Autonómico Nacional (PAN) y exdiputado nacional de Podemos, Edwin Flores Márquez, será encerrado cuatro años en la cárcel de Morros Blancos de Tarija como castigo por haber desviado la mitad de una donación que el gobierno de Taiwán hizo llegar a familias de escasos recursos de esa región de Bolivia.

La determinación fue tomada este lunes por el Tribunal de Justicia de Bermejo (Tarija). El proceso contra el exdiputado fue iniciado en 2008, y dos años después fue detenido preventivamente en la cárcel de Morros Blancos.

La investigación que le instaló el Ministerio Público a Flores Márquez fue porque, en 2006, recibió un lote con 8.254 prendas de vestir donadas por la embajada de Taiwán, ropa que debía distribuir a familias de escasos recursos de Bermejo, pero –según la denuncia– solo entregó 4.175.

Flores Márquez, acusado de peculado, recibió una sentencia de privación de libertad de cuatro años, además deberá pagar una multa de cien días a razón de Bs 100 por día, señala la agencia de noticias Fides.





TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DENUNCIAN ILEGAL CONTRATACIÓN DE ASESORES

El magistrado suplente, Iván Lima, denunció que hay titulares que tienen hasta diez abogados asistentes lo que va contra las leyes y la Constitución.

Abogados asistentes de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), designados sin un proceso selectivo previo y con remuneraciones de 1.820 dólares son responsables de redactar autos supremos, denunció ayer el magistrado suplente, Iván Lima.

Explicó que el TSJ se encuentra sumido en crisis porque en el país hay 800 jueces, 100 vocales y sólo nueve magistrados y que esa pirámide se convierte en "un cuello de botella".

Señaló que la solución que se encontró en la Constitución es que haya nueve titulares y nueve suplentes, lo que no dio frutos.

Es así, dijo, que al ser la función de magistrado exclusiva, éstos no pueden tener asesores para dictar un auto supremo. Ni siquiera los vocales de los tribunales departamentales o los jueces cuentan con este tipo de asesores.

"No hay transparencia en la designación (de asistentes) esto lleva a muchos cuestionamientos, cuando hay una elección a dedo el cuestionamiento es ¿quién influye para que una persona ocupe un cargo? El comentario en los pasillos es que los magistrados pagan así por su elección, por los votos a organizaciones sociales. Eso es lo más grave".

Calificó de ilegal la contratación de los 120 abogados asistentes.

"El tema central es llamar la atención al país, no es que se eligió a nueve magistrados, parece que otras personas eligieron a 120 personas que redactan los autos supremos hoy, esa es la gravedad, y los eligen la Sala Plena, pero no hay convocatoria ni méritos, sino a dedo".

Sostuvo que cada abogado asistente cobra 1.820 dólares y que no hay ninguna norma que respalde esta contratación.

El magistrado Lima dijo que los titulares contratan abogados inexpertos. "Es personal de confianza. Es una caja de Pandora que no se puede abrir. Que la Sala Plena dé un informe por qué hizo esas designaciones".

Los autos supremos son, en realidad, las sentencias de las causas, que son firmadas por los magistrados titulares, aunque redactadas por abogados asesores especialmente contratados.

IVÁN LIMA INSISTIÓ EN QUE LOS ABOGADOS ASISTENTES GANAN LO MISMO QUE UN VOCAL QUE TIENEN CARRERA MERITOCRÁTICA. ES DECIR, GANAN MÁS QUE UN JUEZ DE INSTRUCCIÓN O DE PARTIDO. LA FUNCIÓN DE MAGISTRADO ES EXCLUSIVA NO SE PUEDE TENER ASESORES.

viernes, 5 de septiembre de 2014

Villegas siente que se lo amedrenta por ser testigo en caso terrorismo

En la audiencia de ayer del juicio por supuesto terrorismo, el exfuncionario del Ministerio de Gobierno Boris Villegas denunció intimidación de parte del titular del Ministerio de Gobierno, porque él está testificando como parte de un incidente de nulidad absoluta planteado por los implicados en el caso.

Villegas aseguró que ayer al mediodía, tras salir de la audiencia, vio al ministro de Gobierno, Jorge Pérez, acompañado de otras personas que se mantuvieron en la puerta para ver la salida de los detenidos, aunque a consulta del juez Sixto Fernández, aclaró que no cruzó palabras con la autoridad. En este sentido, solicitó garantías porque dice que sus declaraciones en calidad de testigo deben estar libres de hostigamiento y amedrentamiento.

Por su lado, el acusado Gelafio Santiesteban también manifestó que los detenidos sufrieron amedrentamientos cuando se aprestaban a subir al bus por dos policías que estaban vestidos de civil y armados. Uno les sacaba fotografías mientras que el otro se acercó al bus a hablar con el chofer, por lo que solicitó a su custodio que le pidiera que se identifique.

A eso se sumó el reclamo de Ignacio Villa Vargas, ‘El Viejo’, que reprochó que no haya resultados en la investigación sobre el disparo que hizo su custodio.



Las declaraciones de Villegas

Durante el interrogatorio, Boris Villegas también admitió que en el caso Rózsa hubo agentes encubiertos y que uno de ellos fue el policía Wálter Andrade.

Manifestó que para el Ministerio de Gobierno Ronald Castedo, expresidente de Cotas, fue considerado uno de los financiadores del grupo separatista. También reiteró que cuando se desempeñaba en el Ministerio de Gobierno los jueces y fiscales que no estaban alineados con el Gobierno eran destituidos.  El exjuez Ricardo Maldonado fue uno de los que trabajó bajo las órdenes del gabinete del Ministerio de Gobierno. También dijo que la jueza Betty Yañíquez, por los méritos que logró en el caso fue elevada a fiscal de Distrito y hoy es candidata por el MAS

En la jornada de ayer

1. Terminó el interrogatorio por la defensa de Ronald Castedo. Comenzó el turno de Gelafio Santiesteban.

2. La defensa de ‘El Viejo’ indicó que solicitó al tribunal que abran causa en la Fiscalía Anticorrupción por el delito de tentativa de asesinato por el disparo que hizo su custodio.



3. La audiencia ayer se suspendió a solicitud de Ignacio Vargas, que sufrió malestar estomacal. Hoy continuará la cita, a las 9:30.

jueves, 4 de septiembre de 2014

Revelan red de corrupción entre policías y abogados y ahora están en la mira

Un sistema de corrupción opera desde hace años en oficinas de Tránsito con el fin de beneficiar en lo económico, presuntamente, a tres abogados y a policías que se aprovechan de las personas implicadas en accidentes, para cobrarles altos montos de dinero a cambio de que sus casos no sean derivados a la Fiscalía, como corresponde por ley.

Este es un resumen de la denuncia presentada por siete abogados a la Dirección de Investigación Profesional de la Policía (Didipi) del Comando de la Policía de Cochabamba, el 11 de agosto de este año. Hasta la fecha, los denunciantes no han sido convocados por la Didipi para prestar sus declaraciones.

Este diario conversó con algunos y ellos ratificaron sus denuncias. El sistema de corrupción funciona desde hace cinco años. Y estos mismos abogados presentaron una primera denuncia el 24 de febrero de 2010 describiendo cómo los funcionarios policiales imponían y desviaban a todos los protagonistas y a las víctimas de accidentes, a la oficina de los abogados Omar Daza, Raúl Chávez y Ronald Carvajal, que está situada a 20 metros de Tránsito Cochabamba.

Luego de esa primera denuncia, por un tiempo, la corrupción disminuyó, pero después, el sistema volvió a reorganizarse y los casos de desvío de clientela se han incrementado al punto de que la oficina de estos tres abogados siempre está llena y las de los otros abogados que atienden en ambientes contiguos, vacías. OPINIÓN lo verificó en un seguimiento de siete días.

Pero, ¿por qué la oficina de los abogados Daza, Carvajal y Chávez siempre están llenas? Los denunciantes aseguran que son los policías, clases y oficiales quienes se encargan de recomendar a las partes involucradas en accidentes, que busquen a estos abogados para que sus casos se resuelvan rápidamente y sin dar parte a la Fiscalía.

"Al extremo de que los investigadores policiales coordinan por teléfono con estos abogados a los cuales llaman de día, de noche, en feriados e incluso durante los operativos del Plan Chachapuma, para que se encarguen de gestionar la libertad de los conductores ebrios, sin remitirlos al Ministerio Público", describe la denuncia en la Didipi.

La molestia de los abogados afectados aumentó cuando se dieron cuenta de que los policías investigadores, en lugar de depositar a algunos aprehendidos de accidentes en las celdas de Tránsito, los dejaban en la oficina de estos abogados, para luego trasladarlos a los juzgados y garantizarles, así, "la clientela".

EN VARIAS OFICINAS Según los denunciantes, esto no solo ocurre en las oficinas centrales, sino también en las otras divisiones de Tránsito Accidentes y de Especiales de Quillacollo, Sacaba y de la EPI del Sur. Los abogados aseguran que los policías llaman desde esas oficinas al bufet de defensores ante cualquier accidente. Incluso, contarían con un espacio físico dentro de la EPI del Sur para atender los casos.

Los siete abogados denunciantes afirman que esta preferencia de los policías con el bufet Daza, Carvajal, Chávez, no es gratuita ni "por amistad". "Hemos acumulado una serie de evidencias y pruebas testificales que demuestran que los oficiales de Policía reciben de estos abogados una serie de prebendas, como fiestas, parrilladas con alcohol, rodeados de mujeres y reconocimientos económicos".

MODUS OPERANDI Las personas que han causado un accidente o son víctimas de otros choferes llegan a las oficinas policiales en estado de shock. Como no conocen las leyes ni sus derechos, son fácilmente intimidadas por los policías que atienden sus casos. Ellos les advierten que irán a la cárcel y para evitarlo les sugieren que busquen a los abogados mencionados, antes de que el caso pase a Fiscalía, cuando ya no podrán hacer nada para "ayudarles" con los informes técnicos. Esta "ayuda" tendría un precio económico, dependiendo de la gravedad del siniestro.

"Han llegado a decirles a nuestros clientes que estos abogados son asesores legales de Tránsito y que los demás solo les arruinaremos o les sacaremos dinero, porque no tenemos contactos como estos abogados", relató el abogado Félix Camargo.

Para los abogados denunciantes, los delitos que se están cometiendo en Tránsito son al menos tres, de acuerdo al Código Penal.

El delito de cohecho pasivo propio, previsto en el artículo 145, que lo comete “el funcionario o autoridad que para hacer o dejar de hacer un acto relativo a sus funciones o contrario a los deberes de su cargo, recibiere directa o por intermedio de otra persona, para sí o un tercero, dádivas o cualquier ventaja o aceptare ofrecimientos o promesas, será sancionado con presidio de dos a seis años”.

“El delito de beneficios en razón del cargo, que se refiere al servidor público que en consideración a su cargo admite regalos u otros beneficios, serán sancionados con 3 a 8 años de cárcel”.

El artículo 174 del Código Penal, sanciona con 5 a 10 años de cárcel a los abogados, policías, jueces o fiscales que concertaren la formación de consorcios con el objeto de procurarse ventajas ilícitas en detrimento de la sana administración de justicia.

Quiénes son.

Los sindicados

Los abogados sindicados de formar un consorcio con los policías son Omar Daza, Ronald Carvajal y Raúl Chávez Plata.

Daza y Chávez

A principios de enero de 2009 este diario publicó una investigación sobre las irregularidades en la pesquisa del linchamiento de tres policías en Epizana. Luego de una denuncia de fuentes de la misma Fiscalía, se supo que 11 personas que participaron del triple crimen pagaron al exfiscal de Distrito César Cartagena por ser liberados de toda culpa, pese a la existencia de pruebas. La Inspectoría indagó la denuncia de OPINIÓN y corroboró que los sobreseimientos fueron irregulares. Recomendó la destitución de César Cartagena y el exfiscal del caso Irving Avendaño. Los abogados de los sobreseídos eran Omar Daza y Raúl Chávez, que trabajaban con Alicia Jaldín, la esposa del exfiscal de Distrito. Ya entonces habían denuncias de consorcio con policías en temas de Tránsito.

Ronald Carvajal

Era el ayudante ad honorem del fiscal destituido Irving Avendaño y se unió al bufet.

Tránsito: ya se investiga el caso

El comandante de Tránsito, coronel Ronald Sánchez, apenas tiene unos días en ese cargo, pero adelantó que la denuncia de los abogados ya es investigada por la Dirección de Investigación Profesional de la Policía (Didipi).

Sánchez, que reemplazó en el cargo al coronel Freddy Almaraz, hace poco, dijo que él personalmente se presentó a todos los abogados que trabajan en inmediaciones de esa unidad y los escuchó a todos.

“Los tres abogados sindicados también tienen su versión, yo debo escuchar a ambas partes y tanto denunciantes como denunciados han presentado memoriales a la Didipi y ahora el caso está en proceso de investigación”, dijo Sánchez.

La autoridad acotó que, ante las denuncias, se reunió con todo el personal de Tránsito para dar instrucciones respecto al trato que debe haber con los abogados.

“Está prohibida cualquier relación con abogados, todos deben abocarse a su trabajo técnico”, sostuvo el coronel Ronald Sánchez.

Los tres abogados niegan denuncias y aseguran que colegas tienen “envidia”

Los tres abogados sindicados de conformar un consorcio con policías y oficiales de Tránsito, Omar Daza, Raúl Chávez y Ronald Carvajal, negaron las acusaciones y coincidieron en afirmar que sus colegas denunciantes “sienten envidia” por la afluencia de clientes que ellos tienen.

Alegaron que ellos tienen una masiva afluencia de gente porque son abogados de diversos sindicatos de transporte público y exhibieron dos certificaciones para comprobarlo. “Tienen accidentes de tránsito y nos buscan, en esta oficina somos varios abogados”, dijeron.

El abogado Omar Daza aseguró que el Comando de la Policía, a través de la Didipi, aún no lo ha notificado con la investigación para que preste sus declaraciones. Se enteró por el excomandante de Tránsito Freddy Almaraz. “Nos han denunciado ya dos veces y nunca han presentado pruebas, no hay testimonios de ciudadanos ni víctimas, estas denuncias son por envidia”.

Daza admitió que él fue uno de los abogados imputados y acusados por conformar un consorcio con el exfiscal de Distrito César Cartagena, quien favoreció con un sobreseimiento irregular a seis presuntos linchadores de tres policías en Epizana, clientes de Daza. El abogado informó que el proceso ya se ha extinguido en el juzgado segundo cautelar, luego de que él presentó un incidente de defensa material.

Raúl Chávez Plata, que también figuraba entre los abogados de los sobreseídos ilegalmente del caso Epizana, dijo que en su contra, la Fiscalía jamás halló indicios y ni siquiera fue imputado. Empero, una investigación de la Inspectoría General que supervisa a la Fiscalía, halló irregularidades en estos sobreseimientos, por lo que recomendó la destitución del exfiscal de Distrito César Cartagena y del exfiscal el caso, Irving Avendaño.

Ronald Carvajal, exasistente de Avendaño, negó las acusaciones. “Somos asesores de varios sindicatos y casi todos los días tienen accidentes, también viajamos a Villa Tunari y a otras provincias porque nuestros clientes nos recomiendan a otras personas. No tenemos ninguna oficina en la EPI Sur, eso es una locura, es una institución pública, que nos demuestren todo lo que están denunciando, están movidos por dos abogados”, dijo.

Víctima dice que debía pagar Bs 1.000 para recuperar auto

Faltaban 15 minutos para la una de la madrugada del 26 de agosto cuando Oliver, un joven de 19 años que había ido a jugar fulbito y compartió refrescos con sus amigos de una iglesia evangélica, volvía a su hogar en la zona sur. Conducía un Toyota Probox con placa 2581-XIE de su tío.

Al llegar a la avenida Los Ángeles y Guayacán, el joven chofer tuvo sueño y pestañeó por el cansancio. “Sentí que la rueda chocaba contra el cordón de la acera y me asusté, perdí el control de vehículo y choqué contra el muro de una casa”, contó a este diario. Una moto policial apareció y lo trasladó a la EPI del Sur, mientras el carro era llevado por una grúa. En la EPI, el teniente Jasmany Apaza encerró en celdas al joven hasta las siete de la mañana, sin permitirle llamar a sus parientes. En la misma celda, habían otras personas que habían protagonizado accidentes en estado de ebriedad. Según el joven, el abogado Ronald Carvajal ya estaba en la EPI del Sur y habló con sus compañeros de celda, que fueron liberados luego de pagar distintas sumas.

“Al ver que los estaban liberando yo le dije que me ayude y Carvajal me dijo tus ojos están rojos, seguro estás ebrio y yo le dije que no, que venía de jugar fulbito”.

Él me dio su número de teléfono que es el 77454984 y le dijo al teniente Apaza: “Teniente, él va a salir con mi garantía y se va a ir nomás, ahorita no tiene plata, que el auto que se quede y me va a llamar”.

Horas más tarde dio con el vehículo de su tío en una posta. Luego de avisarle a su tío lo ocurrido, fueron a buscar al dueño del muro dañado y pagaron su reconstrucción. Firmaron un acuerdo transaccional, con el que el tío fue a la EPI del Sur a buscar al teniente Apaza para pedirle que le devuelva el vehículo porque no habían ya daños materiales y no hubo heridos. “El teniente me dijo que el caso ya era de conocimiento verbal de Fiscalía y que primero debía ir a cancelar los 1.000 bolivianos al abogado Carvajal. Yo le dije de qué voy a cancelar si él no hizo nada, yo hice el acuerdo transaccional, y me dijo que era porque con su garantía había salido mi sobrino. Eso me parece ilegal, yo soy cristiano y no doy sobornos a nadie, pago lo que es correcto nomás”, explicó.

El hombre consultó al abogado Félix Camargo si era correcto pagar por una garantía y, al constatar que no lo es, presentó una denuncia a la Didipi del Comando Policial el mismo 1 de septiembre.

El 2 de septiembre presentó un memorial ante la EPI Sur y logró, al fin, la devolución del vehículo. Sin embargo, el hecho es irregular porque de acuerdo a ley, la única instancia que puede devolver un bien secuestrado es la Fiscalía, jamás un policía. Empero, este caso no fue derivado a la Fiscalía por el teniente Jasmany Apaza.

Este diario logró hablar con Apaza y éste dijo que su único error fue ayudar al joven, a pedido del hijo del dueño de la casa, cuyo muro dañó en el choque. “Él me pidió que lo ayude y lo hice”, respondió, al ser cuestionado sobre por qué no lo sometió a una prueba de alcoholemia y no pasó el caso a Fiscalía, como es su deber.

Sobre los motivos por los que se negó a devolver el vehículo al dueño, habiendo un acuerdo transaccional de por medio, Apaza sostuvo “yo no puedo entregar el vehículo a una persona que no es el conductor y que no se identifica como el dueño”. El teniente negó que le haya pedido a las víctimas que paguen primero al abogado Carvajal, como requisito para la devolución del carro y admitió que un abogado no puede garantizar la salida de nadie.

Juez amenaza con llevar audiencias del caso Rózsa al penal

Por las constantes interrupciones entre las partes procesales durante el juicio sobre el caso de supuesto terrorismo, el juez Sixto Fernández advirtió que se verá obligado a trasladar las audiencias al penal de Palmasola si no se pone freno al tema. “La ley me faculta a tomar las medidas necesarias para garantizar el desarrollo del proceso”, dijo, al adelantar que quizás se tenga que ir a litigar a Palmasola.

Esto se dio ayer durante la audiencia donde el exfuncionario del Ministerio de Gobierno Boris Villegas continuó testificando como parte de la resolución de un incidente de nulidad absoluta planteado por los abogados defensores de los implicados en el caso terrorismo. 

De las tres preguntas que le hicieron, dos fueron objetadas por el Ministerio Público y solo pudo contestar la referida a si conoce a Ronald Castedo, aunque también fue interrumpido. Los acusados reclamaron al fiscal Sergio Céspedes por las objeciones. Villegas lo acusó de haber trabajado en el Ministerio de Gobierno, pero Céspedes lo negó.

La suspensión

En el acto judicial, Ignacio Villa, ‘El Viejo’ pidió permiso para ir al baño, pero no fue atendido de inmediato y terminó orinado. Esto obligó a suspender la audiencia hasta hoy, a las 9:30.

Por la mañana

Durante la audiencia solicitada por el imputado Gary Prado Salmón, para que el tribunal considere la solicitud de cesación de arresto domiciliario, el abogado Otto Ritter y el fiscal Sergio Céspedes casi llegaron a los puños. Ritter se molestó porque el fiscal llamó “supuesta esposa” a María del Carmen Morales, esposa de Prado y candidata a diputada por el Partido Demócrata Cristiano


miércoles, 3 de septiembre de 2014

Cursan en Transparencia 388 denuncias contra servidores públicos y privados

La autoridad expuso ante la prensa las dificultades de su trabajo ante la conducta de algunos fiscales que no contribuyen al seguimiento de los diversos casos. "En esta tarea no voy a desmayar y seguiré con el mismo empeño hasta el último día de gestión", dijo la autoridad.

CONTRATOS ESTATALES

La ministra de Transparencia dijo ayer que es la Asamblea Legislativa donde cursan todos los contratos suscritos por las entidades del Estado, por lo que derivó a esa instancia constitucional la responsabilidad de atender las necesidades de información de la ciudadanía. “Todos los contratos son remitidos a la asamblea legislativa plurinacional y es allí donde se debe pedir los contratos", indicó.

CASO JINDAL

En relación al laudo arbitral emanado de la Cámara Internacional de Comercio (ICC) un organismo internacional con sede en París contra la Empresa Siderúrgica del Mutún por un monto de $us 22.5 millones, explicó que este caso es responsabilidad de los ejecutivos de la siderúrgica. “Es una responsabilidad de los ejecutivos de la institución eso está muy claro", sostuvo al referirse al pago de esa suma producto del fallo de ICC en favor de la empresa subsidiaria hindú, Jindal & Steel Power por el cobro irregular de dos boletas de garantía por $us 18 millones.

PROCESOS PENALES

La autoridad dio cuenta de dos procesos penales contra funcionarios de la Jindal por la adquisición de terrenos. Hay una imputación pero la dificultad es que no se puede notificar en el primer caso y en el segundo, por incumplimiento y daño contra el Estado sobre 30 personas involucradas con las cuales reiteró que tienen problemas de notificación. Seguiremos firmes viendo que estos dos casos avancen y tienen que ver con hechos de corrupción, sostuvo la autoridad.

‘El Viejo’ dice que quieren matarlo



Ignacio Villa Vargas, conocido en el caso Terrorismo como El Viejo, denuncio ayer ante el Tribunal 1º de Sentencia de La Paz, que atiende este proceso que involucra a 39 personas, que la noche del lunes el policía que le escoltaba disparó su arma de fuego cerca de su oreja.

El juez presidente del Tribunal, Sixto Fernández, luego de escuchar la denuncia realizada por El Viejo durante la audiencia del juicio oral que se ventila en Santa Cruz, pidió un informe a la Policía por lo ocurrido y se comprometió a realizar un seguimiento al caso.

Villa Vargas denunció que lo quieren asesinar para callarlo y que no siga revelando más detalles sobre lo ocurrido en el caso Terrorismo. “Esto no tiene otra explicación más que de un amedrentamiento para que no siga abriendo la boca”.

Reveló que el hecho se registró cuando era trasladado desde el Tribunal Departamental de Justicia hasta la cárcel de Palmasola. “En el trayecto, el vehículo policial se desvió de su ruta y en eso pregunté a dónde me llevaban. En respuesta, mi escolta sacó su arma y disparó encima de mi cabeza”, relató el procesado.

El fiscal del caso, Sergio Céspedes, dijo que se debe abrir una investigación a partir de esta denuncia.

Transparencia logró 96 sentencias por corrupción, 10 contra alcaldes del MAS

De acuerdo a un informe presentado hoy por la Ministra de Transparencia, Nardi Suxo, el cual detalla que en ocho años de gestión (2006 – 2014) se logró 96 sentencias por casos de corrupción, la autoridad resaltó que entre los casos mencionados, 10 corresponden a alcaldes del Movimiento al Socialismo (MAS), lo que demuestra que “la lucha contra la corrupción no mira colores políticos”, aseguró.

"Quiero señalar que antes del 2006 no había una sola sentencia en la lucha contra la corrupción, mucho menos documentos para hacer seguimiento de casos, pero gracias a la voluntad política del Gobierno y el mandato presidencial tenemos 96 sentencias, pese al poco apoyo del Órgano Judicial y del Ministerio Público", dijo en rueda de prensa.

Explicó que "en cumplimiento del mandato presidencial de cero tolerancia a la corrupción", de las 96 sentencias 23 son contra alcaldes, de los que 10 son del MAS y las otras 13 corresponden a alcaldes de organizaciones ciudadanas.

Mencionó que en esos mismos ocho años se recuperaron para el Estado 901.000.000 de bolivianos y bienes que fueron adquiridos ilícitamente.

Se procesaron 388 denuncias contra servidores públicos por presuntos hechos de corrupción y se constituyeron 290 unidades de transparencia en el país.

Suxo lamentó que en el país se quiera desconocer los avances en la lucha contra la corrupción, los que son ponderados por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM) y otras instancias internacionales.

Precisó que más allá de posibles cuestionamientos relativos al trabajo desarrollado por transparentar la gestión institucional y la lucha anticorrupción, los avances y resultados alcanzados son "irrebatibles".

Insistió que el Ministerio a su cargo trabaja desde 2006 en la construcción de un Estado confiable con "cero tolerancia a la corrupción" y plena transparencia en la gestión pública, formulando normas, diseñando y ejecutando políticas públicas, programas y proyectos construidos con la participación de los actores sociales.

En cumplimiento de la Ley 341 y profundizando la democracia participativa, dijo que más de 880 organizaciones sociales ejercen el Control Social.

Testigo y los imputados dicen ser amedrentados

Desenmascarados. Así quedaron el escolta policial de "El Viejo" y una infiltrada del Ministerio de Gobierno en la audiencia del caso Rózsa.

Ayer antes de que continúe con su declaración en calidad de testigo Boris Villegas, pidió la palabra al Tribunal Primero de Sentencia, Ignacio Villa Vargas, para denunciar amedrentamiento por su propio custodio policial.

"Mi escolta el sargento Carrillo intentó matarme, al disparar su arma de fuego cerca de mi oído y me amenazó, al decirme si sigo jodiendo me la veré con él, como una forma de coartar de que yo hable para que se sepa la verdad de los hechos", indicó.

El incidente sucedió pasada las 19:00 horas del lunes, cuando por razones desconocidas, el bus que los trasladaba desvió al norte cuando su ruta era por el sur.

De inmediato dieron fe de haber escuchado los disparos Juan Kudelka, Zoilo Salces y Mario Tadic, por lo que los acusados pidieron al juez Sixto Fernández que se investigue el hecho.

Identifican a infiltrada. Una vez que el presidente del Tribunal se comprometiera a pedir informe de lo sucedido entre el policía y Villa Vargas, Juan Carlos Guedes, apuntó a una mujer que se encontraba en el salón como infiltrada del Ministerio de Gobierno.

Acusación que fue corroborada por el testigo Villegas, quien la identificó como Norma Achacayo, abogada del ministro Jorge Pérez.

"Ella misma se encargó de amenazar a mi persona, a Fernando Rivera y a Claudia D'arruda en las celdas policiales del Palacio", remarcó. A pesar de que acusados y testigo evidenciaron que la mujer era infiltrada del Ministerio de Gobierno, el juez dijo que al ser una audiencia pública no ameritaba sacarla del salón.

Achacayo fue vista en muchas de las audiencias junto con otros sujetos de Inteligencia, que incluso han sido denunciados por el mismo Villegas de amenazarlo de muerte si seguía hablando. El exdirector de Régimen Interior y actual testigo dijo que seguirá diciendo la verdad y responsabilizó al ministro Pérez por si algo le pasa.

Villegas
Fiscal Prudencio Flores recibía órdenes del Ministerio de Gobierno

Declaración. Boris Villegas, exdirector de Régimen Interior y testigo de descargo del caso Rózsa, reveló que conocía al fiscal Prudencio Flores y que junto con Patricia Santos recibían órdenes del Ministerio de Gobierno.

Tanto Flores como Santos formaban parte de la Comisión de fiscales encabezada por Marcelo Soza.