martes, 31 de diciembre de 2019
lunes, 16 de diciembre de 2019
4 directivos de Comunicación son investigados por el caso Neurona
Al menos cuatro autoridades de alta jerarquía del Ministerio de Comunicación son investigadas por el Ministerio Público por el contrato millonario que hizo la exministra Gisela López, en 2017, con la empresa mexicana Neurona Consultnig, que realizó productos multimedia para la campaña de Evo Morales.
La responsable del proceso de contratación en el extranjero (RPCE), Nery A.R.L.; la viceministra de políticas comunicacionales, Paola S.G.G.; la directora general de estrategias, Kariduen R.V.A., y el jefe de producción, Abraham E.M.R., son las autoridades que aparecen en los cuatro procedimientos de estipulación: orden de contrato, solicitud de contratación, respaldo de contratación y contratación, realizados el año 2017, según los datos de la Fiscalía.
El 2 de diciembre, la ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, anunció una querella contra 23 personas por la contratación irregular que hizo esa cartera, en la gestión de Morales, con la compañía extranjera que ocasionó un daño económico al Estado de 12,4 millones de bolivianos.
El fiscal del caso, Samuel Lima, señala en la parte final de la imputación, a la que accedió Página Siete, que las cuatro altas autoridades y otros funcionarios del Ministerio de Comunicación serán convocados a declarar. “Se les tomará la declaración informativa a los que trabajan en calidad de cosindicados”.
La exministra López aparece en dos procedimientos, en el orden de contrato y en el respaldo de contratación. La investigadora del caso, Silvia Sandoval, dijo que la exautoridad será convocada a declarar y, además, solicitó información a la Dirección de Migración y a la Interpol para conocer su paradero.
Asimismo, en los documentos se mencionan los nombres y cargos del director general de redes sociales, el jefe de monitoreo, análisis y evaluación, la directora general de planificación, el técnico de planificación, el técnico de presupuesto, el responsable de presupuesto y el auxiliar de presupuesto, entre otros.
Sandoval agregó que después de la renuncia del expresidente Morales, varios funcionarios del Ministerio de Comunicación presentaron su carta de renuncia o solicitaron que se les asigne a otras unidades de la misma institución o a otras entidades.
El 10 de diciembre, la Fiscalía inició una investigación con la citación a los primeros cuatro funcionarios del Ministerio de Comunicación.
Los servidores fueron aprehendidos. En una audiencia cautelar la autoridad judicial decidió en primera instancia la detención preventiva de ellos, pero después de unos minutos cambió de opinión y dictó detención domiciliaria con salida laboral para los cuatro acusados.
La responsable del proceso de contratación en el extranjero (RPCE), Nery A.R.L.; la viceministra de políticas comunicacionales, Paola S.G.G.; la directora general de estrategias, Kariduen R.V.A., y el jefe de producción, Abraham E.M.R., son las autoridades que aparecen en los cuatro procedimientos de estipulación: orden de contrato, solicitud de contratación, respaldo de contratación y contratación, realizados el año 2017, según los datos de la Fiscalía.
El 2 de diciembre, la ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, anunció una querella contra 23 personas por la contratación irregular que hizo esa cartera, en la gestión de Morales, con la compañía extranjera que ocasionó un daño económico al Estado de 12,4 millones de bolivianos.
El fiscal del caso, Samuel Lima, señala en la parte final de la imputación, a la que accedió Página Siete, que las cuatro altas autoridades y otros funcionarios del Ministerio de Comunicación serán convocados a declarar. “Se les tomará la declaración informativa a los que trabajan en calidad de cosindicados”.
La exministra López aparece en dos procedimientos, en el orden de contrato y en el respaldo de contratación. La investigadora del caso, Silvia Sandoval, dijo que la exautoridad será convocada a declarar y, además, solicitó información a la Dirección de Migración y a la Interpol para conocer su paradero.
Asimismo, en los documentos se mencionan los nombres y cargos del director general de redes sociales, el jefe de monitoreo, análisis y evaluación, la directora general de planificación, el técnico de planificación, el técnico de presupuesto, el responsable de presupuesto y el auxiliar de presupuesto, entre otros.
Sandoval agregó que después de la renuncia del expresidente Morales, varios funcionarios del Ministerio de Comunicación presentaron su carta de renuncia o solicitaron que se les asigne a otras unidades de la misma institución o a otras entidades.
El 10 de diciembre, la Fiscalía inició una investigación con la citación a los primeros cuatro funcionarios del Ministerio de Comunicación.
Los servidores fueron aprehendidos. En una audiencia cautelar la autoridad judicial decidió en primera instancia la detención preventiva de ellos, pero después de unos minutos cambió de opinión y dictó detención domiciliaria con salida laboral para los cuatro acusados.
jueves, 5 de diciembre de 2019
martes, 29 de octubre de 2019
jueves, 24 de octubre de 2019
viernes, 18 de octubre de 2019
miércoles, 9 de octubre de 2019
Audios develarían que el MAS pretende beneficiar con ítems del SUS a personas afines al Gobierno
En la jornada de este lunes, salieron a la luz unos audios que aparentemente se habrían filtrado de una reunión política entre representantes y autoridades afines al Movimiento al Socialismo (MAS), donde se estarían pretendiendo armar listas para que personas afines a la línea del Gobierno Nacional se beneficien con los ítems que lleguen del Sistema Único de Salud (SUS), al departamento de Tarija.
Ante esta situación diferentes dirigentes del sector de salud de Tarija, mostraron su preocupación y lamentaron que se pretenda politizar el tema de salud en la región.
Es así que, en dichos audios filtrados, aparentemente el alcalde de Uriondo, Álvaro Ruiz, sugiere realizar listas de aquellos municipios que están con el seguro que impulsa el Gobierno Nacional, para anticiparse a la llegada de los ítems de salud, que esta instancia hará llegar al departamento.
“Vamos a decir que alcaldes más lanzan el SUS, mientras van lanzando ya tenemos que estar en las listas de municipios que están con el SUS, porque van a mandar ítems y no vamos a tener, ni estamos en las listas y Tarija porque no va a querer entrar, pero mientras nos avisan estemos preparados; porque en mi lógica creo que mínimo nos van a llegar unos 300 ítems, tengo esperanza de más: pero la única forma de poder sentarnos a charlar es con las personas que sean del MAS”, dice Ruiz en dicho audio filtrado.
No obstante, en otro audio que aparentemente es del candidato a diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS). Walter Aguilera indica que: “El SUS; si es directamente una instancia política, así clarito a ver cuántos van a ingresar, por lo menos hay para poder meter 1, 2 o 5 o 10 si es mejor”.
Por lo que el presidente del Colegio Médico de Tarija, Jaime Márquez, señaló que a su parecer esta situación no sería leal, ya que solo demuestra el tinte político del SUS, señaló mientras dio a entender que solo ingresaría gente sin concurso o meritocracia.
Por su parte, el secretario ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas en Salud Pública (Sirmes), Edwin Valdez, explicó que esta situación no es de extrañarse, ya que se continuará dando de esta manera mientras continúe este Gobierno.
Es lamentable porque nunca se tendrá una estabilidad laboral, si bien es beneficioso para ellos porque gozarán de una fuente laboral (…), no nos extraña las medidas que se están adoptando”, señaló Valdez.
Ante esta situación diferentes dirigentes del sector de salud de Tarija, mostraron su preocupación y lamentaron que se pretenda politizar el tema de salud en la región.
Es así que, en dichos audios filtrados, aparentemente el alcalde de Uriondo, Álvaro Ruiz, sugiere realizar listas de aquellos municipios que están con el seguro que impulsa el Gobierno Nacional, para anticiparse a la llegada de los ítems de salud, que esta instancia hará llegar al departamento.
“Vamos a decir que alcaldes más lanzan el SUS, mientras van lanzando ya tenemos que estar en las listas de municipios que están con el SUS, porque van a mandar ítems y no vamos a tener, ni estamos en las listas y Tarija porque no va a querer entrar, pero mientras nos avisan estemos preparados; porque en mi lógica creo que mínimo nos van a llegar unos 300 ítems, tengo esperanza de más: pero la única forma de poder sentarnos a charlar es con las personas que sean del MAS”, dice Ruiz en dicho audio filtrado.
No obstante, en otro audio que aparentemente es del candidato a diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS). Walter Aguilera indica que: “El SUS; si es directamente una instancia política, así clarito a ver cuántos van a ingresar, por lo menos hay para poder meter 1, 2 o 5 o 10 si es mejor”.
Por lo que el presidente del Colegio Médico de Tarija, Jaime Márquez, señaló que a su parecer esta situación no sería leal, ya que solo demuestra el tinte político del SUS, señaló mientras dio a entender que solo ingresaría gente sin concurso o meritocracia.
Por su parte, el secretario ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas en Salud Pública (Sirmes), Edwin Valdez, explicó que esta situación no es de extrañarse, ya que se continuará dando de esta manera mientras continúe este Gobierno.
Es lamentable porque nunca se tendrá una estabilidad laboral, si bien es beneficioso para ellos porque gozarán de una fuente laboral (…), no nos extraña las medidas que se están adoptando”, señaló Valdez.
miércoles, 2 de octubre de 2019
Novia de Juan Pari pidió un proceso corto para recibir una condena mínima
Luciana Regina Cagnola, novia de Juan Pari, solicitó someterse a un proceso abreviado para conseguir una pena mínima, según reveló este lunes en conferencia de prensa, Javier Flores, fiscal asignado al caso.
"Ha solicitado beneficiarse con un proceso abreviado dentro del proceso que está bajo mi cargo, sin embargo, se ha analizado todos los elementos, se nos ha convocado a una audiencia para resolver este aspecto, sin embargo, el Ministerio Público no ha aceptado este acuerdo porque está pidiendo cuatro años (de cárcel)", explicó el investigador.
Reveló que producto de esa solicitud, la mujer, que llevaba un estilo de vida ostentoso, al igual que el exjefe de operaciones de la entidad financiera, admitió que participó del desfalco al Banco Unión, descubierto en 2017.
"Ella coadyuvó en sacar dinero, también recibió un vehículo como regalo, todos esos elementos serán considerados, recordemos que estamos en la fase preparatoria del proceso", agregó el fiscal.
Se espera que inicie el juicio por el desfalco de 37,6 millones de bolivianos en las agencias del Banco Unión de Batallas y Achacachi. Juan Pari, exjefe de Operaciones, es el principal acusado en este caso, que vincula a otras 28 personas
El hecho fue destapado en septiembre de 2017 y desde entonces una serie de funcionarios de la entidad financiera, amigos, socios y familiares del exfuncionario fueron involucrados. La mayoría guarda detención preventiva en diferentes cárceles.
"Ha solicitado beneficiarse con un proceso abreviado dentro del proceso que está bajo mi cargo, sin embargo, se ha analizado todos los elementos, se nos ha convocado a una audiencia para resolver este aspecto, sin embargo, el Ministerio Público no ha aceptado este acuerdo porque está pidiendo cuatro años (de cárcel)", explicó el investigador.
Reveló que producto de esa solicitud, la mujer, que llevaba un estilo de vida ostentoso, al igual que el exjefe de operaciones de la entidad financiera, admitió que participó del desfalco al Banco Unión, descubierto en 2017.
"Ella coadyuvó en sacar dinero, también recibió un vehículo como regalo, todos esos elementos serán considerados, recordemos que estamos en la fase preparatoria del proceso", agregó el fiscal.
Se espera que inicie el juicio por el desfalco de 37,6 millones de bolivianos en las agencias del Banco Unión de Batallas y Achacachi. Juan Pari, exjefe de Operaciones, es el principal acusado en este caso, que vincula a otras 28 personas
El hecho fue destapado en septiembre de 2017 y desde entonces una serie de funcionarios de la entidad financiera, amigos, socios y familiares del exfuncionario fueron involucrados. La mayoría guarda detención preventiva en diferentes cárceles.
martes, 1 de octubre de 2019
viernes, 20 de septiembre de 2019
lunes, 9 de septiembre de 2019
domingo, 8 de septiembre de 2019
jueves, 5 de septiembre de 2019
miércoles, 14 de agosto de 2019
jueves, 1 de agosto de 2019
Familiares de diputada Silva trabajan en cargos jerárquicos en instituciones públicas
Eduardo León, exdefensa de Gabriela Zapata, denunció este miércoles que familiares de la diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Valeria Silva, trabajan en cargos jerárquicos en instituciones públicas.
“(Miembros de) la familia de Valeria Silva fungirían como autoridades dentro del Ejecutivo, lo cual emerge de una denuncia de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), que manifestó que mientras se da un trato discrecional a uno se da un trato de privilegio a otros”, aseguró León, según un reporte de radio Compañera.
Mencionó que el padre de la legisladora, Óscar Silva, es jefe de Comunicación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y su esposo Joaquín Rodas es director general de la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos (UCPP), dependiente del Ministerio de Economía.
En tanto, León explicó que la madre de Silva, Liliana Guzmán, trabaja en el Ministerio de Defensa y sus hermanos ocuparían cargos en la Contraloría General del Estado, el Banco Unión y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Ante esto, afirmó que la Contraloría General del Estado debería iniciar una investigación contra la legisladora por el delito de uso indebido de influencias.
“Más allá de que se diga que todos los familiares como dicen los del Gobierno pueden trabajar donde quieran, pero esto emerge de una influencia directa en su condición de autoridad para poder lograr una ventaja indebida”, aseveró León.
Al respecto, el senador opositor Arturo Murillo aseguró que todas las autoridades del Gobierno del MAS tienen a sus familiares trabajando dentro en el Estado y que, en muchos casos, están vinculados a la corrupción. Sugirió que se debe investigar, pues considera que ha peores casos que el de Silva.
“Es un chiste el nepotismo en el Gobierno (..) Valeria Silva es una pulga, hablemos de los elefantes todos los ministros, los diputados, los senadores del MAS tienen a sus familiares incrustados en el poder. Y eso no sucedía antes (…) Para qué nos vamos a preocupar de Valeria Silva, Deberíamos investigar a todo el gobierno”, dijo.
“(Miembros de) la familia de Valeria Silva fungirían como autoridades dentro del Ejecutivo, lo cual emerge de una denuncia de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), que manifestó que mientras se da un trato discrecional a uno se da un trato de privilegio a otros”, aseguró León, según un reporte de radio Compañera.
Mencionó que el padre de la legisladora, Óscar Silva, es jefe de Comunicación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y su esposo Joaquín Rodas es director general de la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos (UCPP), dependiente del Ministerio de Economía.
En tanto, León explicó que la madre de Silva, Liliana Guzmán, trabaja en el Ministerio de Defensa y sus hermanos ocuparían cargos en la Contraloría General del Estado, el Banco Unión y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Ante esto, afirmó que la Contraloría General del Estado debería iniciar una investigación contra la legisladora por el delito de uso indebido de influencias.
“Más allá de que se diga que todos los familiares como dicen los del Gobierno pueden trabajar donde quieran, pero esto emerge de una influencia directa en su condición de autoridad para poder lograr una ventaja indebida”, aseveró León.
Al respecto, el senador opositor Arturo Murillo aseguró que todas las autoridades del Gobierno del MAS tienen a sus familiares trabajando dentro en el Estado y que, en muchos casos, están vinculados a la corrupción. Sugirió que se debe investigar, pues considera que ha peores casos que el de Silva.
“Es un chiste el nepotismo en el Gobierno (..) Valeria Silva es una pulga, hablemos de los elefantes todos los ministros, los diputados, los senadores del MAS tienen a sus familiares incrustados en el poder. Y eso no sucedía antes (…) Para qué nos vamos a preocupar de Valeria Silva, Deberíamos investigar a todo el gobierno”, dijo.
jueves, 25 de julio de 2019
martes, 9 de julio de 2019
Mesa y Ortiz en caso Odebrecht Piden investigar financiamiento externo para campaña del MAS
Los candidatos a la presidencia por Comunidad Ciudadana Carlos Mesa y Bolivia Dice No, Óscar Ortiz, pidieron a las autoridades competentes del país investigar el presunto financiamiento internacional a la campaña política del Movimiento Al Socialismo (MAS). Tras que el exministro de Hacienda, Antonio Palocci, del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva develara que se desviaron recursos económicos a Bolivia y Perú.
“Exministro de @LulaOficial, revela que dinero de #Odebrecht financió campaña del #MAS en Bolivia. Si el gobierno no inicia de inmediato una investigación, evidenciará que está involucrado con #LavaJato y su gigantesco aparato de coimas y corrupción”, escribió Carlos Mesa a través de su cuenta oficial de Twitter.
Por su parte, Ortiz señaló que tanto la Fiscalía General del Estado (FGE) como el Tribunal Supremo Electoral (TSE) deben investigar de oficio las acusaciones que hizo el exministro de Hacienda de Lula Da Silva.
“¿Qué harán el @TSEBolivia y la @FGE_Bolivia frente a esta información? Deben investigar de oficio. La @FGE_Bolivia debe suscribir YA un acuerdo de cooperación con el Ministerio Público del Brasil para investigar el Caso Lava Jato”, cuestionó el candidato opositor.
El hecho se revela después que la pasada semana el gobierno del MAS y el opositor Oscar Ortiz arremetieron contra Mesa por los presuntos 10 millones de dólares que tendría para llevar adelante su campaña electoral. El vicepresidente Álvaro García dijo incluso que ese dinero podría provenir del narcotráfico.
DECLARACIÓN
Antonio Palocci declaró la semana pasada ante la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) de Brasil sobre las irregularidades en el manejo del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes) durante el gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) que es liderado por Luiz Inacio Lula da Silva.
La exautoridad detalló las millonarias coimas que la empresa Odebrecht le pagó al PT por el apoyo financiero que le ofreció para realizar obras en Angola. Créditos que por el riesgo de la operación no podrían haber superado los 150 millones de dólares, terminaron siendo de más de 250 millones, y en reiteradas ocasiones. Todo por una “decisión política”.
La revista Veja reveló una parte de la declaración del exministro, Lula intervino personalmente para desviar parte de los más de 10 millones de dólares en sobornos pagados al PT por la constructora a cambio de la gestión ante el Bndes. Según las declaraciones de Palocci, el destino de esos recursos fue para campañas políticas en Perú y Bolivia.
CERCANO
Palocci fue ministro de Hacienda del gobierno de Luiz Inacio Lula Da Silva entre el 2003-2006, además del jefe de gabinete de la expresidenta Dilma Rousseff. Ambos exmandatarios eran muy cercanos al presidente Evo Morales, pero Lula tenía una estrecha con el mandatario boliviano, incluso le dio consejos para gobernar el país durante su primer periodo constitucional.
Tras conocer que Lula era investigado dentro del caso Lava Jato, Evo Morales salió en su defensa ante los organismos multilaterales de la región, incluso apuntó a los partidos opositores de Brasil de montar un proceso en contra del líder del PT.
INVESTIGACIÓN
El informe de la Policía Federal de Brasil “Castillo de Arena”, develó que la empresa Camargo Correa presuntamente pagó coimas a exfuncionarios de gobierno de Eduardo Rodríguez Veltzé, Evo Morales, además de sindicar al mandato de Carlos Mesa. el fin era que la empresa se adjudique un contrato para la construcción de la carretera Roboré-El Carmen, en el departamento de Santa Cruz.
El informe final de la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Asamblea Legislativa, conformada por oficialistas, determinó que encontraron indicios de responsabilidad contra Carlos Mesa y sus exministros. Excluyeron a sus predecesores, sin tomar en cuenta que la construcción de la carretera fue durante el gobierno de Evo Morales.
“Exministro de @LulaOficial, revela que dinero de #Odebrecht financió campaña del #MAS en Bolivia. Si el gobierno no inicia de inmediato una investigación, evidenciará que está involucrado con #LavaJato y su gigantesco aparato de coimas y corrupción”, escribió Carlos Mesa a través de su cuenta oficial de Twitter.
Por su parte, Ortiz señaló que tanto la Fiscalía General del Estado (FGE) como el Tribunal Supremo Electoral (TSE) deben investigar de oficio las acusaciones que hizo el exministro de Hacienda de Lula Da Silva.
“¿Qué harán el @TSEBolivia y la @FGE_Bolivia frente a esta información? Deben investigar de oficio. La @FGE_Bolivia debe suscribir YA un acuerdo de cooperación con el Ministerio Público del Brasil para investigar el Caso Lava Jato”, cuestionó el candidato opositor.
El hecho se revela después que la pasada semana el gobierno del MAS y el opositor Oscar Ortiz arremetieron contra Mesa por los presuntos 10 millones de dólares que tendría para llevar adelante su campaña electoral. El vicepresidente Álvaro García dijo incluso que ese dinero podría provenir del narcotráfico.
DECLARACIÓN
Antonio Palocci declaró la semana pasada ante la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) de Brasil sobre las irregularidades en el manejo del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes) durante el gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) que es liderado por Luiz Inacio Lula da Silva.
La exautoridad detalló las millonarias coimas que la empresa Odebrecht le pagó al PT por el apoyo financiero que le ofreció para realizar obras en Angola. Créditos que por el riesgo de la operación no podrían haber superado los 150 millones de dólares, terminaron siendo de más de 250 millones, y en reiteradas ocasiones. Todo por una “decisión política”.
La revista Veja reveló una parte de la declaración del exministro, Lula intervino personalmente para desviar parte de los más de 10 millones de dólares en sobornos pagados al PT por la constructora a cambio de la gestión ante el Bndes. Según las declaraciones de Palocci, el destino de esos recursos fue para campañas políticas en Perú y Bolivia.
CERCANO
Palocci fue ministro de Hacienda del gobierno de Luiz Inacio Lula Da Silva entre el 2003-2006, además del jefe de gabinete de la expresidenta Dilma Rousseff. Ambos exmandatarios eran muy cercanos al presidente Evo Morales, pero Lula tenía una estrecha con el mandatario boliviano, incluso le dio consejos para gobernar el país durante su primer periodo constitucional.
Tras conocer que Lula era investigado dentro del caso Lava Jato, Evo Morales salió en su defensa ante los organismos multilaterales de la región, incluso apuntó a los partidos opositores de Brasil de montar un proceso en contra del líder del PT.
INVESTIGACIÓN
El informe de la Policía Federal de Brasil “Castillo de Arena”, develó que la empresa Camargo Correa presuntamente pagó coimas a exfuncionarios de gobierno de Eduardo Rodríguez Veltzé, Evo Morales, además de sindicar al mandato de Carlos Mesa. el fin era que la empresa se adjudique un contrato para la construcción de la carretera Roboré-El Carmen, en el departamento de Santa Cruz.
El informe final de la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Asamblea Legislativa, conformada por oficialistas, determinó que encontraron indicios de responsabilidad contra Carlos Mesa y sus exministros. Excluyeron a sus predecesores, sin tomar en cuenta que la construcción de la carretera fue durante el gobierno de Evo Morales.
domingo, 7 de julio de 2019
Caso Montenegro Implicado en narcotráfico, F. Moreira fue trasladado a cárcel de Santa Cruz
El excapitán de Policía F. Moreira, presuntamente partícipe en delito internacional de tráfico de drogas, fue trasladado ayer a la cárcel de Palmasola luego de que su defensa legal hubiera apelado su transferencia a la cárcel de San Pedro como medida de seguridad.
El director del penal de San Pedro de La Paz, José Luis Morales, informó que el excapitán de Policía Fernando Moreira ya fue remitido a la cárcel de Palmasola en cumplimiento a disposiciones judiciales correspondientes a la autoridad jurisdiccional.
Puntualizó que Moreira antes de ser trasladado al aeropuerto, desde donde partió a Santa Cruz en vuelo comercial, fue revisado por un médico, quien confirmó su salud estable y en perfectas condiciones para viajar.
Moreira, fue trasladado a Santa Cruz para cumplir detención preventiva, el proceso de investigación continúa por encubrimiento, asociación delictuosa y confabulación, dentro del caso Montenegro
En la cárcel cruceña también cumplen detención preventiva por el mismo caso los implicados exmayor de Policía Kurt Brun, el empresario Mauricio Higa y Pedro Montenegro.
Entretanto, el exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Santa Cruz, Gonzalo Medina, a petición de su defensa legal continúa recluido en el penal de San Pedro en espera de que se cumplan los procesos legales correspondientes.
Morales explicó que actualmente Medina recibe atención en salud por los médicos del penal.
El director del penal de San Pedro de La Paz, José Luis Morales, informó que el excapitán de Policía Fernando Moreira ya fue remitido a la cárcel de Palmasola en cumplimiento a disposiciones judiciales correspondientes a la autoridad jurisdiccional.
Puntualizó que Moreira antes de ser trasladado al aeropuerto, desde donde partió a Santa Cruz en vuelo comercial, fue revisado por un médico, quien confirmó su salud estable y en perfectas condiciones para viajar.
Moreira, fue trasladado a Santa Cruz para cumplir detención preventiva, el proceso de investigación continúa por encubrimiento, asociación delictuosa y confabulación, dentro del caso Montenegro
En la cárcel cruceña también cumplen detención preventiva por el mismo caso los implicados exmayor de Policía Kurt Brun, el empresario Mauricio Higa y Pedro Montenegro.
Entretanto, el exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Santa Cruz, Gonzalo Medina, a petición de su defensa legal continúa recluido en el penal de San Pedro en espera de que se cumplan los procesos legales correspondientes.
Morales explicó que actualmente Medina recibe atención en salud por los médicos del penal.
miércoles, 3 de julio de 2019
EN LA COMUNIDAD LAVADERO DEL MUNICIPIO DE YAMPARÁEZ Denuncian licitación de una obra ya entregada
La Alcaldía de Yamparáez licitó este año un proyecto de construcción de un sistema de microriego Lavadero pese a que la obra ya fue concluida en 2017, según la denuncia presentada por el Control Social de este municipio ante la Fiscalía.
En la página 15 de la memoria anual 2017 de la municipalidad de Yamparáez figura la “construcción mini presa de tierra con implementación de matriz principal en la comunidad de Lavadero”, con un avance físico del 100% y financiero, del 32%. Además detalla que el costo de la obra es de Bs 590.897,05 y que fue construida con aportes del programa Accesos (Bs 191.729,04) y de la Alcaldía (Bs 399.167,65).
Sin embargo, a decir de los representantes del Control Social, este proyecto fue licitado recién este año por un monto inferior aunque con otra denominación. En el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes) fue publicado como “construcción sistema de microriego Lavadero”.
Consultado sobre las denominaciones diferentes, Juan Carlos Gómez del Control Social afirmó que el proyecto es el mismo y que ya fue concluido, pues no existe otros trabajos de este tipo en la comunidad Lavadero. Además mostró fotografías que fueron avaladas por una notaría en las que se evidencia la obra concluida, las mismas están adjuntas a la denuncia contra el alcalde Edwin Palacios que fue presentada en la Fiscalía.
En el Sicoes, según pudo revisar CORREO DEL SUR, la Alcaldía de Yamparáez firmó el contrato con la empresa adjudicada el 25 de marzo bajo la modalidad Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (ANPE), por un monto de Bs 354.094,29, una cifra inferior al proyecto presentado como concluido en 2017.
El proyecto además se encuentra en el Programa Anual de Contrataciones (PAC) 2019 de la Municipalidad de Yamparáez, algo que no sucede en los PAC ni de 2017 –cuando habría sido concluida la obra según la memoria anual de la Alcaldía–ni de otros años.
CORREO DEL SUR logró comunicarse ayer por la mañana con el alcalde Palacios, sin embargo, indicó que no podía atender la consulta porque se encontraba en un ampliado; por la tarde, este diario volvió s intentar una entrevista pero ya no contestó las llamadas telefónicas.
Acusan al Alcalde de Ravelo por enriquecimiento ilícito y otros
El Ministerio de Justicia presentó dos denuncias penales en contra de Germán Espada, alcalde de Ravelo, en el departamento de Potosí, por los presuntos delitos de concusión, enriquecimiento Ilícito, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
La decisión se asumió después de que la Comisión Interinstitucional de Acción Inmediata de Lucha contra la Corrupción realizó una exhaustiva revisión a documentos de procesos de contratación.
La primera es por la construcción de un centro educativo y un campo deportivo (2015), además del sistema de agua potable Llajta Pata (2016), por la empresa Innovak, por Bs 238 mil y Bs 574.211, respectivamente. Se presume que el Alcalde solicitó y recibió el pago de 10% por cada obra adjudicada.
La segunda denuncia está relacionada con el gasto injustificado de Bs 36.863,25 para financiar la participación voluntaria del Alcalde en un evento internacional denominado Fundación Líderes Globales, en Roma, Nápoles y el Vaticano, del 20 al 26 de mayo de 2019, cuya inscripción fue de Bs 21.729.
En ese contexto, la comisión realizó recomendaciones correctivas y de fortalecimiento para la Alcaldía de Ravelo, como la inmediata implementación de los sistemas informáticos estatales de la Contraloría General del Estado, de la Procuraduría General del Estado y del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional para que los servidores públicos registren la información de manera obligatoria.
También pidió fortalecer su política educativa. En tres meses, las autoridades del Gobierno Autónomo Municipal de Ravelo deberán informar al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional los resultados alcanzados sobre los preceptos de honestidad y equidad.
domingo, 30 de junio de 2019
Insistirán en libertad de exjefes Medina y Moreira
La defensa legal de los exjefes policiales Gonzalo Medina y Fernando Moreira, relacionados en la investigación del extraditable Pedro Montenegro, insistirá en pedir su libertad por considerar que la situación jurídica ya está mejorando.
El abogado José Bazualdo que defiende a Fernando Moreira consideró que la decisión de darles de baja es injusta pues primero tenían que ser sometidos a un fallo ejecutoriado y después aplicar esa medida.
Afirmó que por ahora se busca que ambos expolicías sean trasladados a la cárcel de Palmasola de nuestra capital como lo ha determinado la justicia.
José Bazualdo manifestó que Fernando Moreira, está dispuesto a someterse a un careo porque nada tiene que ver con Pedro Montenegro, solo lo conocía. Asimismo, manifestó que lo único que Moreira tiene es una casa que compró a crédito y un vehículo que adquirió de la misma manera. Gonzalo Medina y Fernando Moreira permanecen en el penal de San Pedro de La Paz desde el 25 de abril por decisión judicial.
Por Bs 745 mil Procesan a funcionario y liberan a Alcalde
Asambleístas departamentales de Cochabamba denunciaron al alcalde de Colcapirhua, Cochabamba, Mario Severich, militante del MAS, por incumplimiento de deberes ante el faltante de Bs 745 mil de los recursos bajo su responsabilidad, la Fiscalía rechazó la querella argumentando equivocación en la tipicidad del delito.
De acuerdo con la denuncia efectuada ante el Ministerio Público en Cochabamba, los asambleístas cuestionan que el Alcalde no haya fiscalizado los recursos Bs 745 mil entregados a un subalterno a cargo de la caja fuerte, y por lo contrario firmó varios documentos sabiendo que existía este faltante.
La autoridad jurisdiccional dispuso acciones legales contra el funcionario subalterno, quien, una vez fijada la hora y fecha de juicio oral, deberá presentarse ante la justicia. Registros del caso dan cuenta que el hecho irregular hubiera ocurrido entre las gestiones 2014 y 2016. “Debemos tener control de los mandos medios para que estas cosas no ocurran en nuestros municipios, controles económico de lo que ingresa, hacer rendiciones, en este caso se recuperó la totalidad son Bs 745 mil bolivianos”, puntualizó la autoridad edil. (Con datos de Fides)
De acuerdo con la denuncia efectuada ante el Ministerio Público en Cochabamba, los asambleístas cuestionan que el Alcalde no haya fiscalizado los recursos Bs 745 mil entregados a un subalterno a cargo de la caja fuerte, y por lo contrario firmó varios documentos sabiendo que existía este faltante.
La autoridad jurisdiccional dispuso acciones legales contra el funcionario subalterno, quien, una vez fijada la hora y fecha de juicio oral, deberá presentarse ante la justicia. Registros del caso dan cuenta que el hecho irregular hubiera ocurrido entre las gestiones 2014 y 2016. “Debemos tener control de los mandos medios para que estas cosas no ocurran en nuestros municipios, controles económico de lo que ingresa, hacer rendiciones, en este caso se recuperó la totalidad son Bs 745 mil bolivianos”, puntualizó la autoridad edil. (Con datos de Fides)
miércoles, 26 de junio de 2019
domingo, 23 de junio de 2019
Brasil aún no pide extradición de Montenegro
Cinco semanas después de que el Gobierno brasileño expresara su deseo de solicitar la extradi - ción de Pedro Montenegro, es - ta petición no se materializó en un pedido formal de la justicia brasileña para su par boliviana, informó ayer el canciller de Bo - livia, Diego Pary.
“No ha presentado nada, no hemos recibido ninguna so - licitud formal de extradición (…) seguimos en el mismo mo - mento que les había comentado la vez pasada, el hecho de que Brasil ha presentado, el 15 de mayo pasado, una nota comu - nicando su interés de continuar con el proceso de extradición”, dijo la autoridad cuando fue consultada sobre las novedades del caso Montenegro.
El 17 de mayo, el propio can - ciller boliviano informó de que el Gobierno brasileño activó el proceso de extradición enviando una nota expresando su interés de continuar con este procedimiento contra Montenegro, que está acusado de tráfico internacional de drogas. En Bolivia, Pedro Montenegro tiene tres procesos, el primero por legitimación de ganancias ilícitas; el segundo por falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado; finalmente, por tráfico de sustancias controladas que fue formalizado recientemente. Actualmente, Montenegro está en régimen abierto de Palmasola
“No ha presentado nada, no hemos recibido ninguna so - licitud formal de extradición (…) seguimos en el mismo mo - mento que les había comentado la vez pasada, el hecho de que Brasil ha presentado, el 15 de mayo pasado, una nota comu - nicando su interés de continuar con el proceso de extradición”, dijo la autoridad cuando fue consultada sobre las novedades del caso Montenegro.
El 17 de mayo, el propio can - ciller boliviano informó de que el Gobierno brasileño activó el proceso de extradición enviando una nota expresando su interés de continuar con este procedimiento contra Montenegro, que está acusado de tráfico internacional de drogas. En Bolivia, Pedro Montenegro tiene tres procesos, el primero por legitimación de ganancias ilícitas; el segundo por falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado; finalmente, por tráfico de sustancias controladas que fue formalizado recientemente. Actualmente, Montenegro está en régimen abierto de Palmasola
Considera que la decisión de Jacob Ostreicher, de salir del país, fue equivocada. Dijo que Ariel Rocha
Es apoderado legal de Jacob Ostreicher, el ciudadano estadounidense que es prófugo de un caso y a la vez víctima en otro. Jerjes Justiniano contó su verdad.
Hace seis años que se inició el caso extorsión y aún no concluye, ¿cómo ve este proceso?
Personalmente, una gran decepción de la justicia boliviana. Un gran gusto amargo, porque con el caso de la red de extorsión demostramos que Jacob Ostreicher fue víctima de una extorsión, pero, lamentablemente, a pesar de eso no se hizo lo que se tenía que hacer, que era haberle dado a Ostreicher una salida legal de su proceso, en el cual se lo extorsionó. Debió haberse dictado un sobreseimiento en su favor, pero por el contrario él ha sido acusado y es juzgado en rebeldía.
Pero, ¿por qué salió del país?
Evidentemente, él salió de país por una situación personal. Yo me imagino que una persona que llegó, invirtió en este país 24 millones de dólares (se probó que solo $us 7,8 millones eran de él) es porque tiene recursos. Él era una persona rica y de repente este proceso lo empobreció, lo alejó de su familia, porque su esposa en Estados Unidos se vio obligada a divorciarse de él, porque la vez que ella vino a visitarlo, la ultrajaron en la cárcel, le hicieron pasar el peor momento de su vida. Jacob Ostreicher se quedó sin su libertad, sin su inversión, sin su esposa, sin sus empresas, ya no tenía dinero para vivir en Bolivia, no había cómo genere recursos y yo creo que la desesperación lo obligó a tomar una decisión equivocada. Si él hubiese soportado algunos meses más, probablemente se habría logrado un sobreseimiento.
En este juicio están todos los que deben estar o cree usted que faltan algunos.
Creo que no. Algunos de los que están no deberían estar y me refiero específicamente al caso de Ariel Rocha. Dentro del esquema de las extorsiones a Jacob Ostreicher, él (Rocha) nunca participó de ninguna extorsión y más bien trató de ayudar para que obtenga su libertad. Además, en algunas audiencias del caso de la red extorsión nos costaba fundamentar la relación de alguno de ellos, me refiero puntualmente al doctor Boris Villegas, porque había mucha dificultad en el nexo, lo que no sucedía, por ejemplo, con relación a los otros imputados que se autoinculparon. En las audiencias se vio cómo era que intimidaban y amenazaban a los jueces. Si usted me pregunta quiénes están y no deberían estar, no lo sé concretamente, pero me resisto a creer que estos funcionarios de tercer y cuarto nivel, hayan actuado sin ningún respaldo.
¿Cree usted que cayó la verdadera cabeza en el caso?
No. O sea, en el caso extorsión se vio que la cabeza que cayó era la de estos funcionarios de tercer y cuarto nivel. Un abogado, el director jurídico del Ministerio de Gobierno, los funcionarios por debajo de él, otro secretario del Ministerio de Presidencia, pero nadie por encima de ellos.
¿Eso le parece lógico?
No, yo creo que ellos no han actuado sin el conocimiento de otras personas, lo que no sé es con el conocimiento de quiénes.
El caso está empantanado y hay exautoridades que siguen asistiendo a las audiencias, ¿ellos sí deben estar allí?
El juez que revocó la decisión de darle libertad a Jacob Ostreicher y por las presiones cambió su fallo, él tendrá que pagar su culpa por no denunciar ese acto de extorsión, porque a él lo extorsionaron, le dijeron: o revoca o usted es el detenido. Obviamente en ese momento optó por revocar una decisión que era legal, porque al fin y al cabo cuando se volvió a valorar estas mismas pruebas se le otorgó la cesación a la detención preventiva de Ostreicher.
¿Se refiere al vocal Zenón Rodríguez?
Evidentemente, porque él fue el vocal que revocó y que luego mandó y cambió su decisión. Él fue víctima de la extorsión, no fue un extorsionador.
¿El expresidente de justicia en aquel tiempo, Ariel Rocha, estuvo involucrado en el caso?
Finalmente, se lo involucró, pero él nunca estuvo en el proceso. Es más, en una oportunidad me mencionó que le habían hablado un grupo de abogados para ver si no podía hacer algo por Ostreicher, porque él desconocía que yo era el abogado de esta persona, entonces, eso demuestra que en realidad él lo que quería era ayudarlo y eso demuestra que él no tuvo nada ver con el caso.
¿Sigue Ud. siendo el apoderado legal de Jacob Ostreicher?, ¿no ha considerado que se conozca su verdad en el juicio?
Alguna vez conversamos con el señor Ostreicher, después que se fue a Estados Unidos, incluso le informé sobre algunos de los resultados de la red de extorsión, de los procedimientos abreviados y le dije que yo podría asumir como abogado representante de la víctima, porque es cierto que tengo un poder que no ha sido revocado y pudiera participar de las audiencias en cualquier momento… no lo he analizado todavía.
¿Lo analizará?
No lo he analizado en detalle, pero sí en general y creo que valdría la pena, porque el tribunal que tiene a su cargo el caso tiene el derecho de conocer la verdad de los hechos. La Fiscalía debió convocarme como testigo, pero no lo ha hecho. Si lo que se busca es saber lo que pasó, hay que convocar a los que vivieron la extorsión, a los que sufrieron por esto.
El juicio de la red extorsión está empantanado, seis años después
El juicio sobre la supuesta red de extorsión, caso conocido también por el nombre de Jacob Ostreicher, la principal víctima del hecho, está empantanado a más de seis años de haberse iniciado las investigaciones. Se han suspendido más de una docena de audiencias y aún el juicio oral avanza a paso lento, con algunos implicados declarados prófugos y otros que deben dividir su tiempo entre sus funciones como autoridades judiciales y las audiencias del proceso.
Pero este caso, que comenzó a finales de 2011 y terminó por materializarse en los primeros meses de 2012, fue urdido en la sala de atenciones médicas de una conocida clínica cruce- ña, en la que Ostreicher estaba internado y donde se tomó la decisión de que las extorsiones y las amenazas a las que había sido sometido se conviertan en un proceso judicial. Incluso, allí se tomaron las declaraciones de los acusadores, de algunas otras víctimas y de un par de testigos.
Una de las personas que participó de esta toma de decisiones contó a EL DEBER que entre los involucrados había temores, indecisiones, porque se estaba acusando a funcionarios cercanos al poder político del país, gente que se movía detrás de los juzgados y que ocupaba cargos intermedios en la toma de decisiones de algunos ministerios.
“No creo que lo metan preso, tengo miedo”, aseguraba un jurista antes de dar su testimonio, que sirvió de base para el inicio de las pesquisas y que, según lo que se conoció, solo se animó a dar su versión sobre las presiones que había sufrido de parte de algunos funcionarios gubernamentales luego de ver la orden de detención policial que estaba lista para ser ejecutada. De palco Ostreicher observaba y trataba de entender lo que estaba pasando delante suyo, ya que aquella noche del 2012, en un par de horas, se transformaba de un supuesto legitimador de ganancias ilícitas, en la víctima principal de una red de extorsión que golpeó a un sector del Gobierno, en aquel tiempo.
Agentes y reuniones secretas
Una revelación que hizo el abogado que contó la historia detrás de lo ocurrido en el caso extorsión, fue que la llegada del actor Sean Penn al país para abogar por su amigo Ostreicher, ya tenía un libreto definido con anterioridad en otros escenarios y que la puesta en escena de esta historia, que causó revuelo político y judicial en el país, era dirigida por el laureado actor estadounidense.
Una de esas escenas, que solo estaba en la memoria de los involucrados en el hecho, es que Sean ingresó a Palmasola por la noche para hablar con Ostreicher, que lo convenció de que confiará en un guardia venezolano que lo cuidaría noche y día mientras estuviera internado en una clínica, recuperándose de las múltiples afecciones que lo dejaron casi al borde de la muerte en el penal de Palmasola, donde ocasionalmente un joven peruano le sirvió de traductor improvisado para que el resto entendiera lo que decía.
Otro detalle del nacimiento del caso extorsión es que algunas de las reuniones para definir quiénes serían los implicados en este caso o para avisar sobre los riesgos de estar en uno u otro extremo de la balanza, se realizaron en la sede de Gobierno y en calles oscuras de la capital cruceña, sin teléfonos celulares y con los motores encendidos de los vehículos en los que se llegaba a esos encuentros.
Algunos exfuncionarios gubernamentales, que para dejar el penal aceptaron declararse culpables y evitaron seguir soportando el mundo de Palmasola, ratificaron la versión del abogado que decidió revelar a grandes rasgos la otra historia de este caso, que tuvo su primer punto final cuando Jacob Ostreicher, libre de su encierro en Palmasola pero aún perseguido por un proceso de legitimación de ganancias ilícitas, decidió escapar del país por la frontera del Desaguadero y desde allí abordar un vuelo hacia Estados Unidos, donde llegó a la casa del actor Robert Downey Jr., que personificó al héroe de Marvel, Iron Man, y que le brindó cobijo y ayuda para reiniciar con su vida
Actualidad del juicio
Las audiencias del juicio oral, que se suspendieron desde el año pasado de manera casi permanente por una docena de veces, ahora han comenzado a conocer las declaraciones de los testigos que ofreció el Ministerio Público, para validar la acusación que presentó. La semana pasada se llevaron adelante audiencias, las que fueron suspendidas para volver a comenzar el jueves 18 de julio, en el Tribunal Cuarto de Sentencia, a la cabeza del juez Uby Suárez.
viernes, 21 de junio de 2019
sábado, 15 de junio de 2019
Juicio a Leyes por compra de mochilas
El Fiscal Superior, Erick Gonzalo Aparicio, declaró ayer que las pericias por el caso Mochilas I efectuadas por el Instituto de Investigaciones Forenses (Idif) establecen responsabilidad contra el alcalde de Cochabamba José María Leyes, ahora suspendido, a diferencia de su defensa legal que asegura no existir cargos contra su cliente.
“En una cabal y completa lectura del contenido del dictamen se puede establecer que los peritos en los diferentes puntos de pericia han ido estableciendo la existencia de una serie de irregularidades a lo largo de todo el proceso de contratación, concluyendo de manera expresa que se trata de un proceso de contratación para las mochilas escolares en Cochabamba, llevada adelante en total inobservancia de las normas básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios contenido del Decreto Supremo Nº 181”, sustentó Aparicio.
El Fiscal Superior, aseveró que se trata de una tergiversación errónea que realiza la defensa de Leyes al señalar que el dictamen del IDIF habría concluido en la inexistencia de responsabilidad del imputado, más al contrario, se identificaron varias irregularidades que generan responsabilidad al Alcalde suspendido en su condición de MAE, en estricto cumplimiento del artículo 32 del D.S. Nº 181.
Respecto al punto de pericia al que hace referencia la defensa del Leyes, se aclara que en la segunda parte de la conclusión los peritos establecieron expresamente que la MAE es responsable del proceso de contratación desde el inicio hasta su conclusión. En el punto de pericia número tres solicitada por el Alcalde suspendido, los peritos determinaron que el proceso de contratación ha sido llevado adelante en total inobservancia del Decreto Supremo 181, explicando detalladamente cada una de las irregularidades evidenciadas a partir del análisis de la documentación colectada en la investigación.
De acuerdo a las investigaciones del caso “mochilas 1” el propio empresario afirmó el favorecimiento que se ha generado a su empresa con la adjudicación de este irregular proceso de contratación que devenía de un acuerdo previo que había sostenido con Alcalde Leyes de entonces a través del señor José Miguel Padilla, para realizar un pago de $us. 45.000 aproximadamente, monto similar al que ya se habría realizado una gestión anterior por la adjudicación irregular para la compra de mochilas escolares, que se encuentra en proceso de investigación denominado caso “mochilas 2”.
Se tiene determinado que la primera irregularidad nace porque corresponde a un proceso de contratación de bienes recurrentes, se ha evidenciado un claro favorecimiento al momento de la calificación de la empresa adjudicada, irregularidades en la conformación de la comisión de recepción que analice y revise de manera detallada los 92 mil productos (no fue conformada), tampoco se firma un acta de recepción de los productos, por tanto, no se tiene certeza de la cantidad y calidad de productos entregados a la Alcaldía, es decir, si estos productos se encontraban acorde a los requisitos específicos establecidos en el contrato, es más, los productos jamás ingresaron a almacenes.
“En una cabal y completa lectura del contenido del dictamen se puede establecer que los peritos en los diferentes puntos de pericia han ido estableciendo la existencia de una serie de irregularidades a lo largo de todo el proceso de contratación, concluyendo de manera expresa que se trata de un proceso de contratación para las mochilas escolares en Cochabamba, llevada adelante en total inobservancia de las normas básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios contenido del Decreto Supremo Nº 181”, sustentó Aparicio.
El Fiscal Superior, aseveró que se trata de una tergiversación errónea que realiza la defensa de Leyes al señalar que el dictamen del IDIF habría concluido en la inexistencia de responsabilidad del imputado, más al contrario, se identificaron varias irregularidades que generan responsabilidad al Alcalde suspendido en su condición de MAE, en estricto cumplimiento del artículo 32 del D.S. Nº 181.
Respecto al punto de pericia al que hace referencia la defensa del Leyes, se aclara que en la segunda parte de la conclusión los peritos establecieron expresamente que la MAE es responsable del proceso de contratación desde el inicio hasta su conclusión. En el punto de pericia número tres solicitada por el Alcalde suspendido, los peritos determinaron que el proceso de contratación ha sido llevado adelante en total inobservancia del Decreto Supremo 181, explicando detalladamente cada una de las irregularidades evidenciadas a partir del análisis de la documentación colectada en la investigación.
De acuerdo a las investigaciones del caso “mochilas 1” el propio empresario afirmó el favorecimiento que se ha generado a su empresa con la adjudicación de este irregular proceso de contratación que devenía de un acuerdo previo que había sostenido con Alcalde Leyes de entonces a través del señor José Miguel Padilla, para realizar un pago de $us. 45.000 aproximadamente, monto similar al que ya se habría realizado una gestión anterior por la adjudicación irregular para la compra de mochilas escolares, que se encuentra en proceso de investigación denominado caso “mochilas 2”.
Se tiene determinado que la primera irregularidad nace porque corresponde a un proceso de contratación de bienes recurrentes, se ha evidenciado un claro favorecimiento al momento de la calificación de la empresa adjudicada, irregularidades en la conformación de la comisión de recepción que analice y revise de manera detallada los 92 mil productos (no fue conformada), tampoco se firma un acta de recepción de los productos, por tanto, no se tiene certeza de la cantidad y calidad de productos entregados a la Alcaldía, es decir, si estos productos se encontraban acorde a los requisitos específicos establecidos en el contrato, es más, los productos jamás ingresaron a almacenes.
Narcovínculos Documentos de casa de Montenegro ligan a exmagistrado
Dentro de las investigaciones que sigue el Ministerio Público por el caso del narcotraficante Pedro Montenegro, encontraron documentación del extraditable por narcotráfico en el inmueble secuestrado, supuestamente de propiedad del exmagistrado Owaldo Valencia, informó el fiscal de sustancias controladas a cargo del caso, Luis Fernando Rioja.
“Allanamos la propiedad y hallamos documentación de Pedro Montenegro, por eso la secuestramos. Ya hay un indicio y eso pasa directamente a la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) dependiente del Ministerio de Gobierno”, dijo la autoridad, refiriéndose al predio ubicado en el barrio Jardín, 4to Anillo, Unidad Vecinal 64, Manzano 65, zona norte de la ciudad de Santa Cruz, según registro de Derechos Reales de ese departamento.
Las pesquisas policiales y registros en video difundidos en redes sociales, se trata del inmueble donde Pedro Montenegro realizó fiestas y actividades sociales, predio sobre el cual inicialmente se dijo que era propiedad del expresidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Oswaldo Valencia.
El director nacional de Dircabi, Marcelo Gutiérrez, en declaraciones a la televisora local Unitel, afirmó que tras conocer a quién pertenecía el inmueble, el magistrado intentó venderlo en $us 35 mil, menos de la mitad de su precio comercial.
“Esa información la hacen conocer el 12 de este mes (junio) aparentemente han tratado de introducir un documento de compra-venta con una tercera persona, la cual estaría tratando de hacer el cambio de nombre del derecho propietario en el municipio, en Derechos Reales continúa a nombre de Oswaldo Valencia”, afirmó Gutiérrez.
REGISTROS DEL PREDIO
En fecha 29 de marzo del 2016, la señora de iniciales G.H.M. procede a realizar la “transferencia normal total, propiedad única, compra-venta de un terreno de 265 m2 por un monto de Bs. 200.000 en favor del Sr. Juan Oswaldo Valencia Alvarado” (sic), según información revelada en el portal Detrás de la Verdad.
La documentación que figura en las oficinas del municipio de Santa Cruz, refiere como propietario del inmueble a Juan Osvaldo Valencia Alvarado; no especifica el nombre del barrio, el nombre de la avenida ni el número de la vivienda.
El fiscal de materia Luis Fernando Rioja, envíó una nota a Dircabi indicando que los investigadores asignados al caso remitieron carpetas de los bienes pendientes de entrega a esa institución, entre los que figura el inmueble ubicado en la radial 26, entre 4to y 5to. anillo, según la información señalada por el portal.
El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, en recientes declaraciones anunció que el exmagitrado Oswaldo Valencia será citado a declarar para conocer sus argumentos y sus vínculos con el caso de Pedro Montenegro.
“Allanamos la propiedad y hallamos documentación de Pedro Montenegro, por eso la secuestramos. Ya hay un indicio y eso pasa directamente a la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) dependiente del Ministerio de Gobierno”, dijo la autoridad, refiriéndose al predio ubicado en el barrio Jardín, 4to Anillo, Unidad Vecinal 64, Manzano 65, zona norte de la ciudad de Santa Cruz, según registro de Derechos Reales de ese departamento.
Las pesquisas policiales y registros en video difundidos en redes sociales, se trata del inmueble donde Pedro Montenegro realizó fiestas y actividades sociales, predio sobre el cual inicialmente se dijo que era propiedad del expresidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Oswaldo Valencia.
El director nacional de Dircabi, Marcelo Gutiérrez, en declaraciones a la televisora local Unitel, afirmó que tras conocer a quién pertenecía el inmueble, el magistrado intentó venderlo en $us 35 mil, menos de la mitad de su precio comercial.
“Esa información la hacen conocer el 12 de este mes (junio) aparentemente han tratado de introducir un documento de compra-venta con una tercera persona, la cual estaría tratando de hacer el cambio de nombre del derecho propietario en el municipio, en Derechos Reales continúa a nombre de Oswaldo Valencia”, afirmó Gutiérrez.
REGISTROS DEL PREDIO
En fecha 29 de marzo del 2016, la señora de iniciales G.H.M. procede a realizar la “transferencia normal total, propiedad única, compra-venta de un terreno de 265 m2 por un monto de Bs. 200.000 en favor del Sr. Juan Oswaldo Valencia Alvarado” (sic), según información revelada en el portal Detrás de la Verdad.
La documentación que figura en las oficinas del municipio de Santa Cruz, refiere como propietario del inmueble a Juan Osvaldo Valencia Alvarado; no especifica el nombre del barrio, el nombre de la avenida ni el número de la vivienda.
El fiscal de materia Luis Fernando Rioja, envíó una nota a Dircabi indicando que los investigadores asignados al caso remitieron carpetas de los bienes pendientes de entrega a esa institución, entre los que figura el inmueble ubicado en la radial 26, entre 4to y 5to. anillo, según la información señalada por el portal.
El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, en recientes declaraciones anunció que el exmagitrado Oswaldo Valencia será citado a declarar para conocer sus argumentos y sus vínculos con el caso de Pedro Montenegro.
jueves, 13 de junio de 2019
miércoles, 12 de junio de 2019
domingo, 9 de junio de 2019
Exjuez acusado de evitar que el narco Montenegro sea capturado se salva de ir a la cárcel
Después de más de tres horas de audiencia la jueza Anticorrupción Segunda de Sucre, Odalys Serrano, dispuso este sábado la detención domiciliaria en Montero, Santa Cruz, para el exjuez de Cotoca, Federico Jiménez Rúa, imputado por prevaricato por haber, supuestamente, favorecido al acusado de narcotráfico Pedro Montenegro.
El exjuez fue aprehendido el jueves después de que fue citado a declarar asumiendo defensa de la denuncia interpuesta por el Viceministro de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.
El fiscal Departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales, informó que la jueza dispuso la detención domiciliaria con custodia policial y sin salida al trabajo del exjuez Jiménez y esta medida cautelar debe cumplirla en Santa Cruz.
La Fiscalía había pedido la detención preventiva del imputado que habría emitido una resolución en acción de libertad la que frenó la disposición del Tribunal Supremo de Justicia que en 2015 ordenó la detención preventiva con fines de extradición de Montenegro.
La jueza Serrano dijo que el Ministerio Público acreditó la probable autoría de Jiménez en este hecho acusado por el Gobierno.
Por este mismo caso, pero por la supuesta manipulación de un auto supremo que disponía la detención preventiva de Montenegro, el viernes declaró en la Fiscalía de Sucre, en calidad de testigo el vocal de Santa Cruz, Darwin Vargas, quien negó haber intervenido en el auto supremo 75/2015 porque él no era miembro de la Sala Plena.
Estafador pedía Bs 8.000 por cargos en Derechos Reales
El Consejo de la Magistratura denunció en Santa Cruz, a un individuo identificado como Luis Fernando R.N. que estafó a 25 personas ofreciéndoles cargos en Derechos Reales previo pago de Bs 8.000. “Se trata de una persona ajena al Consejo de la Magistratura y al Órgano Judicial”, informó el presidente del Consejo de la Magistratura, Gonzalo Alcón.
Para hacer más creíble su engaño incluso, el estafador elaboró resoluciones, memorandos y tarjetas de identificación.
“El Consejo ha iniciado las acciones legales correspondientes y ya ha presentado la denuncia”, agregó Alcón. La Policía realiza investigaciones para dar con el paradero del sindicado.
Alcón subrayó que los nuevos funcionarios de Derechos Reales, con ítem o contrato, serán seleccionados mediante exámenes de competencia que están en curso, en los que deben prevalecer la capacidad y meritocracia.
“Hay 336 cargos a nivel nacional y hoy (ayer) los aspirantes a registradores y subregistradores dieron el examen psicotécnico, y los que aprueben pasarán a la siguiente etapa”, manifestó. /ABI
jueves, 6 de junio de 2019
lunes, 3 de junio de 2019
domingo, 2 de junio de 2019
jueves, 30 de mayo de 2019
martes, 28 de mayo de 2019
miércoles, 22 de mayo de 2019
viernes, 17 de mayo de 2019
lunes, 13 de mayo de 2019
domingo, 12 de mayo de 2019
Viceministro Cáceres alquilaba su hostal a una alcaldía del MAS
Dos contratos, que figuran en los registros del Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), evidencian que el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, arrendaba su hostal Habana Las Cocas de Villa Tunari a la Alcaldía que lleva el mismo nombre, bastión del MAS.
A esos documentos -fechados en 2007 y 2008- se suman publicaciones periodísticas de esos años que informaron que el Gobierno Autónomo Municipal de Villa Tunari arrendó durante 14 meses el hotel de Cáceres, quien ya era autoridad del Ejecutivo. Pagó 2.500 dólares al mes, es decir un monto total de 35.000 dólares.
De acuerdo al periodista y abogado Andrés Gómez, quien evidenció esos pagos en su columna Tinku verbal, “a la vista hay un negocio incestuoso. Cáceres hizo negocios con el Estado en su condición de empleado del Estado”.
Hace dos semanas, el viceministro Felipe Cáceres aseguró que su patrimonio es producto “de su trabajo de 23 años como funcionario público”. El patrimonio total de la autoridad asciende a 9,2 millones de bolivianos, según consta en la declaración jurada de bienes y rentas a la Contraloría General del Estado.
En noviembre 2007, el Gobierno Autónomo Municipal de Villa Tunari publicó en el Sicoes la primera contratación por concepto de arrendamiento, por dos meses, del hostal de propiedad de Felipe Ladislao Cáceres García, de profesión mecánico, según el formulario 400 de adjudicación.
En septiembre de 2008 se publicó un segundo contrato edil, esta vez por seis meses, por alquiler del hostal del viceminsitro. En ninguno de los registros figuran los contratos ni hay documento de conformidad de los servicios contratados.
Pero la Alcaldía de Villa Tunari arrendó el hostal Habana Las Cocas por al menos 14 meses, tiempo que demandó la construcción del nuevo edificio edil, según declaró el entonces alcalde Feliciano Mamani.
“Mamani explicó que, para evaluar las ofertas, ‘hemos cotizado cuatro hoteles, de los cuales la más barata fue la de Felipe Cáceres, por eso hemos alquilado con 2.500 dólares mensuales su hotel’”, informó el periódico Los Tiempos el 19 de abril de 2008
El hostal Habana Las Cocas está ubicado en el corazón de Villa Tunari, aledaño al mercado y a menos de dos cuadras de la plaza principal. De acuerdo a su página, tiene 20 habitaciones, piscina y ofrece todos los servicios.
El hostal es propiedad de Felipe Cáceres, cercano a Evo Morales desde que ambos eran dirigentes de las Seis Federaciones de Productores de Coca del Trópico de Cochabamba. Fue alcalde de Villa Tunari por dos gestiones consecutivas, antes de ser nombrado Viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas el 30 de enero de 2006, cargo que desempeña hasta la fecha.
El hotel del denominado “Zar antidroga” albergó al presidente Morales. Hay constancia de ello, por ejemplo, en las elecciones de 2009 cuando Evo votó en la chapareña Villa 14 de Septiembre.
La crónica de esa fecha publicada por el corresponsal de la agencia France Press sostiene: “Lejos de la comodidad de un hotel de cinco estrellas, Morales se hospedó en un hotel de uno de sus amigos, el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, llamado Habana Las Cocas”.
En el registro de Fundaempresa la mátricula del hostal figura como “no actualizada”.
Los millones del zar
El patrimonio de Cáceres asciende a 9.251.814,84 bolivianos. Es mayor que el del Presidente, (2.522.787 bolivianos) y del Vicepresidente (1.899.925 bolivianos), reveló la agencia ANF.
Al respecto, el zar antidrogas sostuvo: “Soy el funcionario público de este proceso de cambio, yo diría del instrumento político, porque vengo desempeñándome en la función pública 23 años. (Me) pongo en total disposición ante cualquier investigación”.
La CPE prohíbe a los servidores públicos firmar contratos o realizar negocios con la administración pública directa, indirectamente o en representación de tercera persona.
A esos documentos -fechados en 2007 y 2008- se suman publicaciones periodísticas de esos años que informaron que el Gobierno Autónomo Municipal de Villa Tunari arrendó durante 14 meses el hotel de Cáceres, quien ya era autoridad del Ejecutivo. Pagó 2.500 dólares al mes, es decir un monto total de 35.000 dólares.
De acuerdo al periodista y abogado Andrés Gómez, quien evidenció esos pagos en su columna Tinku verbal, “a la vista hay un negocio incestuoso. Cáceres hizo negocios con el Estado en su condición de empleado del Estado”.
Hace dos semanas, el viceministro Felipe Cáceres aseguró que su patrimonio es producto “de su trabajo de 23 años como funcionario público”. El patrimonio total de la autoridad asciende a 9,2 millones de bolivianos, según consta en la declaración jurada de bienes y rentas a la Contraloría General del Estado.
Los contratos en el Sicoes
En noviembre 2007, el Gobierno Autónomo Municipal de Villa Tunari publicó en el Sicoes la primera contratación por concepto de arrendamiento, por dos meses, del hostal de propiedad de Felipe Ladislao Cáceres García, de profesión mecánico, según el formulario 400 de adjudicación.
En septiembre de 2008 se publicó un segundo contrato edil, esta vez por seis meses, por alquiler del hostal del viceminsitro. En ninguno de los registros figuran los contratos ni hay documento de conformidad de los servicios contratados.
Pero la Alcaldía de Villa Tunari arrendó el hostal Habana Las Cocas por al menos 14 meses, tiempo que demandó la construcción del nuevo edificio edil, según declaró el entonces alcalde Feliciano Mamani.
“Mamani explicó que, para evaluar las ofertas, ‘hemos cotizado cuatro hoteles, de los cuales la más barata fue la de Felipe Cáceres, por eso hemos alquilado con 2.500 dólares mensuales su hotel’”, informó el periódico Los Tiempos el 19 de abril de 2008
El hotel que alojó a Evo
El hostal Habana Las Cocas está ubicado en el corazón de Villa Tunari, aledaño al mercado y a menos de dos cuadras de la plaza principal. De acuerdo a su página, tiene 20 habitaciones, piscina y ofrece todos los servicios.
El hostal es propiedad de Felipe Cáceres, cercano a Evo Morales desde que ambos eran dirigentes de las Seis Federaciones de Productores de Coca del Trópico de Cochabamba. Fue alcalde de Villa Tunari por dos gestiones consecutivas, antes de ser nombrado Viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas el 30 de enero de 2006, cargo que desempeña hasta la fecha.
El hotel del denominado “Zar antidroga” albergó al presidente Morales. Hay constancia de ello, por ejemplo, en las elecciones de 2009 cuando Evo votó en la chapareña Villa 14 de Septiembre.
La crónica de esa fecha publicada por el corresponsal de la agencia France Press sostiene: “Lejos de la comodidad de un hotel de cinco estrellas, Morales se hospedó en un hotel de uno de sus amigos, el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, llamado Habana Las Cocas”.
En el registro de Fundaempresa la mátricula del hostal figura como “no actualizada”.
Los millones del zar
El patrimonio de Cáceres asciende a 9.251.814,84 bolivianos. Es mayor que el del Presidente, (2.522.787 bolivianos) y del Vicepresidente (1.899.925 bolivianos), reveló la agencia ANF.
Al respecto, el zar antidrogas sostuvo: “Soy el funcionario público de este proceso de cambio, yo diría del instrumento político, porque vengo desempeñándome en la función pública 23 años. (Me) pongo en total disposición ante cualquier investigación”.
La CPE prohíbe a los servidores públicos firmar contratos o realizar negocios con la administración pública directa, indirectamente o en representación de tercera persona.
Sexo, mentiras y videos: cómo estalló el escándalo narcopolicial
Fue un escándalo tan sonado, que todos los canales de televisión cruceños acudieron a reportarlo. Y, como uno de tantos líos que la tele se ocupa de registrar para alimentar sus noticieros diarios, aparecieron las declaraciones de Suen Wang, en la puerta de la FELCC, denunciando a Esther (Guiguita) Arteaga, esposa del excapitán de Policía Fernando Moreira, por haberla agredido con una tijera y un palo en la oficina del policía por “celos injustificados”.
No fue la única que declaró. El griterío fue tal que también opinaron otras y otros efectivos del orden que trabajan en la dependencia más importante de lucha contra el crimen de Santa Cruz, y comentaron que Moreira se encerraba en su oficina y realizaba larguísimas fiestas, con mujeres, alcohol y drogas. Y también se conoció que no sólo su despacho, sino toda la estación policial era sede de bacanales en las que participaban, además del excapitán Fernando Moreira, su jefe el excoronel Gonzalo Medina y la plana mayor de las autoridades policiales.
Pero mientras corrían los chismes y se hacían notas para los noticieros sobre el escándalo, la esposa de Moreira, herida en su orgullo, tramaba venganza del marido.
Después de irrumpir por la fuerza en su oficina el 3 de abril de 2019 y presuntamente encontrar a su esposo en situaciones incómodas con su supuesta amante, Arteaga no sólo la sacó a golpes y amenazas de muerte, sino que confiscó el celular de su cónyuge.
Es así que al verse denunciada por la presunta amante y por varios otros testimonios que daban cuenta de la gresca, optó por lanzar a las redes sociales los videos que detallaban, sin censura alguna, el romance entre Moreira y Wang.
Fue la comidilla de la ciudad durante varios días. Videos con sexo explícito, pero también imágenes de Moreira compartiendo consumo de cocaína en su propia oficina y en otros espacios, fiestas con el alto mando policial y otros circularon por WhatsApp a gran velocidad.
Fue entonces -antes de que el 13 de abril se conociera un audio en el que el coronel Rómulo Delgado reclama al director nacional de la FELCN, Maximiliano Dávila, por su destitución, argumentando que ésta se debería a que él instruyó investigar a dos jefes policiales de Santa Cruz por un caso de narcotráfico- que los ojos de todo el país se posaron en los exoficiales Medina y Moreira.
El 23 del mismo mes ambos fueron aprehendidos para ser investigados por narcotráfico.
Fotos comprometedoras
Mientras el chisme se apoderaba de las redes sociales con imágenes que no dejaban nada para la imaginación, Moreira quizás trataba de apaciguar a su esposa, y la presunta amante se alejaba el país y del alboroto.
Pero, aunque las aguas se calmaron fue demasiado tarde, pues los internautas empezaron a indagar en las redes sociales y descubrieron que tanto Moreira como su jefe no sólo participaban de fiestas por todo lo alto, sino que realizaban frecuentes viajes fuera del país. En uno de ellos, el más reciente, posaban en Cartagena de Indias con sus esposas y con Pedro Montenegro, un conocido narcotraficante buscado por Interpol desde 2015, pero que en Bolivia no sólo gozaba de absoluta libertad y reconocimiento social, sino que se codeaba con la estructura mayor de las fuerzas del orden.
Pedro, amigo íntimo del hijastro del excoronel Medina, Robin Justiniano, había invitado a casi 20 personas con todo pagado a Cartagena para pasar el Carnaval. Las fotos de la diversión del grupo de amigos también corrieron como pólvora en las redes sociales.
Fue solamente entonces que el rompecabezas tomó forma para el público y fue evidente la cercanía e intimidad de los jefes policiales con este narco que frecuentaba la estación policial de la FELCC como Pedro por su casa, organizaba fiestas y viajes, y hasta era condecorado por las autoridades.
Montenegro, que también compartía con Moreira y Medina el gusto por la jarana y las mujeres, no fue denunciado por su propia esposa, pero se conoció al menos una de sus presuntas relaciones “comerciales” con misses y modelos cruceñas.
En el caso que se hizo público, con A.M, no se ha comprobado que mantuvieran otra relación que la personal, pues no se ha constatado ninguna vinculación de ésta con las actividades ilícitas de Montenegro, a excepción de algunos regalos suntuosos que recibió.
La esposa de Medina también tuvo su momento, cuando apareció ante las cámaras de los canales locales pidiendo garantías para ella y su familia, pues temía que ante las revelaciones conocidas y las acusaciones que empezaban a tomar forma “los colombianos” pudieran acabar con su vida.
Con la ayuda de las esposas y el impacto de las redes sociales, no era muy difícil atar cabos y determinar el grado de connivencia que habían tenido las fuerzas policiales con el narcotráfico y cómo la vida de abierto despilfarro y orgía era parte permanente de las dependencias de lucha contra el crimen en la segunda ciudad del país.
Un narco con aspiraciones
Antes de cumplir los 40, Pedro Montenegro, el narco que ha dejado al descubierto la penetración del poder de la droga en las instituciones del orden y las autoridades bolivianas, ya había logrado casi todas sus metas.
No era un empleado más de los cárteles colombianos, era un verdadero “socio” de los mismos y como tal era protegido en el país por “sus amigos”, a quienes generosamente retribuía, y de los cuales recibía reconocimientos que no cualquier ciudadano ostenta.
Auspiciaba fiestas, campeonatos, canchas y viajes; tenía título de abogado en provisión nacional, frecuentaba a los jueces, pues aspiraba a ser uno de ellos y era parte de círculos sociales tradicionales de la sociedad cruceña, a los que había llegado con buen pie: una casa en Las Palmas, en la que incluso tenía discoteca, le daba carta de ciudadanía.
Aunque de su actividad económica sólo se conocía públicamente que tenía una tienda de ropa en el tercer anillo, frente al Hotel Casa Blanca, la vida que llevaba junto a su esposa Jennifer Rodríguez era de absoluto lujo. Vehículos de cientos de miles de dólares (como el Porsche azul de su propiedad que estrelló una joven en estado de ebriedad en el Urubó, sin que se investigue a fondo el caso), fiestas y viviendas suntuosas eran parte de su cotidiano, y sus amistades recuerdan haberse preguntando, sin mayor incomodidad aparentemente, de dónde sacaba tanto dinero.
En contraste, su familia, especialmente su madre, vivían en una modestia que rayaba la pobreza, pues sus amigos dicen que “no era pegado a ellos”.
Amistades que cuentan su vida como una novela, las esposas de los policías que hablan más de la cuenta por celos o por miedo y las redes sociales que encierran todo lo que se puede y no se puede saber, han dibujado el destino de Montenegro, que se entregó ayer a las autoridades, y de los policías que lo auparon. Estos últimos aún guardan muchos secretos que al parecer estarán mejor protegidos en Palmasola, adonde serán llevados, luego de un breve paso por la cárcel de San Pedro de La Paz.
No fue la única que declaró. El griterío fue tal que también opinaron otras y otros efectivos del orden que trabajan en la dependencia más importante de lucha contra el crimen de Santa Cruz, y comentaron que Moreira se encerraba en su oficina y realizaba larguísimas fiestas, con mujeres, alcohol y drogas. Y también se conoció que no sólo su despacho, sino toda la estación policial era sede de bacanales en las que participaban, además del excapitán Fernando Moreira, su jefe el excoronel Gonzalo Medina y la plana mayor de las autoridades policiales.
Pero mientras corrían los chismes y se hacían notas para los noticieros sobre el escándalo, la esposa de Moreira, herida en su orgullo, tramaba venganza del marido.
Después de irrumpir por la fuerza en su oficina el 3 de abril de 2019 y presuntamente encontrar a su esposo en situaciones incómodas con su supuesta amante, Arteaga no sólo la sacó a golpes y amenazas de muerte, sino que confiscó el celular de su cónyuge.
Es así que al verse denunciada por la presunta amante y por varios otros testimonios que daban cuenta de la gresca, optó por lanzar a las redes sociales los videos que detallaban, sin censura alguna, el romance entre Moreira y Wang.
Fue la comidilla de la ciudad durante varios días. Videos con sexo explícito, pero también imágenes de Moreira compartiendo consumo de cocaína en su propia oficina y en otros espacios, fiestas con el alto mando policial y otros circularon por WhatsApp a gran velocidad.
Fue entonces -antes de que el 13 de abril se conociera un audio en el que el coronel Rómulo Delgado reclama al director nacional de la FELCN, Maximiliano Dávila, por su destitución, argumentando que ésta se debería a que él instruyó investigar a dos jefes policiales de Santa Cruz por un caso de narcotráfico- que los ojos de todo el país se posaron en los exoficiales Medina y Moreira.
El 23 del mismo mes ambos fueron aprehendidos para ser investigados por narcotráfico.
Mientras el chisme se apoderaba de las redes sociales con imágenes que no dejaban nada para la imaginación, Moreira quizás trataba de apaciguar a su esposa, y la presunta amante se alejaba el país y del alboroto.
Pero, aunque las aguas se calmaron fue demasiado tarde, pues los internautas empezaron a indagar en las redes sociales y descubrieron que tanto Moreira como su jefe no sólo participaban de fiestas por todo lo alto, sino que realizaban frecuentes viajes fuera del país. En uno de ellos, el más reciente, posaban en Cartagena de Indias con sus esposas y con Pedro Montenegro, un conocido narcotraficante buscado por Interpol desde 2015, pero que en Bolivia no sólo gozaba de absoluta libertad y reconocimiento social, sino que se codeaba con la estructura mayor de las fuerzas del orden.
Pedro, amigo íntimo del hijastro del excoronel Medina, Robin Justiniano, había invitado a casi 20 personas con todo pagado a Cartagena para pasar el Carnaval. Las fotos de la diversión del grupo de amigos también corrieron como pólvora en las redes sociales.
Fue solamente entonces que el rompecabezas tomó forma para el público y fue evidente la cercanía e intimidad de los jefes policiales con este narco que frecuentaba la estación policial de la FELCC como Pedro por su casa, organizaba fiestas y viajes, y hasta era condecorado por las autoridades.
Montenegro, que también compartía con Moreira y Medina el gusto por la jarana y las mujeres, no fue denunciado por su propia esposa, pero se conoció al menos una de sus presuntas relaciones “comerciales” con misses y modelos cruceñas.
En el caso que se hizo público, con A.M, no se ha comprobado que mantuvieran otra relación que la personal, pues no se ha constatado ninguna vinculación de ésta con las actividades ilícitas de Montenegro, a excepción de algunos regalos suntuosos que recibió.
La esposa de Medina también tuvo su momento, cuando apareció ante las cámaras de los canales locales pidiendo garantías para ella y su familia, pues temía que ante las revelaciones conocidas y las acusaciones que empezaban a tomar forma “los colombianos” pudieran acabar con su vida.
Con la ayuda de las esposas y el impacto de las redes sociales, no era muy difícil atar cabos y determinar el grado de connivencia que habían tenido las fuerzas policiales con el narcotráfico y cómo la vida de abierto despilfarro y orgía era parte permanente de las dependencias de lucha contra el crimen en la segunda ciudad del país.
Un narco con aspiraciones
Antes de cumplir los 40, Pedro Montenegro, el narco que ha dejado al descubierto la penetración del poder de la droga en las instituciones del orden y las autoridades bolivianas, ya había logrado casi todas sus metas.
No era un empleado más de los cárteles colombianos, era un verdadero “socio” de los mismos y como tal era protegido en el país por “sus amigos”, a quienes generosamente retribuía, y de los cuales recibía reconocimientos que no cualquier ciudadano ostenta.
Auspiciaba fiestas, campeonatos, canchas y viajes; tenía título de abogado en provisión nacional, frecuentaba a los jueces, pues aspiraba a ser uno de ellos y era parte de círculos sociales tradicionales de la sociedad cruceña, a los que había llegado con buen pie: una casa en Las Palmas, en la que incluso tenía discoteca, le daba carta de ciudadanía.
Aunque de su actividad económica sólo se conocía públicamente que tenía una tienda de ropa en el tercer anillo, frente al Hotel Casa Blanca, la vida que llevaba junto a su esposa Jennifer Rodríguez era de absoluto lujo. Vehículos de cientos de miles de dólares (como el Porsche azul de su propiedad que estrelló una joven en estado de ebriedad en el Urubó, sin que se investigue a fondo el caso), fiestas y viviendas suntuosas eran parte de su cotidiano, y sus amistades recuerdan haberse preguntando, sin mayor incomodidad aparentemente, de dónde sacaba tanto dinero.
En contraste, su familia, especialmente su madre, vivían en una modestia que rayaba la pobreza, pues sus amigos dicen que “no era pegado a ellos”.
Amistades que cuentan su vida como una novela, las esposas de los policías que hablan más de la cuenta por celos o por miedo y las redes sociales que encierran todo lo que se puede y no se puede saber, han dibujado el destino de Montenegro, que se entregó ayer a las autoridades, y de los policías que lo auparon. Estos últimos aún guardan muchos secretos que al parecer estarán mejor protegidos en Palmasola, adonde serán llevados, luego de un breve paso por la cárcel de San Pedro de La Paz.
Montenegro operaba con policías, empresarios, jueces y magistrados
La Policía identificó a 28 personas que forman parte del diagrama de vínculos del narcotraficante Pedro Montenegro Paz. Se trata de una organización conformada por familiares, empresarios, policías, jueces y magistrados que presumiblemente están vinculados con el tráfico de sustancias controladas en Bolivia, Brasil, Colombia y Panamá.
“Destacar que han sido innumerables las acciones investigativas dirigidas a establecer la estructura de la organización criminal en sus diferentes componentes. En su componente financiero, en su componente de protección armada, en su ‘modus operandi’, en su componente de alianzas con posibles empresas fachada, en su vinculación posible a algunas autoridades jurisdiccionales”, informó el ministro de Gobierno, Carlos Romero.
Explicó que los principales integrantes de la estructura criminal de Montenegro guardan detención preventiva en los penales de San Pedro y Palmasola. Cabe mencionar qeu el excoronel Gonzalo Medina y el excapitán Fernando Moreira se encuentran en el penal paceño, mientras Kurt Brun —mayor de la Policía—, Robin Justiniano —hijo de Medina— y Mauricio Higa —empresario constructor— están en Palmasola.
Por su parte, el comandante general de la Policía, Vladimir Calderón, dijo que se logró desarticular una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de sustancias controladas a nivel internacional, “con conexiones en Brasil, Colombia y Panamá”.
Sin embargo, el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), Maximiliano Dávila, detalló la conformación del diagrama de vínculos de Montenegro. Mencionó en primer lugar a un grupo de personas ligadas en calidad de socios. Enrique Villareal Quintero, de nacionalidad colombiana y con antecedentes por narcotráfico, es quien capitalizaba la organización. Junto a él aparece su esposa, Nelly Patricia Granizo Muñoz, ecuatoriana.
La Fiscalía Antinarcóticos allanó la empresa y el domicilio de dichas personas, logrando secuestrar documentación y artículos de alto valor presumiblemente provenientes del lavado de dinero.
Jueces y magistrados
Dávila mencionó a otro grupo de personas vinculadas a Montenegro, a las cuales caracterizó como “gente que trabaja en Sucre” y “que tal vez influenciaban en su problema procesal que tenía en Brasil”, pues se trata de miembros del Poder Judicial.
Identificó a Darwin Vargas, quien es vocal del Tribunal de Justicia de Santa Cruz; María Belén Laguna, representante del Consejo de la Magistratura de Beni; Gonzalo Hurtado Zamorano, magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional representante de Beni, y a una persona de apellido Paniagua que coincide con el nombre del juez de Sentencia de Santa Cruz, Juan José Paniagua, quien también fue vinculado con el extraditable.
Sepa más
Expolicías seguirán en la cárcel de San Pedro
Gonzalo Medina y Fernando Moreira esperan la orden judicial para retornar al penal de Palmasola, en Santa Cruz.
Oposición cuestiona “show” de Romero
Víctor Hugo Cárdenas, candidato por UCS, dejó entrever que hubo un acuerdo en la aprehensión del narco Pedro Montenegro y cuestionó que el extraditable se hubiera entregado de un momento a otro.
Fiscalía continúa con la investigación
La Fiscalía Antinarcóticos tiene previsto tomar declaraciones a Adriana Méndez y Geovanka Fernández, vinculadas al presunto capo de la droga Pedro Montenegro.
Empresarios lavaban el dinero de Montenegro
Pedro Montenegro Paz estaba vinculado con empresarios que, poseedores en algunos casos de empresas fachada, lavaban el dinero proveniente del narcotráfico del extraditable. Mauricio Higa Rodríguez, empresario constructor, aparece como el más cercado.
“Tenemos a su gente que eran sus testaferros que lavaban su dinero”, explicó el director nacional de la Felcn, Maximiliano Dávila, a tiempo de mencionar otros nombres, como José Luis González, Giovana Helen Fernández, Dorian Gómez Moreno, José Alberto Farrel Melgar, Mauricio Flores Banegas y Marco Saucedo Satelitales.
De este grupo, solamente Higa se encuentra detenido preventivamente en el penal de Palmasola luego de ser imputado por los delitos de encubrimiento, asociación delictuosa y confabulación.
Higa es una de las personas que financió parte de la construcción de un frontón de la Policía en Santa Cruz.
Hermana de Montenegro
María del Carmen Montenegro, hermana del extraditable y que forma parte del diagrama de vínculos que identificó la Policía, estuvo ayer en instalaciones del Comando Departamental de la Policía en Santa Cruz al identificarse como periodista —ella tiene un programa de TV—, sin embargo, los uniformados le impidieron ingresar hasta el ambiente donde el narcotraficante fue presentado a los medios de comunicación.
María del Carmen ya declaró antes como testigo.
sábado, 11 de mayo de 2019
viernes, 10 de mayo de 2019
jueves, 9 de mayo de 2019
miércoles, 8 de mayo de 2019
domingo, 5 de mayo de 2019
Neurona dice que viceministra Medinaceli gestionó desembolsos y creó estrategia de guerreros digitales
Desde distintas cuentas de Facebook, el director de la empresa mexicana Neurona Consulting, César Hernández Paredes, reveló que Leyla Medinaceli, actual viceministra de Comunicación, gestionó los desembolsos para su productora, que se adjudicó millonarios contratos con el Estado boliviano. Asimismo, la llamó como la estratega de los guerreros digitales, que pretende combatir a la oposición desde la dirigencia de Juventudes del Movimiento Al Socialismo (MAS).
“En este recorrido el 2014 fue central debido a la oportunidad y apoyo recibido por el Intachable compañero @Héctor Ramírez (El Toro), así como el 2017 por los desembolsos económicos gestionados por la actual Viceministra @Leyla Medinaceli en favor de #Neurona, que posteriormente nos han permitido contribuir a incursionar en otros procesos electorales de iberoamerica, que mantengan intacto el sueño de la patria grande (#LATAM) en defensa de mejores condiciones de vida para los más pobres y vulnerables (sic)”, menciona Hernández en su cuenta de Facebook.
Neurona Consulting es la productora que recibió Bs 12,4 millones del Estado por ocho contratos, según datos oficiales. Solo en 2018 la firma firmó cuatro contratos estatales por Bs 10.477.608 que fueron pagados con fondos del Ministerio de Comunicación, dirigido entonces por Gisela López.
La publicación en cuestión es la segunda sobre el tema, la primera la difundió ayer por la mañana; sin embargo, esta vez difundió ese mensaje a través de otro perfil de Facebook, en el que también figura con su nombre completo y como “voluntario activista”, y que fue abierta en 2015.
En ese post, al igual que el publicado ayer, agradece a las personas con quienes compartió el trabajo comunicacional para el gobierno del MAS, desde la campaña presidencial de 2014. Hace énfasis en mencionar a Medinaceli y a Héctor Ramírez, secretario General Vicepresidencia.
“Quiero agradecer a todos los compañer@s, con quienes hemos compartido la misma trinchera en las buenas y en las malas durante estos 5 años (sic)”, se lee en el post.
Además, resaltó que, gracias a las filtraciones sobre los millonarios contratos que obtuvo su empresa, se logró una "campaña impecable" para su documental “El Robo: Cuando las leyes se escribían en inglés”, el cual fue estrenada la anterior semana y que fue realizada a pedido por la Asamblea Legislativa con un costo de Bs 783.000.
Atribuyó la campaña a Martín Villa y a Medinacelli, a quien nombró como la fundadora de los guerreros digitales, proyecto que este año pretende formar solo en Santa Cruz a unos 2.800 jóvenes en seis meses y que fue cuestionado por la oposición.
“Gracias a la gran campaña de filtraciones por algunos malos funcionarios del Ministerio de Comunicación a opositores y a Página Siete se logró una Campaña impecable, consiguíendo el récord de audiencia más importante para un Documental hecho en #Bolivia. Campaña que fue diseñada por grandes mentes como Martín Villa, así como la estratega comunicacional, fundadora de los guerreros digitales @Leyla Medinaceli (sic)”.
Por segundo día consecutivo, ANF intentó comunicarse con la viceministra Medinaceli para preguntarle cómo toma estos agradecimientos y atribuciones; sin embargo, informó que se encontraba en reunión y rápidamente dijo que vería el mensaje, puesto que ella no tiene cuenta de Facebook.
“En este recorrido el 2014 fue central debido a la oportunidad y apoyo recibido por el Intachable compañero @Héctor Ramírez (El Toro), así como el 2017 por los desembolsos económicos gestionados por la actual Viceministra @Leyla Medinaceli en favor de #Neurona, que posteriormente nos han permitido contribuir a incursionar en otros procesos electorales de iberoamerica, que mantengan intacto el sueño de la patria grande (#LATAM) en defensa de mejores condiciones de vida para los más pobres y vulnerables (sic)”, menciona Hernández en su cuenta de Facebook.
Neurona Consulting es la productora que recibió Bs 12,4 millones del Estado por ocho contratos, según datos oficiales. Solo en 2018 la firma firmó cuatro contratos estatales por Bs 10.477.608 que fueron pagados con fondos del Ministerio de Comunicación, dirigido entonces por Gisela López.
La publicación en cuestión es la segunda sobre el tema, la primera la difundió ayer por la mañana; sin embargo, esta vez difundió ese mensaje a través de otro perfil de Facebook, en el que también figura con su nombre completo y como “voluntario activista”, y que fue abierta en 2015.
En ese post, al igual que el publicado ayer, agradece a las personas con quienes compartió el trabajo comunicacional para el gobierno del MAS, desde la campaña presidencial de 2014. Hace énfasis en mencionar a Medinaceli y a Héctor Ramírez, secretario General Vicepresidencia.
“Quiero agradecer a todos los compañer@s, con quienes hemos compartido la misma trinchera en las buenas y en las malas durante estos 5 años (sic)”, se lee en el post.
Además, resaltó que, gracias a las filtraciones sobre los millonarios contratos que obtuvo su empresa, se logró una "campaña impecable" para su documental “El Robo: Cuando las leyes se escribían en inglés”, el cual fue estrenada la anterior semana y que fue realizada a pedido por la Asamblea Legislativa con un costo de Bs 783.000.
Atribuyó la campaña a Martín Villa y a Medinacelli, a quien nombró como la fundadora de los guerreros digitales, proyecto que este año pretende formar solo en Santa Cruz a unos 2.800 jóvenes en seis meses y que fue cuestionado por la oposición.
“Gracias a la gran campaña de filtraciones por algunos malos funcionarios del Ministerio de Comunicación a opositores y a Página Siete se logró una Campaña impecable, consiguíendo el récord de audiencia más importante para un Documental hecho en #Bolivia. Campaña que fue diseñada por grandes mentes como Martín Villa, así como la estratega comunicacional, fundadora de los guerreros digitales @Leyla Medinaceli (sic)”.
Por segundo día consecutivo, ANF intentó comunicarse con la viceministra Medinaceli para preguntarle cómo toma estos agradecimientos y atribuciones; sin embargo, informó que se encontraba en reunión y rápidamente dijo que vería el mensaje, puesto que ella no tiene cuenta de Facebook.
sábado, 4 de mayo de 2019
Caso Zapata revive 2 años después
Casi 18 meses después de que se presentara la acusación formal de parte de la Fiscalía, ayer se suspendió una audiencia clave para el inicio del juicio contra Gabriela Zapata por la suplantación del supuesto hijo del presidente Evo Morales.
Algunos de los involucrados en este caso no acudieron con sus abogados, otros estuvieron ausentes y no se dijo nada de los dos abogados prófugos, Walter Zuleta y William Sánchez Peña. La principal acusada tampoco llegó. El juez onceavo de Instrucción, Hugo Huacani Chambi, constató la ausencia de los principales acusadores, los representantes del presidente Evo Morales y del ministerio de Justicia.
martes, 30 de abril de 2019
domingo, 28 de abril de 2019
Patrimonio del "zar antidroga" sobrepasa los Bs 9 millones, ni Evo ni los 20 ministros lo superan
Felipe Cáceres está al frente del Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas, dependiente del Ministerio de Gobierno, hace 13 años y tres meses, es uno de los pocos viceministros que se ha mantenido en el cargo desde que Evo Morales asumió la presidencia del Estado boliviano; acumuló un patrimonio de Bs 9 millones.
Está a cargo de una de las áreas que ahora está en medio de la tormenta, la política de lucha contra el narcotráfico, tras develarse los vínculos de dos exjefes policiales con el narcotráfico y sus nexos con el extraditable Pedro Montenegro, buscado por el delito de narcotráfico.
Es de las autoridades poco mediáticas, excepcionalmente aparece públicamente, pero se ha mantenido intacto en su cargo como Viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, incluso cambiaron ministros, pero Cáceres se mantiene incólume.
En este tiempo al mando del Viceministerio acumuló un patrimonio total de Bs 9.251.814; ni el presidente Evo Morales, ni el vicepresidente Álvaro García Linera, y tampoco los 20 ministros de Estado superan esa cifra.
El diputado opositor Rafael Quispe pidió investigación a la fortuna de Cáceres, porque la norma así establece cuando un servidor público incrementa su patrimonio abundantemente.
“El viceministro Cáceres es su íntimo de Evo Morales, ha sido alcalde, viceministro que no ha sido cambiado en toda la gestión (de Gobierno), para que sepa el pueblo boliviano es el ‘Zar antidroga’ (…) Tiene que ser investigado por (presunto) enriquecimiento ilícito, porque él (Cáceres) era como yo un ciudadano, que ha sido alcalde y más de 13 años de servidor público”, señaló Quispe a ANF.
Felipe Cáceres en sus inicios en la dirigencia sindical ejerció el cargo de secretario de defensa sindical y secretario general de la Federación de Productores de Coca del Trópico de Cochabamba entre 1988 y 1995. Luego fue electo como Alcalde Municipal de Villa Tunari por dos gestiones consecutivas (1996 a 2005). Y el 30 de enero de 2006 fue posesionado como Viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, cargo que continúa desempeñando en la actualidad.
En 2008, Cáceres poseía un patrimonio Bs 1.9 millones y en 10 años esa cifra se incrementó en Bs 9.2 millones, de acuerdo a su declaración jurada posee una deuda de Bs 2.1 millones.
La fortuna del “Zar antidroga” es cuantiosa y de lejos no se compara con la que tiene el presidente Evo Morales que cuenta con Bs 2.522.787 o la del vicepresidente Álvaro García Linero que ha declarado Bs 1.899.925.
Tampoco se compara al patrimonio de los 20 ministros de Estado, de los cuales el ministro de Economía, Luis Arce Catacora tiene Bs 4.006.442; en segundo lugar, el ministro de Gobierno Carlos Romero con Bs 3.088.000; luego está el ministro de Obras Públicas Oscar Coca con Bs 3.128.841.
Le sigue la ministra de Planificación del Desarrollo Mariana Prado con un patrimonio declarado de Bs 2.341.306 y el canciller Diego Pary con Bs 2.062.600. Los demás ministros cuentan con alrededor del millón e incluso menos.
Los presidentes del Senado y Diputados, Adriana Salvatierra y Víctor Borda, cuentan con patrimonios mucho menores a los ya mencionados.
El diputado Quispe considera que Cáceres es una autoridad “inamovible” por la amistad que lo vincula al Primer Mandatario, pese a ello reprobó el trabajo que hizo en estos años en la lucha contra las drogas y lamentó que haya pasado desapercibido estos días en que se registraron los escándalos por narcotráfico en la Policía Boliviana.
“Lo que primero debe hacer el Gobierno es cambiar pues al que se ha aplazado, dice equipo que gana se mantiene, equipo que pierde hay que cambiar, aquí el señor ‘Zar antidrogas’, el señor Cáceres, se ha aplazado en la lucha antidroga. Hay más droga, hay más coca, hay más de todo, pero sin embargo pareciera ser inamovible, (y) pasa desapercibido”, manifestó Quispe.
El diputado de Unidad Demócrata (UD), Tomas Monasterio, señaló que Cáceres mostró mucha incapacidad en el ejercicio de su cargo generando muchas dudas, ya que en estos 13 años no se conoció que haya denunciado o investigado a “peces gordos” del narcotráfico.
Acotó que en su gestión de parlamentario hizo denuncias en contra de grandes narcotraficantes y seguimiento a esos casos.
“Honestamente no sé qué hace el viceministro Cáceres porque hay una absoluta ausencia por parte de este Viceministerio y este Zar antidroga, una ausencia que por todos los antecedentes y los hechos de narcotráfico que hoy están pasando en el país pues resulta que hasta raya en la complicidad”, mencionó.
Señaló que la crisis en la lucha antidroga no solo pasa por Cáceres sino por el mismo ministro de Gobierno, Carlos Romero, y muestra de ello es que al interior de la Policía de Santa Cruz dos exjefes policiales, Gonzalo Medina y Fernando Moreira, tenían nexos con Pedro Montenegro Paz, ciudadano sobre el cual pesa una orden de captura internacional por tráfico de drogas en Brasil.
martes, 23 de abril de 2019
lunes, 22 de abril de 2019
Fotos revelan viajes costosos de la hija del coronel Medina
París, Roma, Venecia, Hamburgo y Washington fueron algunas de las ciudades que Gheyza Medina visitó y en las que posó para publicar sus fotos en las redes sociales. La hija del exdirector de la FELCC de Santa Cruz, coronel Gonzalo Medina, quien fue suspendido y está investigado por vínculos con el narcotráfico, eliminó esas fotos de sus redes.
De las nueve imágenes que circularon por la web, la primera corresponde al 8 de abril 2017, cuando Gheyza y dos de sus amigos posaron en la plaza de San Marcos, en Venecia, un sitio considerado como el “Salón de Venecia”, al ofrecer de fondo la imagen de la Basílica de San Marco, preferida por los turistas.
El costo de viaje de ida y vuelta de la ciudad de Santa Cruz a Venecia, según la compañía LATAM es de 9.679 bolivianos. American Airlines cobra 8.901 de la moneda nacional; el más económico es Avianca (7.416 bolivianos).
“Venecia no es una ciudad barata, pero es única y atrayente”, dice la página web enruta.com, que da el parámetro de gasto que pueden hacer dos personas por dos días de estadía y almuerzos. Dos noches en habitación doble con desayuno para dos personas cuesta 104 euros, y una cena en un restaurante, 48 euros.
En otra imagen, del 27 de abril de 2018, se la ve caminando en el Walk on Water-Lincoln Memorial, según la descripción de la foto. En otra, del 29 de abril, se ve a Gheyza en Washington DC.
En la última fotografía, la hija del policía aparece de espaldas junto a otra persona, que conduce un vehículo de color beige.
Roy S. M. escribió: “La última foto, creo, que es de un Toyota Land Cruiser 2018, por su tablero y pantalla”.
Mientras que María Eugenia C. V. escribió también en Facebook: “Qué viajes de lujo que jamás se daría el hijo de un policía con vocación de servicio”.
Las fotografías circularon por las redes sociales desde el miércoles, pero fueron eliminadas del muro de Facebook por la misma Gheyza, según un usuario.
La única referencia que permanece en su muro público es que estudió en el Liceo Boliviano Simón Bolívar de Caracas.
En los comentarios publicados en las redes sociales se señala que ella sería propietaria de dos gimnasios en La Paz, uno de ellos es identificado incluso con su nombre comercial.
En respuesta y a través de un comunicado, el gimnasio señala que “no es ni fue propietaria la señorita Gheyza Medina sino que ella se desempeña únicamente como instructora certificada en sus respectivos horarios, en ambas sucursales”.
Antecedentes
El 15 de abril, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, dio a conocer la baja del capitán Fernando Moreira y del director de la fuerza anticrimen de Santa Cruz, Gonzalo Medina, por estar involucrados en el envío de droga hacia Estados Unidos.
El Ministerio Público inició de oficio la investigación; tanto Medina como Moreira negaron por separado cualquier vinculación con el narcotráfico.
En el caso de Medina, éste afirmó que viajó por temas de salud y el Ministerio Público anunció que lo convocará a declarar.
Envíos de droga
Documentos Dos reportes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) y un audio señalan que dos policías viajaron de Santa Cruz a Panamá con droga.
Envío El primer reporte señala que los mismos se reunieron con gente relacionada al narcotráfico , para sellar un envío de cocaína por el Aeropuerto de Viru Viru, en Bolivia, en una cantidad de 40 kilos. El destino final de esa droga debía ser Estados Unidos.
Salida El segundo reporte señala que Medina salió en fecha 14 de marzo de 2019 con destino a Panamá. Sin embargo, negó que haya hecho ese viaje, ya que aclaró que viajó a las Bahamas para atender “motivos de salud”.
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