miércoles, 30 de noviembre de 2016

Aprehenden al jefe del Sedes en Chuquisaca por corrupción



El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Chuquisaca, Martín Maturano, fue aprehendido ayer en Sucre, acusado por los delitos de uso indebido de influencias y conducta antieconómica.

Maturano es acusado de contratar a una enfermera para el cuidado particular de su novia en Argentina con salarios pagados por el Estado como si la profesional trabajara en el hospital Santa Bárbara. El caso también involucra al director administrativo del Sedes de Chuquisaca. Ambos están con detención domiciliaria.

El secretario general de la Gobernación, Ebert Almendras, dijo que esa administración, “no encubrirá absolutamente a nadie”. /ABI

miércoles, 23 de noviembre de 2016

Aprehenden al alcalde de Concepción por 'desvíos'



Tras presentarse a declarar en la Fiscalía, el alcalde de Concepción, David Mollinedo, fue aprehendido anoche, acusado de supuestos delitos de corrupción y desvío de fondos en su gestión.

Mollinedo, que es del Movimiento Demócrata Social (MDS), se presentó ayer por la tarde, a declarar ante el Ministerio Público por una denuncia presentada por los concejales del MAS Faustino Lima, Juana Elida Herrera y Dionicio Algarañaz y, luego de prestar sus declaraciones, quedó aprehendido.

Mollinedo es sindicado de asociación delictuosa, malversación, conducta antieconómica, entre otros delitos.

Las supuestas irregularidades económicas fueron detectadas a través de una auditoría interna, que encontró indicios del desvió de Bs 720.000, que salieron de la cuenta única municipal a nombre de particulares, indicada en la denuncia presentada.

Representantes del Movimiento Demócrata Social ha iniciado una vigilia fuera de las dependencias de la Felcc para dar su apoyo a Mollinedo. Aseguran que el proceso es político y que su detención es un abuso de autoridad.

martes, 22 de noviembre de 2016

Condenan a Mario Cossío a dos años y medio de prisión



La Dirección Nacional Anticorrupción de la Fiscalía General del Estado informó que la autoridad jurisdiccional sentenció al exprefecto de Tarija, Mario Adel Cossío Cortez, a dos años y seis meses de privación de libertad por la comisión del delito de Incumplimiento de Deberes, Conducta Antieconómica y Resoluciones Contrarias a la Constitución y las Leyes, por el caso denominado Tramo Vial Tojo la Verdiguera.

“La audiencia se desarrolló en el Tribunal de Sentencia Primero en lo Penal en donde la Fiscalía demostró con pruebas la comisión del delito acusado”, explicó la Directora Nacional Anticorrupción, Fanny Alfaro.

Agregó que en el presente caso también fueron denunciados Claudia Concepción Noguera Espinoza (exasesora legal de la subprefectura de la Provincia Avilés) y Ángel Eusebio Hoyos (exsubprefecto de la Provincia Avilés), quienes se sometieron a procedimiento abreviado siendo sentenciados a tres años de privación de libertad.

Por su parte el Fiscal Departamental de Tarija, Gilbert Muñoz, manifestó que Mario Cossío también fue sentenciado a cinco años de inhabilitación para ejercer o presentarse a cargos públicos.

“En el presente caso se tiene un daño económico al Estado de 672.152,50 bolivianos”, manifestó el representante departamental del Ministerio Público.

lunes, 21 de noviembre de 2016

Pedirán la liberación de acusados del caso Rózsa

Noticia publicada elUn grupo de ciudadanos, entre familiares, amigos y simpatizantes, convocó para hoy a las 14:30 a una concentración a los pies del Palacio de Justicia de Santa Cruz para exigir la liberación de Zvonko Matkovic, Hugo Paz, Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza, cuatro detenidos del caso de supuesto terrorismo.

"Portando pañuelos blancos o bandera cruceña, mujeres y hombres de este pueblo, vamos todos juntos a reclamar por la libertad", señala la convocatoria que ha sido divulgada por redes sociales desde ayer.

La movilización se debe al alargue del caso de supuesto terrorismo, que ya lleva más de siete años en curso, cuando el Código de Procedimiento Penal señala que ningún juicio podría durar más de tres años.

En 2009, un grupo encabezado por el boliviano Eduardo Rózsa fue acusado de preparar un enfrentamiento en el país y fue desarticulado.

viernes, 18 de noviembre de 2016

León denuncia que Fiscalía no activó sello Azul en Interpol

El abogado Eduardo León, detenido preventivamente en el penal de San Pedro, denunció que el Ministerio Público mintió al afirmar que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) ya activó el sello Azul para la búsqueda de los exabogados de Gabriela Zapata, William Sánchez y Walter Zuleta.

En junio, el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, informó que la Interpol activó el sello Azul en la búsqueda de los exabogados de Zapata, lo que significaba localizar, identificar u obtener información sobre la ubicación de ambos juristas para su posterior captura.

Sin embargo, “quiero denunciar de manera pública que de acuerdo al informe que se les va a hacer entrega en un momento, pues la Fiscalía ha mentido al país al haber señalado de que habrían activado el sello Azul en contra de los abogados, el señor Zuleta y el señor Sánchez Peña; de acuerdo al informe que ha sido emitido por Interpol, jamás ellos habrían informado que (los abogados) se encontraban en Perú, y que al mismo tiempo no existe ningún tipo de sello activado en contra de estas personas”, manifestó León.

Lamentó que los exabogados de Zapata no sean buscados ni localizados ni siquiera se pretenda aprenderlos. También denunció que el Gobierno pretende encubrir a ambos acusados para no develar la verdad del denominado caso Zapata.

León reiteró que acudirá a las instancias internacionales para presentar documentación que demuestra las irregularidades que se cometen en contra de su persona y de la poca claridad en las investigaciones del caso Zapata.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, señaló que la misma gente de Interpol puede acreditar que se hicieron las gestiones correspondientes para la captura de ambos abogados, e incluso se envió efectivos policiales de élite que localizaron a los acusados, pero no hubo colaboración de las autoridades del Perú para expulsar a Zuleta y Sánchez Peña.

“Esa información van (ha) poder constatar con la propia gente de Interpol, ellos han aplicado los protocolos en el marco de los procedimientos internacionales, ellos mismos han señalado cuál es la ruta más adecuada para lograr la aprehensión de estos abogados, y el Comando Nacional envió en su momento agentes de élite que dieron con el paradero de estas personas”, indicó Romero.

Zuleta y Sánchez Peña son buscados por la Policía por ser sospechosos de haber participado en la suplantación de un menor y hacer pasar al niño como hijo del presidente Evo Morales y de Gabriela Zapata. (ANF)

jueves, 17 de noviembre de 2016

Recuperan más de Bs 5,2 millones de Fondo Indígena



En un informe que presentó ante el Senado, el actual director del Fondo de Desarrollo Indígena, Eugenio Rojas, reveló que la liquidadora del Fondioc recuperó Bs 5,2 millones que no concuerdan con otras cifras que fueron divulgadas en el tiempo que duró la intervención de esta entidad.

“Los responsables han trabajado en la recuperación y hasta el momento se llegó al monto de Bs 5.256.756 en el periodo de liquidación”, dijo ante los senadores que convocaron a un informe. La Fiscalía busca Bs 320 millones que fueron malversados.

Sin embargo, en junio de este año, la dirigenta Juanita Ancieta informó de que su organización, las bartolinas, devolvió Bs 5 millones de los proyectos que no estaban ejecutados y, en julio, la interventora de la entidad informó de que se habia recuperado Bs 9,7 millones.
Rojas dijo que, hasta el 11 de septiembre, los responsables de los proyectos podían presentar los descargos de las iniciativas que tenían observaciones y descargar los recursos que habían recibido para no ser enviados a la justicia ordinaria, como sucedió en varios casos.

De ese modo, los responsables de 389 proyectos en los nueve departamentos presentaron sus descargos. Los sindicados fueron convocados, incluso, de manera personal a través de llamadas telefónicas para que presenten sus descargos, dijo el que fuera senador del MAS.

Advirtió que de los 389 observados, 341 presentaron descargos adecuadamente y en el plazo que establecía el decreto de intervención del Fondo Indígena; mientras que 48 proyectos quedaron rezagados y no presentaron documentos.

Informó de que de los 341 proyectos con descargos, 211 ya tienen revisión, es decir, fueron verificados en campo y en documentos. La intervención buscó una modificación del plazo que vencía el 15 de agosto, pero la petición no prosperó. Los 128 proyectos sin revisión fueron pasados a la actual administración y no hay personal para que haga seguimiento. El otro dato es que solo 17 proyectos tienen una auditoría cerrada porque no hay peritos para el trabajo

Apartan a Castedo del juicio por caso terrorismo



La Sala Penal Segunda del Tribunal de Justicia de La Paz apartó de manera temporal del juicio por el caso terrorismo a Ronald Castedo, atendiendo una solicitud para que deje de asistir a las audiencias debido a su delicado estado de salud.

Castedo sufre una grave enfermedad del corazón que fue certificada por médicos forenses pero que no impidió al tribunal del juicio que lo siga obligando a asistir y comparecer en largas y agotadoras audiencias.

La pasada semana, el juicio tuvo que ser interrumpido debido al mal estado Castedo, cuyo corazón solo funciona al 20% de su capacidad.

El Ministerio Público nunca aceptó la petición para que sea separado del caso a pesar de que su condición ya fue reconocida como la de enfermo terminal.

El procesado incluso recurrió a la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH), instancia que aceptó su reclamo.

miércoles, 16 de noviembre de 2016

Confirman una kermesse 'solidaria' para Achacollo



Nemesia Achacollo necesita dinero y pasa un difícil momento, bajo ese argumento organizaciones sociales y el Movimiento Al Socialismo (MAS) organizan una kermesse solidaria a favor de la exministra, investigada por el caso Fondo Indígena, según confirmó a EL DEBER el diputado Juan Cala.

"Es una forma de apoyar a la compañera, de recaudar fondos y buscar recursos. Sabemos que ha hecho un trabajo amplio y fuerte en todo el Norte de Santa Cruz y por eso estamos organizando este evento", detalló el legislador oficialista.

Explicó que "no tiene recursos, está pasando por momentos difíciles y queremos reconocer a su trabajo. La idea es recaudar fondos para ayudarla, porque incluso nos dicen que piensa en vender parte de todos sus bienes porque no puede trabajar al estar detenida".

Uno de los platos que será comercializado es pescado a la parrilla, con un costo de 40 bolivianos. "Las opiniones en las redes sociales no contribuyen a los valores de la sociedad, por eso se genera este tipo de opiniones", agregó, sobre las burlas contra la actividad.

"Está claro que victimizacion de masistas se convirtió en una forma de hacer política. Nadie les cree", expresó ayer el senador de Unidad Demócrata (UD), Arturo Murillo, cuestionando la actividad que se realizará en Montero.

Achacollo cumple tres meses detenida preventivamente en la cárcel de Miraflores de La Paz, investigada por el mal manejo de recursos del Estado en el Fondo Indígena, iniciativa del Gobierno que deparó varios proyectos fantasmas.

Por persecución política Abogado León solicita visita de comisionado de la ONU

Eduardo León, exabogado de Gabriela Zapata, quien fue pareja del presidente Evo Morales, envió un carta al Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Bolivia, Denis Racicot, para visitarle y denunciar persecución política en su contra, informó ayer el senador de Unidad Demócrata UD, Arturo Murillo. El legislador actuó como el portavoz del jurista detenido.

Desde mayo, el abogado León, por determinaciones del Juzgado Anticorrupción, se encuentra con detención preventiva en el penal de San Pedro.

La bancada de UD en apoyo a León decidió llevar la carta de solicitud a la Representación de la ONU en Bolivia, tomando como referencia que no existen garantías constitucionales para un debido proceso judicial, se violan los derecho humanos.

En el caso del doctor León se lo apresó porque fue parte querellante en varios casos, como por ejemplo: el caso del Fondo de Desarrolló Indígena Originario Campesino (Fondioc), caso de corrupción de la exautoridad edil de filas del Movimiento Al Socialismo (MAS), Édgar Patana, y otros procesos judiciales que involucran al Gobierno.

En ese contexto, el senador opositor Murillo considera que es necesario e importante la visita de Racicot al abogado León para que constate la violación de los derechos humanos y la persecución política de parte del Gobierno.

El que la ONU visitara a las víctimas del caso Porvenir y la represión de Chaparina, para constatar si es que hubo violación de derechos humanos, sirvió de argumento para que el abogado León sustente la solicitud al Alto Comisionado del organismo internacional, para denunciar y exponer su situación jurídica y la persecución política que es víctima por parte del Gobierno.

ATRIBUCIONES

Sostuvo que las atribuciones de Racicot es de recibir y analizar la situación de los derechos humanos en el país, como alto comisionado de la ONU, motivo por el cual, León decidió acudir al organismo internacional.

Murillo puntualizó que espera que el Gobierno no descalifique a la ONU, como lo hizo con la Organización de Estados Americanos (OEA), entidad a la que le atribuyeron de entrometerse en la soberanía del país, por estar como observador en la audiencia cautelar de líder político de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina.

“Ojalá que el Gobierno no denuncie una intromisión de la ONU a la soberanía del país, con la OEA por estar de observador en la audiencia cautelar de Doria Medina; la visita del organismo internacional solo servirá para que el abogado León denuncie las irregularidades del proceso en su contra, lo que no significa intromisión política”, aseguró.

El abogado León está con detención preventiva por presunta trata de menores (presentación del presunto hijo falso de presidente Morales y Zapata) y supuesto título falso en la carrera Derecho.

lunes, 14 de noviembre de 2016

“Consorcio de jueces fiscales y abogados” Saravia solicita operativo y ante sospechas resulta aprehendido

La tarde del sábado, el aún fiscal Ánghelo Saravia solicitó a la Dirección de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) que se investigue una supuesta extorsión del cual él era víctima, pero durante el mismo, se suscitaron una serie de hechos por los cuales, quienes resultaron aprehendidos y sindicados, por presunto uso indebido de influencias y ser parte de un “consorcio de jueces, abogados y fiscales”, fueron Saravia, su presunto hermano y una mujer.

Según el reporte policial, cerca de las 13.00 del sábado, Leonardo A.G. (presunto hermano del fiscal) se presentó en oficinas de la DACI, en la Felcc, señalando que Saravia estaba siendo extorsionado por Melquiades Mamani, a quien este asistió, cuando aún trabajaba como abogado particular en 2014.

PEDIDO Y OFRECIMIENTO

La pasada semana se dio a conocer un audio, en el que Mamani y un acompañante vistan la oficina del fiscal anticorrupción, en el que se escucha a Mamani ofrecer un pago, como “honorario”, a cambio de que a Saravia se le facilite recobrar el dinero de una fianza, que una persona había depositado en el proceso, por robo agravado, en el que lo patrocinó.

Además, Mamani también le pide a Saravia que le presente un abogado con el cual se realice el trámite de forma más ágil.

“ACONSEJA”

Ante esto, Saravia le explicó a Mamani que ya no podía firmar como abogado, porque él era fiscal, le asegura que tenía una jurista de confianza y que, además, le garantizaría abreviar el trámite, ya que también hablaría con el juez del caso.

“Esto va a demorar por lo menos 30 días (…) tendrías que darle (al abogado de confianza), para comenzar, 500 bolivianos. Y después, saliendo (la devolución de la fianza, 30.000 bolivianos) tendrías que pagarle lo demás, hasta el 10 por ciento te pueden cobrar (…) o sea, yo te puedo garantizar de que te lo caminen y yo puedo hablar con el juez”, se escucha en el audio adjunto a las cartas de denuncias firmadas por el vicepresidente del “Control Social Nacional del Órgano Judicial”, Germán Mancilla, y presentadas ante el Fiscal General y el Ministro de Gobierno.

“Yo le he recomendado a él (Mamani), para que no lo vuelvan a engañar”, aseguró Saravia, sobre el audio, por cuya revelación fue alejado de la Unidad Anticorrupción.

OPERATIVO

Luego de su alejamiento, ordenado por el Fiscal Departamental, Edwin Blanco, Saravia apareció el viernes para afirmar que la denuncia de supuesta “extorsión” era una venganza por parte de los implicados del que él denominó “caso consorcio Ganam- Mendoza”. Y entregó otro audio en el que afirma que se lo extorsiona, pidiéndole dinero para que Mamani retire la denuncia.

En esa línea, el sábado, Saravia, mediante su presunto hermano, pidió a efectivos del DACI que se aproximen a inmediaciones de la avenida 6 de Marzo, en la ciudad de El Alto, para que verifiquen el acto de extorsión.

Sin embargo, la denuncia es desestimada por el fiscal de turno en esa ciudad, Carlos Rivadeneira y en otra acción directa, se procede a la aprehensión de Ánghelo Saravia, Leonardo A.G., Claudia Y., además de a Williams Q.V., quienes fueron hallados en cercanías, en un vehículo verde con placa de control 928–PAY, donde se verificó que la mujer trataba de esconder un sobre con dinero. Los cuatro pasaron la noche en celdas de la Felcc y ayer la mujer fue liberada, por no encontrar indicios en su contra.

Según los mismos informes, en horas de la tarde, la Policía se dirigió a la localidad de Ventilla y tomó contacto con Herminio Pucho y Melquiades Mamani, quienes dan otras versiones sobre el cobro de los 5.000 dólares que se afirma se intentaba extorsionar.

Ante las versiones contradictorias, en Ventilla, donde viven los presuntos implicados, la Policía detectó que Saravia, con su hermano Leonardo A.G. y su abogado Williams Q. intentaron forzar a Melquiades Mamani, para que desista de su acusación de extorsión contra el fiscal.

Saúl Villarpando, abogado de Mamani, dijo que el fiscal, su hermano y su abogado buscaron a su cliente para devolverle 5.000 dólares de los 20.000 que le habían cobrado ilegalmente y de esa manera forzarlo a firmar el desistimiento de la acusación en su contra. Le dijeron que Saravia “era muy poderoso y tenía amigos”, según relató el abogado.

“Amenazaron a mi cliente diciéndole que si no aceptada la devolución del dinero, lo iba a meter a la cárcel”, agregó Villarpando.

Para hoy, se tiene prevista la audiencia cautelar en el juzgado Segundo Anticorrupción de El Alto, donde se definirá la suerte del aún fiscal Saravia fiscal y sus acompañantes

viernes, 11 de noviembre de 2016

Suspenden juicio por terrorismo hasta este 21



El tribunal de sentencia, a la cabeza de Sixto Fernández, suspendió el juicio por supuesto terrorismo hasta el 21 de este mes, al verificar en sala el grave estado de salud del procesado Ronald ‘Chichi’ Castedo.
Las audiencias fueron reanudadas el lunes, pese a existir informes de cardiólogos que indican del grave estado de salud de Castedo, en el que recomiendan que no puede asistir a las audiencias.

La mañana de ayer Castedo sufrió una recaída en la audiencia, por lo que el acto judicial se suspendió para horas de la tarde. Y así fue. Por la tarde, se activó la audiencia con la declaración del testigo coronel Johnny Aguilera.

Ante la insistencia del abogado Gary Prado, para que el tribunal revise su actuación, al considerar que se ponía en riesgo la vida de Castedo, el juez Fernández ratificó que el juicio debe avanzar porque hay varios procesados que están molestos por la demora.

La decisión del tribunal molestó a algunos procesados. Zvonko Matkovic Ribera, procesado, pidió la palabra y dijo a los jueces que no usarán su nombre para justificar la agresión a Castedo de obligarlo a asistir a las audiencias, pese a su grave estado de salud. “No usen mi nombre porque usted dice que está preocupado por los detenidos cuando nos tienen ocho años presos. A Castedo solo le funciona la quinta parte del corazón y no me tome como ejemplo”, dijo Matkovic.

Tras las intervenciones de Prado y de Matkovic, los jueces determinaron suspender el juicio hasta el 21 de este mes, a las 15:30, en consideración al mal estado de salud de Ronald Castedo, que era visible.
Pese al fallo, el fiscal Óscar Vera pidió que se celebre audiencia hasta este viernes, pero el tribunal no varió su fallo

Caso Rózsa Tribunal decide seguir con las audiencias

El tribunal Primero de Sentencia de La Paz, encargado de llevar a cabo el sonado caso Rózsa, actúa de forma contradictoria en situaciones similares, según la defensa.

En la jornada de ayer, dicho Tribunal, a la cabeza del juez presidente Sixto Fernández, determinó dar por aprobado el memorial de corrección que presentó el Ministerio Público, para dar continuidad a las audiencias del juicio oral, pese a que no se ha resuelto de forma oficial la apelación que presentó la defensa del imputado Ronald Castedo en La Paz, para ser apartado del juicio oral, por su estado de salud. Antes, las audiencias se suspendieron mientras se resolvían recursos del general Gary Prado, quien fue finalmente separado del caso.

Mientras transcurría la audiencia, Castedo sufrió una descomposición. Ayer comenzó a declarar el testigo Johnny Aguilera Montecinos.

Enviarán carta a Perú y solicitarán extradición de abogados de Zapata

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó ayer, que debido a los cambios de ministros en el Perú, se enviará una nueva carta a las autoridades correspondientes, pidiendo la extradición de dos, de los abogados de la expareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata, que fugaron a ese país; involucrados en la presunta suplantación del hijo del mandatario.

Williams Sánchez y Walter Zuleta se encuentran en calidad de prófugos desde el pasado 17 de mayo, cuando el tercer abogado de Zapata, Eduardo León, fue aprehendido y sindicado por “engaño a personas incapaces y asociación delictuosa”, delitos que luego fueron ampliados a trata de personas en relación a la suplantación del menor de nueve años Ernesto Fidel M. Z., hijo del Presidente, de quien a la fecha no se tiene certeza jurídica de su inexistencia.

Romero reiteró que en Perú, ante el Consejo Nacional del Refugiado (Conare), Sánchez y Zuleta iniciaron el trámite para ser admitidos como refugiados políticos.

“Les enviaremos nueva documentación, porque antes, se la entregamos al anterior Ministro del Interior del Perú, y ahora que hay un nuevo ministro, sí en caso de que ellos requieren una información complementaria, estamos a su disposición”, afirmó Romero.

Según la Fiscalía, el falso hijo de Morales fue presentado ante una juez dentro de un proceso familiar abierto por el presidente contra su expareja, quien en febrero fungía como la Gerente Comercial de la Empresa China CAMC, con la cual el Gobierno firmó millonarios contratos.

“Yo confío en que va llegar el momento, en que vamos a poder coordinar acciones con la contraparte del Perú”, para traer ante la ley a los dos abogados, explicó la autoridad.

Dentro del caso, también están implicados otros familiares de la exgerente de CAMC, entre ellos, Pilar Guzmán, la tía espiritual de Zapata.

El 15 de junio, Ximena Fortún, propietaria de la casa donde vivía Gabriela Zapata, y María del Carmen Arce, otra supuesta tía espiritual de la principal imputada, fueron detenidas preventivamente en el Centro de Orientación Femenina (COF) de Obrajes, por la presunta comisión de cuatro delitos, entre ellos la trata de personas.

En la audiencia de medidas cautelares, la comisión de fiscales detalló la relación de los hechos respecto a que Zapata en coordinación con Fortún, Arce, Pilar Guzmán, su hijo Claudio Rivera, su yerno Wilson Garrido, además de Isela Chávez y Víctor Vega, ambos papás del menor, detenidos en distintos centros carcelarios, fraguaron la presentación de la víctima ante la autoridad judicial el 11 y 12 de abril pasado.

Asimismo, el Ministerio Público argumentó que junto a los otros imputados, Arce llevó al menor a la entrevista con periodistas de CNN registrada el 5 de mayo pasado, en el hotel Camino Real, bajo el control de Fortún, quien financió la presentación con 5.000 dólares.

jueves, 10 de noviembre de 2016

Imbolsur II: Prescribe acusación por corrupción contra Montes



El Tribunal de Sentencia Tercero de la capital, tras verificar los antecedentes del caso y la documentación presentada por las partes, determinaron ayer en juicio, declarar extinguida la acción,

por la prescripción del caso denominado Imbolsur II, en el que los acusados eran el ex alcalde del municipio de Cercado, Oscar Montes, otros ex funcionarios municipales y la empresa Imbolsur. Todos los procesados quedaron en libertad.
Los jueces del Tribunal, María Candelaria Peñarrieta Vargas, Teresa Villena Sucre y Ariel Gutiérrez, en juicio oral, público y contradictorio, indicaron que el caso es del año 2008 y hasta la fecha ya no podría tener validez dando razón a la solicitud de las partes acusadas. El Ministerio Público solicitó la documentación para poder en un plazo de no más de tres días apelar la resolución.

Acusación
La acusación fiscal presentada por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y falsedad ideológica fue en contra de: Félix Edgar Cardozo Sáenz, José Nilo Cossío Narváez, Riter Oscar Cierra Calvo, Elizabeth Vilma Fuentes Uño, Oscar Gerardo Montes Barzón, Eliana Mercedes Majluf Kuncar, Juan Carlos Mena Soruco, Antonio Ivar Carvajal Armella, y Ricardo Antelo Bustamante.
Tras la resolución dictada por el Tribunal el ex alcalde y su abogada no quisieron dar entrevistas a los medios de comunicación porque justificaron que no tenían que hacer nada en el proceso; sin embargo el abogado representante de la empresa Imbolsur, Hugo León La Faye, dijo que no hubo ningún daño a nadie y que el asfalto se encuentra puesto en las calles de la ciudad.
“En el juicio ha tocado a toda la defensa, en ella solicitamos una excepción de prescripción, en el entendido de que los hechos que se juzgan vienen del mes de abril, del proceso de contratación y en junio del 2008, en el caso de la firma del contrato y la entrega del anticipo es a partir de esos meses en el año en que empiezan a computarse los 8 años que se tiene por ley para una prescripción del proceso”, explicó.
Indicó que la misma fue interpuesta porque la Ley que estaba vigente en ese año era del anterior Código de Procedimiento Penal, donde no estaba agravado todo por la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz (Ley anticorrupción), que recién fue promulgada el año 2010 y la cual indica que todos los delitos cometidos a partir de ese momento contra el Estado son imprescriptibles.
“Tampoco estaba vigente la Constitución que fue promulgada el año 2009, en consecuencia el régimen de la prescripción estaba absolutamente vigente y se hizo el computo de los plazos y esto alcanzó a todos los involucrados en el caso denominado Imbolsur II”, dijo.
León, manifestó que todo el cemento asfaltico que estaba en el proceso se encuentra ya en las calles de la ciudad hace más de 8 años y está prestando su función, “No hubo ningún daño y fue más el tema del envase que se proveía las empresas, lo que se buscaba era tener algo que pueda aguantar al cemento asfaltico y las inclemencias del tiempo”, apuntó.
Recordar que la Fiscalía presentó el 21 de marzo de 2014 una acusación formal contra el ex alcalde de la ciudad de Tarija, Oscar Montes Barzón, y otros.
El caso se refiere a la denuncia presentada en mayo de 2008 donde se observó el supuesto incumplimiento en las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones de la licitación pública; incumplimiento de contrato por la recepción de 1.500 toneladas de cemento asfáltico de la licitación pública 33/2007 con relación al origen y procedencia y que las evaluaciones de propuestas y adjudicación para la provisión de cemento asfáltico de la licitación pública 48/2007 fue efectuada de manera irregular.

miércoles, 9 de noviembre de 2016

Fiscal Cuba: Falta de coordinación retrasa investigación de “caso Katanas”

Karina Cuba, fiscal titular del “caso Katanas”, informó ayer que debido a que no existe un trabajo coordinado de los investigadores policiales, la investigación por la supuesta trata de personas de este proceso se encuentra retrasada.

“La comisión de investigadores tendría que estar trabajando, presentando informes, pero no los he visto, esta ni la anterior semana”, afirmó Cuba en referencia a los investigadores.

La fiscal señaló que hay varios actos investigativos programados, entre ellos, la inspección de varios inmuebles del principal denunciado, Marco Cámara, expropietario del club nocturno Katanas. Pero las inspecciones no solo se realizarán en La Paz, sino también en Santa Cruz.

PROCESO A FISCAL

Por su lado, Noemi Cámara, hija del expropietario del Katanas y denunciante del caso, anunció que iniciará un proceso penal contra la fiscal Mónica de la Riva, porque habría incumplido sus deberes en el proceso investigativo sobre trata y tráfico de personas, con fines de explotación sexual.

“Nosotros vamos a iniciar un proceso contra ella por incumplimiento de deberes, justamente porque al advertir todos los actos que ella ha realizado dentro del cuaderno de investigaciones, deja mucho que desear”, indicó.

La hija de Cámara dijo que sostuvo una reunión en Sucre con el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, a quien le pidió que aleje del caso a la fiscal De la Riva. Indicó que producto de esa petición De la Riva fue separada de la comisión de fiscales y Karina Cuba fue designada como la titular del caso.

Continúan notificaciones en caso Zapata Cristina Choque tendrá 46 testigos de descargo

Ascenderán a 46 los testigos de descargo que presentará la defensa de Cristina Choque, dentro del juicio oral por el denominado “caso Zapata”, según informó Martha Requena, abogada de la exdirectora de la Unidad de Apoyo a la Gestión Social (UAGS) del Ministerio de la Presidencia.

Según la información proporcionada por Requena, la notificación con la acusación formal por este caso se dio el pasado 3 de noviembre en el Centro de Orientación Femenino (COF) de Mujeres, donde su defendida se encuentra detenida preventivamente desde marzo.

La abogada señaló que han iniciado con la elaboración de los documentos que serán la base de la defensa, en la que se incluye a los 46 testigos de descargo, además de la presentación de pruebas documentales que darán cuenta, en su criterio, que Choque no fue parte de los delitos que se le atribuyen.

Requena señaló que a partir del 3 noviembre, fecha en que fue notificada Choque en el penal de Obrajes, corren 15 días hábiles de plazo para la presentación de las pruebas de descargo, pero la defensa cumplirá antes de esa fecha.

CUATRO DELITOS

“El Ministerio Público, como el Ministerio de la Presidencia, han presentado la acusación en contra de Cristina Choque, por los cargos de incumplimiento de deberes, uso indebido de bienes y servicios del Estado; y uso indebido de influencias”, todos como calidad de autoría en relación al artículo 20 del Código Penal, explicó Requena a EL DIARIO.

Sin embargo, teniendo en cuenta que dentro del proceso existen otros cinco acusados, entre ellos la expareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata, y los nexos que la Fiscalía cree que subsisten entre ellos, la Fiscalía también, los señala como autores del delito de asociación delictuosa.

En ese sentido, en lo que respecta a Choque, ella debe comparecer ante el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz, presidido en este caso, por el juez Iván Perales.

ACUSADOS

Junto con la expareja y madre de un presunto hijo del presidente Morales figuran como sindicados Jimmy Morales Cuba, exresponsable de almacenes de la UAGS; Ricardo Alegría Sequeiros, señalado por la Fiscalía como supuesto empresario y amigo de Zapata; Marvin Ramírez Aramayo, presunto socio de la exgerente de la empresa china CAMC y, por último, el abogado Walter Zuleta, quien fugó a Perú. Según la versión del Fiscal General y el Gobierno ha iniciado el trámite de asilo político en el país vecino.

La Fiscalía atribuye a Zapata seis tipos de delitos penales en su contra.

lunes, 7 de noviembre de 2016

El juicio por terrorismo no tiene avances desde julio



El juicio por el caso de supuesto terrorismo no tiene avances desde julio. Hoy, a menos de dos meses de acabarse un nuevo año del proceso, se intentará reinstalar las audiencias para ver si se puede continuar con la toma de los testimonios de los testigos de la parte acusadora.

La sesión judicial, convocada por el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, debe comenzar a las 15:30. Una hora antes un grupo de damas pide que la gente asista a las afueras del Palacio de Justicia con pañuelos blancos, para exigir la liberación de Juan Carlos Guedes, Alcides Mendoza y Zvonko Matkovic, presos en Palmasola y Hugo Paz con detención domiciliaria.

Se espera que hoy los juzgadores, que aguardan la resolución de un amparo presentado por Ronald Castedo para que se acepte su pedido de ser separado del juicio, reciban la solicitud del Ministerio Público para seguir con las audiencias, mientras se define esa situación.

Desde Palmasola

En medio de esta paralización del juicio los tres recluidos en la cárcel ven pasar los días y están a punto de cumplir 7 y 8 años de encierro, sin tener una sentencia en su contra.

Mendoza y Guedes están tras las rejas desde el 28 abril de 2009. Matkovic guarda detención preventiva desde el 19 de marzo de 2010.
“Lo único seguro aquí adentro, es que todos los días pasan”, contó Zvonko, que vive en un cuarto de poco menos de 10 metros cuadrados, en el pabellón 1 del penal más poblado del país. La semana pasada cumplió 38 años y en su día a día se dedica a colaborar con sus compañeros de encierro, para mejorar su pabellón.

Guedes vive en un cuarto del pabellón 6, en menos de cinco metros cuadrados. Por este espacio paga mensualmente un alquiler de Bs 1.500. Administraba el restaurante ‘La media luna’. Ahora es el líder de su pabellón y escribe un nuevo libro, al que piensa titular ‘La justicia inclinada’, donde contará parte de su vida en el encierro.
Mendoza, que alquila en el pabellón 14 un cuarto de cuatro metros cuadrados por Bs 1.500, hace cuadros que aprendió en el encierro para ganarse la vida.

Los tres dicen que seguirán hasta el final del juicio y que, pese a los pedidos, no se inculparán nunca de nada

domingo, 6 de noviembre de 2016

En noviembre Notificaciones por caso Zapata son escalonadas a involucrados

Las notificaciones con la acusación por el caso Zapata a los seis involucrados, se dan de forma escalonada, según informó la abogada de Cristina Choque, exdirectora de Unidad de Apoyo a la Gestión Social (UAGS), Martha Requena, quien señaló que hasta el viernes su cliente no recibió ningún tipo de documento en la cárcel de Obrajes, donde guarda detención.

“Indicar que Cristina Choque todavía no ha sido notificada, pero consideramos que esto podría pasar hasta el día lunes, de manera que ella también pueda presentar su respuesta, sus testigos de descargo, sus pruebas documentales, pruebas periciales, de manera que le permita hacer una defensa activa dentro del juicio oral”, informó Requena a EL DIARIO.

Según fuentes oficiales, tres de los seis varones han sido ya notificados en diferentes fechas, con diferencia de al menos una semana. Entre los primeros notificados están Ricardo Alegría y Jimmy Morales, ambos con detención preventiva en San Pedro.

Ante la demora de dicha notificación, ayer, la jurista señaló que de no darse la notificación hasta el lunes, se apersonara al Tribunal para verificar la razón de la demora.

El caso se encuentra radicado en el Tribunal Primero Anticorrupción de La Paz, cuyo presidente es Iván Perales.

Este trámite demoró más de cuatro meses, luego de que la Fiscalía presentara la acusación, el 27 de julio, ante el juez primero anticorrupción de El Alto, Ricardo Pinto, quien luego de valorar la legalidad de esta, remitió el documento al Tribunal Primero.

Desde julio, el polémico caso donde la principal acusada es la exnovia del presidente Evo Morales (57), Gabriela Zapata (29), estuvo paralizado, excepción de la condena, en proceso abreviado que se dictó contra Dennis Grundy, amigo y supuesto empresario con el que Zapata tenia negocios ilegítimos como lo afirma la Fiscalía.

REFERÉNDUM

Zapata se encuentra detenida de forma preventiva desde el 28 de febrero, siete días después de que Morales, perdiera el referéndum constitucional con el que pretendía reelegirse junto al vicepresidente Álvaro García.

La relación sentimental de Morales con Zapata, producto de la cual aún se presume, nació un hijo, al que colocaron el nombre de los líderes políticos cubanos, Ernesto Fidel, fue el nexo para lograr que la empresa China CAMC se beneficie con la firma de seis millonarios contratos, según fue la denuncia hecha por el periodista Carlos Valverde, quien reveló el escándalo dos semanas antes del referéndum.

ACUSADOS

Junto con la expareja del presidente Morales, figuran como acusados, Cristina Choque, exdirectora UAGS del Ministerio de la Presidencia; Jimmy Morales Cuba, exresponsable de almacenes de esa unidad; Ricardo Alegría Sequeiros, señalado por la Fiscalía como supuesto empresario y amigo de Zapata; Marvin Ramírez Aramayo, presunto socio de la exgerenta de la empresa china CAMC y, por último, el abogado Wálter Zuleta, quien fugó a Perú y al momento el Gobierno ha informado que este inició el trámite de asilo político.

La Fiscalía atribuye a Zapata seis tipos penales en su contra, mientras que Choque y Morales fueron acusados por incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias en su calidad de funcionarios públicos y asociación delictuosa, tipificados con una condena de al menos 4 años de presidio.

viernes, 4 de noviembre de 2016

Torrico es enviado a la cárcel por supuesta falsificación de notas

Los vocales de la Sala Penal Primera de La Paz dispusieron ayer, revocar la detención domiciliaria del exdirigente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Wálter Torrico, dentro del proceso por falsificación de notas para la obtención de su título de abogado y determinó su detención en el penal de San Pedro.

Torrico, presidente de la Asociación de Fútbol de La Paz (AFLP) y exsecretario general de FBF, fue denunciado por el Colegio de Abogados de La Paz, la Universidad Mayor San Andrés (UMSA) y el Ministerio de Justicia, por falsedad material e ideológica, uso de instrumento falsificado y legitimación de ganancias ilícitas.

Los representantes de esas tres instancias, también interpusieron tres querellas penales contra la juez décimo cautelar, Marcela Siles, quien otorgó en una “resolución prevaricadora”, la detención domiciliaria, según informó el representante del Colegio de Abogados, Raúl Jiménez.

DENUNCIA

Según la denuncia de UMSA, que cursa en el cuaderno de investigación, Torrico venció solo 10 materias de la Carrera de Derecho, entre 1989 y 1996.

En la investigación del Ministerio Público también se estableció que los certificados originales de calificaciones de notas del imputado entre las gestiones 1992 y 1999, que fueron remitidas por el Colegio de Abogados, no corresponden ni coinciden con los registros académicos de la Unidad de Kardex de la Carrera de Derecho.

En ese marco, los representantes del Ministerio Público apuntaron que de las 29 materias certificadas por la Carrera de Derecho, 19 materias no fueron cursadas ni aprobadas por Torrico.

Según la denuncia, las 10 materias vencidas tampoco coinciden con los datos de los certificados originales que fueron presentados por Torrico ante el Colegio de Abogados y la Universidad Franz Tamayo para convalidar las materias y solicitar su traspaso.

De acuerdo con el cuaderno de investigaciones, Torrico obtuvo el Título en Provisión Nacional de Abogado el 5 de marzo de 2005 y, posteriormente, ejerció la profesión como Secretario General de la Federación Boliviana de Fútbol, percibiendo una remuneración como profesional.

DETENCIÓN

Ante lo expuesto, los vocales de la Sala Penal Primera, Virginia Crespo y Ernesto Macuchapi, determinaron la detención preventiva de Torrico en San Pedro, por existir suficientes elementos de probabilidad de autoría, “ya que el imputado tenía pleno conocimiento de la ilicitud de su conducta, como demuestra la documentación que cursa en el cuaderno de investigaciones”, señala la nota de prensa emitida por la Fiscalía.

martes, 1 de noviembre de 2016

El de Porvenir y Rózsa son los observados Defensoría hace seguimiento a casos que llevan varios años

La Defensoría del Pueblo en el país hace seguimiento a los procesos judiciales que llevan varios años ventilándose en la justicia, sin que se dicte una sentencia formal por parte de las autoridades.

David Tezanos, Defensor del Pueblo, confirmó tal situación, señalando que desde que asumió el cargo están trabajando en el seguimiento y fiscalización de casos con estas características.

El denominado caso Porvenir, y el caso Rózsa, son los que están en la mira de la población boliviana por el tiempo que llevan siendo tratados en el sistema judicial, donde existen personas con detención preventiva y sin sentencia.

Trabajo. Tezanos, en contacto con los medios cruceños, indicó que se han estado haciendo seguimiento a varios casos en razón de materia, en sentido de violación a los derechos humanos.

Recordó que en el caso de Porvenir, la Defensoría como institución tiene mayor participación mediante sus informes.

Sin embargo, en el caso Rózsa, la autoridad defensorial señaló que aunque no hay un informe de la institución formal, hace seguimiento por el conocimiento de denuncias de irregularidades que se han delatado. "Sabemos que hay mucha preocupación, porque hay demasiada dilación del caso, audiencias que se suspenden por razones que no permite el procedimiento, no hay conducción debida de los procesos. Hay abuso de las partes porque se presentan incidentes maliciosos dilatorias también", manifestó Tezanos.

Al mismo tiempo, señaló en ese sentido, que este tipo de hechos deben ser sancionados disciplinariamente.

Situación. En el caso Rózsa, este lleva ventilándose hace más de siete años y aún permanecen con detención preventiva varias personas, acción que no está estipulada en las normas vigentes del país.

En ese marco, la semana pasada, familiares amigos de los acusados realizaron una movilización pacífica en las afueras del Palacio de Justicia, esperando con pañuelos blancos y exigiendo justicia y libertad para los detenidos.

Encuentro. David Tezanos estuvo en Santa Cruz participando de un encuentro internacional con representantes indígenas, donde se tocaron varios temas.