Antonio Parada ya está en Bolivia y será procesado por el caso ítems fantasmas

 Antonio Parada Vaca, principal implicado en el caso ítems fantasmas, ya se encuentra en territorio boliviano. Pasadas las 14:00 de este lunes, autoridades brasileñas lo entregaron a la comisión fiscal boliviana en la localidad fronteriza de Arroyo Concepción, municipio de Puerto Quijarro.

El exjefe de Recursos Humanos de la Alcaldía cruceña fue aprehendido de inmediato, por orden de la Fiscalía, y será trasladado a Santa Cruz bajo estrictas medidas de seguridad. Una vez en la capital, deberá prestar su declaración informativa ante la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público.

Parada fue extraditado tras permanecer más de tres años detenido en cárceles de Brasil. Inicialmente estuvo recluido en Corumbá y luego en Campo Grande. Su entrega fue coordinada por Interpol y la Policía Federal de Brasil, y contó con un fuerte resguardo policial por parte de efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), la Unidad Anticorrupción y el grupo DACI.

El Ministerio Público investiga a Parada por legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento ilícito y daño económico al Estado. De acuerdo con la acusación, durante su gestión se crearon más de 800 ítems fantasmas en la Alcaldía de Santa Cruz, lo que generó un perjuicio de al menos Bs 27 millones.

La Fiscalía ya solicitó una pena de 10 años de prisión contra Parada. En el mismo proceso están implicados otros exfuncionarios municipales, entre ellos la exalcaldesa Angélica Sosa. Parada es el único detenido; los demás procesados se defienden en libertad.

Tras su ingreso formal al país a través de Migración, Parada será trasladado en una avioneta desde Puerto Suárez hasta el aeropuerto El Trompillo. Se estima su llegada a la capital cruceña para las 15:30.

La frontera entre Bolivia y Brasil fue cerrada durante el operativo para garantizar la seguridad de la extradición. Más de 30 efectivos policiales participaron del despliegue.

Condenan a tres años de cárcel al exalcalde de Cochabamba José María Leyes por caso Mochilas III

 El exalcalde de Cochabamba José María Leyes Justiniano fue sentenciado a tres años de cárcel en el penal de San Sebastián, por irregularidades en la compra de mochilas escolares en el caso Mochilas III, informó el procurador General del Estado, Ricardo Condori.

La determinación fue asumida en el juzgado de Sentencia Penal Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer No 11 de Cochabamba, en audiencia de prosecución de juicio oral y contradictorio.

“Leyes es considerado por el juez como autor y culpable del delito de incumplimiento de deberes, por lo que es condenado a tres años de privación de libertad a ser cumplido en el penal de San Sebastián varones, además de la inhabilitación y la imposición de costas en favor del Estado”, explicó Condori.

En tanto, los exfuncionarios Carolina Ayala Rojas, José Oscar Bascopé Rojas, Rolando Severino Nogales Torrico y Jacqueline Pamela Paniagua Bedoya fueron sentenciados a dos años de privación de libertad.

El caso Mochilas III se remite a la denuncia formulada por la Gerencia Departamental de la Contraloría General del Estado (CGE) por ilícitos cometidos en el proceso de contratación "Compra de Mochilas Escolares Gestión 2015-2016" (bajo la modalidad de Licitación Pública) por parte de la Alcaldía de Cochabamba a cargo de Leyes, hoy "prófugo de la justicia".

Conforme a los antecedentes de la investigación preparatoria, los hechos delictivos se identificaron en tres momentos.

“Ilícitos cometidos en la cuarta Reformulación del POA 2015, donde se hizo la incorporación del precio y cantidades de mochilas escolares, sin que tengan el sustento técnico referente a las memorias de cálculo”, refiere la Procuraduría.

En un segundo momento, ilícitos cometidos en la elaboración de las especificaciones técnicas y precio referencial incorporados en el Documento Base de Contratación.

Y, el tercer momento es el favorecimiento a la empresa VELPA S.R.L. para la adjudicación del proceso de contratación con daño económico al Estado, por parte de los servidores públicos involucrados en el proceso de contratación, de acuerdo con la Procuraduría. 

Aprehenden en Brasil al exalcalde de Cobija Luis Gatty Ribeiro

 Este viernes por la tarde se conoció sobre la aprehensión del exfutbolista y exalcalde de Cobija, Luis Gatty Ribeiro, buscado por presuntos delitos de legitimación de ganancias ilícitas. Sobre la exautoridad pesaba el sello rojo de Interpol. 

Su captura habría ocurrido en territorio brasileño la madrugada del viernes 11 de abril. Sin embargo, ni las autoridades bolivianas ni las brasileñas han emitido un informe oficial sobre el caso.  

Por su parte, el comandante departamental de la Policía en Pando, Oscar Ruíz, afirmó que aún espera confirmación oficial, aunque fuentes cercanas han señalado que el exalcalde intentó contratar abogados para su defensa, pero estos rechazaron representarlo debido a limitaciones jurisdiccionales en territorio brasileño. 

Hay que aclarar que además del supuesto delito de legitimación de ganancias ilícitas, se suma los que cometió como autoridad municipal. Los supuestos delitos por los que el exfutbolista es acusado son: incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, uso indebido de influencias y negociaciones incompatibles.

En esa misma línea, la Procuraduría del Estado denunció supuestos delitos medioambientales en la comunidad de Villa Fátima, donde la basura era vertida al botadero sin cumplir con los procedimientos adecuados, entre otros delitos por los que se los sindica.

La situación continúa siendo objeto de incertidumbre y aún se espera el reporte oficial de la

s autoridades competentes.

Denuncian nuevas irregularidades en la contratación de Sabsa para el cobro de alquileres con el 30% de comisión

 El abogado Álvaro Munguía informó este sábado que han surgido nuevas irregularidades en el contrato de cobro de alquileres en los aeropuertos, que la estatal Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol), adjudicó a la también estatal Sabsa.

Munguía, que representa a 10 empresas que quedaron fuera de la licitación y acusan a Naabol de beneficiar con el monopolio a Sabsa, informó a EL DEBER que cuenta con una serie de documentos que ponen en evidencia “el tremendo acto de corrupción”, puesto que la empresa adjudicada ya había sido declarada en quiebra, disuelta y en liquidación, de acuerdo a lo que establece el Código de Comercio de Bolivia.

“Desde el punto de vista jurídico, concretamente el Código de Comercio, no establece la posibilidad de reactivar una empresa que esté en disolución y liquidación. Pero extrañamente, el 2023 deciden anular la disolución y liquidación y continuar con las actividades de la empresa (Sabsa). Haciendo el análisis correspondiente, hemos determinado de que esa vuelta a la vida de Sabsa, se hace con la finalidad de que se le adjudique un contrato por parte de Naabol”, indicó Munguía.

Explicó que la licitación es para el cobro de alquileres de espacios en los tres aeropuertos del eje troncal del país, es decir, hangares, terrenos, duty free, entre otros. Según Munguía el monto de adjudicación es por un monto cercano a Bs 12 millones anuales, lo que equivale al 30% de las cuotas o de los alquileres mensuales. En 2024 Sabsa ganó nuevamente la licitación, por segundo año consecutivo.

“Ese cobro es muy alto, porque ¿quién paga 30 por ciento por cobrar deudas?. Ni los abogados cobramos 30 por ciento. Y ahora ya quieren ampliar el objeto social de Sabsa y que se dedique a prestar servicios terciarizados aeroportuarios. Es decir, de la seguridad de la aviación, facilitación y atención de vuelos regulares, atención de vuelos en tierra, gestión de carga, etcétera. Ahí es donde surge la problemática”, aseveró el jurista.

Al mismo tiempo agregó que se realizó la denuncia pública para que la Procuraduría General del Estado, la Contraloría y los senadores diputados realicen una fiscalización de Sabsa. “Cómo vuelve a la vida jurídica, cómo ha certificado ante la autoridad aeronáutica cuando tiene 200 millones (de bolivianos) de deuda y una empresa no puede certificar si es que tiene tal monto de dinero.

Mungía aseguró que cuenta con respaldo de los balances de Sabsa, los cuales registran pérdidas millonarias en los últimos años. 

Sobre Sabsa

Cabe recordar que Servicios Aeroportuarios Bolivianos S.A. (Sabsa) era propiedad de la empresa española Abertis, luego del proceso de capitalización para la administración de los aeropuertos de El Alto, Jorge Wilstermann y Viru Viru. En 2013 es nacionalizada por el gobierno de Evo Morales, que paga $us 23 millones por el 99% de las acciones y queda bajo tuición del Ministerio de Obras Públicas.

Según Álvaro Munguía, la empresa empieza a tener serios problemas económicos en 2019 y registra pérdidas de por lo menos Bs 100 millones anuales hasta 2022, lo que se demuestra en sus balances negativos. Por esa razón el Estado decide disolverla, con lo que cambia a Sabsa en Liquidación. En 2023 el Ministerio de Obras Públicas anula esa disolución y Sabsa continúa con sus actividades.

Cae el quinto ministro de Arce por corrupción; fue acusado de ganancias ilícitas

Alan Lisperguer es el quinto ministro de Luis Arce que sale del gabinete por denuncias de corrupción. Hasta ayer, estuvo al mando del despacho de Medio Ambiente y Agua, una de las carteras de Estado que está bajo el control de los Interculturales.

Pero, además, el destituido fue acusado de enriquecimiento ilícito, un delito que pudo cometer durante el ejercicio de sus funciones. De acuerdo con el resultado de las primeras investigaciones, existen registro de depósitos de altas sumas de dinero en sus cuentas bancarias, además de la adquisición de bienes inmuebles.

Los reportes elaborados por Viceministerio de Transparencia llegaron el 3 de enero hasta el despacho de Arce, quien ayer optó por destituir a la autoridad, pero ya en el contexto de una denuncia penal. De hecho, las denuncias contra esta autoridad se gestionaron por dirigentes interculturales que cuentan con un peso “orgánico” en el Gobierno.

La viceministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Susana Ríos, informó que la investigación contra Lisperguer surgió por una denuncia presentada en la oficina que dirige con el detalle de “algunos cobros irregulares y movimientos inusuales en el patrimonio”. La denuncia también implicó a su asesor.

La autoridad dijo que ambos movilizaron estas sumas entre 2021 y 2024. Lisperguer juró al cargo en marzo del año pasado.

“En 2021 se han observado, en el caso del exministro, un registro de ocho bienes inmuebles en el mismo periodo. En el caso del señor Delgado (asesor del exministro) se ha identificado que en el periodo 2024 también ha habido un movimiento inusual de sus cuentas, de más de 600.000 bolivianos”, detalló Ríos.

En el caso de Lisperguer, la viceministra aseveró también que existen unos movimientos de más de un millón de bolivianos que involucran depósitos y movimientos entre Delgado y Lisperguer, como otros depósitos con terceras personas, entre ellos, “algunos servidores públicos”. Ríos indicó que “incluso” se verificaron consumos y compras de los cuales se determinó que son “desproporcionales” respecto a su nivel de ingresos formales.

El fiscal Miguel Cardozo, que investiga este caso, dijo que el exministro tuvo un “incremento de un millón de bolivianos que no (coincide) con la actividad económica de funcionario público”.

“No tenía otra actividad económica, no tiene registrada (alguna) empresa, entonces los montos económicos son superiores a lo que generaba. (Además) él habría manifestado que solamente tendría un bien inmueble y una deuda, posteriormente se ha evidenciado que tiene nueve bienes inmuebles registrados”, afirmó.

Lisperguer se suma a la lista de ministros de Arce que fueron echados por casos de corrupción. El primero fue diciembre de 2020, cuando el entonces ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Wilson Cáceres, contrató a su pareja extramarital como jefa de gabinete. Cáceres fue dirigente de los interculturales y llegó a ese cargo como cuota de ese sector social.

En abril de 2021, fue detenido en flagrancia el entonces ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Edwin Characayo, cuando recibía $us 20.000 de una coima, motivo por el que fue enviado a prisión y luego sentenciado a ocho años de cárcel. Según la indagación del propio Gobierno, los $us 20.000 eran de un “anticipo” que debía llegar a $us 380.000 por la titulación de una propiedad agraria en Santa Cruz. Characayo también fue dirigente de los interculturales y fue ministro por esa cuota.

En noviembre de 2021, renunció al cargo el entonces ministro de Educación Adrián Quelca, acusado de haber manipulado la elección de cargos directivos del sistema educativo para favorecer a unos y perjudicar a otros. Quelca fue dirigente de la Confederación de maestros urbanos de Bolivia y asesor de la Central Obrera Boliviana (COB) en temas culturales.

En mayo de 2023, el entonces ministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos Cruz, perdió el cargo y fue enviado a la cárcel de San Pedro en La Paz porque, según la acusación, recibió Bs 19 millones de soborno de diversas empresas, un dinero que usó para adquirir inmuebles. Cruz fue presidente de la Federación de Ganaderos Campesinos de Pando (Fedgacam) y también fue dirigente campesino.

Ahora, Lisperguer fue destituido por acusaciones de enriquecimiento ilícito. Esta exautoridad llegó al cargo el 5 de marzo de 2024 también como cuota de los interculturales e incluso el diputado Héctor Arce denunció que Lisperguer pagó $us 100.000 al ejecutivo de este sector, Esteban Alavi, para ser ministro de Estado. En la investigación se ven movimientos de personas con el apellido Alavi. El fiscal Cardozo dijo que se convocará a todas las personas que hicieron los depósitos a Lisperguer y Delgado, por ahora los dos acusados.

Lisperguer negó ayer la denuncia en su contra y aseguró que los movimientos bancarios que hizo fue antes de ser ministro. “Los movimientos económicos mencionados pertenecen a gestiones pasadas. No tenía ninguna función pública en ese entonces, por lo que todo tiene su explicación y presentaré los descargos en el momento oportuno”, dijo a Red Uno. Sin embargo, Lisperguer antes de ser ministro fue funcionario con un alto cargo en la Gobernación de Cochabamba.

Policía aprehende a funcionaria del Segip denunciada por supuesta corrupción

 La mañana de este jueves 9, funcionarios policiales llegaron a las oficinas del Servicio General de Identificación Personal (Segip) en Santa Cruz para aprehender a una funcionaria acusada de supuesta corrupción.

El director del Segip, Alpacino Mojica, señaló que se realizan las respectivas investigaciones para determinar si la funcionaria es culpable o no.

En redes sociales circuló un video en el que se observa a una funcionaria que, presuntamente, recibe dinero -de forma irregular-, a cambio de realizar unos trámites de un ciudadano extranjero.

Mojica indicó que, a raíz de esa denuncia efectuada en redes sociales, la institución presentó una denuncia formal para esclarecer el caso.

 

Piloto militar boliviano es enviado a la cárcel en Argentina por tráfico de 475 kilos de cocaína

 90 días de detención preventiva fue la determinación del juez de Argentina, Rodríguez Da Cruz, en contra del piloto boliviano que fue capturado luego de un operativo antidrogas en el que se incautó una nave con 475 kilos de cocaína en un campo abierto a 25 kilómetros de Rosario.

El piloto boliviano, que es un militar retirado en Bolivia, fue aprehendido el pasado miércoles luego de una persecución aérea por las Fuerzas Aéreas de Argentina, quienes tras detectar un eco en el espacio aéreo del vecino país y al no tener registro de autorización de la aeronave, emprendieron su rastreo.

Durante dos horas hicieron seguimiento a la avioneta, incluso una aeronave que lo seguía por los cielos ordenaba que ésta aterrice, negándose a la operación, hasta que finalmente descendió en un campo abierto, hecho que llevó a la Gendarmería a realizar un trabajo en conjunto y llegar a la avioneta.

El piloto boliviano identificado como Oscar Armando Caba Hurtado, de 57 años, ya se había dado a la fuga, aprovechando los más de 20 minutos antes de la llegada de las autoridades al lugar; sin embargo, un día después por denuncia vecinal donde supuestamente un hombre estaba en riesgo de caer a un barrando, tras estar a orillas de un río, se activo el rescate, donde por desgracia para el boliviano, lo identificaron y fue entregado por las autoridades.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal de Argentina formalizaron la investigación en contra del militar retirado de 57 años, y  lo imputaron por el delito de contrabando de importación de material estupefaciente destinado a su comercialización agravado y transporte ilegal de material estupefaciente 

El titular de la delegación regional NEA de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), el fiscal Matías Scilabra; el titular de la Sede Fiscal Descentralizada San Lorenzo, fiscal federal Claudio Kishimoto, y el fiscal coadyuvante Francisco Bernhardt, formalizaron la investigación preparatoria en contra el militar retirado, señalado como el piloto de la avioneta que el miércoles aterrizó en un área rural de Andino.

El imputado fue sentado ante los Tribunales Federales de Rosario donde se formalizó la investigación preparatoria en una audiencia en la que intervino el juez de garantías Eduardo Rodríguez Da Cruz.

El Ministerio Público Fiscal calificó el hecho atribuido al imputado como contrabando de importación de material estupefaciente destinado a su comercialización agravado por la utilización de medios de transporte aéreo, rutas aéreas no autorizadas y lugares clandestinos de aterrizaje en concurso ideal con transporte ilegal de material estupefaciente, en carácter de autor, según señala la página del Ministerio Público Fiscal de Argentina: fiscales.gob.ar

Las autoridades argentinas señalan que en este caso existirían otras personas involucradas, entre bolivianos y argentinos que aún no están identificados. 

Las investigaciones también apuntan que la avioneta tenía una matrícula adulterada. Además, desde Argentina, aclaran que ya notificaron formalmente sobre la situación legal del militar retirado, al Consulado de Bolivia. 

Peligro de fuga

Entre los argumentos considerados por las autoridades argentinas, el de solicitar el encarcelamiento de boliviano fue, porque evidenciaron que existe el peligro de fuga ante la gravedad y circunstancias especiales del hecho que demuestran la posibilidad de acceder a recursos. También, porque se trata de un militar retirado, que no tiene arraigo en el país, y según informes de la Dirección de Migraciones, refieren a que éste, nunca ingresó oficialmente a la Argentina.

Además, si bien se guardan los informes oficiales, subrayaron que en Bolivia aparentemente tiene una causa abierta por un hecho de homicidio que aún no tuvo resolución.