La presidenta de la Comisión Especial Mixta de Investigación del Caso Odebrecht-Lava Jato, Susana Rivero, afirmó que identificaron a ocho personas involucradas en el pago de presuntos sobornos para la construcción del tramo carretero Roboré-El Carmen.
Esa conclusión surge de tres indicios que demuestran que la operación Lava Jato llegó a Bolivia. Ellos son: uso de la misma metodología en acciones gubernamentales como la firma de disposiciones legales que facilitaba la realización de contratos que fue aplicada en otros países.
Se revelaron las coincidencias de viaje en lugares y fechas de altos funcionarios públicos bolivianos con los máximos representantes de las empresas brasileñas Marcos de Moura Wanderley (Camargo Correa) y con Jorge Barata (Odebrecht) .
Por último, los movimientos bancarios inusuales relacionados a transacciones que no tienen justificación económica ni legal.
“Hemos decodificado los movimientos sospechosos del señor Carlos Mesa, porque levantó su secreto bancario; se registraron movimientos inusuales o sospechosos de dinero que la instancia competente deberá investigar a qué corresponden y de dónde vienen”, mencionó la legisladora.
Las personas mencionadas en el informe son: Carlos Mesa Gisbert, Carlos Eduardo Mario Morales Landívar, Luis Carlos Jemio Mollinedo, Carlos Silvestre Romero Mallea, Jorge Nicolás Peredo Flores, Luis Humberto Landívar Pereira y Mario Avelino Moreno Viruez.
“Esta investigación debe continuar a través de las instancias respectivas para que el Ministerio Público prosiga en el ámbito jurisdiccional y pueda desplazarse al Brasil para entrevistarse con los pagadores, y éstos digan en qué circunstancias han operado y qué personas en Bolivia están involucradas”, afirmó.
En cuanto al flujo migratorio, se conoció que Mesa realizó 16 viajes al Perú y dos al Brasil que coincidieron con Moura Wanderley; con el empresario Barata coincidió 16 veces en el Perú y cuatro en Brasil.
En abril, el presidente Evo Morales solicitó a la Asamblea Legislativa Plurinacional que conforme una comisión de investigación especial para que indague sobre el posible pago de sobornos por la construcción de la carretera Roboré-El Carmen, departamento de Santa Cruz.
La pesquisa realizada por la Policía Federal del Brasil incluye el caso denominado Castillo de Arena, en el que se menciona que funcionarios bolivianos con las iniciales C. Morales, C.M. y GG- SNC fueron quienes habrían recibido pagos en cuotas por un valor total de $us 450 mil.
Rivero indicó que el trabajo que realizó la comisión se prolongó por cinco meses y 16 días, tiempo en el que revisaron entre procesos de contratación, contratos, decisiones, decretos y cables de la embajada brasileña.
Abogado del expresidente cuestiona informe
El abogado de Carlos Mesa, Carlos Alarcón, cuestionó ayer el informe que brindó la diputada Susana Rivero como parte de la investigación del caso Odebrecht-Lava Jato.
“Es un tema de difamaciones y estamos dispuestos a que se nos investigue, por eso levantamos nuestro secreto bancario”, dijo Alarcón en conferencia de prensa.
Respaldado en un artículo periodístico, afirmó que la indagación realizada no toma en cuenta que en la gestión de gobierno de Mesa no se desembolsó ni un centavo para la construcción del tramo carretero Roboré-El Carmen, debido a que no se contaba con la contraparte que exigía la CAF (Corporación Andina de Fomento).
El expresidente Mesa, por su parte, envió una carta a la diputada Rivero en la que pide que se tomen en cuenta los correos electrónicos que vinculan las gestiones de los presidentes Eduardo Rodríguez Veltzé y Evo Morales.
También cuestionó que la pesquisa de la comisión legislativa sólo haya comprendido a un exministro de Rodríguez de “refilón” y no haya tocado al gobierno del MAS-IPSP. Aseveró que la intención de la investigación realizada por la comisión es encubrir a los verdaderos responsables de las irregularidades cometidas por las empresas brasileñas.
Al respecto, la legisladora sostuvo que en la documentación revisada por la comisión aparecen 16 cuentas bancarias que tiene el exmandatario en cinco diferentes entidades financieras del país y que presentan movimientos irregulares.
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