sábado, 7 de julio de 2018
viernes, 6 de julio de 2018
jueves, 5 de julio de 2018
Carlos Mesa Interpelación es inicio de juicio
El expresidente Carlos Mesa se hizo presente en el acto de interpelación a los ministros de Minería, César Navarro, y de Justicia, Héctor Arce, advirtió que este acto de fiscalización es una puerta abierta para el inicio de juicio de responsabilidades en su contra.
“Más que un acto de interpelación esto parecía un acto adelantado de la apertura de una acusación en contra de Carlos Mesa, que es lo que se producirá si es que el fiscal decide abrir una acusación en nuestra contra”, dijo la exautoridad al concluir el acto de interpelación de las autoridades titulares de esas carteras de Estado.
A la vez lamentó que este acto de fiscalización que tiene el legislativo más bien fue una reunión entre oficialistas y “un acto de autocomplacencia”, donde hubo una cita previa con el Procurador General del Estado, para hacer una interpelación previamente acordada.
Mesa señaló que los ministros se olvidaron de explicar el informe de la Superintendencia de Minas que en octubre de 2004 estableció la nulidad de las concesiones mineras de Quiborax, donde señala que se siguió la normativa que establece la Ley de Minería.
“La superintendencia estableció la nulidad ¿Por qué? Por vicios de origen, las concesiones se habían dado de forma incorrecta, esto establece en los documentos de los árbitros, no fue establecido como elemento central de defensa por parte de Bolivia”, dijo el expresidente.
PLAZO
Por otra parte, el Fiscal General del Estado Ramiro Guerrero señaló que hasta el próximo lunes 9 del mes en curso se presentará la resolución conclusiva que determinará si corresponde o no activar el inicio de un juicio de responsabilidades contra el expresidente por el cuestionado caso.
“El 9 de julio vence el plazo de 30 días para que la Fiscalía General presente una resolución conclusiva de rechazo (al pedido de enjuiciamiento) o plantee una proposición acusatoria a la sala penal del Tribunal Supremo de Justicia”, anunció.
En este caso se presentaron a declarar alrededor de 10 personas, entre ellos el vocero de la causa marítima, los exministros Gustavo Pedraza y Luis Fernando Fajalde, que están en calidad de investigados y el resto fueron convocados como testigos.
SIN TIEMPO
Guerrero también señaló que en el caso del expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, esta autoridad no será convocada por falta de tiempo para colectar mayores indicios para contribuir en la investigación, advirtió que el plazo señalado no puede ser ampliado.
“Es muy corto el tiempo, son 30 días, y ustedes saben que el expresidente Rodríguez Veltzé no se encuentra en el país, es mucho más complicado pedir una declaración”, indicó Guerrero luego de ser consultado sobre la convocatoria del exmandatario.
VISITA SORPRESA
El expresidente y vocero de la causa marítima se presentó en la Asamblea Legislativa al promediar las 11.00 en compañía de su abogado, Carlos Alarcón y Gustavo Aliaga, con la intención de presenciar la interpelación de Arce y Navarro.
Sin embargo, al ingresar al Hall del Legislativo, un policía le impidió el paso por lo que los opositores pidieron que lo dejen ingresar al Hemiciclo, en puertas de estas instalaciones unas dos personas lo llamaron y se reunió por al menos cinco minutos con la presidente de la cámara de diputados Gabriela Montaño
Poco después salió y fue conducido a la zona de invitados en la parte alta de la tribuna donde los legisladores estaban escuchando el informe del ministro de Justicia.
Luego de ingresar, los asambleístas del MAS fueron las que lanzaron improperios contra el expresidente que está acompañado de su abogado, Carlos Alarcón y Gustavo Aliaga; casi en seguida surgió una discusión entre el ministro de Justicia, Héctor Arce y la diputada Lourdes Millares.
Los opositores desplegaron letreros en sus curules con la frase “roba patrias”, que refleja lo contrario que les dicen los del MAS, “vende patrias”.
“Más que un acto de interpelación esto parecía un acto adelantado de la apertura de una acusación en contra de Carlos Mesa, que es lo que se producirá si es que el fiscal decide abrir una acusación en nuestra contra”, dijo la exautoridad al concluir el acto de interpelación de las autoridades titulares de esas carteras de Estado.
A la vez lamentó que este acto de fiscalización que tiene el legislativo más bien fue una reunión entre oficialistas y “un acto de autocomplacencia”, donde hubo una cita previa con el Procurador General del Estado, para hacer una interpelación previamente acordada.
Mesa señaló que los ministros se olvidaron de explicar el informe de la Superintendencia de Minas que en octubre de 2004 estableció la nulidad de las concesiones mineras de Quiborax, donde señala que se siguió la normativa que establece la Ley de Minería.
“La superintendencia estableció la nulidad ¿Por qué? Por vicios de origen, las concesiones se habían dado de forma incorrecta, esto establece en los documentos de los árbitros, no fue establecido como elemento central de defensa por parte de Bolivia”, dijo el expresidente.
PLAZO
Por otra parte, el Fiscal General del Estado Ramiro Guerrero señaló que hasta el próximo lunes 9 del mes en curso se presentará la resolución conclusiva que determinará si corresponde o no activar el inicio de un juicio de responsabilidades contra el expresidente por el cuestionado caso.
“El 9 de julio vence el plazo de 30 días para que la Fiscalía General presente una resolución conclusiva de rechazo (al pedido de enjuiciamiento) o plantee una proposición acusatoria a la sala penal del Tribunal Supremo de Justicia”, anunció.
En este caso se presentaron a declarar alrededor de 10 personas, entre ellos el vocero de la causa marítima, los exministros Gustavo Pedraza y Luis Fernando Fajalde, que están en calidad de investigados y el resto fueron convocados como testigos.
SIN TIEMPO
Guerrero también señaló que en el caso del expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, esta autoridad no será convocada por falta de tiempo para colectar mayores indicios para contribuir en la investigación, advirtió que el plazo señalado no puede ser ampliado.
“Es muy corto el tiempo, son 30 días, y ustedes saben que el expresidente Rodríguez Veltzé no se encuentra en el país, es mucho más complicado pedir una declaración”, indicó Guerrero luego de ser consultado sobre la convocatoria del exmandatario.
VISITA SORPRESA
El expresidente y vocero de la causa marítima se presentó en la Asamblea Legislativa al promediar las 11.00 en compañía de su abogado, Carlos Alarcón y Gustavo Aliaga, con la intención de presenciar la interpelación de Arce y Navarro.
Sin embargo, al ingresar al Hall del Legislativo, un policía le impidió el paso por lo que los opositores pidieron que lo dejen ingresar al Hemiciclo, en puertas de estas instalaciones unas dos personas lo llamaron y se reunió por al menos cinco minutos con la presidente de la cámara de diputados Gabriela Montaño
Poco después salió y fue conducido a la zona de invitados en la parte alta de la tribuna donde los legisladores estaban escuchando el informe del ministro de Justicia.
Luego de ingresar, los asambleístas del MAS fueron las que lanzaron improperios contra el expresidente que está acompañado de su abogado, Carlos Alarcón y Gustavo Aliaga; casi en seguida surgió una discusión entre el ministro de Justicia, Héctor Arce y la diputada Lourdes Millares.
Los opositores desplegaron letreros en sus curules con la frase “roba patrias”, que refleja lo contrario que les dicen los del MAS, “vende patrias”.
Héctor Arce sobre caso Quiborax Morales conocía filtración de documentos
El presidente Evo Morales tenía conocimiento de la filtración de información que se dio en la segunda negociación entre el Estado boliviano y la defensa legal de la empresa chilena Quiborax, después de que los documentos de un preacuerdo fueron filtrados desde el ordenador de la exsubprocuradora Carmiña Llorenti, informó el ministro de Justicia, Héctor Arce, durante el acto de interpelación.
“Se nos informó (del hecho) el día 7 de diciembre de 2016 y el 21 de diciembre, después de hacer los trámites ante el presidente (Evo Morales) sobre la situación, se la desvinculó (a Carmiña Llorenti) de su cargo. Porque la designación de un subprocurador del nivel de un viceministro no depende del procurador, de acuerdo a la ley 064 la designación de esta autoridad depende del Presidente”, dijo Arce.
Arce explicó que posterior a esa información al presidente Evo Morales, el 25 de enero de 2017 se dispuso que se realice un proceso administrativo en contra de la exfuncionaria el mismo que fue realizado por la directora jurídica de la Procuraduría, Patricia Meneses.
RETRASO
A pesar de todos esos antecedentes, la autoridad sumariante externa de la Procuraduría, Ana Guevara Clavijo, ordenó el inicio del proceso administrativo disciplinario contra Llorenti recién en marzo de este año, después de 14 meses de que esta irregularidad fuese detectada.
El informe con la denominación RPAD/ASE/004/2018, emitido por la autoridad sumariante externa, detalla que la exfuncionaria, durante una reunión de negociación organizada en La Paz, en agosto de 2016, con los abogados de la compañía Química e Industria del Bórax (Quiborax) y Non Metallic Minerals (NMM), prestó su computadora a uno de los abogados de las empresas demandantes.
ARBITRAJE INTERNACIONAL
En el acto de interpelación convocada por el oficalismo, Arce explicó que la sentencia que emitió el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) detalló que se aplicó una medida de revocatoria que no estaba consignada en el Código de Minería que estaba vigente en ese momento.
El tribunal concluyó que hubo un atropello contra la empresa chilena y corresponde la compensación integra que determina el laudo arbitral.
Por su parte el ministro de Minería, Cesar Navarro indicó que la el Estado boliviano vulneró el articulo IV del tratado bilateral internacional firmado entre Bolivia y Chile en 1994, que establece que ninguna de las partes contratantes adoptará medidas que priven directa o indirectamente.
A la vez indicó que la controversia entre el Estado boliviano y la firma chilena no hubiese llegado a un pago de $us 42.6 millones si no se suscribía el acuerdo entre la república de Bolivia y el de Chile para la promoción y protección recíproca de inversiones (TBI), firmado el 22 de septiembre de 1994, durante el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.
DEFENSA LEGAL
Arce manifestó que el Estado contrató a uno de los seis bufets de abogados con mayor prestigio de Estados Unidos, al que tuvieron que pedir una rebaja en el costo de los honorarios de los profesionales para que lleven la defensa legal ante el tribunal internacional.
“Que se vea la responsabilidad que se ha actuado en la defensa legal del Estado, con el buffet internacional que ha trabajado con nuestro país y que es el sexto buffet más grande del mundo, de un alto prestigio. Nosotros muchos veces, pensando en el país, le hemos pedido rebajas en cuanto a sus honorarios”, resaltó el ministro.
Según la documentación publicada por el CIADI la defensa legal boliviana estaba a cargo de las firmas jurídicas Gomm & Smith del estado de Miami, y el estudio jurídico Dechert LLP.
Sin embargo, el senador de Unidad Demócrata (UD), Óscar Ortiz, denunció que la Procuraduría General del Estado no quiso dar mayor informe sobre la contratación de los equipos jurídicos para la defensa legal y cuánto se pagó a estos profesionales.
NACIONALIZACIÓN
Arce indicó que durante el gobierno de Evo Morales se determinó la creación de la defensa legal del estado, algo que no fue tomado en cuenta en anteriores gobiernos, en ese marco indicó que los procesos de nacionalización se expandieron 14 empresas en cinco áreas: hidrocarburos, minería, electricidad, telecomunicaciones y transporte aéreo. Procesos en el que el Estado pagó $us 921.653.034.
En el sector de hidrocarburos se nacionalizó a las empresas Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB Chaco) donde se pagó una indemnización de $us357.023.360, a YPFB Transporte $us 241.154.976, YPFB logística $us 12.080.279.
Para el rubro de la electricidad se nacionalizó a toda la cadena de empresas que están a cargo de la generación, distribución de ese recurso, Corani SA se pagó $us 18.668.000. Valle Hermoso SA $us 19.245.627, Guaracachi SA $us 31.534.613, a la Trasportadora de Electricidad SA se indemnizó un total de $us 65.268.000, DeLapaz y otras empresas $us 53.681.179.
Para el área de telecomunicaciones la principal nacionalización fue la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), en el que se tuvo que pagar a la empresa de origen italiano la suma de $us 100.000.000.
Por último en el sector aeropuertuarias la nacionalización se dio a la empresa de Servicio de Aeropuertos de Bolivia (SABSA), donde se pagó la suma de $us 23.000.000. En la suma total de la cancelación de todos estos resarcimientos la suma asciende a más de $us 921 mil millones.
APLAUDIDOS
Al concluir la interpelación a ambas autoridades, los dos tercios del oficialismo fueron determinantes a la hora de la votación, después de que respondieran las 12 preguntas formuladas por los diputados Víctor Borda y Betty Yañíquez, durante una sesión que duró cerca de cinco horas.
La presidenta de la Cámara de Diputados Gabriela Montaño presidió la sesión de la Asamblea y fue la encargada de someter a consideración de la propuesta de “orden del día puro y simple”, mientras que desde la bancada de oposición, los legisladores exigían preguntar a los ministros que, por efectos del reglamento, no pueden participar de la votación.
“Se nos informó (del hecho) el día 7 de diciembre de 2016 y el 21 de diciembre, después de hacer los trámites ante el presidente (Evo Morales) sobre la situación, se la desvinculó (a Carmiña Llorenti) de su cargo. Porque la designación de un subprocurador del nivel de un viceministro no depende del procurador, de acuerdo a la ley 064 la designación de esta autoridad depende del Presidente”, dijo Arce.
Arce explicó que posterior a esa información al presidente Evo Morales, el 25 de enero de 2017 se dispuso que se realice un proceso administrativo en contra de la exfuncionaria el mismo que fue realizado por la directora jurídica de la Procuraduría, Patricia Meneses.
RETRASO
A pesar de todos esos antecedentes, la autoridad sumariante externa de la Procuraduría, Ana Guevara Clavijo, ordenó el inicio del proceso administrativo disciplinario contra Llorenti recién en marzo de este año, después de 14 meses de que esta irregularidad fuese detectada.
El informe con la denominación RPAD/ASE/004/2018, emitido por la autoridad sumariante externa, detalla que la exfuncionaria, durante una reunión de negociación organizada en La Paz, en agosto de 2016, con los abogados de la compañía Química e Industria del Bórax (Quiborax) y Non Metallic Minerals (NMM), prestó su computadora a uno de los abogados de las empresas demandantes.
ARBITRAJE INTERNACIONAL
En el acto de interpelación convocada por el oficalismo, Arce explicó que la sentencia que emitió el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) detalló que se aplicó una medida de revocatoria que no estaba consignada en el Código de Minería que estaba vigente en ese momento.
El tribunal concluyó que hubo un atropello contra la empresa chilena y corresponde la compensación integra que determina el laudo arbitral.
Por su parte el ministro de Minería, Cesar Navarro indicó que la el Estado boliviano vulneró el articulo IV del tratado bilateral internacional firmado entre Bolivia y Chile en 1994, que establece que ninguna de las partes contratantes adoptará medidas que priven directa o indirectamente.
A la vez indicó que la controversia entre el Estado boliviano y la firma chilena no hubiese llegado a un pago de $us 42.6 millones si no se suscribía el acuerdo entre la república de Bolivia y el de Chile para la promoción y protección recíproca de inversiones (TBI), firmado el 22 de septiembre de 1994, durante el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.
DEFENSA LEGAL
Arce manifestó que el Estado contrató a uno de los seis bufets de abogados con mayor prestigio de Estados Unidos, al que tuvieron que pedir una rebaja en el costo de los honorarios de los profesionales para que lleven la defensa legal ante el tribunal internacional.
“Que se vea la responsabilidad que se ha actuado en la defensa legal del Estado, con el buffet internacional que ha trabajado con nuestro país y que es el sexto buffet más grande del mundo, de un alto prestigio. Nosotros muchos veces, pensando en el país, le hemos pedido rebajas en cuanto a sus honorarios”, resaltó el ministro.
Según la documentación publicada por el CIADI la defensa legal boliviana estaba a cargo de las firmas jurídicas Gomm & Smith del estado de Miami, y el estudio jurídico Dechert LLP.
Sin embargo, el senador de Unidad Demócrata (UD), Óscar Ortiz, denunció que la Procuraduría General del Estado no quiso dar mayor informe sobre la contratación de los equipos jurídicos para la defensa legal y cuánto se pagó a estos profesionales.
NACIONALIZACIÓN
Arce indicó que durante el gobierno de Evo Morales se determinó la creación de la defensa legal del estado, algo que no fue tomado en cuenta en anteriores gobiernos, en ese marco indicó que los procesos de nacionalización se expandieron 14 empresas en cinco áreas: hidrocarburos, minería, electricidad, telecomunicaciones y transporte aéreo. Procesos en el que el Estado pagó $us 921.653.034.
En el sector de hidrocarburos se nacionalizó a las empresas Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB Chaco) donde se pagó una indemnización de $us357.023.360, a YPFB Transporte $us 241.154.976, YPFB logística $us 12.080.279.
Para el rubro de la electricidad se nacionalizó a toda la cadena de empresas que están a cargo de la generación, distribución de ese recurso, Corani SA se pagó $us 18.668.000. Valle Hermoso SA $us 19.245.627, Guaracachi SA $us 31.534.613, a la Trasportadora de Electricidad SA se indemnizó un total de $us 65.268.000, DeLapaz y otras empresas $us 53.681.179.
Para el área de telecomunicaciones la principal nacionalización fue la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), en el que se tuvo que pagar a la empresa de origen italiano la suma de $us 100.000.000.
Por último en el sector aeropuertuarias la nacionalización se dio a la empresa de Servicio de Aeropuertos de Bolivia (SABSA), donde se pagó la suma de $us 23.000.000. En la suma total de la cancelación de todos estos resarcimientos la suma asciende a más de $us 921 mil millones.
APLAUDIDOS
Al concluir la interpelación a ambas autoridades, los dos tercios del oficialismo fueron determinantes a la hora de la votación, después de que respondieran las 12 preguntas formuladas por los diputados Víctor Borda y Betty Yañíquez, durante una sesión que duró cerca de cinco horas.
La presidenta de la Cámara de Diputados Gabriela Montaño presidió la sesión de la Asamblea y fue la encargada de someter a consideración de la propuesta de “orden del día puro y simple”, mientras que desde la bancada de oposición, los legisladores exigían preguntar a los ministros que, por efectos del reglamento, no pueden participar de la votación.
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